Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00160-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00160-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00160-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
3 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00160-00 (1038-2019)
Demandantes: RICARDO AMEZQUITA VELASCO
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL1
Temas: Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de
la planta de personal de la Alcaldía del municipio de Neiva. Concurso abierto de méritos
para la provisión de cargos de la Alcaldía de Neiva. Proceso de Selección 711 de 2018,
Convocatoria Territorial Centro Oriente.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-014-2022
1. ASUNTO
La Sala dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el proceso judicial de la
referencia tramitado en virtud del medio de control de nulidad simple, consagrado
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
2. DEMANDA2
En ejercicio del medio de control de nulidad que consagra el artículo 137 del
CPACA, el señor Ricardo Amezquita Velasco, en nombre propio, presentó demanda
en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del municipio de Neiva.
2.1. Pretensiones3
1
Municipio de Neiva.
2
Ff. 1-6 y 24-27, cuaderno físico principal.
3
En principio, el escrito introductor pretendió únicamente la declaratoria de nulidad del Decreto
municipal 591 de 2018, sin embargo, en el acápite de medida cautelar, pidió la suspensión
provisional del Acuerdo CNSC-20181000006036 del 24 de septiembre de 2018. Dicha discordancia
condujo a que, mediante auto del 28 de marzo de 2019, el despacho sustanciador decidiera inadmitir
la demanda con el fin de que se individualizara en forma clara el acto respecto del cual se pretendía
la nulidad y la consecuente medida cautelar. En memorial del 3 de mayo de 2019 (ff. 24 a 27 del
cuaderno físico principal), el señor Ricardo Amezquita Velasco subsanó la demanda al precisar que
pretende la declaratoria de nulidad de ambos actos, en principio la del Decreto 591 de 2018 y, como
consecuencia de ello, la del referido Acuerdo CNSC-2018-1000006036.
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1
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00160-00 (1038-2019)
Demandante: Ricardo Amezquita Velasco
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Decreto Municipal 591 del 13 de noviembre de 2018, «[p]or el cual se ajusta
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los
Empleos de la Planta de Personal de la Alcaldía del Municipio de Neiva»,
proferido por el alcalde de ese ente territorial.
• Acuerdo CNSC-20181000006036 del 24 de septiembre de 2018, proferido
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, «[p]or el cual se establecen las
reglas del Concurso abierto de mérito para proveer definitivamente los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DE NEIVA – HUILA
“Proceso de Selección n.° 711 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro
Oriente”».
2.2. Normas violadas y concepto de violación
El demandante denunció la transgresión de los artículos 6, 313 (numeral 6) y 315
de la Constitución Política, el 71 de la Ley 136 de 1994 y el 10 de la Ley 489 de
1998. Adujo que dicho desconocimiento normativo se concreta en el vicio de nulidad
por falta de competencia en la expedición del decreto municipal demandado y que,
como este último fue sustento para proferir el Acuerdo 20181000006036 del 24 de
septiembre de 2018, la validez de este acto también resultaría comprometida.
Sobre el particular, explicó que, por mandato del referido artículo 313, a nivel
municipal, la facultad para expedir el manual de funciones y competencias laborales
se encuentra atribuida a los concejos municipales, no a las alcaldías. Anotó que,
aunque estas corporaciones públicas pueden delegarle funciones al alcalde, en este
caso, el Decreto 591 de 2018 fue expedido por el mandatario local del municipio de
Neiva sin que previamente hubiera sido autorizado por el Concejo para proferir o
ajustar el manual específico de funciones y competencias laborales de la entidad
territorial.
Destacó que, aunque a través del Acuerdo 01 del 19 de marzo de 2016, el Concejo
municipal de Neiva le otorgó facultades pro tempore al alcalde para llevar a cabo el
proceso de modernización y restructuración de la planta de cargos de la Alcaldía,
esta atribución extraordinaria tuvo una vigencia de 6 meses, los que habían
transcurrido con creces para la fecha en que se profirió el decreto municipal
demandado.
3. TRÁMITE DE LA DEMANDA
La demanda que presentó el señor Ricardo Amézquita Velasco fue admitida en auto
del 19 de julio de 20194, debidamente notificado a las partes.
4
Ff. 29 y 30, cuaderno físico principal.
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Demandante: Ricardo Amezquita Velasco
En providencia del 29 de octubre de 20215, el magistrado sustanciador decretó la
acumulación del proceso con radicado 11001032500020190015000 (1012-2019),
inadmitiendo la demanda y concediendo un plazo de 10 días para subsanarla6.
Dado que el demandante no efectuó manifestación alguna en dicho término, en auto
del 24 de marzo de 20227, se dispuso el rechazo de la demanda presentada por el
señor Luis Eduardo Coronado Collazos en el proceso acumulado.
4. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES
Surtido el traslado de la solicitud de medida cautelar que elevó el señor Ricardo
Amézquita Velasco, esta se resolvió negativamente a través de auto del 18 de
noviembre de 20198, confirmado vía reposición el 25 de febrero de 20209. La
Secretaría de la Sección también dio trámite a un recurso de súplica presentado
conjuntamente, el cual se decidió en forma desfavorable mediante providencia del
24 de junio de 202110.
5. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
5.1. Municipio de Neiva11
La entidad territorial se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
Con tal fin, adujo que el alcalde de Neiva gozaba de las facultades para expedir,
modificar y ajustar el manual de funciones y competencias laborales, en virtud de lo
previsto en los artículos 315 Superior, 29 del Decreto 785 de 2005, 2.2.2.6.1 del
Decreto 1083 de 2015, 91 de la Ley 136 de 1994 y 46 de la Ley 909 de 2004.
Con base en ello, concluyó que el alcalde no necesitaba autorización del Concejo
municipal para dictar el Decreto 591 de 2018 y propuso la excepción de fondo que
denominó «improcedencia de las pretensiones formuladas».
5
Índice 58 del expediente digital.
6
La decisión de inadmitir la demanda se fundamentó así: «[…] el despacho considera que debe ser
inadmitida para que, de conformidad con los artículos 162, numeral 2, y 163 del CPACA, el
demandante proceda a individualizar en forma clara y precisa las pretensiones, determinando el o
los actos administrativos cuya nulidad pretende y formulando de manera coherente con dichas
pretensiones la respectiva solicitud de medida cautelar. De ser el caso, deberá ampliar los
fundamentos jurídicos y el concepto de violación en aras de cumplir lo previsto en el numeral 3 del
artículo 162 ibidem, así como individualizar de manera clara e inequívoca las entidades que están
siendo demandadas en el presente proceso, según lo ordena el numeral 1 de la normativa ya
invocada […]».
7
Índice 66, expediente electrónico.
8
Ff. 160-167, expediente físico cuaderno de medidas cautelares (1038-2019).
9
Ff. 327-330, ibidem.
10
Ff. 339-346, ibidem. También visible en el índice 52 del expediente electrónico.
11
Ff. 72-96, cuaderno físico principal.
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Demandante: Ricardo Amezquita Velasco
5.2. Comisión Nacional del Servicio Civil12
La entidad afirmó que la demanda no está llamada a prosperar, en sustento de lo
cual formuló las siguientes excepciones de mérito:
• «Presunción de legalidad de los actos administrativos». Indicó que la
pretensión de nulidad del acuerdo acusado debe rechazarse porque el acto
se expidió con fundamento en la presunción de legalidad que, en los términos
del artículo 88 del CPACA, amparaba el Decreto municipal 591 de 2018.
• «No afectación de situaciones concretas por la declaratoria de nulidad de un
acto administrativo de carácter general». Sostuvo que la eventual
declaratoria de nulidad del Decreto 591 de 2018 no tendría que viciar la
validez del acuerdo que reglamentó el concurso pues no existe una causal
de nulidad «por consecuencia» y porque, además, sostener lo contrario
afectaría los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
• «Cumplimiento de un deber legal». Explicó que el Acuerdo 20181000006036
del 24 de septiembre de 2018 fue proferido por la CNSC como responsable
de la administración de la carrera administrativa y en ejercicio de su función
de establecer los lineamientos generales aplicables al desarrollo de los
procesos de selección.
• «Buena fe», la que fundamentó en que, a lo largo de las actuaciones
relacionadas con el concurso de méritos que se cuestiona, la CNSC obró de
conformidad con los postulados de la buena fe y con plena convicción de que
su actuar se adecuó al ordenamiento jurídico.
• «Hecho imputable a un tercero». En sustento de esta excepción adujo que
las supuestas irregularidades en el decreto municipal demandado no son
atribuibles a la CNSC y, por ello, no deben proyectarse en cuestionamientos
sobre la validez del Acuerdo 20181000006036 del 24 de septiembre de 2018.
• «Incumplimiento de la carga probatoria» pues las pruebas que se allegaron
con la demanda son insuficientes para acreditar los supuestos fácticos que
le sirven de fundamento.
6. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE SENTENCIA ANTICIPADA
Mediante auto del 1.º de junio de 202213, el consejero sustanciador determinó darle
aplicación a lo previsto en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42
de la Ley 2080 de 2021, a efectos de emitir sentencia anticipada antes de celebrarse
12
Ff. 97-101, cuaderno físico principal.
13
Índice 73, expediente electrónico.
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Demandante: Ricardo Amezquita Velasco
la audiencia inicial. De acuerdo con ello, decretó como pruebas las aportadas por
las partes y procedió a la fijación del litigio en los siguientes términos:
[…] 1. El Decreto Municipal 591 del (sic) del 13 de noviembre de 2018,
proferido por el alcalde de Neiva y por el cual se ajustó el manual de funciones
de la Alcaldía de ese ente territorial ¿debe ser anulado porque este asunto no
era competencia del primer mandatario local sino del Concejo?
2. El Acuerdo CNSC-20181000006036 del 24 de septiembre de 2018 ¿debe
ser anulado por las eventuales irregularidades que afecten la legalidad del
Decreto Municipal 591 del 13 de noviembre 2018, emitido por el alcalde de
Neiva? […]
En auto del 25 de julio de la presente anualidad, se corrió traslado para alegar por
escrito y para que el Ministerio Público rindiera su concepto14.
7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
7.1. Parte demandante15
El señor Ricardo Amezquita Velasco insistió en su solicitud para que se declare la
nulidad de los actos administrativos demandados. Frente al Decreto 591 de 2018
explicó que se encuentra viciado porque se profirió por un alcalde encargado que,
en ejercicio de su cargo, no contaba con la facultad de expedirlo y que tampoco
recibió autorización previa del Concejo municipal de Neiva para esos efectos. Por
su parte, en relación con el Acuerdo CNSC 20181000006036 del 24 de septiembre
de 2018, alegó que su nulidad devenía como consecuencia de la ilegalidad del
referido decreto municipal, en tanto la Comisión Nacional del Servicio Civil habría
omitido vigilar y controlar las actuaciones realizadas por el municipio de Neiva frente
al concurso de méritos en cuestión.
Además, se refirió a la existencia de otro medio de control16, tramitado ante la
Sección Segunda de esta Corporación, en el que se estaría discutiendo la validez
del mencionado acuerdo. Adujo que en dicho proceso se habría demostrado que la
CNSC no ejerció la vigilancia y control que le correspondía por disposición del
artículo 130 Superior; y que tanto el municipio como la Comisión habrían entrado en
contradicción al responder que el proceso de selección regulado por el Acuerdo
20181000006036 se habría basado en diferentes versiones del manual de funciones
y competencias laborales.
7.2. Parte demandada
14
Índice 79, ibidem.
15
Índice 87, expediente electrónico. Reiterado en los índices 88 y 90.
16
Radicado 11001-03-25-000-2019-00098-00 (0517-2019).
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00160-00 (1038-2019)
Demandante: Ricardo Amezquita Velasco
Municipio de Neiva
No hizo uso de esta oportunidad procesal.
Comisión Nacional del Servicio Civil17
Reiteró su oposición a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Para tales
efectos, indicó que el Proceso de Selección 711 de 2018, reglado por el acuerdo
objeto de demanda, fue el resultado de la planeación conjunta entre la CNSC y la
Alcaldía del municipio de Huila, última que entregó los insumos necesarios para el
desarrollo de la convocatoria, tales como el manual específico de funciones y
competencias laborales vigente, la OPEC y el comprobante de pago de los costos
para asumir su financiamiento. Además, destacó que la entidad territorial participó
activamente en las diferentes reuniones y mesas de trabajo que se llevaron a cabo
para diseñar el concurso.
En relación con el manual de funciones y competencias laborales, afirmó que el
artículo 32 del Decreto 785 de 2005 atribuye su adopción, modificación o
actualización, en forma exclusiva, a las entidades territoriales; de allí que la CNSC
no intervenga en dichos procedimientos ni esté obligada a revisar los manuales o a
emitir decisiones sobre la materia. En ese sentido, destacó que el Acuerdo
20181000004306 es un acto autónomo e independiente respecto del cual el
demandante no está formulando ningún reparo de manera directa.
Finalmente, indicó que la Comisión garantizó los derechos fundamentales de los
6.170 participantes del concurso y que, hoy en día, finalizadas todas sus etapas, se
han reconocido los respectivos derechos de carrera de conformidad con las listas
de elegibles.
8. MINISTERIO PÚBLICO
Se abstuvo de emitir concepto en este proceso.
9. CONSIDERACIONES
9.1. Competencia
De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con los
artículos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201918, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para dictar la
sentencia de única instancia que en derecho corresponde.
17
Índice 86, ibidem. Reiterado en el índice 89.
18
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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9.2. Problemas jurídicos
A continuación, la Sala procede a estudiar y resolver los interrogantes jurídicos que
se determinaron en la etapa de fijación del litigio:
Primero. ¿El Decreto Municipal 591 del 13 de noviembre de 2018, proferido por el
alcalde de Neiva y por el cual se ajustó el manual de funciones de la Alcaldía de
ese ente territorial debe ser anulado porque este asunto no era competencia del
primer mandatario local sino del Concejo municipal?
Segundo. ¿El Acuerdo CNSC-20181000006036 del 24 de septiembre de 2018
debe ser anulado por las eventuales irregularidades que afecten la legalidad del
Decreto Municipal 591 del 13 de noviembre 2018, emitido por el alcalde de Neiva?
9.2.1. Primer problema jurídico
¿El Decreto Municipal 591 del 13 de noviembre de 2018, proferido por el alcalde de
Neiva y por el cual se ajustó el manual de funciones de la Alcaldía de ese ente
territorial debe ser anulado porque este asunto no era competencia del primer
mandatario local sino del Concejo?
Tesis de la Sala: El decreto municipal demandado, que dispuso modificaciones o
ajustes al manual de funciones y competencias laborales de la Alcaldía de Neiva,
no está viciado por falta de competencia de la autoridad que lo expidió pues la
atribución para proferir un acto de esa naturaleza correspondía al alcalde de dicha
entidad territorial, quien efectivamente lo suscribió.
En sustento de esta posición, se desarrollará un marco teórico relativo a la
competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos y al manual
específico de funciones y competencias laborales; para entonces darle solución al
caso concreto.
Ø La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos
Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere19.
19
«Respecto del elemento subjetivo la jurisprudencia del Consejo de Estado ha expresado que el
requisito de la competencia del órgano o funcionario como elemento del acto significa que éste debe
emanar de un órgano estatal en ejercicio de la función administrativa y dentro de los límites de su
competencia (auto de marzo 9 de 1971, Anales de 1971, Tomo 80, página 367). Es, en otros
términos, lo que establece nuestra Constitución cuando dispone que no habrá ningún empleo público
que no tenga las funciones señaladas por ley o reglamento [Cfr. artículo 122 de la Constitución de
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Así pues, la competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
A efectos de garantizar derechos fundamentales como el debido proceso y la
seguridad jurídica, las normas que fijan competencias deben ser expresas, claras y
anteriores a la expedición del acto administrativo de que se trate, lo que demuestra
la íntima conexión que tiene el concepto objeto de estudio con el principio de
legalidad; además, el fundamento constitucional de ambas figuras reside en los
artículos 2.°20, 6.°21, 12122, 12223 12324 y 20925 Superiores. Así, la competencia
implica que quienes ejercen función pública solo pueden hacer lo que el
ordenamiento jurídico les permite, al contrario de los particulares, que pueden hacer
todo lo que no les está jurídicamente prohibido26.
En este punto, conviene anotar que las normas que deben considerarse a efectos
de estudiar la competencia, como presupuesto de validez de los actos
administrativos, son aquellas vigentes en el momento de hacer uso de la respectiva
facultad de producción normativa27.
1991]»: Miguel Largacha Martínez y Daniel Posse Velásquez, Causales de anulación de los actos
administrativos, Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 1988, pp. 19-20.
20
CP, art. 2: «Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».
21
CP, art. 6: «Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones».
22
CP, art. 121: «Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le
atribuyen la Constitución y la ley».
23
CP, art. 122: «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta
y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente».
24
CP, art. 123: «Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados
y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento […]».
25
CP, art. 209: «La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley».
26
Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá: Librería
Ediciones del Profesional, 2016, p. 120.
27
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que
«[…] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano
estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante
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Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico28, el material29, el territorial30 y
en algunos casos el temporal31.
En ese orden de ideas, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA consagra la falta de este
elemento como uno de los vicios invalidantes de los actos administrativos, el cual,
según la jurisprudencia de esta Corporación, es uno de los más graves32 y, por lo
tanto, no puede ser saneado33.
Ø Manual específico de funciones y competencias laborales
Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos a
través de los cuales satisface los fines y las funciones que le han sido atribuidas
desde el ordenamiento jurídico. Este concepto responde a lo que, en materia de
función pública, se conoce como planta de personal. El factor concluyente en su
creación está dado por las necesidades del servicio ya que la definición clara de
estas permite el diseño de la estructura organizacional a nivel global, lo que conduce
el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su
fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...]».
28
Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura
organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de
funciones administrativas: Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
29
Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente
asignada a la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
30
Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio
geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus
funciones: Cfr. ibidem, pp. 124-125.
31
Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un
límite de tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-
127.
32
Esto, según lo señaló la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo: «La Sala recuerda que la incompetencia del órgano administrativo, con ocasión de la
usurpación de las atribuciones que corresponden a otra autoridad, es sin duda una de las formas de
ilegalidad más grave que puede ostentar un acto administrativo. Esta circunstancia entraña la
infracción manifiesta de uno de los principios medulares de todo estado de derecho: el de legalidad»
(Negrita propia del texto): Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2011, rad. 25000-23-26-000-2000-00580-
02(23650)..
33
De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «[F]rente a vicios o
defectos como la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la
falta de competencia no es posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-
03-15-000-1998-0782-01(S-782).
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a decidir aspectos como la cantidad, la naturaleza y el contenido funcional de los
empleos requeridos, con su respectiva clasificación.
En esos términos, por planta de personal puede entenderse la determinación, tanto
cualitativa como cuantitativa, de los empleos públicos que integran una entidad
estatal a efectos de lograr el cumplimiento de los fines constitucionales y legales a
los que responde su creación y funcionamiento. La consagración constitucional de
esta noción y las características básicas del empleo público se encuentran en los
artículos 122, inciso 1.º, y 125, inciso 3, en los que puede leerse:
[…] ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones
detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se
requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus
emolumentos en el presupuesto correspondiente […]
ARTÍCULO 125 […] El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los
mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije
la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes […]
La noción de empleo público fue desarrollada en la Ley 909 de 200434, cuyo artículo
19 caracteriza esta figura como el «núcleo básico de la estructura de la función
pública», entendiendo que se trata tanto del conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades asignadas a una persona, como de las competencias necesarias
para ejercerlas, todo lo cual debe propender por un fin último que es la realización
de los planes de desarrollo y de los fines estatales35.
Asimismo, la norma en cuestión dispone que el diseño de cada empleo debe
contener:
a) La descripción del contenido funcional de manera tal que se puedan
identificar claramente las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
b) El perfil de competencias necesarias para ocupar el cargo, lo que comprende
la definición de los requisitos de estudio y experiencia, y todos aquellos otros
exigidos para ingresar al servicio. De acuerdo con el artículo 19 ibidem, «[…] En
todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales
del contenido del empleo […]».
c) La duración del empleo cuando sea temporal.
Tal es el fundamento normativo para que en las entidades públicas se disponga de
un manual de funciones y competencias laborales, el cual puede ser entendido
34
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones.»
35
Esta definición es replicada en el artículo 2 del Decreto Ley 770 de 2005, «Por el cual se establece
el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los
niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere
la Ley 909 de 2004».
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como una herramienta de gestión del empleo que establece las responsabilidades,
labores y facultades propias de cada cargo que compone la planta de personal, al
igual que las exigencias para su desempeño, las cuales están referidas a
conocimientos, experiencia y otros factores con los que se miden las aptitudes
requeridas para ocupar un determinado empleo.
Visto lo anterior, es importante señalar que, aunque en nuestro ordenamiento
jurídico, el primer referente normativo y más general acerca del contenido funcional
y demás características del empleo público se encuentra en la Constitución Política
y en la Ley 909 de 2004, esta materia ha sido regulada en otras normas, algunas
de rango legal y otras reglamentarias expedidas tanto por el Gobierno Nacional
como por cada entidad, según pasa a explicarse.
El artículo 53 de la Ley 909 de 2004 facultó expresamente al presidente de la
República para expedir normas con fuerza de ley en las que definiera, entre otros
asuntos, el sistema de funciones y requisitos generales aplicable a los organismos
y entidades de los órdenes nacional y territorial36.
En ejercicio de dicha atribución, para las primeras entidades se expidió el Decreto
Ley 770 de 200537, que se ocupó de establecer los diferentes niveles jerárquicos38
y de consagrar la naturaleza general de las funciones que le corresponde ejercer a
los empleos agrupados en cada uno de dichos niveles39. En relación con las
competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los cargos según el nivel
jerárquico, el artículo 5 de aquella norma definió unos criterios generales a los que
habría de atender el Gobierno Nacional para determinarlos mediante el respectivo
reglamento.
De esta forma, se estableció un reparto de atribuciones para que, de un lado, el
presidente de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria que le asiste,
desarrollara las funciones, competencias y requisitos aplicables de manera general
a cada agrupación de empleos según su nivel jerárquico; y para que, de otro lado,
las entidades, dentro de aquel marco, expidieran su propio manual específico de
funciones y competencias laborales.
Esta afirmación encuentra respaldo en el artículo 2 del mismo Decreto Ley 770 de
2005, que en su inciso final prevé que «[…] Las competencias laborales, funciones
y requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por los respectivos
organismos o entidades, con sujeción a los que establezca el Gobierno Nacional
de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo quinto del presente decreto,
salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la
Constitución Política o en la ley […]».
36
Con excepción del Congreso de la República.
37
«Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos
públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del
Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004.
38
Directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial. Artículo 3 del Decreto 770 de 2005.
39
Artículo 4 del Decreto 770 de 2005.
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Dicho lo anterior, cabe anotar que, con fundamento en el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución y lo dispuesto en el mencionado artículo 5 del Decreto 770,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1785 de 2014, «Por el cual se establecen
las funciones y los requisitos generales para los empleos públicos de los distintos
niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan
otras disposiciones». Aunque hoy en día esta norma se encuentra derogada, su
contenido conserva vigencia a través del Decreto 1083 de 201540, último en el que
aparece con claridad que, tratándose del manual específico de funciones y
competencias laborales de las entidades del orden nacional, la competencia en su
expedición, reforma o actualización le corresponde al jefe de cada entidad.
Así lo prevé el artículo 2.2.2.4.1. del mencionado Decreto 1083 al señalar que los
requisitos de los empleos por niveles jerárquicos y grados salariales allí fijados
«[…] servirán de base para que los organismos y entidades a quienes se aplica
elaboren sus manuales específicos de funciones y de competencias laborales para
los diferentes empleos que conforman su planta de personal». Más adelante y con
mayor detalle, el artículo 2.2.2.6.1 ejusdem consagró lo siguiente:
[…] ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales
se refiere el presente Título expedirán el manual específico de funciones y de
competencias laborales describiendo las funciones que correspondan a los
empleos de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para
su ejercicio.
La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título.
Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada
organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización,
modificación o adición del manual de funciones y de competencias laborales y
velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas […] (Subrayas
fuera del texto original)
El parágrafo 2 de dicha norma dispuso que el Departamento Administrativo de la
Función Pública brindará la asesoría técnica necesaria, además de señalar las
pautas e instrucciones para la adopción, adición, modificación o actualización de
los manuales específicos.
Ahora, en lo que respecta a las entidades del orden territorial, el ejercicio de las
facultades conferidas por el artículo 53 de la Ley 909 de 2004 se tradujo en la
expedición del Decreto Ley 785 de 200541, que bajo la misma lógica expuesta fijó
la naturaleza general de las funciones y unos parámetros con sujeción a los cuales
40
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
41 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos
generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la
Ley 909 de 2004».
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las entidades territoriales deben establecer las competencias laborales, funciones
y requisitos específicos en sus propios manuales42-43.
Es importante anotar que, en el caso de los gobernadores y alcaldes, la atribución
de expedir dichos manuales está consagrada directamente en la Constitución
Política, que, respectivamente, en sus artículos 305 numeral 7 y 315 numeral 7,
establece en cabeza de dichos mandatarios la función de «[…] Crear, suprimir y
fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar
sus emolumentos […]». Esta disposición se reproduce en el artículo 91, literal d),
numeral 4, de la Ley 136 de 199444 al indicar que esta es una de las funciones que
le compete a los alcaldes en relación con la administración municipal.
Por último, pero no menos importante, hay que indicar que tanto para las entidades
del orden nacional45 como para aquellas del orden territorial46, el contenido mínimo
del manual específico de funciones y competencias laborales es el siguiente: 1) la
identificación y ubicación del empleo; 2) el contenido funcional, dentro del cual debe
señalarse el propósito y la descripción de funciones esenciales del empleo47; 3) los
conocimientos básicos o esenciales y 4) los requisitos de formación académica y
de experiencia.
Ø Caso concreto
El señor Ricardo Amezquita Velasco considera que el Decreto 591 del 13 de
noviembre de 201848 fue expedido sin competencia por el alcalde del municipio de
Neiva toda vez que, en su criterio, el artículo 313, numeral 6, de la Constitución
Política le asigna a los concejos municipales la facultad para proferir el manual de
funciones y competencias laborales.
La Sala se aparta de ese razonamiento pues considera que surge de la premisa
errada según la cual la competencia para definir las funciones de las dependencias
que componen la administración municipal, también faculta a los Concejos
municipales para determinar las funciones de los empleos a través de la expedición
de los manuales de funciones y competencias laborales.
Esa lectura se aleja de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la
materia, de acuerdo con las cuales los concejos municipales deben definir la
42
Artículos 2 y 13 del Decreto 785 de 2005.
43
El Decreto Ley 785 de 2005 fue reglamentado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 2484
de 2014, que sería derogado y su contenido compilado en el Decreto 1083 de 2015.
44
«Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios».
45
Artículo 2.2.2.6.2, Decreto 1083 de 2015.
46
Artículo 2.2.3.8, Decreto 1083 de 2015.
47
En este punto es importante señalar que existen unas funciones esenciales y generales de los
empleos atendiendo al nivel jerárquico al que pertenezcan. Su descripción en el respectivo manual
específico de funciones y competencias laborales debe efectuarse teniendo en cuenta las funciones
descritas en título correspondiente del Decreto 1083 de 2015, según lo dispone su artículo 2.2.2.2.6.
48
«Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los
Empleos de la Planta de Personal de la Alcaldía del Municipio de Neiva».
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estructura de la administración municipal y determinar las funciones de sus
dependencias (art. 313, n.º 6 de la Constitución), mientras que los alcaldes
municipales se encuentran facultados para adoptar, de manera autónoma, los
manuales de funciones y competencias laborales de los empleos que integran las
dependencias de la correspondiente alcaldía (arts. 315 n.º 7 de la Constitución y 91,
literal d, n.º 4, de la Ley 136 de 1994).
Al estudiar la asignación de atribuciones que efectuaron los artículos 313-6 y 315-7
de la Carta Política, el Consejo de Estado ha dicho que:
[…] Las normas anteriores, radican competencias diferentes en cabeza de los
Concejos Municipales y de los Alcaldes.
En efecto, a los primeros, les corresponde determinar la estructura de la
administración municipal y las funciones de sus dependencias, mientras que el
segundo está facultado para crear, suprimir y fusionar EMPLEOS y señalar sus
funciones especiales.
Al otorgar la Constitución Política a los Alcaldes, tan específicas funciones, para
el ejercicio de las mismas no requiere autorización. Caso contrario, y si así lo
decide dicha Corporación, puede otorgar a los Alcaldes facultades pro tempore
para el ejercicio de las funciones que le corresponden constitucionalmente.
En el presente caso, la creación, supresión o modificación de los empleos de
las dependencias, es una función que constitucionalmente le corresponde al
Alcalde y por tal razón no requería de ser revestido de facultades para ejercerla,
como sí las hubiera requerido para determinar la estructura de la administración
municipal y las funciones de sus dependencias, verbi gratia, suprimir la
Secretaría de Hacienda y otorgarle unas funciones diferentes a las que le
corresponden […] 49
Visto lo anterior, queda claro que, en desarrollo del artículo 313-6 de la Carta
Política, los concejos municipales deben identificar las actividades que corresponde
ejercer a cada una de las entidades y dependencias pues no de otra forma podrían
cumplir con el mandato constitucional de diseñar la estructura de la administración
municipal. Sin embargo, esa labor no puede confundirse con la de fijar las funciones
de los empleos que integran la planta de personal de la administración pública.
Según se anotó, por mandato del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, esta
labor corresponde a cada autoridad administrativa del orden territorial y, en el caso
de las alcaldías, por disposición del artículo 315 superior, numeral 7, será el
mandatario local quien, como máxima autoridad ejecutiva del nivel municipal o
distrital, expida el manual en el que se defina el contenido funcional de los empleos
de todas las dependencias que componen la entidad.
En tales condiciones, se tiene que el Decreto 591 del 13 de noviembre de 2018
podía ser expedido por el alcalde del municipio de Neiva, sin requerir facultades
especiales otorgadas por el concejo municipal de dicha entidad territorial ni mucho
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
15 de febrero de 2007, expediente 17001-23-31-000-2001-00884-01(2655-05), M.P., Alejandro Ordóñez
Maldonado.
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menos un acto de delegación pues se trata de una función propia del mandatario
territorial.
En conclusión, el Decreto Municipal 591 del 13 de noviembre de 2018, proferido
por el alcalde de Neiva y por el cual se ajustó el manual de funciones de la Alcaldía
de ese ente territorial, no incurrió en el vicio de falta de competencia. De acuerdo
con ello, la Sala se ve exonerada de abordar el segundo problema jurídico planteado
pues su estudio dependía de la prosperidad del cargo de nulidad por falta de
competencia.
Finalmente, es importante señalar que el proceso judicial tramitado ante esta
Corporación, en el que se estaría discutiendo la validez del Acuerdo CNSC-
20181000006036 del 24 de septiembre de 2018, no tiene incidencia alguna frente
al presente proceso pues lo cierto es que, en dicho escenario judicial no se ha
tomado una decisión de fondo sobre los actos que son objeto de estudio en el
presente medio de control, lo que basta para descartar la configuración de una
eventual cosa juzgada50.
10. DECISIÓN
Por las anteriores consideraciones, se denegarán las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad simple, instauró el señor Ricardo
Amézquita Velasco en contra del municipio de Neiva y de la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Denegar las pretensiones de nulidad formuladas en el presente medio de
control respecto del Decreto Municipal 591 del 13 de noviembre de 2018, proferido
por el alcalde de Neiva, y del Acuerdo CNSC-20181000006036 del 24 de
septiembre de 2018, expedido por la CNCS, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
Segundo: Reconocer personería a la abogada Dina Milena Silva Fuquen, identificada
con cédula 52.861.156 y tarjeta profesional 205.131 del C. S. de la J., para que ejerza
la representación judicial de la Comisión Nacional del Servicio Civil en el presente
50
El referido proceso se tramita ante esta Corporación bajo el radicado 11001-03-25-000-2019-
00098-00 (0517-2019). En consulta en la plataforma electrónica SAMAI, se advierte que en dicho
medio de control no se ha proferido sentencia.
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proceso, en los términos y con las facultades conferidas en el poder que obra en el
índice 86 del expediente electrónico.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático Samai de esta Corporación.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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