Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00521-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00521-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2014-00521-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2014-00521-01 (0607-2018)
Demandante: William Valencia Grisales
Demandado: Municipio de La Virginia
Temas: Acto administrativo no enjuiciable. Información sobre
cotizaciones a pensión por horas extras, recargos nocturnos y
trabajo suplementario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
El señor William Valencia Grisales instauró demanda contra el municipio de La
Virginia, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio CO 2412 SSA 320 de 9 de agosto de 2013, por
medio del cual se le comunicó que la demandada había reportado y cancelado al
ISS las cotizaciones por horas extras, recargos nocturnos y dominicales y festivos
entre enero de 1994 y octubre de 2008.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar al municipio a: i) que se reliquide la pensión de jubilación con los valores
dejados de pagar al ISS; ii) que se liquiden y cancelen los valores dejados de pagar
como retroactivo, a cargo del municipio de La Virginia; iii) que se paguen los
intereses de mora a la tasa máxima vigente al momento en que se efectúe el pago
de la obligación; iv) que se condene en costas y agencias en derecho al ente
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Radicación: 66001-23-33-000-2014-00521-01 (0607-2018)
territorial.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que se desempeñó como servidor público y adquirió el estatus pensional el 7 de
agosto de 2009. Que el ISS al liquidar su pensión de jubilación no tuvo en cuenta
las horas extras y recargos nocturnos como factores devengados.
Que le es más favorable la liquidación de su pensión con el 75% del promedio de lo
devengado durante toda su vida laboral.
Que la jurisdicción ordinaria laboral consideró que no podía condenarse a
Colpensiones a reliquidar su pensión de jubilación, debido a que se demostró que
el municipio de La Virginia no realizó los respectivos aportes a pensión sobre los
factores reclamados.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 3 de junio de 2015 y notificada al municipio de La
Virginia quien se opuso a las pretensiones, considerando que siempre realizó los
aportes a pensión y que el oficio acusado no resolvió de fondo la petición por lo que
no sería objeto de estudio de legalidad.
Propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, según la cual la
pensión de la Ley 33 de 1985 se liquida con el promedio de los aportes del último
año de servicio y no con toda la vida laboral. Falta de legitimación por pasiva y no
comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios, según las cuales
consideró que es Colpensiones quien debe responder por las pretensiones de la
demanda en caso de accederse a estas; inepta demanda con fundamento en que
la demanda no determinó con precisión el concepto de violación; prescripción de las
acreencias laborales; y cualquier otra que el juez encuentre probada y deba
declararse de oficio.
La audiencia inicial se desarrolló el 9 de marzo del 2016, allí se declararon no
probadas las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva», «no
comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios», «inepta demanda» y
«prescripción», se fijó el litigio y se decretaron pruebas, las cuales fueron
practicadas en audiencia el 1.° de junio de 2016. En esa oportunidad se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 27 de septiembre
de 2017, negó las pretensiones de la demanda, expresando que el Oficio
demandado dio respuesta a una petición por lo que no puede afirmarse que se trate
de un acto no susceptible de control judicial. Que, no obstante, en aquel no se hizo
mención a una solicitud de reliquidación pensional, sino al reporte y cancelación al
ISS de las cotizaciones por concepto de horas extras, recargos nocturnos,
dominicales y festivos del actor, lo que atenta contra el principio de congruencia que
debe existir entre las pretensiones de la demanda y las peticiones elevadas a la
administración.
Que se puede establecer que la solicitud elevada al municipio estuvo encaminada
al pago de los aportes a Colpensiones y no a un reconocimiento o reliquidación
pensional, de modo que la pretensión de la demanda no sería procedente, sin que
pueda superarse la falencia realizando un esfuerzo interpretativo del escrito, pues
el juez no puede cambiar lo determinado por la parte en este, sino determinar su
alcance.
Que aun si lo efectivamente reclamado en la vía administrativa fuera la reliquidación
pensional, la entidad encargada de responder a ese requerimiento era el fondo de
pensiones, pues el ISS le reconoció la pensión y, en consecuencia, el municipio no
tendría legitimación en la causa por pasiva.
RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN
El demandante interpuso recurso de apelación, expresando que el tribunal podía
determinar la viabilidad o no de las pretensiones a partir del análisis del material
probatorio y no centrar su estudio exclusivamente en el acto administrativo
demandado. Agregó que las etapas del proceso son preclusivas y que desde la
admisión de la demanda el magistrado podía verificar si esta era concordante con
lo solicitado a la administración y requerirlo para subsanar los vicios encontrados, e
incluso subsanarlos en la audiencia inicial en caso de que alguno no hubiera sido
advertido.
Que la entidad territorial estaba en la obligación de allegar todo el expediente
administrativo, por lo que carece de lógica que al dictar el fallo se dijera que le
correspondía a él aportar el derecho de petición y que ante su omisión no podía ser
estudiado. Que dicho documento no era una prueba fuerte y que al demostrarse
que el municipio de La Virginia nunca hizo los aportes al fondo de pensiones es este
quien debe reliquidar su pensión ya sea consignando los valores a Colpensiones o
pagando la cuota parte de la prestación.
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Que el tribunal podía aceptar las pretensiones de la demanda y resolver de fondo la
situación, o retrotraer el proceso hasta la audiencia inicial y sanear el proceso.
Además, que Colpensiones había sido exonerado de la reliquidación de la pensión
por la jurisdicción ordinaria, por lo que de allí consideró que quien debía responder
por el pago era el municipio.
Que el demandado no demostró que hubiera hecho los respectivos aportes a la
administradora de pensiones, a pesar de que sí le hizo los descuentos del salario,
por lo que le corresponde responder por la omisión de su obligación.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El demandante reiteró los argumentos expuestos en las etapas previas del proceso
e indicó que no tenía en su poder el derecho de petición que dio origen al acto
demandado, el cual se encuentra en poder del municipio de La Virginia.
La entidad insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda
y afirmó que las pruebas obrantes en el proceso permiten concluir que sí realizó los
pagos por aportes pensionales al ISS.
El ministerio público guardó silencio en esta etapa.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala debe determinar si el municipio de La Virginia dejó de cotizar a la
administradora de pensiones a la que estaba afiliada el demandante por concepto
de horas extras, recargos nocturnos y trabajo suplementario entre 1994 y 2008, y
en caso afirmativo, si el ente territorial está llamado a reliquidar su pensión.
Cuestión previa. Acto administrativo no susceptible de control judicial
Para esta Corporación, acto administrativo es toda manifestación de voluntad, juicio
o conocimiento de una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones
públicas, capaz de producir efectos jurídicos1.
Y para que un acto jurídico se constituya en un acto administrativo, requiere que se
conjuguen los siguientes elementos: i) una declaración de voluntad unilateral; ii)
1 Ver sentencia del 2 de junio de 2011 de la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia de la
consejera María Elizabeth García González. Proceso con radicación 6600123310002005051901, citada en
sentencia del 25 de agosto de 2022 de la Sección Primera de esta Corporación, con ponencia del consejero
Hernando Sánchez Sánchez. Proceso con radicación 11001032400020060014300.
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expedida en ejercicio de la función administrativa; y iii) que produzca efectos
jurídicos por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de
que se trate, y por consiguiente, que sea vinculante2.
Para la formación del acto administrativo no se exigen formulas o formalidades
específicas, pues puede ser verbal o escrito toda vez que su existencia no la
materializa el documento donde conste o se materialice, sino la decisión en sí
misma con la que se crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta3.
En consecuencia, independientemente de la forma en que se adopte o la
denominación que se le dé, cualquier manifestación de voluntad de la
administración o de un particular que ejerza funciones públicas, generadora por sí
misma de efectos jurídicos, constituye un acto administrativo4.
De igual forma, esta subsección ha señalado que «los actos susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo son los actos
definitivos, entendidos como toda manifestación de voluntad general o
eventualmente, concreta o específica, unilateral de quienes ejercen funciones
administrativas, que crean, reconocen, transmiten, modifican o extinguen derechos
y obligaciones o situaciones jurídicas subjetivas»5.
Por consiguiente, «únicamente las decisiones de la administración que concluyen
un procedimiento administrativo o aquellas que afecten derechos o intereses, o
impongan cargas, sanciones y obligaciones que modifican o alteran situaciones
jurídicas determinadas, son susceptibles de control de legalidad por parte de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de ahí que los que impulsan la
actuación, y no otorgan alguna solución de fondo a las solicitudes de los
administrados o aquellos que se limiten a dar cumplimiento a una orden judicial o
administrativa, no son cuestionables por vía judicial»6.
Resolución del caso concreto
2 Ver sentencia del 10 de abril de 2008 de la Sección Primera, con ponencia del consejero Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta, con radicación 25000232400020020058301. Citada en sentencia del 25 de agosto de 2022 de
la Sección Primera de esta Corporación, con ponencia del consejero Hernando Sánchez Sánchez. Proceso con
radicación 11001032400020060014300.
3 Ver sentencia del 6 de agosto de 2009 con ponencia del consejero Hugo Fernando Bastidas Bárcenas de la
Sección Cuarta de esta Corporación en proceso con radicación 08001233100019971309101. Citada en
sentencia del 25 de agosto de 2022 de la Sección Primera de esta Corporación, con ponencia del consejero
Hernando Sánchez Sánchez. Proceso con radicación 11001032400020060014300.
4 Así se concluye en sentencia del 25 de agosto de 2022 de la Sección Primera de esta Corporación, con
ponencia del consejero Hernando Sánchez Sánchez. Proceso con radicación 11001032400020060014300
5 Así se reiteró en sentencia del 24 de marzo de 2022, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández
dentro del proceso con radicación 11001032500020120068000 (2361-2012)
6 Idem.
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En el presente caso se solicita la nulidad de la comunicación CO 2412 SSA 320 del
9 de agosto de 2013, suscrita por el secretario de Servicios Administrativos del
municipio de La Virginia, que dio respuesta a un derecho de petición presentado por
William Valencia Grisales, en el cual se indicó lo siguiente:
«Dando respuesta a su solicitud, me permito informarle que el Municipio de La Virginia
le reporto y cancelo al Instituto del Seguro Social la cotización por pensión por
concepto de pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos del
señor William Valencia Grisales, desde enero del año 1994 hasta octubre del año
2008.
Con relación a las copias de las ordenes de pago, esta información ya fue
suministrada al señor William Valencia Grisales a través de su anterior apoderada […]
(Ley 1437 Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Respecto de
peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas
anteriores).
Anexo tiempo de servicio del señor William Valencia Grisales, en los formatos
establecidos por el Ministerio de Hacienda, con el valor de las horas extras incluidas
[…]»
Roberto Dromi, en su texto «El acto administrativo»7, sostiene que este debe
producir efectos jurídicos, en los siguientes términos:
«no toda la actividad administrativa produce efectos jurídicos. Por ello, algunos
autores clasifican las exteriorizaciones de la actividad administrativa en actos y
hechos no jurídicos en contraposición a actos y hechos jurídicos.
La actividad administrativa productora de efectos jurídicos no sólo se manifiesta a
través de los actos administrativos, sino también lo hace a través de los hechos
administrativos, contratos administrativos, simples actos de la administración y
reglamentos administrativos.
Que produce efectos jurídicos significa que crea derechos u obligaciones para
ambas partes: la Administración y el administrado.»8
Más adelante sostiene:
«El acto administrativo definitivo o decisión definitiva es el que resuelve sobre el
fondo de la cuestión planteada y el que, siendo de trámite, impide totalmente la
continuación de la reclamación interpuesta. Este último es asimilado a la decisión
de fondo y se le confiere definitividad procesal, en amparo de la instancia judicial a
la que tienen derecho los administrados.
[…]
Decisión que causa estado es la que cierra la instancia administrativa, por haber
sido dictada por la más alta autoridad competente, una vez agotados todos los
medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento
7 Dromi, Roberto (2000). El acto administrativo. Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos.
Ediciones Ciudad Argentina. ISBN 987-507-009-2.
8 Ob cit. Pág. 21.
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Radicación: 66001-23-33-000-2014-00521-01 (0607-2018)
administrativo. También suele llamársele resolución «final», en tanto se recaba de
la administración «la última palabra», y su ausencia no genera vida legal a la acción
judicial, por el contrario, provoca como obligada consecuencia la incompetencia del
tribunal.
La resolución administrativa, además de definitiva y denegatoria, debe presentar el
carácter de irreversible (irrecurrible e irreclamable) y final dentro de las instancias
administrativas.
Por lo dicho se exige, entre otros requisitos, para la justiciabilidad del
comportamiento administrativo, que el obrar impugnable se traduzca en actos
administrativos definitivos y que causen estado.
[…]
Debe tratarse de una resolución sobre el fondo de la petición, por oposición a los
actos previos del procedimiento o trámite administrativo. Representa la secuela final
y decisiva del procedimiento administrativo, la resolución final o concluyente de un
procedimiento determinado.»9
La Sala reitera que según el artículo 43 del CPACA, los actos definitivos son los
susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sin
que en este asunto se pueda concluir que el acto acusado tiene dicha característica
pues no decidió directa o indirectamente el fondo de algún asunto o hizo imposible
continuar una actuación administrativa.
El acto demandado, si bien trae una manifestación de voluntad de la administración
y fue expedido en el marco de las funciones administrativas, lo cierto es que de este
no se desprende que genere por sí mismo efectos jurídicos, toda vez que no crea,
reconoce, transmite, modifica o extingue un derecho en favor del actor.
Dicha comunicación únicamente tuvo como efecto dar respuesta sobre una
situación al interesado de la cual pidió información a la administración en ejercicio
del derecho de petición, sin que de ésta se pueda concluir que creó derechos u
obligaciones para las partes.
En consecuencia, de la lectura del acto acusado se advierte que se trata de una
comunicación a través de la cual el municipio de La Virginia le informó al actor que
se habían reportado y cancelado al ISS sus aportes por concepto de horas extras,
recargos nocturnos y trabajo suplementario entre 1994 y 2008, sin que se pueda
desprender de este la existencia de una petición concreta tendiente a que la
administración realizara una actuación diferente a la de brindar información allí
contenida y para esta subsección no adopta ninguna decisión de fondo que surta
efectos jurídicos en tanto que no creó, modificó ni extinguió una situación jurídica10.
9 Ob. Cit. Págs. 27 a 30.
10 Decisiones similares ha proferido la Sección Cuarta en providencia del 10 de noviembre de 2022, radicación
19001-23-33-000-2019-00300-01 (26944) y la Sección Primera en autos del 5 de diciembre y 12 de septiembre
de 2012, radicación 25000-23-41-000-2019-00131-01 y 25000-23-41-000-2018-00431-01.
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Para la Sala cabe agregar que en el presente caso no obra prueba de la reclamación
que dio inicio a la actuación administrativa, pues ni con la demanda ni con la
contestación se allegó el derecho de petición, de modo que no se puede advertir
que la intención del interesado en provocar una manifestación de voluntad unilateral
de la administración fuera diferente a que se le informara si se habían reportado y
cancelado las cotizaciones por factores salariales echados de menos por el
demandante.
Si se considerara que el acto administrativo contenido en la comunicación CO 2412
SSA 320 no dio respuesta integral a la reclamación efectuada por el interesado, y
por medio de esta pretendía que se surtiera la actuación administrativa tendiente a
la reliquidación de su pensión de vejez, porque el ente territorial no hizo los
respectivos aportes a pensión sobre la totalidad de factores que por ley tenía
derecho (pretensión de restablecimiento del derecho del caso bajo estudio), dicha
situación no se desprende del contenido del acto demandado, ni mucho menos de
la demanda, pues en dicho caso se podría hablar de un acto presunto negativo que
sí sería pasible de control judicial, lo que no se argumentó en este caso.
Por consiguiente, esta subsección concluye que debe declararse de oficio la
excepción de acto no susceptible de control judicial y, en consecuencia, negar las
pretensiones de la demanda.
De la condena en costas
Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de 201611, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a que, el Consejo de Estado, ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha
situación a la luz de la normatividad vigente.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Radicación: 66001-23-33-000-2014-00521-01 (0607-2018)
En el presente caso, de la revisión de la demanda y de la oposición a la misma, no
se observa que sea manifiesta una carencia de fundamentación legal, que dé lugar
a la condena. Contrario a ello, ambas partes, en sus escritos, manifestaron razones
en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón, al no encontrarse acreditado tal
presupuesto normativo, no se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar probada de oficio la excepción de «acto no susceptible de
control judicial».
SEGUNDO. Confirmar la sentencia del 27 de septiembre de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por William Valencia Grisales contra el municipio de La Virginia, por las
razones expuestas en esta providencia.
TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia.
CUARTO. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Los consejeros,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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