Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00159-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00159-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00159-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00159-00 (2047-2023)
Demandante: Ricardo Morales Quintero
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y Municipio de Supatá
(Cundinamarca)
Temas: Falsa motivación y empleos convocados.
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Acuerdo 0922 del 29 de
abril de 2021, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante,
CNSC).
I. ANTECEDENTES
Acto acusado
1. La CNSC convocó, mediante el acto demandado, a un proceso de selección
para proveer el empleo en vacancia definitiva perteneciente al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Personería Municipal de
Supatá. Para tal efecto, en el artículo 8, se señaló que la Oferta Pública de Empleos
de Carrera (en adelante, OPEC) estaba conformada por un cargo del nivel
asistencial.
Demanda
2. La parte actora pretende la declaratoria de nulidad de la convocatoria
acusada al considerar que fue expedida con falsa motivación porque el empleo
ofertado no existía en la planta de personal de la entidad y, en esa medida, tampoco
era cierto que existiera una vacante definitiva por proveer.
3. En este orden, indicó que mediante derecho de petición dirigido a la
Personería Municipal de Supatá solicitó que se certificara si, para el día de la
expedición de la convocatoria (29 de abril de 2021), existía en su planta de personal
un cargo denominado «secretaria de personería o uno equivalente». Señaló que,
mediante el Oficio PMS 183-2022, el ente respondió que, revisado su archivo de
gestión documental, no existía evidencia de que para esa fecha existiera dicho
empleo.
4. El municipio de Supatá guardó silencio.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00159-00 (2047-2023)
Demandante: Ricardo Morales Quintero
5. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que existía
el cargo vacante en la planta de personal de la entidad. Explicó que, durante la
etapa de planeación del proceso de selección controvertido, la personería le remitió
el manual específico de funciones y competencias laborales vigente (en adelante,
MEFCL), adoptado mediante la Resolución 15 del 20 de diciembre de 2020, en el
que se encuentra el empleo denominado «secretaria de personería», código 440,
grado 6, identificado con la OPEC 145919, que constituía el único empleo ofertado
por esa entidad. Agregó que ese mismo cargo fue certificado por la personería como
vacante de manera definitiva, según el reporte definitivo de empleos ofertados.
6. Sostuvo que el reporte de la OPEC y la adopción, actualización y
modificación del MEFCL son competencias exclusivas de la entidad nominadora,
conforme al artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 y al artículo 32 del Decreto
785 de 2005, sin que la CNSC tenga injerencia alguna sobre las plantas de personal
de las entidades territoriales. En esa medida, precisó que la Comisión expide los
acuerdos de convocatoria con fundamento en la OPEC reportada y certificada por
cada entidad, cuya veracidad es de responsabilidad exclusiva del nominador, y que
la información publicada corresponde a una transcripción del reporte efectuado por
su representante legal.
Trámite de sentencia anticipada
7. Mediante providencia del 14 de julio de 2026 se dispuso el trámite de
sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
configuración de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
8. La parte actora y el municipio de Supatá guardaron silencio.
9. La CNSC reiteró que existe correspondencia entre el manual de funciones,
la OPEC y el empleo convocado. Alegó que la respuesta emitida por la personería
no tiene la aptitud probatoria que le atribuye el demandante, pues se produjo más
de un año después de la convocatoria y se limitó a indicar que no se encontró
evidencia documental en el archivo de gestión de ese ente.
10. El Ministerio Público no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
11. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
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Demandante: Ricardo Morales Quintero
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo nivel.
Problema jurídico
12. La Sala deberá determinar si el Acuerdo 0922 del 29 de abril de 2021 es
ilegal por haberse proferido con falsa motivación, por tanto, el cargo ofertado no
existía en la planta de personal de la Personería Municipal de Supatá.
Análisis del problema jurídico
13. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque la parte actora no
demostró que el empleo ofertado fuera inexistente para la fecha de expedición de
la convocatoria. Por el contrario, la información oficialmente reportada por la
Personería Municipal de Supatá a la CNSC daba cuenta de la existencia de una
vacante definitiva correspondiente al empleo identificado con la OPEC 145919,
cuyos elementos coincidían con los previstos en el MEFCL entonces vigente. En
consecuencia, no se encuentra acreditada la divergencia entre la realidad fáctica o
jurídica y los motivos que sustentaron el acto acusado.
Falsa motivación
14. La falsa motivación, establecida como causal de nulidad en el artículo 137
del CPACA, guarda relación directa con el principio de legalidad y con el deber de
la Administración de sustentar de forma fidedigna sus decisiones. Esta figura se
presenta cuando existe «un yerro en la escogencia o determinación de los motivos»,
es decir, cuando la realidad fáctica o jurídica difiere de la consignada en el acto
administrativo1.
15. En ese marco, esta Sección ha precisado que este vicio invalidante se
configura por «[…] la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica
y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados
como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y la efectiva
demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se
encuentra falsamente motivado […]»2.
El reporte de la OPEC como fundamento de la convocatoria a concurso de
méritos
16. El artículo 130 de la Constitución Política atribuye a la CNSC la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con excepción
de las de carácter especial. En cuanto a su naturaleza jurídica, el artículo 7 de la
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 31 de agosto de 2023, rad. núm. 66001-23-33-000-2020-00354-01 (5720-2022).
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 17 de marzo de 2016, rad. núm. 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-2012).
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Demandante: Ricardo Morales Quintero
Ley 909 de 2004 estableció que se trata de un órgano de garantía y protección del
sistema de mérito en el empleo público, dotado de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio; además, sus actuaciones se rigen por los
principios de objetividad, independencia e imparcialidad.
17. En esa medida, la independencia y autonomía de que goza la CNSC le
permiten ejercer las funciones que le han sido atribuidas sin injerencia o sujeción a
alguna otra autoridad, entre ellas, la de elaborar las convocatorias a concurso para
el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y
condiciones que establezcan la ley o el reglamento.
18. Sin perjuicio de ello, esta Corporación ha sostenido que las convocatorias a
concursos de méritos deben elaborarse en un marco de coordinación
interinstitucional que se manifiesta en una serie de acciones de planeación conjunta
entre la CNSC y la entidad beneficiaria del certamen3, entre ellas, establecer los
cargos a proveer en el certamen.
19. En efecto, el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el
artículo 3 del Decreto 051 de 2018, ordena a los jefes de personal de las entidades
reportar los empleos vacantes de manera definitiva en el aplicativo de la Oferta
Pública de Empleos de Carrera de la CNSC y, para tal efecto, les impone la
obligación de tener previamente actualizados sus manuales específicos de
funciones y competencias laborales.
20. Así, mediante la OPEC el ente beneficiario del concurso de méritos le informa
a la CNSC las plazas que se encuentran en vacancia definitiva y, por ende, las que
están disponibles para proveerse mediante el proceso de selección4.
21. En ese sentido, el suministro de la OPEC a la CNSC es un elemento
indispensable para impulsar el proceso de selección, pues, como lo ha sostenido
esta Corporación, «la información que se consolida en la oferta es la que permite
conocer cuáles son los perfiles requeridos para los empleos por proveer mediante
el concurso de méritos. De esta manera, si no se contara con ella, el certamen no
podría llevarse a cabo»5.
22. En consecuencia, para establecer si la convocatoria demandada fue
falsamente motivada por haber ofertado un empleo inexistente, corresponde
determinar si los elementos de prueba aportados permiten demostrar que, para la
fecha de expedición del acto acusado, la información reportada y certificada por la
Personería Municipal de Supatá a la CNSC acerca de la existencia de la vacante
definitiva no correspondía a la realidad jurídica de la entidad.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación del 31 de enero de 2019, rad. 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-2016).
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 26 de septiembre de 2024, rad. núm. 11001-03-25-000-2016-00822-00 (3843-2016).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2022, radicado:
11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
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Demandante: Ricardo Morales Quintero
23. En el presente asunto, de acuerdo con el artículo 8 de la convocatoria
acusada, la OPEC estaba conformada por una (1) vacante correspondiente a un
empleo del nivel asistencial. Obra en el expediente el reporte definitivo de la OPEC
efectuado por la Personería Municipal de Supatá6, del cual se desprende que el
único empleo ofertado por esa entidad fue el identificado con la OPEC 145919,
correspondiente al cargo del nivel asistencial denominado «secretario», código 440,
grado 6.
24. En dicho documento el representante legal y jefe de la unidad de personal de
la entidad certificó que la información reportada correspondía exactamente a los
empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y a lo
consignado para tales empleos en el MEFCL vigente al momento del registro.
25. Al respecto, la CNSC aportó el MEFCL (Resolución 15 del 20 de diciembre
de 2020) que le remitió la Personería Municipal de Supatá para efectos del reporte
de la OPEC. Una vez confrontado dicho documento con el reporte de la OPEC, la
Sala advierte que individualizan el mismo empleo denominado «secretario».
26. En efecto, el cargo previsto en el manual y el registrado bajo la OPEC 145919
coinciden en su nivel jerárquico (asistencial), en su código (440), en su grado (06),
en el número de cargos (uno), en la dependencia a la que se encuentra adscrito
(Personería Municipal de Supatá); así como en sus funciones y en su propósito
principal.
27. Además, consultado el aplicativo SIMO7, la Sala advierte que el manual de
funciones asociado a la OPEC 145919 es el mismo que fue aportado por la CNSC
al expediente, esto es, el ajustado mediante la Resolución 15 del 20 de diciembre
de 2020. En consecuencia, se concluye que el empleo ofertado existía en el MEFCL
vigente al momento de la expedición de la convocatoria y así fue reportado y
certificado como vacante de manera definitiva por la entidad beneficiaria del
concurso.
28. Ahora bien, la Sala advierte que el cargo de falsa motivación se sustenta
exclusivamente en la respuesta que la Personería Municipal de Supatá dio a la
petición del demandante. En esta se manifestó que, revisado el archivo de gestión
documental, no se halló documento que evidenciara que para el 29 de abril de 2021
existiera en la planta un cargo denominado secretaria de personería o uno
equivalente.
29. Al respecto, la Sala aclara que esa respuesta carece, por sí sola, de entidad
suficiente para acreditar la falsa motivación del acto acusado porque la existencia
de un empleo público no depende de que su soporte repose en el archivo de la
entidad, sino de que haya sido previsto en un acto administrativo vigente, conforme
6 Índice 20 de expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI.
7 A la fecha de esta providencia, la información sobre la OPEC 145919 se encuentra disponible para
su consulta en el siguiente enlace: https://simo.cnsc.gov.co/#historicoOfertaEmpleo.
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al artículo 122 de la Constitución Política8. De manera que no encontrarse un
documento en una búsqueda posterior es un hecho relativo a la gestión documental
de la entidad, que nada dice sobre la situación jurídica del cargo.
30. En efecto, la ausencia de un documento en el archivo de gestión no permite
inferir, por sí misma, la inexistencia jurídica de un empleo. Esta última circunstancia
debía acreditarse a partir del acto que establecía la planta de personal vigente para
la fecha de la convocatoria o, en su caso, de una decisión posterior que hubiera
suprimido el cargo. Por tanto, la respuesta administrativa invocada por el
demandante únicamente acredita el resultado de una búsqueda documental
realizada por la Personería, pero no demuestra que el empleo identificado en la
OPEC careciera de sustento en la planta de personal de la entidad.
31. Así las cosas, para acreditar la falsa motivación del acto acusado era
necesario demostrar que la información oficialmente reportada y certificada no
correspondía a la realidad existente a la fecha de su expedición. En esa medida, la
parte demandante omitió aportar el acto que establece la planta de personal del
ente territorial en cuestión o la decisión mediante la cual se hubiera suprimido el
empleo.
32. La parte actora no allegó el acto que fijó la planta de personal vigente para la
fecha de expedición de la convocatoria ni otro elemento probatorio del que pudiera
establecerse que el empleo reportado por la Personería no hacía parte de aquella
o había sido previamente suprimido. Por tanto, la respuesta administrativa aportada
con la demanda resulta insuficiente para desvirtuar la información oficialmente
reportada y certificada por la entidad beneficiaria del concurso y, en consecuencia,
para acreditar el fundamento fáctico del cargo de falsa motivación.
33. Así las cosas, los elementos obrantes en el expediente no permiten
establecer que, al expedirse la convocatoria, la CNSC hubiera partido del supuesto
fáctico o jurídico equivocado que le atribuye el demandante. Por el contrario, la
OPEC reportada y certificada por la Personería Municipal de Supatá identificaba
una vacante definitiva cuyas características coincidían con las previstas para ese
empleo en el MEFCL vigente, sin que la parte actora hubiera aportado prueba
suficiente para demostrar que aquel no hacía parte de la planta de personal o había
sido suprimido antes de la expedición del acto acusado.
34. En consecuencia, no se acreditó la divergencia entre los motivos que
sustentaron la convocatoria y la realidad fáctica o jurídica existente al momento de
su expedición. Por tanto, no se configuró la falsa motivación alegada y se negarán
las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
8 Constitución Política, artículo 122: «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en
ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en
la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente».
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35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público, creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
36. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla general,
no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público;
y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario
cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma
hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular
al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor
de un sujeto determinado.
37. En el caso concreto, la demanda fue promovida en ejercicio del medio de
control de nulidad, el cual trasciende la esfera particular y se proyecta sobre asuntos
de interés general, puede ser ejercido por cualquier persona y no persigue el
reconocimiento de derechos subjetivos. Adicionalmente, no se advierte una
carencia manifiesta de fundamento legal, pues los cargos formulados contra el acto
acusado plantearon cuestionamientos jurídicos razonables, serios y plausibles,
sustentados en una argumentación suficiente para controvertir su legalidad, sin que
se observe que hubieran desconocido, sin justificación, reglas jurisprudenciales
consolidadas aplicables al asunto. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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Demandante: Ricardo Morales Quintero
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
8
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