Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01380-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01380-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-01380-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
11 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
Demandado: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla1
Vinculado: Fiduprevisora S.A.
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas
reconocidas por sentencia judicial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, la señora Natalia Margarita Manotas Guzmán, por
conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en orden a que se declare la nulidad de los Oficios 17056187 del
17 de mayo de 2017, a través del cual se negó el pago de la sanción moratoria y
OF2138 QUILLA-17-114095 del 27 de septiembre de la citada anualidad, que
resolvió «extemporáneamente» el recurso de apelación interpuesto contra del
acto primigenio.
1
En adelante DEIP de Barranquilla.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó: i) condenar a la entidad
demandada a reconocer y pagar la sanción moratoria consistente en un día de
salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías, equivalente a 1.342
días que transcurrieron de mora desde la fecha en que fue ordenada su
cancelación por sentencia judicial; ii) actualizar las sumas a que haya lugar de
conformidad con el artículo 192 del CPACA, desde la fecha en que se hizo
exigible hasta la ejecutoria de la providencia que ponga fin al proceso; iii) exigir
el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 195 ibidem; y iv) condenar
en costas y agencias en derecho a la demandada.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
i) El 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo del Atlántico condenó
al distrito de Barranquilla al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
a favor de la demandante, entre otras, de las cesantías definitivas.
ii) La aludida decisión se notificó a la entidad territorial mediante el Oficio 1771-C
de 2012, recibido el 28 de diciembre de mencionada anualidad y radicado con
número interno 17351.
iii) Pese a ello, la entidad demandada realizó el pago definitivo de las cesantías
el 1° de agosto de 2016, mediante transferencia electrónica, por un monto de
$3.286.720 debidamente indexado y, en consecuencia, se generó una sanción
moratoria por haber transcurrido 1.342 días de mora (entre el 27 de noviembre
de 2012 y el 1° de agosto de 2016).
iv) El 15 de marzo y 12 de diciembre de 2013, 4 de mayo y 9 de septiembre de
2014, la interesada requirió al DEIP de Barranquilla, el pago oportuno de la
condena acorde con lo dispuesto en los artículos 188 del CCA y 192 del CPACA
e igualmente, informó de las consecuencias jurídicas por el no pago oportuno de
las cesantías, sin que ninguno de estos fuere contestado.
v) El 4 de abril de 2017, solicitó ante la administración el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria, conforme el tiempo en mora transcurrido desde que fue
ordenado el pago de sus cesantías y hasta el momento del pago efectivo, petición
que fue negada por medio del Oficio 17-056187 del 17 de mayo de la referida
anualidad.
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Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
vi) El 25 de mayo de 2017 interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, pasados más de dos meses, el mismo no había sido resuelto, por lo
que se configuró el silencio administrativo negativo, sin embargo, la entidad
territorial, mediante Oficio OF21138 QUILLA-17-114095 del 27 de septiembre de
2017, procedió a resolver de forma negativa el recurso.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política;
2 y 3 de la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante manifestó
lo siguiente:
i) Los actos administrativos demandados se encuentran viciados de falsa
motivación, en la medida en que le asiste el derecho al pago de la sanción
moratoria deprecada, pues el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante
sentencia del 28 de septiembre de 2012, debidamente ejecutoriada, ordenó
pagar a favor de la demandante las prestaciones sociales, entre ellas, las
cesantías definitivas.
ii) Las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, regularon lo relativo al pago de las
cesantías parciales y definitivas de los empleados públicos y fijaron un término
de 15 días contados a partir de la radicación de la solicitud y 45 días siguientes,
para proceder a su pago; sin embargo, el DEIP de Barranquilla ha desconocido
tales términos, dado que transcurrieron 1.342 días de mora, circunstancia que
acarrea la sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo.
iii) De igual forma, los actos enjuiciados infringen las normas en que debían
fundarse, toda vez que el marco normativo en comento, prevé una sanción
pecuniaria para el empleador que omita pagar las cesantías en un determinado
lapso, con la finalidad de reparar los daños causados al trabajador como
consecuencia del mencionado incumplimiento.
1.2. Contestación de la demanda
El DEIP de Barranquilla2, por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:
2
Folios 84 a 96 del expediente digital, archivo: ED_08001233300020170138(.zip) NroActua 2,
índice 2 de la plataforma Samai.
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Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
i) Los Oficios demandados no adolecen de falsa motivación, porque de la lectura de
los mismos se evidencia una negativa amparada en un fundamento legal, habida
cuenta de que el pago de las prestaciones sociales a favor de la demandante
obedeció a una orden judicial, que en ningún momento estableció el pago de una
sanción moratoria, pues el derecho no se encontraba consolidado.
ii) El pago de la mora previsto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, opera de pleno
derecho y no depende de un fallo judicial, por lo que la mora que se peticiona no se
ajusta a los supuestos previstos en la citada disposición, ya que el desembolso de
las cesantías se efectuó en debida forma, tiempo correspondiente y en estricto
cumplimiento de una sentencia condenatoria.
iii) La sanción moratoria procede cuando se demuestra la mala fe del empleador, lo
cual no ocurrió en el sub lite, en tanto, se dio cumplimiento a un fallo judicial que lo
condenó al pago de unas prestaciones existiendo un acuerdo liquidatorio que
comprometía hasta cierto número de procesos judiciales al distrito de Barranquilla,
los cuales están relacionados en la gaceta distrital aportada al plenario.
En ese orden de ideas, propuso como excepciones las de inepta demanda, falta de
integración del Litis consorcio necesario, inexistencia de la obligación, pago, buena
fe y genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 16 de
diciembre de 20213, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:
i) La sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, regulada
en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, tiene lugar siempre
que al momento del retiro del servicio o de la terminación del contrato, la entidad
pagadora incumpla los términos perentorios para la liquidación, reconocimiento y
pago de dicha prestación.
ii) Por virtud de las sentencias proferidas por esta jurisdicción fechadas 29 de
noviembre de 2011 y el 28 de septiembre de 2012, se reconoció que entre la
señora Natalia Margarita Manotas Guzmán y el distrito de Barranquilla (sucesor
procesal de Redhospital), existió un vínculo laboral desde el 1° de diciembre de
2005 hasta el 1° de diciembre de 2006 y, en consecuencia, se condenó a la
entidad a cancelar unos salarios y prestaciones sociales -entre ellas las
3 Ver expediente digital anexo al índice 2 del aplicativo Samai.
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cesantías-, sumas que le fueron pagadas el 29 de julio de 2016.
iii) En el presente asunto es posible extender los efectos de la Ley 244 de 1995,
pues la penalidad que depreca la demandante no está prevista por la tardanza
en el cumplimiento de providencias judiciales, pues el legislador previó unas
consecuencias propias para la mora en el pago de los fallos que emite esta
jurisdicción.
iv) En ese sentido, los artículos 192 y 195 del CPACA son claros al ordenar el
reconocimiento de intereses moratorios como una medida indemnizatoria por la
mora en el pago de las sentencias, circunstancia que cumple idéntica finalidad a
la sanción moratoria de que trata las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
1.4. El recurso de apelación
La parte demandante por conducto de apoderado4, interpuso recurso de
apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para
que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Como sustento
de su petición expuso lo siguiente:
i) El fallo es contradictorio, al señalar que la sentencia del 28 de septiembre de
2012, no es fuente de reconocimiento de la sanción moratoria a su favor, sin
embargo, ese mismo tribunal en otras oportunidades ha sostenido que sí es
constitutivo de derecho y que a partir de él surgen obligaciones y derechos para
las partes.
ii) La providencia al contener una obligación de hacer, como lo es el pago de sus
cesantías, constituye un mandato judicial de imperativo cumplimiento para la
entidad condenada, que al ser valorada en armonía con las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, se puede colegir que procede el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria deprecada por la omisión en el pago de dicha prestación, que
abarca no solo la oportuna cancelación de la sentencia, sino también la
penalización económica en que se incurrió por el pago extemporáneo.
iii) Por sendos Oficios del 15 de marzo, 12 de diciembre de 2013, 4 de mayo y 9
de septiembre de 2014, se requirió a la entidad no solo el pago de la condena al
amparo de los dispuesto en el artículo 192 del CPACA, sino también el
reconocimiento y desembolso de sus cesantías, y en ese sentido, la
indemnización peticionada procede desde el 27 de noviembre de 2012, fecha en
que vencían los 65 días para su cancelación o en su defecto desde el 14 de junio
4 Ver expediente digital anexo al índice 2 del aplicativo Samai.
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de 2013, cuando se cumplieron los 65 días hábiles después de la primera
solicitud y hasta el 1.° de agosto de 2016, cuando realizó efectivamente se le
canceló.
iv) No es de recibo la teoría según la cual la sanción moratoria solo es admisible
si se presenta solicitud al respecto por parte de la interesada, pues la entidad
demandada al resultar vencida en juicio y condenada, tenía pleno conocimiento
de su obligación desde el mismo momento en que se le comunicó la providencia
del 28 de septiembre de 2012, es decir, ya era de pleno conocimiento de la
demandada el deber inexcusable de expedir el acto administrativo de
reconocimiento y pago del auxilio.
v) El a quo se equivocó al sostener que lo pretendido en el presente asunto «es
el reconocimiento de la sanción moratoria que presuntamente se generó por el
no pago oportuno de las sentencias que condenaron al Distrito de Barranquilla a
pagar las prestaciones sociales, dentro de las cuales se encuentran las
cesantías», pues en ninguno de los apartes de la demanda se planteó tal
afirmación; por el contrario, siempre se peticionó la sanción moratoria con
ocasión del pago tardío de sus cesantías cuyo reconocimiento y constitución
viene por mandato judicial.
vi) Sí existe fuente normativa expresa que establece la procedencia y
reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías
ordenadas en decisión judicial, tal como se dispone en el parágrafo del artículo 5
de la Ley 1071 de 2006, pues el Consejo de Estado expresamente ha indicado
que a partir de la sentencia se genera la obligación a cargo de la entidad
accionada de proceder en los términos de ley.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes guardaron silencio durante esta etapa procesal5.
1.6. El Ministerio Público
La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado6, luego de
efectuar una sinopsis de lo discurrido en el proceso, solicitó se confirme la
sentencia de primera instancia, puesto que, lo pretendido por la demandante es
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria que surge por la tardanza en la
5 Según constancia secretarial visible en índice 12 de la plataforma Samai.
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Índice 10 de la plataforma Samai.
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Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
consignación de las cesantías ordenadas a su favor en providencia judicial, las
cuales fueron pagadas definitivamente el 29 de julio de 2016.
Bajo esa óptica, precisó que la indemnización moratoria consagrada en la Ley
244 de 1995, en modo alguno es aplicable a la demora en que incurra la
administración, con ocasión del pago de cesantías ordenadas por sentencia
judicial, no solo porque la literalidad de la norma no permite hacer extensiva la
sanción a esas situaciones, sino porque el cumplimiento de las sentencias
judiciales tiene en la ley términos y sanciones que en forma especial lo rigen.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 modificada por la
Ley 1071 de 2006, por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas que
fueron reconocidas mediante sentencia judicial.
2.2. Marco normativo
2.2.1. De la sanción por mora en el pago de auxilio de cesantía
La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan
otras disposiciones» en su artículo 1° estableció el término de quince (15) días
para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías
definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de
radicación de la solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que
en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo
así al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que
una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el
término inicialmente indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término
de cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en
mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente
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Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta
cuando se haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria
consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:
«[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los
servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología
para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o
porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias
éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción,
porque ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida
o coima para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites.
Este hecho origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el
orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se
paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad
patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más.
No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han
estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la
institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador7. ¨[…]».
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago
de las cesantías definitivas y parciales8, en sus artículos 4 y 5 determinó lo
siguiente:
«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
7 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
8 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o
adelantar estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro
parcial de cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente
norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la
compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación
de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a)
permanente. /- 2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a)
permanente, o sus hijos.».
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo
establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago
se produjo por culpa imputable a este.».
De conformidad con el marco normativo que complementa y desarrolla la Ley
244 de 1995, y en armonía con la postura jurisprudencial mantenida por esta
Corporación, son dos los momentos que determinan la causación de la sanción
moratoria y el punto de partida para fijar el monto de dicha indemnización, a
saber: (i) el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la
fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías
definitivas o parciales, siempre que sea expedido dentro del término legal; y (ii)
el vencimiento de los sesenta y cinco (65) o setenta días (70) hábiles9 siguientes
a la fecha de reclamación de las mismas o la de la solicitud de reliquidación,
cuando no se emitió respuesta por parte de la administración o se hizo de
manera extemporánea.
Tal y como se expuso en líneas precedentes, la Ley 1071 de 2006 que adicionó
y modificó la Ley 244 de 1995, reguló el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, previó las sanciones derivadas de su
incumplimiento, y fijó los términos para su cancelación, reiteró los parámetros
respecto de los cuales se entiende configurada la mora en el pago de las
cesantías solicitadas.
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Según se haya presentado la reclamación en vigencia del CCA o del CPACA.
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
De esta manera, una vez presentada la solicitud de pago de las cesantías
definitivas la entidad cuenta con un término de quince (15) días para expedir el
acto de reconocimiento. Además, en el evento de que la solicitud esté incompleta
el empleador debe manifestarlo así al peticionario dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al recibo de la solicitud y señalar expresamente los requisitos
de que adolece, de modo que una vez se alleguen pueda proferir el acto que
reconozca la prestación en el término inicialmente indicado.
Así, el plazo con el que cuenta la entidad pagadora para el desembolso de las
cesantías definitivas o parciales comienza a computarse desde la firmeza del
acto administrativo que lo dispuso, y desde ese instante, la administración
tiene el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagar la prestación,
so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el
parágrafo de la norma en cita, equivalente a un día de salario por cada día de
retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.
En efecto, la Sala Plena de esta Corporación10 sostuvo que la administración
cuenta con 45 días hábiles para el pago de la prestación social, contados a partir
del momento en que adquiere firmeza el acto administrativo que la reconoce, y
agregó que dicho término solo se puede contar desde la ejecutoria del acto
administrativo que dio respuesta a la petición y no desde que se radicó.
Ahora bien, la sanción por mora en el pago de las cesantías, parciales o
definitivas, se instituye como una penalidad económica contra el empleador por
su retardo en el pago de dicha prestación social, en favor del servidor público,
de manera que su propósito se orienta a procurar el pago oportuno de la
prestación y no a resarcir o indemnizar al trabajador por los perjuicios
derivados de ese retardo. Así lo señaló la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia de unificación del 18 de julio de 201811, en los
siguientes términos:
«182. Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago
extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es
procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada
prestación, más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la
representa y con ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley
disponga como su propósito.
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de 2007.
Número interno: 2777-2004. Actor José Bolívar Caicedo Ruíz.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de unificación del 18 de julio de 2018. Radicado: 73001-23-33-000-2014-00580-
01(4961-15).
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
183. Desde la óptica del empleado, si bien la sanción moratoria representa una suma
de dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías;
ella ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en
cumplir con su obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago
oportuno de la prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos
ante un derecho o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las
eventualidades que el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley.
184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su
naturaleza de la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario,
y en ese panorama concluir que se trata de un derecho; pues contrario a ello, no se
erige como una prerrogativa prestacional en la medida que no busca proteger al
trabajador de las eventualidades a las que puede verse sometido durante una relación
laboral, sino que se instituye como una penalidad económica contra el empleador por
su retardo en el pago de la prestación social de las cesantías y en favor del servidor
público. […]». (Negritas del texto original).
De esa suerte, la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías,
prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, no comporta
un derecho, prerrogativa o acreencia derivada de la relación laboral, no está
encaminada a compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni
menos remunerarlo, y no posee connotaciones resarcitorias de perjuicios.
En este sentido, esta Subsección12 ha expuesto las características propias de la
sanción moratoria, conforme se expone a continuación:
i) En la norma se fijan términos para la liquidación, reconocimiento y pago de
cesantías definitivas.
ii). La sanción moratoria se consagró con el fin de conminar a las entidades
encargadas al pago oportuno de la prestación social del auxilio de cesantías, ya
que generalmente como consecuencia de la burocracia, la tramitología era
común la demora en el citado pago.
iii) Por otra parte, en el momento de recibir el pago efectivo de la prestación social,
únicamente se pagaba lo certificado por la entidad pagadora meses o años atrás,
cuando el dinero había perdido su poder adquisitivo.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A
Sentencia del 21 de octubre de 2016. Radicado: 19001-23-31-000-2010-00200-01(3988-13).
11
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
iv) De acuerdo con lo anterior, la disposición buscó que la administración
expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar el retardo en el
citado pago y sus consecuencias desfavorables para el trabajador.
2.2.2. Del procedimiento para hacer efectivas las condenas en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo
Los artículos 173, 176 y 177 del Decreto Ley 01 de 198413, Código Contencioso
Administrativo -C.C.A.- norma aplicable al caso por haberse iniciado en vigencia
del Decreto 01/84-, establecían las condiciones y regulaban el procedimiento
para hacer efectivas las condenas impuestas a las entidades públicas. En efecto,
el artículo 17314 del mencionado código señalaba que proferida la sentencia y
una vez en firme, el juez administrativo debía comunicarla a la entidad vencida
en el proceso, con copia íntegra de su texto. Recibida la comunicación, el artículo
17615 ibídem, ordenaba a las autoridades a quienes correspondiera la ejecución
de una sentencia dictar dentro del término de treinta (30) días contados desde
su comunicación, la resolución mediante la cual se adoptaran las medidas
necesarias para su cumplimiento.
A su turno, el artículo 177 ejusdem indicaba que una vez en firme una sentencia
condenatoria, contaba la entidad pública a cargo de su cumplimiento de un plazo
de dieciocho (18) meses para ese efecto, so pena de ser ejecutable ante la
justicia. Y en cuanto a la tasa aplicable a los intereses de mora, el inciso final del
citado artículo 177 disponía que las cantidades líquidas reconocidas en tales
sentencias devengarían intereses comerciales y moratorios.
Acorde con lo expuesto en la normativa, las reglas para la efectividad de las
sentencias condenatorias y las conciliaciones debidamente aprobadas por la
13 Legislación vigente para la fecha en que fueron proferidas las sentencias que ordenaron el pago
de las prestaciones sociales de la demandante -2011 y 2012-, respectivamente.
14 Artículo 173. Sentencia. Notificación. Una vez dictada la sentencia conforme lo dispone el
artículo 103 de este Código se notificará personalmente a las partes, o por medio de edicto, en la
forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil tres (3) días después de
haberse proferido. Al ministerio público se hará siempre notificación personal. Una vez en firme
la sentencia deberá comunicarse con copia íntegra de su texto, para su ejecución y
cumplimiento.
Ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los
oficios correspondientes.
15 Artículo 176. Ejecución. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia
dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución
correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.
12
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
jurisdicción contenciosa, bajo el Código Contencioso Administrativo- Decreto
01/84-, se resumen así16:
i) Las entidades públicas tienen un término de 18 meses para el cumplimiento de
las sentencias condenatorias en firme que les impongan el pago o devolución de
una cantidad líquida de dinero y o el término pactado en los casos de los
acuerdos conciliatorios y, una vez vencidos estos plazos sin que se hubieran
satisfecho esos créditos judiciales pueden ser exigidos mediante juicio ejecutivo
promovido por sus beneficiarios ante la jurisdicción.
ii) Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias o en acuerdo
conciliatorio devengarán intereses moratorios dependiendo del plazo con que
cuente la entidad pública obligada para efectuar el pago: a) en cuanto a las
sentencias los intereses moratorios se causan desde el momento de su
ejecutoria, excepto que esta fije un plazo para su pago, caso en el cual dentro
del mismo se cancelarán intereses comerciales; y b) en el evento de la
conciliación, se pagarán intereses comerciales durante el término acordado y,
una vez fenecido este, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de
mora.
iii) El interés comercial está determinado por el artículo 884 del Código de
Comercio, para los casos en que se haya especificado un término para cumplir
la sentencia o en la conciliación, en la tasa equivalente al interés bancario
corriente. Los intereses moratorios señalados en el artículo 177 del C.C.A.,
corresponden a una y media veces de los corrientes bancarios, siempre y cuando
no excedan el límite previsto para no incurrir en el delito de usura, caso en el
cual deberán reducirse a dicho tope.
A su turno, la Ley 1437 de 2011, consagra en sus artículos 192 y 195, las reglas
a efecto del cumplimiento de sentencias y conciliaciones, así como el trámite
para su pago por parte de las entidades públicas condenadas y establece el
procedimiento para hacer efectivos los fallos judiciales, así:
«ARTÍCULO 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique
el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien
corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde
su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento […]».
16
Tal como lo expuso Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 14 de octubre de 2021. Radicado: 13001-33-33-000-2016-
00246-01(3379-20).
13
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
Y en lo que corresponde al trámite para el cumplimiento de la sentencia, el
artículo 195 ibídem consagró lo siguiente:
«ARTÍCULO 195. TRÁMITE PARA EL PAGO DE CONDENAS O
CONCILIACIONES. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará
a las siguientes reglas:
1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una
conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de
Contingencias, la entidad obligada, en un plazo máximo de diez (10) días,
requerirá al Fondo el giro de los recursos para el respectivo pago.
2. El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la
entidad obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación
de los requerimientos a que se refiere el numeral anterior.
3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al
beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una
tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el
término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de
este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que
ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del
crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un
interés moratoria a la tasa comercial…».
Al tenor de lo indicado en el artículo 195 ibidem, para el cumplimiento de una
condena que implique el pago de una suma de dinero como es el caso objeto de
estudio, se requiere:
i) Que la respectiva providencia esté debidamente ejecutoriada, para lo cual, los
beneficiarios deberán presentar la solicitud de pago o cuenta de cobro a la
entidad responsable para hacerla efectiva.
ii) La entidad pública tiene el término de 10 meses para el pago de sentencias
condenatorias en firmes, o el término pactado para el pago de los acuerdos
conciliatorios, según el caso; y luego de fenecidos estos plazos, podrá el
acreedor beneficiario exigir la obligación más los intereses generados mediante
juicio ejecutivo según el artículo 299 del CPACA.
iii) Para el pago, la entidad en un plazo máximo de 10 días contados a partir de
la respectiva ejecutoria de la providencia que imponga o liquide la condena o
aprueba la conciliación, requerirá al Fondo de Contingencias el giro de los
recursos correspondientes, el cual lo hará en el menor tiempo posible.
14
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
iv) La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al
beneficiario, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de los recursos.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
i) El 29 de noviembre de 2011, el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Barranquilla, declaró que entre la señora Natalia
Margarita Manotas Guzmán y el Distrito de Barranquilla (sucesor procesal de
Redhospital), existió un vínculo laboral entre el 1° de diciembre de 2005 y el 1°
de diciembre de 2006, y en consecuencia, condenó a la entidad demandada al
pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales
dejados de percibir 17.
ii) El 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo del Atlántico, al desatar
el recurso de apelación formulado por la parte demandante, modificó la
providencia de primera instancia, en el siguiente sentido:
«[…] a título de restablecimiento del derecho se condene a la entidad demandada
a pagar, si no lo ha hecho, a favor de la demandante los salarios, las prestaciones
sociales y demás emolumentos laborales dejados de percibir desde el 1° de
Diciembre de 2005 al 1° de diciembre de 2006, desde la oportunidad de hacerse
exigible hasta el momento en que efectivamente se proceda su cancelación.
Con relación al pago de salarios la suma a pagar por la entidad demandada
es la diferencia salarial respecto a las sumas dejadas de cancelar con
relación a los Médicos de Planta de la Institución de Código 211 grado 46.
Se ordena a la entidad demandada hacer los aportes en seguridad social en
salud y pensión por el tiempo laborado por la actora. […]»18. (Negrita
conforme al texto original).
iii) El 4 de abril de 201719, la señora Manotas Guzmán elevó petición ante la
Alcaldía Distrital de Barranquilla, tendiente al «pago de la sanción moratoria por
la no cancelación oportuna de las cesantías», a la luz de lo regulado en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006.
17 Folios 50 a 57 del expediente digital anexo al índice 2 del aplicativo Samai.
18 Folios 36 a 48, ídem.
19 Folios 18 a 20, ídem.
15
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Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
iv) El 17 de mayo de 201720, la Secretaría Distrital de Barranquilla, expidió Oficio
17-056187 del 17, mediante el cual despachó de manera desfavorable la solicitud
de la interesada, conforme a los argumentos que a continuación se indican: «[…]
Es así, que la decisión judicial no ordenó el reconocimiento y pago de la indemnización
moratoria por no cancelación de cesantías por lo tanto no se acede a su solicitud […]».
v) El 25 de mayo de 201721 la parte demandante interpuso recurso de apelación
en contra del anterior acto administrativo. Dicha petición fue reiterada el 7 de julio
de la mencionada anualidad22.
vi) El 27 de septiembre de 201723, confirmó la negativa respecto del pago de la
sanción moratoria deprecada.
vii) El 9 de mayo de 201824, la jefe de la oficina de contaduría del DEIP
Barranquilla, hizo constar mediante certificación 176-2018, que pagó la condena
judicial a favor de la demandante el 29 de julio de 2016.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
La demandante pretende en el presente asunto es el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria que, a su juicio, surge por la mora en la consignación de las
cesantías ordenadas en providencia judicial producto de la condena que el
Tribunal Administrativo del Atlántico impuso a cargo de la demandada, las cuales
fueron pagadas 1342 días después de la orden.
En los términos expuestos en el marco jurídico analizado en precedencia, se
encuentra que la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías,
prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, se instituye
como una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el pago
de dicha prestación social y su propósito se orienta a procurar el pago oportuno
de la prestación.
El fundamento fáctico señalado por la normativa, difiere ostensiblemente con el
pretendido por la demandante respecto de la mora en la consignación de las
cesantías ordenadas por sentencia judicial producto de la condena que el
Tribunal Administrativo del Atlántico impuso a cargo del distrito de Barranquilla,
como sucesora procesal de la ESE Redhospital.
20 Folios 21 a 22, ídem.
21 Folios 23 a 25, ídem.
22
Folio 26, ídem.
23
Folios 27 a 28, ídem.
24 Folio 108, ídem.
16
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Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
Al respecto se hace necesario precisar que, a pesar de que la condena ordenada
mediante sentencia del 28 de septiembre de 2012, dentro del proceso primigenio,
reconoció a título de restablecimiento del derecho unas prestaciones sociales,
entre ellas, las cesantías, es evidente que al haberse reconocido tales conceptos
dentro de una orden judicial, el pago y acatamiento de la sentencia e incluso las
sanciones por incumplimiento o mora, están sometidos a los términos que la ley
dispone para el cumplimiento del fallo.
En este sentido, es claro que la indemnización moratoria no está orientada a
castigar al sujeto pasivo de una orden judicial por su incumplimiento. Así lo ha
sostenido la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación25, al
señalar que: «[…] la Ley 244 de 1995 es precisa en fijar los términos con que cuenta
el empleador para expedir el acto administrativo y pagar las cesantías definitivas a sus
trabajadores cuando termina la relación laboral, pero en modo alguno esa disposición
puede hacerse extensiva a las cesantías que se ordenan pagar en una sentencia
judicial. […]».
Ya en anterior oportunidad26, había señalado que la sanción moratoria «[…] tiene
causa diferente al incumplimiento que ahora se predica respecto de una condena
judicial, en esa medida, mal haría en reconocerse la sanción moratoria, cuando en la
decisión contenida en la sentencia de reintegro, no solo se ordenó el reconocimiento de
salarios y prestaciones sociales, sino como es lógico la actualización de las sumas y en
el proceso ejecutivo para hacer cumplir el fallo judicial. […]».
Dicha posición fue reiterada recientemente por la Corporación27 al resolver un
caso de similares contornos al aquí estudiado al señalar:
«[…] normativamente la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995 no
resulta aplicable a la demora en que incurra la administración con ocasión del pago
de cesantías ordenadas por sentencia judicial, no sólo porque la literalidad de la
norma no permite hacer extensiva la sanción a esas situaciones, sino porque el
cumplimiento de las sentencias judiciales tiene en la ley términos y sanciones que en
forma especial lo rigen. Además, por tratarse de una penalidad que hace parte del
derecho sancionatorio, en donde deben ser expresamente previstas en la ley, no se
puede extender o aplicar la analogía, a supuestos de hecho o de derecho diferentes
a las que la norma prevé expresamente.».
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 21 de abril de 2016. Radicado: 19001233100020100020001 (3988-2013).
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
15 de agosto de 2013. Radicado: 76001-23-31-000-2008-00636-01(0342-12).
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 14 de octubre de 2021. Radicado: 13001-33-33-000-2016-00246-01(3379-20).
17
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
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Lo anterior, encuentra eco normativo si nos remitimos a lo dispuesto en la Ley
1437 de 2011 respecto de la forma cómo deben proceder las entidades públicas
para el cumplimiento de las condenas que se le impongan y deja evidenciado
que, para proceder al cumplimiento de un fallo judicial, debe sujetarse a un
derrotero legal distinto al fijado por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Así,
el ordenamiento jurídico estableció la forma en que se contrarresta el menoscabo
causado por la administración cuando incumple con el pago de sus obligaciones
ordenadas en sentencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como
por ejemplo, que las sumas de dinero reconocidas devenguen intereses
moratorios conforme se analizó en apartes anteriores.
Bajo esta línea de intelección, a la luz de las previsiones de la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, es diáfano indicar que el pago de las
cesantías procede en las situaciones allí previstas, estableciendo el hecho
generador de la sanción, consistente en el incumplimiento del empleador de
pagar oportunamente las cesantías de sus trabajadores, circunstancia que no es
la acreditada en el presente asunto, dado que el supuesto fáctico y jurídico en la
presente causa deviene de la orden judicial que condenó el pago de las
cesantías definitivas en favor de la demandante.
Se concluye entonces que, de un lado, contrario a lo expuesto por la recurrente,
la literalidad del texto normativo de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006, no hace extensiva la aplicación de la sanción moratoria a los
eventos en que la administración incurra en tardanza en el pago de cesantías
ordenadas por una sentencia judicial; y, del otro, el cumplimiento de las
sentencias judiciales tiene en la ley términos y sanciones que en forma especial
lo rigen.
Por las anteriores razones y al no haberse acogido los planteamientos formulados
en el recurso interpuesto, se confirmará la sentencia recurrida.
2.5. Condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,28 respecto de la condena
en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio
objetivo valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
18
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
si ellas se causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional
realizada dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la
temeridad de las partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto
en los numerales 1° y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,29 la Sala
abstendrá de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante,
pues si bien el recurso de apelación le resultó desfavorable, la entidad
demandada no actuó en esta instancia.30
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que no es posible aplicar la penalidad de
indemnización moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006, a un suceso no contenido en los supuestos de hecho previstos en
aquella, como lo es el incumplimiento de una sentencia judicial ejecutoriada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
Primero. Confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, 16 de
diciembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Natalia Margarita
Manotas Guzmán contra el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Reconocer personería adjetiva a la abogada Valentina Isabel Álvarez
Santiago, identificada con cédula de ciudadanía número 1.140.889.499 y
portadora de la tarjeta profesional 332.585 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderada del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
según poder allegado como mensaje de datos visible a índice 12 de la plataforma
Samai.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
29 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
30
Según constancia secretarial visible en índice 12 de la plataforma Samai.
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01380-01 (2219-2022)
Demandante: Natalia Margarita Manotas Guzmán
Cuarto. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
20
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