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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00041-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00041-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR la nulidad de los Acuerdos CNSC – 20181000007656 del 7 de diciembre de 2018 y CNSC – 20191000002206 del 12 de marzo de 2019, suscritos por la CNSC y el distrito de Turbo, así como del Acuerdo 0024 del 27 de febrero de 2020 emitido por la CNSC. SEGUNDO. La presente decisión sólo puede afectar situaciones jurídicas no consolidadas. TERCERO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00041-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandantes: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de Turbo y Urabá
(SINDIEMPTUR) y otros1
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y distrito de Turbo
(Antioquia)

Tema: Deber de planeación en los concursos públicos de méritos para
proveer cargos de carrera administrativa.
Decisión: Accede a las pretensiones y declara la nulidad de los actos
acusados.

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra los Acuerdos CNSC –
20181000007656 del 7 de diciembre de 2018 2 y CNSC – 20191000002206 del 12
de marzo de 20193, suscritos por la Comisión Nacional del Servicio Civil (en
adelante, CNSC) y el distrito de Turbo, así como contra el Acuerdo 0024 del 27 de
febrero de 2020 emitido por la CNSC4.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La demanda de nulidad contra los actos administrativos controvertidos se
interpuso con fundamento en los siguientes hechos y cargos:

1 Sindicato Distrital de Trabajadores de Turbo y Urabá (SINDITRATUR); Sindicato Nacional de
Trabajadores Estatales (SINTRAESTATALES), Subdirectiva Turbo; y la Asociación Nacional de
Empleados de Tránsito y Transporte (ANDETT).
2 Acuerdo CNSC – 20181000007656 del 7 de diciembre de 2018, «[p]or el cual se convoca y se

establecen las reglas para el Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de
la Alcaldía Distrital de Turbo – Antioquia, Proceso de Selección No. 843 de 2018 – Municipios
priorizados para el post conflicto (municipio de 1ª a 4ª categoría)».
3 Acuerdo CNSC – 20191000002206 del 12 de marzo de 2019, «[p]or el cual se modifican los

artículos 1°, 2°, 3° y 11° del Acuerdo No. 20181000007656 del 07 de diciembre de 2018, en el marco
de Proceso de Selección No. 843 de 2018 – Municipios priorizados para el post conflicto (municipio
de 1ª a 4ª categoría)».
4 Acuerdo 0024 del 27 de febrero de 2020, «[p]or el cual se modifican los artículos 11°, 14° y 25° del

Acuerdo No. 20181000007656 del 7 de diciembre de 2018, de la Alcaldía de Turbo – Antioquia, en
el marco de Proceso de Selección No. 843 de 2018 – Municipios priorizados para el post conflicto
(municipio de 1ª a 4ª categoría)».

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

2. En relación con el Acuerdo CNSC – 20181000007656 del 7 de diciembre de
2018, por medio del cual se convocó el proceso de selección para proveer empleos
vacantes del sistema general de carrera administrativa de la planta de personal del
distrito de Turbo, la parte actora invocó, en primer lugar, la falta de competencia por
parte del señor Daflys Romaña Mena, quien suscribió el acto en representación de
la entidad territorial sin tener «ningún vínculo legal y reglamentario con la
administración distrital» ni contar con acto de delegación del alcalde.

3. Frente a ese mismo acuerdo, también formularon el cargo de infracción de
normas superiores, al sostener que el distrito no participó en la planeación conjunta
del concurso, pues no intervino en los actos preparatorios, no reportó las vacantes
definitivas ni entregó la apropiación presupuestal requerida para soportar la
convocatoria, en contravía de los artículos 2.2.6.34 y 2.2.36.3.2 del Decreto 1083
de 2015. En respaldo de esa afirmación, aportaron la declaración juramentada del
señor Bernardo León Osorio Zapata, quien para la época de los hechos se
desempeñaba como jefe de la Unidad de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía
Distrital de Turbo, asesor jurídico de talento humano y coordinador del proceso de
reestructuración de la planta de cargos del distrito.

4. Añadieron que esa falta de intervención también se evidenciaba en que la
oferta de empleos se estructuró con fundamento en la planta de cargos contenida
en el Decreto 212 de 2015, anulada por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo mediante sentencia del 2 de agosto de 2016, lo que, a su juicio,
demostraba que quien suscribió el acuerdo desconocía la situación administrativa
de la entidad.

5. En cuanto al Acuerdo CNSC – 20191000002206 del 12 de marzo de 2019,
mediante el cual se modificó parcialmente la convocatoria inicial en lo relacionado
con el número de vacantes, la parte actora reprochó el desconocimiento del artículo
2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, que impone el deber de reportar las que tengan
carácter definitivo, pues solo se ofertaron 180 empleos pese a que existían más de
230 cargos que no habían sido provistos en propiedad.

6. Añadieron que esa omisión desconoció el derecho a la igualdad de quienes
ocupaban en provisionalidad vacantes definitivas, al privarlos de la posibilidad de
participar en el concurso de méritos para acceder en propiedad a esos empleos.

7. Ante esa situación, los demandantes presentaron múltiples requerimientos
ante el distrito y la CNSC para que informaran las razones por las cuales no se
había reportado en la OPEC el conjunto de vacantes existentes. Como resultado
de dichas solicitudes, el 4 de diciembre de 2019 se celebró una reunión en la que
la entidad territorial informó que se encontraba adelantando un proceso de
reestructuración de su planta de personal y que, una vez finalizado, reportaría los
empleos que se encontraban en vacancia definitiva.

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

8. Sostuvieron que, en desarrollo de los compromisos adquiridos, la
administración distrital expidió el Decreto 1202 del 13 de diciembre de 2019,
mediante el cual suprimió la planta de cargos de 2017 y reportó en la OPEC 340
empleos para su provisión definitiva. No obstante, posteriormente se retiraron 164
de ellos y se mantuvieron únicamente 180, situación que dio lugar a la expedición
del Acuerdo 0024 del 27 de febrero de 2020.

9. Respecto de este último acto, los demandantes afirmaron que las entidades
demandadas incurrieron en falsa motivación, pues, aunque el distrito de Turbo
afirmó que solo contaba con disponibilidad presupuestal para convocar la planta de
cargos de 2017, y así lo acreditó la certificación expedida por la tesorera el 10 de
febrero de 2020, en realidad mantuvo en concurso empleos creados en 2019, sin
modificar los manuales de funciones ni los perfiles de los cargos y sin respaldo
presupuestal.

10. Finalmente, cuestionaron la indebida motivación de los tres acuerdos
demandados, al señalar que todos identificaron la convocatoria como
correspondiente a municipios de primera a cuarta categoría, pese a que la Unidad
Administrativa Especial Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución
190 del 27 de noviembre de 2020, certificó al distrito de Turbo en quinta categoría
para la vigencia 2020.

11. Indicaron que esa clasificación tenía incidencia en las reglas del concurso,
dado que el sistema de calificación difiere según la categoría del ente territorial.
Mientras en los municipios de primera a cuarta categoría se valoran la experiencia
y los antecedentes, en los de quinta y sexta categoría las pruebas básicas y
funcionales representan el 70 % y las comportamentales el 30 %, sin ponderación
de antecedentes ni de estudios adicionales a los requisitos mínimos. En su criterio,
esa diferencia vulnera el derecho a la igualdad de los participantes.

Contestaciones de la demanda

12. Las entidades demandadas guardaron silencio.

Trámite de sentencia anticipada

13. Mediante auto del 13 de julio de 2023 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
configuración de la causal prevista en el literal a) del numeral 1 de esa disposición.
En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el litigio.
Posteriormente, en providencia del 1 de agosto de 2024, se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.

Alegatos de conclusión

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

14. Los demandantes, el distrito de Turbo y el Ministerio Público guardaron
silencio.

15. Por su parte, la CNSC presentó alegatos de conclusión en los que solicitó
negar las pretensiones de la demanda. En sustento, sostuvo que la parte actora no
desvirtuó la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos
enjuiciados, pues no cumplió con la carga procesal de formular una acusación clara,
pertinente y conducente que permitiera al juez adelantar el control abstracto de
legalidad.

16. Señaló que la validez del acuerdo de convocatoria no depende de la firma
del representante legal de la entidad beneficiaria, pues la jurisprudencia del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha precisado que esa suscripción no
constituye un requisito indispensable para la existencia ni para la validez del acto
administrativo.

17. Asimismo, indicó que la obligación de suministrar con veracidad y exactitud
la información requerida por la CNSC, así como la elaboración, actualización y
ejecución del manual de funciones, recaen exclusivamente en la entidad
convocante.

18. Finalmente, concluyó que los actos demandados fueron expedidos en
ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de la CNSC, con observancia
de los principios de igualdad y transparencia, y solicitó condenar en costas a la
parte demandante.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.

Problemas jurídicos

20. La Sala deberá resolver, en primer lugar, si el Acuerdo CNSC –
20181000007656 del 7 de diciembre de 2018 es ilegal por desconocer el deber de
planeación previsto en los artículos 31 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.6.34 del Decreto
1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, en la medida
en que: (i) no está acreditada la participación de la entidad territorial en los actos

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

preparatorios del concurso ni el reporte de la OPEC; (ii) habría sido suscrito en
representación del distrito de Turbo por una persona que, según la demanda, no tenía
competencia para ello; (iii) se estructuró con fundamento en la planta de cargos contenida
en el Decreto 212 de 2015, anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo
mediante sentencia del 2 de agosto de 2016; y (vi) tampoco se demostró la apropiación
presupuestal requerida para soportar la convocatoria.

21. Seguidamente, se determinará si el Acuerdo CNSC – 20191000002206 del
12 de marzo de 2019 desconoció el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, al
haber ofertado únicamente 180 empleos, pese a que existían más de 230 cargos
que no habían sido provistos en propiedad y debían reportarse en la OPEC, y si
esa omisión vulneró el derecho a la igualdad de quienes ocupaban en
provisionalidad vacantes definitivas.

22. A continuación, la Sala deberá establecer si el Acuerdo 0024 del 27 de
febrero de 2020 es ilegal por falsa motivación, pues aunque se sustentó en que solo
existía disponibilidad presupuestal para convocar la planta de cargos de 2017,
mantuvo en concurso empleos creados en 2019, sin ajustar los manuales de
funciones ni los perfiles de los cargos y sin respaldo presupuestal.

23. Finalmente, se estudiará si los acuerdos demandados incurrieron en
indebida motivación, al haber concebido la convocatoria como correspondiente a
municipios de primera a cuarta categoría, pese a que el distrito de Turbo fue
certificado en quinta categoría para la vigencia 2020, y si esa circunstancia vulneró
el derecho a la igualdad de los participantes.

Análisis de los problemas jurídico

24. La Sala declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, al
encontrar acreditada la causal de infracción de normas superiores. En efecto, no
obra en el expediente prueba de que, antes de la expedición del Acuerdo CNSC –
20181000007656 del 7 de diciembre de 2018, el distrito de Turbo hubiera
participado junto con la CNSC en la etapa de planeación del concurso, que
comprendía el reporte de la OPEC sobre la cual se estructuró la convocatoria.

Deber de planeación en los concursos públicos de méritos

25. El artículo 125 de la Constitución Política establece que, por regla general,
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción
de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no ha sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público de méritos.

26. En desarrollo de ese mandato, la Ley 909 de 2004 regula la carrera
administrativa como un sistema técnico de administración de personal que tiene por

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

objeto la eficiencia de la Administración Pública y reconoce el mérito como garante
de los principios de transparencia, objetividad e igualdad para el acceso,
permanencia y ascenso en el servicio público.

27. De otra parte, el artículo 130 de la Constitución Política atribuye a la CNSC,
como órgano autónomo e independiente, la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, con excepción de aquellas de carácter especial.
Esta función se desarrolla en la Ley 909 de 2004, que la define como un órgano
permanente del orden nacional, independiente de las ramas del poder público,
orientado a garantizar la plena vigencia del principio del mérito.

28. El Consejo de Estado ha precisado que, si bien la CNSC tiene a su cargo
la administración y vigilancia de los concursos públicos de méritos, la entidad
beneficiaria del proceso de selección también debe intervenir en la etapa previa a
la expedición de la convocatoria. Esa participación no se agota en la suscripción
formal del acto administrativo, sino que comprende actuaciones concretas de
coordinación y colaboración dirigidas a suministrar la información necesaria para
estructurar el concurso5.

29. La planeación del proceso de selección constituye una expresión de los
principios de coordinación y colaboración armónica previstos en los artículos 113 y
209 de la Constitución Política y, en materia de concursos de méritos, se concreta
en las actuaciones previas que deben adelantar conjuntamente la CNSC y la
entidad nominadora para hacer posible la expedición de la convocatoria.

30. El artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3
del Decreto 051 de 2018, desarrolla ese mandato al imponer a las entidades
territoriales el deber de «participar con la Comisión Nacional del Servicio Civil en el
proceso de planeación conjunta y armónica», lo que comprende, entre otras
actuaciones, el reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa
(en adelante, OPEC), la actualización de la planta de personal y de los manuales
de funciones, así como la acreditación de la disponibilidad presupuestal necesaria
para financiar el proceso.

31. A su turno, el artículo 2.2.36.3.2 ibidem, aplicable a los municipios
priorizados para el post conflicto, como ocurre en el caso del distrito de Turbo,
dispone que las entidades deben reportar los empleos de carrera administrativa
vacantes en forma definitiva que cuenten con apropiación presupuestal, en los
términos y condiciones que señale la CNSC.

32. En el presente asunto, los actores afirmaron que el Acuerdo CNSC –
20181000007656 del 7 de diciembre de 2018 fue expedido con desconocimiento
del deber de planeación, al sostener que el distrito de Turbo no participó en los

5Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 31 de enero de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-2016).

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

actos preparatorios del concurso ni reportó la OPEC que sirvió de base para
estructurar la convocatoria. Añadieron que el acto habría sido suscrito en
representación de la entidad territorial por una persona sin competencia para ello y
que tampoco se acreditó la apropiación presupuestal requerida para soportar el
proceso de selección.

33. En primer término, la Sala examinará el reparo relativo a la falta de
participación del distrito de Turbo en la etapa de planeación del concurso, que la
parte actora concretó en la ausencia de intervención en los actos preparatorios y
en la omisión en el reporte de las vacantes definitivas en la OPEC antes de la
suscripción del Acuerdo CNSC – 20181000007656 del 7 de diciembre de 2018.

34. Sobre el particular, esta Corporación ha precisado que el suministro de la
OPEC a la CNSC constituye un elemento necesario para adelantar los concursos
y, al mismo tiempo, una manifestación de los deberes de coordinación y
colaboración propios de la etapa de planeación, pues «la información que se
consolida en la oferta es la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos
para los empleos por proveer mediante el concurso de méritos. De esta manera, si
no se contara con ella, el certamen no podría llevarse a cabo»6.

35. En ese sentido, esta Subsección ha destacado la importancia de la OPEC
en los siguientes términos7:

El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para
elaborar la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en la
OPEC definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del sistema
del mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto preparatorio expedido
dentro del marco del proceso de planeación y colaboración armónica que debe surtirse
para la suscripción de la convocatoria8.

Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña
la convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas9.

36. De lo anterior se concluye que la elaboración y el reporte de la OPEC
constituyen una carga propia de la entidad territorial, pues comprenden la definición,

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-
03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00204-00 (1330-2019).
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y
11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).

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7

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

verificación y certificación de la información relativa a los empleos vacantes con
fundamento en la planta de personal y en el manual de funciones vigente.

37. En la parte motiva del Acuerdo CNSC – 20181000007656 del 7 de diciembre
de 2018 se dejó constancia de que «la CNSC realizó conjuntamente con el jefe de la
entidad la etapa de planeación» del concurso abierto de méritos y que la alcaldía
Distrital de Turbo consolidó y reportó en el SIMO la OPEC, compuesta por setenta y
dos empleos distribuidos en ochenta y seis vacantes. Asimismo, se indicó que la
convocatoria fue aprobada «con fundamento en el reporte de vacantes efectuado por
dicha entidad».

38. No obstante, los demandantes controvirtieron esas afirmaciones y sostuvieron
que el distrito de Turbo no participó en la etapa preparatoria del proceso de selección
ni reportó la OPEC que sirvió de fundamento para la expedición del acuerdo. En
respaldo de ese señalamiento, allegaron dos pruebas relevantes:

(i) La declaración juramentada rendida el 6 de julio de 2021 por Bernardo León
Osorio Zapata, quien manifestó que para la época de los hechos se
desempeñaba como jefe de la Unidad de Control Interno Disciplinario de la
Alcaldía Distrital de Turbo, supervisor del área de talento humano y
coordinador del proceso de reestructuración administrativa. En esa diligencia
afirmó de manera expresa: «puedo dar fe, que para suscribir el acuerdo N°
CNSC - 20181000007656 del 07/12/2018, el distrito de Turbo no participó en
los actos previos, esto es entrega de la planta cargos vacantes definitiva y la
disponibilidad presupuestal del mismo»10.

(ii) La petición presentada el 20 de febrero de 2019 por Alejandro Abuchar
González, alcalde del distrito de Turbo, ante la CNSC, mediante la cual solicitó
corregir el Acuerdo CNSC – 20181000007656 del 7 de diciembre de 2018, al
advertir que los empleos ofertados no correspondían a la planta de cargos
vigente, pues «la mayoría de los cargos ofertados no existen actualmente».
Añadió que «lastimosamente en el proceso de información, el municipio de
Turbo, no participó o en su defecto omitió entregar la información necesaria»,
razón por la cual solicitó corregir el error y modificar la OPEC11.

39. Esos elementos de convicción no fueron desvirtuados por las entidades
demandadas, pues no contestaron la demanda y en los antecedentes
administrativos allegados no se advierte documento que permita verificar la
participación del distrito de Turbo en la etapa de planeación del concurso y el reporte
de la OPEC que sirvió de base para la expedición del Acuerdo CNSC –
20181000007656 del 7 de diciembre de 2018.

10 Índice 3 de Samai.
11 Índice 3 de Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

40. Por tal razón, mediante auto del 13 de julio de 2023, el despacho ordenó
requerir a la CNSC y al distrito de Turbo para que, en el término de diez días,
allegaran al proceso la totalidad de los antecedentes administrativos que sirvieron
de fundamento para la expedición de los actos enjuiciados.

41. En cumplimiento de ese requerimiento, la CNSC, mediante memorial del 1
de agosto de 2023, informó que la documentación relacionada con el proceso de
selección del distrito de Turbo que reposaba tanto en las bases de Orfeo como en
la página de la entidad, correspondía a: (i) los acuerdos demandados; (ii) un
requerimiento del 29 de enero de 2020 dirigido al municipio, en el que se advirtieron
inconsistencias en las OPEC; (iii) la respuesta del 12 de febrero de 2020 suscrita
por un comisionado al alcalde de Turbo, en la que se accedió a reabrir el aplicativo
SIMO para realizar ajustes a esa oferta entre el 12 y el 15 de ese mes; (iv) el acta
del 6 de febrero de 2020, suscrita por asesores de la administración distrital y
funcionarios de la Comisión, en donde se expusieron inquietudes relacionadas con
la apropiación presupuestal; y (v) un correo electrónico del 15 de febrero de 2020,
remitido por la Alcaldía de Turbo, mediante el cual se adjuntó el registro de la oferta
actualizada12. El distrito guardó silencio frente al requerimiento del despacho.

42. De esa relación se advierte que, con excepción de los acuerdos
demandados, la totalidad de los documentos allegados en respuesta al citado
requerimiento corresponde a actuaciones surtidas en el año 2020, esto es, con
posterioridad al 7 de diciembre de 2018, fecha de expedición del Acuerdo CNSC –
20181000007656.

43. Igual conclusión se impone respecto de las pruebas aportadas con la
demanda, pues ninguna de ellas hace parte de la etapa de formación del acto, sino
a actuaciones posteriores al año 2018. Por tanto, no obra en el expediente elemento
de juicio que acredite que, antes de la suscripción de la convocatoria, el distrito de
Turbo hubiera participado en la planeación del concurso o reportado las vacantes
definitivas en la OPEC, en los términos consignados en la parte motiva del acuerdo.

44. A ello se suma que esa información tampoco pudo ser verificada por otros
medios, pues no fue posible consultar en la página web de la CNSC las actuaciones
adelantadas en el proceso de planeación del acuerdo de convocatoria.

45. Ahora bien, aunque en principio corresponde a la parte actora acreditar los
hechos en que funda sus pretensiones, en este caso la verificación del cumplimiento
de la etapa de planeación dependía de antecedentes administrativos que debían
reposar en poder de las entidades demandadas. Por ello, una vez requeridas para
allegarlos, la ausencia de tales soportes impide tener por acreditado que el distrito
de Turbo hubiera participado en la planeación conjunta con la CNSC y, en particular,
que hubiera reportado la OPEC sobre la cual se estructuró la convocatoria.

12 Índice 19 de Samai.

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

46. No puede perderse de vista que la acusación formulada por la parte
demandante constituye una negación indefinida, esto es, la afirmación de que el
distrito de Turbo no participó en la etapa de planeación ni reportó la OPEC, lo cual,
conforme a las reglas de la carga de la prueba, trasladaba a las entidades
demandadas el deber de acreditar que sí cumplieron con esas obligaciones13. Sin
embargo, ninguna de ellas allegó elemento probatorio alguno encaminado a
desvirtuar ese señalamiento, pese a haber sido expresamente requeridas para ello.

47. En esas condiciones, se concluye que el Acuerdo CNSC –
20181000007656 del 7 de diciembre de 2018 fue expedido con infracción de normas
superiores, en particular del artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado
por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, pues no obra en el expediente prueba de
que, antes de su suscripción, el distrito de Turbo hubiera participado en la
planeación conjunta del concurso ni reportado la OPEC que sirvió de base para
estructurar el proceso de selección.

48. En consecuencia, la Sala declarará la nulidad del Acuerdo CNSC –
20181000007656 del 7 de diciembre de 2018 y se relevará del estudio de los demás
reproches formulados contra ese acto, así como de los cargos dirigidos contra los
acuerdos modificatorios.

49. Comoquiera que la nulidad recae sobre el Acuerdo CNSC –
20181000007656 del 7 de diciembre de 2018, esa misma decisión se extenderá a
los Acuerdos CNSC – 20191000002206 del 12 de marzo de 2019 y 0024 del 27 de
febrero de 2020, en cuanto modificaron parcialmente el acto de convocatoria cuya
validez ha quedado desvirtuada.

Efectos en el tiempo de la decisión de nulidad

50. Con el propósito de determinar el alcance temporal de la presente decisión,
la Sala consultó la plataforma SIMO de la CNSC, específicamente la Consulta
General de Listas de Elegibles14, en relación con el proceso de selección núm. 843
de 2018.

51. De dicha consulta se advierte que, respecto de al menos dos de los empleos
convocados en el marco de los acuerdos demandados, ya fueron conformados y
adoptados los registros de elegibles: la Resolución 5045 del 3 de abril de 2023,
referida al empleo de Comisario de Familia, Código 202, Grado 12, identificado con

13
«Sobre este aspecto han sido unánimes las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado al, considerar que las afirmaciones o negaciones indefinidas son aquellas que ni
indirecta o implícitamente conllevan ninguna afirmación o negación opuesta: que no sólo son
indeterminables en el tiempo y en el espacio, sino que, en la práctica, no son susceptibles de probar
por medio alguno. En estos casos, de acuerdo a las reglas generales sobre la carga de la prueba, el
fardo probatorio se invierte, correspondiéndole a la parte demandada probar el supuesto de hecho
contrario». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia
del 7 de octubre de 1992, radicado 4442.
14 Disponible en https://bnle.cnsc.gov.co/bnle-listas/bnle-listas-consulta-general.

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

el código OPEC núm. 124906, y la Resolución 4745 de la misma fecha,
correspondiente al empleo de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 2,
identificado con el código OPEC núm. 124897. Esta circunstancia torna necesario
un pronunciamiento sobre la modulación de los efectos en el tiempo de la presente
sentencia.

52. En relación con la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de
carácter general, la jurisprudencia contenciosa administrativa ha precisado que, por
regla general, la invalidez de la actuación tiene efectos retroactivos que se remontan
al momento mismo en que nació a la vida jurídica; y que, excepcionalmente, tendrá
efectos únicamente hacia el futuro frente a situaciones jurídicas consolidadas15.

53. Tratándose de la nulidad de los acuerdos de convocatoria, esta Subsección
ha considerado que la precitada excepción es aplicable a los casos en que ya se
han consolidado listas de elegibles, habida cuenta que las personas que las
conforman han adquirido derechos de carrera administrativa como resultado del
concurso de méritos que se está declarando nulo16.

54. En ese orden, los acuerdos demandados se presumieron válidos desde su
expedición y, en dicho intervalo, produjeron efectos y tuvieron la potencialidad de
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas particulares y concretas que, de
encontrarse consolidadas, no pueden ser alteradas en virtud del presente
pronunciamiento.

55. Así las cosas, en razón del principio de seguridad jurídica, la nulidad de los
actos administrativos demandados solo puede afectar situaciones jurídicas no
consolidadas, esto es, aquellas que al momento de proferirse el presente fallo se
encuentren en debate ante la entidad estatal o ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

Condena en costas

56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia. La
pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 19 de

abril de 2023, radicado 68001-2331-000-2008-00558-01 (54328).
16 Véanse, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A. Sentencia del 12 de junio de 2025, radicado 11001-0325-000-2021-00468-00 (2277-
2021) y auto del 5 de junio de 2025, radicado 15001-2331-000-1995-15757-01 (0141-2007).

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

57. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.

58. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra el
acto administrativo demandado que debieron ser analizados tanto al decidir la
medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de los Acuerdos CNSC – 20181000007656 del
7 de diciembre de 2018 y CNSC – 20191000002206 del 12 de marzo de 2019,
suscritos por la CNSC y el distrito de Turbo, así como del Acuerdo 0024 del 27 de
febrero de 2020 emitido por la CNSC.

SEGUNDO. La presente decisión sólo puede afectar situaciones jurídicas no
consolidadas.

TERCERO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

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12

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00041-00 (0795-2023)
Demandante: Sindicato Distrital de Empleados Públicos de
Turbo y Urabá (SINDIEMPTUR) y otros

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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