Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00202-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00202-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00202-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
10 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001032500020210020200 (1315-2021)
Demandante: MUNICIPIO DE SANTANA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Temas: Concurso de méritos para la provisión de empleos en la Alcaldía de Santana,
Boyacá – Convocatoria N.º 1223 de 2019, Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena. Criterios
de categorización de un empleo de libre nombramiento y remoción.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-017-2022
1. ASUNTO
La Sala dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el proceso judicial de la
referencia tramitado en virtud del medio de control de nulidad simple, consagrado
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
2. DEMANDA1
En ejercicio del medio de control de nulidad que consagra el artículo 137 del
CPACA, el municipio de Santana presentó demanda en contra de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.
2.1. Pretensiones
(i) Del Acuerdo CNSC -20191000004786 del 14 de junio de 20192, solicitó la
declaratoria de nulidad parcial sus artículos 1, 2, 8, 10 y 37, según las expresiones
resaltadas a continuación:
1
Índice 3, expediente electrónico (repetido en el índice 4).
2
«Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección para proveer
definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la ALCALDÍA DE SANTANA - BOYACÁ - Convocatoria No. 1223 de 2019—
Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena».
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Radicado: 11001032500020210020200 (1315-2021)
Demandante: Municipio de Santana
[…] ARTÍCULO 1º.- CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección
para proveer de manera definitiva CINCO (5) empleos, con SEIS (6) vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la ALCALDÍA DE SANTANA - BOYACÁ, que se identificará como
“Convocatoria No. 1223 de 2019 – Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena”
[…]
ARTÍCULO 2°.- ENTIDAD RESPONSABLE. El Proceso de Selección por
mérito que se desarrollará para proveer CINCO (5) empleos, con SEIS (6)
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la ALCALDÍA DE SANTANA - BOYACÁ
correspondientes a los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, estará bajo
la directa responsabilidad de la CNSC, quien en virtud de sus competencias
legales podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para
adelantar las diferentes fases con universidades públicas o privadas o
instituciones de educación superior acreditadas por la misma CNSC para
realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en el artículo 30 de la Ley
909 de 2004.
ARTÍCULO 8º.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la
Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC-, que se convocan para este
proceso de selección son:
NIVEL NÚMERO DE NÚMERO DE
EMPLEOS VACANTES
PROFESIONAL 2 2
TÉCNICO 1 1
ASISTENCIAL 2 3
TOTAL 5 6
PARÁGRAFO 1: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo ha
sido suministrada por la ALCALDÍA DE SANTANA - BOYACÁ y es de
responsabilidad exclusiva de ésta. En caso de diferencia entre la Oferta
Pública de Empleos de Carrera – OPEC y el Manual de Funciones que sirvió
como insumo para el presente proceso de selección, prevalecerá el
respectivo manual; así mismo, en caso de presentarse diferencias entre el
manual de funciones suministrado por la entidad pública y la ley,
prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior […]
ARTÍCULO 10º.- MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Antes de dar
inicio a la etapa de inscripciones, la Convocatoria podrá ser modificada o
complementada, de oficio o a solicitud de la entidad para la cual se realiza el
proceso de selección, debidamente justificada y aprobada por la CNSC y su
divulgación se hará a través de los mismos medios utilizados desde el inicio.
Iniciada la etapa de inscripciones, la convocatoria sólo podrá modificarse en
cuanto al sitio, hora y fecha de inscripciones y aplicación de las pruebas por
la CNSC. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas
inicialmente. […]
ARTÍCULO 37.- VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición y publicación en el sitio web de la CNSC y/o enlace SIMO, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909
de 2004 […]
(ii) El Oficio 20202330659181 del 2 de septiembre de 2020, por medio del cual
la CNSC dio respuesta negativa a la solicitud formulada por el municipio de Santana
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Radicado: 11001032500020210020200 (1315-2021)
Demandante: Municipio de Santana
para retirar de la convocatoria el empleo denominado Profesional universitario,
código 219, grado 01.
2.2. Normas violadas y concepto de violación
Como normas transgredidas identificó las siguientes:
• Constitución Política, el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 83, 84, 85,
93, 113, 115, 122, 123, 124, 125, 130, 189 numeral 14; 209, 286, 287, 288, 311,
312, 313 numeral 6, 314 y 315 numerales 1, 3 y 7.
• Código Civil, el artículo 10.
• Ley 57 de 1887, los artículos 5 y 45;
• Ley 153 de 1887, los artículos 1, 2, 3, 8 y 12;
• Ley 136 de 1994, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 numeral 7, 21, 32, 91 literal a
numerales 1 y 6, literal d numerales 1, 2 y 4.
• Ley 909 de 204, el artículo 1, 2, 3 literal c), 5 numeral 2 literal a), 11, 12, 30, 31,
32 y 33.
• Decreto Ley 785 de 2005, los artículos 1, 2, 3, 4, 15 y 18;
• CPACA, los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 y 43.
• Ley 1551 de 2012, los artículos 1, 2 numerales 2 y 5, 3, 5, 6, 8 y 29.
• Decreto 1785 de 2014, artículo 30.
• Decreto 2484 de 2014, artículos 1, 2, 3, 7 y 8.
• Decreto 1083 de 2015, artículos 2.1.1.1; 2.1.1.2; 2.2.1.4.1; 2.2.2.6.1; 2.2.2.6.2;
2.2.3.1; 2.2.3.2; 2.2.3.5; 2.2.3.7; 2.2.3.8; 2.2.4.1; 2.2.4.2; 2.2.4.3; 2.2.4.4; 2.2.4.5;
2.2.4.6; 2.2.4.8 numeral 3; 2.2.4.11; 2.2.5.1.2; 2.2.5.1.3.
• Decreto 1800 de 2019, artículos 1 y 2.
• Decreto 498 de 2020, artículo 4 y 5.
• Ley 2080 de 2021, artículo 1.
• Acuerdo municipal 11 de 18 de septiembre de 2006, que modificó la estructura
de la Alcaldía de Santana y determinó las funciones de sus dependencias.
• Acuerdo municipal 43 del 29 de septiembre de 2006, por el cual se modifica la
planta de personal del municipio de Santana.
• Acuerdo municipal 25 de 2017, por medio del cual se ajusta la estructura
administrativa de la Alcaldía de Santana, se señalan las funciones de sus
dependencias y se dictan normas básicas para su organización y funcionamiento.
• Decreto municipal 8 del 24 de enero de 2019, por medio del cual se ajusta el
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Planta de
Personal del municipio de Santana.
El concepto de violación de la demanda, sostuvo que los actos administrativos
demandados están viciados de nulidad por las siguientes causales:
(i) Falsa motivación. Sobre este vicio, adujo que se configuró debido a que los
actos demandados partieron de una premisa incorrecta consistente en que el cargo
de «profesional universitario, código 219, grado 01» era de carrera, cuando en
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Demandante: Municipio de Santana
realidad es un empleo de libre nombramiento y remoción, lo que determina la
falsedad de su motivación.
Al respecto, enfatizó en que, para el 2 de septiembre de 2020, cuando se expidió
el Oficio 20202330659181, que negó la solicitud para retirar dicho empleo de la
OPEC, la Comisión Nacional del Servicio Civil ya contaba con todas las pruebas
documentales que acreditaban la verdadera naturaleza del cargo cuestionado.
Indicó que, de haberlas tenido en cuenta, la decisión adoptada en aquel oficio
hubiera sido sustancialmente distinta.
En especial, se refirió al Decreto 008 del 24 de enero de 2019, que ajustó el manual
de funciones y competencias laborales de la planta de personal del municipio de
Santana. Indicó que la CNSC tuvo en cuenta el índice de empleos contenido en su
artículo 1.º numeral 4 para concluir que el cuestionado era un cargo de carrera
administrativa pero no consideró que la parte que le era aplicable y prevalecía era
la especial, desarrollada específicamente en la página 18 de dicho documento, que
al ocuparse de la identificación y ubicación del mencionado empleo de profesional
universitario, le asignó la naturaleza de libre nombramiento y remoción.
(ii) Expedición irregular del acto. Como fundamento de esta causal, expuso
que, cuando en el año 2020 la administración del municipio de Santana encontró
que el referido cargo de «profesional universitario», que había sido ofertado en la
convocatoria acusada, no correspondía a un empleo de carrera, le solicitó a la
CNSC su retiro de la OPEC. Esta petición, radicada el 4 de agosto de 2020, fue
contestada en forma negativa por la entidad a través del Oficio 20202330659181
del 2 de septiembre de 2020.
En criterio de la parte demandante, la CNSC incurrió en el vicio alegado al
desconocer el procedimiento y las reglas que ella misma había establecido en
relación con la posibilidad de hacer cambios sustanciales en la convocatoria. Al
respecto, explicó que el cronograma inicialmente fijado sufrió modificaciones a raíz
de varias decisiones judiciales proferidas en sede de tutela, lo que hizo que se
concediera un plazo extraordinario de inscripción para algunos empleos hasta el 1.º
de abril de 2021 y, por ende, que la solicitud que efectuó la entidad territorial hubiera
estado dentro del término previsto en el artículo 10 del acuerdo enjuiciado.
Finalmente, aunque la parte demandante también esgrimió la desviación de poder
como causal de nulidad de los actos demandados, la sustentó en la misma
argumentación expuesta en precedencia respecto de los otros dos vicios alegados.
3. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR
En auto del 30 de agosto de 20213 se negó el trámite de urgencia de la medida
cautelar que solicitó el municipio de Santana, ordenando que, en su lugar, se le
3
Índice 16, expediente electrónico.
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Demandante: Municipio de Santana
impartiera el trámite ordinario que consagra el artículo 233 del CPACA. Surtido el
traslado de la misma, mediante auto del 22 de marzo de 20224, se negó la
suspensión provisional de los efectos de los artículos 1, 2, 8, 10 y 37 del Acuerdo
20191000004786 del 14 de junio de 2019 y del Oficio 20202330659181 del 2 de
septiembre de 2020, proferidos por la CNSC. La decisión no fue recurrida.
4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA5
La Comisión Nacional del Servicio Civil se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda. Con tal fin, ahondó en la naturaleza jurídica de la
entidad para señalar que, de acuerdo con los artículos 125 y 130 de la Constitución,
así como los artículos 7, 11 y 29 de la Ley 909 de 2004, la CNSC es la encargada
de administrar y vigilar, con plena autonomía, el sistema general de carrera
administrativa y los sistemas específicos que se originen en la ley, con fundamento
en lo cual se encuentra facultada para elaborar las convocatorias a los concursos
públicos de mérito.
Explicó que el proceso de selección Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena fue
producto de un proceso conjunto de planeación entre la CNSC y las entidades
beneficiarias. En ese sentido, sostuvo que la Alcaldía de Santana cumplió con la
entrega total de los insumos necesarios para la provisión definitiva de los cargos
ofertados, como el manual de funciones y competencias laborales, el reporte de la
OPEC, el pago de los costos del concurso y la jornada de validación de ejes
temáticos. Fue con base en dicha información que se estructuró el acto de
convocatoria y comenzaron a ejecutarse cada una de las etapas previstas en el
acuerdo, destacando que en ese momento el proceso se encontraba en
reclamaciones frente a los resultados de las pruebas practicadas.
Seguidamente, propuso como excepción de fondo la falta de legitimación en la
causa por pasiva pues explicó que, entre las funciones constitucionales y legales
de la Comisión, no se encuentra la de determinar la naturaleza de los empleos de
los organismos regulados por la Ley 909 de 2004. En esa línea, señaló que la
responsabilidad y obligación de reportar la información adecuada de la OPEC y del
manual de funciones y competencias laborales recae exclusivamente en las
entidades beneficiarias, en este caso, el municipio demandante. Así se desprende
de los artículos 32 de la Ley 785 de 2005 y 15 de la Ley 909 de 2004, al igual que
de los artículos 2.2.2.6.1. y 2.2.6.3. del Decreto 1083 de 2015.
A lo anterior, la demandada agregó que, para la fecha en que el municipio solicitó
que se excluyera del concurso el empleo cuestionado, la etapa en la que se
encontraba la convocatoria impedía que se realizaran modificaciones de esa
naturaleza. También precisó que, al expedir el acuerdo acusado, la CNSC actuó de
4
Índice 39, expediente electrónico.
5
Índice 30, expediente electrónico (repetido en el índice 33).
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Demandante: Municipio de Santana
buena fe y con sustento en la presunción de legalidad que amparaba la OPEC y el
Manual de Funciones y Competencias Laborales reportado por la demandante. De
allí que la convocatoria al concurso no fue más que el resultado del cumplimiento
del deber legal y constitucional que le asistía.
Además de formular excepciones de fondo, la entidad demandada propuso la
excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda, consagrada en el numeral
5 del artículo 100 del Código General del Proceso.
5. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES
Dentro de la oportunidad procesal oportuna, la parte demandante se pronunció6
descorriendo el traslado respecto de las excepciones propuestas por la Comisión
Nacional del Servicio Civil. Destacó que al momento de contestar la demanda, la
entidad dio por ciertos los hechos 1, 2, 3, 9 y 4 (parcialmente), sin embargo, adujo
que no podrían entenderse confesos porque el apoderado no acreditó las calidades
de quien le otorgó el poder y, en todo caso, el artículo 217 del CPACA impide la
confesión por parte de los representantes de las entidades públicas. De acuerdo
con ello, solicitó que en la etapa probatoria se decretara una prueba por informe
para que el representante administrativo de la entidad diera cuenta de los hechos
debatidos.
Frente al fondo del asunto, se opuso a la defensa de la legalidad de los actos
demandados pues desconocen que el empleo de «profesional universitario, código
219, grado 1» tiene la naturaleza de libre nombramiento y remoción, luego su
inclusión en un concurso de méritos da paso a que se configuren los vicios de
nulidad alegados en la demanda.
Finalmente, se opuso a la excepción previa de ineptitud de la demanda porque, en
su criterio, no solo no se configuran los presupuestos esenciales de este medio de
defensa sino también porque no se propuso en escrito separado al de la
contestación de la demanda, como lo ordenan los artículos 100, 101 y 102 del
Código General del Proceso, aplicables por disposición del artículo 175 del CPACA,
parágrafo 2, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021.
6. TRÁMITE DEL PROCESO
Mediante auto del 9 de junio de 20227, el consejero sustanciador se abstuvo de
resolver la excepción previa de ineptitud de la demanda toda vez que, al proponerla,
la CNSC no dio cumplimiento a las formalidades que exige el CGP. Además, la
providencia decidió darle aplicación a lo previsto en el artículo 182A del CPACA,
6
Índice 34, expediente electrónico (repetido en el índice 35).
7
Índice 46, ibidem.
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Radicado: 11001032500020210020200 (1315-2021)
Demandante: Municipio de Santana
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, a efectos de emitir sentencia
anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial.
De acuerdo con ello, decretó como pruebas las documentales aportadas por las
partes, previa fijación del litigio en los siguientes términos:
[…] Primero. ¿El Acuerdo CNSC -20191000004786 del 14 de junio de 2019 y
el Oficio 20202330659181 del 2 de septiembre de 2020 fueron falsamente
motivados por la CNSC al haberse expedido con desconocimiento de las
pruebas que acreditaban que el cargo de «profesional universitario, código
219, grado 01» no era de carrera sino de libre nombramiento y remoción?
Segundo. ¿Los actos administrativos demandados fueron expedidos
irregularmente por la CNSC por el hecho de que esta entidad hubiese resuelto
en forma negativa la solicitud de retirar de la OPEC reportada el cargo de
«profesional universitario, código 219, grado 01»? […]
La providencia, debidamente notificada8, no fue objeto de ningún recurso. En auto
del 25 de julio de la presente anualidad, se corrió traslado para alegar por escrito y
para que el Ministerio Público rindiera su concepto9.
7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
7.1. Parte demandante10
La apoderada del municipio de Santana insistió en las presuntas irregularidades
concernientes al acto de apoderamiento del abogado de la parte demandada y
señaló que, a pesar de haber pedido que se le ordenara rendir informe juramentado
al representante de la CNSC, el auto del 9 de junio de 2022 omitió pronunciarse
frente a dicha solicitud probatoria.
Seguidamente, reiteró que los actos demandados se encuentran viciados de
nulidad. Con tal fin, adujo que la CNSC desconoció lo dispuesto en el artículo 287
de la Constitución Política en relación con la autonomía de que gozan las entidades
territoriales para la gestión de sus intereses. Precisó que, en ejercicio de dicha
atribución, se expidieron los actos que definieron la planta de personal de la entidad
y su manual de funciones, de los que se desprende que el cargo de «profesional
universitario, código 219, grado 01» era de libre nombramiento y remoción, en
especial del Decreto 008 del 24 de enero de 2019.
7.2. Parte demandada11
8
Índices 49 y 20, expediente electrónico.
9
Índice 52,ibidem.
10
Índice 55, ib. (repetido en el índice 58).
11
Índice 59, expediente electrónico. (repetido en el índice 60).
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Demandante: Municipio de Santana
Reiteró su oposición a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Para tales
efectos, insistió en los argumentos de defensa que expuso en la contestación del
libelo introductor, sumado a lo cual se refirió a la Circular CNSC 20161000000057
de 2016 relativa al deber que tienen las entidades de abstenerse de adelantar
prácticas de obstaculización o dilación de los concursos de mérito, así como
suministrar la información de vacantes definitivas y apropiar en sus presupuestos
los recursos necesarios para cofinanciar y cubrir los costos del proceso de
selección.
De otro lado, indicó que se configura el fenómeno de la ineptitud sustantiva de la
demanda pues, en su criterio, el Oficio 20202330659181 del 2 de septiembre de
2020 no era susceptible de ser demandado ya que no modificó, extinguió ni creó
una situación jurídica en favor o en contra de la demandante, a quien solamente se
le indicó que no era posible modificar la Convocatoria n.º 1223 de 2019.
8. MINISTERIO PÚBLICO
Se abstuvo de emitir concepto en este proceso.
9. CONSIDERACIONES
9.1. Competencia
Esta Subsección es competente para dictar la sentencia de única instancia que en
derecho corresponde, de conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA,
en armonía con los artículos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201912,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
9.2. Control de legalidad
El artículo 207 del CPACA prevé la implementación, por parte del juez, de un control
de legalidad de las etapas del proceso como un mecanismo que permite el
saneamiento de aquellas circunstancias que pueden conducir a que se configure
una nulidad que afecte la validez de lo actuado.
En el presente caso, se observa que, en sus alegatos de conclusión, el municipio
de Santana llamó la atención sobre el hecho que, al momento de descorrer el
traslado de las excepciones, solicitó ordenarle a la CNSC que, a través de su
representante, rindiera informe escrito bajo juramento, petición frente a la cual no
hubo pronunciamiento en la etapa de decreto de pruebas.
Al respecto, es importante señalar que, según el artículo 135 del CGP, «La parte
que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la
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Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las
pruebas que pretenda hacer valer […]». Esta disposición enseña con claridad que
la formulación de un incidente de nulidad por una de las partes debe ser explícita y
satisfacer una carga argumentativa mínima.
En tales condiciones, la Sala no le atribuirá ningún efecto invalidante a la situación
expuesta por el municipio de Santana pues lo cierto es que no la alegó propiamente
como una causal de nulidad y, de la breve alusión que hizo a dicha circunstancia,
tampoco puede si quiera entenderse que su intención es buscar los efectos
asociados a la declaratoria de aquel fenómeno jurídico.
Así, bajo la premisa de que aquella manifestación no constituye un genuino
incidente de nulidad en los términos en que debe proponerse según el artículo 135
ibidem, cualquier anomalía asociada a los hechos censurados se entenderá
superada pues lo cierto es que, cuando la parte actúa sin proponer la nulidad, esta
queda saneada, como lo señalan los artículos 135 (inciso 2) y 136 (numeral 1) del
CGP. En cualquier caso, se advierte que la prueba que se echa de menos no
hubiera enriquecido el debate probatorio ni los medios de convicción con que
cuenta la Sala pues el asunto sometido a su conocimiento es principalmente de
índole jurídica y el contexto fáctico que se ventila en él se encuentra acreditado
mediante los documentos aportados, a los que se les ha conferido pleno valor
probatorio.
Visto lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el artículo 207 del CPACA, se
declarará saneada la circunstancia objeto de estudio, relativa a la omisión del
decreto de una prueba por informe juramentado notificación del auto admisorio de
la demanda a la Agencia Nacional de Minería, con la prevención de que estos
hechos no podrán alegarse como vicios en etapas siguientes.
9.3. Problemas jurídicos
A continuación, la Sala procede a estudiar y resolver los interrogantes que se
determinaron en auto del 9 de junio de 2022, que dispuso darle aplicación al trámite
propio de la sentencia anticipada:
9.3.1. Primer problema jurídico.
¿El Acuerdo CNSC -20191000004786 del 14 de junio de 2019 y el Oficio
20202330659181 del 2 de septiembre de 2020 fueron falsamente motivados por la
CNSC al haberse expedido con desconocimiento de las pruebas que acreditaban
que el cargo de «profesional universitario, código 219, grado 01» no era de carrera
sino de libre nombramiento y remoción?
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Demandante: Municipio de Santana
Tesis de la Sala: Ni el Acuerdo CNSC -20191000004786 del 14 de junio de 201913
(artículos 1, 2, 8, 10 y 37) ni el Oficio 20202330659181 del 2 de septiembre de
202014 se encuentran falsamente motivados pues no se acreditó que las razones
por las que ofertó aquel cargo en la Convocatoria No. 1223 de 2019 fueran
contrarias a la realidad, específicamente, lo relativo a su naturaleza como empleo
de carrera administrativa.
En sustento de esta posición, se estudiarán y desarrollarán los siguientes ítems (i)
la falsa motivación como causal de nulidad de los actos administrativos; (ii) la
categorización de empleos de libre nombramiento y remoción; (iii) los empleos de
libre nombramiento y remoción en la administración pública; (iv) deber de reportar
las vacantes definitivas a través de la OPEC; (v) inmodificabilidad de la
convocatoria y (vi) la solución del caso concreto.
(i) La falsa motivación como causal de nulidad de los actos administrativos
Entendida como el deber que tienen las autoridades de expresar las razones que
conducen a la toma de una determinada decisión o a la expedición de un acto, la
motivación de las decisiones judiciales y administrativas se proyecta como una
manifestación y garantía del derecho fundamental al debido proceso que prevé el
artículo 29 constitucional. En materia de procedimiento administrativo, el alcance
de este deber no se limita a la expresión de los motivos que justifican la expedición
del acto pues se entiende que, además, estos deben ser veraces.
De acuerdo con ello, el vicio de falsa motivación se configura cuando las razones
invocadas en la fundamentación de un acto administrativo son contrarias a la
realidad. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Subsección indicó15:
[…] Los elementos indispensables para que se configure la falsa motivación
son los siguientes: (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o
parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de
anulación distinta; (b) la existencia de una evidente divergencia entre la
realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos
argüidos o tomados como fuente por la administración pública o la calificación
de los hechos, y (c) la efectiva demostración por parte del demandante del
hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado […]
Así las cosas, el vicio de nulidad en comento se configura cuando se expresan los
motivos de la decisión total o parcialmente, pero los argumentos expuestos no
están acordes con la realidad fáctica y probatoria, lo que puede suceder en uno de
13
«Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección para proveer
definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la ALCALDÍA DE SANTANA - BOYACÁ - Convocatoria No. 1223 de 2019—
Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena».
14
A través de este la CNSC dio respuesta negativa a la solicitud formulada por el municipio de
Santana para retirar de la convocatoria el empleo denominado Profesional universitario, código 219,
grado 01.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección A, Sentencia del 17 de marzo de 2016,
radicación 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12)
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dos eventos a saber: primero, cuando los motivos determinantes de la decisión
adoptada por la administración se basaron en hechos que no se encontraban
debidamente acreditados o, segundo, cuando habiéndose probado unos hechos,
estos no son tenidos en consideración aunque habrían podido llevar a que se
tomara una decisión sustancialmente distinta.
En relación con la carga probatoria, es importante anotar que quien controvierta la
validez del acto administrativo aduciendo que se encuentra falsamente motivado
tiene que demostrarlo suficientemente. En tales eventos, esta carga adquiere una
especial relevancia pues como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta
Corporación, tratándose de dicha causal, el onus probandi se acentúa:
[…] Si bien la regla de la carga de la prueba se aplica con mayor importancia
en la falsa motivación, de lo que realmente se trata es de proteger la
presunción de legalidad que reviste todo acto administrativo una vez está en
firme. Por lo tanto, la carga de quien demanda es mayor al exponer bien sean
las razones de hecho o las de derecho que justifican la indebida motivación del
acto administrativo […]16
(ii) La categorización de un empleo como de libre nombramiento y remoción
El artículo 125 de la Constitución consagra como tipos de empleo público los (i) de
carrera; (ii) de libre nombramiento y remoción; (iii) de elección popular; (iv) de
trabajador oficial y (v) los demás que determinen la Constitución y la ley, últimos
dentro de los cuales pueden identificarse los empleos de periodo fijo; los
temporales; y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades
indígenas17.
Cada uno de estos estos empleos es provisto de diferente forma según la tipología
a la que respondan. Por lo que es objeto de discusión en el presente proceso,
interesa señalar que, tratándose de los cargos de carrera, el sistema de provisión
está dado por el concurso público18, el cual constituye la regla general pues ha de
aplicar a los empleos de dicha naturaleza y a cualquier otro, cuando la Constitución
o la ley no hayan determinado uno distinto.
En el ámbito de la función pública, el concurso de méritos puede definirse como un
proceso de selección para el desempeño del empleo público, llevado a cabo con
plena garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad, en el que
la escogencia del aspirante que habrá de ocuparlo se realiza exclusivamente19 con
base en el mérito, entendido este como el reconocimiento que le corresponde a una
16
Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 2 de diciembre de 2019,
radicación 11001-03-25-000-2012-00169-00 (0730-12).
17
Artículo 5 de la Ley 909 de 2004.
18
El artículo 21 inciso 1 de la Ley 909 de 2004 prevé que «[…] Los empleos de carrera
administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido
seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta ley […]».
19
Así lo establece el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 cuando regula el concurso público de méritos
como mecanismo de provisión de los empleos públicos de carrera.
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persona en razón de las capacidades, competencias y aptitudes que ha demostrado
tener para el desempeño del contenido funcional del cargo de que se trate.
En tales eventos, una vez elegida la persona que ha de ocupar el puesto conforme
a las reglas del concurso, esta debe ser nombrada en periodo de prueba20 por un
término de seis meses, al final del cual se le evalúa el desempeño. Si la calificación
es satisfactoria se entenderá aprobado el periodo de prueba y, en consecuencia,
el concursante adquiere los derechos de carrera respecto del empleo ofertado.
Los objetivos específicos que busca atender la carrera administrativa son de la
mayor relevancia constitucional pues mediante este sistema se busca la garantía
de cumplimiento de los fines estatales, el respeto de los derechos de acceso a
cargos públicos, la estabilidad laboral de los servidores del Estado y la eliminación
de prácticas de corrupción en la administración pública. Es por ello que la
caracterización de un empleo público como de libre nombramiento y remoción, al
ser una hipótesis que exceptúa la carrera administrativa, debe evaluarse a través
de parámetros aplicados de manera rigurosa y estricta.
En el caso de este último tipo de empleo, la característica esencial es la
discrecionalidad de que goza el nominador a efectos de vincular y retirar al servidor
público de la administración. El nombramiento de estos servidores públicos es de
naturaleza ordinaria21 en la medida en que basta el acto que así lo disponga y la
aceptación por parte del funcionario designado, quien previamente deberá haber
acreditado el lleno de los requisitos exigidos para desempeñar el empleo.
En efecto, la existencia de los cargos de libre nombramiento y remoción en la
administración pública se ha justificado en la necesidad de admitir el ejercicio de
esa discrecionalidad en la facultad nominadora como una atribución que reside en
ciertos funcionarios para conformar su equipo de trabajo con personal de la más
alta confianza, con miras al mejoramiento del servicio. Tal potestad, se traduce en
la libre escogencia de sus inmediatos colaboradores, máxime si se trata de
20
Respecto de esta etapa del proceso de selección, el numeral 5 del artículo 31 de la Ley 909 de
2004 señala lo siguiente: «[…] Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa
que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de
seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en
el reglamento. Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los
derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro
Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba,
el nombramiento del empleado será declarado insubsistente. El empleado inscrito en el Registro
Público de Carrera Administrativa que supere un concurso será nombrado en período de prueba,
al final del cual se le actualizará su inscripción en el Registro Público, si obtiene calificación
satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso contrario, regresará al empleo que
venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera administrativa.
Mientras se produce la calificación del período de prueba, el cargo del cual era titular el empleado
ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional […]».
21
El artículo 21 inciso 2 de la Ley 909 de 2004 señala que «[…] Los empleos de libre nombramiento
y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley […]».
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seleccionar a aquellos que demandan una mayor confidencialidad y cercanía con
las políticas a implementar por parte del administrador de turno22.
En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera
administrativa para quienes, sin haber superado las distintas etapas de un proceso
de selección por méritos, ingresan al servicio público a desempeñar empleos con
funciones de conducción u orientación institucional, en las cuales se requiere el
más alto grado de confianza.
Visto lo anterior, es importante señalar que, según la jurisprudencia
constitucional23, acogida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación24, entre los requisitos que determinan la validez de la clasificación de
un cargo como de libre nombramiento y remoción es necesario evaluar (i) que su
denominación y categorización como tal tenga fundamento legal expreso, pues se
entiende que son de carrera los cargos que no estén previstos en la ley como de
libre nombramiento y remoción; y (ii) que se trate de un cargo que cumpla funciones
directivas, de manejo, de conducción u orientación institucional; o que, para el
ejercicio del cargo se haga necesario un grado de confianza mayor al que se
predica de la función pública ordinaria, en virtud de la relevancia de las tareas
asignadas.
En la sentencia C-1177 de 2001, cuyos planteamientos han sido recogidos en
pronunciamientos posteriores25 de la Corte Constitucional, se abordó la existencia
de tres criterios que, evaluados de forma articulada, permiten definir si un
determinado empleo ha sido catalogado como de libre nombramiento y remoción.
En primer lugar, se encuentra el criterio subjetivo de confianza, en virtud del cual el
legislador puede determinar que un cargo tiene esta naturaleza atendiendo al
especial nivel de confianza que se exige por parte del servidor que ha de
desempeñarlo. Es importante tener en cuenta que, en estos casos, la confianza
requerida no es la ordinaria que, como mínimo, se espera en el ejercicio de
cualquier cargo público, sino que se trata de una confianza calificada exigida a
quienes están llamados a ejercer funciones que demandan un mayor grado de
reserva.
De otro lado, el criterio objetivo funcional o material supone que el legislador fije la
clasificación de un empleo a partir de la remisión al contenido de las funciones que
le ha atribuido el ordenamiento jurídico, entendiendo que cuando se trata de
responsabilidades de dirección, manejo, conducción de políticas o directrices
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de febrero de 2021,
proceso 41001233100020020034801 (3919-15).
23
Ver las sentencias C-195 de 1994; C-368 de 1999; C-284 de 2011; SU-539 de 2012; C-195 de
2013 y C-720 de 2015 de la Corte Constitucional.
24
Al respecto se puede consultar la sentencia del 8 de abril de 2021 proferida por la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso con radicado 11001-03-25-000-2015-00469-
00 (1144-15).
25
Por ejemplo la sentencia C-161 de 2003.
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fundamentales de la entidad es viable catalogar el empleo como de libre
nombramiento y remoción.
Finalmente, el criterio objetivo orgánico alude a la definición de la naturaleza del
empleo teniendo en consideración al nivel jerárquico en el que se ubica dentro de
la estructura de la entidad.
(iii) Empleos de libre nombramiento y remoción en la administración
pública
En el caso de la administración pública, salvo norma especial, el fundamento legal
de los cargos de libre nombramiento y remoción se encuentra en el artículo 5
numeral 2 de la Ley 909 de 2004, que dispone que gozan de esta naturaleza
aquellos que respondan a alguno de los siguientes parámetros:
a) Los empleos de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo
ejercicio implica la adopción de políticas o directrices, así:
Administración Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro;
Central - Nivel Subdirector de Departamento Administrativo; Consejero Comercial;
Nacional Contador General de la Nación; Subcontador General de la Nación;
Superintendente, Superintendente Delegado e Intendente; Director
y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Secretario General
y Subsecretario General; Director de Superintendencia; Director de
Academia Diplomática; Director de Protocolo; Agregado Comercial;
Director Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero,
Técnico u Operativo; Subdirector Administrativo, Financiero,
Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo, Director de
Gestión; Jefes de Control Interno y de Control Interno Disciplinario
o quien haga sus veces; Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras
de Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador
Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de Puerto.
En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, además,
los siguientes: Agregado para Asuntos Aéreos; Administrador de
Aeropuerto; Gerente Aeroportuario; Director Aeronáutico Regional;
Director Aeronáutico de Área y Jefe de Oficina Aeronáutica.
Administración Presidente, Director o Gerente General o Nacional; Vicepresidente,
Descentralizada Subdirector o Subgerente General o Nacional; Director y
• Nivel Nacional Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Superintendente;
Superintendente Delegado; Intendente; Director de
Superintendencia; Secretario General; Directores Técnicos,
Subdirector Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero;
Director o Gerente Territorial, Regional, Seccional o Local; Director
de Unidad Hospitalaria; Jefes de Oficinas, Jefes de Oficinas
Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o Comunicaciones;
Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga
sus veces; asesores que se encuentren adscritos a los despachos
del Superintendente Bancario y de los Superintendentes Delegados
y Jefes de División de la Superintendencia Bancaria de Colombia.
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Administración Secretario General; Secretario y Subsecretario de Despacho;
Central y Veedor Delegado, Veedor Municipal; Director y Subdirector de
órganos de Departamento Administrativo; Director y Subdirector Ejecutivo de
control - Nivel Asociación de Municipios; Director y Subdirector de Área
Territorial Metropolitana; Subcontralor, Vicecontralor o Contralor Auxiliar; Jefe
de Control Interno o quien haga sus veces; Jefes de Oficinas
Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de
Comunicaciones; Alcalde Local, Corregidor y Personero Delegado.
Administración Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o
Descentralizada Subgerente; Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de
• Nivel Territorial Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones y Jefes de
Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus
veces.
b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas
funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio
directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos
se encuentren adscritos a sus respectivos despachos:
Administración Ministro y Viceministro; Director y Subdirector de Departamento
Central - Nivel Administrativo; Director y Subdirector de la Policía Nacional;
Nacional Superintendente; y Director de Unidad Administrativa Especial.
En las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los empleos adscritos
a las oficinas de comando, de las unidades y reparticiones de
inteligencia y de comunicaciones, en razón de la necesaria
confianza intuitu personae requerida en quienes los ejerzan, dado
el manejo que debe dársele a los asuntos sometidos al exclusivo
ámbito de la reserva, del orden público y de la seguridad nacional,
Comandantes y Segundos Comandantes de Fuerza y Jefe del
Estado Mayor Conjunto.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores los del servicio
administrativo en el exterior con nacionalidad diferente de la
Colombiana y el personal de apoyo en el exterior.
Congreso de la Los previstos en la Ley 5ª de 1992.
República
Administración Presidente, Director o Gerente General, Superintendente y Director
Descentralizada de Unidad Administrativa Especial.
• Nivel Nacional
Administración Gobernador, Alcalde Mayor, Distrital, Municipal y Local.
Central y
órganos de
Control - Nivel
Territorial
Administración Presidente, Director o Gerente
Descentralizada
• Nivel Territorial
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c) Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de
bienes, dineros y/o valores del Estado;
d) Los empleos que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado, cuyas
funciones como las de escolta, consistan en la protección y seguridad personales
de los servidores públicos.
e) Los empleos que cumplan funciones de asesoría en las Mesas Directivas de
las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales;
f) Los empleos cuyo ejercicio impliquen especial confianza que tengan asignadas
funciones de asesoría institucional, que estén adscritos a las oficinas de los
secretarios de despacho, de los directores de Departamento Administrativo, de los
gerentes, tanto en los departamentos, distritos especiales, Distrito Capital y distritos
y municipios de categoría especial y primera.
(iv) Deber de reportar las vacantes definitivas a través de la OPEC
La Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) es el acto por medio del cual la
administración le comunica al ente responsable de la elaboración del concurso de
méritos las plazas que se encuentran vacantes definitivamente, con la finalidad de
que sean provistas a través del respectivo proceso de selección26.
En lo relacionado con los parámetros de su reporte, el Decreto 051 del 16 de enero
de 201827, en el artículo 3, adicionó el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 201528,
para hacer referencia al sistema de registro de la Oferta Pública de Empleos de
Carrera, así:
«[…] ARTÍCULO 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera
definitiva. Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades
pertenecientes a los sistemas general de carrera y especifico o especial de
origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán
reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta
Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional del Servicio
Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca.
Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en
el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La
convocatoria deberá ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y
por el jefe de la entidad pública respectiva29. […]».
26
Entre los aspectos a resaltar de la Oferta Pública de Empleos de Carrera es necesario tener
presente que se instituye en parámetro para la elaboración de las pruebas e instrumentos de
selección, pues ellos a su vez, deben ser proporcionales a las competencias que se exigen para el
desempeño de cada cargo, tal y como lo prevé el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015.
27
«Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009».
28
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.»
29
Mediante sentencia del 18 de noviembre de 2021, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo
de Estado declaró ajustada al ordenamiento jurídico la expresión «y por el jefe de la entidad pública
respectiva», contenida en el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, siempre que en su interpretación y
aplicación se atienda lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-183 de 2019,
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De esta norma, interesa destacar el mandato dirigido a las entidades públicas para
que, antes de comenzar la etapa de planeación del concurso, actualicen su manual
de funciones y competencias laborales, además de definir los ejes temáticos. De
igual manera, se resalta el deber que les asiste de reportar en la OPEC las vacantes
definitivas de acuerdo con el procedimiento, los lineamientos y periodicidad que fije
la CNSC, última cuya competencia en esta materia deviene del citado artículo y de
lo dispuesto en los artículos 11 (literales a y h) y 29 (parágrafo) de la Ley 909 de
2004.
(v) Inmodificabilidad de la convocatoria
Cabe recordar que la convocatoria se encuentra consagrada como la primera etapa
del concurso y se materializa en un acto administrativo que reúne todas las reglas
por las que ha de regirse el proceso de selección por mérito. Entre los aspectos
que, como mínimo30, debe contener se encuentran: la identificación del empleo
(denominación, código, grado salarial, asignación básica); el número de empleos
por proveer; su ubicación; funciones y el perfil de competencias requerido en
términos de estudios, experiencia, conocimientos, habilidades y aptitudes. Esta
consideración resulta de la mayor relevancia pues, debido a que esa información
reposa tanto en la OPEC como en el manual de funciones y competencias laborales
de cada entidad, estos instrumentos se incorporan en la convocatoria como parte
integral de la misma.
Asimismo, es importante anotar que la expedición de la convocatoria le
corresponde a la CNSC, sin embargo, la entidad beneficiaria del concurso debe
hacerse partícipe del proceso que conduce a que se profiera aquel acto,
adelantando todas las gestiones pertinentes para que, en un marco de cooperación
interinstitucional, pueda efectuarse la selección de los concursantes, lo que implica
para dicha entidad, entre otras cargas, hacer el reporte de la OPEC conforme las
vacantes existentes y el manual de funciones y competencias laborales vigente.
En este sentido, la convocatoria se convierte en la norma reguladora del concurso
y tiene carácter obligatorio para la CNCS, para la entidad beneficiaria del concurso,
para las entidades contratadas a efectos de su realización y para los participantes31.
Además de su obligatoriedad, la convocatoria se caracteriza por su
inmodificabilidad pues, una vez iniciada la etapa de inscripciones, solo pueden
cambiarse aspectos no sustanciales como la fecha, el sitio y la hora de
inscripciones y aplicación de las pruebas.
decisión judicial en la que se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 31, numeral 1, de la
Ley 909 de 2004.
30
Sobre el particular, puede consultarse el artículo 13 del Decreto 1227 de 2005, vigente para la
fecha de expedición de la circular demandada y que se encuentra hoy reproducido en el artículo
2.2.6.3. del Decreto 1083 de 2015.
31
Sobre el particular pueden consultarse los artículos 31, numeral 1, de la Ley 909 de 2004 y el 13
del Decreto 1227 de 2005, último cuyo contenido se incorporó en el Decreto 1083 de 2015, en su
artículo 2.2.6.3.
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Esta restricción se justifica principalmente en los siguientes postulados de orden
superior:
• El principio del mérito (art. 125 C.P.), pues un cambio intempestivo en el
contenido funcional del empleo ofertado o en la disponibilidad de la plaza
misma, desvirtúa el derecho que tienen los administrados a que el acceso, la
permanencia y el ascenso en los cargos de carrera administrativa se
determinen por la demostración permanente de sus calidades académicas,
experiencia y competencias requeridas para el desempeño de los empleos (art.
28, lit. a) Ley 909 de 2005).
• La seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima (art. 83 ibidem), que
se verían ultrajadas si se desconoce la convicción que se genera en los
concursantes en el sentido que tanto la CNSC como la entidad beneficiaria del
concurso se acogerán a las reglas que se comprometieron a respetar y por las
que habría de regirse el proceso de selección, entre las cuales están incluidas
el número de plazas ofertadas y las funciones de los empleos.
• La moralidad y la transparencia (art. 209, ib), pues los cambios sustanciales en
las condiciones del concurso cuando ya ha comenzado empañan su legalidad
con un procedimiento que se torna engañoso para sus participantes.
• El derecho al debido proceso (art. 29 ib), cuya manifestación en el concurso de
méritos supone que, previo a la selección de los concursantes que califiquen
para acceder al empleo, se hayan establecido las normas que han de regir
todas las actuaciones de la administración, de las entidades contratadas y de
los participantes; y que aquellas se respeten y observen a cabalidad. De allí
que las modificaciones sustanciales que se presenten a lo largo del proceso de
selección comporten la afectación de aquel derecho.
• El derecho constitucional de acceso a cargos públicos (art 40-7 ib.) pues dentro
de su ámbito de protección se ha reconocido el derecho a la posesión de las
personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo, así
como la prohibición de establecer requisitos adicionales para tomar posesión
de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias
establecidas en el concurso de méritos32.
Ahora, a nivel legal, la inmodificabilidad de la convocatoria en los términos anotados
tiene sustento en el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, que en lo pertinente
señala:
«ARTÍCULO 2.2.6.4. Modificación de la convocatoria. Antes de iniciarse las
inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada en
32
Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 2011.
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cualquier aspecto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual deberá
ser divulgado por la entidad que adelanta el proceso de selección.
Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al
sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas,
por la entidad responsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no
podrán anticiparse a las previstas inicialmente en la convocatoria […]»
Aunque en principio esta norma se dirige expresamente a la CNSC, como entidad
encargada de expedir el acto de convocatoria, debe entenderse que su contenido
también es vinculante para la entidad que va a proveer los cargos pues, como se
explicó, la OPEC y el manual de funciones y competencias laborales, que son de
exclusiva responsabilidad de la empleadora, hacen parte del contenido sustancial
de aquel acto, luego abierta la etapa de inscripciones no pueden ser objeto de
modificaciones directamente por la Comisión ni por actos de la beneficiaria del
concurso que indirectamente terminen repercutiendo en las condiciones de la
convocatoria.
Sobre el asunto, en ejercicio de las atribuciones a las que se ha hecho referencia,
la CNSC, junto con la Procuraduría General de la Nación, profirieron la Circular
Conjunta 74 del 21 de octubre de 2009 que, al regular la «Obligación de los
Representantes Legales de las Entidades Públicas de Reportar la Oferta Pública
de Empleos de Carrera -OPEC-», les prohíbe suprimir empleos reportados y que
ya han sido ofertados a los aspirantes, al igual que modificar los manuales de
funciones y de competencias laborales de estos mismos empleos, antes de su
provisión y hasta cuando el servidor nombrado supere el período de prueba, no
existan más aspirantes en la lista de elegibles o esta haya perdido vigencia.
Adicionalmente, la circular en comento recuerda que omitir dicha obligación legal
puede acarrear la sanción disciplinaria que corresponda al representante legal, o
quien haga sus veces.
Por su parte, la Circular Conjunta 4 de 2011 del Departamento Administrativo de la
Función Pública y la CNSC, establece los «Lineamientos para la adopción y
modificación del manual específico de funciones y de competencias laborales y
para la expedición de las certificaciones laborales dirigidas a la CNSC». En ella se
reitera la limitante que consagró la Circular 74 y, por consiguiente, «[…] Se
recomienda a los jefes de los organismos y entidades, previamente a iniciar un
proceso de selección, revisar y ajustar el Manual Especifico de Funciones y de
Competencias laborales, cuando a ello haya lugar, antes de remitir a la Comisión
Nacional del Servicio Civil la oferta de empleos vacantes […]».
(vi) Caso concreto
En criterio del demandante, al expedir los actos acusados, la Comisión Nacional
del Servicio Civil no consideró el hecho de que el cargo de «profesional
universitario, código 219, grado 01», que se reportó para ser ofertado en el
concurso público de méritos, correspondía a un empleo de libre nombramiento y
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remoción, no de carrera. Adujo que, de haber sido tenida en cuenta, esta
circunstancia hubiera conducido a que el empleo en cuestión fuese retirado de la
OPEC.
Para resolver esta acusación, la Sala, procederá al estudio de los actos
administrativos demandados, por separado, teniendo en cuenta las circunstancias
que, frente a cada uno de ellos, se encuentran acreditadas en el expediente y que
resultan relevantes para lo que es objeto de discusión en esta litis.
• Acuerdo CNSC -20191000004786 del 14 de junio de 2019 (parcial)
El municipio de Santana registró en la OPEC el empleo de «profesional
universitario», código 219, grado 1» a efectos de que fuera incluido en el concurso
público de méritos para la provisión definitiva de cargos de carrera administrativa
de su planta de personal, Convocatoria No. 1223 de 2019— Territorial Boyacá,
Cesar y Magdalena.
Ello se desprende del Oficio del 6 de marzo de 201933, suscrito por el secretario
general y desarrollo social del municipio, a través del cual se remitió a la CNSC (i)
el certificado de disponibilidad presupuestal 2019020025 del 25 de febrero de 2019
para asumir los costos del proceso de selección y (ii) el reporte en la plataforma
SIMO del total de los empleos y vacantes definitivas a ofertar, en el que uno de los
dos cargos del nivel profesional corresponde al empleo en cuestión:
Resumen de empleos por nivel jerárquico
Nivel Cantidad de empleos Cantidad de vacantes
Asistencial 2 3
Profesional 2 2
Técnico 1 1
5 6
Visto lo anterior, en lo que se refiere al cargo alegado, el despacho no advierte que
respecto del Acuerdo CNSC -20191000004786 del 14 de junio de 2019 se haya
presentado una falsa motivación porque lo dispuesto en él estuvo en armonía con
los hechos informados por la entidad beneficiaria del proceso de selección respecto
de los empleos y vacantes que estaban disponibles para ofertar, así:
• Su artículo 1.º dispuso «[…] Convocar el proceso de selección para proveer
de manera definitiva CINCO (5) empleos, con SEIS (6) vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la ALCALDÍA DE SANTANA - BOYACÁ, que se identificará
como “Convocatoria No. 1223 de 2019 – Territorial Boyacá, Cesar y
Magdalena».
33
Índice 30 del expediente electrónico, reiterado en el índice 32.
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• Su artículo 2 previó «[…] El Proceso de Selección por mérito que se
desarrollará para proveer CINCO (5) empleos, con SEIS (6) vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la ALCALDÍA DE SANTANA - BOYACÁ correspondientes a los
niveles Profesional, Técnico y Asistencial, estará bajo la directa
responsabilidad de la CNSC […]».
• Su artículo 8 se ocupó de los empleos convocados al señalar que «[…] Los
empleos vacantes de la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC-, que
se convocan para este proceso de selección son:
NIVEL NÚMERO DE NÚMERO DE
EMPLEOS VACANTES
PROFESIONAL 2 2
TÉCNICO 1 1
ASISTENCIAL 2 3
TOTAL 5 6
• Oficio 20202330659181 del 2 de septiembre de 202034
La parte demandante señaló que, después de haberse expedido el acto
administrativo de convocatoria al concurso de méritos, advirtió que el empleo de
«profesional universitario, código 219, grado 01», que incluyó en la OPEC, no era
de carrera administrativa, por lo que en agosto del año 2020 le solicitó a la CNSC
su retiro de la respectiva oferta.
En el oficio acusado, la CNSC decidió negativamente dicha petición con
fundamento las siguientes razones:
[…] se aclara que en la etapa preparatoria del proceso de selección la entidad
destinataria del concurso reporta a la Comisión Nacional del Servicio Civil la
Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC, certificando por el
Representante Legal de la Entidad y el Jefe de Talento Humano, o quien haga
sus veces, que la información allí contenida corresponde a la totalidad de los
empleos a proveer (denominación, código, grado, asignación salarial,
ubicación) y los requisitos exigidos en cada cargo, se corresponde
íntegramente a lo señalado en su Manual Especifico de Funciones y de
Competencias Laborales vigente. Todo ello en el entendido que el Manual
goza de presunción de legalidad, sin que sea competencia de la CNSC
pronunciarse al respecto […]
Bajo esta línea es preciso indicar que, si bien la CNSC es la responsable de la
administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales,
lo cierto es que dentro de las funciones constitucionales y legales de la Entidad
no se contempla la de determinar la naturaleza de los empleos de los
organismos y entidades regulados por la Ley 909 de 2004; razón por la cual
los empleos que hacen parte de la OPEC de la Convocatoria No. 1137 a 1298
34
Índices 3 y 32 del expediente electrónico. A través de este oficio la CNSC dio respuesta negativa
a la solicitud formulada por el municipio de Santana para retirar de la convocatoria el empleo
denominado Profesional universitario, código 219, grado 01.
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y 1300 a 1304 de 2019 Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena, corresponden
a aquellos que fueron reportados por las entidades territoriales.
Igualmente, tratándose de la modificación de la convocatoria es menester
atender lo contemplado en el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015 […]
Visto lo anterior, es preciso concluir la veracidad de los argumentos que adujo la
CNSC en el Oficio 20202330659181 del 2 de septiembre de 2020 pues aunque,
con fundamento en los artículos 7, 11, 29 y 31 de la Ley 909 de 2004, dicha entidad
tenía la competencia para proferir el acto de convocatoria al concurso y con ello
establecer las reglas por las que debía regirse aquel, lo cierto es que quien tenía
no solo la facultad sino también la responsabilidad de reportar correctamente las
vacantes definitivas a través de la OPEC era el alcalde del municipio de Santana,
como representante de la entidad beneficiaria del proceso de selección, según lo
dispone el referido artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 201535.
Aunado a ello, también resulta certera la alegación de la CNSC en el sentido que,
iniciada la etapa de inscripciones, la convocatoria solo admitía modificaciones
respecto del sitio, hora y fecha de la recepción de inscripciones y aplicación de las
pruebas, en los términos del artículo 2.2.6.4 ibidem, también citado con antelación.
Al consultar la Convocatoria Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena36 en la página
web de la CNSC se advierte que, en el Proceso de Selección 1223 de 2019,
adelantado para la provisión definitiva de empleos vacantes de carrera en el
municipio de Santana (Boyacá), la etapa de inscripciones se llevó a cabo entre el
20 de diciembre de 2019 y el 7 de febrero de 202037. De allí emerge, en principio,
la improcedencia de la solicitud efectuada en agosto de 2020 para que se realizaran
cambios en la OPEC que implicasen la modificación sustancial del acto
administrativo de convocatoria.
Así las cosas, no es posible negar la veracidad de los argumentos que otorgó la
CNSC en el oficio demandado, consistentes en señalar que la responsabilidad en
la consolidación de la OPEC es exclusiva de la entidad beneficiaria del concurso y
que, luego de empezada la etapa de inscripciones, no procedía hacer cambios de
fondo respecto de las reglas por las que se rige el proceso de selección.
Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que la inclusión de un empleo de libre
nombramiento y remoción para que sea ofertado en un concurso público de méritos
sería contrario al diseño constitucional y legal propio de la función pública. En tales
condiciones, de ser ciertos los motivos que la entidad demandante le expuso a la
CNSC a efectos de que eliminara de la OPEC el cargo de «profesional universitario,
código 219, grado 01», habría que concluir que sí se omitió una circunstancia
35
Adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 del 16 de enero de 2018.
36
Procesos de Selección n.º 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019.
37
https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/1137-1298-y-1300-1304-de-2019-convocatoria-boyaca-
cesar-y-magdalena?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=64&page=1
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determinante, que pudo haber llevado a que el concurso se adelantara con la
exclusión de aquel empleo.
En aras de realizar esta constatación, es preciso remitirse al manual de funciones
y competencias laborales de la entidad demandante, el cual se encuentra contenido
en el Decreto municipal 008 de 24 de enero de 201938. Al revisar esta norma, lo
primero que se observa es que, en su numeral 4, incorporó un índice (pág. 5) en el
cual relacionó los cargos que conforman la planta de personal del municipio de
Santana, incluyendo entre estos el empleo denominado «profesional universitario,
código 219, grado 01», que catalogó en ese apartado como de «carrera
administrativa». No obstante, cuando el mismo acto se ocupó de desarrollar la ficha
con la información relativa a ese empleo en particular (págs. 18 y 19), le asignó la
naturaleza de un cargo de libre nombramiento y remoción.
Debido a la controversia suscitada respecto de la naturaleza de ese empleo, es
preciso definir si con las pruebas allegadas al expediente sería factible catalogarlo
como de libre nombramiento y remoción, atendiendo a criterios materiales que
trasciendan lo formalmente consagrado en aquel decreto. Con tal fin, a continuación
se transcribe el Decreto municipal 008 de 24 de enero de 2019 en el acápite
correspondiente:
1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL Profesional
DEPENDENCIA DONDE SE UBICA Secretaría de Planeación
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario
CÓDIGO 219
GRADO 01
Nº DE CARGOS 1
NATURALEZA DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Planeación
2. CONTENIDO FUNCIONAL
2.1. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos y procedimientos relacionados con el apoyo profesional
en la gestión contractual, infraestructura y urbanismo desarrollados por la
secretaría de Planeación.
2.3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Administrar y alimentar de manera eficiente las bases de datos, software,
actas y/o demás sistemas que se encuentren a su cargo, de acuerdo al
manual de procesos y procedimientos de la dependencia.
2. Elaborar, analizar y responder por el contenido de los informes que le
competen al empleo y que deba presentar al Alcalde, al Concejo Municipal,
a las entidades de control y demás entes públicos.
3. Apoyar los procesos de contratación pública asignados a la dependencia.
4. Alimentar los sistemas de reporte de información de los procesos de
contratación en las plataformas de las entidades de control.
38
Índice 3 del expediente electrónico, «por medio del cual se ajusta el manual específico de
funciones y competencias laborales de la planta de personal del municipio de Santana, Boyacá».
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5. Elaborar los estudios previos o términos de referencia requeridos en el
proceso de contratación propios de su dependencia.
6. Ejecutar actividades de supervisión en la ejecución de convenios y/o
contratos, cuando sean delegados por el alcalde municipal.
7. Organizar y custodiar el archivo de los procesos contractuales de la
dependencia.
8. Apoyar la rendición general de informes de su competencia que la entidad
deba rendir a entidades de control y demás autoridades.
9. Proyectar actos administrativos, actas permisos, licencias y demás que se
generen en materia de infraestructura, urbanismo y medio ambiente.
10. Presentar los informes de gestión, técnicos, administrativos y/o financieros,
requeridos.
11. Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivisticas de conformidad con las normas vigentes.
12. Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad
y mejora continua del Modelo integrado de Planeación y Gestión de
acuerdo con el nivel y naturaleza del empleo.
13. Colaborar en la implementación aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa de acuerdo con la naturaleza del empleo.
14. Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del empleo.
3. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Conocimientos de las normas, leyes y reglamentaciones presupuestales
de planeación y obras MECI, Gestión de Calidad y Modelo integrado de
Planeación y Gestión.
2. Conocer normas generales de contratación.
3. Plan de Desarrollo Municipal y Planes de Acción.
4. Planeación y desarrollo.
5. Plan de Desarrollo.
6. Contratación.
7. Manejo de recursos Físicos.
8. Urbanismo.
Visto lo anterior, es importante comenzar precisando que, por tratarse de un
empleo de la administración pública, el referente normativo para establecer si goza
de un respaldo legal que permita caracterizarlo como de libre nombramiento y
remoción se encuentra en el artículo 5 numeral 2 de la Ley 909 de 2004.
En segundo lugar, se observa que el cargo en cuestión hace parte del nivel
profesional, que se encuentra ubicado en la Secretaría de Planeación y que
responde directamente al jefe de esta dependencia, es decir, al secretario de
Planeación.
Además, la principal finalidad de este empleo es el desarrollo de procesos propios
de la gestión contractual, infraestructura y urbanismo a cargo de la Secretaría de
Planeación del municipio de Santana, lo que se traduce en la asignación de
funciones puntuales como la elaboración de estudios previos o términos de
referencia requeridos en materia de contratación; la custodia del archivo de los
procesos contractuales de la dependencia; el manejo y alimentación de datos; la
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presentación de informes, la proyección de actos administrativos, actas, permisos,
licencias en temas de infraestructura, urbanismo y medio ambiente.
De lo anterior se deduce que el cargo de «profesional universitario» no satisface el
criterio objetivo funcional propio de los empleos de libre nombramiento y remoción
que exige que tenga asignadas funciones directivas, de manejo, conducción y
orientación institucional, cuyo ejercicio implique la adopción de políticas o
directrices (art. 5, n.º 2, literal a de la Ley 909 de 2005). El estudio del criterio
subjetivo de la confianza no sugiere que a este empleo se le hayan atribuido
labores y responsabilidades que demanden un nivel especial y cualificado de
confianza, adicional al que se puede requerir de todo servidor público.
En efecto, al revisar las hipótesis definidas en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004
para dar aplicación concreta al criterio de la confianza, no es plausible enmarcar el
cargo «profesional universitario» del municipio de Santana en ninguna de ellas por
los siguientes motivos: (i) no es un cargo que se encuentre al servicio directo e
inmediato del alcalde ni adscrito a su despacho (literal b); (ii) su ejercicio no implica
la administración y el manejo directo de bienes, dineros o valores estatales (literal
c); no es un empleo con funciones de protección y seguridad personal de otros
servidores públicos (literal d); tampoco está acreditado que cumpla labores de
asesoría en la Mesa Directiva del Consejo Municipal de Santana (literal e).
Finalmente, no se observa que se configuren los supuestos contenidos en el literal
f) de la norma en cita pues de las responsabilidades que debe desempeñar el
«profesional universitario» no se desprende la exigencia de una especial confianza
para el desarrollo de gestiones de asesoría institucional. En cambio, las funciones
que se le atribuyeron son de ejecución y aplicación de los conocimientos
profesionales que requiere el cargo, con algunas funciones de supervisión respecto
de la actividad contractual de la dependencia a la que se encuentra adscrito.
Además, ahondando en los requisitos de aquel literal, nótese que el municipio de
Santana no es de categoría especial ni de primera39.
Para la Sala también es relevante que, frente a los cargos de libre nombramiento
y remoción del municipio de Santana, que son los pertenecientes al nivel directivo
y el de «tesorero», que a pesar de ser del nivel profesional adquieren esa
connotación debido al manejo de recursos públicos, las competencias para su
desempeño estén orientadas a exigir, además del aporte técnico profesional,
habilidades como liderazgo, planeación, visión estratégica, pensamiento sistémico,
comunicación efectiva, gestión de procedimientos, instrumentación y toma de
decisiones, dirección y desarrollo de personal. Por su parte, tratándose del
«profesional universitario código 219 grado 01» las competencias requeridas para
el cargo son «confiabilidad técnica, disciplina y responsabilidad».
39
«f) Los empleos cuyo ejercicio impliquen especial confianza que tengan asignadas funciones de
asesoría institucional, que estén adscritos a las oficinas de los secretarios de despacho, de los
Directores de Departamento Administrativo, de los gerentes, tanto en los departamentos, distritos
especiales, Distrito Capital y distritos y municipios de categoría especial y primera».
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Así pues, aunque el Decreto municipal 008 de 24 de enero de 2019 indique que el
empleo en cuestión es de libre nombramiento y remoción, el anterior razonamiento
acredita que este no cumple con los requisitos para ser enmarcado en esa
categoría de empleo. Por el contrario, en el proceso se demostró que el referido
cargo de «profesional universitario código 219 grado 01» realmente corresponde a
un empleo de carrera administrativa, tal como fue reportado en la OPEC de la
entidad. En consecuencia, las razones expuestas por la CNSC para negarse al
retiro de aquel cargo del proceso de selección 1223 de 2019, no configuran la falsa
motivación del Oficio 20202330659181 del 2 de septiembre de 2020.
En conclusión, no se evidencia que se estructure el vicio alegado pues, para la fecha
de expedición de los actos objeto de estudio, la CNSC tuvo en cuenta la OPEC
reportada por la entidad, de manera que no se logra constatar que las razones que
adujo sean contrarias a la realidad ni que haya inadvertido otras circunstancias que,
de haberse considerado, hubieran llevado a la toma de otra decisión.
9.3.2. Segundo problema jurídico.
¿Los actos administrativos demandados fueron expedidos irregularmente por la
CNSC por el hecho de que esta entidad hubiese resuelto en forma negativa la
solicitud de retirar de la OPEC reportada el cargo de «profesional universitario,
código 219, grado 01»?
Tesis de la Sala: En criterio de la parte demandante, la CNSC incurrió en el vicio
alegado al desconocer el procedimiento y las reglas que ella misma había
establecido en relación con la posibilidad de hacer cambios sustanciales en la
convocatoria.
(i) El vicio de expedición irregular
Este vicio o causal de nulidad de los actos administrativos se predica de los
defectos en el elemento formal del acto, el cual comprende dos aspectos a saber:
el procedimiento y la forma de la declaración40. Sobre lo primero, la expedición
irregular se configura cuando se incumplen las condiciones y fases previstas en el
ordenamiento jurídico para la formación del acto. Y frente a lo segundo, el vicio se
presenta en los casos en los que la manifestación unilateral de voluntad de la
administración adolece de formalidades esenciales para su validez, tales como la
motivación.
En ese sentido, el elemento formal del acto que protege esta causal de nulidad,
obedece tanto a razones de orden interno de la administración, como al respeto de
las garantías y derechos de las personas41, lo cual puede referirse a requisitos
tendientes a garantizar cuestiones como la igualdad y la participación de los
40
Cfr. MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ y DANIEL POSSE VELÁSQUEZ, op. cit, p. 27.
41
Ibidem.
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interesados en la formación del acto, otorgar las oportunidades que correspondan
para el ejercicio de los derechos a la defensa o contradicción y también para
asegurar la autenticidad o veracidad del acto administrativo.
No obstante, es necesario precisar que, tanto esta Corporación como la doctrina,
han señalado de manera reiterada que, en virtud de los principios constitucionales
de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal42 y de eficacia de la función
administrativa43, las irregularidades formales que no tengan trascendencia en los
derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, pueden ser
subsanadas y no implican necesariamente la anulación del acto. Así, la
irregularidad que tiene vocación de llevar al juez a declarar la nulidad es la que
compromete un presupuesto básico de la decisión o la que tuvo incidencia en su
sentido final44.
En efecto, en el Consejo de Estado se ha dicho al respecto que45:
«La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se
configura cuando la decisión de la administración viola las normas de orden
adjetivo que establecen el procedimiento para su formación o la forma como
éste debe presentarse. Cuando el acto es expedido con vicios en el trámite
debe verificarse si éstos son de una suficiencia tal que afecten el sentido
de la decisión. Si la irregularidad en el proceso logra afectar la decisión por
cuanto es sustancial o trascendente, el acto será anulable por expedición
irregular, caso contrario, es decir, cuando el defecto es formal e
intrascendente, no hay lugar a decretar su anulación». (Negrita fuera de texto).
Y desde la doctrina, Largacha Martínez y Posse Velásquez indicaron lo siguiente46:
«[D]ebe precisarse que no toda irregularidad en la forma que afecte los
anteriores principios da lugar a la invalidez o ineficacia del acto […] los vicios
de carácter puramente accidental, instituido solamente en beneficio de la
administración, son irregularidades que no alcanzan a desvirtuar la naturaleza
de los procedimientos, luego no son causal de nulidad, sino cuando sea
razonable suponer que de haberse cumplido con esta formalidad
accidental se habría producido un cambio en el contenido de la voluntad
administrativa». (Negrita fuera de texto).
42
CP, art. 228: «La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca
la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo». (Negrita fuera de texto).
43
CP, art. 209: «La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad […]».
44
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 18 de
enero de 1994, rad. 2779 y en la doctrina: Cfr. MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ y DANIEL POSSE
VELÁSQUEZ, op. cit., p. 87 y LUIS ENRIQUE BERROCAL GUERRERO, Manual del acto administrativo, 7.ª
ed., Bogotá: Librería Ediciones del Profesional, 2016, pp. 551-552.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de
enero de 2011, rad. 11001-03-28-000-2010-00007-00.
46
MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ y DANIEL POSSE VELÁSQUEZ, op. cit., p. 98
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Ahora bien, para definir la trascendencia de la irregularidad que puede llevar a la
anulación del acto administrativo es posible acudir, inicialmente, a un criterio
eminentemente normativo, según el cual, si un precepto jurídico positivo le da el
carácter de esencial a una formalidad, su incumplimiento puede generar la nulidad
del acto47, lo cual ocurre, por ejemplo, con la consulta previa48.
Luego, de no existir disposiciones en el anterior sentido, la determinación de la
importancia de los requisitos formales en un caso concreto puede ser objeto de
ponderación, esto es, de un ejercicio comparativo en el que se busca un equilibrio
práctico49 entre, por un lado, los principios o derechos que subyacen a las reglas
sobre las formalidades a las que debía sujetarse la manifestación unilateral de
voluntad de la administración y, por el otro, de los que, en sentido contrario,
propugnan por la eficacia de la actuación administrativa en un caso concreto. Así
pues, a continuación, se abordará lo relacionado con el mecanismo de la
ponderación y la solución de la colisión de principios.
(ii) Caso concreto
En este caso, a efectos de estudiar el primer problema jurídico, relativo a la
motivación de los actos demandados, la Sala tuvo que detenerse a analizar si para
el 4 de agosto de 2020, fecha en la que el municipio de Santana alega haber
radicado ante la CNSC la solicitud de reforma de la OPEC, se podían efectuar
modificaciones sustanciales atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.6.4 del
Decreto 1083 de 201550.
De acuerdo con ello, sobre este punto, la providencia se atendrá a lo ya señalado
en el sentido que la etapa de inscripciones del Proceso de Selección 1223 de 2019
se adelantó entre el 20 de diciembre de 2019 y el 7 de febrero de 2020. Por lo
tanto, no es factible sostener que la CNSC desconoció las reglas procedimentales
de la convocatoria pues, desde el momento en que inició aquella etapa solo podían
hacerse modificaciones respecto del sitio, hora y fecha de la recepción de
inscripciones y aplicación de las pruebas, resultando inviable la reforma de un
aspecto sustancial como lo es el número de empleos registrados en la OPEC.
En conclusión, los actos demandados no se expidieron irregularmente pues para
la fecha en que la entidad demandante solicitó la modificación de la OPEC ya había
47
Ibidem, p. 99.
48
CPACA, art. 46: «Consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de
una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse
dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión
que se llegare a adoptar». (Negrita fuera de texto).
49
Corte Constitucional, sentencia T-425 de 1995.
50
«[…] ARTÍCULO 2.2.6.4. Modificación de la convocatoria. Antes de iniciarse las inscripciones, la
convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, lo cual deberá ser divulgado por la entidad que adelanta el proceso de selección.
Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha
de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas, por la entidad responsable de realizar el
concurso. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente en la convocatoria
[…]».
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Radicado: 11001032500020210020200 (1315-2021)
Demandante: Municipio de Santana
concluido la etapa de inscripciones al concurso público de méritos, luego el término
para hacer cambios de fondo en la convocatoria se encontraba ampliamente
vencido.
10. DECISIÓN
Por las anteriores consideraciones, se denegarán las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad simple, instauró el municipio de
Santana contra la Comisión Nacional del Servicio Civil.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Denegar las pretensiones de nulidad formuladas en el presente medio de
control respecto de los artículos 1, 2, 8, 10 y 37 del Acuerdo CNSC -
20191000004786 del 14 de junio de 2019, así como del Oficio 20202330659181
del 2 de septiembre de 2020, expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático Samai de esta Corporación.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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