Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00442-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00442-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00442-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00442-00 (5251-2024)
Demandante: Lina Rosa Fonseca Martínez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Temas: Alcance del carácter inmodificable de la convocatoria. Cambio de
operador de la fase de prueba oral del proceso de selección.
Falsa motivación.
Decisión: Negar las pretensiones.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra las Resoluciones 1-01402
del 5 de junio de 2024 y 01-00054 del 15 de enero de 2025, expedidas por el Servicio
Nacional de Aprendizaje.
I. ANTECEDENTES
Hechos
1. Mediante la Resolución 01-01555 del 10 de agosto de 2023, el Servicio
Nacional de Aprendizaje (en adelante, SENA) ordenó la apertura del proceso de
selección meritocrático para la conformación de las ternas con las cuales se
proveerán los empleos de gerencia pública de esa entidad denominados
Subdirector de Centro Grado 02.
2. El artículo 2 de dicho acto dispuso que la Escuela Superior de Administración
Pública (en adelante, ESAP) sería la entidad encargada de adelantar todas las fases
del proceso1.
3. Con tal propósito, el SENA y la ESAP suscribieron un contrato
interadministrativo2 en el cual la Institución de Educación Superior se obligó a
elaborar, ensamblar y aplicar las pruebas de conocimientos y habilidades
socioemocionales a los aspirantes del concurso, así como a efectuar la operación
tecnológica y logística requerida para el desarrollo del proceso meritocrático.
1 Resolución 01-01555 de 2023. Artículo 2: El proceso de selección será adelantado por la Escuela
Superior de Administración Pública -ESAP- como operador del proceso […] La ESAP adelantará
todas las fases del proceso, emitirá las respuestas a las reclamaciones que sean elevadas en el
transcurso de este y llevará a cabo las actuaciones administrativas que sean necesarias […].
2 ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.5086901.
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Demandante: Lina Rosa Fonseca Martínez
4. El referido contrato fue terminado anticipadamente por mutuo acuerdo a partir
del 16 de abril de 2024, fecha en que el proceso de selección tenía pendiente la
ejecución de las fases de prueba oral (entrevista) y de conformación de ternas.
5. En consecuencia, el SENA emitió la Resolución 1-01402 del 5 de junio de
2024 (primer acto demandado en este proceso) mediante la cual modificó el artículo
2 de la Resolución 01-01555 de 2023. El ajuste consistió en que la ESAP adelantaría
el proceso de selección únicamente hasta los resultados definitivos de la prueba de
valoración de antecedentes, mientras que el SENA aplicaría la prueba oral, emitiría
las respuestas a las reclamaciones presentadas contra esa prueba y ejecutaría las
actuaciones administrativas subsiguientes hasta la terminación del proceso.
6. Inicialmente las entrevistas fueron realizadas por el SENA entre el 17 de junio
y el 3 de julio de 2024. Sin embargo, tras la presentación de reclamaciones contra
los resultados de esta prueba, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia
Preventiva de la Función Pública realizó visita a las instalaciones de la entidad con
el fin de recaudar material probatorio del proceso de selección.
7. Como resultado de esa actuación, el ente de control señaló posibles
irregularidades presentadas en la fase de prueba oral y exhortó al SENA para que
adelantara acciones orientadas a que esa fase se desarrollara en aplicación de los
criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, bajo las normas y
jurisprudencia que rigen la materia, en especial lo dispuesto en la Guía de
Orientación al Aspirante; así como para que designara jurados con la idoneidad,
experticia y conocimiento que garantizaran en la práctica y evaluación de la prueba
la aplicación de los criterios antes señalados.
8. Mediante Resolución 1-01772 del 16 de julio de 2024, el SENA suspendió el
proceso de selección con el fin de analizar el alcance del mencionado exhorto.
Luego, a través de Resolución 1-2021 del 13 de agosto de 2024, la entidad dejó sin
efectos la prueba oral aplicada para todos los cargos en concurso, así como los
resultados preliminares de las mismas entrevistas.
9. Finalmente, el SENA expidió la Resolución 01-00054 del 15 de enero de 2025
(segundo acto demandado en este proceso) por la cual dispuso la reanudación del
proceso de selección, derogó integralmente la Resolución 1-01402 de 2024 y
modificó nuevamente el artículo 2 de la Resolución 01-01555 de 2023 en el sentido
de que el Departamento Administrativo de la Función Pública (en adelante, DAFP)
aplicará la prueba oral (entrevista) y emitirá las respuestas a las reclamaciones que
se presenten contra ella, con la participación del SENA, entidad que ejecutará las
demás actuaciones hasta la terminación del proceso.
Demanda3
3 Inicialmente la demanda se presentó contra la Resolución 1-01402 de 2024; no obstante, previo a
que se decidiera su admisión, la parte actora reformó integralmente el libelo introductorio con el
objeto de que también se declare la nulidad de la Resolución 01-00054 de 2025.
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10. La parte actora pretende la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 1-
01402 del 5 de junio de 2024 y 01-00054 del 15 de enero de 2025 con sustento en
dos cargos: la infracción de las normas en que debían fundarse y la falsa motivación.
11. En cuanto al primer cargo, sostuvo que los actos demandados
desconocieron los artículos 2.2.6.34 y 2.2.6.45 del Decreto 1083 de 2015 (aplicables
por remisión expresa del numeral 1.3 del anexo de la convocatoria) porque, en su
criterio, alteraron sustancialmente las condiciones iniciales del concurso en cuanto
a la entidad operadora, sin que esas disposiciones lo permitieran.
12. Con ello, afirmó que se vulneraron el debido proceso y la confianza legítima
(artículos 29 y 83 de la Constitución Política) en tanto el SENA sorprendió a los
aspirantes que se sujetaron de buena fe a los lineamientos iniciales de la
convocatoria.
13. En cuanto al segundo reproche, señaló que los actos acusados incurrieron
en falsa motivación porque en sus considerandos se invocó el numeral 3.2 del anexo
de la Resolución 01-01555 de 2023, según el cual la convocatoria solo puede
modificarse por fuerza mayor o caso fortuito, o cuando concurra alguna de las
causales de corrección o modificación del acto previstas en el CPACA, sin que se
configurara ninguno de esos supuestos.
14. Explicó que la terminación del contrato interadministrativo con la ESAP fue
una decisión consensuada entre las partes, carente de los elementos de
imprevisibilidad e irresistibilidad propios de la fuerza mayor y del caso fortuito, y que
la modificación introducida tampoco corresponde a la corrección de errores
simplemente formales de que trata el artículo 45 del CPACA.
Contestación de la demanda
15. El SENA se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que los
actos acusados se expidieron con fundamento en el artículo 49 de la Ley 909 de
2004 y los artículos 4 y 23 del Decreto 249 de 2004. Además, adujo que la
Resolución 1-01402 de 2024 solo tuvo como finalidad adecuar el proceso de
selección a las circunstancias derivadas de la terminación del contrato
interadministrativo con la ESAP, ocurrida cuando estaba pendiente la prueba oral y
las etapas subsiguientes, de modo que el SENA se vio en la obligación de asumirlas
para culminar en debida forma el proceso.
16. Por su parte, señaló que la Resolución 01-00054 de 2025, expedida con
sustento en el numeral 3.2 del anexo, reanudó el proceso tras superarse las
circunstancias que impedían su normal desarrollo, para lo cual el SENA y el DAFP
4 Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.6.3: «La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y
obliga a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la administración, a la entidad que efectúa el
concurso, a los participantes».
5 Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.6.4: «Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá
modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas,
por la entidad responsable de realizar el concurso».
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suscribieron los convenios interadministrativos dirigidos a aunar esfuerzos para el
desarrollo de la etapa de entrevista.
17. Asimismo, indicó que los actos no adolecen de falta ni de falsa motivación
porque las resoluciones expresan motivos de hecho y de derecho ciertos y
comprobables, sin que la inconformidad del destinatario configure el vicio.
Trámite en única instancia
18. El 27 de febrero de 2025 se admitió la demanda.
19. Mediante providencia del 12 de mayo de 2026 se dispuso el trámite de
sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
configuración de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
20. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
21. La parte demandada reiteró que no se acreditó que las modificaciones
demandadas vulneraran una norma superior, alteraran las condiciones de igualdad,
desconocieron el mérito o se apoyaran en motivos falsos. Agregó que la
controversia no recae sobre actos que hubieran conformado ternas o consolidado
situaciones jurídicas particulares, sino sobre decisiones de conducción y
organización del procedimiento meritocrático orientadas a asegurar su continuidad.
22. También indicó que el propio anexo de la convocatoria contempló la
posibilidad de modificarla mediante acto administrativo motivado y divulgado. Al
respecto, precisó que la lectura de la actora reduce indebidamente el alcance de la
facultad de modificación prevista en el numeral 3.2 del anexo.
23. Por otra parte, adujo que no se configuró falsa motivación porque la
terminación del contrato interadministrativo y los demás fundamentos fácticos de los
actos existieron y no fueron desvirtuados. Asimismo, señaló que tampoco se
acreditó la violación del debido proceso ni de la buena fe porque la confianza
legítima no implica la intangibilidad absoluta de toda regla procedimental sino la
garantía de que el proceso se conduzca al amparo de los principios de igualdad,
publicidad, mérito y transparencia, sin que se hubiera probado la alteración
retroactiva de la situación de los aspirantes, el cambio de reglas de evaluación
consolidadas o la variación de puntajes definitivos.
24. Por último, señaló que el exhorto de la Procuraduría General de la Nación
no constituye una confesión de ilegalidad ni prueba de las causales de nulidad, pues
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se trata de una actuación preventiva, ante la cual la entidad adoptó una conducta
prudente y correctiva.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
25. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo nivel.
Problemas jurídicos
26. La Sala deberá determinar si las resoluciones demandadas son ilegales por
desconocer los artículos 2.2.6.3 y 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, así como el
debido proceso y la buena fe (artículos 29 y 83 de la Constitución Política) al haber
modificado el operador encargado de ejecutar la fase de prueba oral que fue
designado en el acto de convocatoria.
27. Luego, se establecerá si las resoluciones demandadas son ilegales por
haber sido proferidas con falsa motivación en tanto uno de los fundamentos del
cambio de operador fue el numeral 3.2 del anexo de la convocatoria, pese a que no
se configuraba ninguna de las causales allí previstas que habilitaban la modificación
de la convocatoria.
Análisis de los problemas jurídicos
28. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque con la expedición de
los actos acusados no se infringieron los artículos 2.2.6.3 y 2.2.6.4 del Decreto 1083
de 2015 ni los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, toda vez que el cambio
de operador de la fase de prueba oral no constituyó una modificación sustancial de
la convocatoria sino un ajuste administrativo con una justificación razonable, dirigido
a asegurar la continuidad del proceso de selección.
29. Tampoco se configura la falsa motivación alegada porque, si bien los actos
acusados invocaron el numeral 3.2 del anexo de la convocatoria pese a que el ajuste
del operador no estaba supeditado a las causales allí previstas, esa referencia
normativa no constituyó el fundamento determinante de las decisiones. En efecto,
los motivos que en realidad las indujeron (la terminación del contrato
interadministrativo con la ESAP y el saneamiento de la etapa de entrevista dispuesto
a raíz del exhorto de la Procuraduría) son ciertos y sustentan los ajustes realizados.
Infracción de las normas en que debían fundarse los actos acusados
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30. La Sala considera oportuno aclarar que en el presente asunto no se está
ante un concurso de méritos para proveer empleos de carrera administrativa, razón
que explica que el proceso de selección objeto de análisis fue adelantado
directamente por el SENA y no por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En efecto,
la entidad demandada, por su naturaleza jurídica de establecimiento público del
orden nacional6, se encuentra cobijada por el sistema general de carrera
administrativa de conformidad con el literal a) del artículo 3 de la Ley 909 de 20047.
31. No obstante, el empleo ofertado en el presente caso no es de carrera
administrativa. En efecto, el artículo 26 del Decreto 249 de 2004 dispone que los
Subdirectores de los Centros de Formación Profesional Integral del SENA son «de
libre remoción por parte del Director General del SENA y, en todo caso, su
nombramiento deberá realizarse mediante un proceso de selección meritocrático,
sujeto a veeduría ciudadana». Por consiguiente, el proceso meritocrático no le
correspondía adelantarlo a la CNSC sino a la propia entidad nominadora.
32. Precisado lo anterior, la demandante sostiene que las resoluciones
acusadas desconocieron los artículos 29 y 83 de la Constitución Política y 2.2.6.3 y
2.2.6.4 del Decreto 1083 de 20158 porque, una vez iniciadas las inscripciones, la
convocatoria solo podía modificarse en cuanto al sitio, la hora y la fecha de
recepción de inscripciones y de aplicación de las pruebas, mientras que los actos
acusados alteraron, en su criterio, una condición inicial del concurso: la ejecución
de todas sus fases por la ESAP, con lo cual cambiaron las reglas de la convocatoria
y defraudaron la confianza legítima de quienes se sujetaron a ellas de buena fe.
33. Para resolver el cuestionamiento planteado resulta oportuno resaltar que, de
conformidad con el artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015 la convocatoria es
norma reguladora de todo concurso y obliga a la administración, a la entidad que
efectúa el concurso y a los participantes. Por su parte, el artículo 2.2.6.4 ibidem
dispone que, antes de iniciarse las inscripciones, la convocatoria podrá ser
modificada en cualquier aspecto y que, iniciadas aquellas, «solo podrá modificarse
en cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las
pruebas».
34. En relación con el carácter inmodificable de la convocatoria, esta
corporación9 ha sostenido que esa restricción encuentra su justificación en
postulados de orden constitucional, pues propende por la protección de los
6 De conformidad con el artículo 1 de la Ley 119 de 1994 «Por la cual se reestructura el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA».
7 Ley 909 de 2004. Artículo 3: «1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables
en su integridad a los siguientes servidores públicos: a) A quienes desempeñan empleos
pertenecientes a la carrera administrativa en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional
y de sus entes descentralizados».
8 Las disposiciones del Decreto 1083 de 2015 invocadas como infringidas rigen el proceso de
selección por expresa remisión del numeral 1.3 del anexo de la convocatoria (Resolución 01-01555
de 2023), conforme al cual «[e]l proceso de selección se regirá por las disposiciones establecidas en
el Decreto 1083 de 2015, la Ley 581 de 2000, lo concerniente en la Ley 909 de 2004, la presente
resolución y las demás normas concordantes».
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2022,
radicación 11001-03-25-000-2021-00202-00 (1315-2021). M.P. William Hernández Gómez.
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principios de mérito, seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima, moralidad y
transparencia, así como de los derechos al debido proceso y de acceso a cargos
públicos.
35. En esa medida, la prohibición contenida en el artículo 2.2.6.4 del Decreto
1083 de 2015 no recae sobre cualquier variación del acto de apertura, sino sobre
las modificaciones sustanciales10, esto es, aquellas que inciden en los elementos
estructurales de la convocatoria y que, por lo tanto, tienen la aptitud para afectar los
principios enunciados. De ahí que el carácter sustancial de una modificación al acto
de apertura debe establecerse en cada caso en función de dicha aptitud.
36. Tratándose de la prueba oral (entrevista), integran ese núcleo estructural,
entre otros aspectos, la metodología de la prueba, los parámetros de evaluación, el
puntaje asignado y su naturaleza clasificatoria, pues son estos los que determinan
las condiciones de igualdad en que los aspirantes compiten por el mérito.
37. En consonancia con lo anterior, esta corporación también ha precisado que
las modificaciones a las reglas de la convocatoria son excepcionales y deben
sujetarse a parámetros como: i) abstenerse de otorgar ventajas indebidas a los
participantes; ii) comunicarse y publicarse en los medios originalmente previstos y
iii) anunciarse con antelación para no afectar la transparencia ni la igualdad del
certamen11.
38. En el caso concreto, la Resolución 1-01402 de 2024 sustituyó a la ESAP por
el SENA en la aplicación de la prueba oral y en la conformación de ternas, como
consecuencia de la terminación del contrato interadministrativo entre estas
entidades. Por su parte, la Resolución 01-00054 del 15 de enero de 2025 asignó la
aplicación de esa prueba al DAFP, con participación del SENA, luego de que, con
ocasión del exhorto de la PGN, el proceso fuera suspendido, la prueba practicada
fuera dejada sin efectos para aplicarse nuevamente a todos los aspirantes en
igualdad de condiciones y las dos entidades suscribieran convenios
interadministrativos para el desarrollo de la mencionada prueba.
39. Así las cosas, el ajuste controvertido no corresponde a las modificaciones
de la convocatoria que se tornan prohibidas una vez iniciadas las inscripciones,
pues la identidad del operador de la fase de entrevistas no altera los elementos
estructurales de la misma como lo son la metodología, los parámetros de
evaluación, el puntaje asignado y su naturaleza clasificatoria, esto es, las
condiciones de igualdad en que los aspirantes la afrontan.
40. Se trató, en cada caso, de un ajuste de carácter administrativo indispensable
para asegurar la continuidad y culminación del concurso: en 2024, ante la
terminación del contrato con el operador inicial; y en 2025, como culminación de las
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2026,
radicación 11001-03-24-000-2018-00179-00 (5054-2018) y acumulados. M.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves.
11 Ibid.
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medidas de saneamiento adoptadas a raíz del exhorto del órgano de control, con el
apoyo técnico del DAFP, entidad a la que precisamente le corresponde apoyar los
procesos de selección de gerentes públicos de conformidad con el numeral 4 del
artículo 49 de la Ley 909 de 2004.
41. En todo caso, los ajustes del operador de la prueba oral satisficieron los
parámetros a los que ha aludido esta corporación: no otorgaron ventaja ni
desmejoraron las condiciones de participante alguno y se publicaron en los medios
oficiales de divulgación del proceso con antelación a la aplicación de la prueba por
el nuevo operador. Así, la Resolución 1-01402 se publicó el 5 de junio de 2024,
mientras que la prueba se aplicó a partir del día 17 de los mismos mes y año12; y la
Resolución 01-00054 se publicó el 16 de enero de 2025 en las páginas web del
SENA y del DAFP sin que a la fecha de esta sentencia se hayan fijado fechas
exactas para la ejecución de la nueva fase de prueba oral13.
42. En consecuencia, las resoluciones acusadas no infringieron los artículos
2.2.6.3 y 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015 ni vulneraron el debido proceso o la
buena fe consagrados en los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, pues el
cambio de operador de la fase de prueba oral fue un ajuste administrativo con
justificación razonable, dirigido a asegurar la continuidad del proceso de selección
y, en esa medida, no constituyó una modificación sustancial de la convocatoria que
alterara las reglas de evaluación de los participantes ni su competencia en
condiciones de igualdad.
Falsa motivación
43. La parte demandante sostiene que los actos acusados incurrieron en falsa
motivación porque en su parte considerativa invocaron el numeral 3.2 del anexo de
la Resolución 01-01555 de 2023, conforme al cual la convocatoria solo puede
modificarse por fuerza mayor o caso fortuito, o cuando concurra alguna de las
causales de corrección o modificación previstas en el CPACA, sin que en este caso
se configurara ninguno de esos supuestos.
44. La falsa motivación, establecida como causal de nulidad en el artículo 137
del CPACA, guarda relación directa con el principio de legalidad y con el deber de
la Administración de solventar de forma fidedigna sus decisiones. Esta figura se
presenta cuando existe «un yerro en la escogencia o determinación de los motivos»,
es decir, que la realidad fáctica o jurídica difiere de la consignada en el acto
administrativo14.
12 De conformidad con el cronograma de la prueba oral realizada por el SENA, disponible en la página
web del SENA. A la fecha de esta providencia puede consultarse a través del siguiente enlace:
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/meritocracia.aspx.
13 A la fecha de esta providencia la información más reciente publicada en la página web del SENA
sobre el proceso de selección objeto de análisis es el cronograma de la nueva prueba oral a cargo
del DAFP, en el cual únicamente se indicó que la fecha estimada de aplicación sería entre marzo y
mayo de 2026.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 31 de agosto de 2023, rad. núm. 66001-23-33-000-2020-00354-01 (5720-2022).
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45. En ese marco, esta Sección ha precisado que este vicio invalidante se
configura por «[…] la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica
y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados
como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y la efectiva
demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se
encuentra falsamente motivado […]»15.
46. En cuanto a los motivos expresados en los actos acusados, la Resolución 1-
01402 de 2024 se fundó en que el contrato interadministrativo suscrito con la ESAP
terminó cuando estaban pendientes de ejecución la prueba oral (entrevista) y la
conformación de ternas, razón por la cual el SENA asumiría esa fase; además,
invocó el numeral 3.2 del anexo.
47. Por su parte, la Resolución 01-00054 de 2025 dio cuenta del exhorto
formulado por la PGN, de la consecuente suspensión del proceso, de la decisión de
dejar sin efectos la prueba oral practicada para aplicarla nuevamente a todos los
aspirantes en igualdad de condiciones, de los convenios interadministrativos 112-
2024 y 145-2024 celebrados entre el SENA y el DAFP para el desarrollo de la etapa
de entrevista y de la inexistencia de decisión judicial que impidiera la reanudación
del proceso; igualmente, invocó el numeral 3.2 del anexo de la convocatoria.
48. Para resolver el reproche, debe precisarse el alcance de la disposición
invocada. El numeral 3.2 del anexo supedita la modificación de la convocatoria a la
ocurrencia de unos eventos específicos con la finalidad expresa de «no alterar las
condiciones de igualdad en que debe realizarse el concurso». En esa medida, su
ámbito de aplicación recae sobre aquellas modificaciones que tienen la entidad para
incidir en tales condiciones.
49. Conforme a lo explicado en el acápite anterior, el ajuste demandado carece
de esa entidad porque el cambio de operador de la fase de entrevista no alteró el
contenido de la prueba, su forma de calificación ni las condiciones de igualdad de
los aspirantes. Por consiguiente, esa variación no estaba supeditada a la
concurrencia de las causales previstas en el numeral 3.2 y su invocación en los
considerandos de las resoluciones demandadas resultaba innecesaria. No
obstante, esa imprecisión no conduce a la nulidad de los actos, porque la cita de
dicho numeral no fue el fundamento determinante de los ajustes.
50. En efecto, la verdadera motivación de cada acto reposa en los hechos ciertos
referidos: respecto de la Resolución 1-01402 de 2024, la terminación del contrato
interadministrativo con la ESAP, que hizo indispensable habilitar un ejecutor para la
fase de prueba oral pendiente; y, respecto de la Resolución 01-00054 de 2025, el
saneamiento de la etapa de entrevista dispuesto a raíz del exhorto de la
Procuraduría, que condujo a repetir la prueba con el apoyo técnico del DAFP.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 17 de marzo de 2016, rad. núm. 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-2012).
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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00442-00 (5251-2024)
Demandante: Lina Rosa Fonseca Martínez
51. Tales motivos justifican de manera razonable los ajustes adoptados, sin los
cuales no habría sido posible asegurar la ejecución de la prueba oral y la continuidad
del proceso de selección.
Condena en costas
52. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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