Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00082-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00082-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00082-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00082-00 (1123-2023)
Demandantes: Fabiola Rodríguez Ordóñez y otros
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y departamento del
Valle del Cauca
Temas: Concurso de méritos. NIEGA PRETENSIONES.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), promovido por los señores Fabiola Rodríguez
Ordóñez, Luis Enrique Guerrero Urbano, Gloria Elena López Bermúdez y Jenny
Tatiana Barbosa Restrepo, a través de apoderado, con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES1
1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Decreto 1597 del 30 de noviembre de 2016 «por el cual se adopta el manual
específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los
empleos de la planta de personal de la Administración Central del
Departamento del Valle del Cauca», proferido por la gobernadora del Valle
del Cauca.
• Acuerdo CNSC 20171000000346 del 28 de noviembre de 2017 «por el cual
se establecen las reglas del concurso abierto de méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Gobernación del Valle
del Cauca, “Proceso de Selección n.° 437 de 2017- Valle del Cauca”»,
expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
1 Índice 3 Samai.
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HECHOS
2. La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Que con ocasión de la etapa de planeación realizada entre la Comisión Nacional
del Servicio Civil y el departamento del Valle del Cauca, se expidió el acuerdo
que estableció las reglas del concurso de méritos para proveer los empleos
vacantes de la planta de personal de dicho ente territorial, el cual fue publicado
en la página web www.cnsc.gov.co.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Los demandantes consideraron vulnerados los artículos: 2, 3, 4, 6, 13, 23, 25,
28, 53, 58, 113, 115, 121, 125, 189-1, 209, 218, 230 y 241 de la Constitución
Política; 7,11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004; 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015
(adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018); 2 de la Ley 1960 de 2019;
y 4 del Decreto 498 de 2020.
5. Argumentaron que el manual específico de funciones y de competencias
laborales del ente territorial demandado, es nulo porque omitió realizar la
socialización que ordena la ley, circunstancia que impidió la participación de la
ciudadanía.
6. Que el estudio técnico requerido para la expedición del manual no tuvo en cuenta
las competencias del empleo, formación académica, experiencia, el número de
cargos ofertados, y no fue realizado por una entidad idónea para este tipo de
labores.
7. Afirmaron que la actuación administrativa adelantada por las entidades
demandadas presentó inconsistencias presupuestales, específicamente se
advierten irregularidades en el rubro asignado para el pago de la convocatoria.
8. Explicaron que el departamento del Valle del Cauca no informó los empleos que
debían ser excluidos de la OPEC porque estaban ocupados por personas que
ostentan condiciones especiales, tales como madre o padre cabeza de familia
sin alternativa económica, prepensionados, víctimas de violencia, entre otros.
9. Sustentaron que, en la aplicación de pruebas escritas, las preguntas no siguieron
normas convencionales, formales, semánticas y gramaticales del español;
además, muchas de las expresiones en los textos resultaron poco claras,
inconclusas y ambiguas. En lo que tiene que ver con la valoración de
antecedentes de los participantes que superaron las pruebas escritas, se
incumplieron los requisitos mínimos exigidos.
10. Indicaron que a pesar de que el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto
1754 del 22 de diciembre de 2020, al considerar que la reactivación del concurso
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de méritos, en un periodo de emergencia sanitaria y social, iba en contravía del
ordenamiento superior; las demandadas no garantizaron el principio del mérito,
porque los aspirantes no estaban en óptimas condiciones para continuar en el
certamen.
11. El 16 de junio de 2023 se admitió la demanda, y se corrió traslado de la solicitud
de medida cautelar, la cual fue resuelta por auto del 19 de febrero de 2024.
Notificado el medio de control, las entidades demandadas se pronunciaron de la
siguiente forma.
12. La Comisión Nacional del Servicio Civil2, expresó que el proceso de selección
se presume legal, en la medida en que para el momento de suscripción de los
actos administrativos que integraron el reporte de la OPEC, estos gozaban de
plena legalidad.
13. Argumentó que el informe técnico que se aporta da cuenta de que ninguno de
los actores hizo uso de la reclamación a la que tenían derecho al momento de
ser excluidos del concurso por no haber superado el umbral mínimo durante la
etapa de evaluación.
14. Formuló las excepciones denominadas ineptitud sustantiva de la demanda por
falta de requisitos formales, en la medida en que no se demandaron los actos
que modificaron el acuerdo principal; legalidad del acto administrativo
demandado; e improcedencia de la acusación por no existir una contradicción
evidente entre las razones jurídicas y fácticas expuestas en el acto administrativo
acusado y las razones concretas de la inconformidad.
15. El departamento del Valle del Cauca no contestó la demanda.
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
16. El 9 de septiembre de 2024 se declaró no probada la excepción de ineptitud de
la demanda por falta de requisitos formales formulada por la Comisión Nacional
del Servicio Civil. Por auto del 12 de noviembre de 2024 se evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del
CPACA, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 189 de la Ley
1437 de 2011, se decretaron las pruebas y se fijó el correspondiente litigio. El 20
de enero de 2025 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
17. La CNSC3, reiteró las razones expuestas en la contestación de la demanda.
Agregó que la expedición y actualización del manual de funciones es
competencia única y exclusiva de la entidad territorial convocante, así como la
2 Índice 26, ibid.
3 Índice 48 ibid.
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obligación correspondiente al reporte y actualización de la OPEC, situaciones
ajenas a las competencias de la CNSC.
18. El departamento del Valle del Cauca4, expresó que el Decreto 1597 de 2016
que sirvió de base de la convocatoria, se expidió en virtud de las competencias
otorgadas por el numeral 7 del artículo 305 de la Constitución Política y el
Decreto Ley 785 de 2005, que regulan la organización de la administración
departamental y la carrera administrativa. Formuló las excepciones de ineptitud
sustancial de la demanda por falta de proposición jurídica completa; falta de
agotamiento de los recursos administrativos e inexistencia de perjuicio concreto.
19. La parte demandante5, ratificó los argumentos expuestos en la demanda.
20. El Ministerio Público no emitió concepto.
21. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
22. Se deberá determinar si el Decreto 1597 del 30 de noviembre de 2016, fue
expedido de forma irregular porque: i) no fue socializado de forma previa con las
organizaciones sindicales; y ii) el estudio técnico fue deficiente.
23. También, si el acto de convocatoria desconoció las normas en que debía
fundarse, porque según se afirma: a) no tuvo en cuenta las medidas afirmativas
para las personas amparadas con retén social; b) en la aplicación de pruebas
escritas muchas de las expresiones en los textos resultaron poco claras,
inconclusas, ambiguas y desconectadas; c) se inobservó el cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos en la valoración de antecedentes; y d) no se dio
aplicación al artículo 2 de la Ley 1960 de 2019. Igualmente, si se presentaron
inconsistencias presupuestales.
Irregularidades en la expedición del manual de funciones
24. La validez del acto administrativo puede entenderse como la conformidad de la
decisión administrativa con el ordenamiento jurídico, de manera que su
elaboración, expedición y contenido se ajusten a las normas y principios que lo
integran.
25. Los requisitos para que se predique este concepto son: i) que se haya dictado
por autoridad competente; ii) que su contenido se ajuste a la Constitución y al
ordenamiento jurídico vigente; iii) que su expedición se haya hecho de manera
regular; iv) que los motivos que lo justifican resultan acordes con la realidad; y
v) que el ejercicio de la atribución con base en la cual se profirió satisfaga
intereses públicos o los específicos a los que responde dicha competencia.
4 Índice 49 ibid.
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26. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación6 las causales de
nulidad operan en la etapa de formación del acto administrativo pues las
hipótesis que la generan se encuentran ligadas a circunstancias, internas o
externas, predicables del acto en el momento en que nace a la vida jurídica.
27. En este sentido, los elementos de validez del acto administrativo se enjuician a
la luz de las normas jurídicas que estaban en rigor en el momento de su
expedición, y excluye la posibilidad de confrontarlo con disposiciones proferidas
posteriormente7, pues si el acto nace legalmente, es válido, sin que una
normativa posterior pueda invalidarlo de forma retrospectiva.
28. Ahora, para la parte demandante, el MEFCL debió socializarse de conformidad
con el artículo 1 del Decreto 51 de 2018; sin embargo, el artículo 2.2.2.6.1 del
Decreto 1083 de 20158, norma vigente para la fecha de expedición del Decreto
1597 del 30 de noviembre de 2016, disponía:
«Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente
Título expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de
personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.
La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título.
Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada
organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización,
modificación o adición del manual de funciones y de competencias laborales y
velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas. […]».
29. Así, al momento de proferirse del manual específico de funciones, en virtud de
la norma invocada en la demanda, el departamento del Valle del Cauca no tenía
el deber de socializar con las organizaciones sindicales el acto administrativo
que lo adoptara.
30. En efecto, como la expedición del manual enjuiciado fue expedido el 30 de
noviembre de 2016 y la norma invocada como vulnerada se publicó el 16 de
enero de 20189, no es dable exigir el cumplimiento de una ley que ni siquiera se
había expedido.
31. En relación con el argumento de que el estudio técnico que precedió al manual
de funciones no fue elaborado por una entidad idónea y no tuvo en cuenta las
competencias del empleo, formación académica, experiencia, número de
6
Se pueden consultar las sentencias del 31 de enero de 2019. Exp. 11001032500020160101700 (4574-16).
C.P. César Palomino Cortés; del 26 de agosto de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2019-00210-00 (1356-19) y del
5 de mayo de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00886-00 (6373-2019). C.P. William Hernández Gómez.
7 Consejo de Estado, radicado 467-CE-1941-05-27 (204951). Tesis que ha sido reiterada en las sentencias que
se señalaron en el pie de página anterior.
8 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública». Sin la
modificación del Artículo 1 Decreto 51 de 2018.
9 Diario Oficial 50.478.
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cargos, la Sala advierte que se trata de un planteamiento genérico, pues los
demandantes no indicaron cuáles son los cargos que desconocen los alegados
requisitos ni aportaron elementos de juicio que permitan verificar el error
censurado. No prospera el cargo.
De la estabilidad de los empleados en provisionalidad
32. En el caso de los servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos
de carrera, la Corte Constitucional10 y el Consejo de Estado11, han considerado
que gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, lo que implica que su
retiro debe fundarse en una causa legal, entre otras razones, porque se vaya a
proveer con ocasión de la realización de un concurso de méritos.
33. En este sentido, la jurisprudencia ha indicado que, aun cuando las personas que
ocupan un cargo público en provisionalidad no tienen derecho a permanecer en
este de manera indefinida, en el caso de que una de estas cuente con estabilidad
manifiesta, deberá otorgársele un trato preferencial, por lo que será de las
últimas en removerse cuando se proceda al nombramiento de quienes superaron
el concurso de méritos.
34. De esta forma, en los eventos en que un cargo de carrera ofertado está provisto
en forma provisional por una persona en condición de debilidad manifiesta, el
retiro del servicio de esta última a causa del nombramiento de quien aprobó
todas las etapas del concurso de méritos se encuentra claramente justificado,
pues es evidente que el retiro del funcionario obedeció a una causal objetiva
expresamente consagrada en la ley y no con ocasión de su condición de
debilidad. De ahí que, ofertar los cargos ocupados por personas en condiciones
especiales no vició de nulidad la convocatoria.
35. En todo caso, se advierte que el Acuerdo 20171000000346 del 28 de noviembre
de 2017, en el artículo 50 previó que, en caso de empate en las listas de
elegibles, se tendrán en cuenta varios criterios, entre los cuales se destaca: «1.
Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. […]».
Suspensión del proceso de selección
36. El Decreto 491 de 2020 dispuso el aplazamiento de los procesos de selección
por la pandemia del COVID-19. A su vez, el Decreto 1754 de 2020 reactivó las
etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas a partir del 22 de diciembre de
2020.
37. Los actores no explicaron ni aportaron elementos de convicción que permitan a
la Subsección advertir cuáles etapas se surtieron en contravía del decreto que
suspendió el desarrollo de los concursos mientras estuviera vigente la pandemia,
10 Sentencia SU-446 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y sentencia T-342 de 2021. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
11 Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2024. Exp. 41-001-23-33-000-2017-00097-01
(0221-2021). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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por lo cual, se carece de los medios probatorios que acrediten las falencias
alegadas.
38. Además, esta circunstancia se refiere a una situación posterior a la expedición
del acuerdo reglamentario de la convocatoria y, por lo tanto, no tiene la vocación
de afectar su legalidad, dado que, como lo ha señalado esta corporación 12, la
validez de los actos administrativos debe analizarse de conformidad con las
normas vigentes en las que se debían fundar en el momento en el que son
proferidos. Teniendo en cuenta ello, para la fecha en que se profirió el acto de
convocatoria, 28 de noviembre de 2017, la administración no había expedido los
Decretos 491 de 2020 y 1754 de 2020.
Disponibilidad presupuestal
39. El artículo 30 de la Ley 909 de 2004, establece que los costos que genere la
realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las
entidades que requieran la provisión de los empleos.
40. El primer inciso del artículo 71 del Decreto 111 de 199613, compilatorio del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, prevé que todos los actos administrativos
que afecten las apropiaciones presupuestales deben contar con certificados de
disponibilidad previos, entendiendo por apropiación, la autorización de gasto
suficiente para atender las erogaciones que ellos generen (89 de la misma
disposición). El inciso segundo de la misma norma se refiere a otro concepto
como es el de «registro presupuestal», el cual afecta de forma definitiva la
apropiación y sirve para que los recursos previstos para financiarlos no se
desvíen para otro fin.
41. Sobre la necesidad del certificado de disponibilidad presupuestal como
prerrequisito de las convocatorias a concursos públicos de méritos, se refirió la
Corte Constitucional en sentencia C-747 de 2011, en la cual recalcó el deber de
tener el CDP antes de abrir las convocatorias, como el de las entidades de
constituirlo para no obstaculizar las labores de la CNSC.
42. Ahora, la parte actora predica que la actuación administrativa adelantada
presenta irregularidades, especialmente en el rubro asignado para el pago,
«generando vicios en la expedición del acto administrativo por medio del cual se
convoca y se establecen las reglas en la Convocatoria», circunstancia que no
fue demostrada. Además de ello, la Sección Segunda del Consejo de Estado 14
12 Se pueden consultar: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de
2019. Exp. 11001032500020160101700 (4574-16) C.P. César Palomino Cortés; y Subsección A, fallos del 26
de agosto de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2019-00210-00 (1356-19) y del 5 de mayo de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2019-00886-00 (6373-2019). C.P. William Hernández Gómez.
13 Según el primer inciso del artículo 109 ibidem, las normas de la Ley Orgánica de Presupuesto, compiladas
en dicho decreto, también son aplicables a las entidades territoriales.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de enero de 2017. Exp. 25000-23-24-
000-2007-00203-02 (3756-15). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Tesis que fue reiterada por la Subsección A.
Sentencia del 25 de abril de 2024. Exp. 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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ha señalado que el certificado de disponibilidad presupuestal no es un requisito
de validez del acto administrativo, por lo que su ausencia no compromete su
presunción de legalidad.
De las pruebas escritas y valoración de antecedentes
43. Respecto a lo señalado por la parte demandante respecto de que en las pruebas
no se siguieron normas convencionales, formales, semánticas y gramaticales del
español, y que muchas de las expresiones en los textos resultaron poco claras,
inconclusas, ambiguas y confusas, la Sala advierte que no se allegaron
elementos probatorios que permitan verificar las alegadas irregularidades. Se
trata de afirmaciones generales que dificultan un estudio en concreto.
44. Igual análisis merece la aseveración de que la valoración de antecedentes
inobservó el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, pues la parte
actora no indicó cuáles eran los requerimientos académicos o de experiencia
que fueron desconocidos en dicha etapa y mucho menos aportaron pruebas
tendientes a soportar su dicho.
45. Por último, la parte actora consideró la vulneración del artículo 2 de la Ley 1960
de 2019, sin embargo, del escrito de la demanda se advierte que no se aportaron
argumentos específicos que concretaran el fundamento de ese deber ni la
manera en que fue desconocida la mencionada disposición. En todo caso,
tampoco es posible analizar esta infracción, pues para la fecha en que se expidió
el Acuerdo CNSC 20171000000346, esto es, 28 de noviembre de 2017, no
estaba en vigencia la referida ley, pues entró a regir el 27 de junio de 2019.
46. En consecuencia, los cargos de nulidad formulados en la demanda no están
llamados a prosperar, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de
los actos demandados, motivo por el cual negarán las pretensiones de la
demanda.
Condena en costas
47. El artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no habrá condena
en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando
la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace
referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al
abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en
favor de un sujeto determinado.
48. En el caso concreto, se tiene que el medio de control fue presentado en ejercicio
del medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la
general al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
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Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente
de fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos
contra los actos administrativos demandados que debieron ser analizados tanto
al decidir la medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se
prescindirá de la condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR PROBADAS las excepciones de mérito propuestas por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, según lo expuesto en la parte considerativa.
Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad formuladas por la
señora Fabiola Rodríguez Ordóñez y otros contra el Acuerdo CNSC
20171000000346 del 28 de noviembre de 2017, expedido por la Comisión Nacional
del Servicio Civil y del Decreto 1597 del 30 de noviembre de 2016 proferido por el
departamento del Valle del Cauca.
Tercero. SIN CONDENA en costas.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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