Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-31-000-1995-15757-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 15001-23-31-000-1995-15757-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-31-000-1995-15757-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-31-000-1995-15757-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
28 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
Demandado: Departamento de Boyacá
Temas: Concurso de méritos
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por terceros intervinientes 1
contra la sentencia proferida el 19 de febrero de 2004 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante la cual declaró la nulidad de algunas
convocatorias suscritas por el departamento de Boyacá para proveer cargos por
concurso de méritos.
1. Antecedentes
1.1. La demanda2
1.1.1. Las pretensiones
1
Mediante auto del 29 de marzo de 2012, este despacho admitió la apelación interpuesta por los señores
José Efraín Suárez Martínez, Luz Marina Estupiñán Merchán, Baduin Alberto Coy Pulido, Adriana del Pilar
Camacho León, Denis Froilán Castillo Guerrero, Carlos Ernesto Numpaque Piracoca y Hernán Edilberto
Malagón Jiménez, quienes actúan por intermedio de apoderada judicial (folios 1484 a 1485).
2
Folios 94 a 105.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
En ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del CCA,3 los
señores Domingo Arias Galindo, Yaneth Ávila Fonseca, Blanca Inés Cepeda,
Graciela Correales Cely, María Cenaida Fonseca de Molina, Gloria Judith
González Mora, Migdonia Guerra Parra, Fanny Esperanza Herrera Alba, Mariela
Jiménez de Vargas, Jaime Molina, Ana Esperanza Rodríguez y Luis Eduardo
Sierra Torres, actuando por intermedio de apoderado judicial, solicitaron declarar
la nulidad del concurso de méritos adelantado por la Secretaría de Salud Pública
de Boyacá, mediante convocatorias del 9 de noviembre de 1994, encaminadas a
proveer los empleos allí ofertados.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de los demandantes señaló los
siguientes:4
i) El 9 de noviembre de 1994, la Secretaría de Salud Pública del departamento de
Boyacá convocó a concurso abierto para proveer los cargos adscritos a dicha
dependencia.
ii) El inicio del referido certamen, su desarrollo, la conformación de la lista de
elegibles y los nombramientos estuvieron revestidos de las siguientes
irregularidades:
• Se nombraron personas que no cumplían los requisitos para desempeñar
los cargos ofertados y/o no culminaron las etapas del certamen.
• Los decretos de nombramiento se suscribieron el 30 de diciembre de 1994,
a pesar de que los resultados del concurso se publicaron el 2 de enero de
1995.
3
Código Contencioso Administrativo – Decreto 1 de 1984.
4
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, por lo que se desarrollarán en dicho acápite.
2
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
iii) El 24 de mayo de 1995, por Resolución 5001, la CNSC5 «dejó sin efectos el
proceso de selección a que se refiere esta demanda», debido a las quejas
presentadas por las inconsistencias en que incurrió el ente accionado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Los accionantes sostuvieron que los actos administrativos enjuiciados violaron los
artículos 13, 29 y 125 de la Constitución Política; 1 de la Ley 27 de 1992; 5 y 6 del
Decreto 1222 de 1993; 1 del Decreto 1224 de 1993; 2, 7, 14, 15 y 143 del Decreto
256 de 1994; 1 y 2 del Decreto 805 de 1994; la Resolución 6506 del 31 de agosto
de 1993, expedida por el Ministerio de Salud; y la Ordenanza 29 del 22 de agosto
de 1994, reglamentaria de la prueba de entrevista para acceder a la carrera
administrativa en el Departamento de Boyacá.
Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes
cargos:
i) Los artículos 7, 8 y 30 del Decreto 256 de 1994 ordenaron la conformación de un
comité asesor para adelantar los concursos de méritos, así como elaborar un acta
para cada uno de ellos; sin embargo, el departamento de Boyacá, por Resolución
3690 del 4 de noviembre de 1994, creó un grupo técnico de apoyo y selección
para la oficina de personal de la Secretaría de Salud, pero no desarrolló las tareas
encomendadas en las citadas disposiciones ni se integró en la forma allí indicada,
actuó de forma irregular e, inclusive, contra la voluntad de algunos servidores que
se negaron a hacer parte de aquél. Especialmente, se echa de menos el proyecto
de convocatoria y las actas de quienes aprobaron o reprobaron el concurso.
ii) Para algunos empleos de idéntica denominación y código se realizaron
convocatorias diferentes, por tal razón en algunas se inscribió un número
considerable de aspirantes y para otras uno o dos. Ello ocurrió respecto de los
cargos de auxiliar, código 581010 (Convocatorias 34 a 37) y secretario, código
5
Comisión Nacional del Servicio Civil.
3
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
504540 (Convocatorias 39 a 44).
iii) El certamen fue diseñado para que una persona se pudiera postular solamente
a un cargo; sin embargo, algunos interesados aspiraron a varios empleos.
iv) Las convocatorias 1 a 10, 17 y 16 carecían de funciones específicas y se
limitaron a adoptar el manual general de funciones del sector salud, previsto en el
Decreto 1335 de 1990.
v) Algunas convocatorias adicionaron requisitos a los previstos en el Decreto 1355
de 1990, pese a que estos no podían ser modificados discrecionalmente por la
administración. Esta inconsistencia conllevó que los empleados que venían
vinculados a la Secretaría de Salud de Boyacá quedaran automáticamente
excluidos del proceso de selección y no pudieran seguir laborando, por cuanto no
acreditaban la experiencia exigida por las nuevas disposiciones.
vi) Los días 15 y 16 de diciembre de 1994, se aplicaron los exámenes de
conocimientos y algunos resultados se comunicaron el 28 de diciembre siguiente;
sin embargo, en el mismo acto se indicó que la entrevista se surtiría a partir de las
12:00 de ese día y en la mañana del siguiente. Esta situación impidió recurrir el
resultado de la prueba.
vii) No se resolvieron los recursos interpuestos contra la calificación del examen
de conocimientos, pero ello tampoco impidió hacer los nombramientos.
viii) Se designaron entrevistadores ad hoc, esto es, personas ajenas al concurso y
que tenían intereses particulares en los resultados, pues eran familiares de los
participantes.
ix) Se desconoció la Ordenanza 29 del 22 de agosto de 1994, pues no se
cumplieron los lineamientos trazados para la etapa de entrevista dentro de los
concursos de méritos. En efecto, no se elaboró un cuestionario, previa
4
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
participación de las personas enunciadas en dicha disposición; además, se
practicaron entrevistas en días y horas no hábiles.
x) El concurso de méritos se convocó sin que se hubiera «homologado el plan de
cargos de la Secretaría de Salud a lo establecido en el Decreto 1335 de 1990».
Con el fin de subsanar dicha anomalía, se expidió el Decreto 1589 del 11 de
noviembre de 1994, sin tener en cuenta que la convocatoria se había suscrito dos
días antes, es decir, que la administración departamental abrió un proceso de
selección sin precisar el número, la denominación, requisitos y demás elementos
de los empleos.
xi) Por Decreto 1620 del 18 de noviembre de 1994 se modificó el referido Decreto
1589 de 1994, por cuanto se incurrió en un error en la homologación de las plazas,
lo cual condujo a incluir nuevos empleos. Esta actuación refleja que la
convocatoria fue alterada contra expresa prohibición legal, ya que lo único que
puede cambiarse, previa divulgación, son su fecha, hora y lugar. Ello obedece a
que la convocatoria tiene un carácter definitivo y vinculante, en tanto constituye el
marco de referencia al que se someten la administración y los participantes.
xii) Las convocatorias no respetaron el principio de publicidad, ya que se hicieron
para los días 21 a 23 de noviembre de 1994 y se publicaron el 24 y 30 de ese mes
y año. La administración pretendió subsanar dicho error, permitiendo que las
inscripciones se hicieran hasta el 30 de noviembre de 1994; sin embargo, omitió la
difusión respectiva.
xiii) La Resolución 6506 del 31 de agosto de 1993, suscrita por el Ministerio de
Salud, adoptó el Manual de Selección y Escalafonamiento en Carrera
Administrativa del Sector Salud y dispuso que entre la finalización del período de
inscripciones y la ejecución del examen de conocimientos, deben mediar por lo
menos 10 días; sin embargo, en el sub lite no se verificó ese lapso «entre el 23 de
noviembre y el 3 de diciembre de 1994». Idéntica irregularidad se predica de la
modificación de la convocatoria, «pues entre el último día para reclamar y la fecha
5
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
de la primera prueba, tampoco transcurrió el término legal».
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. El departamento de Boyacá, por intermedio de apoderado, contestó la
demanda en los siguientes términos:6
i) El 11 de noviembre de 1994, la Secretaría de Salud de Boyacá publicó los
avisos de la convocatoria para proveer algunos cargos y el 30 de diciembre
siguiente dio a conocer la lista de elegibles.
ii) El ente accionado no conformó el comité previsto por el Decreto 256 de 1994,
sino un grupo técnico de apoyo y selección, pero ello no constituye un vicio
insubsanable.
iii) El 17 de noviembre de 1994 se publicó la modificación de las convocatorias 1 a
59 y 62, antes de que se iniciaran las inscripciones, las cuales se habían previsto
del 21 a 23 de noviembre de 1994 y se cambiaron del 1 a 30 de ese mes y año.
De esta manera se subsanó la convocatoria del 9 de noviembre de 1994.
iv) Se resolvieron todos los recursos interpuestos por los participantes del
concurso.
v) El Decreto 1335 de 1990 contiene el manual de funciones para el sector salud y
es un referente para las entidades territoriales. Estas últimas pueden aumentar los
requisitos para el ejercicio de los empleos, de acuerdo con sus necesidades.
vi) La provisión de los cargos del sector salud tiene reglas propias, por lo que no
puede aplicarse integralmente la Ordenanza 029 de 1994, invocada por los
actores.
6
Folios 175 a 179.
6
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
vii) «El proceso de selección del 9 de noviembre de 1994, fue viciado por una serie
de irregularidades», que dieron lugar a la expedición de la Resolución 13481 del
21 de diciembre de 1991, suscrita por la CNSC, mediante la cual se dejaron sin
efectos las convocatorias 1 a 10, 16 y 17 del 9 de noviembre de 1994 y se ordenó
al gobernador de Boyacá revocar los encargos y nombramientos provisionales
efectuados para proveer los cargos ofertados en las convocatorias 13, 14, 16, 18 a
21, 23, 26 a 29, 31, 32, 35, 37, 39, 43, 44, 46, 47, 52 a 55 y 57 a 59.
1.2.2. Los terceros intervinientes, actuando por intermedio de apoderados,
solicitaron negar las súplicas de la demanda, con base en argumentos similares a
los expuestos por el departamento de Boyacá y agregaron lo siguiente:7
i) La convocatoria es un acto de trámite carente de control judicial, en contraste,
los actos definitivos son los nombramientos que se produjeron en virtud del
proceso de selección. A su vez, teniendo en cuenta que la actuación es de
carácter complejo, debieron demandarse todas las decisiones que se expidieron
durante su desarrollo y debía integrarse el litisconsorcio con el Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP, ya que intervino durante varias
etapas.
ii) Caducó la acción, teniendo en cuenta que en este caso no debió interponerse
una demanda de simple nulidad, sino electoral o de nulidad con restablecimiento
del derecho, ya que el concurso de méritos dio lugar a nombramientos y a la
consolidación de situaciones particulares.
iii) Los servidores favorecidos con el resultado del certamen deben ser vinculados
a la litis.
iv) Los actos acusados se sujetaron a la normativa especial que rige el sistema
específico de carrera administrativa del sector salud, a saber: las Leyes 10 de
1990 y 27 de 1992; los Decretos 694 de 1975, 1468 de 1979, 1334 y 1335 de
7
Folios 124 a 139, 140 a 150, 151 a 155, 156 a 164 y 165 a 173.
7
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
1990; y las Resoluciones 1137 de 1990 y 6506 del 31 de agosto de 1993.
v) No es viable acudir a normas generales, como las invocadas por los
accionantes, para invalidar el proceso de selección en comento; por ejemplo, para
requerir un comité veedor del concurso, adelantar las entrevistas o tener en cuenta
requisitos y funciones de los cargos sin atender a las especificidades propias del
sector salud.
vi) El departamento de Boyacá estaba facultado para modificar la convocatoria y
publicar dicha actuación, conforme ocurrió en el sub lite.
vii) El concurso demandado fue garante del principio de transparencia, pues
estuvo monitoreado por la CNSC y la «Procuraduría Departamental de Boyacá».
Igualmente, el DAFP participó directamente en la elaboración, práctica y calificación
de la prueba de conocimientos y asesoró otros aspecto del proceso. De esta
manera se garantizó la transparencia.
viii) Los entrevistadores no participaron en etapas anteriores en aras de garantizar
su imparcialidad; además, contaban con las condiciones morales e intelectuales
para desempeñar ese rol. También se destaca que, contrario a lo afirmado por los
actores, ninguno de los participantes fue entrevistado por un familiar.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 19 de febrero de
2004, resolvió:8
PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de caducidad de la acción, indebida
integración del litisconsorcio necesario por pasivo (sic) y corresponder el acto
acusado a uno de trámite o de carácter particular y concreto.
SEGUNDO: Declarar probada la excepción de cosa decidida administrativa, en lo
referido a las convocatorias números 01 al 10, así como la 16 y 17 del 9 de
8
Folios 202 a 219.
8
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
noviembre de 1994, efectuada por la Secretaría de Salud del Departamento de
Boyacá, por lo expuesto en la parte considerativa.
TERCERO: Declarar la nulidad del proceso de selección de personal por concurso de
méritos, convocado el 9 de noviembre de 1994 por el Departamento de Boyacá a
través de la Secretaría de Salud, en cuanto hace referencia a las convocatorias no
incluidas en el numeral anterior, de conformidad con lo puntualizado en las
motivaciones de este fallo.
El a quo sustentó su decisión en los siguientes razonamientos:
i) En el presente asunto no se cuestionan actos administrativos particulares, sino
el proceso de selección desde la convocatoria, cuyo carácter es general y
abstracto, ya que se dirigía a toda la comunidad; por lo tanto, era posible
interponer la demanda de simple nulidad, la cual no está sujeta a un término de
caducidad.
ii) Los accionantes no acusaron un acto de trámite, en tanto su pretensión se
encamina a anular todo el concurso adelantado por el ente territorial accionado.
iii) Aunque el DAFP elaboró y calificó la prueba de conocimientos dentro del referido
proceso de selección, no se advierte la necesidad de vincularlo al litigio, pues
cumplió una función limitada y el departamento de Boyacá adelantó integralmente
el concurso.
iv) Por Resolución 13481 del 21 de diciembre de 1991, la CNSC dejó sin efectos las
convocatorias 1 a 10, 16 y 17 del 9 de noviembre de 1994 y ordenó al gobernador
de Boyacá revocar los nombramientos en período de prueba efectuados con
ocasión de aquellas. En consecuencia, se declara la cosa decidida administrativa
respecto de dichos actos, pues resultaría inocuo un pronunciamiento de la
jurisdicción frente a estos.
v) El artículo 7 del decreto 256 de 1994 previó la conformación de un comité para
garantizar la objetividad y transparencia en el ingreso al servicio público, el cual
debe elaborar el proyecto de convocatoria a concurso, vigilar la actuación,
9
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
informar de posibles anomalías y suscribir el acta final.
vi) La entidad accionada profirió la Resolución 3690 del 4 de noviembre de 1994,
con el objetivo de integrar dicho grupo; sin embargo, dos personas se abstuvieron
de participar, ya que se enteraron de su designación el mismo día en que se fijó
dicha resolución en la cartelera y fueron ajenos a las actividades del proceso de
selección realizadas hasta ese momento.
vii) La convocatoria se suscribió el 9 de noviembre de 1994 y la administración
modificó esa fecha al 11 de ese mes y año, pero para ese entonces no se había
adoptado la planta de personal de la Secretaría de Salud de Boyacá, pues esto
solamente se constató con la expedición de la Resolución 1589 del 11 de
noviembre de 1994, que homologó el plan de cargos, pero tal requerimiento debió
acreditarse con antelación, en aras de que pudieran conocerse el número de
vacantes y sus funciones.
viii) El certamen también se vició por la inmediatez con la que se realizaron las
entrevistas luego de la comunicación de los resultados de la prueba de
conocimientos. Esta situación vulneró los derechos a la publicidad, debido proceso
e igualdad de oportunidades de los aspirantes, en la medida en que muchos de
ellos no pudieron controvertir su puntaje y otros ni siquiera se enteraron de la
fecha de las entrevistas, motivo por el que no las presentaron y algunos residían
en municipios alejados y no alcanzaban a atender al llamado. Estas
irregularidades fueron advertidas por la CNSC en la mencionada Resolución 13481
del 21 de diciembre de 1991.
ix) Las entrevistas también se adelantaron de manera anormal y con un
favoritismo reprochable, ya que se otorgó alta calificación a quienes habían tenido
inferiores resultados en el examen de conocimientos y existía parentesco entre los
entrevistadores y entrevistados.
x) Algunos de los funcionarios encargados de vigilar el proceso de selección
10
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
estaban interesados en ocupar algunos de los cargos ofertados, como es el caso
del señor Ricardo Vásquez Calderón, quien aspiró a la convocatoria 2 y que la
CNSC dejó sin efectos.
1.4. El recurso de apelación
Los terceros intervinientes interpusieron recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos: 9
i) Los apelantes tienen interés «tan solo en relación con cada una de las
convocatorias en que participaron». Se destaca que los servidores fueron
nombrados al amparo de la confianza legítima y mantienen su vinculación gracias
a sus altas calificaciones de desempeño, situación que no se compadece con los
señalamientos que les han venido haciendo sus superiores y compañeros, en
torno a un presunto actuar irregular para acceder a los empleos.
ii) El proveído recurrido carece de soporte probatorio, es subjetivo, denota
prejuicios y animosidad, imputa conductas que no se presentaron, sugiere una
responsabilidad penal o disciplinaria de los participantes en el concurso
demandado y de los servidores de la administración, es contrario al precedente
horizontal10 y sobrepasa la naturaleza del control de legalidad propio de la acción
de simple nulidad.
iii) La sentencia apelada causa agravio injustificado a quienes se presentaron al
proceso de selección, pese a que no se les garantizó su derecho de defensa.
iv) El Consejo de Estado ha sostenido que el sector de la salud goza de un
régimen especial o específico de carrera administrativa y la administración del
personal también reviste unas particularidades que impiden atender a la normativa
9
Folios 1407 a 1444.
10
Los apelantes invocaron la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del
proceso con radicado 17.217, adelantado por el señor Ricardo Vásquez Calderón.
11
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
general, como la Ley 27 de 1992 y el Decreto 256 de 1994, citados en la
demanda.11 A su vez, el departamento de Boyacá acató las disposiciones
especiales, de las cuales se destacan las Leyes 13 de 1984 y 10 de 1990; los
Decretos 694 de 1975, 1468 de 1979, 482 de 1985 y 1334 de 1990; y la
Resolución 6506 de 1993.
v) Los servidores que se desarrollaron el certamen actuaron de forma imparcial y
con apego al ordenamiento superior.
vi) Tampoco se presentaron irregularidades con el cuerpo asesor del proceso; por
el contrario, se resalta que su conformación es facultativa, constituye un apoyo
para el nominador, no adopta decisiones y lo integran funcionarios del nivel
directivo o ejecutivo que conozcan la institución, conforme lo prevé la Resolución
6506 de 1993.
vii) Dicho grupo estudió las hojas de vida de los ciudadanos inscritos, expresó su
voluntad como un órgano colegiado y los resultados de su actuación se
transcribieron en las listas de admitidos y rechazados. Además, el gobernador y el
secretario de salud de Boyacá estuvieron al margen de cualquier injerencia por
parte de aspirantes o de otros empleados.
viii) La parte accionada proporcionó todas las garantías desde la inscripción y su
gestión estuvo vigilada por la «Procuraduría Departamental de Boyacá». Se
resalta que la prueba de conocimientos fue diseñada e implementada por el DAFP;
las entrevistas se hicieron a quienes superaron dicho examen con base en
cuestionarios previamente definidos y diligenciados para cada uno de ellos, según
las escalas de evaluación; fueron realizadas por funcionarios de la administración
con solvencia moral e intelectual y se encaminaron a seleccionar a los ciudadanos
con mayores méritos académicos, profesionales y personales en orden a mejorar
la eficiencia en la administración pública.
11
Los apelantes se apoyaron en doctrina e invocaron la sentencia del 17 octubre de 1996, expediente
13.017, C.P. Dra. Dolly Pedraza de Arenas.
12
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
ix) El gobernador de Boyacá adelantó el concurso dentro del plazo fijado en las
Leyes 10 de 1990 y 27 de 1992, pues ello debía ocurrir antes de que culminara su
período constitucional en 1994. Este proceso venía acompañado de una serie de
actividades tendientes a normalizar la prestación del servicio de salud, definir la
naturaleza de los hospitales y la forma en que debía administrarse el personal.
x) La CNSC dejó sin efectos unas pocas convocatorias «con un evidente
contrasentido».
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Los accionantes guardaron silencio. El departamento de Boyacá12 y los terceros
intervinientes13 reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del
proceso.
1.6. El ministerio público
La Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
sentido de solicitar que se confirme la sentencia de primera instancia, con
fundamento en los siguientes razonamientos: 14
i) En el sub lite se omitió conformar el comité en los términos ordenados por el
artículo 7 del Decreto 256 de 1994. Además, dos de las personas designadas no
tomaron parte dentro de este, por lo que no pudieron ejercer las actuaciones
propias de asesoría en la etapa previa y posterior desarrollo de la convocatoria.
12
Folios 1578 a 1580.
13
Folios 1581 a 1582, 1584 a 1586.
14
Folios 1587 a 1597.
13
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
ii) Resulta irregular que se hubiera abierto el concurso antes de homologar el plan
de cargos a proveer, pues ello les impidió a los aspirantes conocer el número de
vacantes, perfiles y funciones.
iii) El calendario para la realización de las entrevistas afectó el derecho al debido
proceso y participación de los participantes.
iv) El señor Rodrigo Homero Numpaque Piracoca, en su condición de Jefe de la
Oficina Jurídica del departamento de Boyacá, fungió como entrevistador.
Posteriormente, su hermano, el señor Carlos Ernesto Numpaque Piracoca fue
nombrado en virtud del proceso de selección cuestionado. Esta situación de
parentesco «nos lleva a presumir de la entrevista, un posible interés directo en su
resultado».
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación, el problema jurídico se
contrae a determinar si el concurso de méritos convocado el 9 de noviembre de
1994 por el departamento de Boyacá, encaminado a proveer algunos cargos
adscritos a la Secretaría de Salud Pública de dicho ente territorial, se ajustó al
ordenamiento jurídico superior.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Recuento histórico del régimen de carrera administrativa
El sistema de carrera administrativa ha sido entendido como el mecanismo
prevalente para garantizar que las personas más idóneas accedan a la función
14
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
pública, así como otorgar estabilidad e igualdad de oportunidades para
desempeñar los empleos oficiales.
De esta manera, los cargos de carrera deben proveerse mediante procesos de
selección objetivos y transparentes en los que se privilegie el principio del mérito
por constituir un presupuesto de ingreso, permanencia y ascenso en los cargos
públicos.
En el presente caso se estudia la legalidad de un concurso de méritos convocado
y celebrado en el año 1994, por lo que se hace necesario hacer un breve recuento
histórico de la carrera administrativa en aras de verificar la normativa que regía
dicho certamen.
En tal sentido, es preciso recordar que la Ley 165 de 1938 implementó por primera
vez la carrera administrativa en Colombia y la reforma plebiscitaria de 1957 la
elevó a rango constitucional. En cuanto al contexto político y social que dio lugar a
la expedición de dichas normas, es pertinente citar el siguiente aparte: 15
Desde los primeros intentos de regular legalmente los aspectos técnicos de la
administración de personal vinculado al Estado colombiano, se ha tenido como
fundamento de dicha iniciativa la idea según la cual condicionar el ingreso y la
permanencia de las servidores públicos a los cuadros de la función oficial, por razón
de sus calidades y condiciones personales, así como por su perfeccionamiento,
permite obtener mejores rendimientos de los mismos y, por tanto, una más eficiente
y respetable gestión del servicio público.
Dicha idea reforzada por otros argumentos técnicos como los de la motivación a los
funcionarios; además el mayor grado de injerencia y responsabilidad del Estado
contemporáneo en la satisfacción de necesidades públicas permitió al legislador
diseñar las primeras bases de los sistemas de selección, adiestramiento, calificación
y promoción o ascenso y retiro de la función pública de la Carrera Administrativa. En
este proceso, aunque no existiese mandato constitucional expreso que la
consagrase, se encuentran como antecedente más remoto las disposiciones
establecidas por la Ley 165 de 1938 […].
[…] Posteriormente, en otro marco de condiciones políticas e institucionales se
desarrolla el fenómeno de la reforma plebiscitaria de 1957 que se ocupa profunda-
15
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia del 10 de septiembre de 1991, radicado: 2333, acta 46,
Sentencia 130, acción de inexequibilidad contra el artículo 2 de la Ley 61 de 1987.
15
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
mente del punto de la Carrera Administrativa hasta consagrar constitucionalmente
su existencia jurídica (arts. 5o. y 7o. del Plebiscito de 1957). En dicha oportunidad
se fundamentó su elevación a canon constitucional en el predicado según el cual la
controversia política partidista no podía condicionar en el ámbito de la burocracia la
eficiencia de la administración; se trató entre otros propósitos de superar una de las
causas directas de la violencia política y de darle mayor estabilidad a la estructura
técnica del Estado con el propósito mancomunado de los partidos tradicionales e
históricos comprometidos con la democracia nacional.
Posteriormente, la Ley 19 de 1958, desarrollada por el Decreto 1732 de 1960, creó
la Escuela Superior de Administración Pública y el Departamento Administrativo
del Servicio Civil en aras de organizar la carrera administrativa como un sistema
técnico que permitiera una racional gestión del personal al servicio del Estado.
Dicho sistema fue modificado por sucesivas normas, entre las que se destacan los
Decretos 2400 y 3074 de 1968 y 1950 de 1973, que regularon la admisión a los
concursos, requisitos de la convocatoria y plazo para su publicación, contenido del
aviso, obligatoriedad y modificaciones a la convocatoria, modalidades de los
certámenes, actas finales, reclamaciones y plazo para resolverlas, listas de
elegibles, período de prueba e inscripción en el sistema de carrera.
Más adelante, la Ley 61 de 1987 se reconoce como «la última innovación
legislativa en materia de función pública, durante la vigencia de la Constitución de
1886»,16 pero no derogó todas las normas anteriores; por el contrario, modificó y
adicionó los Decretos 2400 y 3074 de 1968.
Por su parte, el artículo 125 de la Constitución Política de 1991 dispuso que los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera con excepción de
los de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley.
16
Corte Constitucional, Sentencia C-195 de 1994.
16
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
En vigencia de la nueva Carta, en materia de carrera administrativa, se resalta la
expedición de las Leyes 27 de 1992, 443 de 1998 y 909 de 2004, última que rige
en la actualidad y que ha sido modificada por las Leyes 1033 y 1093 de 2006,
1575 de 2012, 1960 de 2019 y los Decretos Leyes 19 de 2012 y 894 de 2017.
Estas normas y sus decretos reglamentarios también se han ocupado de regular
las etapas de los procesos de selección desde el reclutamiento hasta la
conformación de la lista de elegibles y han mantenido la orientación que desde la
Ley 165 de 1938 ha tenido el país, en el sentido de institucionalizar el principio del
mérito como criterio para escoger a los servidores públicos.
2.2.2. Carrera administrativa en el sector de la salud
En el anterior acápite se hizo un recuento de las normas que se enfocaron en
regular la carrera administrativa, establecer los procedimientos para el proceso de
selección de personal, así como determinar las etapas, requisitos y demás
elementos necesarios para proveer los cargos públicos bajo el principio del mérito.
Sin embargo, como se verá a continuación, durante los tránsitos normativos antes
anotados, se profirieron otras disposiciones que aludieron a dicho sistema para el
área de la salud, por lo que algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia han
afirmado que se trata de un régimen específico o especial de carrera.
En tal sentido, se observa que el Decreto 694 de 1975 fijó el «Estatuto de
Personal para el Sistema Nacional de Salud» y estableció la carrera administrativa
para los empleados «de los organismos de dirección del Sistema Nacional de
Salud de las entidades creadas, o autorizada su creación, por Ley de la República,
Ordenanza Departamental, Acuerdo Municipal, Intendencial, Comisarial o Distrital,
que prestan servicios de salud, inclusive los de la seguridad social, y de las
dependencias de otras entidades del sector público que prestan servicios de
atención médica». Del ámbito de aplicación de este decreto únicamente se
exceptuaron las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional que prestaran
servicios de atención médica.
17
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
El Decreto 1468 de 1979 reglamentó la aludida norma y dispuso que tendrían
derecho a acceder a la carrera administrativa «todos los funcionarios que ocupen
empleos de carrera en el Ministerio de Salud, en los Servicios Seccionales de
Salud, en las Unidades Regionales de Salud y en las entidades adscritas al
Sistema y que hayan cumplido con todos los requisitos para su inscripción». 17
El artículo 20 ibidem dispuso que el proceso de selección comprende las etapas
de reclutamiento, oposición o concurso y período de prueba. A su vez, los
artículos 21 y siguientes reglamentaron dichas etapas, incluyendo los plazos para
hacer la convocatoria, contenido del aviso, modificaciones, inscripción de los
aspirantes, admisión y fases del concurso, clases de pruebas, análisis de
antecedentes, entrevista, cursos de capacitación, jurados calificadores,
conformación de la lista de elegibles y vigencia, reclamaciones y las
consecuencias de no resolverlas oportunamente, utilización de las listas de
elegibles, retiro de las listas, término para escoger candidato, comunicación y
aceptación del nombramiento, período de prueba, efectos de los concursos
desiertos y calificación en período de prueba.
El artículo 208 del referido Decreto 1468 de 1979, dispuso que en los aspectos no
contemplados específicamente por dicha norma, se aplicarían «las leyes vigentes
para la administración de personal de la Rama Ejecutiva del poder Público, en
especial los Decretos 2400 y 3074 de 1968 y 1950 de 1973».
Por su parte, la Ley 10 de 1990 reorganizó el Sistema Nacional de Salud y precisó
que el sector salud estaría integrado por los subsectores oficial y privado.
Respecto del primero, dispuso lo siguiente:18
1. El subsector oficial, al cual pertenecen todas las entidades públicas que dirijan o
presten servicios de salud, y específicamente:
17
Artículo 193.
18
Artículo 5.
18
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
a) Las entidades descentralizadas directas o indirectas del orden nacional;
b) Las entidades descentralizadas directas o indirectas del orden departamental,
municipal, distrital o metropolitano o las asociaciones de municipios;
c) Las dependencias directas de la Nación o de las entidades territoriales;
d) Las entidades o instituciones públicas de seguridad social, en lo pertinente a la
prestación de servicios de salud, sin modificación alguna de su actual régimen de
adscripción;
e) La Superintendencia Nacional de Salud, que a partir de la vigencia de la presente
Ley, es un organismo adscrito al Ministerio de Salud, dentro del marco de la
autonomía administrativa y financiera que le señala la ley, sin personería
jurídica. [Resalta la Sala].
El artículo 27 ibidem se refirió a la carrera administrativa en los siguientes
términos:
Artículo 27. Régimen de carrera administrativa. A los empleos de carrera
administrativa de la Nación, de las entidades territoriales, y de las entidades
descentralizadas de cualquier nivel administrativo, para la organización,
administración y prestación de los servicios de salud, se aplicará el régimen
previsto en la Ley 61 de 1987 y en el Decreto 694 de 1975, incluidas las normas
sobre calificación de servicios, en cuanto sea compatible con dicha ley y con lo
previsto en la presente.
[…]
A los empleados de las entidades territoriales o de sus entes descentralizados, que
al entrar en vigencia esta Ley, se encuentren desempeñando un cargo de carrera,
sin estar inscritos en la misma, se les aplicará lo dispuesto en los artículos 5° de la
Ley 61 de 1987, pero, se podrán tener en cuenta, además del manual general de
funciones que para el sector salud expida el Gobierno Nacional, los manuales
específicos de cada entidad.
Los municipios deberán acogerse al régimen de carrera administrativa, a más de
tardar el 30 de julio de 1991, y las demás entidades territoriales, antes del 30 de
diciembre de 1990.
[…]. [Resalta la Sala].
De acuerdo con la anterior transcripción, la Ley 10 de 1990 remitió a la Ley 61 de
1987 y al Decreto 694 de 1975 en lo concerniente a la carrera administrativa de
las entidades y dependencias relacionadas con la organización, administración y
prestación de los servicios de salud.
19
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
Ahora bien, la Ley 27 de 1992 desarrolló el artículo 125 de la Constitución Política
y precisó que «[l]as disposiciones que regulan el régimen de administración de
personal civil que presta sus servicios en la rama ejecutiva, contenidas en los
Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968, la Ley 13 de 1984 y la Ley 61 de 1987, sus
decretos reglamentarios y las normas que las modifiquen o adicionen son
aplicables a los empleados del Estado que prestan sus servicios en las entidades
u organismos de los niveles Nacional, Departamental, Distrital diferentes al Distrito
Capital, Municipal y sus entes descentralizados, en las Asambleas
Departamentales, en los Concejos Municipales y Distritales y en las Juntas
Administradoras Locales, excepto las Unidades de Apoyo que requieran los
diputados y Concejales».
Además, se previó que los servidores que prestaran sus servicios en «entidades y
sectores con carreras especiales o sistemas específicos de administración de
personal, continuarán rigiéndose por las normas vigentes para ellos consagradas
en la Constitución y la Ley».
En virtud de la anterior previsión, esta corporación ha sostenido que la Ley 61 de
1987 y el Decreto 694 de 1975 siguieron proyectando sus efectos aún en vigencia
de la Ley 27 de 1992 y con anterioridad a la expedición de la Ley 443 de 1998, ya
que la Ley 27 de 1992 salvaguardó los regímenes especiales y específicos
proferidos con anterioridad.19 Igualmente, se ha aclarado que «algunas normas del
régimen general de carrera administrativa les serían aplicables a los servidores
públicos de la salud, para llenar los vacíos de la anotada preceptiva especial y
siempre que sean compatibles con ella».20
También es preciso resaltar que el Consejo de Estado no ha sentado el criterio de
que en vigencia de la Ley 10 de 1990 el sector de la salud gozara de un régimen
especial o específico de carrera, sino que ha reconocido la existencia de unas
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de octubre de 1996, radicado: 13017.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2006, radicado: 15001-
23-31-000-1998-01083-01 (7536-05).
20
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
normas especiales y las ha armonizado con el régimen general. En tal sentido se
destaca la siguiente providencia: 21
En criterio de la Sala, cuando el actor se vinculó al servicio estaban vigentes la Ley
27 de 1992, el Decreto 1222 de 1993 y el Decreto Reglamentario 2329 de 1995,
que tienen plena aplicación para el Sistema Nacional de Salud, en tanto los
empleados pertenecientes al mismo no fueron excluidos expresamente de su
aplicación por no constituir un sistema especial o específico de carrera.
[…]
Por su parte, el capítulo IV de la Ley 10 de 1990 clasificó los empleados del
Sistema Nacional de Salud, bajo el criterio funcional, en empleados públicos, por
regla general, y trabajadores oficiales, quienes se dediquen al mantenimiento de la
planta hospitalaria.
En estas normas no se precisó la existencia de una carrera especial o específica
para el Sistema Nacional de Salud, es más, podría decirse que estos empleados
siempre han estado sometidos al régimen general de carrera administrativa, aunque
algunas normas han regulado aspectos especiales en cuanto a la permanencia y
ascenso en el servicio.
En consonancia con el anterior lineamiento, la Sala de Consulta y Servicio Civil fijó
el alcance de la Ley 27 de 1992 frente a lo regulado por la Ley 10 de 1990 para el
sector de la salud, en los siguientes términos: 22
1. La ley 27 de 1992, los Decretos - leyes 1221 y 1222 de 1993 y
el Decreto reglamentario 1223 del mismo año, son normas de carácter general,
que expresamente modifican la Ley 61 de 1987, que también ostenta carácter
general y que no es aplicable a empleados públicos con regímenes especiales,
salvo en aquellos casos en que las normas específicas hacen remisión a ella.
[…]
De manera, que si por expresa disposición, contenida en regímenes
especiales, la Ley 61 de 1987 ha sido aplicada a servidores del Estado
sometidos a ellos, las nuevas normas que la modifican deben ser aplicadas a
dichos servidores, mientras las disposiciones especiales no regulen otra
cosa.
2. Los artículos 7° y 8° de la ley 27 de 1992, modificaron en lo pertinente
la ley 61 de 1987 y el Decreto ley 2400 de 1968; de suerte que, como se expresó
en el punto anterior, por regla general se aplica a los empleados públicos que no
están sometidos a estatutos especiales de administración de personal. Pero, de
manera excepcional, se pueden hacer extensivos a servidores públicos
regidos por normas especiales cuando éstas expresamente así lo ordenen. Tal
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de marzo de 2007, radicado: 05001-
23-31-000-1997-00273-01 (1710-04).
22
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 534 del 31 de agosto de 1993.
21
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
es el caso de los servidores de carrera del Sistema Nacional de Salud, que, de
acuerdo con el artículo 27 de la ley 10 de 1990, están sometidos en dicho
aspecto a la ley 61 de 1987.
[…]
3. Los procesos de selección de personal para el servicio público en la
administración nacional, deben ceñirse a lo previsto por el Decreto - Ley 1222
de 1993. [...]. [Resalta la Sala].
El contexto normativo y jurisprudencial antes descrito, permite arribar a las
siguientes conclusiones en orden a determinar la normativa aplicable al concurso
enjuiciado en el sub lite y que se convocó en el mes de noviembre de 1994:
i) La Ley 10 de 1990 reorganizó el Sistema Nacional de Salud y estableció
algunas reglas para el personal adscrito a esa sector. Se entiende que a este
pertenecen quienes laboren en entidades o dependencias que dirijan, administren,
organicen o presten servicios de salud, lo cual comprende a las secretarías de
salud de los entes territoriales, según se desprende de los artículos 1 y 27 ibidem.
ii) La Ley 10 de 1990 siguió vigente aún ante la expedición de la Ley 27 de
1992 y solamente fue derogada por la Ley 443 de 1998, en lo que respecta al
régimen de carrera administrativa.
iii) La Ley 10 de 1990 determinó que la carrera administrativa del personal de
la salud se regiría por la Ley 61 de 1987 y el Decreto 694 de 1975, la primera de
carácter general y el segundo especial para dicho sector. Esto quiere decir que por
remisión expresa de la Ley 10 de 1990, en los aspectos no regulados por las
disposiciones especiales, el personal de la salud se rige por la normativa general
en materia de carrera administrativa.
iv) La Ley 10 de 1990 efectuó una remisión al Decreto 694 de 1975, pero no se
refirió al Decreto 1468 de 1979 que lo reglamentó; sin embargo, debe entenderse
que la alusión a la primera norma también conduce a que se apliquen las
disposiciones que la modifiquen y reglamenten. Además, el Decreto 1468 de 1979,
22
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
mantuvo su vigencia hasta el 5 de agosto de 1998, cuando fue derogado
expresamente por el artículo 165 del Decreto 1572 de ese año.
v) La Ley 61 de 1987 fue modificada por la Ley 27 de 1992, el Decreto Ley
1222 de 1993 y los Decretos reglamentarios 256 y 805 de 1994, por ende, estos
cambios normativos también rigen para los concursos convocados en vigencia de
las nuevas disposiciones.
2.3. Hechos probados
• El 22 de agosto de 1994, mediante Decreto 012[-]234, el gobernador de Boyacá
adoptó el Manual General de Funciones y Requisitos del Subsector Oficial del
Sector Salud, contenido en el Decreto 1335 de 1990. Igualmente, se dispuso que
dicho manual sería aplicado por la Secretaría de Salud de Boyacá «a propósito de
la inscripción de funcionarios en el escalafón de carrera administrativa, hasta
cuando sea expedido el Manual Específico de funciones y requisitos de la
entidad».24
• El 4 de noviembre de 1994, mediante Resolución 3690, el secretario de salud de
Boyacá creó el «grupo técnico de apoyo y selección para la oficina de personal»
de dicha dependencia, con el fin de que colaborara en el proceso de selección
para proveer cargos de carrera administrativa. El equipo se integró con los
siguientes servidores: secretario de salud, subsecretario de salud, jefe de división
administrativa, asesor del gobernador, asistente financiero y dibujante. A su vez,
se les asignaron las siguientes funciones:25
1. Asesorar y colaborar al Jefe de Personal en todos los procesos de la convocatoria
de los cargos a proveer.
23
El número es ilegible.
24
Folios 267 a 268 anexos.
25
Folios 87 a 88.
23
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
2. Revisar todos los documentos de los aspirantes que se inscriban.
3. Emitir concepto o relación de aspirantes admitidos y no admitidos al concurso.
• Mediante convocatorias 1 a 29, 31 a 59 y 62, con «fecha de fijación» del 9 de
noviembre de 1994, el departamento de Boyacá, Secretaría de Salud, dio apertura
a concurso abierto para proveer los cargos identificados en cada una de las
convocatorias con el número de vacantes, denominación, código, grado,
dependencia, salario, lugar de trabajo, requisitos de desempeño y funciones. Para
el efecto, se estableció el siguiente calendario: 26
INSCRIPCIONES: Del 21 al 23 de noviembre Lugar: Oficina de Personal
de 1994 Secretaría de Salud de Boyacá
LISTA ACEPTADOS Y RECHAZADOS: RECLAMOS: ENTREGA DE
25 de noviembre de 1994 26 y 27 de CREDENCIAL:
noviembre de 1994 30 de noviembre
REALIZACIÓN DEL CONCURSO
FECHA: 3 de diciembre de 1994 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL
HORA: 7:30 A 9:30 A.M.27 CONCURSO
LUGAR: INEM - TUNJA 7 de diciembre de 1994
PRUEBAS QUE SE APLICARÁN
CLASE DE PRUEBA CARÁCTER Califica. PESO
DE LA PRUEBA Aprobato. PORCENTUAL
1 Prueba de Aptitud Eliminatoria 60 35%
2 Entrevista Clasificatoria 60 35%
3 Análisis de Clasificatoria 60 30%
Antecedentes
• El 11 de noviembre de 1994, por Decreto 001589, el gobernador de Boyacá
homologó los cargos de la planta de personal de la Secretaría de Salud a las
denominaciones previstas en el Decreto 1335 del 23 de junio de 1990 y estableció
un listado con los siguientes ítems: «nombre del cargo», «número cargos»,
«denominación del cargo al cual se asimila» y «código».28
26
Folios 14 a 72.
27
La hora varía en las convocatorias.
28
Folios 78 a 84.
24
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
• El 17 de noviembre de 1994, el departamento de Boyacá suscribió la
«MODIFICACIÓN DE CONVOCATORIA» e informó lo siguiente: 29
Las convocatorias a proveer cargos tienen fecha de fijación el 9 de noviembre de
1994 y fueron publicadas el día 11 de 3 a 5 de la tarde, por lo tanto requiere hacerse
una modificación en la recepción de inscripción en la lista de aceptados y
rechazados, reclamos, entrega de credenciales, realización de concurso y
comunicación de resultados de concurso, así:
• Entrega de formularios de inscripción del 16 al 25 de noviembre de 1994
• Inscripciones del 31 al 30 de noviembre de 1994
• Lista de aceptados y rechazados el 2 de diciembre de 1994
• Reclamos el 5 y 6 de diciembre de 1994
• Entrega de credenciales el 10 de diciembre de 1994
• Realización de las pruebas el 15 de diciembre en el mimo lugar y hora citadas en
cada una de las convocatorias
• Publicación de resultados 19 de diciembre de 1994
NOTA: LA PRESENTE MODIFICACIÓN NO IMPLICA QUE LAS PRUEBAS DETERMINADAS EN LAS
CONVOCATORIAS TENGAN ALGÚN CAMBIO
• El 18 de noviembre de 1994, por Decreto 001620, el gobernador de Boyacá
modificó el Decreto 001589 del 11 de noviembre de 1994, para i) adicionar 3
cargos de revisor de cuentas, asimilado al cargo de revisor de documentos, código
504550, en la División Administrativa, Sección Financiera, Grupo Tesorería; y ii)
excluir un cargo de conductor, asimilado a conductor, código 605040, de la
División Administrativa, Sección Servicios Generales, Grupo de Conductores.30
• El 23 de noviembre de 1994, la asistente financiera y el dibujante que habían
sido designados por Resolución 3690 del 4 de noviembre de 1994 para conformar
el grupo técnico de apoyo y selección dentro del certamen enjuiciado,
manifestaron que no podían suministrar su colaboración, pues solo hasta ese día
se enteraron de la existencia de dicho acto y no habían participado en ninguno de
los aspectos referentes al proceso de convocatoria.31
29
Folio 73.
30
Folios 85 a 86.
31
Folio 93.
25
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
• Los días 28 y 29 de diciembre de 1994 y el 3 de enero de 1995 se fijaron para la
realización de las entrevistas dentro del concurso demandado en el sub lite.32
• El 30 de diciembre de 1994, se efectuaron 35 nombramientos en virtud de la
«convocatoria realizada en el año 1994».33
• El 24 de mayo de 1995, mediante la Resolución 5001, la CNSC dejó parcialmente
sin efectos las convocatorias 1 a 10, 16 y 17 del 9 de noviembre de 1994. 34
• El 21 de diciembre de 1996, por Resolución 13481, la CNSC desató el recurso de
reposición interpuesto contra la anterior decisión y resolvió «dejar sin efectos
totalmente los procesos de selección correspondientes a las convocatorias Nos.
01 a 10 y 16 y 17 del 9 de noviembre de 1994, efectuados por la Secretaría de
Salud de Boyacá, para proveer los cargos de jefe de sección código 271545 y
coordinador de área código 381045». También se ordenó revocar los
nombramientos en período de prueba efectuados como resultado de los aludidos
concursos, así como las inscripciones en el escalafón de carrera administrativa.
Dicha decisión se fundó en los argumentos que a continuación se resumen:35
i) La carrera administrativa del sector salud se rige por el Decreto 1468 de 1979 y,
en los aspectos no regulados, por los Decretos 1222 de 1993 y 256 de 1994.
ii) Por lo tanto, la normativa general se aplica para las siguientes actuaciones:
integración del comité de selección;36 información que debe contener la
32
Información suministrada el 3 de enero de 1995 por la Oficina de Personal de la Secretaría de Salud de
Boyacá (folios 261 a 262, anexos).
33
Folios 254 a 257, anexos.
34
Folios 89 a 92 y 137 a 140 anexos.
35
Folios 30 a 38 y 128 a 136 anexos.
36
Artículo 7 del Decreto 256 de 1994, modificado por el Decreto 805 de 1994.
26
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
convocatoria37 y su divulgación;38 conformación de la lista de elegibles;39 y
nombramiento en período de prueba de quien ocupó el primer lugar. 40
iii) Pudo «constatarse la existencia de las siguientes anomalías y situaciones
presentadas en los concursos convocados por la Secretaría de Salud de Boyacá»:
Respecto a la conformación del Comité Asesor
[…] “Para ninguno de los procesos de selección se creó el Comité Asesor; mediante
Resolución No. 3690 de 1994, se conforma el Grupo Técnico de Apoyo y Selección,
el cual no actuó en su totalidad, y no le fueron otorgadas las funciones que la norma
le otorga al Comité Asesor”.
Si bien, la integración de este grupo técnico de apoyo y selección se efectuó sin
sujeción a las previsiones que para el comité de selección establece el artículo 7º.
del Decreto 256 de 1994, modificado por el artículo 1º. del Decreto 805 del mismo
año, dicha irregularidad no constituiría por sí sola un vicio insubsanable, pero se
encuentra plenamente probado dentro de la investigación adelantada por la
Dirección de Apoyo a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que dos (2) de los
miembros de dicho grupo de trabajo no aceptaron integrarlo y que tampoco
desempeñó a plenitud las funciones asignadas al Comité de Selección para
garantizar la objetividad y transparencia de los procesos de selección lo cual, entre
otros se traduce, en el importante número de reclamación (sic) presentadas con
ocasión de los concursos.
Respecto a las convocatorias:
La Secretaría de Salud de Boyacá no posee manual de funciones y requisitos
mínimos. Los concursos fueron convocados atendiendo a lo establecido en el
Decreto 1335 de 1990, por ello las funciones descritas para los cargos de Jefes de
Sección y Coordinadores de Área, son las mismas. Tampoco se determinaron
equivalencias ni las disciplinas académicas para las convocatorias Nos. 01 a 011,
016 y 017, circunstancia que ha debido tenerse en cuenta en la elaboración de las
convocatorias.
[…]
Respecto a la entrevista:
En ella se miden ocho factores, con una escala de valoración numérica de 1 a 5. El
mismo formato se utilizó en todos los procesos de selección, sin discriminar los
factores por nivel, requisitos, ni funciones.
37
Artículo 12 del Decreto 256 de 1994.
38
Artículos 6 del Decreto 1222 de 1993 y 14 y 15 del Decreto 256 de 1994.
39
Artículo 9 del Decreto 1222 de 1993 y 34 del Decreto 256 de 1994.
40
Artículo 10 del Decreto 1222 de 1993. En consonancia con la Sentencia C-040 de 1995.
27
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
Las entrevistas se realizaron los días 28 y 29 de diciembre de 1994, por sorteo, que
fue publicado el mismo día, imposibilitando que los concursantes residentes fuera
de la ciudad de Tunja, se presentaran a la prueba.
Ahora bien, al analizar el informe presentado por la comisión investigadora se
encuentra que un lapso de dos (2) horas, se practicaron entrevistas para seis (6) y
hasta nueve (9) convocatorias, es decir, catorce (14) minutos por convocatoria, lo
cual resulta antitécnico, máxime si se considera que el número de aspirante para las
diferentes convocatorias oscilaba entre 3 y 24 personas. Este hecho se encuentra
corroborado en las declaraciones rendidas por los señores Henry Santiago Suta y
Migdolia Guerra Parra.
Para la prueba de entrevista, en todas las convocatorias se le otorgó el carácter de
clasificatorio, con un mínimo aprobatorio de 60 puntos, lo que técnicamente
determinaría que la prueba fuese de carácter eliminatorio.
De otra parte, revisados los informes de las pruebas en cuestión, figuran anexos a
cada hoja de vida pero no están firmados por los jurados que en ella intervinieron y
están calificados a lápiz.
Así mismo, se pudo verificar que en esta prueba se otorgaron puntuaciones altas a
aquellos aspirantes que venían en provisionalidad y que en la prueba escrita de
aptitud, aplicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
ocuparon 4º., 5º. o 7º. lugar; situación que los ubicó en los primeros puestos de las
listas de elegibles.
Respecto a la prueba de análisis de antecedentes:
No existen informes precisos que determinen si se realizó su puntuación. De
acuerdo a la información suministrada por el jefe de personal de la Entidad, que
forma parte del informe rendido por las Comisionadas de la Dirección de Apoyo a la
Comisión Nacional del Servicio Civil, los integrantes del grupo de apoyo realizaron la
puntuación de acuerdo a la tabla de puntajes del manual de selección y
escalafonamiento en carrera administrativa del Ministerio de Salud.
De acuerdo al informe presentado por las comisionadas, los puntajes solo figuran en
lápiz en el informe de entrevista, de manera informal, no se especifica fecha ni las
firmas de los jurados, lo que llevaría a presumir la no aplicación de esta prueba
como parte de los instrumentos de selección, máxime si se considera que los
resultados de entrevista fueron publicados el 30 de diciembre de 1994, fecha en que
se suscribieron también las resoluciones de listas de elegibles, los actos de
nombramiento, se comunicaron los mismos y se posesionaron los aspirantes así
elegidos en los respectivos cargos.
De otra parte, resaltan las comisionadas en el informe que del total de las
convocatorias correspondientes a los empleos que se llamaron a concurso y
concluyeron con nombramiento en período de prueba, aproximadamente el 20% de
los aspirantes no tenían nombramiento provisional.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
28
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
En este acápite se resolverán los motivos de inconformidad expuestos por los
apelantes frente a la decisión de primera instancia, en el siguiente orden:
2.4.1. Desconocimiento del precedente judicial
Los intervinientes manifestaron que la sentencia de primera instancia desconoció
un fallo anterior, suscrito por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que otorgó
validez al concurso ahora cuestionado.
Los interesados no aportaron copia de la providencia en comento; sin embargo, en
un esfuerzo por pronunciarse sobre el aludido argumento, esta Sala revisó el
sistema de consulta del Consejo de Estado y, con base en el nombre del actor que
suministraron los interesados,41 se encontró que la Sección Quinta desató el
recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por el mencionado
tribunal en la que se estudió una demanda de nulidad electoral, 42 pero en aquella
oportunidad no se analizó el concurso de méritos ahora enjuiciado, sino uno
celebrado en el año 1997 y, por lo tanto, no podría predicarse una violación al
precedente horizontal o vertical, ya que no existe identidad de objeto entre el
presente asunto y el proceso invocado por los apelantes.
2.4.2. El concurso demandado se ajustó a la normativa aplicable
Los recurrentes afirmaron que la decisión del a quo carece de respaldo fáctico y
normativo, pues estiman que el concurso enjuiciado se llevó a cabo de manera
imparcial, transparente y con respeto de las normas que rigen la carrera
administrativa en el sector salud, por lo que no es posible aplicar los parámetros
generales invocados en la demanda.
41
Señor Ricardo Vásquez Calderón. Es preciso aclarar que el sistema de consulta también reporta una acción
de tutela, en la que actuó como accionante el referido ciudadano; sin embargo, los apelantes hicieron
referencia a un proceso ordinario y no a una acción de tutela, por lo que no se ahondará en razonamientos
frente a esta. Además, dicho mecanismo de amparo se interpuso con posterioridad a la presentación de la
apelación, por lo que aquella no podría fundarse en este nuevo trámite constitucional, cuyo radicado es
11001-03-15-000-2013-01978-00/01.
42
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de octubre de 2001, radicado: 15001-23-31-000-
2000-01721-01 (2546).
29
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
Al respecto, la Sala debe indicar que el concurso acusado no se regía
exclusivamente por las normas del sector de la salud, por cuanto la Ley 10 de
1990 determinó que su régimen de carrera administrativa atendería a lo
establecido en la Ley 61 de 1987 y el Decreto 694 de 1975, que contienen
disposiciones tanto generales como especiales y deben aplicarse de manera
congruente y armónica por expresa disposición del legislador.
Al respecto, es pertinente retomar el Concepto 534 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil de esta corporación, referenciado en acápites precedentes, en el
cual se expuso la interpretación que ahora se acoge, con base en los siguientes
razonamientos: 43
1. El régimen de administración de personal conformado por los decretos
leyes 2400 y 3074 de 1968, el decreto reglamentario 1950 de 1973, la ley 13 de
1984 y la ley 61 de 1987, es de carácter general, aplicable a los empleados
oficiales del orden Nacional que no se encuentran sometidos a regímenes
especiales.
Excepcionalmente, estas disposiciones se han hecho extensivas a servidores
del Estado con estatutos especiales, cuando de manera expresa en ellos se
remite a las normas generales. Tal es el caso de los empleados del sistema
nacional de salud, a quienes, por expresa disposición de la ley 10 de 1990,
mediante la cual se reorganiza dicho sistema, se les ha venido aplicando la ley
61 de 1987 (art. 27).
La Sala considera oportuno precisar que los regímenes especiales relativos a la
administración de personal, prevalecen sobre los estatutos generales que se
refieren a la misma materia y, por lo mismo, las normas generales los
modifican o adicionan sólo cuando una de sus disposiciones lo ordena
expresamente. En este sentido se reitera el criterio expuesto en el concepto de 12
de junio de 1989 (radicación 282) que en el aparte final sostuvo: "...De donde se
deduce que el régimen de la carrera administrativa prescrita por el decreto - ley
694 de 1975 se aplica a los empleados del servicio de salud de Bogotá, por ser
parte integrante del Sistema Nacional de Salud y, por su carácter especial,
prevalece sobre los estatutos generales relativos a la misma materia".
[…]
3. […] la citada ley 27 de 1992, modificó la ley 61 de 1987 […].
De manera, que si en este caso, por remisión expresa, se aplica la ley 61 de
1987 y ésta es modificada por la ley 27 de 1992, las nuevas normas se
43
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 534 del 31 de agosto de 1993.
30
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
aplicarán en su lugar, mientras no sea modificada la norma especial que
ordena dicha aplicación. [Resalta la Sala].
De acuerdo con los anteriores lineamientos, en consonancia con el acápite
normativo antes descrito, el concurso convocado en el mes de noviembre de 1994
para proveer cargos en la Secretaría de Salud Pública de Boyacá debía ceñirse a
las siguientes disposiciones especiales y generales:
i) Normativa especial. Decretos 694 de 1975 y 1468 de 1979, porque la Ley 10
de 1990 remitió a su aplicación y, como quedó expuesto, las normas especiales
eran prevalentes para los procesos de selección que se adelantaran en el
sector de la salud.
ii) Normativa general. Ley 27 de 1992 y demás normas que la reglamentaran y
modificaran, de las que se destacan los Decretos 1222 de 1993, 256 y 805 de
1994. En efecto, el personal que laboraba en las entidades o dependencias
encargadas de dirigir o prestar servicios de salud no estaba exceptuado de la
normativa general; por el contrario, aquella debía aplicarse en los aspectos no
regulados por las disposiciones especiales.
Una vez aclarado lo anterior, se observa que los apelantes defendieron la
legalidad del concurso demandado en lo que respecta a los siguientes aspectos:
2.4.2.1. Grupo asesor
Los recurrentes sostuvieron que no se presentaron irregularidades con la
conformación del comité asesor del concurso, pues no era imperativo integrarlo y
en todo caso hubo un equipo veedor, que estudió las hojas de vida de los
ciudadanos inscritos, expresó su voluntad como un órgano colegiado y los
resultados de su actuación se reflejaron en las listas de admitidos y rechazados.
Además, la procuraduría de Boyacá y el Departamento Administrativo de la
Función Pública garantizaron que el certamen se cumpliera conforme a derecho.
31
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
Agregaron que el gobernador y el secretario de salud de Boyacá estuvieron al
margen de cualquier injerencia por parte de aspirantes u otros empleados, al
punto que la prueba de conocimientos fue diseñada e implementada por el DAFP.
Al respecto, es preciso indicar que en este caso no se ha controvertido la prueba
de conocimientos, ni el a quo hizo referencia a esta para anular el concurso
demandado, por lo cual, la Sala se abstendrá de hacer un análisis frente a ello.
En relación con el comité asesor, se observa que el tribunal de primera instancia
acudió al artículo 7 del Decreto 256 de 1994. En esta oportunidad se ratifica la
aplicabilidad de dicha disposición al asunto analizado, pues, como el certamen se
convocó en vigencia de la Ley 27 de 1992, también debían atenderse las demás
disposiciones que la modificaran o reglamentaran entre las que se encuentran el
Decreto 1222 de 1993 y el referido Decreto 256 de 1994, que en su artículo 7
dispuso lo siguiente:
Artículo 7. Para la ejecución de cada proceso de selección o concurso, en los
organismos se conformará un comité asesor, integrado por el nominador o su
delegado, el jefe de personal o quien haga sus veces, y un empleado, con formación
y experiencia en el área de desempeño del empleo objeto de selección, designado
por el jefe del organismo.
Ahora bien, por Resolución 3690 del 4 de noviembre de 1994, el secretario de
salud de Boyacá creó el «grupo técnico de apoyo y selección para la oficina de
personal» de dicha dependencia, con el fin de que colaborara en el proceso de
selección para proveer empleos de carrera administrativa. El equipo se integró con
los servidores que ocupaban los cargos de secretario de salud, subsecretario de
salud, jefe de división administrativa, asesor del gobernador, asistente financiero y
dibujante; sin embargo, los dos últimos declinaron su participación porque no
habían sido informados oportunamente de la decisión y desconocían los aspectos
inherentes al proceso de selección.
Lo anterior evidencia que al referido equipo no se llamó al nominador, esto es, el
gobernador de Boyacá, ni se explicó si alguno de los otros funcionarios actuaba en
32
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
condición de delegados de aquel y tampoco intervino el jefe de la oficina de
personal.
Aunado a ello, al grupo únicamente se le asignaron las funciones de asesorar y
colaborar con el jefe de personal en todos los procesos de la convocatoria; revisar
los documentos de los aspirantes y emitir concepto o relación de aspirantes
admitidos y no admitidos al concurso; sin embargo, el artículo 8 del Decreto 256
de 1998, modificado por el Decreto 805 de 1994, dispuso que las actividades que
debía cumplir el comité asesor serían las siguientes:
1. Elaborar el proyecto de la convocatoria para el concurso.
2. Vigilar que el concurso se realice de acuerdo con lo establecido en la
convocatoria, y en caso de encontrar anomalías, informar al nominador.
3. Elaborar y firmar el acta del concurso.
En este orden de ideas, el grupo conformado por la Resolución 3690 del 4 de
noviembre de 1994 no se integró en la forma prevista por el Decreto 256 de 1994
ni cumplió las funciones asignadas en dicha norma, las cuales eran relevantes
para garantizar que el certamen se celebrara con la rigurosidad técnica y
transparencia requeridas, pues se trataba de un proceso de selección en el que el
mérito debía ser el criterio orientador, por ende, el diseño de la convocatoria, la
configuración del concurso y su desarrollo debían sujetarse a las disposiciones
que los regulaban.
Es preciso indicar que el comité debía elaborar el proyecto de convocatoria, la cual
«es norma reguladora de todo concurso»,44 por ende, la omisión de integrar el
referido equipo de trabajo en un asunto tan relevante ponía en riesgo el proceso
de selección, teniendo en cuenta este primer acto es decisivo para que los
ciudadanos puedan inscribirse y conocer los términos en que se desarrollará el
certamen.
44
Artículo 13 del Decreto 256 de 1994.
33
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
2.4.2.2. Etapa de entrevista
Los apelantes sostuvieron que las entrevistas se hicieron a quienes superaron la
prueba de conocimientos. Además, se utilizaron cuestionarios previamente
definidos y diligenciados, según las escalas de evaluación; fueron realizadas por
funcionarios de la administración con solvencia moral e intelectual y se
encaminaron a seleccionar a los ciudadanos con mayores méritos académicos,
profesionales y personales en orden a mejorar la eficiencia en la administración
pública.
Ahora bien, en relación con la entrevista que se llevó a cabo dentro del certamen
enjuiciado, el a quo evidenció que el cronograma para agotar dicha etapa no
garantizó el derecho de contradicción ni la igualdad de oportunidades, pues no
hubo un plazo razonable para su realización.
Al respecto, es pertinente acudir a la Resolución 13481 del 21 de diciembre de
1996, proferida por la CNSC, en la que se consignaron varias inconsistencias en el
concurso objeto de análisis, por cuanto se trata de un acto que goza de
presunción de legalidad y su expedición se fundó en una investigación realizada
por dicho ente dentro del marco de las competencias que en ese momento le
había asignado la Ley 27 de 1992, entre ellas, la referida a «[c]onocer, de oficio o
a petición de parte, de las irregularidades que se presenten en la realización de los
procesos de selección, pudiendo dejarlos sin efecto, total o parcialmente; excluir
de las listas de elegibles a las personas que hubieren incurrido en violación a las
leyes o los reglamentos que regulan la administración de personal civil al servicio
del Estado y ordenar la revocatoria de nombramientos u otros actos
administrativos, si comprobare que éstos se efectuaron con violación de las
normas que regulan la materia».45
En la mencionada resolución se indicó que las entrevistas «se realizaron los días
28 y 29 de diciembre de 1994, por sorteo, que fue publicado el mismo día,
45
Artículo 14, literal b).
34
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
imposibilitando que los concursantes residentes fuera de la ciudad de Tunja, se
presentaran a la prueba». Este hecho evidencia que la etapa de entrevistas
incumplió con uno de los presupuestos esenciales de los procesos de selección
para proveer cargos públicos, esto es, la igualdad de oportunidades que deben
tener todos los ciudadanos para ocuparlos.
En efecto, la libertad e igualdad de condiciones para hacer parte de la función
pública es una garantía de rango constitucional, expresada en el derecho que
tiene todo ciudadano de «participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político», dentro del que se comprende la posibilidad de desempeñar cargos
públicos.46
En este orden de ideas, en los concursos se encuentran en juego valores de orden
superior que no solo atañen al mérito que debe primar para acceder a los empleos
oficiales, sino que involucran delicadas garantías para viabilizar un orden político y
social justo, como lo son los principios democráticos y la participación de los
asociados en el devenir de la Nación y en las decisiones que se adoptan desde
todas las esferas de la administración, las ramas del poder y demás órganos que
integran la denominada estructura del Estado.
De otro lado, se observa que las pruebas se realizaron los días 28 y 29 de
diciembre de 1994 y los nombramientos se efectuaron el 30 siguiente, es decir,
que no se concedió un plazo para controvertir los resultados de la entrevista, pese
a que tanto las normas generales como especiales, vigentes para el momento en
que se celebró el certamen, hicieron especial énfasis en el derecho de
contradicción.
En efecto, el Decreto 1468 de 1979 previó la posibilidad de presentar objeciones
frente a los resultados del concurso y el deber de la administración de resolverlas
a tiempo, en los siguientes términos:
46
Artículo 40 de la Constitución Política.
35
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
Artículo 38. De los reclamos en los concursos. Los reclamos por presuntas
irregularidades en los concursos podrán presentarse ante el Jefe de la Unidad de
Personal que celebra el concurso o ante quien haga sus veces. El reclamo solo
podrá ser presentado dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de
publicación de los resultados del concurso y la decisión habrá de producirse dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recepción del reclamo. La
decisión que se tome será apelable, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la notificación de la decisión, ante el Jefe del organismo o entidad, quien deberá
resolver dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al de la presentación de la
apelación mediante providencia motivada.
Artículo 39. De los reclamos no decididos. Vencidos los quince (15) días, en los dos
casos a que se refiere el artículo anterior, sin que se haya producido decisión sobre
el reclamo o apelación, se entenderá que éstas son procedentes y la Unidad de
Personal repetirá el concurso.
Por su parte, el artículo 29 del Decreto 256 de 1994 estableció que en los
concursos debía garantizarse el derecho a realizar reclamaciones y a que estas se
resolvieran oportunamente. En tal sentido, se especificó lo siguiente:
Artículo 29. Los reclamos por las posibles irregularidades que se presenten durante
el concurso deberán ser puestos en conocimiento de la respectiva Comisión del
Servicio Civil por cualquiera de los participantes o por la entidad interesada, dentro
de un término máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de los resultados de la última prueba del concurso. Copia de la
reclamación deberá enviarse por el reclamante a la entidad respectiva.
Si la reclamación es formulada por los participantes fuera de dicho término, se
considerará extemporánea y por tanto no se le dará trámite. No obstante lo anterior,
la respectiva Comisión del Servicio Civil podrá avocar, en cualquier momento, el
conocimiento de la situación objeto del reclamo, con el fin de establecer las posibles
violaciones de las normas que regulan los concursos.
Mientras la Comisión emite su concepto, para cuyo efecto podrá oír a los
interesados, no podrá suscribirse el acta de concurso por la entidad ni
firmarse la correspondiente lista de elegibles. [Resalta la Sala].
De acuerdo con las anteriores disposiciones, la forma en que se desarrolló el
concurso enjuiciado quebrantó la normativa que lo regulaba, pues no se otorgó la
posibilidad de controvertir los resultados de la prueba de entrevista y además se
conformó la lista de elegibles y se hicieron los nombramientos respectivos sin que
mediara un plazo para presentar reclamaciones y obtener una respuesta frente a
estas.
36
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
La anterior irregularidad desconoció que el concurso de méritos es «una actuación
administrativa que debe ceñirse a los postulados del debido proceso
constitucional»,47 por ende, también en los procesos de selección resulta
imperativo salvaguardar todos los elementos que componen dicho derecho, en
especial los de contradicción y defensa, traducidos en la posibilidad de presentar
reclamaciones y obtener una respuesta oportuna y congruente con la
inconformidad manifestada por el aspirante.48
Igualmente, la CNSC, en la Resolución 13481 de 1996, precisó que para todas las
entrevistas se utilizó idéntico formato «sin discriminar los factores por nivel,
requisitos, ni funciones».
Esta irregularidad pugna con uno de los principales objetivos que persigue la
carrera administrativa, esto es, reclutar las personas que acrediten las mejores
condiciones morales y profesionales para ocupar un empleo público de acuerdo
con el nivel, funciones y responsabilidades asignadas. 49 Al respecto, la Corte
Constitucional ha sostenido lo siguiente:50
Si la carrera administrativa, como ya se expresó, se fundamenta única y
exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público, la
administración debe seleccionar al más destacado, es decir, a quien ha demostrado
una mejor preparación, conocimiento y competencia, de acuerdo con las
funciones del empleo y a las necesidades del servicio público.
47
Corte Constitucional T-090 de 2013.
48
En relación con el debido proceso administrativo, la Corte Constitucional ha precisado que «(i) el debido
proceso se desarrolla a partir del conjunto de exigencias y condiciones previstas por la ley para adelantar un
procedimiento administrativo y judicial; (ii) está provisto de garantías mínima definidas en la Carta Política y
la jurisprudencia constitucional, las cuales deben ser observadas por el Legislador al regular cada
procedimiento; (iii) la extensión del debido proceso al ámbito de la administración es una característica de
especial relevancia en el diseño constitucional del año 1991, de manera que en todas las actuaciones de las
autoridades públicas debe asegurarse la participación del interesado, y sus derechos de defensa y
contradicción; pero (iv), a pesar de ello no es posible trasladar irreflexivamente el alcance de las garantías
judiciales a las administrativas porque en el segundo ámbito existe una vinculación a dos mandatos
constitucionales, que deben ser armónicamente satisfechos. De una parte, las del artículo 29 Constitucional
y de otra parte, las del debido proceso administrativo, definidas en el artículo 209 de la Carta Política (y
actualmente desarrolladas por el Legislador en el artículo 3º del CPACA). Por ello, el segundo es más ágil
rápido y flexible». [Sentencia C-034 de 2014].
49
Artículo 8 del Decreto 1222 de 1993.
50
C-040 de 1995.
37
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
[…] existen otros factores en los que la calificación meramente objetiva es
imposible, y es allí en donde aparece un elemento subjetivo que, en ciertas
ocasiones, podría determinar la selección, como sería por ejemplo, el análisis de las
condiciones morales del aspirante, su capacidad para relacionarse con el público,
su comportamiento social, etc, condiciones que el nominador está obligado a juzgar
con prudencia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad, basado solamente en el
interés público, el buen servicio, y las funciones propias del empleo, lo que no
equivale a sustraerlo a su juicio. […].
[…] un verdadero concurso de méritos es aquél en el que se evalúan todos y cada
uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la
administración pública, dentro de una sana competencia para lograr una selección
justa, equitativa, imparcial y adecuada a las necesidades del servicio público.
[Resalta la Sala].
De acuerdo con el anterior lineamiento, la prueba de entrevista realizada en el sub
lite también debió sujetarse a parámetros que permitieran verificar la idoneidad de
los aspirantes para ocupar los empleos ofertados con base en las funciones que
debían desempeñar, pero ello no ocurrió en este caso; por el contrario, la prueba
se practicó de manera uniforme y sin atender a las necesidades del servicio.
Además, el término para realizar las entrevistas fue inferior a 14 minutos por
convocatoria, es decir, que en ese lapso debían escucharse entre 3 y 24
personas, según el número de inscritos, situación que la CNSC calificó como
antitécnica.
El a quo también reprochó que uno de los entrevistadores era hermano de un
concursante. Al respecto, se resalta que el entrevistador del aspirante fue una
persona diferente a su pariente; sin embargo, el artículo 34 del Decreto 1468 de
1979 proscribió tal situación, en tanto preceptuó que «[l]os integrantes de los
jurados no deberán tener vínculos de parentesco, amistad o enemistad con
ninguno de los aspirantes».
A su vez, la CNSC encontró que los formatos de entrevista fueron diligenciados con
lápiz y los jurados no los firmaron. También al plenario se allegaron dichos
documentos, cada uno titulado «valoración del candidato», que contiene los
38
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
nombres del concursante y de los entrevistadores, el cargo al que aspira y los
ítems objeto de valoración; sin embargo, no se indicó la fecha de la entrevista ni la
hora y algunos formularios no tienen diligenciado ningún nombre de entrevistador
y otros dos o tres entrevistadores. 51
Los anteriores aspectos podrían catalogarse como meramente formales, pero las
irregularidades observadas en el diligenciamiento de los formatos de entrevista
junto con las demás situaciones antes advertidas, evidencian que la
administración departamental faltó al rigor técnico que debió observarse en la
práctica de esta prueba en aras de garantizar la veracidad de los resultados y
generar confianza en los aspirantes de que el certamen se estaba desarrollando
con el cuidado requerido para escoger a las personas con mejores condiciones
para desempeñar los empleos públicos ofertados.
2.4.2.3. Plazo perentorio
Los apelantes sostuvieron que el gobernador de Boyacá adelantó el concurso
dentro del plazo fijado en las Leyes 10 de 1990 y 27 de 1992, pues ello debía
ocurrir antes de que culminara su período constitucional en 1994. Este proceso
venía acompañado de una serie de actividades tendientes a normalizar la
prestación del servicio de salud, definir la naturaleza de los hospitales y la forma
en que debía administrarse el personal.
Al respecto, es preciso indicar que el hecho de que las Leyes 10 de 1990 y 27 de
1992 impusieran el deber de adelantar los concursos de méritos para proveer los
cargos vacantes, no significaba que la administración estaba habilitada para
adelantar un concurso sin garantizar el derecho de contradicción y defensa de los
intervinientes y mucho menos omitir las etapas y demás garantías establecidas
por el ordenamiento superior para lograr su correcto desarrollo.
51
Cuaderno de pruebas en el que reposan las hojas de vida de los aspirantes y los formatos de entrevista.
39
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
2.4.3. Actuar irregular de la CNSC
Los intervinientes manifestaron que la CNSC dejó sin efectos unas pocas
convocatorias «con un evidente contrasentido»; sin embargo, la Sala se abstendrá
de analizar este motivo de inconformidad, ya que en el plenario no se encuentra
acusada la Resolución 13481 del 21 de diciembre de 1996, suscrita por dicha
entidad.
Así las cosas, los razonamientos expuestos en esta providencia permiten concluir
que el fallo apelado se fundó en derecho y en el material probatorio arrimado al
plenario y de ninguna manera se puede entender como una decisión prejuiciosa o
subjetiva, como lo sostuvieron los recurrentes, pues se profirió en el ejercicio
legítimo de la función judicial.
También es preciso aclarar que, contrario a lo afirmado por los intervinientes, la
sentencia recurrida no imputó responsabilidad penal o disciplinaria a los
participantes en el concurso demandado ni a los servidores de la administración
departamental, pues ello escapa a la competencia del juez en el marco del medio
de control de simple nulidad.
También es oportuno indicar que el juicio de legalidad que se emite en el sub lite
de ninguna manera constituye un reproche para quienes se inscribieron el referido
proceso de selección, pues se entiende que participaron de acuerdo con los
lineamientos impartidos por la administración departamental; por lo tanto, en este
caso no se están atribuyendo conductas irregulares a título personal, sino que el
análisis se ha limitado a identificar los aspectos en que el certamen se apartó de la
normativa que lo regulaba, sin que ello conduzca a identificar un responsable, por
cuanto esta no es la instancia para ello.
2.4.4. Confianza legítima
Los apelantes sostuvieron que participaron en el concurso demandado, fueron
40
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
nombrados al amparo de la confianza legítima y mantienen la vinculación gracias
a sus altas calificaciones de desempeño, por lo que deben protegerse sus
derechos.
Al respecto, es oportuno recordar que en el presente caso se interpuso una acción
de nulidad simple y no de nulidad con restablecimiento del derecho. Esta precisión
es relevante, toda vez que una y otra revisten elementos diferenciadores que
demarcan la competencia del juez de lo contencioso administrativo.
En relación con la finalidad que persiguen los referidos medios de control, la
doctrina ha precisado lo siguiente52:
Conocida en la práctica como la acción de nulidad, es la manifestación de
voluntad de un sujeto procesal, legitimado para ello, que se hace ante la
autoridad jurisdiccional contencioso administrativa, para que se suprima del
ordenamiento jurídico la totalidad o una parte de un acto administrativo de
carácter general o particular – en este caso, siempre y cuando la parte
demandante no tenga una pretensión adicional al simple respeto del orden
jurídico –, en la medida en que éste contraría directa o indirectamente
disposiciones legales o constitucionales superiores.
[…]
Mediante la pretensión de nulidad, como lo recuerda GONZÁLEZ PÉREZ53, no se
le solicita al juez que se reconozcan situaciones individuales, sino la
anulación del acto administrativo impugnado, en tanto éste contraviene el
orden jurídico. Esta especie de manifestación de voluntad implica la solicitud
al juez para que efectúe una confrontación entre el acto administrativo y el
ordenamiento legal superior, con de comprobar si existe contradicción y, en
tal caso, ordenar que cese su existencia y su carácter vinculante. También se
le conoce, por esa razón, como contencioso objetivo – mediante el proceso,
la autoridad jurisdiccional examinará la disposición acusada frente al
ordenamiento jurídico, sin referencia específica a derechos subjetivos
concretos – o de simple nulidad, en contraposición a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, como se le denomina en Colombia – o de
plena jurisdicción como se le conoce en Francia, en la que sí se examinan
situaciones o relaciones jurídicas particulares, adicionalmente a la anulación
de la norma jurídica –. En los contenciosos subjetivos, a diferencia del de
simple nulidad, la labor del juez va más allá de la simple confrontación, pues
52
Derecho Procesal Administrativo, Tomo I, Juan Carlos Galindo Vácha, Editorial TEMIS S.A., Bogotá D.C.,
2013, páginas 174 a 175.
53
GONZÁLEZ PÉREZ, ob. Cit., t. II, vol. I, pág. 411.
41
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
debe determinar si es necesario restablecer un derecho subjetivo o llevar a
cabo una determinada reparación, derivada de la vulneración del orden
jurídico por el acto acusado. […].
Teniendo en cuenta razonamientos análogos a los antes indicados, esta
corporación ha explicado que la acción de simple nulidad se encamina a restaurar
el ordenamiento jurídico que ha sido quebrantado por la administración al expedir
actos violatorios de normas superiores, mientras que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, además de la anotada finalidad, se orienta a
restablecer un derecho subjetivo que resultó afectado por los actos de la
administración.54
Bajo este contexto, la Sala carece de competencia para analizar las situaciones
particulares de los intervinientes, pues ello escapa a la naturaleza de la acción
incoada y a la pretensión de la demanda, la cual exclusivamente se encauzó a
obtener la nulidad de un acto administrativo general que convocó a un concurso
de méritos. En similar sentido, esta corporación ha sostenido lo siguiente: 55
61. Ahora bien, como las partes en este proceso han señalado que en
vigencia del Decreto Reglamentario 0969 de 2013 se adelantaron varios
concursos de mérito para proveer cargos de la carrera administrativa
especial de la DIAN, es necesario fijar los efectos de la presente providencia.
62. Al respecto, la Sala aclara que como el medio de control invocado por la
parte demandante fue el de Nulidad, la presente sentencia sólo se ocupó de
estudiar la legalidad de la norma demandada en abstracto y de manera
general y objetiva, sin considerar las situaciones particulares de los
participantes en los diferentes concursos públicos que se adelantaron para
proveer empleos de la carrera administrativa especial de la DIAN […].
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejero ponente: Dr. Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 11 de febrero de 2014, radicado: 54001 23 33 000 2012 00089 01
(19830), actor: Ingeniería Orinoco y CIA LTDA - INOR LTDA.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
27 de septiembre de 2018, radicado: 11001-03-25-000-2013-01304-00 (3319-13). También en sentencia del
1 de septiembre de 2015, , radicado: 11001-03-15-000-2002-01242-01 (681), la Sala Especial N.º 7 de
Decisión de esta corporación anuló la convocatoria a un concurso de méritos sin hacer consideraciones
adicionales frente a situaciones particulares.
42
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
De esta manera, no es posible ahondar en razonamientos frente a lo afirmado por
los intervinientes en el sentido de que la sentencia apelada causa agravio
injustificado a quienes se presentaron al proceso de selección, pese a que no se
les garantizó su derecho de defensa, ya que tal argumentación reconduce a un
análisis de situaciones particulares en un medio de control en el que solamente se
estudia la legalidad del acto general en aras de salvaguardar la vigencia del
ordenamiento superior.
Aunado a ello, no existen elementos que permitan estudiar casos concretos frente
a un concurso convocado en el año 1994, pues para el momento en que se
suscribe el presente fallo la planta de personal pudo sufrir modificaciones o
probablemente se presentaron situaciones administrativas que impiden conocer el
estado actual de la vinculación de quienes resultaron nombrados en virtud del
proceso de selección enjuiciado.
También es pertinente indicar que en el transcurso de la segunda instancia uno de
los intervinientes interpuso un incidente de nulidad por considerar que al proceso
debieron llamarse a los beneficiarios del concurso en comento; sin embargo, esta
corporación negó tal petición porque el presente asunto atañe a una acción
pública que puede interponer cualquier persona para cuestionar la legalidad de
una actuación administrativa en abstracto. Además, «en ningún momento se
restringieron los derechos de los terceros como tampoco la oportunidad para que
ellos intervinieran en el proceso» y «el Tribunal Administrativo de Boyacá como
también esta Corporación brindaron todas las oportunidades que el procedimiento
permite para amparar los derechos de las partes y los coadyuvantes». 56
2.5. La condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
56
Folios 132 a 135, cuaderno de incidente de nulidad.
43
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA.57
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que el concurso enjuiciado se apartó de la
normativa superior que lo regulaba y, en consecuencia, se confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró su nulidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 19 de febrero de 2004, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro de la demanda incoada por los señores
Domingo Arias Galindo y otros contra el departamento de Boyacá, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Reconocer personería jurídica al abogado Rafael Ricardo Hernández
Barrera como apoderado del departamento de Boyacá, conforme al poder obrante
en el folio 1613 del cuaderno principal.
57
Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez,
teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso,
incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.
44
Radicación: 15001-23-31-000-1995-15757-01 (0141-2007)
Demandante: Domingo Arias Galindo y otros
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
45
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.