Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02135-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02135-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-02135-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02135-02 (1229-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Antonio José Sierra Betancur
Temas: Caducidad del medio de control de acuerdo con el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024. Pensión de jubilación de los
empleados de universidades oficiales. Pago de las
prestaciones a cargo de los entes universitarios en los casos
previstos en el artículo 4° del Decreto 2337 de 1996. Buena
fe del pensionado.
Decisión: Confirma la decisión que accede parcialmente a las súplicas
de la demanda. Condena en costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala decide los recursos de apelación presentados por las partes en contra
de la sentencia del 29 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad1, mediante la cual se accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2.1.1. Las pretensiones
2. La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de la Resolución 514 de 11 de
noviembre de 2003 que ordenó pagarle al señor Antonio José Sierra Betancur
«[…] el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que
1 Con ponencia del magistrado Rafael Darío Restrepo Quijano.
2 Expediente digitalizado visible en el índice 2 de esta instancia. Archivo «002Demanda.pdf».
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Demandante: Universidad de Antioquia
consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el
Seguro Social, […]».
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al señor
Antonio José Sierra Betancur a restituir las sumas pagadas con base en la
Resolución 514 de 11 de noviembre de 2003, «[…] desde el 23 de diciembre de
2002 hasta el 31 de octubre de 2021, que corresponde a $233.573.019, más los
valores que se generen con posterioridad y hasta que la sentencia se encuentre
en firme.».
4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la accionada.
2.1.2. Hechos
5. Con base en las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966
y 1848 de 1969, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 la Universidad
de Antioquia reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo lo
devengado, sin efectuar deducción alguna.
6. Al entrar en vigor el sistema general de pensiones la Universidad de Antioquia
afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales, y realizó los aportes
correspondientes ante esa entidad. En virtud del Decreto 2337 de 1996, la
Universidad perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones.
7. El señor Antonio José Sierra Betancur estuvo vinculado con la Universidad de
Antioquia, y cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tramitó
el reconocimiento con el Instituto de Seguros Sociales, entidad que le reconoció
la prestación económica de vejez, mediante Resolución 9003 del 1.° de
septiembre de 2003, en cuantía mensual de $2´796.110, a partir del 23 de
diciembre de 2003, sin tener en cuenta en su liquidación las primas de navidad,
servicios y vacaciones
8. A efectos de participar en la financiación de la pensión de vejez del señor
Antonio José Sierra Betancur a cargo del Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, la Universidad de Antioquia, mediante la Resolución 094 del 10 de
marzo de 2003, emitió el bono pensional y consignó la suma de $334´568.000,
al Instituto de Seguros Sociales.
9. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 de 1999 en
la que se «subroga» la parte de la obligación no reconocida por el Seguro Social
con los servidores de la Universidad.
10. Atendiendo a lo anterior, la Universidad emitió la Resolución Administrativa
514 de 11 de noviembre de 2003, en la que ordenó pagar temporalmente al señor
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Demandante: Universidad de Antioquia
Antonio José Sierra Betancur el valor que resulta de la aplicación del ingreso
base de liquidación que consagra el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 no reconocido por el Seguro Social hasta que este último lo reconozca bien
motu proprio o por orden judicial. Esto de la siguiente manera: del 23 al 31 de
diciembre de 2002 por $539.608 y desde el 1.° de enero a 31 de octubre de 2003
por valor de $577.327.
11. La Universidad de Antioquia ha adelantado trámites ante el Seguro Social, y
posteriormente a Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones
incluyera las primas de navidad, servicios y vacaciones para liquidar la pensión
de los docentes universitarios, con resultado desfavorable.
12. Mediante Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, fue derogada
la Resolución 12094 de 1999, ordenando a la Vicerrectoría resolver las
situaciones de carácter individual y concreto, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigente en la materia.
13. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 fue demandada por
la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, proceso que fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación judicial que en
sentencia del 17 de octubre de 2013 negó las pretensiones de la demanda,
argumentando que el ente universitario actuó con mera liberalidad al subrogarse
en un deber que no le correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener
en el tiempo el acto administrativo derogado.
14. La Universidad de Antioquia interpuso diversas demandas contra los actos
administrativos que reconocieron el pago temporal que consagró la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, las cuales han generado que el Consejo de Estado se
pronuncie en el sentido de reconocer que el ente educativo no era la autoridad
competente para pronunciarse acerca de la adjudicación del derecho pensional,
por cuanto era obligación del ISS como entidad previsional.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
15. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 10 de
la Ley 4ª de 1992, 1.° del Decreto 1158 de 1994, 18 inciso 3.°, 131 y 151 de la
Ley 100 de 1993, el artículo 5.° del Decreto 1068 de 1995 y 4.° del Decreto 2337
de 1996.
16. En el concepto de violación explicó, en síntesis, que, si bien al momento de
expedirse la Resolución Rectoral 12094 de 1999 y su reglamentaria 16628 de
1999, no se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005, éstas adolecen
de inconstitucionalidad sobreviniente por transgredir el contenido del artículo 1.°
inciso 6.° de tal reforma constitucional que dispone que para la liquidación de las
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pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales se hubiesen
efectuado cotizaciones.
17. Debe tenerse en cuenta el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, según el cual
todo régimen salarial y prestacional que se establezca en contravención de dicha
norma o los decretos que dicte el Gobierno Nacional carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos. Además, el Decreto 1158 de 1994 en su artículo
1.°, señala taxativamente los factores salariales que deben tenerse en cuenta
dentro del IBL, sin que se incluyan primas de navidad, servicios y vacaciones.
18. Asimismo, en sentencia de 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado
rectificó la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
indicar que el IBL no es un asunto sometido a transición, razón por la que sostiene
que el acto administrativo enjuiciado partió de una premisa equivocada cual era
el derecho a que los empleados de la Universidad adquirieran su derecho
pensional tomando como base todos los factores devengados en servicio.
19. Explicó que el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 no
incluye el ingreso base de liquidación, razón por la cual la liquidación de la
pensión del demandado, beneficiario del citado régimen de transición, debía
efectuarse conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 –o, excepcionalmente
y de cumplirse con los supuestos allí establecidos, el inciso tercero del artículo
36 de la misma Ley 100 de 1993-, en virtud del cual tal liquidación se efectúa
teniendo como base el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiese
cotizado el afiliado en los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión; teniéndose entonces que el acto cuya nulidad se demanda no se
ajusta a la interpretación que actualmente rige respecto las normas superiores en
que debían fundarse.
20. Finalmente insistió en que, en caso de considerarse que los beneficiarios del
régimen de transición sí tienen derecho a que su liquidación pensional incluya
todos los factores, la competencia para su reconocimiento recae en la
administradora de pensiones a que se haya afiliado el empleado.
2.2. Contestación de la demanda
21. El señor Antonio José Sierra Betancur3, se opuso a las pretensiones de la
demanda, a través de apoderado judicial.
22. Según lo indicó, la Universidad de Antioquia siempre tuvo la convicción que
las pensiones deberían liquidarse teniendo en cuenta todo lo devengado con
base en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con base en la postura
anterior del Consejo de Estado, por lo que profirió la Resolución 12094 del 4 de
3 Ibidem. Archivo «017MemoDdoContestaciónDda.pdf».
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mayo de 1999, soporte del acto demandado Resolución 514 de 11 de noviembre
de 2003. Además, en sentencias como la C-258 de 2013, atinente a la Ley 4ª de
1992 se refiere es al régimen de transición de altos funcionarios del Estado,
asimismo, la sentencia SU-210 de 2017 no es aplicable al caso concreto.
23. El acto legislativo 01 de 2005 es posterior a la fecha de vigencia de la
Resolución Administrativa atacada, por lo que no puede tener efectos retroactivos
sobre derechos adquiridos, en forma legal y posterior. Además, en este caso le
faltaban menos de diez años para adquirir el derecho a la pensión de vejez. Es
decir, debía esperar la edad de 55 años.
24. Para el abogado, en este caso no se pueden desconocer los derechos
adquiridos de una persona del régimen de transición, reconocidos en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y que se protegieron a través de la Resolución Rectoral
12094 del 4 de mayo de 1999 y en el acto administrativo atacado; por ello, en la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, se entregó la diferencia que no
reconoce el Instituto de Seguros Sociales, hasta que éste lo haga motu proprio o
por decisión judicial, situación que aún no ha sucedido, además debe recordarse
que la Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular No. 54 de 2010,
conminó al Seguro Social a liquidar y pagar la pensión de vejez, con todos los
factores salariales, incluyendo las primas a las personas beneficiarias del
régimen de transición.
25. Finalmente precisó que el pensionado actuó de buena fe, pues nunca usó
procedimientos fraudulentos o de naturaleza similar para obtener el pago, sino
que la Universidad de Antioquia, en forma unilateral, libre y consciente adoptó la
decisión de subrogarse en una obligación que sigue vigente a cargo de
Colpensiones, que reemplazó al Seguro Social.
26. Propuso las excepciones de: «conformación del litisconsorcio», «derecho
adquirido», «legalidad del acto impugnado», «falta de causa para pedir», «falta
de tipificación de las causales de nulidad», «inexistencia de la causa invocada»,
«falta de interés», «buena fe del demandado», «mala fe del demandante»,
«violación al principio de progresividad en materia laboral», «violación al derecho
fundamental a la seguridad social», «falta de legitimidad» y «prescripción».
2.3. Medida cautelar
27. La entidad demandante solicitó como medida cautelar, la suspensión de la
Resolución 514 de 11 de noviembre de 2003, a la que se accedió por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia a través de providencia de 6 de julio de
20224.
4 Expediente digitalizado visible en el índice 2 de esta instancia. Archivo
«026AutoDecretaMedidaCautelar.pdf».
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28. Al resolver el recurso de apelación formulado por las partes, esta Subsección,
a través de proveído de 20 de diciembre de 20225 resolvió confirmar la decisión
del Tribunal
2.4. Sentencia de primera instancia6
29. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad en sentencia
proferida el 29 de noviembre de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, declaró la nulidad del acto demandado, negó la pretensión de
restablecimiento del derecho y se abstuvo de condenar en costas al señor
Antonio José Sierra Betancur.
30. Como fundamento de su decisión analizó el marco normativo que consideró
aplicable y con ello, el sistema de seguridad social integral creado por la Ley 100
de 1993, los Decretos 691 de 1994, 1158 de 1994, 1068 de 1995 y 2337 de 1996,
así como las pruebas allegadas.
31. A partir de lo anterior coligió que en la Resolución 514 de 11 de noviembre
de 2003, por medio de la cual la Universidad de Antioquia ordenó el pago de la
diferencia que resulta entre la aplicación del ingreso base de liquidación,
conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el efectuado con la inclusión de
las primas de vacaciones, navidad y semestral que no reconoce el Instituto de
Seguro Social, constituyó una obligación pensional que la Universidad no estaba
obligada a pagar.
32. Según lo indicó, la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999, fundamento del
acto demandado, se derogó mediante la Resolución 35823 del 17 de octubre de
2012, acto administrativo que fue demandando ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, correspondiendo su conocimiento a la Sala Segunda de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia, que por auto de 25 de abril de 2013
negó la solicitud de suspensión provisional del acto demandado, mediante
sentencia de 17 de octubre de 2013 se negaron las súplicas de la demanda.
33. Por tanto, ante la ausencia de competencia por parte de la Universidad de
Antioquia para subrogarse una obligación que correspondía al ISS, fundándose
en un acto administrativo inconstitucional, resulta evidente la ilegalidad de la
Resolución 514 de 11 de noviembre de 2003 y, por tanto, se debía declarar su
nulidad.
34. En cuanto a la pretensión de restablecimiento estimó que en el presente caso
la Universidad de Antioquia no demostró que el docente hubiera actuado de mala
fe para obtener el pago de las sumas de dinero y el acto administrativo se
5 Ibidem Archivo «042AutoResuelveApelaciónMedidaCautelar.pdf».
6 Índice 2 Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Carpeta Onedrive Archivo
«061Sentencia.pdf».
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presumía legal, por lo que no era procedente ordenar la devolución de las sumas
de dinero que recibió el demandado mientras estuvo vigente la Resolución 514
de 11 de noviembre de 2003.
35. Finalmente se abstuvo de condenar en costas al demandado.
2.5. Recurso de apelación.
2.5.1. El apoderado del demandado Antonio José Sierra Betancur7 señaló,
en primer lugar, que tanto en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, por la cual
la Universidad de Antioquia asumió en forma temporal el pago de una obligación
pensional del Instituto de Seguros Sociales como en la Resolución 514 de 11 de
noviembre de 2003, la universidad no alegó que tiene competencia para pagar
las pensiones a las personas, después del 1.º de enero de 1997, ni tampoco creó
un sistema pensional en la Institución, sino, lo que sucedió es que ante una
situación coyuntural por la negativa del ISS de liquidar correctamente las
pensiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, asumió en forma
temporal la cuota parte faltante que tiene que ver con la inclusión de las primas
en la liquidación de la pensión de vejez.
36. Para el abogado, la Universidad de Antioquia estaba cumpliendo la ley que
le autorizaba pagar por un tercero, para garantizar el respeto de los derechos de
quienes fueron sus empleados, esto porque el tercero se había negado a recibir
las cotizaciones por las primas.
37. Según lo indicó, el ISS le desconoció al pensionado sus derechos para
liquidarle correctamente su pensión de vejez, y por eso, la Universidad de
Antioquia asumió el pago de la cuota restante, en forma temporal y por la figura
de la subrogación, que se lo permite, jurídicamente. Además, la sentencia de
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018,
ratificó la jurisprudencia sobre el régimen de transición, beneficia al demandado,
a quien le faltaban menos de diez años para adquirir su derecho pensional el 1.°
de julio de 1995, cuando empezó la vigencia de la Ley 100 de 1993 en la
Universidad de Antioquia, por lo que solicitó se le ordene a Colpensiones
reliquidar la pensión del demandado en ese sentido, como lo ordena la sentencia
de unificación.
38. Para el abogado no existe discusión sobre que el docente no podía jubilarse
con la Universidad de Antioquia, porque dicha obligación era del entonces
Instituto de Seguros Sociales. Lo que se alega consiste en que el ISS le
desconoció sus derechos para liquidarle correctamente su pensión de vejez, y
por eso, la Universidad de Antioquia asume el pago de la cuota restante, pero en
forma temporal y por la figura de la subrogación, que se lo permite, jurídicamente.
7 Ibidem archivo «064Apelación.pdf»
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39. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia ordenó que, a
partir del 1.° de enero de 1994, se hicieran los aportes para salud y pensión,
dictando la Resolución 2035 de 1994, aclarando que las cotizaciones de 1994 y
el primer semestre de 1995 no eran obligatorias legalmente y el dinero recaudado
está en manos de la Universidad de Antioquia.
40. Precisó que la Ley 33 de 1985, para los servidores públicos inscritos en el
orden nacional mantuvo los factores salariales válidos de cotización del Decreto
691 de 1994. Luego, la Ley 100 de 1993, en su inciso 3.° del artículo 36,
estableció el régimen de transición, aplicable a los profesores y empleados de la
Universidad de Antioquia. Por eso, el ente universitario, antes de la Ley 100 de
1993, jubilaba a sus empleados con todos los factores salariales devengados el
último año de trabajo.
41. Resaltó que el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, en su artículo 3,
se refiere a la naturaleza de los fondos para pagar el pasivo pensional, que se
componen de varias subcuentas, y la tercera es para el pago del pasivo pensional
causado por las obligaciones pensionales, entre ellas, las extralegales y las de
los empleados públicos y en su artículo 4.° establece las funciones de los fondos
para pagar el pasivo pensional, donde incluyó a las obligaciones pensionales
extralegales válidamente definidas o pactadas por la respectiva institución, con
posterioridad al 23 de diciembre de 1993, así como el pago de las obligaciones
correspondientes a la pensión compartida con el ISS cuando a ella haya lugar.
42. En consecuencia, en esta oportunidad, de declararse la nulidad del acto
demandado existe un desconocimiento de la normatividad mencionada y del
contrato interadministrativo de concurrencia, y se plantea un choque o colisión
entre el derecho fundamental a la seguridad social de la pensión del profesor
Sierra Betancur, que no puede suspenderse como lo disponen los artículos 93 y
214, numeral 2.° de la Carta Magna.
2.5.2. El apoderado de la Universidad de Antioquia8 presentó apelación
adhesiva en los siguientes términos:
43. Pese a que se accedió a la pretensión principal de anulación del acto
administrativo atacado en nulidad, el a quo denegó la pretensión subsidiaria de
restablecimiento de derecho consistente en el reintegro de parte del demandado
de las sumas de dinero percibidas en virtud del acto anulado; lo anterior por falta
de pruebas acerca de la mala fe del demandado, carga que le correspondía a la
entidad.
44. Sin embargo, contrario a lo decidido en la sentencia de primera instancia
sobre la pretensión consecuencial de reintegro de sumas pagadas a partir de un
acto administrativo declarado ilegal, denegándola, dicha restitución es
8 Índice 25 de la segunda instancia.
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procedente comoquiera que la resolución anulada era clara en establecer que el
reconocimiento que a través de la misma se efectuaba era temporal y, en
consecuencia, quedaba sujeto a que el antiguo Instituto del Seguro Social lo
reconociera por voluntad propia o así lo decidiera una sentencia judicial.
45. Según lo indicó, debe tenerse en cuenta que la actuación del particular frente
a la administración tratándose de prestaciones periódicas, específicamente su
buena fe, no debe ser valorada únicamente al momento de la expedición del acto
administrativo, máxime si se tiene en cuenta que en este caso, sui generis, se
requería la realización de diferentes actuaciones del demandado, para dar
continuidad o no, al referido pago, por lo cual, su conducta debe ser valorada
durante todo el tiempo en que el acto ha surtido sus efectos.
46. Es así como por tratarse el reconocido de un indebido derecho pensional,
estaba bajo la responsabilidad del demandado el trámite ante el fondo pensional,
pues en virtud de la naturaleza del derecho, era a él a quien correspondía
realizarlo. En este orden de ideas, el demandado incumplió con esta carga y se
limitó a permanecer en el tiempo recibiendo unas sumas que claramente sabía
que no le correspondían.
2.6. Alegatos en segunda instancia
2.6.1. Dentro de esta etapa procesal el apoderado del demandado9 solicitó que
se de aplicación a lo establecido en la Ley 2381 de 2024 referente a la caducidad
pues según lo indicó el acto administrativo demandado fue proferido más de 5
años atrás de la interposición de la demanda.
2.6.2. El apoderado de la entidad demandante guardó silencio.
2.7. Concepto del Ministerio Público.
47. Para el Ministerio Público, la sentencia de primera instancia debe confirmarse
toda vez que, como lo señaló el Tribunal, no estaba en el giro de funciones de
una institución educativa del orden territorial administrar la pensión de ninguno
de sus profesores o personal administrativo después de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 para las entidades territoriales, pues el periodo de gracia
concedido por ese ordenamiento para formalizar las situaciones irregulares
generadas por las entidades locales tuvo como límite el 30 de junio de 1995,
conforme al artículo 146 del estatuto general de seguridad social, así que en el
año 2003 no había lugar en forma alguna a expedir actos administrativos
haciendo reconocimientos extralegales.
48. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes
9 Índice 26 de la segunda instancia.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia.
49. Es competente esta Subsección para decidir los recursos de apelación
interpuestos por las partes en contra de la sentencia de 29 de noviembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad,
dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 150 10
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
3.2. Problemas Jurídicos.
50. Debe determinar esta Sala de Subsección si ¿al tenor del artículo 187 del
CPACA, debe declararse la caducidad acorde con lo dispuesto por la Ley 2381
de 2024, «por medio de la cual se establece el sistema de protección social
integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras
disposiciones»?
51. Resuelto lo anterior, se establecerá ¿en este caso, frente al reconocimiento
de la pensión otorgada por el ISS al señor Antonio José Sierra Betancur, servidor
de la Universidad de Antioquia, ésta última era competente para pagar la
diferencia por los factores no incorporados por el ente de previsión al determinar
el IBL pensional respectivo?
52. Si la respuesta al anterior interrogante es negativa, deberá analizarse si ¿es
procedente acceder al reembolso de las sumas pagadas al señor Sierra Betancur
en virtud del acto administrativo demandado?
3.3. Marco jurídico
3.3.1. Primer problema jurídico. ¿En este caso, al tenor del artículo 187 del
CPACA, debe declararse la caducidad acorde con lo dispuesto por la Ley
2381 de 2024, «por medio de la cual se establece el sistema de protección
social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan
otras disposiciones»?
3.3.1.1 Del fenómeno de la caducidad en asuntos pensionales y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024.
10«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
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53. Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un
derecho en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un
medio de control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término
constituya un presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los
derechos individuales y subjetivos de los administrados para su reclamación
judicial, en desarrollo del principio de seguridad jurídica bajo criterios de
racionalidad y suficiencia temporal.
54. Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para
pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.
55. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra
actos administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
56. Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
y se dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se
cuenta para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas
en lo que respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:
«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y
Contencioso Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas.
Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser
ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y
cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual
se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
(Subrayas fuera del texto)
57. A partir de lo anterior se puede concluir entonces que:
a- Las acciones administrativas y contencioso administrativas, se
deberán ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión.
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b- La única excepción a la anterior regla, es frente a las pensiones
reconocidas con fraude o con ocurrencia de algún delito.
c- En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se
hayan iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas,
cuando hubiere expirado el término de 5 años, y que se encuentren en
curso, se les aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de
la referida ley.
d- Finalmente, en relación con los casos en los que ya se hayan
decidido las acciones administrativas y/o contencioso administrativas
presentadas respecto a un reconocimiento pensional, se dispone que podrá
interponerse el Recurso Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5
años contados a partir de la vigencia de dicha ley.
58. El legislador dentro de los considerandos del proyecto de ley 11, optó por
acoger un término similar al que es aplicado para las causales de revisión de que
trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentando esta decisión en la
sentencia C-835 de 2003, por medio de la cual la Corte Constitucional analizó las
consecuencias de establecer un límite temporal para que la administración
solicite la revisión de decisiones que otorgaron derechos pensionales. Sobre el
particular destacó que reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha determinado que establecer un límite al tiempo en el que se puede acudir ante
la jurisdicción no vulnera el acceso a la administración de justicia, pues se debe
entender que la caducidad «es una especie de sanción para quien teniendo la
posibilidad de acudir a la justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella se
busca garantizar los principios de seguridad y certeza jurídica.12
59. De igual forma, revisada la exposición de motivos, se advierte también que la
finalidad de la norma es evitar que las pensiones reconocidas queden expuestas
de manera perpetua y sin límite, a una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar
el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de los pensionados.
60. De otro lado, en torno a la vigencia del artículo 86 en estudio, se tiene que en
la Ley 2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:
«Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la
Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley,
entrará en vigor el 1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
11 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República Nos. 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de 29 de
mayo de 2024.
12 Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.
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Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento
de expedirse esta ley.»
61. Al tenor de las anteriores disposiciones, estima la Sala que el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó
dicha ley, esto es 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial
52.81913, pues, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional,
únicamente difirió la entrada en vigencia de las disposiciones atinentes al
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común, a partir del 1.° de julio de 2025.14
3.3.1.2. Caso concreto
62. En este caso la Universidad de Antioquia demanda la Resolución 514 de 11
de noviembre de 2003 que ordenó pagarle al señor Antonio José Sierra Betancur
el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y «no reconoce el Seguro
Social».
63. Al respecto estima la Sala que pese a que la demanda fue interpuesta el 30
de noviembre de 202115, el supuesto normativo establecido en el artículo 86 de
la Ley 2381 de 16 de julio de 2024 no es aplicable en este caso, comoquiera que
no versa sobre un acto derivado de un reconocimiento pensional proveniente de
una entidad competente para ello, como tampoco se discute alguna de las aristas
del mismo, como fuese la reliquidación pensional, la compatibilidad pensional, la
compartibilidad pensional, entre otros.
64. Al contrario, como ya se verá en el siguiente acápite, el reconocimiento
pensional fue efectuado por parte del Instituto de Seguros Sociales mediante la
Resolución 9003 de 1.° de septiembre de 2003.
65. Sin embargo, lo que se discute en este caso es la obligación que se atribuyó
la Universidad de Antioquia a través de la Resolución 514 de 11 de noviembre
de 2003, donde ella misma afirma que se «subrogó» en el pago de una diferencia
dineraria correspondiente a un mayor valor pensional que le correspondería al
señor Sierra Betancur, de haberse incluido en la pensión las primas de navidad,
de servicios y de vacaciones.
13 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e
14 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente
sentido: “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos
jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario
Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de
los mismos.”
15 Así se indica en la página principal correspondiente al proceso en la primera instancia. Sistema Samai.
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66. Como se verá más adelante, el acto administrativo de la Universidad de
Antioquia constituye una mera liberalidad del ente universitario para reconocer
un mayor valor al que considera tiene derecho el señor Sierra Betancur, acto que,
en modo alguno encierra en sí mismo un aspecto derivado de un reconocimiento
pensional dado que el deber frente a la pensión de jubilación de la parte
demandada recae en Colpensiones.
67. Nótese que el mismo acto se basa en la Resolución Rectoral 12094 del 4 de
mayo de 1999, en la que se dispuso: «Subrogarse en la parte de la obligación
que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la
Universidad, en régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el
Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho, de liquidarles
sus pensiones según el promedio devengado en el tiempo que les hiciera falta
para ello […]».
68. Con base en la misma es que la Resolución 514 de 11 de noviembre de 2003
ordenó pagarle temporalmente al señor Luis Fernando Gómez Uribe «[…] el valor
que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro
Social, […]».
69. Como se aprecia de todo lo anterior no puede darse aplicación a la previsión
del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, comoquiera que en este caso no se
configura el supuesto de hecho que consagra la norma, dado que el acto
administrativo cuestionado constituyó una liberalidad de la Universidad de
Antioquia que no versa sobre un derecho pensional ni fue proferido por la entidad
competente para ello.
3.3.2. Segundo problema jurídico: ¿en este caso, frente al reconocimiento de
la pensión otorgada por el ISS al señor Antonio José Sierra Betancur, servidor
de la Universidad de Antioquia, ésta última era competente para pagar la
diferencia por los factores no incorporados por el ente de previsión al
determinar el IBL pensional respectivo?
3.3.2.1. Del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los
servidores públicos bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993.
70. De conformidad con lo señalado por el artículo 7516 del Decreto 1848 de
196917, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 quien tenía la obligación de
16 «Artículo 75º.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y
pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el
tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la
edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces
cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión…»
17 Mediante el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
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reconocer y de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos era la
entidad de previsión a la que estaba afiliado el servidor o en su defecto, la última
entidad pública empleadora.
71. A través de la expedición de la Ley 100 de 199318 se creó el Sistema General
de Seguridad Social, estableciéndose en la misma la obligatoriedad de afiliar al
sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos19.
72. Para la incorporación de los servidores públicos al sistema general de
pensiones, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 691 de marzo 29 de 1994 20,
mediante el cual se integró al referido sistema: a) Los servidores públicos de la
rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o Distrital, así como
de sus entidades descentralizadas; y b) Los servidores públicos del Congreso
de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de
la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República21.
73. A su vez el Decreto 692 del 29 de marzo de 199422 al reglamentar los temas
relacionados con afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones del
Sistema General de Pensiones, definió la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones o demás prestaciones a que hubiere
lugar al señalar lo siguiente:
«Artículo 14. Efectos de la afiliación. La afiliación surtirá efectos a partir del
primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento
del respectivo formulario.
Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que
haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el
monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que
da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente».
74. Luego, con la expedición del Decreto 1068 del 23 de junio de 1995 23 se
estableció el límite temporal para que los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliaran
para los efectos de cotizaciones en pensión, señalando el parágrafo 2.º de su
artículo 2.º, que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la
18 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
19 «Artículo 15.- Serán afiliados al sistema general de pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que
por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a
través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales…»
20 Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras
disposiciones.
21 Ver artículo 1 del decreto citado.
22 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
23 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles
departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la
declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel
territorial.
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Ley 100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995. Señaló la
referida norma lo que sigue:
«Artículo 2º.- Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema
general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los
servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima
media con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros
Sociales, ISS, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado
por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP, autorizadas
por la Superintendencia Bancaria.
Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse al Instituto de Seguros
Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de este Decreto.
Parágrafo 1º.- Los servidores públicos que ingresen al servicio con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el régimen
solidario de prima media con prestación definida, deben afiliarse al Instituto de
Seguros Sociales.
Parágrafo 2º.- Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio de
1995».
75. Ahora bien, es de recodar que el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 estableció
la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional universidades oficiales
y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Esto
en los siguientes términos:
«ARTICULO 131.Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales
y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada
una de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial,
departamental, distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo
pensional contraído a la fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un
monto igual al valor de dicho pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas
de previsión, o fondos autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras
cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar
según lo previsto en la presente Ley, en aquella parte que corresponda a
funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la
vigencia de la presente Ley.
Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución.
Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que
aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la
respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el
promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años de iniciación de
la vigencia de la presente Ley.
Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que
se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales
de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de
conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno
Nacional.
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Dentro del años siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las
universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo,
elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio
de Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que
representen los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los
2 primeros años de la vigencia de la presente Ley.
[…]».
76. Posteriormente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 199624 que tuvo por
objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación
superior de naturaleza territorial, fue específico en atender lo dispuesto en el
Decreto 1068 de 1995, ya citado, respecto del marco temporal con que contaban
los servidores públicos en afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
contemplados en la Ley 100 de 1993, al consagrar lo siguiente en el parágrafo
1.º del artículo 2.º del referido decreto:
«Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que
reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los dos
regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más
tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995». (Negrillas fuera de
texto).
77. El citado decreto estableció en su artículo 4.° algunos eventos en que los
fondos de pasivo pensional, constituidos como una cuenta especial de las
universidades oficiales e instituciones de educación superior de carácter
oficial y naturaleza territorial, debían asumir el pago de las prestaciones allí
descritas. Estos son:
«1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.
2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva
institución, según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de
1996.
3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía
rigiendo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones.
24 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1299 de 1994.
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4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con
los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994
y sus decretos reglamentarios.
La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación
para el efecto.
5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en
los Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.
6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993,
así como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con
el ISS cuando a ella haya lugar.
[…]». (Negrilla de la Sala).
78. En este orden de ideas, después de la entrada en vigencia de los regímenes
pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de
carácter oficial perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de
sus servidores y, por virtud de la afiliación obligatoria de los servidores públicos
al Sistema General de Pensiones y de acuerdo con lo consagrado en el artículo
14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, quien debe efectuar el
reconocimiento respectivo es la administradora de pensiones que hubiere
recibido o le correspondiese recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurriere el siniestro o hecho que diera lugar al pago de la prestación
correspondiente, esto es, sin perjuicio de los escenarios definidos en el artículo
4.° del Decreto 2337 de 24 de diciembre de 1996, norma que sólo en los casos
allí descritos impone la obligación a cargo del fondo pensional.
3.3.2.2. Caso concreto
79. En el sub lite se encuentra demostrado lo siguiente:
• A través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 25, la
Universidad de Antioquia decidió «[s]ubrogarse en la parte de la
obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con
los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al
momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años
25 Expediente digitalizado visible en el índice 2 de esta instancia. Carpeta «Anexos de la demanda, Archivo
«5. RESOLUCION RECTORAL 12094 DE 1999.pdf».
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para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al
inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de
Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la
misma». En su artículo segundo el citado acto dispuso:
«En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha reconocido el Instituto
de Seguros Sociales a los servidores referidos y a los que a partir de la fecha
les reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha Entidad no cancela
conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, sobre
el derecho que tienen, con base en las primas de navidad, de vacaciones y
semestral, que constituyen factor salarial.».
• Por medio de la Resolución Administrativa 16628 del 11 de julio de 1999,
se reglamentó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo del mismo
año26.
• El señor Antonio José Sierra Betancur nació el 5 de diciembre de 1947
según da cuenta la copia de la cédula de cédula de ciudadanía y el
registro civil de nacimiento aportados al proceso27.
• En este caso, no se allegaron certificaciones laborales, sin embargo, tanto
de los tiempos de servicios analizados en la Resolución de emisión del
bono pensional Resolución Administrativa 094 del 10 de marzo de 2003,
visible a folio 8 ibidem28, como en la Resolución 9003 de 1.° de septiembre
de 2003 por la cual el ISS le reconoció al demandado la pensión de
jubilación, se indicó que laboró en el municipio de Medellín desde el 26
de enero de 1973 hasta el 8 de diciembre de 1975 y en la Universidad de
Antioquia desde el 9 de diciembre de 1975 hasta el 23 de diciembre de e
2002. Además, el 30 de junio de 1995, fue afiliado al ISS:
«[…]
[…]».
«[…]
26 Ibidem. «2. RESOLUCIÓN RECTORAL 16628 DE 1999.pdf»
27 Ibidem. «4. Apartes hoja de vida.pdf». Folios 2 y 3.
28 Índice 2 Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Carpeta Onedrive Archivo
«Apartes hoja de vida.pdf». Folios 8 y s.s., y archivo «022. Anexo DDo Resolución Pag1.pdf».
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80. Como se aprecia, el demandado antes del 30 de junio de 1995 llevaba
laborados 22 años y 4 meses de servicios.
• Según la Resolución 9003 de 1.° de septiembre de 200329, el Instituto de
Seguros Sociales le reconoció la pensión de jubilación al demandado con
una tasa de reemplazo del 75%, sin indicar los factores salariales que se
tuvieron en cuenta para tales efectos, en cuantía mensual de $3´889.457
desde el 23 de diciembre de 2002. Veamos:
«De acuerdo con lo anterior, se procede a la liquidación de la prestación, conforme
a lo indicado por el inciso 3 del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tomando como
promedio lo cotizado durante el tiempo que le hacía falta para tener derecho a la
pensión desde la fecha de entrada en vigencia [d]el Sistema general de pensiones,
actualizado anualmente con el I.P.C.
Efectuada la liquidación de la prestación conforme al citado inciso 3.° del Articulo 36
de la Ley 100 de 1993, se estableció un ingreso base de liquidación de $3.728.146
que con un monto porcentual de 75% % (sic) fija la mesada pensional en la suma de
$2.796.110,00 a partir de diciembre de 23 del 2002, más los reajustes de ley para
los siguientes años».
• De igual manera se advierte que la Universidad de Antioquia mediante la
Resolución 514 de 11 de noviembre de 200330 ordenó pagarle
temporalmente al señor Sierra Betancur el valor que resulta de la
aplicación del ingreso base de liquidación del inciso 3.º del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 por la no inclusión de las primas de navidad,
vacaciones y servicios por parte del ISS; según la entidad, en
cumplimiento de la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, proferida
por el ente educativo, a través de la cual se subrogó en parte de dicha
obligación:
«ARTÍCULO PRIMERO: Pagar el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base
de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
no reconoce el Seguro Social, al señor ANTONIO JOSE SIERRA BETANCUR
identificado con cédula de ciudadanía 8.281.602, así:
A PARTIR DE SUBROGACIÓN MENSUAL
Diciembre 23 a 31 de 2002 $539,608
Enero 1 a octubre 31 de 2003 $577,327
A partir del 1 de noviembre de 2003 la Universidad de Antioquia pagará
mensualmente la suma de $577.327, hasta que el Seguro Social lo reconozca bien
29 Índice 2 Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Carpeta Onedrive Archivo
«022. Anexo DDo Resolución Pag1.pdf» y s.s.
Ibidem. Folios 43 y s.s.
30Índice 2 Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Carpeta Onedrive Archivo
«Apartes hoja de vida.pdf». Folios 13 y s.s.
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motu proprio o por orden judicial, valor que se incrementará anualmente según lo
establecido en los Arts. 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario diligenció y presentó la petición de
reliquidación del monto de la pensión ante el Instituto de Seguros Sociales, como
condición para hacer efectivo el reconocimiento y acreditó ante la Universidad copia
de dicha presentación y de los recursos interpuestos.
ARTICULO TERCERO: Por ser una suma que forma parte de la pensión de
jubilación, se hará el descuento al beneficiario por servicios de salud,
correspondiente al 12%, el cual será girado al Sistema Universitario de Salud de la
Universidad de Antioquia, conforme a lo dispuesto en los artículos 143, 157 y 203 de
la Ley 100 de 1993.
[…]».
• Finalmente, a través de la Resolución Rectoral 35823 de 17 de octubre de
201231, la Universidad de Antioquia decidió derogar la Resolución 12094
de 4 de mayo de 1999 y ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver
las situaciones jurídicas de carácter individual y concreto creadas a partir
de la expedición de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999.
81. Las pruebas allegadas demuestran que el señor Sierra Betancur cumplió la
edad pensional (55 años exigidos en la Ley 33 de 1985) el 5 de diciembre de
2002 y a 31 de diciembre de 1996 contaba con 49 años.
82. Ahora bien, el numeral 3.° del artículo 4.° del Decreto 2337 del 24 de
diciembre de 1996 señala que el fondo de pasivo pensional cuenta con la
obligación de reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados
públicos, trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el
tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad
señalada para adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que
los venía rigiendo, escenario en el cual se encontraría el señor Sierra Betancur
pues cumplió 20 años de servicios en el 14 de noviembre de 1995 y la edad la
cumplió en el año 2002.
83. Sin embargo, la norma exige al docente no estar afiliado a alguna de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones, evento que no se cumple en
el sub lite comoquiera que, fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde
julio de 1995, como se aprecia en el certificado de autoliquidación de aportes32 y
la Resolución 9003 de 1.° de septiembre de 2003 dictada por el Instituto de
Seguro Social33:
«[…]
31 Ibidem. «3. RESOLUCION RECTORAL 35823 DE 2012.pdf»
32 Ibidem. Folio 5
33 Índice 2 Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Carpeta Onedrive Archivo:
«022. Anexo DDo Resolución Pag1.pdf» y s.s.
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[…]».
«[…]
[…]».
84. Las pruebas allegadas demuestran que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para reconocer a favor del señor Antonio José Sierra Betancur un
mayor valor en su ingreso base de liquidación, como lo hizo a través de la
Resolución 514 de 11 de noviembre de 2003, al ser obligación del ISS, asumir
dicho reconocimiento, como entidad administradora de las cotizaciones
realizadas por la demandada y en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2.° del
artículo 2.º del Decreto 1068 de 1995, norma que exigía que, en su condición de
servidor público de la Universidad de Antioquia, fuese afiliado al Sistema General
de Seguridad Social en julio de 1995.
85. En este sentido a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación era el ISS, que finalmente,
reconoció la citada prestación a través de la Resolución 9003 de 1.° de
septiembre de 2003 , por lo que, era dicha entidad ante quien debió el pensionado
reclamar eventuales reajustes pensionales conforme al régimen pensional
aplicable, por lo que no era plausible que la Universidad de Antioquia asumiera
los pagos señalados, ante el erróneo convencimiento de que ejercía una
obligación del ISS. Así entonces advierte la Sala que le asistió razón al Tribunal
Administrativo de Antioquia al declarar la nulidad de la resolución demandada.
3.3.3. Tercer problema jurídico. ¿Es procedente acceder al reembolso de las
sumas pagadas al señor Antonio José Sierra Betancur en virtud del acto
administrativo demandado?
86. Dado que en la apelación la entidad pidió la devolución de las mesadas
pagadas al demandado, es necesario analizar la normativa relativa a esta
pretensión.
87. En el literal c, del numeral 1, del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se estableció lo siguiente:
«[…]
c) (…) Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe; […]».
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88. En relación con el principio de buena fe, es preciso tener en cuenta que fue
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes
términos:
«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
89. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:
90. El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo
que implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden
abusar del ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce y,
además, sirve de barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.
91. El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la
actuación de los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:
«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha
sido sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta
concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano,
el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los
particulares, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual
sucumben las pretensiones privadas, enredadas en una maraña de
requisitos y procedimientos que terminan por aniquilar los derechos
sustanciales que las autoridades están obligadas a proteger»34.
92. En relación con este principio la Corte Constitucional ha señalado:
«[…] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones
de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el
caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en
contrario, la presunción de la buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad que nutre
la producción de los actos administrativos. Por consiguiente, podría decirse entonces
que la presunción de buena fe que milita a favor de los particulares, en la
balanza Estado-administración hace las veces de contrapeso institucional de cara a
los principios de constitucionalidad y legalidad que amparan en su orden a la ley y a
los actos administrativos»35.
93. Esta Subsección considera que el argumento de la entidad apelante no goza
de vocación de prosperidad ya que, se entiende que, para los efectos de la
devolución de prestaciones pagadas de buena fe, no basta con que el particular
34Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe.
Autores: Álvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11
de 1991. p. 3.
35 Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo
Rentería.
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haya recibido unas sumas que no encuentran fundamento en una norma jurídica,
pues es necesario que haya acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta
con la cual se haya inducido en error a la administración36.
94. Significa lo anterior, conforme al desarrollo del principio de buena fe, no basta
con que el pago no sea acorde con el ordenamiento jurídico, sino que es
necesario que medie una maniobra deshonesta o con falta de lealtad respecto
del Estado.
95. Dado que en este caso no se discute que el señor Sierra Bentancur actuó en
los citados términos, sino la falta de competencia de la Universidad para asumir
una obligación que no le correspondía, se estima que no debe hacer devolución
de las sumas percibidas en virtud del acto demandado, como bien lo estimó el
Tribunal.
3.4. De la condena en costas en segunda instancia
96. En este punto es importante señalar que, si bien en anteriores oportunidades
esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si
había, o no, lugar a condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la
entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio
respecto a la carencia de fundamentación jurídica para imponerlas.
97. En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis,
de la revisión de los argumentos presentados por la parte demandada no se
advierte carencia de fundamentación, sino que al contrario se expusieron las
razones jurídicas que sustentaron sus intereses y, por ende, no se condenará en
costas al señor Sierra Betancur.
98. En cuanto a la entidad demandante en el recurso de apelación insistió en la
devolución de sumas con base en la presunta mala fe del pensionado, pero sin
aducir ninguna situación debidamente fundamentada que diera cuenta de ello,
como lo exige el artículo 164, numeral 1, literal c del CPACA, tema sobre el cual
la jurisprudencia ha sido pacífica en el sentido de que no hay lugar a la devolución
de dineros pagados a particulares de buena fe.
99. Si bien nos encontramos en el escenario de lesividad, comoquiera que la
entidad accionante apeló la sentencia del Tribunal sin la debida fundamentación
jurídica, sino apenas insistiendo en los mismos argumentos de la demanda, esto
es, sin aportar o indicar nuevos elementos que permitan advertir su disenso frente
a la primera instancia, corresponde a la Sala imponer condena en costas a la
entidad dado que «[el] objetivo del legislador es que el ejercicio del derecho de
36 En este sentido véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 14 de febrero de 2019, expediente 3096-16, magistrado ponente: William Hernández Gómez;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de marzo de
2000, expediente 12.971, magistrado ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.
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acción a través de los medios de control se haga de manera responsable, leal y
seria, tanto así que consagró la posibilidad de que aun en los procesos en que
se ventile un interés público (contencioso objetivo) sea procedente y viable la
condena en costas siempre y cuando se acredite que la demanda se presentó
con “manifiesta carencia de fundamento legal”»37.
100. De acuerdo con lo anterior, se impondrá condena en costas en la modalidad
de agencias en derecho contra la Universidad de Antioquia y a favor del señor
Antonio José Sierra Betancur. Una vez en firme esta providencia éstas se fijarán
por el Tribunal de conformidad con lo señalado en el artículo 366 del CGP.38
101. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 29 de noviembre de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Oralidad, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
promovida por la Universidad de Antioquia en contra del señor Antonio José
Sierra Betancur, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.
SEGUNDO: Se condena en costas a la Universidad de Antioquia a favor del
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021 dictada dentro
del proceso radicado 11001-03-26-000-2019-00011-00(63217).
38 Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto
en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las
sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales
hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado
sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de
costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los
parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez
los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.
5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante
los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se
haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso».
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Demandante: Universidad de Antioquia
señor Antonio José Sierra Betancur, en la modalidad de agencias en derecho,
según las consideraciones señaladas. En firme esta providencia serán fijadas por
el Tribunal de conformidad con el artículo 366 del CGP.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI»
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI»
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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