Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00348-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00348-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00348-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00348-00 (2239-2019)
Demandantes: Paola Andrea Conde Ardila, Ferney Ballen Andrade, Edna Lucía
Rodríguez Silva, Cristian Fernando Losada, María Ximena Martín
Charry, Adriana Mireya Celis, Guillermo Arias Horta, Rodrigo Roa
Díaz y Rubiel Augusto Lugo Ramírez
Demandado: Municipio de Aipe (Huila) y Comisión Nacional del Servicio Civil1
Temas: Nulidad del Acuerdo CNSC 20181000003776 del 14 de
septiembre de 2018 «por el cual se establecen las reglas del concurso
abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la Alcaldía de Aipe – Huila “Proceso de selección
No. 707 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”»
Sentencia
Asunto
La Sala decide la demanda de nulidad en contra del Acuerdo CNSC 2018000003776
del 14 de septiembre de 2018, para establecer las bases de la Convocatoria 707 de
2017, por la cual se abrió el concurso público de méritos para proveer diferentes
empleos de carrera de la planta de personal de la alcaldía del municipio de Aipe (Huila).
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Los demandantes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad del Acuerdo CNSC
20181000003776 del 14 de septiembre de 2018 proferido por la CNSC y el municipio
de Aipe (Huila) por medio del cual se establecieron las «reglas del Concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General
1 En adelante CNSC
2 En lo que sigue CPACA.
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Demandante: Paola Andrea Conde Ardila y otros
de Carrera Administrativa de la planta de personal de la [Alcaldía de Aipe- Huila]3 Proceso de
selección No. 707 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente»4.
1.1.2. Fundamentos fácticos
2. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:
2.1. El 21 de agosto de 2009 el municipio de Aipe (Huila) profirió los decretos 88 y 90
por medio de los cuales estableció la planta de personal de la Alcaldía Municipal y
adoptó el manual específico de funciones y competencias laborales de la entidad,
respectivamente.
2.2. El citado manual fue modificado por medio del Decreto 1083 de 2015 y tenía que
ser nuevamente ajustado a partir del 1 de junio de 2015 en cumplimiento de lo
dispuesto en el referido decreto6, deber que solo se cumplió por conducto del Decreto
031 del 16 de mayo de 2018. Los decretos por medio de los cuales se creó y se
modificó el manual específico de funciones y competencias laborales de la Alcaldía de
Aipe fueron compilados en el Decreto 086 del 30 de agosto de 2018, el cual no fue
publicado. La falta de publicación fue « certificada» por el secretario general y de
gobierno de la alcaldía y el personero municipal.
2.3. El 14 de septiembre de 2018, y con fundamento en el mencionado manual de
funciones, la CNSC profirió el Acuerdo CNSC 20181000003776 en el que convocó a
concurso público abierto de méritos «Proceso de Selección No. 707 de 2018 –
Convocatoria Territorial Centro Oriente» para proveer de manera definitiva los empleos
disponibles en la Alcaldía del municipio de Aipe.
2.4. El Decreto 086 del 30 de agosto de 2018 solo fue enviado al correo electrónico de
los servidores públicos en provisionalidad el 9 de octubre de 2018, es decir, después
de la expedición del acuerdo que convocó al citado concurso.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. Como tales se citaron los artículos 2, 13, 29, 40, 83, 125 y 209 de la Constitución
Política; 1 de la Ley 57 de 1985; 46 de la Ley 909 de 2004; 3 y 65 del CPACA; y 2.2.3.9,
2.2.6.34 y el parágrafo 4 del artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1083 de 2015.
4. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes
argumentos7:
4.1. Los decretos 031 y 086 de 2018, mediante los cuales se ajustó y compiló el manual
específico de funciones y competencias laborales del municipio de Aipe, no fueron
publicados, tal como lo «certificó» el secretario general y el personero municipal. Esta
omisión vulneró el artículo 209 de la Constitución Política y el principio de publicidad
3 Originalmente en mayúscula sostenida.
4 Índice 47 del aplicativo Samai. Expediente digital. Folio 37 de la demanda en el archivo en formato
PDF 58.
5 Índice 47 del aplicativo Samai. Expediente digital. Folios 7 a 13 de la demanda en el archivo en formato
PDF 58.
6 Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
7 Índice 47 del aplicativo Samai. Expediente digital. Folios 17 a 37 de la demanda en el archivo en
formato PDF 58.
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que es un presupuesto para la vigencia y oponibilidad de los actos administrativos de
carácter general. En consecuencia, dichos decretos carecían de eficacia jurídica y no
podían servir de fundamento para la convocatoria a concurso de méritos, pues la falta
de publicidad impidió que los servidores en provisionalidad conocieran oportunamente
su contenido y ejercieran los mecanismos de control correspondientes.
4.2. El municipio de Aipe incumplió la obligación legal de ajustar y actualizar su manual
específico de funciones conforme con el Decreto 1083 de 2015 dentro del plazo
establecido y posteriormente intentó subsanar dicha omisión mediante decretos
ineficaces y no publicados, que fueron emitidos sin la elaboración de un estudio técnico
que justificara dicha modificación, tal como lo evidenció el personero municipal en el
acta de visita del 22 de noviembre de 2018. En tal sentido, la convocatoria no se realizó
con base en manuales vigentes, actualizados y legalmente expedidos.
4.3. La CNSC carecía de competencia para adelantar la planeación y convocatoria del
concurso de méritos contenido en el Acuerdo CNSC 20181000003776 del 14 de
septiembre de 2018, en tanto i) desconocieron que es al legislador al que le
corresponde establecer el régimen de requisitos y calidades que deben reunir los
empleados públicos, pues incluyeron unos diferentes de los previstos en los decretos
2737 de 1989 y 90 de 2009 y la Ley 1098 de 2006 para acceder, entre otros, a los
cargos de comisario de familia, inspector y profesional universitario; y ii) dicho proceso
se fundamentó en un manual de funciones que carecía de vigencia y eficacia jurídica,
procedimiento con el que se desconoció el derecho fundamental al debido proceso, en
tanto se omitieron etapas esenciales como la publicidad y la motivación técnica.
Además, se alteró el orden lógico y jurídico que debe regir la expedición y aplicación
de los actos administrativos.
4.4. La expedición del acto demandado dio un tratamiento desigual e injustificado a los
servidores públicos que se encontraban nombrados en provisionalidad o encargo, al
someter sus empleos a concurso de manera sorpresiva, sin sustento técnico y sin
consultarles, situación que no ocurrió con otros servidores en idéntica condición en
otras entidades del país. Lo anterior quebrantó la confianza legítima, pues se les
desconoció la expectativa razonable de una estabilidad laboral relativa.
1.2. Contestación de la demanda
5. El municipio de Aipe (Huila) solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda
por las siguientes razones8:
5.1. El Acuerdo CNSC 20181000003776 del 14 de septiembre de 2018 fue expedido
por autoridad competente, en ejercicio de las facultades constitucionales previstas en
el artículo 130 de la Constitución Política y de las atribuciones legales conferidas por
los artículos 11 y 30 de la Ley 909 de 2004, así como por los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3
del Decreto 1083 de 2015.
5.2. Adelantó todas las etapas del proceso de selección previstas en el artículo 31 de la
Ley 909 de 2004 en coordinación con la CNSC y se garantizó la actualización del
manual específico de funciones y la correspondencia de los perfiles de los cargos
ofertados. En este sentido, no existieron irregularidades en el trámite del concurso y el
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procedimiento se ajustó a las normas especiales que regulan la provisión de empleos
de carrera administrativa.
5.3. Los ajustes al manual específico de funciones contenidos en el Decreto 031 de
2018 fueron debidamente publicados el 11 de julio de 2018, mientras que el Decreto
086 de 2018 fue publicado el 12 de marzo de 2019, lo que quiere decir que la publicidad
del concurso se realizó de conformidad con el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, a
través de la página web de la CNSC, del sistema SIMO y de la página web de la
entidad, lo que garantizó el conocimiento público de las reglas del concurso y de los
requisitos de los empleos ofertados.
5.4. En todo caso, la ausencia de publicación de actos administrativos de carácter
general, como los decretos citados, no constituye un vicio de validez sino un asunto
de eficacia u oponibilidad, pues esta clase de actos existen y son válidos desde su
expedición y la publicación únicamente condiciona su obligatoriedad frente a los
particulares, razón por la cual no es procedente la declaratoria de nulidad por este
motivo.
5.5. El acta de visita aludida por la parte demandante no es más que una apreciación
subjetiva sobre la inexistencia de constancias de publicación, pero no constituye
prueba idónea de la falta real de divulgación de los decretos que sí fueron debidamente
conocidos. Además, el Decreto 086 de 2018 tiene un carácter meramente compilatorio,
es decir que no introdujo modificaciones sustanciales al contenido del manual
específico de funciones, por lo que su publicación posterior no afecta la legalidad ni el
desarrollo del proceso de selección.
5.6. La exigencia de estudios técnicos prevista en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004
aplica únicamente para reformas de planta de personal y no para el ajuste del manual
específico de funciones y competencias laborales, el cual puede ser modificado o
actualizado de manera directa por el jefe de la entidad en ejercicio de la potestad que
le otorga el artículo 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015.
5.7. No se vulneró el derecho de defensa ni el de participación de los demandantes
quienes sí tuvieron amplio conocimiento sobre la realización del concurso hasta el
punto de interponer acciones de tutela9 relacionadas con el contenido del manual de
funciones. Los demandantes ocupaban cargos en provisionalidad o encargo, situación
excepcional frente al mandato constitucional del artículo 125 de la Constitución
Política, que impone la provisión definitiva de los empleos mediante concurso público
de méritos.
5.8. Son procedentes las excepciones de improcedencia del medio de control y de la
pretensión formulada y la genérica e innominada.
6. La CNSC también se opuso a la prosperidad del presente medio de control de
acuerdo con lo siguiente10:
6.1. El proceso de selección 707 de 2018 fue planeado de manera conjunta con la
Alcaldía de Aipe, quien suministró los insumos necesarios: el manual específico de
9 Se indicaron los radicados 41001-31-09-001-2019-00056-00 y 41001-31-03-002-2019-00198-00.
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funciones (Decreto 086 de 2018), el reporte certificado de la oferta púbica de empleos
de carrera11 y el pago de los costos del concurso. La entidad territorial participó
activamente en mesas de trabajo y reuniones, y la Sala Plena de la CNSC aprobó las
reglas del proceso, lo que dio lugar a la expedición válida del acto acusado.
6.2. La adopción, modificación y actualización del manual específico de funciones y
competencias laborales es una competencia exclusiva del nominador de acuerdo con
lo previsto en los Decretos 785 de 2005 y 1083 de 2015. De ese modo, la CNSC no
tenía competencia para intervenir, revisar, validar o pronunciarse sobre este, el cual
goza de presunción de legalidad, mientras no sea anulado por la jurisdicción
contenciosa.
6.3. El Acuerdo CNSC 20181000003776 no es un acto administrativo complejo viciado
por supuestas irregularidades del manual, pues se trata de actos administrativos
independientes, expedidos por autoridades distintas, con competencias propias. En
consecuencia, eventuales vicios del Decreto 086 de 2018 no contaminan la validez del
acuerdo de convocatoria, el cual se expidió dentro de la competencia constitucional y
legal de la CNSC.
6.4. El concurso público de méritos materializa el principio constitucional de carrera
administrativa, según el cual los empleos públicos deben proveerse por mérito y en
condiciones de igualdad, por lo que no puede alegarse un trato desigual o
discriminatorio contra quienes ocupaban los cargos en provisionalidad o encargo, ya
que estos servidores podían inscribirse y participar en igualdad de condiciones en el
concurso. Es procedente la excepción genérica o innominada.
1.3. Medida cautelar
7. A través de auto del 22 de noviembre de 2023 se negó el decreto de la medida
cautelar de suspensión provisional del Acuerdo CNSC 20181000003776 del 14 de
septiembre de 201812. Al respecto se indicó lo siguiente:
7.1. Si bien existe una relación entre la OPEC y el acto de convocatoria expedido por la
CNSC, aquella no satisface los elementos estructurales que la jurisprudencia ha
exigido para predicar de ellos un acto complejo13, esto es la unidad de contenido y
finalidad, la inescindibilidad de las decisiones y la concurrencia de voluntades. El
manual de funciones, expedido por el alcalde en ejercicio de competencias
constitucionales propias, se dirige esencialmente a determinar los empleos, las labores
y requisitos de la planta de personal, mientras que la convocatoria, emanada de la
CNSC en virtud de su autonomía constitucional, se limita a establecer las reglas de
participación en un concurso público de méritos.
7.2. La publicidad del acto administrativo constituye un requisito de eficacia y
oponibilidad frente a terceros, mas no un presupuesto de su validez, de modo que la
falta de publicación no configura una causal de nulidad ni desvirtúa la presunción de
legalidad que ampara al acto administrativo mientras no sea suspendido o anulado por
la jurisdicción contenciosa. En ese sentido, aun cuando el manual no hubiera sido
11 En adelante OPEC
12 Índice 48 del aplicativo Samai. Expediente digital.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2010-00036-01(IJ).
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publicado o careciera de estudios técnicos, tales circunstancias no podían ser
examinadas en este proceso, toda vez que dicho acto no fue demandado. Además,
incluso la eventual nulidad del manual no implicaría, por sí sola, la nulidad de la
convocatoria, pues no existe una relación de dependencia jurídica.
7.3. La convocatoria expedida por la CNSC se ciñó estrictamente a la información
reportada y certificada por el municipio de Aipe en la OPEC, cuya elaboración y
contenido son de responsabilidad exclusiva de la entidad territorial. La CNSC, como
órgano constitucional autónomo, carece de competencia para valorar o cuestionar la
legalidad del manual de funciones o de la OPEC, limitándose a ofertar los cargos
conforme con lo reportado por el nominador. En consecuencia, no hay razón evidente
para acceder a la media cautelar solicitada.
1.4. Decisión sobre excepciones previas
8. En el auto del 10 de noviembre de 202314 se resolvieron las excepciones previas y
se declararon no probadas las denominadas «improcedencia del medio de control» e
«improcedencia de la pretensión formulada», porque no constituyen verdaderos medios
exceptivos, en la medida en que su contenido no se ajusta a los supuestos previstos
en los artículos 100 del CGP y 175 del CPACA.
9. En efecto, respecto de la primera, se advirtió que el ente territorial no planteó una
causal que impida el ejercicio del medio de control, sino una discrepancia frente a las
causales de nulidad invocadas por la parte demandante, mientras que, en relación con
la segunda, el municipio se limitó a reiterar los argumentos de defensa de fondo,
especialmente aquellos relativos a que la falta de publicación de actos administrativos
generales no comporta su nulidad y a que, en todo caso, la convocatoria sí fue
publicada en la página web de la CNSC. En consecuencia, no se trata de excepciones
propiamente dichas sino de argumentos sustanciales orientados a controvertir la
legalidad de los actos acusados.
1.5. Trámite de sentencia anticipada
10. Con auto del 10 de abril de 2024 se impartió el trámite de sentencia anticipada15.
En tal sentido, se admitieron las siguientes pruebas documentales aportadas por las
partes: i) copia del Acuerdo 20181000003776 del 14 de septiembre de 2018 expedido
por la CNSC; ii) copia del Acta de visita especial a la Secretaría General y de Gobierno
del municipio de Aipe del 22 de noviembre de 2018; iii) copia del Oficio SGG 459 del
8 de octubre de 2017 suscrito por la Secretaría de Gobierno de Aipe; y iv) copia sin
constancia de publicación de los Decretos 031 y 086 de 2018, mediante los cuales se
modificó el manual específico de funciones y competencias laborales.
11. Además, se fijó el litigio y se estableció como problema jurídico ¿si el Acuerdo
CNSC20181000003776 del 14 de septiembre de 2018 fue expedido con
desconocimiento de las normas en que debía fundarse y sin competencia para
modificar los requisitos para el desempeño de los cargos ofertados?
14 Índice 52 del aplicativo Samai. Expediente digital.
15 Índice 58 del aplicativo Samai. Expediente digital.
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1.6. Alegatos de conclusión
12. En el referido auto del 10 de abril de 2024 se ordenó correr traslado a las partes y
al Ministerio Público para alegar de conclusión, quienes se pronunciaron así:
12.1. La parte demandante indicó que el Acuerdo CNSC 20181000003776 del 14 de
septiembre de 2018 sí es un acto administrativo complejo, en la medida en que se
forma a partir del concurso de voluntades del municipio de Aipe y de la CNSC, y se
encuentra viciado de nulidad por haberse expedido con fundamento en actos
administrativos ineficaces que no fueron debidamente publicados, lo que los hacía
inoponibles a terceros. Esta omisión vulneró los principios de planeación y
coordinación administrativa, el debido proceso y la confianza legítima16.
12.2. El municipio de Aipe insistió en la legalidad de los decretos por medio de los
cuales se modificó y compiló el manual de funciones de la entidad, en que dichos
decretos no conforman un acto completo con el acto demandado y en que la
publicación de un acto de carácter general no afecta su legalidad17.
12.3. La CNSC sostuvo que ejerció sus competencias constitucionales y legales, y en
coordinación con la alcaldía del municipio adelantó la planeación y ejecución del
proceso de selección 707 de 2018 para proveer por mérito las vacantes definitivas de
la planta de personal municipal. Dicho proceso fue reglamentado mediante el Acuerdo
CNSC 20181000003776 del 14 de septiembre de 2018, debidamente publicado en la
página web de la CNSC y para su desarrollo la autoridad territorial aportó el manual
específico de funciones vigente, la OPEC y el certificado de disponibilidad
presupuestal. Como resultado del concurso, se conformaron listas de elegibles para
los empleos ofertados, las cuales se encuentran en firme y gozan de la presunción de
legalidad que no ha sido desvirtuada18.
1.7. El ministerio público
13. El agente delegado del ministerio público ante el Consejo de Estado rindió concepto
en el que solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda con fundamento en
los siguientes argumentos19:
13.1. El Consejo de Estado ha señalado que los manuales específicos de funciones
deben estar soportados en estudios técnicos elaborados por la autoridad competente.
Sin embargo, también precisó que los actos que modifican los manuales de funciones
y los actos que reglamentan las convocatorias a concursos de méritos no conforman
un acto administrativo complejo, dado que no comparten unidad de contenido ni de
fin20.
13.2. La eventual ilegalidad o nulidad de un manual de funciones no tiene efectos
automáticos en la convocatoria expedida por la CNSC, que es un acto autónomo
expedido en ejercicio de una competencia exclusiva y excluyente otorgada por el
16 Índice 65 del aplicativo Samai. Expediente digital.
17 Índice 68 del aplicativo Samai. Expediente digital.
18 Índice 69 del aplicativo Samai. Expediente digital. Archivo en formato PDF 99.
19 Índice 64 del aplicativo Samai. Expediente digital.
20 Consejo de Estado, concepto 2307 del 19 de agosto de 2016. Radicado 11001-03-06-000- 2016-
00128-00.
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artículo 130 de la Constitución. Así, la eventual nulidad del manual solo podría afectar
la convocatoria si se demostrara, en el caso concreto, una incidencia real y directa en
el diseño del concurso o en los derechos de los aspirantes.
13.3. La convocatoria constituye la norma reguladora del concurso de méritos al punto
que la jurisprudencia21 ha reconocido la validez de las circulares instructivas de la
CNSC que prohíben modificar manuales de funciones o suprimir empleos ofertados
durante el desarrollo del concurso, en protección de los derechos de los participantes.
13.4. La presunta falta de publicidad de los manuales de funciones [que además no
fueron demandados] no constituye causal suficiente para anular la convocatoria, pues
la omisión de publicidad de actos administrativos de carácter general no genera
nulidad, sino inoponibilidad frente a terceros. En el caso analizado, no se acreditaron
irregularidades sustanciales en la convocatoria ni afectaciones probadas al debido
proceso.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
14. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos
expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de
especialidad, los artículos 1322, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de
diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 23 señalan que la
Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.
2.2. Problema jurídico
15. De acuerdo con lo dispuesto en el auto del 10 de abril de 2024 en el que se dispuso
impartir el trámite de sentencia anticipada, el problema jurídico se contrae a resolver
el siguiente interrogante: ¿si el Acuerdo CNSC20181000003776 del 14 de septiembre
de 2018 fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse y sin
competencia para modificar los requisitos para el desempeño de los cargos ofertados?
16. Así, en atención a los argumentos expuestos por los sujetos procesales, la Sala se
ocupará de pronunciarse en forma detallada sobre los siguientes planteamientos:
16.1. ¿El Acuerdo CNSC 2018000003776 del 14 de septiembre de 2018 que contiene
la convocatoria al concurso de méritos debe considerarse un acto administrativo
complejo porque está basado en el manual de funciones expedido por el municipio de
Aipe?
16.2. ¿La CNSC carecía de competencia para adelantar la planeación y convocatoria
del concurso de méritos contenido en el acuerdo demandado porque tuvo en cuenta
21 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de septiembre de 2022. Radicado 11001-03- 25-
000-2012-00680-00 (2361-2012).
22 Reglamento interno del Consejo de Estado.
23 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le
adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
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el manual de funciones y competencias laborales a pesar de que este i) se emitió sin
soportarse en un estudio técnico; ii) modificó «el régimen de requisitos y calidades que
deben reunir los empleados públicos» diferentes de los previstos en los decretos 2737 de
1989 y 90 de 2009 y la Ley 1098 de 2006 ; y iii) no se publicó; lo que vulneró el derecho
a la igualdad y quebrantó la confianza legítima de los servidores que se encontraban
vinculados en provisionalidad?
17. Con el fin de resolverlos, la Sala encuentra necesario abordar la siguiente temática
en el marco normativo de la decisión: i) características del acto administrativo
complejo; ii) el manual de funciones y competencias laborales de las entidades
públicas. Estructura administrativa y planta de personal municipal; y iii) la oferta pública
de empleos de carrera. Incidencia del manual de funciones.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Características del acto administrativo complejo
18. Los actos administrativos pueden clasificarse en simples o complejos. Los primeros
los profiere una sola autoridad, individual o colegiada y los segundos se emiten con la
concurrencia de 2 o mas voluntades, esto es que en su expedición intervienen varios
órganos o autoridades administrativas, y se constituye en un solo acto con unidad de
contenido y de fin.
19. Al respecto, en sentencia proferida el 14 de febrero de 201224, la Sala Plena de esta
corporación sostuvo que los actos administrativos complejos «son aquellos que se
forman por la concurrencia de una serie de actos que no tienen existencia jurídica separada e
independiente y que provienen de diversas voluntades y autoridades, generándose así una
unidad de contenido y de fin, de tal suerte que las diversas voluntades concurren para formar
un acto único25».
20. A su vez, la jurisprudencia ha clasificado los actos administrativos complejos así26:
Acto complejo propio Acto complejo impropio o interno
Se forma por la fusión de varias Se forma por la pluralidad de declaraciones
declaraciones que, con un mismo con unidad de contenido. Están constituidos
contenido y fin, profieren 2 o más órganos por varios pronunciamientos, dados en
de manera separada y sucesiva. momentos distintos y consecutivos, pero
emanados de un mismo órgano. Es interna,
La complejidad del acto se debe a que en tanto la pluralidad de actos se da en el
sean varias las declaraciones que lo interior de un solo órgano o entidad28.
conforman, sin que cambie o exista la
posibilidad de cambiar el contenido de una Esta Sección ha señalado al respecto: «si
a otra, deben mantener contenido igual y bien existe concurrencia de voluntades en
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de febrero de 2012,
radicado 11001-03-26-000-2010-00036-01(IJ), actor: Jaime Omar Jaramillo Ayala, demandado:
Comisión Nacional de Televisión, MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
25 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativa. Sentencias del 15 de octubre de
1964, Exp: 1015; 9 de julio de 1991. Exp: S-070; 27 de septiembre de 1994. Exp: S-342; 9 de noviembre
de 1998. Exp: S-680.
26 Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de agosto de
2012, radicado 08001-23-31-000-2011-01067-01(43968); y Sección Primera, sentencia del 17 de
agosto de 2017, radicado 05001-23-31-000-2000-03882-02.
28 Ibidem.
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que cada una de esas declaraciones su producción, esta se da al interior de una
provengan de entidades distintas27. misma entidad, por lo general entre
autoridades de distinta jerarquía, como
cuando se resuelven los recursos del
procedimiento administrativo29.»30.
21. Asimismo, ha señalado que estos actos complejos se caracterizan i) por la
concurrencia de varias declaraciones de voluntad de la administración, realizadas por
las distintas dependencias de una misma entidad pública, o por varias entidades, de
manera conjunta o sucesiva; ii) por la unidad de contenido y fin de las manifestaciones
de la voluntad que lo componen; iii) por la inescindibilidad de las decisiones; y iv) por
el control judicial conjunto e integral del acto, partiendo de la premisa consistente en
que los vicios de legalidad de alguna de las declaraciones se transmiten a toda la
decisión administrativa31.
22. No obstante, no todas las actuaciones que se deriven de otras conforman un acto
administrativo complejo. En efecto, esta Sección ha señalado que «en ciertos casos una
de estas actuaciones puede ser de las que se conocen como preparatorias o de mero trámite
en relación con el acto administrativo definitivo, tales como conceptos, proyectos, las
informaciones, proposiciones, etc.32. En estos eventos, resulta clave reiterar que, ante la
ausencia de una de las manifestaciones de voluntad concurrentes, el acto complejo ni siquiera
llega a existir y, por lo tanto, a producir efectos; mientras que, si falta un acto preparatorio, el
acto definitivo puede existir si la autoridad que lo expide tiene la competencia para expedirlo
por sí sola sin necesidad de una posterior aprobación por otra, pudiendo así producir efectos
hasta que su presunción de legalidad no sea desvirtuada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo»33.
2.3.2. El manual de funciones y competencias laborales de las entidades
públicas. Estructura administrativa y planta de personal municipal
23. Toda entidad pública tiene dispuesto un número determinado de empleos para el
desarrollo de las funciones que le han sido asignadas por el ordenamiento jurídico con
el propósito de materializar los fines del Estado. Este concepto responde a lo que en
materia de función pública se conoce como planta de personal. Su creación y
regulación está determinado por las necesidades del servicio y su definición clara
permite un diseño de la estructura organizacional a nivel global lo que, a su vez,
permite concretar su cantidad, naturaleza y contenido funcional de los requeridos por
medio de su respectiva clasificación.
24. En cuanto al fundamento constitucional y legal de los manuales de funciones, los
artículos 122, inciso 1, y 125, inciso 3, de la Constitución Política y 19 de la Ley 909
27 Sección Primera, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicación 05001-23-31-000-2000-3882-02,
CP. Roberto Augusto Serrato Valdés.
29 Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo, 7.a ed., Bogotá, Librería
Ediciones del Profesional, 2016, p. 173.
30 Sección Segunda Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023, expediente 11001-03-25-000-
2021-00209-00 (1324-2021), CP. William Hernández Gómez.
31 Sección Primera, auto del 1 de diciembre de 2022, expediente 25001-23-41-000-2020-00764-01, CP.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
32 Cfr. Jaqueline Morand-Deviller, Curso de Derecho Administrativo, Zoraida Rincón Ardila y Juan C.
Peláez (traductores), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 372.
33 Sección Segunda Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023, expediente 11001-03-25-000-
2021-00209-00 (1324-2021), CP. William Hernández Gómez.
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de 200434 permiten establecer la importancia y tracendencia del instrumento jurídico
en cuestión que además de estar relacionado con el cumplimiento de los fines
estatales tiene la virtualidad de afectar las situaciones particulares y concretas de
quienes son designados para el desarrollo de las funciones públicas.
25. De ahí que el manual de funciones y competencias laborales sea una herramienta
de gestión que establece las responsabilidades, labores y facultades propias de cada
cargo que integra la planta de personal que ya ha sido previamente definida.
Igualmente contiene las exigencias de conocimientos, experiencia y otros aspectos
que permitan acreditar las aptitudes y condiciones requeridas para desempeñar las
labores encomendadas.
26. Por su parte, el artículo 20 de la Ley 909 de 2004 se refiere a los «cuadros funcionales
de empleos» como un ejercicio de agrupación de cargos que tengan semejanzas en
cuanto a la naturaleza general de sus funciones, responsabilidades, requerimientos de
conocimientos y competencias. Esta medida persigue la optimización de la gestión del
recurso humano; la posibilidad de llevar a cabo el acceso, el ascenso, la retribución y
la capacitación, así como de cubrir plazas de uno o varios organismos, en función de
los requisitos que se exijan.
27. A su vez, el artículo 46 de la referida norma, modificado por el artículo 228 del
Decreto 019 de 201235, establece que las reformas de plantas de personal de empleos
de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deben
motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la
administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren,
elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento
Administrativo de la Función Pública36 y de la Escuela Superior de Administración
Pública37, y pueden derivar en la supresión o creación de empleos. En igual sentido lo
señalan los artículos 2.2.12.1 y 2.2.12.2 del Decreto Unico Reglamentario 1083 del 26
de mayo de 2015, compilatorio de las normas del sector de la función pública.
28. Esta última norma, aplicable a las 3 ramas del poder público, a nivel nacional,
departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los
órganos autónomos e independientes38, en el artículo 2.2.2.6.1. prevé lo siguiente:
«ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el
presente Título expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y
determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.
La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el presente Título.
34 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones».
35 «Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública».
36 En lo que sigue DAFP.
37 En adelante ESAP.
38 Artículo 2.2.12.2.2. del Decreto 1083 de 2015.
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Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o
entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del
manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las
disposiciones aquí previstas.
Parágrafo 1. La certificación de las funciones y competencias asignadas a un
determinado empleo debe ser expedida únicamente por el jefe del organismo, por el
jefe de personal o por quien tenga delegada esta competencia.
Parágrafo 2. El Departamento Administrativo de la Función Pública brindará la asesoría
técnica necesaria y señalará las pautas e instrucciones de carácter general para la
adopción, adición, modificación o actualización de los manuales específicos.
Igualmente, este Departamento Administrativo adelantará una revisión selectiva de los
manuales específicos de funciones y de competencias laborales de los organismos y las
entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, para verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente artículo. Las entidades deberán atender las observaciones que se
efectúen al respecto y suministrar la información que se les solicite.
Parágrafo 3. [Adicionado por el artículo 1 del Decreto 051 de 2018. Sin las modificaciones
dispuesta en el artículo 4 del Decreto 498 de 2020] En el marco de lo señalado en el
numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, las entidades deberán publicar, por el término
señalado en su reglamentación, las modificaciones o actualizaciones al manual
especifico de funciones y de competencias laborales. La administración, previo a la
expedición del acto administrativo lo socializará con las organizaciones sindicales. Lo
anterior sin perjuicio de la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o
modificarlo». [Se resalta].
29. Asimismo, el parágrafo 2 de la norma en mención dispone que el DAFP brindará la
asesoría técnica necesaria, además de señalar las pautas e instrucciones para la
adopción, adición, modificación o actualización de los manuales específicos.
30. Por su parte, el artículo 2.2.2.6.2. ibidem precisa el contenido mínimo del manual
específico de funciones y competencias laborales, al indicar que debe incluir:
30.1. La identificación y ubicación del empleo.
30.2. El
contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la
descripción de funciones esenciales del empleo.
30.3. Los conocimientos básicos o esenciales.
30.4. Los requisitos de formación académica y de experiencia.
31. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política corresponde a
los concejos autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas
funciones de las que a aquellos les corresponde (artículo 313.3) y determinar la
estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos;
crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o
comerciales; y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta (artículo
313.6).
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32. Por su parte, el artículo 315 Constitucional establece como atribuciones del alcalde,
entre otras, las de crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias,
señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos
correspondientes.
2.3.3. La oferta pública de empleos de carrera. Incidencia del manual de
funciones
33. La oferta pública de empleos de carrera es el acto por medio del cual la
administración le comunica al ente responsable de la elaboración del concurso de
méritos los cargos que se encuentran vacantes definitivamente, con la finalidad de que
sean provistos a través del respectivo proceso de selección. Este instrumento se
instituye en parámetro para la elaboración de las pruebas e instrumentos del proceso
de selección. A su vez deben ser proporcionales a las condiciones que se exigen para
el desempeño de cada cargo, tal y como lo prevé el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083
de 2015:
«ARTÍCULO 2.2.6.13 Pruebas o instrumentos de selección. Las pruebas o instrumentos
de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y potencialidad de los
aspirantes y establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias
requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y las responsabilidades de
un cargo. La valoración de estos factores se hará mediante pruebas orales, escritas, de
ejecución, análisis de antecedentes, entrevistas, evaluación final de cursos efectuados
dentro del proceso de selección y otros medios técnicos que respondan a criterios de
objetividad e imparcialidad con parámetros de calificación previamente determinados.
En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita o de
ejecución, dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a proveer.»
(sic) [Se resalta]
34. En ese orden, la convocatoria elaborada por la CNSC se fundamenta en la OPEC,
que es la herramienta por la cual la administración le informa al responsable del
concurso cuáles son los cargos para proveer y es a partir de ella que se estructuran
las pruebas e instrumentos de selección que deben ser proporcionales a las
condiciones que exige cada empleo.
35. La OPEC, a su vez, se estructura a partir del manual de funciones y competencias
laborales, expedido por los alcaldes y gobernadores en virtud de los artículos 305.7 y
315.7 de la Constitución Política, es decir que solo en estas autoridades recae la
facultad de crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus
funciones especiales y fijar sus emolumentos.
36. En efecto, el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 dispuso:
«Artículo 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los jefes de
personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general
de carrera y específico o especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el
aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca.
Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el proceso de
planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La convocatoria deberá ser
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firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el jefe de la entidad pública
respectiva.
Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su
manual de funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos» [Se
resalta].
37. Asimismo, el artículo 2.2.18.6.1. ibidem, prevé que corresponde a la CNSC iniciar
los procesos de selección mediante la suscripción de la convocatoria, «con base en las
funciones, los requisitos y el perfil de los empleos definidos de acuerdo al Manual Específico
de Requisitos y Funciones» y también con el artículo 2.2.36.3.2 ibidem, según el cual, la
entidad mencionada, mediante acto administrativo, adoptará la convocatoria a
concurso «para la provisión de las vacantes definitivas ofertadas en la OPEC». [Se resalta].
38. En ese orden de ideas, el acto administrativo de convocatoria se ciñe
exclusivamente a lo que reporte la entidad territorial y es a partir de esa información
que se deben ofertar todos los cargos.
2.4. Análisis de legalidad del Acuerdo CNSC 20181000003776 del 14 de
septiembre de 2018
39. La parte demandante aseguró que el Acuerdo CNSC 20181000003776 del 14 de
septiembre de 2018 se encontraba viciado de nulidad por haber sido expedido sin
competencia por 3 razones principales a saber: i) el manual de funciones que le sirvió
de base se emitió sin soportarse en un estudio técnico; ii) modificó sin competencia
para ello «el régimen de requisitos y calidades que deben reunir los empleados públicos»
diferentes de los previstos en los decretos 2737 de 1989 y 90 de 2009 y la Ley 1098
de 2006; y iii) no se publicó, lo que vulneró el derecho a la igualdad y quebrantó la
confianza legítima de los servidores que se hallaban vinculados en provisionalidad.
Esto, luego de considerar que el acto acusado y el manual de funciones y
competencias laborales constituían un acto complejo. Los anteriores reparos fueron
desarrollados del siguiente modo:
39.1. Los decretos por los cuales el municipio de Aipe adoptó y modificó el manual de
funciones, y estableció la planta de personal y el Decreto 031 del 16 de mayo de 2018
por el cual ajustó el manual en virtud de la orden prevista en el Decreto 1083 de 2015,
no fueron publicados ni soportados en un estudio técnico, por lo tanto, resultaba
ineficaz y, en consecuencia, no era obligatorio para sus destinatarios. No obstante, la
entidad territorial y la CNSC expidieron la convocatoria con desconocimiento de los
artículos 31 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015; y
39.2. El municipio de Aipe y la CNSC desconocieron que es al legislador al que le
corresponde establecer el régimen de requisitos y calidades que deben reunir los
empleados públicos, en razón a que incluyeron unos diferentes de los previstos en el
Decreto 2737 de 1989 y la Ley 1098 de 2006 para acceder al cargo de comisario de
familia. Además, según el Decreto 90 de 2009 expedido por la entidad territorial, los
requisitos para el cargo de inspector se limitaban a 4 años de educación superior en
áreas jurídicas, administración pública o afines y 12 meses de experiencia laboral
relacionada, pero en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad39
se incluyó la «terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y pre
39 Simo.
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grado en Derecho del NBC de derechos y afines» y no se requería experiencia. La
modificación de requisitos en el Simo también se hizo para los cargos de profesional
universitario, técnico operativo, técnico administrativo, auxiliar administrativo,
secretario y conductor.
40. Pues bien, previo a resolver el problema jurídico planteado la Sala encuentra
necesario precisar que el alcalde del municipio de Aipe (Huila), en ejercicio de la
facultad dispuesta en el artículo 315.7 de la Constitución Política, expidió el Decreto
031 del 16 de marzo de 201840 «[p]or el cual se ajusta el Decreto 090 de 2009 Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal
del sector central de la Alcaldía Municipal de Aipe (Huila), y el Decreto 089 de 2009 conforme
al Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de F unción Pública y se dictan otras disposiciones».
41. Lo anterior, luego de advertir que en los decretos 088 y 090 del 21 de agosto de
2009, por los cuales se establece la planta de personal de la alcaldía y se adopta el
manual específico de funciones y competencias laborales, respectivamente, se
incurrió en errores al señalar la existencia de 2 empleos de auxiliar administrativo,
código 407, grado 05, pese a que «en el documento base y estudio respectivo solo se
estimó un (1) solo empleo»; de manera que aclaró y ajustó los aludidos decretos.
42. Con fundamento en iguales consideraciones, expidió el Decreto 086 del 30 de
agosto de 201841 por el cual «compil[ó] los Decretos 090 de 2009 Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del sector
central de la Alcaldía Municipal de Aipe (Huila), el Decreto 01 de 2018, el Decreto 069 de 2012
y se ajustan conforme al Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública y se dictan otras disposiciones».
43. El secretario general y de gobierno de la entidad territorial y el personero municipal
suscribieron el Acta de Visita 13 del 22 de noviembre de 2018 en la que se concluyó
lo siguiente42:
«2. Que la administración municipal no adelanto estudios para la actualización modificación
o adición del manual de funciones. (No existen estudios previos).
3. Los decretos existen, al momento de requerirlos se dispusieron a imprimirlos, ya que no
se cuenta con un ejemplar de estos en físico, si no en medio magnético, el decreto N° 031
del 16 de marzo de 2018 costa de ciento diez (110) folios útiles, y el decreto N° 086 del 30
de agosto de 2018 costa de ciento doce (112) folios útiles.
4. La firma del señor alcalde en los decretos 031 y 086, es firma escaneada, como lo
mencione anteriormente los decretos fueron impresos al momento de requerirlos.
5. En la documentación aportada no se observa la constancia de publicación de los decretos
031 y 086, indicando fecha y hora de esta» (sic)
44. El 14 de septiembre de 2018, la CNSC profirió el Acuerdo CNSC 20181000003776
por medio del cual se establecieron las «reglas del Concurso abierto de méritos para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
40 Índice 47 del aplicativo Samai. Expediente digital. Archivo en formato PDF 61.
41 Índice 47 del aplicativo Samai. Expediente digital. Folios 83 a 194 de la demanda en el archivo en
formato PDF 58.
42 Índice 47 del aplicativo Samai. Expediente digital. Folios 79 a 82 de la demanda en el archivo en
formato PDF 58.
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Administrativa de la planta de personal de la [Alcaldía de Aipe- Huila]43 Proceso de selección
No. 707 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente»44. En el referido acto se lee lo
siguiente:
«En virtud de lo anterior y en uso de sus competencias legales, la CNSC realizó
conjuntamente con delegados de La ALCALDÍA DE AIPE objeto del Proceso de Selección,
la etapa de planeación para adelantar el concurso abierto de méritos, en cumplimiento del
mandato constitucional y de las normas vigentes e instrucciones de la CNSC, con el fin de
proveer los empleos en vacancia definitiva del Sistema general de carrera administrativa de
su planta de personal en el marco del “Proceso de Selección No. 707 de 2018 –
Convocatoria Territorial Centro Oriente”. Para el efecto se adelantaron reuniones y
actividades conjuntas.
En este sentido, el representante legal y el jefe de talento humano o quien hace sus veces,
de La ALCALDÍA DE AIPE consolidó la Oferta Pública de Empleos de Carrera que en
adelante se denominará OPEC, en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y
la Oportunidad, que en adelante se denominará SIMO y suscribió la respectiva
certificación generada por este Sistema.
[...]
ARTÍCULO 11º. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Pública de
Empleos de Carrera – OPEC, de la ALCALDÍA DE AIPE, que se convocan por este
Concurso abierto de méritos son:
[...]
PARÁGRAFO 2º: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido
suministrada por la ALCALDIA DE AIPE y es de responsabilidad exclusiva de esta
entidad, por lo que, en caso de presentarse diferencias por error de digitación, de
transcripción o de omisión de palabras entre la OPEC y el Manual de Funciones y
Competencias Laborales o los actos administrativos que la determinaron, la OPEC se
corregirá dando aplicación a lo previsto en el artículo 45 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo las consecuencias que se
deriven de dichos errores o inexactitudes recaerán en la entidad que reportó la OPEC.» [Se
resalta].
45. Por efectos metodológicos y con el fin de resolver el problema jurídico planteado la
Sala encuentra necesario analizar si ¿el Acuerdo CNSC 2018000003776 del 14 de
septiembre de 2018 que contiene la convocatoria al concurso de méritos debe
considerarse un acto administrativo complejo porque está basado en el manual de
funciones expedido por el municipio de Aipe?
46. Al respecto, resulta necesario resaltar que el manual de funciones y competencias
laborales de las entidades públicas es un acto autónomo e independiente de los
acuerdos por medio de los cuales se expiden las convocatorias a los concursos de
méritos. En efecto, aunque aquel sirve de insumo o base para la OPEC y, esta, a su
vez, a la convocatoria, no puede predicarse la relación de interdependencia entre
estos, por su contenido y también por los efectos que cada acto, individualmente
considerado, genera frente a terceros.
47. Lo anterior es así pues aun cuando el manual es un instrumento clave en la gestión
del talento humano y resulta ser el documento necesario para establecer los requisitos
para acceder al empleo, así como las responsabilidades, tareas, y competencias en el
43 Originalmente en mayúscula sostenida.
44 Índice 47 del aplicativo Samai. Expediente digital. Folios 54 a 78 de la demanda en el archivo en
formato PDF 58.
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ejercicio del cargo, y este, a su vez, sirve como herramienta para elaborar la OPEC, la
convocatoria aborda otros aspectos sustancialmente diferentes, pues en virtud de ella
se reglamenta el concurso abierto de méritos para acceder a la función pública, esto
es que define las reglas para la inscripción, las pruebas del certamen, las
reclamaciones y recursos procedentes, y establece un cronograma para ello, de
manera que se garantice la transparencia y objetividad en el proceso de selección.
48. En efecto, la convocatoria elaborada por la CNSC se fundamenta en la OPEC, que
es la herramienta por la cual la administración le informa al responsable del concurso
cuáles son los cargos para proveer y es a partir de ella que se estructuran las pruebas
e instrumentos de selección que deben ser proporcionales a las condiciones que exige
cada empleo.
49. La OPEC, a su vez, se estructura a partir del manual de funciones y competencias
laborales, expedido por los alcaldes y gobernadores en virtud de los artículos 305.7 y
315.7 de la Constitución Política, es decir que solo en estas autoridades recae la
facultad de crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus
funciones especiales y fijar sus emolumentos.
50. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, los
jefes de personal deben reportar los empleos vacantes de manera definitiva en el
aplicativo OPEC y la entidad debe tener previamente actualizado el manual de
funciones y competencias laborales, pues en virtud de lo ordenado en el artículo
2.2.18.6.1. ibidem, la CNSC debe iniciar los procesos de selección mediante la
suscripción de la convocatoria, «con base en las funciones, los requisitos y el perfil de los
empleos definidos de acuerdo al Manual Específico de Requisitos y Funciones».
51. En ese orden de ideas, el acto administrativo de convocatoria se ciñe
exclusivamente a lo que reporte la entidad territorial y será a partir de esa información
que se oferten todos los cargos, pero de ello no se puede entender que se conforme
un acto administrativo complejo, pues, como se explicó no tienen unidad de finalidad
y contenido, ni tampoco dependen entre sí.
52. Sobre el particular, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación ha
concluido que ambos instrumentos no integran un acto administrativo complejo en
atención a que las decisiones en mención no guardan una relación de
interdependencia ni cumplen con las características de unidad de finalidad u objeto y
contenido45. Sobre el punto, la providencia explicó:
«[E]n cuanto a la carencia de unidad de contenido, finalidad u objeto, se pone de presente
que, por un lado, el manual específico de funciones y competencias laborales de una
entidad es una herramienta de gestión del empleo que establece las responsabilidades,
labores y facultades propias de cada cargo que compone la planta de personal de esta, al
igual que las exigencias para su desempeño, las cuales están referidas a conocimientos,
experiencia y otros factores con los que se miden las aptitudes requeridas para ocupar un
determinado empleo46. En ese sentido, no obstante que estos manuales son de suma
relevancia para las convocatorias de carrera administrativa, ya que a partir de ellos
se estructura la OPEC y las pruebas del concurso, su objeto no se agota allí, pues
estos también sirven de parámetro para otras formas de provisión de los empleos y,
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023, radicado
11001-03-25-000-2021-00209-00 (1324-2021), MP. William Hernández Gómez.
46 La providencia citó: «Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de julio de 2022, rad. 11001-03-25-000-2020-00724-00 (2125-
2020)»
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en general, para el cumplimiento de las funciones de cualquier empleado público, tal
y como lo consagra el artículo 122 de la Constitución47.
Por otro lado, el objeto de la norma reglamentaria de la convocatoria de carrera
administrativa se circunscribe a la determinación de disposiciones que garanticen la
transparencia y la objetividad en los procesos de selección para ocupar los cargos vacantes
de esta naturaleza, la cual, si bien como se dijo resulta influida por el contenido de los
manuales de funciones a través de la OPEC, aborda otros temas que la diferencian de
dichos actos administrativos y que son propios de la regulación de un concurso abierto de
méritos, como son la inscripción, las pruebas del certamen y las reclamaciones y recursos
que se pueden presentar en él […]». (sic) [Se resalta].
53. En consecuencia, si bien los manuales son de suma relevancia para estructurar la
OPEC y, en consecuencia, la convocatoria resulta influida por su contenido, « su objeto
no se agota allí, pues estos [los manuales] también sirven de parámetro para otras formas de
provisión de los empleos y, en general, para el cumplimiento de las funciones de cualquier
empleado público, tal y como lo consagra el artículo 122 de la Constitución48»49 . A su vez, la
competencia de la CNSC para reglamentar las convocatorias de carrera es exclusiva
y excluyente, y no depende de la aprobación de ninguna otra autoridad, «ni siquiera de
las entidades beneficiarias de los concursos. Por lo tanto, estas existen y producen efectos
una vez son expedidas por la Comisión, y su nacimiento a la vida jurídica y validez no depende
de la aprobación o firma del representante legal de la entidad para la cual se realiza el
concurso50.»51.
54. Es así que en atención a la naturaleza y carácterísticas del manual de funciones
previamente reseñadas, que reflejan su autonomía e independencia en relación con la
convocatoria, y en armonía con la tesis pacífica y reiterada de esta corporación, debe
concluirse que no se conformó un acto administrativo complejo, lo que de contera
impone considerar que su legalidad es independiente de la convocatoria expedida por
la CNSC.
55. En virtud de lo anterior, los argumentos que sustentan la nulidad del acto acusado
no tienen vocación de prosperidad pues imponen un análisis del referido manual de
funciones y competencias laborales, el cual no fue objeto de demanda en esta
oportunidad.
56. Esto es así pues a juicio de la parte demandante la falta de competencia para
adelantar el concurso se derivaba i) de la expedición de un manual sin que se realizara
previamente un estudio técnico; ii) la ausencia de competencia para modificar el
régimen de requisitos y calidades que deben reunir los empleados; y iii) por la
«ineficacia» del referido manual por no haber sido publicado.
57. Con todo, valga precisar que, aunque el manual de funciones pueda exhibir alguna
causal de nulidad, ello no implica que automáticamente la convocatoria tenga la misma
47 La providencia citó: «CP, art. 122: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en
ley o reglamento […]”».
48 CP, art. 122: «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento [...]».
49 Sección Segunda Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023, expediente 11001-03-25-000-
2021-00209-00 (1324-2021), CP. William Hernández Gómez. Criterio reiterado en la sentencia del 29
de junio de 2023, radicación 11001-03-25-000-2019-00447-00 (3314-2019), CP. Rafael Francisco
Suarez Vargas.
50 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación del 31 de enero de 2019, rad. 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-16), y Corte
Constitucional, sentencia C-183 de 2019.
51 Sección Segunda Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023, expediente 11001-03-25-000-
2021-00209-00 (1324-2021), CP. William Hernández Gómez.
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suerte, en razón a que, se reitera, no dependen uno del otro. Al respecto, esta Sección
ha señalado lo que a continuación se transcribe52:
«[C]ontrario a lo afirmado por la parte actora, no es posible sostener que la ilegalidad
del manual se comunica indefectiblemente al proceso de selección y mucho menos
que la nulidad del primero conduzca a la del segundo.
[...]
Bajo este hilo argumentativo, se reafirma la tesis de que la nulidad del manual de funciones
no se traduce necesariamente en la nulidad del acto de convocatoria a concurso público
que lo tuvo en cuenta para conformar la OPEC, pues debe revisarse en cada caso concreto
en qué medida la irregularidad enrostrada pudo afectar la estructuración del certamen.
En este orden de ideas, la Sala se aparta del razonamiento del sindicato demandante en el
sentido de considerar que las irregularidades del Decreto 111 de 2018 afectaban la
convocatoria en una suerte de nulidad por consecuencia; por el contrario, como no se
configura un acto complejo entre estas decisiones tampoco puede invocarse como único
argumento de nulidad que las deficiencias del manual se traducían automática e
inexorablemente en la validez del proceso de selección.» [Se resalta].
58. Así las cosas, aun cuando se demostró que la convocatoria ofertó los cargos que
fueron reportados por el municipio de Aipe en la OPEC y, a su vez, esta tuvo en
consideración los requisitos incluidos en el manual de funciones y competencias
laborales, este se presume legal en los términos del artículo 88 de la Ley 1437 de
2011, de manera que podía ser aplicado por la CNSC.
59. Al respecto, es importante resaltar que la convocatoria se ciñe a lo previsto en la
OPEC y, a su vez, en el manual de funciones, pero la CNSC no tiene dentro de sus
facultades la de valorar, analizar o examinar si el acto administrativo por el cual lo
adoptó exhibiera algún vicio que afectara su validez y/o eficacia, pues no está descrita
en el artículo 11 de la Ley 909 de 2004 como una función concreta a ella atribuida y,
en contraste, el artículo 15 ibidem establece que son las unidades de personal de las
entidades las que deben «elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los
manuales de funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes»; lo que impide
cuestionar la competencia de esta entidad para expedir el acto acusado.
60. Así las cosas, comoquiera que las presuntas irregularidades en la expedición del
manual de funciones y su falta de publicidad, no pueden ser objeto de análisis en esta
oportunidad, se negarán las pretensiones de nulidad del Acuerdo CNSC
20181000003776 del 14 de septiembre de 2018 «por el cual se establecen las reglas del
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes
al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Aipe
– Huila “Proceso de selección No. 707 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”».
2.5. Costas
61. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre
la condena en costas por la naturaleza del asunto.
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de agosto de 2023, radicado
11001-03-25-000-2019-00098-00 (0517-2019) acumulado con 11001-03-25-000-2019-00035-00 (0097-
2019), MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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2.6. Otros asuntos
62. Se dispondrá que la Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación, dé
respuesta a la petición presentada por José Nelson Polanía Tamayo, vista a índice 72
del aplicativo Samai, en la que solicitó una certificación de procesos en los que ha
intervenido como apoderado judicial.
2.7. Conclusión
63. Aunque el manual de funciones sirve de insumo o base para la OPEC y, esta, a su
vez, a la convocatoria, no puede predicarse la relación de interdependencia entre esos
actos, no solo por su contenido, sino también por los efectos que cada acto,
individualmente considerado, genera frente a terceros, lo que impide concluir que se
tratara de un acto complejo e impone considerar que la legalidad del manual de
funciones y competencias laborales es independiente de la convocatoria contenida en
el Acuerdo CNSC 20181000003776 del 14 de septiembre de 2018 expedido por la
CNSC.
64. Comoquiera que las pretensiones de nulidad se fundamentan en presuntas
irregularidades derivadas del manual de funciones y competencias laborales
compilado en el Decreto 086 del 30 de agosto de 2018, respecto del cual no se solicitó
su nulidad, no es posible adelantar juicio de reproche alguno en contra del acuerdo
acusado, cuyo contenido no fue censurado con vicio de nulidad alguno.
65. En
consecuencia, se negará la pretensión de nulidad formulada por la parte
demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Negar la pretensión de nulidad del Acuerdo CNSC 20181000003776 del 14
de septiembre de 2018 «por el cual se establecen las reglas del concurso abierto de méritos
para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Aipe – Huila “Proceso de
selección No. 707 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”», proferido por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, formulada en la demanda interpuesta por Paola
Andrea Conde Ardila, Ferney Ballen Andrade, Edna Lucía Rodríguez Silva, Cristian
Fernando Losada, María Ximena Martín Charry, Adriana Mireya Celis, Guillermo Arias
Horta, Rodrigo Roa Díaz y Rubiel Augusto Lugo Ramírez.
Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.
Tercero. Por la Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación, dar respuesta
a la petición presentada por José Nelson Polanía Tamayo, vista a índice 72 del
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
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Demandante: Paola Andrea Conde Ardila y otros
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA
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