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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2014-00336-02

Fecha
18 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2014-00336-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 27 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por Ricardo Cruz Vanegas Morón contra la ESE Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia. TERCERO. Reconocer personería para actuar como apoderado del demandante al abogado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en los términos del poder allegado a 9 Radicación: 20001-23-33-000-2014-00336-02 (2285-2019) índices 26 y 27 de la plataforma Samai. CUARTO. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2014-00336-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

18 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-33-000-2014-00336-01 (2285-2019)
Demandante: Ricardo Cruz Vanegas Morón
Demandado: Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica ESE

Temas: Improcedencia de reconocimiento de sanción moratoria a partir
de ejecutoria de sentencia que declara la existencia de una
relación laboral encubierta.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Ricardo Cruz Vanegas Morón instauró demanda contra la ESE Hospital
José David Padilla Villafañe, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los actos administrativos GER-111-2014 de 3 de abril
de 2014 y GER-150-2014 del 2 de mayo de 2014.

A título de restablecimiento del derecho, condenar a la demandada que cancele los
salarios moratorios establecidos en la Ley 244 de 1995, desde el 17 de julio de 2009.
Que pague los intereses del artículo 177 del CCA por el retardo en el pago oportuno
de la sentencia del 11 de junio de 2009. Que pague el mayor valor «al consagrado
en su respuesta dada el día 9 de abril de 2014», así como las costas y agencias en
derecho.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 20001-23-33-000-2014-00336-02 (2285-2019)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que en sentencia del 1.° de junio de 2009 la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado declaró la existencia de una relación laboral encubierta y ordenó
reconocer prestaciones sociales entre los años 1998 y 2001, y los porcentajes de
cotización correspondientes a pensión y salud. Que dicha sentencia quedó
ejecutoriada el 17 de julio de 2009.

Que el 25 de julio de 2012 solicitó a la demandada dar cumplimiento a la sentencia.

Que el 3 de abril de 2014 le fue notificada la decisión de reconocerle la acreencia,
en cuantía de $171.665.289.

Que dentro de la liquidación no se le reconoció la sanción moratoria de que trata la
Ley 244 de 1995, ni se le reconocieron los intereses del artículo 177 del CCA, la
prima de vacaciones y la indemnización de vacaciones del año 1998.

Que interpuso recurso de reposición solicitando la modificación de la liquidación,
siendo resuelto a través del acto GER-150-2014 del 2 de mayo de 2014.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 18 de mayo de 2017 y notificada a la demandada quien
se opuso a las pretensiones formulando la excepción que denominó «falta de causa
para pedir», indicando que en ningún momento se negó a cancelar la sentencia y
que, en vigencia del Acuerdo de Restructuración de Pasivos, se aprobó la
incorporación de la sentencia en el mes de marzo de 2014 pagadera en cuotas
mensuales conforme lo dispone la Ley 550 de 1999.

La audiencia inicial se desarrolló el 16 de marzo de 2018, en la que fijó el litigio y se
decretaron pruebas, practicadas en audiencia y se corrió traslado a las partes para
alegar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones considerando que el
Hospital Regional de Aguachica incluyó en su acuerdo de restructuración de pasivos
la condena judicial en favor del actor, siendo cancelada en varias cuotas,
destacando que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no
es el adecuado, porque al reclamar el cumplimiento de una decisión de un juez,
correspondía iniciar el proceso ejecutivo.

2

Radicación: 20001-23-33-000-2014-00336-02 (2285-2019)

Que no puede entenderse que la decisión inicial que ordenó el pago de prestaciones
sociales en su favor haya incluido la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de
1995, puesto que la orden se dirigió al pago de los emolumentos entre los años
1998 y 2001, debidamente indexados, siendo esta última incompatible con la
indemnización solicitada1.

Que como la condena a favor del demandante fue ordenada a título de
indemnización por los perjuicios causados con la expedición de un acto
administrativo ilegal, la suma reconocida e indexada no daba lugar a la sanción
moratoria luego de proferida la sentencia.

Que en el acto administrativo demandado se hizo referencia a múltiples etapas del
acuerdo de restructuración de pasivos que podían considerarse como actos
definitivos y que podían ser objeto de control judicial, pero que al no ser censurados
no resultaba procedente analizar la legalidad de los mismos.

RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN

El demandante interpuso recurso de apelación oponiéndose a la conclusión del
Tribunal de que debió demandar los actos concursales, pues no le puede exigir
atacar dichas decisiones cuando él ni siquiera contaba con esos documentos para
saber si su acreencia hizo parte del proceso de restructuración, de forma que solo
podía requerirle el cumplimiento de la obligación a través del derecho de petición,
tal como ocurrió en el presente asunto, luego, el a quo incurrió en el error de no
valorar la integridad del acervo probatorio

Que la sentencia incurre en error al concluir que es improcedente cobrar indexación
con la sanción moratoria, toda vez que ambas tienen fuentes distintas, pues la
indemnización se rige por la Ley 244 de 1995, mientras que la indexación nace del
cumplimiento de la sentencia en la que se reconoció la relación laboral encubierta.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La entidad demandada se pronunció indicando que no debe nada de lo solicitado
en la demanda.

El demandante reiteró los argumentos del recurso de apelación.

El ministerio público guardó silencio en esta etapa.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

1 Citó apartes de la sentencia del 14 de abril de 2016 proferida por esta Subsección en el proceso con radicación

13001-23-31-000-2001-02033-02 (0089-12)

3

Radicación: 20001-23-33-000-2014-00336-02 (2285-2019)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe establecer si los actos administrativos demandados pueden ser objeto
de control judicial y, en caso afirmativo, si procede ordenar el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria regulada en la Ley 244 de 1995 como consecuencia de la
mora en el pago de las cesantías reconocidas mediante sentencia judicial.

Marco normativo y jurisprudencial

Para esta Corporación, acto administrativo es toda manifestación de voluntad, juicio
o conocimiento de una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones
públicas, capaz de producir efectos jurídicos2.

Y para que un acto jurídico se constituya en un acto administrativo, requiere que se
conjuguen los siguientes elementos: i) una declaración de voluntad unilateral; ii)
expedida en ejercicio de la función administrativa; y iii) que produzca efectos
jurídicos por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de
que se trate, y por consiguiente, que sea vinculante3.

Para la formación del acto administrativo no se exigen fórmulas o formalidades
específicas, pues puede ser verbal o escrito toda vez que su existencia no la
materializa el documento donde conste, sino la decisión en sí misma con la que se
crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta4.

En consecuencia, independientemente de la forma en que se adopte o la
denominación que se le dé, cualquier manifestación de voluntad de la
administración o de un particular que ejerza funciones públicas, generadora por sí
misma de efectos jurídicos, constituye un acto administrativo5.

De igual forma, esta subsección ha señalado que «los actos susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo son los actos
definitivos, entendidos como toda manifestación de voluntad general o

2 Ver sentencia del 2 de junio de 2011 de la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia de la

consejera María Elizabeth García González. Proceso con radicación 6600123310002005051901, citada en
sentencia del 25 de agosto de 2022 de la Sección Primera de esta Corporación, con ponencia del consejero
Hernando Sánchez Sánchez. Proceso con radicación 11001032400020060014300.
3 Ver sentencia del 10 de abril de 2008 de la Sección Primera, con ponencia del consejero Rafael E. Ostau de

Lafont Pianeta, con radicación 25000232400020020058301. Citada en sentencia del 25 de agosto de 2022 de
la Sección Primera de esta Corporación, con ponencia del consejero Hernando Sánchez Sánchez. Proceso con
radicación 11001032400020060014300.
4 Ver sentencia del 6 de agosto de 2009 con ponencia del consejero Hugo Fernando Bastidas Bárcenas de la

Sección Cuarta de esta Corporación en proceso con radicación 08001233100019971309101. Citada en
sentencia del 25 de agosto de 2022 de la Sección Primera de esta Corporación, con ponencia del consejero
Hernando Sánchez Sánchez. Proceso con radicación 11001032400020060014300.
5 Así se concluye en sentencia del 25 de agosto de 2022 de la Sección Primera de esta Corporación, con

ponencia del consejero Hernando Sánchez Sánchez. Proceso con radicación 11001032400020060014300.

4

Radicación: 20001-23-33-000-2014-00336-02 (2285-2019)

eventualmente, concreta o específica, unilateral de quienes ejercen funciones
administrativas, que crean, reconocen, transmiten, modifican o extinguen derechos
y obligaciones o situaciones jurídicas subjetivas»6.

Sobre los actos de ejecución, la jurisprudencia de esta Corporación es pacífica en
cuanto a que, por regla general, no pueden ser objeto de control judicial; sin
embargo, existen casos determinados donde es posible aplicar excepciones a la
regla. Por ejemplo, esta Subsección ha sostenido que «[…] es procedente el estudio
de los actos de ejecución de sentencias de forma excepcional cuando: i) la decisión
de la administración va más allá de lo ordenado por el juez, y ii) crea, modifica o
extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue
objeto de debate judicial»7. De igual forma, la Sección Primera ha señalado que la
regla general «se exceptúa cuando se advierte que a partir del acto surge una
situación jurídica nueva, diferente a la dispuesta en la sentencia o en el acto
ejecutado»8.

Frente a la sanción moratoria, esta Sección ha sostenido que se trata de una
penalidad económica contra el empleador por su retardo en el pago de dicha
prestación social, en favor del servidor público, de manera que su propósito se
orienta a procurar el pago oportuno de la prestación y no a resarcir o indemnizar al
trabajador por los perjuicios derivados de ese retardo9. Concluyendo que no se trata
de un derecho, prerrogativa o acreencia derivada de la relación laboral, pues no
está encaminada a compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni
mucho menos remunerarlo, ni posee connotaciones resarcitorias de perjuicios10.

De acuerdo con la Ley 244 de 1995, esta se causa cuando no se comprueba el pago
de las cesantías definitivas pasados 45 días hábiles siguientes a que quedó en firme
al acto de la administración que reconoció la prestación; o al vencimiento de los 65
o 70 días hábiles11 siguientes a la reclamación de las cesantías siempre que la
administración guardara silencio o se pronunciara positivamente de manera
extemporánea.

6 Así se reiteró en sentencia del 24 de marzo de 2022, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández

dentro del proceso con radicación 11001032500020120068000 (2361-2012)
7 Auto del 27 de octubre de 2022, proferido en el proceso con radicación 68001233300020170133201 (2782-

2018). Nancy Fabiola Zúñiga Monsalve contra el Departamento de Santander – Asamblea departamental.
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
8 Ver auto del 1.° de febrero de 2023, proferido en proceso con radicación 11001032400020210035200.

Frigosinú S.A. vs Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge. Consejero ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
9 Así se indicó en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, en el proceso con radicación 73001-23-33-

000-2014-00580-01 (4961-2015)
10 Ver sentencia del 11 de mayo de 2023 dictada en el proceso con radicación 08001-23-33-000-2017-01380-

01 (2219-2022) de Natalia Margarita Manotas Guzmán contra el distrito de Barranquilla.
11 Según la norma que regulara el término de ejecutoriedad de los actos administrativos que se encontrara

vigente (CCA o CPACA).

5

Radicación: 20001-23-33-000-2014-00336-02 (2285-2019)

En este sentido, esta Subsección ha expuesto las características propias de la
sanción moratoria, según las cuales: i) la norma que la regula fija los términos para
la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas; ii) la sanción se
creó con el fin de conminar a las entidades encargadas al pago oportuno de la
prestación social del auxilio de cesantías ya que, generalmente, como consecuencia
de la burocracia y la tramitología, era común la demora en el citado pago; y iii) en el
momento de recibir el pago efectivo de la prestación social, únicamente se pagaba
lo certificado por la entidad pagadora meses o años atrás, cuando el dinero había
perdido su poder adquisitivo; por lo que iv) el legislador buscó que la administración
resolviera de forma oportuna y expedita las solicitudes de reconocimiento de
cesantías, reglamentando una sanción a cargo del empleador que incumple con los
plazos allí consagrados12.

Resolución del caso concreto

En el presente caso lo pretendido por el demandante es el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria regulada en la Ley 244 de 1995, sustentado en que el
Consejo de Estado al resolver su demanda previa en la que se declaró la existencia
de una relación laboral encubierta entre este y la ESE Hospital José David Padilla
Villafañe, habría reconocido que la sanción operaba a partir de la ejecutoria de la
sentencia. Por consiguiente, solicita la nulidad de los actos por medio de los cuales
la accionada le informa que el crédito derivado de la condena judicial fue aceptado
e incorporado al proceso de reestructuración de pasivos en el que se encontraba, y
dentro del cual no se incluyó lo relacionado con la sanción mencionada.

Se observa que el demandante presentó solicitud de cumplimiento de la sentencia
el 25 de julio de 201213, en la que incluyó lo relacionado con la sanción moratoria
de la Ley 244 de 1995, considerando que en ella14 se había reconocido la misma al
indicar que «la morosidad empieza a contarse a partir de la sentencia».

En el Oficio GER-111-201415 del 3 de abril de 2014 se le informó al actor que el
comité de vigilancia del acuerdo de restructuración de pasivos había aprobado «la
incorporación de la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de
Estado» y que la suma a pagar correspondía a $171.665.289 que sería cancelada
en cuotas mensuales conforme lo pactado en el señalado acuerdo.

Frente al anterior, radicó memoriales16 manifestando su desacuerdo con la cuantía
propuesta y su forma de pago, lo que llevó a la demandada a expedir el Oficio

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A Sentencia del

21 de octubre de 2016. Radicado: 19001-23-31-000-2010-00200-01(3988-13).
13 Documento visible a folios 32 a 38.
14 Proferida por esta Subsección en el proceso con radicación 20001233100020030222401 (0081-08), visible a

folios 40 a 67.
15 Folio 24.
16 Folios 9, 18, 19 y 20.

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Radicación: 20001-23-33-000-2014-00336-02 (2285-2019)

HJDPV-GER-150-2014 del 2 de mayo de 2014, en la cual se indicó al demandante,
entre otros, lo siguiente:

«La liquidación de la sentencia fue realizada de acuerdo con los factores
efectivamente reconocidos en cumplimiento de lo señalado en la sentencia,
arrojando la suma de $75.214.932.

Posteriormente se llevo a cabo la indexación del monto efectivamente reconocido,
lo que arrojó la suma de $171.665.289, valor que fue debidamente comunicado a su
entonces apoderado […] mediante oficio HJDPV GER 421 del 18 de noviembre de
2013, quien en este tiempo guardó silencio en relación al tema, por lo que no es
entonces la oportunidad para manifestar inconformidades en relación a los valores
ya liquidados.

Es importante aclarar que revisada la liquidación allegada por usted, se observa que
esta contiene valores por conceptos de INTERESES MORATORIOS, que no
corresponden al reconocimiento hecho por el Honorable Consejo de Estado, ni se
ajustan a lo establecido en el Numeral 1° del parágrafo 7, de la Cláusula 5 del
Acuerdo de Restructuración de pasivos […]»

De acuerdo con lo anterior, para esta Sala los actos acusados son, en principio, de
ejecución, toda vez que con ellos se dio cumplimiento a la orden judicial contenida
en la sentencia del 11 de junio de 200917 proferida por esta Corporación, por lo que,
siguiendo la tesis del demandante, la sanción moratoria tendría que ser discutida en
el marco del proceso ejecutivo como señaló el tribunal.

No obstante, esta Subsección considera que, contrario a lo afirmado por el actor, la
sanción regulada en la Ley 244 de 1995 no hace parte del restablecimiento del
derecho reconocido en la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral,
por lo que corresponde hacer un pronunciamiento de fondo respecto a la
procedencia de su derecho, con la finalidad de garantizar el derecho al acceso
efectivo a la administración de justicia y, en ese sentido, se concluye que, en este
caso, el acto acusado sí resulta pasible de control judicial al estar negando el
reconocimiento y pago de la indemnización deprecada, lo que constituye un hecho
nuevo en el marco del litigio.

En efecto, la sentencia del 11 de junio de 2009 señaló en su parte considerativa lo
siguiente:

«sobre las sumas causadas, debe precisarse que, como inicialmente se indicó, no
opera el fenómeno prescriptivo por tratarse ésta de una sentencia de carácter
constitutivo, a partir de la cual nace el derecho a favor del actor; razón por la que
sobre las cesantías reconocidas no hay lugar a la aplicación de la Ley 244 de 1995,
pues la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia».

17 Proferida por esta Subsección en el proceso con radicación 20001233100020030222401 (0081-08), visible a

folios 40 a 67.

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Radicación: 20001-23-33-000-2014-00336-02 (2285-2019)

Por su parte, el numeral 5 de la parte resolutiva de la decisión judicial indicó
expresamente que:

«Como restablecimiento del derecho, ORDÉNASE al Hospital “José David Padilla
Villafañe” de Aguachica reconocer y pagar a favor del actor, las prestaciones
sociales correspondientes a los períodos en los cuales demostró la existencia de la
relación laboral entre los años 1998 y 2001, sumas que serán ajustadas conforme
quedó expuesto en la parte motiva de la presente providencia».

A partir de lo anterior, la Sala considera que no es posible acceder a las
pretensiones en el presente caso, pues, se reitera, de la sentencia que reconoció la
existencia de la relación laboral no se desprende la orden de pagar sanción
moratoria contabilizada a partir de que quedó ejecutoriada la sentencia, y en cuyo
caso la discusión correspondería al proceso ejecutivo.

Y porque esta subsección en sentencia del 11 de mayo de 2023 resolvió un caso
similar, indicando que los supuestos fácticos previstos por el legislador en la Ley
244 de 1995, e incluso en la Ley 1071 de 2006 que la subrogó, implican que la
penalidad económica se hace exigible por la mora en el pago de las cesantías y su
propósito es el de procurar el pago oportuno de la prestación y que no puede
aplicarse al caso de las cesantías reconocidas en sentencia judicial18.

En la providencia aludida esta subsección consideró lo siguiente:

«se hace necesario precisar que, a pesar de que la condena ordenada mediante
sentencia del 28 de septiembre de 2012, dentro del proceso primigenio, reconoció a
título de restablecimiento del derecho unas prestaciones sociales, entre ellas, las
cesantías, es evidente que al haberse reconocido tales conceptos dentro de una
orden judicial, el pago y acatamiento de la sentencia e incluso las sanciones por
incumplimiento o mora, están sometidos a los términos que la ley dispone para el
cumplimiento del fallo.

En este sentido, es claro que la indemnización moratoria no está orientada a castigar
al sujeto pasivo de una orden judicial por su incumplimiento. Así lo ha sostenido la
jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación25, al señalar que: «[…]
la Ley 244 de 1995 es precisa en fijar los términos con que cuenta el empleador para
expedir el acto administrativo y pagar las cesantías definitivas a sus trabajadores
cuando termina la relación laboral, pero en modo alguno esa disposición puede
hacerse extensiva a las cesantías que se ordenan pagar en una sentencia judicial
[…]»»

Es claro que la Ley 244 de 1995 no hace extensiva la sanción de que trata el
parágrafo de su artículo 2.° a los eventos en que se ordenó el reconocimiento de
cesantías por decisión judicial, porque el hecho generador de la sanción es el
incumplimiento del empleador en pagar oportunamente las cesantías de sus
trabajadores en los términos allí previstos.

18 Así lo indicó esta Sala en sentencia del 11 de mayo de 2023 en sentencia dictada dentro del proceso 08001-

23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022).

8

Radicación: 20001-23-33-000-2014-00336-02 (2285-2019)

Por todo lo anterior, la Sala considera que debe confirmarse la sentencia de primera
instancia, pero por las razones aquí expuestas.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe; no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta desplegada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.° del art. 188 de la
Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las partes manifestaron
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses por lo que, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 27 de septiembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por Ricardo Cruz Vanegas Morón contra la ESE Hospital José David
Padilla Villafañe de Aguachica, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia.

TERCERO. Reconocer personería para actuar como apoderado del demandante al
abogado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en los términos del poder allegado a

9

Radicación: 20001-23-33-000-2014-00336-02 (2285-2019)

índices 26 y 27 de la plataforma Samai.

CUARTO. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Los consejeros,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

10

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