Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00680-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00680-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00680-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
15 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2012-00680-00 (2361-2012)
Demandante: JULIO CESAR LÓPEZ ESPINOSA
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTRO1
Temas: Circular Conjunta 074 del 21 de octubre de 2009. Prohibición de suprimir empleos
reportados en la OPEC y de modificar el manual de funciones y competencias laborales.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-013-2022
1. ASUNTO
La Sala dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el proceso judicial de la
referencia tramitado en virtud del medio de control de nulidad simple, consagrado
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
2. DEMANDA2-3
En ejercicio del medio de control de nulidad que consagra el artículo 137 del
CPACA, el señor Julio César López Espinosa, actuando en nombre propio,
presentó demanda en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la
Procuraduría General de la Nación.
2.1. Pretensión
Se pretende la nulidad parcial de la Circular Conjunta n.° 074 del 21 de octubre de
2009, proferida por el procurador general de la Nación y la presidenta de la CNSC,
relacionada con el deber de los representantes legales de las entidades públicas
de todos los órdenes, de reportar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)
a la mencionada Comisión. La acusación está dirigida en contra de las expresiones
que a continuación se resaltan:
1
Procuraduría General de la Nación.
2
Ff. 2-8, cuaderno físico principal.
3
La demanda fue admitida en auto del 2 de mayo de 2014 (Ff. 11 y 12 del cuaderno físico principal).
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Radicado: 11001-03-25-000-2012-00680-00 (2361-2012)
Demandante: Julio César López Espinosa
«En cumplimiento al mandato constitucional contenido en los artículos 125 y
130, que disponen la provisión de empleos a través de procesos de selección
por mérito a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y en
desarrollo del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, que asigna a ésta funciones
relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera y en
ejercicio de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, se
les solicita a los representantes legales que aún no han enviado o no han
actualizado la información relativa a la oferta pública de empleos de carrera -
OPEC-, reportarla a la CNSC, al igual que la relativa a los empleos que se
encuentren en vacancia definitiva, incluidos los provistos a la fecha con
nombramientos provisionales, indicando en este último caso, el día de
posesión de los servidores que las ocupan.
El envío de la información requerida debe hacerse a través del aplicativo
dispuesto para tal fin en la página de la Comisión www.cnsc.gov.co, a más
tardar el día 7 de diciembre de 2009.
Cabe anotar que las entidades no podrán suprimir empleos reportados y
que hayan sido ofertados a los aspirantes, ni podrán modificar los
manuales de funciones y requisitos de los mismos antes de su provisión
y hasta cuando el servidor nombrado supere el periodo de prueba, o que no
existan más aspirantes en la lista de elegibles.
Se recuerda que la omisión de esta obligación legal puede acarrear sanción
disciplinaria al representante legal o quien haga sus veces, en aplicación del
Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002.
Las Procuradurías del nivel territorial, en ejercicio de su función de control
preventivo de gestión, desarrollarán las acciones pertinentes para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente circular». (Negrita fuera de texto).
El demandante formuló una segunda pretensión, consistente en que se declare la
nulidad de las mismas expresiones previamente resaltadas, pero añadiendo que tal
invalidación surta efectos a partir de la publicación de la circular. No obstante, en
auto del 9 de junio de 20224, esta fue excluida como objeto de estudio del presente
proceso5, sin que contra tal decisión se haya presentado recurso alguno.
2.2. Normas violadas y concepto de violación
El demandante denunció la transgresión de los artículos 121, 305 (numeral 7), 315
(numeral 7) de la Constitución Política, así como el 74 de la Ley 617 de 2000. En
su criterio, la violación alegada se concreta en el vicio de nulidad por falta de
competencia por las siguientes razones.
4
Índice 67, expediente electrónico.
5
En sustento de esta decisión, señaló: «Al respecto, el despacho recuerda que, desde 1915, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado de manera reiterada que los efectos en el tiempo
de la declaración de nulidad de los actos administrativos generales se retrotraen hasta el momento
de su expedición, esto es, que se entiende que esta ha existido desde entonces o desde siempre
(ex tunc) . No obstante, también ha definido que los efectos hacia el pasado no comprenden a
aquellas situaciones jurídicas consolidadas, que son las que por cualquier circunstancia no admiten
más discusiones ante la administración ni ante la jurisdicción; por ello, la nulidad del acto general
frente a esas situaciones solo rige desde el momento en el que es declarada y hacia el futuro (ex
nunc)».
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Demandante: Julio César López Espinosa
En primer lugar, explicó que, en los apartes demandados, la Circular Conjunta n.°
074 del 21 de octubre de 2009 le prohibió a las entidades públicas suprimir los
empleos reportados en la OPEC, al igual que modificar los manuales de funciones
y los requisitos de los empleos.
Adujo que la instrucción contenida en dicho acto administrativo se impartió sin
competencia pues, tratándose de las entidades territoriales, la potestad para
suprimir los empleos de las dependencias departamentales y municipales está en
cabeza de los gobernadores y alcaldes, respectivamente, así como la de señalar
las funciones especiales de los empleos que componen sus plantas de personal.
De acuerdo con ello, consideró que el procurador general de la Nación y la
presidenta de la CNSC no tenían la potestad para prohibirle a dichas autoridades
administrativas el ejercicio de una facultad constitucional y legalmente asignada
como la que se anotó.
3. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR
La solicitud que elevó el señor Julio César López Espinosa para que se
suspendieran provisionalmente los efectos de las expresiones demandadas se
resolvió en forma negativa a través de auto del 29 de marzo de 20166, contra el
cual no se interpuso recurso alguno.
4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
4.1. Procuraduría General de la Nación7
Esta entidad pública se opuso a la prosperidad de la pretensión de la demanda.
Con tal fin, expuso que el demandante no tuvo en cuenta que los numerales 1, 3 y
5 del artículo 277 de la Carta Política, además de los numerales 2, 7, 16 y 36 del
artículo 7 del Decreto 262 de 2000, prevén que el procurador general de la Nación
puede emitir circulares como la que fue demandada, en el marco de sus funciones.
Igualmente, que de conformidad con el artículo 130 de la Constitución y los artículos
11 (literales a, c y h) y 12 de la Ley 909 de 2004, la CNSC, como responsable de
la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con
excepción de las que tengan carácter especial, está facultada para expedir
circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la
carrera, entre las cuales se encuentra el artículo 14 del Decreto 1227 de 2005, que
preceptúa que, una vez iniciadas las inscripciones en las convocatorias a concurso
de méritos, solo podrá modificarse el sitio, hora y fecha de estas o de la aplicación
de las pruebas. Asimismo, el Acuerdo 23 del 24 de abril de 2008 de la CNSC, que
dispuso que una vez publicada la OPEC, solo podrán ser retirados empleos de
6
Ff. 44-58, expediente físico cuaderno de medidas cautelares.
7
Ff. 36-52, cuaderno físico principal.
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dicha oferta hasta un día antes de la fecha prevista para su registro, salvo que
exista una orden judicial de por medio.
4.2. Comisión Nacional del Servicio Civil8
La entidad afirmó que la demanda no está llamada a prosperar. En sustento de ello
aseguró que la Circular Conjunta n.° 074 del 21 de octubre de 2009 fue emitida con
la competencia que surge de los artículos 125 y 130 de la Carta, así como del literal
h) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, que le imponen el deber a la CNSC de
salvaguardar el mérito en el acceso a los empleos públicos, para lo cual puede
emitir circulares instructivas.
Del mismo modo, señaló que el parágrafo segundo del artículo 3.° del Decreto 4500
de 2005, preceptúa que la CNSC y las entidades beneficiarias de los concursos de
méritos adelantados por esa Comisión, no deben modificar las convocatorias una
vez se haya superado el periodo de inscripciones, y a ello respondió la expedición
de la circular acusada. En ese sentido, afirmó que dicho acto no lleva implícita una
prohibición a las autoridades departamentales y municipales para ejercer las
funciones consagradas en los artículos 305 y 315 de la Constitución, y 74 de la Ley
617 de 2000, toda vez que lo único que se buscó fue dar seguridad y certeza a las
OPEC certificadas por los jefes de las entidades que participaron de la
Convocatoria n.° 001 de 2005.
De otro lado, el apoderado aseveró que el demandante no pretende salvaguardar
el ordenamiento jurídico, que es la finalidad del medio de control de nulidad, sino
que persigue un beneficio personal, ya que él, cuando fue gobernador del
Departamento de Quindío, hizo caso omiso a lo indicado en la circular acusada,
profiriendo los Decretos 1231 y 1232 del 22 de octubre de 2010, y 1253 del día 29
del mismo mes y año, mediante los cuales determinó la estructura de la
administración pública departamental, la escala salarial de las distintas categorías
de empleo y ajustó su planta de personal, respectivamente.
Este actuar estuvo en contravía de las instrucciones impartidas por la Procuraduría
y la CNSC, lo que derivó en que muchos ciudadanos que conformaron las listas de
elegibles en la Convocatoria n.° 001 de 2005 no fueran nombrados en periodo de
prueba, por cuanto la planta de empleos había sido modificada, violando así el
principio del mérito y las expectativas legítimas de estas personas.
Expuso que esa situación justificó la imposición de una multa de 25 salarios
mínimos legales mensuales vigentes por parte de la CNSC al señor Julio Cesar
López Espinosa, a través de la Resolución n.° 0542 del 7 de marzo de 2013, la cual
fue demandada por este, junto con el acto que resolvió la reposición, en un medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramita ante el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá. De esa manera, la entidad sostuvo
8
Ff. 91-102, ibidem.
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que lo que realmente busca el demandante con una eventual declaración de nulidad
de la Circular Conjunta n.° 074 de 2009 es obtener una decisión favorable en el
proceso que se adelanta en contra de los actos administrativos particulares
previamente aludidos, lo que se constituye en un abuso del derecho de su parte.
5. TRÁMITE DEL PROCESO
Debidamente convocada9, el 23 de agosto de 2019 se declaró abierta la audiencia
inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, en desarrollo de la cual el consejero
ponente declaró no probada la excepción de «inepta demanda», propuesta por la
Procuraduría General de la Nación. Como la decisión fue objeto de recurso de
súplica y este se concedió en efecto suspensivo, se dio por terminada la diligencia
en espera de la determinación que adoptaran los demás integrantes de la Sala.
El expediente pasó al despacho del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas,
quien manifestó su impedimento10 para conocer del proceso por configurarse la
causal 9 del artículo 141 del CGP.
Por auto del 10 de junio de 202111, se declaró fundado el impedimento en cuestión
y, en providencia del 24 de marzo de 202212, se resolvió negativamente el recurso
de súplica, con la confirmación del auto que dictó el magistrado sustanciador el 23
de agosto de 2019 durante la audiencia inicial13.
Teniendo en cuenta que la audiencia inicial convocada en este proceso no finalizó
con la fijación del litigio y el decreto de pruebas, en auto del 9 de junio de 202214,
el consejero ponente dio aplicación al artículo 182A del CPACA, adicionado por el
artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, a efectos de emitir sentencia anticipada.
De acuerdo con ello, decretó como pruebas las aportadas por las partes y procedió
a la fijación del litigio en los siguientes términos:
[…] ¿La Circular Conjunta n.° 074 del 21 de octubre de 2009 está viciada de
nulidad por falta de competencia en la medida en que, con su expedición, el
procurador general de la Nación y la presidenta de la CNSC, reglamentaron
un asunto reservado al constituyente, relativo a las atribuciones propias de
gobernadores y alcaldes respecto de la supresión de empleos y modificación
de los manuales de funciones y requisitos, de conformidad con los artículos
121, 305 (n.° 7) y 315 (n.° 7) de la Constitución, y 74 de la Ley 617 de 2000?
[…]
9
La citación a la audiencia inicial se dispuso en auto del 12 de agosto de 2019 (F. 123, cuaderno
físico principal).
10
F. 148, cuaderno físico principal.
11
Índice 52, expediente electrónico.
12
Ff. 157-166, cuaderno físico principal.
13
Debido a la afectación del quorum decisorio, para la toma de estas determinaciones, la Sala se
conformó con el consejero que seguía en turno en la Subsección B de la Sección Segunda de la
Corporación.
14
Índice 67, expediente electrónico.
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En auto del 25 de julio de la presente anualidad, se corrió traslado para alegar por
escrito y para que el Ministerio Público rindiera su concepto15.
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
6.1. Parte demandante
No hizo uso de esta oportunidad procesal.
6.2. Parte demandada
Procuraduría General de la Nación16
La entidad insistió en que debían desestimarse las súplicas de la demanda pues su
intervención en la expedición del acto parcialmente acusado tuvo como sustento el
artículo 277 de la Constitución Política, que en sus numerares 1, 3 y 5 le asigna al
procurador general de la Nación las funciones de vigilar el cumplimiento del
ordenamiento jurídico, defender los intereses de la sociedad y velar por el ejercicio
diligente de la función administrativa. Además, señaló que el artículo 7, numeral 7
de la Ley 262 de 2002 le atribuye a dicho funcionario la labor de expedir los actos
administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el
funcionamiento de la entidad y el desarrollo de las funciones atribuidas por la ley.
De acuerdo con lo anterior, resaltó que la Circular Conjunta n.° 074 del 21 de
octubre de 2009 no hizo más que indicarle a los representantes legales de las
entidades públicas que estaban en la obligación de dar estricto cumplimiento al
ordenamiento jurídico vigente, pues la prohibición de suprimir los empleos o
modificar sus requisitos y los manuales de funciones y competencias laborales
durante el desarrollo de los concursos de mérito busca el respeto de las
convocatorias.
Con base en ello, concluyó que el acto demandado es el resultado de la función
constitucional a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como ente rector
para la administración y vigilancia de la carrera de los servidores públicos, y de la
Procuraduría General de la Nación, como vigilante del cumplimiento de la
Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
Comisión Nacional del Servicio Civil17
Reiteró su oposición a la prosperidad de la pretensión de la demanda,
esencialmente, porque ella desconoce la competencia que le asiste a la Comisión
Nacional del Servicio Civil para impartir instrucciones en materia de carrera
administrativa.
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Índice 73, expediente electrónico.
16
Índice 78, expediente electrónico.
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Índice 79, ibidem.
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Como fundamento de lo anterior, se refirió a la naturaleza de órgano autónomo e
independiente que le fue conferida en los artículos 130 Superior y 7 de la Ley 909
de 2004, de donde se desprenden sus funciones como máxima autoridad en
materia de administración, vigilancia y control de los sistemas de carrera
administrativa. Especialmente, aludió a las labores que le corresponde ejercer por
mandato de los artículos 11 (literales c y h) y 12 (literal h) de la Ley 909 de 2004,
consistentes en la elaboración de las convocatorias a concurso para el desempeño
de empleos públicos de carrera; la expedición de circulares instructivas para la
correcta aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa y la toma
de medidas a través de las cuales se garantice la correcta aplicación de los
principios de mérito e igualdad en el ingreso y desarrollo de este tipo de empleos.
Afirmó que estas normas son las que soportan la competencia de la CNSC en la
expedición del acto acusado y que, bajo ninguna óptica podría considerarse
invadida la facultad que le otorgó el constituyente a los alcaldes y gobernadores
pues lo cierto es que las disposiciones que rigen la materia impiden que iniciada la
etapa de inscripciones se realicen cambios de fondo relativos a la convocatoria,
todo ello con el propósito de salvaguardar la seguridad jurídica, el mérito y la carrera
administrativa.
En ese sentido, destacó que los apartes acusados buscaban evitar que el resultado
de los concursos de méritos fuera inane fruto de las decisiones adoptadas por el
nominador (entidades destinatarias de los concursos) tendientes a la supresión de
empleos o a la modificación de sus plantas de personal y sus Manuales Específicos
de Funciones y Competencias Laborales. Además, denunció que admitir esta
posibilidad quebrantaría la confianza legítima de quienes se inscriben al concurso.
De acuerdo con lo anterior, concluyó que, en virtud de los derechos y principios
constitucionales anunciados, la competencia que otorgan los artículos 305 y 315
Constitucionales en sus numerales 7 no es carácter absoluto.
7. MINISTERIO PÚBLICO
Se abstuvo de emitir concepto en este proceso.
8. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con los
artículos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201918, proferido por la Sala
18
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Julio César López Espinosa
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para dictar la
sentencia de única instancia que en derecho corresponde.
8.2. Problema jurídico
A continuación, la Sala procede a estudiar y resolver el interrogante que se
determinó en auto del 9 de junio de 2022, que dispuso darle aplicación al trámite
propio de la sentencia anticipada:
¿La Circular Conjunta n.° 074 del 21 de octubre de 2009 está viciada de nulidad
por falta de competencia en la medida en que, con su expedición, el procurador
general de la Nación y la presidenta de la CNSC, reglamentaron un asunto
reservado al constituyente, relativo a las atribuciones propias de gobernadores y
alcaldes respecto de la supresión de empleos y modificación de los manuales de
funciones y requisitos, de conformidad con los artículos 121, 305 (n.° 7) y 315 (n.°
7) de la Constitución, y 74 de la Ley 617 de 2000?
Tesis de la Sala: La circular demandada no está viciada de nulidad por falta de
competencia porque, en lo que se refiere a la CNSC, se expidió en ejercicio de la
función que le otorga el literal h) del artículo 11 de la Ley 909 de 2005, en armonía
con el artículo 130 Superior. En cuanto a la Procuraduría General de la Nación, se
dictó en uso de las atribuciones que contemplan el artículo 277 Constitucional
(numerales 1, 3 y 5) y el artículo 7 (numeral 31) del Decreto Ley 262 de 2000.
Ello sumado al hecho de que las demandadas gozaban de suficiente cobertura
constitucional y legal para emitir las orientaciones anotadas pues, al referirse a la
prohibición de suprimir empleos o modificar sus funciones hasta tanto no se
consoliden y ejecuten los resultados del concurso, la Circular 74 de 2009 se limitó,
en estricto sentido, a cumplir un propósito informativo y orientador respecto de la
forma en que debía aplicarse el artículo 14 del Decreto 1227 de 2005, vigente para
la fecha, en consonancia con los artículos 40-7, 83, 125, 209 y 130 de la
Constitución Política.
En ese orden de ideas, no es factible entender que a través del acto parcialmente
acusado las entidades demandadas excedieron sus atribuciones en
desconocimiento de aquellas que, por disposición constitucional, le asisten a los
alcaldes y gobernadores para disponer sobre los empleos de las entidades que
representan y determinar sus funciones.
En sustento de esta posición, se desarrollará un marco teórico relativo a (i) la
competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos; (ii) la
Comisión Nacional del Servicio Civil como órgano de administración y vigilancia de
la carrera de los servidores públicos; (iii) la expedición de circulares instructivas por
parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil; (iv) para entonces darle solución
al caso concreto.
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Ø La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos
Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere19.
Así pues, la competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
A efectos de garantizar derechos fundamentales como el debido proceso y la
seguridad jurídica, las normas que fijan competencias deben ser expresas, claras
y anteriores a la expedición del acto administrativo de que se trate, lo que
demuestra la íntima conexión que tiene el concepto objeto de estudio con el
principio de legalidad; además, el fundamento constitucional de ambas figuras
reside en los artículos 2.°20, 6.°21, 12122, 12223 12324 y 20925 Superiores. Así, la
19
«Respecto del elemento subjetivo la jurisprudencia del Consejo de Estado ha expresado que el
requisito de la competencia del órgano o funcionario como elemento del acto significa que éste debe
emanar de un órgano estatal en ejercicio de la función administrativa y dentro de los límites de su
competencia (auto de marzo 9 de 1971, Anales de 1971, Tomo 80, página 367). Es, en otros
términos, lo que establece nuestra Constitución cuando dispone que no habrá ningún empleo
público que no tenga las funciones señaladas por ley o reglamento [Cfr. artículo 122 de la
Constitución de 1991]»: Miguel Largacha Martínez y Daniel Posse Velásquez, Causales de
anulación de los actos administrativos, Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 1988, pp. 19-20.
20
CP, art. 2: «Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».
21
CP, art. 6: «Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones».
22
CP, art. 121: «Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le
atribuyen la Constitución y la ley».
23
CP, art. 122: «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente».
24
CP, art. 123: «Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento […]».
25
CP, art. 209: «La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un
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Radicado: 11001-03-25-000-2012-00680-00 (2361-2012)
Demandante: Julio César López Espinosa
competencia implica que quienes ejercen función pública solo pueden hacer lo que
el ordenamiento jurídico les permite, al contrario de los particulares, que pueden
hacer todo lo que no les está jurídicamente prohibido26.
En este punto, conviene anotar que las normas que deben considerarse a efectos
de estudiar la competencia, como presupuesto de validez de los actos
administrativos, son aquellas vigentes en el momento de hacer uso de la respectiva
facultad de producción normativa27.
Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico28, el material29, el territorial30 y
en algunos casos el temporal31.
En ese orden de ideas, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA consagra la falta de este
elemento como uno de los vicios invalidantes de los actos administrativos, el cual,
según la jurisprudencia de esta Corporación, es uno de los más graves32 y, por lo
tanto, no puede ser saneado33.
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley».
26
Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá: Librería
Ediciones del Profesional, 2016, p. 120.
27
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que
«[…] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano
estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante
el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su
fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...]».
28
Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura
organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de
funciones administrativas: Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
29
Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente
asignada a la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
30
Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio
geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus
funciones: Cfr. ibidem, pp. 124-125.
31
Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone
un límite de tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp.
125-127.
32
Esto, según lo señaló la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo: «La Sala recuerda que la incompetencia del órgano administrativo, con ocasión de
la usurpación de las atribuciones que corresponden a otra autoridad, es sin duda una de las formas
de ilegalidad más grave que puede ostentar un acto administrativo. Esta circunstancia entraña la
infracción manifiesta de uno de los principios medulares de todo estado de derecho: el de legalidad»
(Negrita propia del texto): Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2011, rad. 25000-23-26-000-2000-00580-
02(23650)..
33
De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «[F]rente a vicios o
defectos como la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la
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Ø La Comisión Nacional del Servicio Civil como órgano de administración y
vigilancia de la carrera de los servidores públicos
En el ámbito de la función pública, el concurso de méritos puede definirse como un
proceso de selección para el desempeño del empleo público, llevado a cabo con
plena garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad, en el que
la escogencia del aspirante que habrá de ocuparlo se realiza exclusivamente34 con
base en el mérito, entendido este como el reconocimiento que le corresponde a una
persona en razón de las capacidades, competencias y aptitudes que ha demostrado
tener para el desempeño del contenido funcional del cargo de que se trate.
Este mecanismo debe utilizarse (i) siempre que se trate de la selección de personal
que ha de desempeñar cargos de carrera y (ii) en el caso de empleos públicos de
otra naturaleza, cuando la Constitución o la ley no hayan determinado un sistema
de provisión distinto35 o cuando expresamente hayan consagrado la aplicación del
concurso público de méritos36.
A la luz de lo anterior, la Constitución Política de 1991, en el artículo 13037, dispuso
la creación de la Comisión Nacional del Servicio Civil como entidad responsable de
la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con
excepción de las de carácter especial previstas en la misma Carta Política38.
falta de competencia no es posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-
03-15-000-1998-0782-01(S-782).
34
Así lo establece el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 cuando regula el concurso público de méritos
como mecanismo de provisión de los empleos públicos de carrera.
35
Artículo 125 de la Constitución Política.
36
Aunque en principio la naturaleza del cargo público define su forma de provisión en los términos
anotados, es factible que en algunos empleos que no son de carrera las vacantes sean provistas a
través de la realización de un concurso público de mérito. En otras palabras, a pesar de que este
último es el proceso de selección obligatorio para los empleos de carrera, no es exclusivo de estos
ya que también es viable que la Constitución o la ley dispongan su aplicación para cargos de otra
índole. Se ha abierto paso a esta posibilidad bajo el entendido de que el concurso público es la
forma de provisión del empleo que materializa en mayor medida el mérito.
37
«ARTICULO 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que
tengan carácter especial.»
38
Normativa y jurisprudencialmente se ha reconocido la existencia de tres tipos de sistemas de
carrera administrativa. Uno de ellos es el general, que se encuentra regulado en la Ley 909 de 2004
y aplica para todos los empleos en carrera administrativa con excepción de los que pertenezcan a
los otros dos sistemas, que son los especiales (de origen constitucional) y los específicos (de
creación legal). Los primeros tienen su génesis en normas constitucionales que prevén la existencia
de un sistema de carrera diferente al general para determinadas entidades estatales, como es el
caso de las universidades estatales (art. 69 C.P.), las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (arts.
217 y 218 C.P.), la Fiscalía General de la Nación (art. 253 C.P.), la Rama Judicial (art. 256-1), la
Contraloría General de la República (art. 268-10 C.P.) y la Procuraduría General de la Nación (art.
279 C.P.). Por su parte, la creación de los sistemas específicos de carrera corresponde al legislador,
quien debe justificar su existencia «[…] en razón a la singularidad y especialidad de las funciones
que cumplen las entidades en las cuales se aplican […]» (art. 4 numeral 1 de la Ley 909 de 2004).
En sentencia C-1230 de 2005, la Corte Constitucional concluyó que el artículo 130 superior prevé
una exclusión de competencia para la Comisión con carácter excepcional y, por ende, de
interpretación restrictiva, de manera que sólo opera para los sistemas especiales de carrera de
origen estrictamente constitucional.
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Sobre la naturaleza de la Comisión, interesa destacar con apoyo en el artículo 7 de
la Ley 909 de 200439 que se trata de «[…] un órgano de garantía y protección del
sistema de mérito en el empleo público […] dotada de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio […]», además sus actuaciones se
rigen por «[…] los principios de objetividad, independencia e imparcialidad […]».
Con base en esta caracterización, la Corte Constitucional ha sido enfática al señalar
que la independencia y autonomía de que goza la CNSC se refleja en el amplio
margen de discrecionalidad administrativa y presupuestal con el que cuenta, lo que
le permite ejercer las funciones que le han sido asignadas sin injerencia o sujeción
a alguna otra autoridad40. Esto, pues se ha entendido que son las atribuciones
requeridas para que la entidad pueda cumplir de la mejor manera con un fin de la
relevancia constitucional como el que le corresponde, consistente en garantizar que
el Estado tenga a su servicio a los servidores más capacitados e idóneos para el
desempeño de la función pública.
En ese contexto, se ha sostenido que las responsabilidades de administración y
vigilancia propias de la Comisión son de naturaleza indivisible, lo que implica que
«[…] se trata de dos funciones que se deben ejercer de forma conjunta, inseparable
y privativa por la Comisión Nacional del Servicio Civil y no por otros órganos o
entidades estatales […]»41.
Ahora, es importante enfatizar en que dicha indivisibilidad se refleja en la titularidad
de esas dos competencias, sin que ello signifique que, conceptualmente, se pueden
asimilar las nociones de administración y vigilancia pues cada una de ellas tiene
una definición independiente y de cada una se desprenden una serie de funciones
específicas en cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como se observa
en los artículos 11 y 12 de la Ley 909 de 2004, en los que el legislador decidió
consagrar por separado el listado de labores asociadas a estas responsabilidades.
Sobre las expresiones «administración» y «vigilancia», la Corte Constitucional,
advirtiendo que se plasmaron como nociones amplias, sin mayores delimitaciones,
ha sostenido que se trata de conceptos jurídicos indeterminados que, por lo tanto,
permiten que el legislador precise su alcance con un amplio margen de
configuración, respetado por supuesto un núcleo duro de significado o contenido
mínimo irreductible42.
Este último, en relación con la responsabilidad de administración de las carreras
administrativas, parte de considerar que el significado que comúnmente se le otorga
al verbo administrar en el ámbito jurídico implica «gobernar», «regir», «cuidar» y
39
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones».
40
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1230 de 2005.
41
Ibidem
42
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-471 de 2013.
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«manejar». De acuerdo con ello, la Corte afirmó que el contenido básico y nuclear
de dicha labor se determina con base en los siguientes criterios esenciales:
[…] la autoridad, sin la cual, nada se puede ordenar, exigir ni imponer; la
responsabilidad, para que no se trate de un poder arbitrario; la independencia,
que le permite, además de ejecutar, disponer y organizar. La generalidad y
neutralidad de las reglas y principios que la rigen; la permanencia, por la
naturaleza de sus fines y la capacidad de acción, basada en los medios de los
que disponen aquellas personas que, por sus méritos, han sido designadas
para ejercer la administración pública […]43
Visto lo anterior, conviene señalar que, refiriéndose al artículo 11 de la Ley 909 de
2004, que definió las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relativas
a la responsabilidad de administración, la Corte Constitucional señaló que «[…] es
el parámetro legal expedido en democracia, para determinar y precisar qué se ha
de entender por la competencia de administrar un sistema de carrera administrativa,
bajo el orden constitucional vigente […]»44. De acuerdo con ello, el mencionado
artículo enlista las siguientes funciones de administración:
«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos
generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la
provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las
cuales se aplica la presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de
la presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que
establezcan la presente ley y el reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas
sobre evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles;
el Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos
hayan sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco
de Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos
nominadores, las listas de personas con las cuales se deben proveer los
empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes
definitivamente, de conformidad con la información que repose en los Bancos
de Datos a que se refiere el literal anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados
inscritos en carrera administrativa y expedir las certificaciones
correspondientes;
43
Ibidem.
44
Corte Constitucional, sentencia C-471 de 2013.
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h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas
que regulan la carrera administrativa;
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través
de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación
superior, que contrate para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la
gestión del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de
las carreras y la evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera
administrativa.»
De otro lado, la vigilancia es una función que implica el control y la validación sobre
la aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa. El artículo 12 de
la misma Ley 909, enumeró las funciones que en virtud de dicha responsabilidad
se generan para la Comisión Nacional del Servicio Civil, en los siguientes términos:
«a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en
cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de
verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su
adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender
cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución motivada;
b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se
compruebe la ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se hayan
producido actos administrativos de contenido particular y concreto
relacionados con los derechos de carrera, salvo que la irregularidad sea
atribuible al seleccionado dentro del proceso de selección impugnado;
c) Recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas, presentadas a través de
los medios autorizados por la ley y, en virtud de ellas u oficiosamente, realizar
las investigaciones por violación de las normas de carrera que estime
necesarias y resolverlas observando los principios de celeridad, eficacia,
economía e imparcialidad. Toda resolución de la Comisión será motivada y
contra las mismas procederá el recurso de reposición;
d) Resolver en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a
su conocimiento en asuntos de su competencia;
e) Conocer de las reclamaciones sobre inscripciones en el Registro de
Empleados Públicos, de los empleados de carrera administrativa a quienes
se les aplica la presente ley;
f) Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del
desempeño de los empleados de carrera;
g) Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos
constitutivos de violación de las normas de carrera, para efectos de establecer
las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar;
h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta
aplicación de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el
desarrollo de la carrera de los empleados públicos, de acuerdo a lo previsto
en la presente ley;
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i) Presentar un informe ante el Congreso de la República dentro de los diez
(10) primeros días de cada legislatura, o cuando este lo solicite, sobre sus
actividades y el estado del empleo público, en relación con la aplicación
efectiva del principio de mérito en los distintos niveles de la Administración
Pública bajo su competencia.»
Ahora, para que sea lo suficientemente eficaz, la labor de vigilancia debe
acompañarse de la asignación de una potestad sancionadora que le permita a la
Comisión Nacional del Servicio Civil castigar el incumplimiento de las órdenes e
instrucciones que ha impartido en ejercicio de la responsabilidad de administración.
Por esta razón, el parágrafo 2.º del mencionado artículo 12 señala que dicha
entidad goza de la facultad para sancionar con multa entre 5 y 25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes a los servidores públicos cuando se compruebe la
violación de las normas de carrera administrativa o la inobservancia de las órdenes
e instrucciones impartidas por ella.
Ø La expedición de circulares instructivas por parte de la Comisión Nacional
del Servicio Civil
De acuerdo con lo anunciado, entre las funciones que le compete ejercer a la
Comisión Nacional del Servicio Civil se encuentra la de «[e]xpedir circulares
instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la carrera
administrativa» de todas las entidades públicas sometidas al régimen general y a
regímenes específicos o de creación legal. Esta labor, que se encuentra
consagrada expresamente en el literal h) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, es
una manifestación de la responsabilidad de administración que le fue encomendada
a la entidad.
En un contexto jurídico, por «Circular» puede entenderse una comunicación emitida
por una autoridad superior a una inferior respecto de un determinado tema, con el
propósito específico de transmitir instrucciones y decisiones a través de las cuales
se expone el criterio jurídico o la interpretación de dicha autoridad frente a las
normas que le corresponde aplicar en ejercicio de sus funciones45. Se trata de
instrumentos jurídicos que, sin tener las características propias del reglamento,
expresan una manifestación general de la administración con carácter obligatorio
para sus destinatarios.
En tales condiciones, las circulares, junto con otros actos de la administración como
memorandos, directivas, instructivos y demás mecanismos similares, se enmarcan
dentro de lo que la jurisprudencia y doctrina administrativa francesa denominan les
mesures d’ ordre interieur o medidas del orden interior, que en la doctrina
anglosajona se conoce como «soft law» o «derecho blando»46. En cuanto a este
45
Cfr. Concepto emitido por el Archivo General de la Nación, consultado en
https://normativa.archivogeneral.gov.co/inicio/circulares/ el 18 de marzo de 2022.
46
En nuestro medio algunos doctrinantes incluyen estas medidas dentro del denominado «derecho
blando». Cfr. ALEXANDER SÁNCHEZ PÉREZ, Las normas de derecho blando. Un análisis jurídico de los
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concepto la mayoría de la doctrina coincide al señalar que son actos de la
administración que reflejan el poder jerárquico que tiene aquella frente a sus
empleados o incluso frente a otras entidades que, de una u otra forma, se
encuentran bajo su mando, lo que le permite ejercer facultades de instrucción a
través de la expedición de documentos en los que se imparten indicaciones sobre
la forma en que deben interpretarse y aplicarse determinadas normas jurídicas en
esa órbita.
De acuerdo con ello, este tipo de disposiciones, que aunque están llamadas a
generar efectos en ad intra son de carácter general y abstracto, unifican un criterio
respecto del alcance que ha de otorgársele al derecho positivo al interior de la
entidad o en el conjunto de entidades que integran la estructura subordinada en el
que la autoridad superior ejerce el poder de instrucción, ello con el fin de lograr que
las decisiones que se adopten sobre la materia en cuestión resulten armónicas y
coherentes entre sí.
Sobre el concepto objeto de estudio, la Corte Constitucional ha sostenido lo
siguiente:
[…] Como al realizar las referidas intervenciones la Administración debe aplicar
el derecho, no siempre a través de funcionarios con conocimientos jurídicos, o
cuando la debida ejecución de la ley requiere precisiones de orden técnico, se
hace necesario que aquélla haga uso del poder de instrucción, a través de las
llamadas circulares del servicio, o de conceptos u opiniones, y determine el
modo o la forma como debe aplicarse la ley en los distintos niveles decisorios.
Con ello se busca, la unidad de la acción administrativa, la coordinación de las
actividades que desarrollan los funcionarios pertenecientes a un conjunto
administrativo, la uniformidad de las decisiones administrativas e igualmente,
la unidad en el desarrollo de las políticas y directrices generales trazadas por
los órganos superiores de la Administración, con lo cual se cumple el mandato
del Constituyente contenido en el art. 209 de la Constitución, en el sentido de
que la función administrativa se desarrolle con fundamentos en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad […]47
Siendo esta la naturaleza de las disposiciones de derecho «blando», es claro que
ellas deben limitarse en estricto sentido a cumplir un propósito informativo y
orientador respecto de la norma de derecho «duro» que las inspira, de lo que se
sigue inexorablemente la imposibilidad de que vulneren disposiciones
constitucionales, legales e incluso reglamentarias pues, con ello, estarían
encarnando el papel de fuente formal del derecho que en modo alguno les está
dado.
Es importante señalar que las características que definen este tipo de actos,
llevaron a pensar durante mucho tiempo que, como no podían comprometer los
efectos de la reserva de instrucción sobre el derecho territorial, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2012, p. 69.
47
Corte Constitucional, sentencia C-487 de 1996.
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derechos de las personas, su control judicial resultaba innecesario48. Así pues, en
nuestro medio, durante la vigencia del Código Contencioso Administrativo (CCA) y
los primeros años del CPACA, esta Corporación (Sección Primera) mantuvo una
línea jurisprudencial constante, que indicaba la procedencia restringida del control
judicial sobre circulares y otros instrumentos similares, el cual estaba sujeto a la
condición de que la medida demandada revistiera el carácter de acto administrativo,
entendido este como manifestación de voluntad de la administración dirigida a
producir efectos jurídicos, bien sea creando, modificando o extinguiendo una
situación jurídica49.
Bajo esta línea jurisprudencial, aquellas medidas emanadas de autoridades
administrativas, que no fueran genuinos actos administrativos, no podían ser
controladas judicialmente y, por lo tanto, las demandas que pretendieran su nulidad
debían ser rechazadas e incluso, en ciertos casos, derivaban en fallos inhibitorios.
No obstante, en sentencia del 27 de noviembre de 201450, la Sección Primera del
Consejo de Estado cambió la línea jurisprudencial vigente hasta esa fecha respecto
del control restringido de esos actos internos de la administración, con la premisa
de que el CPACA introdujo una modificación en el objeto de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo en su artículo 10351, sobre la finalidad expresa que tiene
esta de preservar el orden jurídico (que no estaba señalada claramente en el
artículo 82 del CCA52), y además en el artículo 10453, que consagró que esta
jurisdicción conocerá de las controversias y litigios originados en «actos» sujetos al
48
Cfr. ALEXANDER SÁNCHEZ PÉREZ, Las normas de derecho blando. Un análisis jurídico de los efectos
de la reserva de instrucción sobre el derecho territorial, Bogotá, Universidad Externado de Colombia,
2012, pp. 69-70.
49
Cfr. CE, Sec. Primera, Sent., rad. 52361, feb. 3/2000; Auto, rad. 6375, feb. 1/2001; Sent., rad.
11001-03-25-000-2005-00285-00, mar. 19/2009; Sent., rad. 11001-03-24-000-2007-00193-00, jul.
18/2012; Sent., rad. 11001 0324 000 2009 00614 00, feb. 28/2013; y Sent., rad. 11001-03-24-000-
2006-00105-00, nov. 21/2013.
50
Cfr. CE, Sec. Primera, Sent., rad. 05001 23 33 000 2012 00533 01, nov. 27/2014.
51
CPACA, art. 103: «Objeto y principios. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico […]». (Negrita fuera de texto).
52
CCA, art. 82: «Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo
contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la
actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público
superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos
órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados
administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.
Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de
Gobierno.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de
policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales
de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional».
53
CPACA, art. 104: «De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa […]». (Negrita fuera de
texto).
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derecho administrativo (y en este sentido no exclusivamente a «actos
administrativos», tal y como lo disponía el artículo 83 del CCA54).
De acuerdo con la providencia mencionada, la línea jurisprudencial que restringía
el control judicial sobre circulares, directivas, memorandos, etc., establecía un
ámbito exento de control para la actuación de la administración pública, lo cual no
se acompasa con la idea de un Estado social de derecho en el que las autoridades
deben respetar el principio de legalidad (o de juridicidad en sentido amplio). De allí
que, hoy en día, no resulte plausible cuestionar la procedencia del control judicial
respecto de memorandos, circulares, directivas y otros instrumentos de «derecho
blando», que aparezcan como una manifestación del poder jerárquico de la
administración.
Finalmente, cabe señalar que, como la Comisión Nacional del Servicio Civil es un
órgano autónomo e independiente, con personería jurídica, autonomía
administrativa, patrimonial y técnica, que no hace parte de ninguna de las ramas
del poder público, la potestad de instrucción y orientación a su cargo no descansa
en el artículo 4155 de la Ley 489 de 1998, como sucede tratándose de los
organismos y entidades que integran la rama ejecutiva. En su caso, el título
habilitante para que su representante expida normas de derecho «blando» para la
correcta aplicación de los preceptos que regulan la carrera administrativa lo
constituye el referido artículo 11 de la Ley 909 de 2004, literal h).
Ø Caso concreto
El acto parcialmente acusado en el sub examine, fue expedido por la Procuraduría
General de la Nación y la Comisión Nacional del Servicio Civil. A continuación se
transcribe su contenido, resaltando en negrita los apartes que estarían viciados de
nulidad según el señor Julio César López Espinosa.
[…]
CIRCULAR CONJUNTA 74 DE 2009
(Octubre 21)
DE: Representantes Legales de las entidades públicas del orden nacional y
territorial y sus entes descentralizados, a quienes se aplica la Ley 909 de
2004. Procuradores Regionales y Provinciales Comisión Nacional del Servicio
Civil -CNSC-.
54
CCA, art. 83: «Extensión del control. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzga los
actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas y los contratos
administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas y de las personas
privadas que ejerzan funciones administrativas, de conformidad con este estatuto».
55
«Artículo 41.- Orientación y control. La orientación, control y evaluación general de las actividades
de los organismos y entidades administrativas corresponden al Presidente de la República y en su
respectivo nivel, a los ministros, los directores de departamento administrativo, los
superintendentes, los gobernadores, los alcaldes y los representantes legales de las entidades
descentralizadas y sociedades de economía mixta de cualquier nivel administrativo.
En el orden nacional, los ministros y directores de departamento administrativo orientan y coordinan
el cumplimiento de las funciones a sociedades de economía mixta que les estén adscritas o
vinculadas o integren el Sector Administrativo correspondiente.»
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Demandante: Julio César López Espinosa
PARA: Representantes Legales de las entidades públicas del orden nacional
y territorial y sus entes descentralizados, a quienes se aplica la Ley 909 de
2004. Procuradores Regionales y Provinciales.
ASUNTO: Obligación de los Representantes Legales de las Entidades
Públicas de Reportar la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC-.
FECHA: 21 de octubre de 2009.
En cumplimiento al mandato constitucional contenido en los artículos 125 y
130, que disponen la provisión de empleos a través de procesos de selección
por mérito a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y en
desarrollo del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, que asigna a ésta funciones
relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera y en
ejercicio de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, se
les solicita a los representantes legales que aún no han enviado o no han
actualizado la información relativa a la oferta pública de empleos de carrera -
OPEC-, reportarla a la CNSC, al igual que la relativa a los empleos que se
encuentren en vacancia definitiva, incluidos los provistos a la fecha con
nombramientos provisionales, indicando en este último caso, el día de
posesión de los servidores que las ocupan.
El envío de la información requerida debe hacerse a través del aplicativo
dispuesto para tal fin en la página de la Comisión www.cnsc.gov.co, a más
tardar el día 7 de diciembre de 2009.
Cabe anotar que las entidades no podrán suprimir empleos reportados y
que hayan sido ofertados a los aspirantes, ni podrán modificar los
manuales de funciones y requisitos de los mismos antes de su provisión
y hasta cuando el servidor nombrado supere el periodo de prueba, o que no
existan más aspirantes en la lista de elegibles.
Se recuerda que la omisión de esta obligación legal puede acarrear sanción
disciplinaria al representante legal o quien haga sus veces, en aplicación del
Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002.
Las Procuradurías del nivel territorial, en ejercicio de su función de control
preventivo de gestión, desarrollarán las acciones pertinentes para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente circular» […]
(Negrita fuera de texto).
A juicio del demandante, esta circular es parcialmente nula porque, con la
prohibición de suprimir empleos reportados en vacancia definitiva y ofertados en
concurso, así como de modificar el manual de funciones y competencias laborales
hasta que el servidor nombrado supere el periodo de prueba o no existan más
aspirantes en la lista de elegibles, el procurador general de la Nación y la presidenta
de la CNSC excedieron sus competencias al limitar el ejercicio de la facultad
constitucionalmente asignada a los alcaldes y gobernadores para suprimir los
empleos de sus dependencias y señalar sus funciones especiales.
Lo primero que hay que señalar en torno a este reproche es que, estrictamente en
lo que se refiere a la competencia frente a la expedición de la circular acusada,
tanto la CNSC como la Procuraduría General de la Nación tenían la facultad para
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Demandante: Julio César López Espinosa
dictar conjuntamente un acto de naturaleza instructiva en relación con la obligación,
aplicable a las entidades sometidas al sistema general de carrera administrativa,
consistente en reportar la OPEC, al igual que con la prohibición de suprimir empleos
ofertados o modificar los manuales de funciones y competencias laborales hasta
cuando el servidor nombrado supere el periodo de prueba o no existan más
aspirantes en la lista de elegibles.
El ejercicio de tal atribución por parte de la Procuraduría General de la Nación se
fundamentó en las potestades que le otorga el artículo 277 Superior al jefe máximo
de dicho organismo, específicamente las consagradas en sus numerales 1, 3 y 5,
que en su orden, se refieren a las labores de vigilancia frente al cumplimiento del
ordenamiento jurídico colombiano; de defensa de los intereses de la sociedad; y de
velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.
Aparte de las contempladas en dicha norma, al procurador general le corresponde
ejercer las demás funciones que señale la ley (numeral 10 ibidem). Sobre el
particular, el Decreto Ley 262 de 200056 dispone en su artículo 7, numeral 31, que
aquel servidor tiene el deber de «Expedir, como supremo director del Ministerio Público,
las directivas y circulares que resulten conducentes para el ejercicio de las funciones
públicas y para prevenir la comisión de faltas disciplinarias par parte de los servidores
públicos y de los particulares que ejerzan función pública». Estos preceptos enseñan
que la circular demandada, en lo que hace a este órgano de control, se profirió en
desarrollo de la función preventiva que le fue atribuida, buscando evitar la
transgresión de las normas que regulan el desarrollo de los concursos de mérito y,
con ello, el incumplimiento de deberes o el desconocimiento de prohibiciones que
pudieran llevar a la comisión de faltas disciplinarias.
Por su parte, la competencia de la Comisión resulta expresa del artículo 11 de la
Ley 909 de 2004, que consagra, como una de las funciones propias de
administración de la carrera, la de proferir circulares instructivas para la correcta
aplicación de las normas que regulan dicho sistema. En este caso particular, las
orientaciones se impartieron respecto del deber de actualización y envío de la
información relativa a los empleos de carrera en vacancia definitiva (OPEC), y la
prohibición consistente en que las entidades «[…] no podrán suprimir empleos
reportados y que ya han sido ofertados a los aspirantes, ni podrán modificar los
manuales de funciones y requisitos de los mismos antes de su provisión y hasta
cuando el servidor nombrado supere el periodo de prueba, o que no existan más
aspirantes en la lista de elegibles».
Visto lo anterior, para la Sala no cabe duda que la expedición de la Circular
Conjunta 74 de 2009 materializa una norma de derecho blando que refleja el poder
jerárquico que de la CNSC y de la Procuraduría General de la Nación respecto de
56
«Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación
y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la
Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera
de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores
y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos.»
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Demandante: Julio César López Espinosa
las entidades y funcionarios sometidos al sistema general de carrera, con el fin de
impartir indicaciones sobre la forma en que deben aplicarse las normas por las que
se rige aquel sistema y, particularmente, algunos de los deberes de las entidades
beneficiarias del proceso de selección de cara a la planeación y el desarrollo de los
concursos de mérito.
Se concluye entonces que, en cuanto se refiere a la Comisión, el texto demandado
se expidió con sujeción a la competencia otorgada por el literal h) del artículo 11 de
la Ley 909 de 2005, en armonía con el artículo 130 Superior, y frente a la
Procuraduría General de la Nación, con apoyo en el artículo 277 Constitucional
(numerales 1, 3 y 5), al igual que en el artículo 7 (numeral 31) del Decreto Ley 262
de 2000.
Ahora, para el demandante lo dispuesto en los apartes acusados desbordó la
competencia que le asistía a estas entidades pues, por esa vía, limitaron el ejercicio
de la atribución que constitucionalmente le fue asignada a los alcaldes y
gobernadores para disponer sobre los empleos que conforman la planta de
personal de la entidad y para definir sus funciones específicas.
Efectivamente, como lo indica el demandante, por disposición expresa de la
Constitución Política, numerales 7 de los artículos 305 y 315, en el caso de las
entidades territoriales, los mandatarios locales tienen la labor de expedir los
manuales de funciones y competencias laborales, así como de suprimir, fusionar o
crear los empleos del respectivo organismo. Ahora, ello no significa que le asista
razón en cuanto al reproche por las prohibiciones a que alude la circular pues lo
cierto es que, al constatar si las demandadas gozaban de una cobertura normativa
para emitir las orientaciones anotadas, se observa que, en efecto, se encontraban
provistas de un respaldo constitucional y legal.
En efecto, al estudiar la Norma de Normas se observa que el sustento normativo
de la prohibición es abundante y de la mayor transcendencia según los fines y
principios a partir de los cuales se diseñó nuestro modelo de Estado y,
particularmente, el concepto de función pública. Así, la restricción contenida en la
circular objeto de estudio, se justifica principalmente en los siguientes postulados
de orden superior:
• El principio del mérito (art. 125 C.P.), pues un cambio intempestivo en el
contenido funcional del empleo ofertado o en la disponibilidad de la plaza
misma, desvirtúa el derecho que tienen los administrados a que el acceso, la
permanencia y el ascenso en los cargos de carrera administrativa se
determinen por la demostración permanente de sus calidades académicas,
experiencia y competencias requeridas para el desempeño de los empleos (art.
28, lit. a) Ley 909 de 2005).
• La seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima (art. 83 ibidem), que
se verían ultrajadas si se desconoce la convicción que se genera en los
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concursantes en el sentido que tanto la CNSC como la entidad beneficiaria del
concurso se acogerán a las reglas que se comprometieron a respetar y por las
que habría de regirse el proceso de selección, entre las cuales están incluidas
el número de plazas ofertadas y las funciones de los empleos.
• La moralidad y la transparencia (art. 209, ib), pues los cambios sustanciales en
las condiciones del concurso cuando ya ha comenzado empañan su legalidad
con un procedimiento que se torna engañoso para sus participantes.
• El derecho al debido proceso (art. 29 ib), cuya manifestación en el concurso de
méritos supone que, previo a la selección de los concursantes que califiquen
para acceder al empleo, se hayan establecido las normas que han de regir
todas las actuaciones de la administración, de las entidades contratadas y de
los participantes; y que aquellas se respeten y observen a cabalidad. De allí
que las modificaciones sustanciales que se presenten a lo largo del proceso de
selección comporten la afectación de aquel derecho.
• El derecho constitucional de acceso a cargos públicos (art 40-7 ib.) pues dentro
de su ámbito de protección se ha reconocido el derecho a la posesión de las
personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo, así
como la prohibición de establecer requisitos adicionales para tomar posesión
de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias
establecidas en el concurso de méritos57.
Ahora, a nivel legal, los apartes de la circular demandada tienen sustento en el
artículo 14 del Decreto 1227 de 200558, vigente para la fecha de expedición de la
circular59, el cual prohíbe la modificación sustancial de la convocatoria una vez
iniciada la etapa de inscripciones.
En este punto, resulta conveniente hacer varias precisiones en torno a la
convocatoria. En primer lugar, cabe recordar que se encuentra consagrada como
la primera etapa del concurso y se materializa en un acto administrativo que reúne
todas las reglas por las que ha de regirse el proceso de selección por mérito. Entre
los aspectos que, como mínimo60, debe contener se encuentran: la identificación
del empleo (denominación, código, grado salarial, asignación básica); el número de
empleos por proveer; su ubicación; funciones y el perfil de competencias requerido
en términos de estudios, experiencia, conocimientos, habilidades y aptitudes. Esta
consideración resulta de la mayor relevancia pues, debido a que esa información
reposa tanto en la OPEC como en el manual de funciones y competencias laborales
57
Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 2011.
58
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.»
59
Actualmente, esta norma se encuentra reproducida en el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de
2015«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.»
60
Sobre el particular, puede consultarse el artículo 13 del Decreto 1227 de 2005, vigente para la
fecha de expedición de la circular demandada y que se encuentra hoy reproducido en el artículo
2.2.6.3. del Decreto 1083 de 2015.
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de cada entidad, estos instrumentos se incorporan en la convocatoria como parte
integral de la misma.
Asimismo, es importante anotar que la expedición de la convocatoria le
corresponde a la CNSC, sin embargo, la entidad beneficiaria del concurso debe
hacerse partícipe del proceso que conduce a que se profiera aquel acto,
adelantando todas las gestiones pertinentes para que, en un marco de cooperación
interinstitucional, pueda efectuarse la selección de los concursantes, lo que implica
para dicha entidad, entre otras cargas, hacer el reporte de la OPEC conforme las
vacantes existentes y el manual de funciones y competencias laborales vigente.
En este sentido, la convocatoria se convierte en la norma reguladora del concurso
y tiene carácter obligatorio para la CNCS, para la entidad beneficiaria del concurso,
para las entidades contratadas a efectos de su realización y para los participantes61.
Además de su obligatoriedad, la convocatoria se caracteriza por su
inmodificabilidad pues, una vez iniciada la etapa de inscripciones, solo pueden
cambiarse aspectos no sustanciales como la fecha, el sitio y la hora de
inscripciones y pruebas.
Sobre el particular, el mencionado artículo 14 del Decreto 1227 de 2005 disponía:
«Artículo 14. Antes de iniciarse las inscripciones, la convocatoria podrá ser
modificada o complementada en cualquier aspecto por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, lo cual deberá ser divulgado por la entidad que adelanta el
proceso de selección.
Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al
sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas,
por la entidad responsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no
podrán anticiparse a las previstas inicialmente en la convocatoria.
Las modificaciones respecto de la fecha de las inscripciones se divulgarán por
los mismos medios utilizados para la divulgación de la convocatoria, por lo
menos con dos (2) días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo
adicional […]» (subraya fuera del texto original)
Aunque en principio esta norma se dirige expresamente a la CNSC, como entidad
encargada de expedir el acto de convocatoria, debe entenderse que su contenido
también es vinculante para la entidad que va a proveer los cargos pues, como se
explicó, la OPEC y el manual de funciones y competencias laborales, que son de
exclusiva responsabilidad de la empleadora, hacen parte del contenido sustancial
de aquel acto, luego abierta la etapa de inscripciones no pueden ser objeto de
modificaciones directamente por la Comisión ni por actos de la beneficiaria del
concurso que indirectamente terminen repercutiendo en las condiciones de la
convocatoria.
61
Sobre el particular pueden consultarse los artículos 31, numeral 1, de la Ley 909 de 2004 y el 13
del Decreto 1227 de 2005, último cuyo contenido se incorporó en el Decreto 1083 de 2015, en su
artículo 2.2.6.3.
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Sobre las repercusiones que conllevan los cambios intempestivos de las reglas del
concurso de méritos, la Corte Constitucional ha señalado:
[…] el principio de transparencia de la actividad administrativa se empaña si en
contravía de las legítimas expectativas del aspirante, su posición en el concurso
se modifica durante su desarrollo; el principio de publicidad (art. 209 C.P.) se
afecta si las reglas y condiciones pactadas del concurso se modifican sin el
consentimiento de quien desde el comienzo se sujetó a ellas; los principios de
moralidad e imparcialidad (ídem) de la función administrativa se desvanecen
por la inevitable sospecha de que un cambio sobreviniente en las reglas de
juego no podría estar motivado más que en el interés de favorecer a uno de los
concursantes; el principio de confianza legítima es violentado si el aspirante no
puede descansar en la convicción de que la autoridad se acogerá a las reglas
que ella misma se comprometió a respetar; se vulnera el principio de la buena
fe (art. 83 C.P.) si la autoridad irrespeta el pacto que suscribió con el particular
al diseñar las condiciones en que habría de calificarlo; el orden justo, fin
constitutivo del Estado (art. 22 C.P.), se vulnera si la autoridad desconoce el
código de comportamiento implícito en las condiciones de participación del
concurso, y, en fin, distintos principios de raigambre constitucional como la
igualdad, la dignidad humana, el trabajo, etc., se ven comprometidos cuando la
autoridad competente transforma las condiciones y requisitos de participación
y calificación de un concurso de estas características. Adicionalmente, el
derecho que todo ciudadano tiene al acceso a cargos públicos, consagrado en
el artículo 40 constitucional, se ve vulnerado si durante el trámite de un
concurso abierto, en el que debe operar el principio de transparencia, se
modifican las condiciones de acceso y evaluación […]»62
Visto lo anterior, resulta claro que la regla contenida en el citado artículo 14 es una
de las formas en que se materializa el amparo de los principios y mandatos
constitucionales anotados en precedencia, protección con la que armoniza el
artículo 40 del mismo Decreto 1227 de 2005 que busca la salvaguarda del
empleado que, habiendo superado el concurso, ha sido nombrado en periodo de
prueba al precisar que «[…] tiene derecho a permanecer en el cargo por el término
de este, a menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su
retiro. Durante este período no se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la
planta de personal que implique el ejercicio de funciones distintas a las indicadas
en la convocatoria que sirvió de base para su nombramiento o ascenso […]».
Visto lo anterior, es plausible concluir que, al analizar si, a través de la circular
parcialmente acusada, las entidades demandadas excedieron sus atribuciones por
desconocimiento de la potestad que le asiste a los alcaldes y gobernadores de
disponer sobre los empleos de las entidades que representan y definir sus
funciones, la respuesta es negativa pues lo cierto es que ninguna competencia que
se le conceda a una autoridad estatal comporta facultades absolutas o irrestrictas.
Por el contrario, su alcance y ejercicio debe responder a la lectura armónica del
texto constitucional, conjugándose con los principios que este consagra y con las
demás competencias reconocidas a favor de otras autoridades del Estado.
62
Corte Constitucional, sentencia C-1040 de 2007.
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En ese sentido, al referirse a la prohibición de suprimir empleos o modificar sus
funciones hasta tanto no se consoliden y ejecuten los resultados del concurso, los
apartes demandados se limitaron, en estricto sentido, a cumplir un propósito
informativo y orientador respecto de la forma en que debía aplicarse el artículo 14
del Decreto 1227 de 2005, vigente para la fecha, en aras de respetar las normas
constitucionales que consagran el principio del mérito (art. 125 Superior); la
seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima que se genera en los
concursantes (art. 83 ibidem); los principios de moralidad y eficacia por los que se
rige la función administrativa (art. 209 ib.); la garantía de transparencia y el derecho
constitucional de acceso a cargos públicos (art 40-7 ib.); al igual que las
competencias asignadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil en materia de
administración del sistema de carrera administrativa (art. 130 ib.).
En conclusión, la Procuraduría General de la Nación y la CNSC actuaron dentro de
sus competencias constitucionales y legales al expedir la Circular Conjunta 74 del
21 de octubre de 2009, impartiendo instrucciones sobre la correcta aplicación de la
normatividad vigente en materia de concursos de mérito.
9. DECISIÓN
Por las anteriores consideraciones, se denegará la pretensión de la demanda que,
en ejercicio del medio de control de nulidad simple, instauró el señor Julio César
López Espinosa en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Procuraduría General de la Nación.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Denegar la pretensión de nulidad parcial formulada en el presente medio
de control respecto de la Circular Conjunta n.° 074 del 21 de octubre de 2009,
expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Procuraduría General de
la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
Segundo: Reconocer personería al abogado Carlos Yamid Mustafá Durán,
identificado con cédula 13.511.867 y tarjeta profesional 123.757 del C. S. de la J.,
para que ejerza la representación judicial de la Procuraduría General de la Nación en
el presente proceso, en los términos y según las facultades conferidas en el poder
que obra en el índice 78 del expediente electrónico.
Tercero: Reconocer personería a la abogada Mónica Amparo Mantilla Navarrete,
identificada con cédula 52.454.477 y tarjeta profesional 127.892 del C. S. de la J.,
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para que ejerza la representación judicial de la Comisión Nacional del Servicio Civil
en el presente proceso, en los términos y según las facultades conferidas en el poder
que obra en el índice 79 del expediente electrónico.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático Samai de esta Corporación.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
(Con impedimento)
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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