Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00322-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00322-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00322-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00322-00 (1731-2021)
Demandante: Instituto Caro y Cuervo
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Temas: Falsa motivación y desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa. Insuficiencia de los cargos propuestos para desvirtuar
la presunción de legalidad de los actos demandados.
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra los acuerdos núm. 0346
(20201000003466) del 28 de noviembre de 20201, 0009 (20211000000096) del 19
de enero de 20212 y 0061 (20211000000616) del 11 de marzo de 20213; expedidos
por la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante, CNSC).
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La demanda de nulidad contra los actos administrativos controvertidos se
interpuso con fundamento en los siguientes hechos y reproches:
2. El Instituto Caro y Cuervo (en adelante, ICC) es un establecimiento público
del orden nacional, creado por la Ley 5 de 1942 con el objetivo de proteger el
1 «[p]or el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, para proveer los
empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal del INSTITUTO CARO Y CUERVO, identificado como Proceso de Selección No. (sic)
1505 de 2020 – Nación 3».
2 «[p]or el cual se modifica el artículo 8° del Acuerdo No. (sic) 20201000003466 del 28 de noviembre
de 2020, “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso Selección, para proveer los
empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal del INSTITUTO CARO Y CUERVO identificado como Proceso de Selección No. (sic)
1505 de 2020 – Nación 3”».
3 «[p]or el cual se modifica el artículo 8° del Acuerdo No. (sic) 20201000003466 del 28 de noviembre
del 2020, modificado por el Acuerdo No. (sic) 20211000000096 del 19 de enero del 2021 “Por el cual
se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, para proveer los empleos en
vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal del INSTITUTO CARO Y CUERVO identificado como Proceso de Selección No. (sic) 1505 de
2020 – Nación 3”».
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Demandante: Instituto Caro y Cuervo
patrimonio lingüístico de la Nación. Para el cumplimiento de este fin tiene como
misión salvaguardar la riqueza idiomática del país mediante: (i) la docencia (ii) la
apropiación social del conocimiento y (iii) la investigación.
3. La entidad accionante ofrece 5 programas de maestría en áreas como la
semántica, la etimología, la lexicología y la lingüística. Los servidores que ejercen
labores de docencia e investigación en estos posgrados están adscritos a la
Facultad Seminario Andrés Bello de esa entidad y cuentan con formación de
maestría o doctorado y tienen una amplia trayectoria investigativa certificada por
Colciencias. Este perfil es necesario para poder contar con la acreditación de esta
oferta académica ante el Ministerio de Educación Nacional.
4. Sin embargo, de acuerdo con el manual de funciones y competencias
laborales del ICC, los requisitos académicos para ocupar los cargos en la facultad
consisten en contar con un título profesional y con uno de posgrado en la modalidad
de especialización.
5. Otra de las dependencias del ICC es la Imprenta Patriótica, unidad que tiene
la función de preservar técnicas y oficios tradicionales como la elaboración de libros
por medio del uso de métodos de impresión como el tipo suelto (de 1450), la tecla
mecánica (de 1880) y la tecla electrónica (de 1980). Estos procesos se realizan con
máquinas que datan de 1850, entre las cuales se encuentran: impresoras de
cilindros marca Heidelberg, Plegadora de papel marca Dexter, Cortadora,
perfiladora marca Krause, entre otras.
6. Por lo tanto, a juicio de la entidad demandante, el ejercicio de los empleos
adscritos a la Imprenta Periódica exige una alta experiencia en el uso y la
manipulación de esas máquinas, la encuadernación artesanal y el uso del plomo.
No obstante, en el manual de funciones y competencias laborales estos cargos
están clasificados en el nivel auxiliar, por lo que no requieren experiencia
relacionada como requisito para aspirar a ocupar los referidos empleos.
Concepto de la violación
7. La parte demandante invocó como desconocidos los artículos 2, 7, 8, 10, 27,
54, 67, 68, 69, 70, 72 y 209 de la Constitución Política. Además, señaló como
vulnerados los artículos 2 de la Ley 1381 de 2010, 3 de la Ley 1834 de 2017 y 3 del
CPACA.
8. Para fundamentar el concepto de la violación sostuvo que la convocatoria al
ofertar los cargos para la Facultad Seminario Andrés Bello con los requisitos de
título profesional y especialización puso en riesgo la acreditación de los programas
de posgrados que son ofrecidos por esa unidad dado que profesores con formación
de especialización no pueden impartir asignaturas en programas de maestría. Así
pues, manifestó que vincular a personas con especialización para dictar clases de
maestría afectaría la acreditación institucional del programa y pondría en riesgo la
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continuidad académica del ICC.
9. Asimismo, señaló que la convocatoria no previó criterios de evaluación para
los investigadores, quienes deben ser clasificados por su formación académica y
por sus productos de investigación relacionados con la misión del ICC y acreditados
ante Colciencias.
10. Adujo que el proceso de selección y los actos demandados están privando al
ICC de poder realizar reformas estructurales en su planta de personal con el objetivo
de ajustarla a las actuales políticas de protección del patrimonio cultural y las
exigencias de acreditación institucional establecidas por el Ministerio de Educación
Nacional.
11. Por otro lado, arguyó que los actos demandados están viciados de nulidad
por haber incurrido en falsa motivación porque no es cierto que haya existido una
etapa de planeación conjunta. Lo anterior, en su criterio, porque puso de presente
a la CNSC, mediante varias comunicaciones, sobre los problemas que implicaba
continuar con el proceso de selección y esa entidad decidió discrecionalmente
continuar con el concurso.
12. Lo anterior, a juicio de la entidad demandante, habría dado lugar a la causal
de nulidad de desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, pues la CNSC
no tuvo en cuenta los reparos y observaciones realizadas y en las que solicitó no
seguir adelante con el proceso de selección.
Contestación de la demanda
13. La CNSC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
alegando como excepción la inexistencia de una acusación clara, cierta, concreta y
verificable que permita realizar un juicio abstracto de legalidad. Al respecto, sostuvo
que los cargos planteados por la entidad actora no son claros pues no hay un nexo
entre los fundamentos fácticos expuestos y las normas invocadas como
desconocidas.
14. En relación con el fondo del asunto y el reproche de no permitir realizar
pruebas específicas para los cargos del nivel auxiliar de la Imprenta Patriótica,
señaló que de conformidad con el manual de funciones y competencias laborales
de la entidad demandante esos empleos no requieren ningún tipo de experiencia,
por lo que la convocatoria no la podía establecer.
15. A su vez, mencionó que la competente para adoptar el manual de funciones
y competencias laborales y establecer los requisitos de los cargos de la entidad es
el propio ICC. Por lo tanto, afirmó que en la convocatoria no podía desconocer los
requisitos establecidos previamente en dicho manual para los funcionarios de la
Facultad Seminario Andrés Bello y la Imprenta Patriótica.
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16. Respecto del reproche sobre el incumplimiento del deber de planeación puso
de presente que adelantó de manera coordinada con el ICC la etapa de planeación
del proceso de selección por mérito entre abril de 2016 y agosto de 2020,
cumpliendo así con la totalidad de los insumos requeridos en la Circular CNSC-
20161000000057 del 22 de septiembre de 2016; esto es:
• La presentación de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (en adelante,
OPEC) reportada por ICC, la cual corresponde al Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales vigente de la entidad y debidamente
certificado a través del Sistema de Igualdad, el Mérito y la Oportunidad –(en
adelante SIMO), realizada el 26 de enero de 2021.
• La remisión del Manual de Funciones y Competencias Laborales a la CNSC,
el cual fue reenviado a través de correos electrónicos con radicados núm.
20206000886582 del 27 de agosto de 2020 y 20213200495742 del 5 de marzo
del 2021.
• La transferencia del valor a cargo de la entidad de los recursos para
cofinanciar el proceso de selección.
Trámite de sentencia anticipada
17. Mediante auto del 31 de agosto de 2023 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 1 de esa
disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el
litigio. Posteriormente, en providencia del 13 de enero de 2026, se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
18. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
19. La CNSC presentó alegatos de conclusión en los que señaló que los
reproches planteados en la demanda no son de su responsabilidad porque los
requisitos para los cargos ofertados están plasmados en el manual de funciones,
por lo que es competencia exclusiva del ICC ajustar dichas exigencias a las nuevas
funciones y metas de esa entidad.
20. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda porque la parte actora se limitó a enunciar y transcribir
disposiciones constitucionales y legales, sin efectuar un verdadero juicio de
legalidad respecto de los tres acuerdos objeto de censura. Consideró que no se
desarrolló un concepto de violación que permita establecer de qué manera la
expedición de dichos actos demandados vulneró las normas jurídicas invocadas
como desconocidas.
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21. Respecto del cargo de falsa motivación señaló que está plenamente probado
que se efectuó una etapa de planeación e interacción entre la entidad demandante
y la entidad demandada, la primera estableciendo el nivel jerárquico, número de
empleos y de vacantes; y la segunda entidad aceptando los requerimientos para la
conformación definitiva de la OPEC y el consecuente adelantamiento del concurso
de méritos para proveer dichas vacantes.
22. En su criterio, este reproche está basado en apreciaciones y consideraciones
subjetivas de la parte actora respecto de los actos administrativos demandados, sin
que se establezca un razonamiento jurídico que determine en qué consistió la falsa
motivación.
23. Finalmente, sostuvo que el solo hecho de que la CNSC no hubiere accedido
a la petición de la entidad demandante de suspender el proceso de selección hasta
que no ajustara su estructura orgánica y actualizara el manual de funciones no
configura la causal de nulidad de desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
Problemas jurídicos
25. De conformidad con los cargos formulados por la parte demandante, los
argumentos de defensa expuestos por la entidad accionada y el auto que fijó el
litigio, la Sala deberá establecer si los acuerdos controvertidos son ilegales por:
(i.) Exigir únicamente como requisito los títulos de profesional y especialización
para ocupar los cargos ofertados adscritos al Seminario Andrés Bello cuando
esa dependencia tiene bajo su responsabilidad programas académicos de
maestría.
(ii.) No establecerse una prueba especial o exigir experiencia calificada que
permita contar con personas idóneas para desempeñar los cargos de la
Imprenta Patriótica.
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(iii.) Privar al ICC de la posibilidad de realizar modificaciones estructurales en
su planta de personal con el objetivo de ajustarla a las actuales políticas de
protección del patrimonio cultural y las exigencias de acreditación institucional
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.
(iv.) Incurrir en falsa motivación porque no es cierto que el proceso de
planeación conjunta entre la CNSC y la demandante se hubiese adelantado
de manera adecuada.
(v). Desconocer el derecho de audiencia y defensa del ICC en el procedimiento
administrativo de formación de los actos acusados, al no accederse a su
solicitud de suspensión del proceso hasta que realizara las reformas
estructurales a la entidad y al manual de funciones.
Análisis de los problemas jurídicos
26. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque los cargos
propuestos y los argumentos expuestos son insuficientes para desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos demandados. En efectos, estos fueron
planteados sin realizar una conexión argumentativa entre las normas invocadas
como vulneradas y los reproches planteados, lo que no permite realizar un examen
de contrastación normativa.
27. Por otra parte, respecto de los cargos de falsa motivación y desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, la Sala advierte que de conformidad con el
material probatorio obrante en el proceso no se puede advertir la configuración de
ninguna de estas dos causales de anulación de los actos administrativos.
Falsa motivación y desconocimiento del derecho de audiencia y defensa
28. La entidad demandante sostuvo que los actos controvertidos incurrieron en
falsa motivación al señalar que se agotó debidamente la etapa de planeación
conjunta del proceso de selección cuando, en su criterio, esto no es cierto dado que
la CNSC no tuvo en cuenta varios requerimientos en los que solicitó suspender el
procedimiento de selección hasta que realizara las reformas a su planta de personal
y al manual de funciones.
29. Adujo que la CNSC omitió su solicitud de excluir del proceso de selección los
cargos adscritos a la Imprenta Patriótica o en su defecto realizar una prueba
especial a las personas que se inscribieran para esos empleos en la que se pudiera
medir sus habilidades para el manejo de las máquinas que se deben manipular en
el ejercicio ordinario de las funciones de esos cargos.
30. El ICC considera que la anterior negativa también dio lugar a que se
presentara el vicio de nulidad de los actos demandados por desconocimiento del
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derecho de audiencia y defensa.
31. Sobre estos cargos, la Sala considera oportuno reiterar que el vicio de falsa
motivación, establecida como causal de nulidad en el artículo 137 del CPACA,
guarda relación directa con el principio de legalidad y con el deber de la
Administración de solventar de forma fidedigna sus decisiones. Esta figura se
presenta cuando existe «un yerro en la escogencia o determinación de los motivos»,
es decir, que la realidad fáctica o jurídica difiere de la consignada en el acto
administrativo4.
32. En ese marco, esta Sección ha precisado que este vicio invalidante se
configura por «[…] la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica
y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados
como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y la efectiva
demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se
encuentra falsamente motivado […]»5.
33. Por su parte, el vicio de nulidad por desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa se configura durante el procedimiento de formación del acto
administrativo cuando la Administración omite, restringe o distorsiona
injustificadamente los espacios de participación del interesado, de tal manera que
se afecta su capacidad real de conocer la actuación, intervenir en ella y controvertir
los elementos que sirven de fundamento a la decisión.
34. En ese sentido, el derecho de audiencia y defensa no se agota en una mera
formalidad, sino que constituye una garantía sustancial del debido proceso
administrativo, orientada a asegurar que las decisiones de la Administración se
adopten con pleno respeto por el contradictorio y la participación efectiva de los
sujetos potencialmente afectados.
35. En el caso concreto en relación con la configuración del vicio de falsa
motivación, la Sala advierte que existieron labores de planeación conjunta entre el
ICC y la CNSC como por ejemplo: a) la remisión del manual de funciones y
competencias laborales y de la oferta pública de empleos de carrera6, b) solicitudes
y respuestas sobre la exclusión de ciertos cargos7, c) reuniones entre ambas
entidades, las cuales se relacionan en algunas comunicaciones internas8, y d)
sesión del Consejo Directivo del Instituto Caro y Cuervo, la cual se realizó el 29 de
septiembre de 2020, en la que se aprobó un traslado presupuestal con el propósito
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 31 de agosto de 2023, rad. núm. 66001-23-33-000-2020-00354-01 (5720-2022).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 17 de marzo de 2016, rad. núm. 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12).
6 Oficios ICC-DG-101-E1328 del 29 de septiembre de 2020 y ICC-DG-101-S244 del 4 de marzo de 2021
del Instituto Caro y Cuervo, y 20212320463361 del 25 de marzo de 2021 de la Comisión Nacional
del Servicio Civil. Índice 3 de la plataforma Samai.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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de financiar el concurso de méritos9.
36. Lo anterior permite evidenciar que los actos demandados no incurrieron en
falsa motivación al señalar que la etapa de planeación se había adelantado de
manera satisfactoria entre la CNSC y el ICC. En efecto, de las pruebas señaladas
en el párrafo anterior se puede advertir que la etapa de planeación conjunta se
efectuó conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 201510.
37. En este caso está plenamente probado que se cumplió con el principio de
planeación conjunta porque en los actos demandados se ofertaron los cargos que
previamente la entidad registró en la OPEC. Sobre este punto, esta Corporación ha
expresado que el suministro de la OPEC a la CNSC es un elemento indispensable
para impulsar los concursos y es un reflejo de la colaboración y coordinación en la
etapa de planeación, pues «la información que se consolida en la oferta es la que
permite conocer cuáles son los perfiles requeridos para los empleos por proveer
mediante el concurso de méritos. De esta manera, si no se contara con ella, el
certamen no podría llevarse a cabo»11.
38. En este sentido, esta Subsección ha resaltado la importancia del registro de
la OPEC en los siguientes términos:12
El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para elaborar
la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en la OPEC
definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del sistema del
mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto preparatorio expedido
9 Acta 005 del 29 de septiembre de 2020. Ibidem.
10 Decreto 1083: 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los jefes de
personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de
carrera y específico o especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de
Empleos de Carrera (OPEC) de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y
lineamientos que esta establezca.
Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el proceso de
planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La convocatoria deberá ser firmada por la
Comisión Nacional de Servicio Civil y por el jefe de la entidad pública respectiva.
Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su manual de
funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos.
En la asignación de las cuotas sectoriales las dependencias encargadas del manejo del presupuesto
en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar los
concursos de méritos.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP) y
el techo del Marco de Gasto de Mediano Plazo, las entidades del nivel nacional deberán priorizar el
gasto para adelantar los concursos de méritos. Igualmente, los cargos que se sometan a concurso
deberán contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, de acuerdo con lo
establecido en el EOP.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022,
radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-
2018).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022,
radicado 11001-03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
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dentro del marco del proceso de planeación y colaboración armónica que debe surtirse
para la suscripción de la convocatoria13.
Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña la
convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas14.
39. Aunque es cierto que con posterioridad a la expedición del acto de
convocatoria el ICC solicitó a la CNSC la suspensión del concurso de méritos
porque deseaba iniciar un proceso de reorganización de su planta de personal y
manual de funciones; para la Sala ante la incertidumbre de la eventual
reestructuración de la entidad beneficiaria del concurso, la CNSC no desconoció el
principio de planeación ni el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 al continuar con el
proceso de selección con las OPEC reportadas en su debido momento y teniendo
como referente la planta de personal y el manual de funciones vigentes.
40. En contraste, una suspensión indefinida del concurso de méritos
desconocería la naturaleza de la carrera administrativa y el mérito como elementos
estructurales de nuestra Constitución, pues la realización de este procedimiento
quedaría condicionada a la voluntad de la entidad beneficiaria de realizar la reforma
a su planta de personal.
41. Por otra parte, la Sala considera que la CNSC tampoco desconoció el
derecho a la audiencia y defensa del ICC al no acceder a su solicitud de suspensión
del proceso de selección. Esta negativa no constituye, por sí misma, una
vulneración de dicho derecho, en la medida en que no se acreditó la existencia de
una norma que impusiera a la demandada el deber de acceder a dicha solicitud.
42. Además, la CNSC, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, cuenta con autonomía para definir la oportunidad y condiciones de los
procesos de selección, sin que ello implique desconocer garantías fundamentales,
siempre que las decisiones se adopten dentro del marco legal. La Sala advierte que
la petición fue debidamente contestada mediante oficio en el que la demandada le
explicó a la accionante los motivos y los fundamentos jurídicos por los que no podía
acceder a la solicitud.
43. Aceptar la tesis esgrimida por el ICC implicaría que la CNSC tendría que
acceder favorablemente a todas las peticiones y solicitudes que le realicen las
entidades beneficiarias de los concursos, lo que desnaturalizaría la competencia
legal y constitucional atribuida a esa entidad de ser la encargada de la
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado
11001-03-25-000-2019-00204-00 (1330-2019).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022,
radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-
2018).
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00322-00 (1731-2021)
Demandante: Instituto Caro y Cuervo
administración y vigilancia de los procesos de selección para el desempeño de
empleos públicos de carrera.
44. Así las cosas, los cargos de falsa motivación y desconocimiento del derecho
de audiencia y defensa serán negados por la Sala.
Requisito de título profesional y de especialización para los cargos adscritos
a la Facultad Seminario Andrés Bello y ausencia de pruebas especializadas
para los aspirantes a los empleos de la Imprenta Patriótica
45. La entidad demandante sostuvo que exigir solo los títulos de profesional y
especialización para los cargos adscritos a la Facultad Seminario Andrés Bello
como está establecido en el manual de funciones es ilegal porque pone en riesgo la
acreditación de las cinco maestrías que se imparten en esa unidad académica.
Además, afirmó que se debió tener en cuenta como requisito las labores de
investigación académica que implica el ejercicio de esos cargos.
46. Para la Sala, este reproche no cuenta con una argumentación suficiente que
permita desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados porque no
basta con realizar señalamientos genéricos, sino que los cargos deben estar
orientados a evidenciar que los requisitos de determinados empleos no
corresponden con las funciones a desempeñar. El hecho de que una dependencia
cuente con programas de formación a nivel de maestría no implica, per se, que
todos los empleos adscritos a ella deban exigir títulos de posgrado en ese mismo
nivel.
47. En el caso objeto de estudio, la entidad demandante no individualizó los
empleos cuyas funciones implicarían exigir un título de maestría o doctorado, por lo
que la Sala se abstendrá de realizar estudio alguno sobre este reproche porque este
tipo de cargo implica el análisis particular de cada empleo.
48. Por otra parte, se advierte que en ninguna de las normas superiores
invocadas como desconocidas por la parte demandante se establece el deber que
el ICC considera vulnerado, por lo que además es imposible realizar un juicio de
contrastación entre los actos demandados y las disposiciones legales y
constitucionales que se señalaron como desconocidas.
49. El medio de control de simple nulidad tiene naturaleza objetiva y persigue la
preservación del orden jurídico. Por ello, en su trámite se adelanta un juicio
abstracto de legalidad en el que corresponde a la parte demandante señalar las
normas que estima vulneradas y exponer el concepto de su violación, con el fin de
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo acusado.
50. Similar conclusión se puede llegar respecto del reproche relacionado con la
falta de una prueba especial que examinara las habilidades de los aspirantes a los
empleos adscritos a la Imprenta Patriótica. En efecto, sobre este cargo la Sala no
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00322-00 (1731-2021)
Demandante: Instituto Caro y Cuervo
advierte que la entidad accionante hubiese identificado los empleos y perfiles
requeridos, lo que no permite examinar cada uno de ellos con el objeto de poder
establecer si por las funciones a desempeñar se requería realizar una prueba
especial.
51. Asimismo, ninguna de las disposiciones normativas superiores invocadas
como vulneradas por la entidad accionante tiene relación con este reproche, lo que
impide realizar un juicio de contrastación normativa.
Competencia del ICC para reformar su planta de personal y ajustar el manual
de funciones y competencias laborales
52. La entidad accionante sostiene que los actos demandados desconocieron su
competencia para reformar su planta de personal y el manual de funciones y
competencias laborales con el propósito de poderlos ajustar a las nuevas exigencias
de protección del patrimonio cultural lingüístico y de acreditación académica
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.
53. La Sala negará este cargo dado que no le asiste razón a la accionante ya
que los artículos 15 y 46 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 2.2.1.4.1, 2.2.2.6.1 y
2.2.2.6.2 del Decreto 1083 de 2015 señalan que corresponde a cada entidad definir
su planta de personal y adoptar el manual específico de funciones y competencias
laborales mediante acto administrativo.
54. Así las cosas, legal y reglamentariamente es competencia y deber de la
entidad demandante adoptar una planta de personal y un manual de funciones
ajustado a las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye. Lo anterior
con el propósito de cumplir con las funciones propias para la satisfacción de los
intereses generales de los administrados, en los términos que establece el artículo
209 de la Constitución Política.
55. Si bien es cierto que, una vez abiertas las inscripciones no es posible
modificar la convocatoria por expreso mandato del artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083
de 2015, ello no implica que las entidades estén impedidas o pierdan competencia
para adelantar reformas a su planta de personal y al manual de funciones cuando
las nuevas circunstancias lo exijan. Por ende, aunque el proceso de selección
cuestionado se adelante con fundamento en el manual específico de funciones y
competencias laborales vigentes al momento de registrar las OPEC, ello no conlleva
que exista una prohibición para el ICC de modificar su estructura orgánica si así lo
exigen las necesidades del buen servicio.
56. En similar sentido, la entidad también tuvo la potestad de modificar su planta
de personal y el manual de funciones ante del inicio del proceso de selección y como
quiera que no realizó gestión alguna para ese fin, se presume que para ese
momento ambos actos se encontraban ajustados a las necesidades y misionalidad
de instituto.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00322-00 (1731-2021)
Demandante: Instituto Caro y Cuervo
Condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia. La
pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
58. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla general,
no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público;
y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario
cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma
hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular
al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor
de un sujeto determinado.
59. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general al
abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra el
acto administrativo demandado que debieron ser analizados tanto al decidir la
medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00322-00 (1731-2021)
Demandante: Instituto Caro y Cuervo
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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