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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00001-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00001-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00001-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00001-00 (0002-2023)
Demandantes: Delia del Carmen Sarasty Muriel y otros1
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y Departamento del
Putumayo – Gobernación del Putumayo

Temas: Irregularidades en el manual de funciones. Principio de
planeación conjunta en los concursos de méritos. Alcance de la
declaratoria de nulidad del Decreto 1754 de 2020.
Decisión: Negar las pretensiones.

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto 0139 del 1 de
junio de 20152, emitido por la Gobernación del Putumayo y el Acuerdo
20191000005986 del 14 de mayo de 20193, expedido por la Comisión Nacional del
Servicio Civil (en adelante, CNSC).

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte actora pretende la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos demandados porque, en su criterio, fueron proferidos de manera
irregular y con desconocimiento de las normas en que debían fundarse 4.

1 Ana Julia Barreiro Angulo, Lyda Vanessa Varela Benavides, James Orlando Obando Ortega, Miller

Orlando Martínez López, William Oswaldo Guerrero Bucheli, Juan Carlos Castro Pantoja, Jesús
Arnay Muñoz Cerón, Luis Fernando Ruiz Navarro, Eddy Marcela Martínez Guerrero, Karol Marilyn
Suárez Bucheli, Héctor Hugo Martínez Navia, Yuli Alejandra Enríquez Medina, Sandra Lucía
Chamorro Mora, Ana Cristina Hidalgo Zambrano, Ivonne Maritza Triana Segura, Findy Yovana Mora
Rojas, Nelcy Maribeth Acosta Acosta, Asela Diaz Payoguaje, Braulio Remberto Ortega Benavides,
Luis Gabriel Sánchez Estrada, Mario Rodríguez Naranjo, Olmes Francisco Erazo Guerrero, Sandra
Lucía Alvarado Buchelly, Luis Fernando Pedraza Correcha, Inés Del Carmen Bravo Ortega, José
Gabriel Navarro Vargas, Hugo Arbey Cortés Castillo, Kristian Alexis Ibarra Dorado y Hernán Gustavo
Lasso López.
2 «Por el cual se establece el Manual de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

de la planta Global de personal de la Gobernación del Putumayo».
3 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades

de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Gobernación de Putumayo,
Convocatoria No. 1329 de 2019 - Territorial 2019».
4 Artículos 2, 4, 13, 25, 53, 125 y 209 de la Constitución Política; 7, 11, 28 y 29 de la Ley 909 de

2004, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019; 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015,
adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, y 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015,
modificado por el artículo 4 del Decreto 498 de 2020.

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00001-00 (0002-2023)
Demandantes: Delia del Carmen Sarasty Muriel y otros

2. En relación con el Decreto 0139 de 2015 (manual), afirmó que la
Gobernación del Putumayo omitió su consulta y socialización con los sindicatos y
los empleados vinculados en provisionalidad. Como sustento de este reproche,
indicó que del trámite de elaboración y discusión del Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales (en adelante, MEFCL) no obran actas u otros
soportes que permitan verificar esa actuación ni que den cuenta de su motivación,
de las necesidades del servicio o de las razones de la modernización administrativa.

3. Además, indicó que el estudio técnico requerido para la expedición del
MEFCL no tuvo en cuenta las competencias de los empleos, formación académica,
experiencia y número de cargos, ni fue elaborado por una entidad idónea.

4. En cuanto al Acuerdo 20191000005986 de 2019 (convocatoria), sostuvo que
la CNSC convocó al concurso de méritos sin que la entidad territorial contara con
el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

5. Igualmente, adujo que se ofertaron empleos que estaban ocupados por
sujetos de especial protección constitucional sin que se hubieran adoptado
acciones afirmativas en su favor. Lo anterior, porque el ente territorial no reportó
oportunamente las vacantes susceptibles de exclusión por dicha circunstancia.

6. También señaló que durante el proceso de selección se aplicaron pruebas
escritas con deficiencias en su formulación y se efectuó la valoración de
antecedentes sin verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos a los
participantes.

7. Por último, agregó que el Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020
porque la reactivación del concurso de méritos durante la emergencia sanitaria
desconoció la Constitución Política y vulneró el principio del mérito en la función
pública.

Contestaciones de la demanda

8. El Departamento del Putumayo se opuso a las pretensiones de la
demanda al considerar que los actos controvertidos no incurrieron en ninguna de
las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA.

9. Frente al acuerdo de convocatoria demandado, sostuvo que no está
legitimada en la causa por pasiva por cuanto dicho acto no fue proferido por el ente
territorial sino por la CNSC. En cuanto al decreto acusado, señaló que este fue
derogado con la expedición del Decreto 0232 del 5 de agosto de 2019, mediante el
cual se estableció un nuevo MEFCL para la planta de personal de la entidad.

10. La Comisión Nacional del Servicio Civil se opuso a las pretensiones de la
demanda con sustento en que actuó dentro de su competencia para adelantar los
procesos de selección y en cumplimiento de los principios del mérito y la carrera
administrativa.

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Demandantes: Delia del Carmen Sarasty Muriel y otros

11. Sostuvo que la etapa de planeación del concurso se adelantó de manera
conjunta con la Gobernación del Putumayo, entidad que reportó la Oferta Pública
de Empleos de Carrera (en adelante, OPEC) en el Sistema de Apoyo para la
Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, certificada por su representante legal y el jefe
de talento humano. Igualmente, afirmó que las demás fases del concurso se
realizaron con normalidad y sin que se evidenciara vulneración alguna a los
principios de publicidad, transparencia, contradicción, defensa e igualdad frente a
los participantes. Además, informó el estado en que se encontraba cada uno de los
demandantes dentro del proceso de selección.

12. Puso de presente que la CNSC carece de injerencia en la expedición,
modificación y actualización del MEFCL de conformidad con lo previsto en el
artículo 15 de la Ley 909 de 2004. Por consiguiente, la CNSC profiere la
convocatoria con base en el MEFCL vigente al momento de su expedición y bajo el
entendido de que este se presume legal.

13. Indicó que, si bien existe el deber de socializar el MEFCL de manera previa,
conforme a lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083
de 2015, el jefe del organismo dispone de autonomía para adoptarlo, actualizarlo o
modificarlo.

14. Finalmente, consideró que la parte actora se limitó a realizar apreciaciones
subjetivas e incumplió la carga probatoria de demostrar los hechos en que funda
los cargos de nulidad. En particular, señaló que se omitió identificar, respecto de la
etapa de pruebas escritas, las preguntas u opciones de respuestas que presentaron
las supuestas irregularidades.

Trámite en única instancia

15. El 30 de marzo de 2023 se admitió la demanda y se requirió a las
entidades accionadas para que allegaran los antecedentes administrativos de los
actos controvertidos, con la advertencia de que el incumplimiento de este deber
legal podría configurar falta gravísima de conformidad con el parágrafo 1 del artículo
175 del CPACA.

16. Mediante providencia del 14 de abril de 2026 se dispuso el trámite de
sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
configuración de las causales previstas en los literales a), b) y d) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.

Alegatos de conclusión

17. La parte demandante sostuvo que los actos administrativos y actuaciones
derivadas de la reactivación de los concursos de méritos ordenada mediante el

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Decreto 1754 de 2020, el cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado, debían
correr esa misma suerte dado que carecen de soporte jurídico autónomo que
permita sostener su validez.

18. La CNSC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.

19. El Departamento del Putumayo y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.

Problemas jurídicos

21. La Sala deberá determinar si el decreto controvertido es ilegal por haber
sido expedido de manera irregular al i) omitirse su socialización previa con los
sindicatos y empleados vinculados en provisionalidad y ii) no haberse elaborado el
estudio técnico por una entidad idónea.

22. En segundo lugar, se resolverá si el acuerdo demandado es ilegal por
haber sido expedido con desconocimiento del principio de planeación conjunta y de
manera irregular en tanto i) la entidad beneficiaria no contó con certificado de
disponibilidad presupuestal previo y ii) se ofertaron empleos ocupados por personas
en condición de debilidad manifiesta.

23. Por último, se establecerá si el proceso de selección objeto de control debe
declararse nulo por i) adelantarse las etapas de reclutamiento o aplicación de
pruebas cuando los concursos de méritos se encontraban aplazados en virtud del
Decreto Legislativo 491 de 2020 y ii) las deficiencias atribuidas a la formulación de
las pruebas escritas y por la falta de verificación de los requisitos mínimos en la
etapa de valoración de antecedentes.

Cuestiones previas

24. El Departamento del Putumayo propuso la falta de legitimación en la causa
por pasiva por cuanto no expidió el acuerdo de convocatoria controvertido. Al
respecto, para la Sala, el ente territorial sí está legitimado en la causa por pasiva
comoquiera que expidió uno de los actos demandados (Decreto 0139 de 2015) y
respecto de la convocatoria tiene interés directo en el resultado del proceso por ser
la entidad beneficiaria del concurso cuya legalidad se discute.

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25. Por otra parte, el ente territorial sostuvo que el decreto demandado fue
derogado con la expedición de un nuevo MEFCL para la planta de personal de la
entidad, por lo que debía proferirse un fallo inhibitorio. Al respecto, la Sala reitera su
postura de que la derogatoria de un acto administrativo únicamente comporta la
cesación de sus efectos, sin que ello incida en el examen de su conformidad con el
ordenamiento jurídico. En consecuencia, subsiste el interés en ejercer el control de
legalidad del Decreto 0139 de 2015, pues la derogatoria no desvirtúa la presunción
de legalidad que lo amparó durante su vigencia ni excluye el análisis de los efectos
jurídicos que produjo, los cuales solo pueden ser retirados del ordenamiento
mediante la declaratoria de nulidad por parte de esta jurisdicción.

Análisis de los problemas jurídicos

26. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque i) la Gobernación
del Putumayo no tenía la obligación de socializar el Decreto 0139 del 1 de junio de
2015 con los sindicatos de manera previa a su expedición y ii) el reproche en contra
del estudio técnico no satisface la carga argumentativa suficiente para desvirtuar la
presunción de legalidad del acto demandado.

27. El Acuerdo 20191000005986 del 14 de mayo de 2019 fue expedido al
amparo del principio de planeación conjunta toda vez que i) la falta de certificado de
disponibilidad presupuestal no tiene la potencialidad de afectar la validez de la
convocatoria, ii) no se acreditó que en la convocatoria acusada se ofertaron cargos
ocupados por sujetos de especial protección constitucional.

28. Sumado a ello, las etapas de reclutamiento y de aplicación de pruebas se
surtieron cuando los concursos de méritos no se encontraban aplazados en virtud
del Decreto Legislativo 491 de 2020 y tampoco se demostró la existencia de
presuntas irregularidades en las pruebas escritas y en la valoración de antecedentes
ni se precisó de qué manera incidieron en la legalidad del acto de convocatoria
acusado.

Cargos contra el manual de funciones

29. La parte actora alegó que la Gobernación del Putumayo omitió socializar
el MEFCL controvertido con los empleados vinculados en provisionalidad y las
organizaciones sindicales, razón por la que se habría desconocido el mandato
establecido en el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015.

30. Sobre el particular, es importante resaltar que el texto original del artículo
2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 no contenía la obligación que echa de menos la
parte demandante. En efecto, solo con la modificación realizada a la referida
disposición por el Decreto 051 de 2018, se estableció el deber de socializar los
proyectos de manual de funciones con las organizaciones sindicales con presencia
en la entidad.

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31. En ese sentido, al momento de la expedición del MEFCL demandado
(Decreto 0139 del 1 de junio de 2015), la Gobernación del Putumayo no tenía el
deber de socializar con las organizaciones sindicales el proyecto de acto
administrativo que lo adoptara.

32. Al respecto, es pertinente anotar que un acto administrativo solamente
puede vulnerar una disposición superior vigente al momento de su expedición. Esta
condición no se cumple en el sub lite toda vez que el acto administrativo enjuiciado
fue suscrito el 1 de junio de 2015, mientras que la norma que consagró esa
exigencia se publicó en el Diario Oficial el 16 de enero de 20185, por lo tanto, no es
válido sostener que el manual de funciones cuestionado debía acatar unos
mandatos que no habían nacido a la vida jurídica.

33. Por otro lado, los actores manifestaron que el estudio técnico que precedió
al manual de funciones no fue elaborado por una entidad idónea ni tuvo en cuenta
las competencias del empleo, formación académica, experiencia y número de
cargos.

34. Al respecto, la Sala encuentra que dicho planteamiento resulta genérico
en tanto se omitió contrastar los empleos y perfiles que, en sentir de los actores,
desconocieron los requisitos previstos por el legislador para su desempeño. Por
ende, no es posible ahondar en razonamientos frente a este reparo.

35. Igualmente, la parte demandante no demostró la falta de idoneidad de la
entidad que realizó el estudio previo para la modificación del MEFCL, pues se limitó
a señalar que esta no era idónea sin explicar el porqué de su dicho.

36. En consecuencia, no están llamados a prosperar los cargos contra el
Decreto 0139 del 1 de junio de 2015 dado que ninguna de las irregularidades
alegadas se logró demostrar.

Cargos contra la convocatoria

37. En primer lugar, la parte demandante alegó que la CNSC convocó al
concurso de méritos sin que la entidad territorial contara con el respectivo certificado
de disponibilidad presupuestal.

38. De conformidad con el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, los costos que
genere la realización de los concursos deben ser asumidos con cargo a los
presupuestos de las entidades que requieran la provisión de los empleos. A su vez,
el artículo 71 del Decreto 111 de 19966, compilatorio del Estatuto Orgánico del

5 El Decreto 051 de 2018, que estableció el requisito de socializar con las organizaciones sindicales

el manual de funciones o su modificación previo a su expedición, se publicó en el diario oficial 50.478
del 16 de enero de 2018.
6 Normatividad aplicable a las entidades territoriales de conformidad con lo dispuesto en el artículo

109 ibid.

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Presupuesto, dispone que todo acto administrativo que afecte las apropiaciones
presupuestales7 debe contar con certificado de disponibilidad previo.

39. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala reitera la posición asumida de tiempo
atrás según la cual la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal no es
un requisito de validez del acto de convocatoria 8. En esta línea, su ausencia no
compromete la presunción de legalidad del acto ni constituye una irregularidad
sustancial que derive necesariamente en la nulidad de la convocatoria a concurso
de méritos para la provisión de cargos de carrera9.

40. En ese contexto, el certificado de disponibilidad presupuestal constituye
un instrumento propio de la fase de ejecución del gasto público, orientado a
garantizar la existencia de apropiación presupuestal suficiente para respaldar
compromisos económicos, pero no un elemento estructural del acto administrativo
de convocatoria. Por ello, su ausencia no incide en la formación ni en la validez del
acto acusado, sino en la oportunidad y condiciones de su ejecución.

41. Así las cosas, este cargo tampoco prospera porque la falta del certificado
de disponibilidad presupuestal no afecta la validez del acto de convocatoria.

42. En segundo lugar, la parte actora afirmó que de la oferta de cargos de la
convocatoria no se excluyeron los empleos ocupados por servidores en
provisionalidad que estaban en condiciones de debilidad manifiesta.

43. Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que en el sistema de
carrera administrativa los cargos oficiales deben ser provistos, por regla general,
mediante un concurso público de méritos. De ahí que los nombramientos en
provisionalidad o encargo sean una excepción10.

44. Por ende, los nombramientos en provisionalidad son transitorios y otorgan
a los empleados una estabilidad laboral relativa o intermedia, lo que implica que
estos pueden ser desvinculados por medio de acto motivado11.

7 El artículo 89 del Decreto 111 de 1996 define a las apropiaciones como las autorizaciones máximas

de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal
respectiva.
8 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2017, exp. 25000-23-24-000-2007-00203-02 (3756-15),
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez y, ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 25 de abril de 2024, exp. 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019), M.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
9 Véase: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, sentencia del 19 de marzo de 2026, exp. 11001-03-25-000-2021-00621-00 (3011-2021) y, ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 5 de noviembre de 2020, exp. 11001 03 25 000 2014 00025 00 (0064-14).
10 Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-290 de 2007, C-1177 de

2001, C-973 de 2001, C-963 de 2003 y C-1230 de 2005.
11 Sobre el particular, en la sentencia T-245 de 2007, se explicó que «la situación en que se

encuentran estos funcionarios está amparada por lo que se ha conocido como el ‘fuero de
estabilidad’, el cual protege, precisamente, dicha estabilidad intermedia de la que gozan estos
trabajadores, la cual se opone a la posibilidad de ser removidos sin que medie una justa causa que
tenga como fundamento la calificación de desempeño, la comisión de faltas disciplinarias o la
provisión del cargo por concurso de méritos».

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45. Bajo esas consideraciones, esta Corporación ha explicado que, si bien
pueden existir empleados en provisionalidad que se encuentren en situaciones
particulares que ameriten un tratamiento diferencial, dicha circunstancia no puede
desplazar el derecho que adquiere quien ha superado todas las etapas de un
concurso de méritos y debe ser nombrado en el cargo al cual aspiró 12. En
consecuencia, el hecho de ofertar cargos ocupados por personas en condiciones
especiales no vicia de nulidad la convocatoria.

46. Sumado a lo anterior, se advierte que la parte actora se limitó a afirmar de
manera genérica que se ofertaron empleos ocupados por personas en condiciones
de debilidad manifiesta. No obstante, no se allegaron actos, certificaciones o
informes que permitieran constatar tal circunstancia.

47. En tercer lugar, tanto en la demanda como en los alegatos de conclusión,
los demandantes aludieron a la declaratoria de nulidad del Decreto 1754 de 2020
por parte de esta Corporación y a que los actos administrativos derivados de ese
acto debían correr la misma suerte.

48. El marco normativo en que se sustenta este planteamiento consiste en el
artículo 14 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, que dispuso el
aplazamiento de los procesos de selección que se encontraran en etapa de
reclutamiento o de aplicación de pruebas, con ocasión de la emergencia sanitaria
declarada por la pandemia de COVID-19.

49. Posteriormente, el Decreto 1754 de 2020 reactivó las mencionadas etapas
a partir del 22 de diciembre de 2020. No obstante, ese acto administrativo fue
anulado por esta Corporación mediante sentencia del 3 de junio de 202213 con la
aclaración de que los efectos de la nulidad «operan únicamente desde el momento
de emisión de esta sentencia y hacia el futuro o ex nunc».

50. Descendiendo al caso concreto, la CNSC indicó en la contestación de la
demanda que mediante aviso informativo del 9 de mayo de 2019 inició la etapa de
divulgación del concurso; que, según aviso informativo del 28 de noviembre de
2019, la etapa de venta de derechos de participación e inscripciones se surtió entre
el 9 de diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020; y que las pruebas escritas se
aplicaron el 28 de febrero de 2021.

51. Esos hechos no fueron controvertidos por la parte actora en el curso del
proceso y, en todo caso, coinciden con la información pública de la Convocatoria

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado

11001 03 25 000 2023 00042 00 (0818-2023).
13 Consejo de Estado, Sala Diecisiete de Decisión, sentencia del 3 de junio de 2022, radicado 11001-

03-15-000-2021-04664-00.

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núm. 1329 de 2019 – Proceso de Selección Territorial 2019, disponible en el sitio
web oficial de la entidad14.

52. De la cronología expuesta, la Sala extrae dos conclusiones: i) la etapa de
reclutamiento finalizó el 31 de enero de 2020, esto es, antes de la expedición del
Decreto Legislativo 491 de 2020, de modo que no estuvo cobijada por el
aplazamiento de los procesos de selección; ii) las pruebas escritas se aplicaron el
28 de febrero de 2021, en atención a la reanudación contemplada en el entonces
vigente Decreto 1754 de 2020, por lo que resultaba válido que la CNSC hubiera
retomado la ejecución del proceso de selección y dicha actuación conserva su
validez en virtud de los efectos ex nunc de la declaratoria de nulidad.

53. En este orden de ideas, la anulación del Decreto 1754 de 2020 carece de
incidencia sobre la legalidad del proceso de selección bajo estudio. En efecto, los
efectos ex nunc con que se moduló esa declaratoria impiden extender la invalidez
a las actuaciones consolidadas con anterioridad al momento de emisión de la
sentencia (3 de junio de 2022), entre ellas las adelantadas en el proceso de
selección bajo examen.

54. A ello se agrega que la parte actora no identificó ni aportó pruebas de
actuación alguna que se hubiera surtido en contravía del aplazamiento ordenado
por el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020.

55. Finalmente, los demandantes alegaron que las pruebas escritas
adolecieron de deficiencias en su formulación y que en la etapa de valoración de
antecedentes no se verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos a los
participantes.

56. Al respecto, la Sala encuentra que estos reproches no tienen vocación de
prosperidad toda vez que no fueron desarrollados con una argumentación
suficiente. En efecto, la parte actora omitió explicar y demostrar i) cuáles parámetros
lingüísticos y exigencias académicas o de experiencia fueron desconocidos
concretamente y ii) de qué manera esas presuntas irregularidades, propias de la
etapa de ejecución del proceso de selección, tuvieron la entidad de afectar la
legalidad del acuerdo de convocatoria.

Condena en costas

57. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el
que se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

14 A la fecha de esta providencia, la información sobre el estado del proceso de selección bajo análisis

se encuentra disponible para su consulta en: https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/990-1131-1135-1136-
1306-1332-de-2019-proceso-de-seleccion-territorial-2019?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65.

9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00001-00 (0002-2023)
Demandantes: Delia del Carmen Sarasty Muriel y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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