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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00306-00

Fecha
12 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00306-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar probadas las excepciones de inexistencia del conflicto de interpretación planteado», «validez del acto acusado y falta de acreditación de las causales de nulidad» y «estricto cumplimiento de las normas aplicables a la calificación del cese de actividades», y no probadas las de «Improcedencia de las solicitudes propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho», «falta de jurisdicción y competencia», «inepta demanda por indebida escogencia de la acción», «indebida acumulación de pretensiones», «inepta demanda por indebido agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial», caducidad, cosa juzgada, prescripción e inexistencia de la obligación. Segundo. Negar la pretensión de la demanda de nulidad presentada por los señores Luis Alfonso Abadía Montaño, Leonardo Toro Aguirre, Luis Armando Castillo Pérez, José Luis Arroyave Tapias, Santiago Espinosa Rojas, Rodrigo Vargas Becerra, Jorge Eliecer Prieto Gutiérrez, Freddy Tamayo, Francisco de Paula Bermúdez Ledesma y Henry Carrera González, contra el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social −hoy Ministerio del Trabajo− y Cementos del Valle S.A. −hoy Cementos Argos S.A.−. Tercero. Sin condena en costas. 74 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Radicación: 111001-03-25-000-2019-00306-00 (2018-2019) Cuarto. Reconocer personería a las abogadas Mirna Patricia Wilches Navarro, identificada con la cédula de ciudadanía 22.476.798 y portadora de la tarjeta profesional 101.849 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada principal de Cementos Argos S.A.; y Laura Nieto Benavides identificada con la cédula de ciudadanía 1.140.858.382 y portadora de la tarjeta profesional 264.172 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada sustituta de Cementos Argos S.A75. Quinto. Reconocer personería a la abogada Costanza Duarte Rodríguez, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00306-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00306-00 (2018-2019)
Demandantes: Luis Alfonso Abadía Montaño y otros.
Demandados: Nación – Ministerio del Trabajo – Cementos Argos S.A.

Temas: La presunción de legalidad de los actos administrativos.
Competencia del Ministerio del Trabajo para declarar la
ilegalidad del cese de actividades antes de la vigencia de la Ley
1210 de 2008.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
promovido por los señores Luis Alfonso Abadía Montaño, Leonardo Toro Aguirre,
Luis Armando Castillo Pérez, José Luis Arroyave Tapias, Santiago Espinosa Rojas,
Rodrigo Vargas Becerra, Jorge Eliecer Prieto Gutiérrez, Freddy Tamayo, Francisco
de Paula Bermúdez Ledesma y Henry Carrera González, contra el Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social −hoy Ministerio del Trabajo− y Cementos del Valle S.A.
−hoy Cementos Argos S.A.−.

ANTECEDENTES

Por intermedio de apoderado judicial, y en ejercicio del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo −CPACA−, presentaron la demanda ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, pretendiendo la nulidad con efectos ex tunc de
la Resolución 2757 del 15 de junio de 1990, por medio de la cual el Ministerio del
Trabajo declaró ilegal el cese colectivo de labores realizado por los trabajadores de
la empresa Cementos Argos S.A. el 18 de abril de 1990, así como la terminación de
los contratos de trabajo a cargo de la empresa, la respectiva indemnización y el
reintegro de los demandantes.

En auto del 21 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
declaró la falta de competencia para conocer del proceso y lo remitió al Consejo de
Estado1. Este Despacho inadmitió la demanda en auto del 26 de junio de 2019 y
excluyó las pretensiones que implicaban el restablecimiento de un derecho

1 Fol. 176 del archivo «04Cuaderno02» disponible en el índice 87, plataforma Samai.

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subjetivo, estimando que estas no podían tramitarse por el medio de control de
nulidad2. Subsanados los defectos formales, se admitió la demanda en auto del 10
de septiembre de 20193. El proceso se tramitó conforme a las etapas legales. Las
demandadas presentaron excepciones, se corrió traslado de estas a los
demandantes, y en auto del 4 de noviembre de 2020 se dispuso dictar sentencia
anticipada y se reconocieron coadyuvancias4.

En auto del 18 de agosto de 20225, el Despacho declaró la falta de jurisdicción y
remitió el proceso a los juzgados laborales del Circuito de Yumbo. Sostuvo que, si
bien el acto fue expedido por una autoridad pública −criterio orgánico−, el objeto de
la controversia se rige por las normas que orientan las relaciones laborales de los
trabajadores privados −criterio material−. Los demandantes presentaron recurso de
reposición en contra de la decisión; sin embargo, se rechazó por improcedente en
auto del 21 de octubre de 20226. También, realizadas las verificaciones pertinentes,
se advirtió que el municipio de Yumbo hace parte del circuito judicial de Cali, por lo
que corrigió la remisión del expediente en auto del 15 de noviembre de 20227.

El proceso correspondió al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, que se
abstuvo de avocar conocimiento y propuso el conflicto negativo de jurisdicciones
mediante auto del 6 de junio de 2023. Planteó que:

i) El control de los actos administrativos de las autoridades públicas le corresponde
a la jurisdicción contencioso administrativa en los términos del artículo 104 del
CPACA.
ii) De conformidad con el artículo 40 del Decreto 1469 de 1978, la calificación que
hace el Ministerio del Trabajo de los despidos colectivos se presume legal y solo
puede ser declarada nula por el juez administrativo.
iii) El Consejo de Estado admitió la demanda y tramitó integralmente el proceso,
por lo que no es de recibo proponer la ausencia de jurisdicción al cierre,
especialmente si se considera que las partes no alegaron esta circunstancia. En
virtud de los principios de la perpetuatio jurisdictionis y de inmutabilidad de la
competencia, cuando se asume la competencia solo el contradictor está
legitimado para rebatirla.

La Corte Constitucional resolvió el conflicto en el auto 2801 del 8 de noviembre de
2023. Declaró que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
era la autoridad competente. Sostuvo que la redacción inicial del artículo 451 del
Código Sustantivo del Trabajo −CST− dispuso la competencia del Ministerio del
Trabajo para declarar la ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo y,
adicionalmente, previó la competencia del Consejo de Estado para conocer de las

2 Fol. 189, ídem.
3 Fol. 212, ídem.
4 Índice 28, plataforma Samai.
5 Índice 61, ídem.
6 Índice 68. ídem.
7 Índice 77, ídem.

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acciones pertinentes8. Las razones de la decisión se resumen en la siguiente
consideración:

«No obstante lo anterior, como ya se expresó, la modificación efectuada por la Ley
1210 de 2008 no implicó despojar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
de su competencia para conocer de la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales el Ministerio del Trabajo, con fundamento en la atribución que
inicialmente establecía el numeral 1º original del CST, hubiere declarado la
ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo; esto es, antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1210. Incluso, dicha competencia se mantiene con el
nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
norma procesal aplicable a las demandas que se hayan presentado a partir del 2
de julio de 2012, que en su artículo 104, inciso primero, establece una competencia
general de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de los actos
administrativos expedidos por las autoridades públicas. En concordancia con lo
anterior, el artículo 149 del mismo código prescribe que el Consejo de Estado
conocerá en única instancia de la “nulidad de los actos administrativos expedidos
por las autoridades del orden nacional”, como sucede, por ejemplo, con los actos
administrativos dictados por el Ministerio del Trabajo».

La Sala avocará conocimiento del proceso de acuerdo con lo previsto en la
providencia de la Corte Constitucional, acatando la competencia que la Constitución
le asigna en el numeral 11 del artículo 241, según el cual: «A la Corte Constitucional
se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y
precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] Dirimir
los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones».

PRETENSIONES9

Conforme a la adecuación del proceso efectuada en el auto admisorio del 26 de
junio de 2019, solo se estudiará la siguiente pretensión: Que se declare la nulidad
de la Resolución 2757 del 15 de junio de 1990 «Por la cual se decide una solicitud de
declaratoria de ilegalidad formulada por Cementos del Valle S.A.».

HECHOS10

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que los demandantes celebraron contratos individuales de trabajo con Cementos
Argos S.A. −anteriormente Cementos del Valle S.A.−, vínculo jurídico regido por el
contrato de trabajo, el reglamento interno y la Convención Colectiva del trabajo, los
convenios de la OIT y las demás fuentes de derecho.

8 El inciso 1 del artículo 451 del CST disponía: «La ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo

será declarada administrativamente por el Ministerio del Trabajo. La providencia respectiva deberá cumplirse
inmediatamente, y contra ella sólo procederán las acciones pertinentes ante el Consejo de Estado […]».
9 Fol. 4 del archivo «03Cuaderno01» disponible en el índice 87, plataforma Samai.
10 Fol. 6 y siguientes, ídem.

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Que en la empresa se constituyeron dos sindicatos: Sindicato de Trabajadores de
Cementos del Valle −SINTRACEMENTOS DEL VALLE− y Sindicato Único de
Trabajadores de la Industria de la Construcción −SUTIMAC−. Con este último se
suscribió Convención Colectiva del Trabajo el 19 de diciembre de 1989.

Que antes de 1990 la empresa demandada violó gravemente las condiciones
laborales pactadas en la Convención Colectiva y afectó la estructura de los
sindicatos, causando indignación en los trabajadores, quienes recurrieron a la
suspensión pacífica del trabajo11. Hicieron énfasis en esta medida como única
estrategia para contrarrestar las decisiones autoritarias.

Que la asamblea general de trabajadores decidió la cesación pacífica del trabajo el
5 de abril de 1990, la cual duró 20 días, entre el 18 de abril y el 8 de mayo de 1990,
pues fue levantada por mutuo acuerdo entre el empleador y las organizaciones
sindicales en cuestión. Se concertó sobre las inconformidades de los empleados y
se prometió no tomar represalias por el cese de actividades.

Que el presidente de la empresa acudió al Ministerio del Trabajo −anteriormente
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social− para solicitar que se declare la ilegalidad
del cese de actividades, omitiendo informar el retorno a las actividades y el
compromiso de no tomar represalias.

Que el Ministerio del Trabajo, al no ser informado de que los trabajadores habían
retornado a sus labores en virtud del mutuo acuerdo con la empresa, expidió la
Resolución 2757 del 15 de junio de 1990, que declaró la ilegalidad del cese de
actividades, más de veinte días después de que el personal retornó a sus labores
habituales. Además, este acto administrativo dispuso que la empresa estaba en
libertad de despedir a aquellos trabajadores que persistieren en el paro por cualquier
causa.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN12

Que los actos acusados vulneraron:

• Artículos 26, 31, 47, 49 y concordantes de la Constitución Política de 1886.
• Artículos 6, 10, 17, 20 y concordantes del Acto Legislativo 1°. del 5 de agosto de
1936.
• El preámbulo y los artículos 1, 4, 5, 25, 29, 39, 48 53, 58, 209, 230 y concordantes
de la Constitución Política de Colombia.
• Artículos del 159 a 208 y 223 del CPACA.
• Artículo 40 y concordantes de la Ley 153 de 1887.

11 En resumen, estas conductas consisten en la contratación y subcontratación para la producción y
mantenimiento de la empresa, así como la contratación a término fijo de personal para efectuar reemplazos, el
despido de trabajadores sindicalizados sin justa causa, sanciones disciplinarias arbitrarias y el desmejoramiento
de las condiciones de trabajo. Adujeron que estas circunstancias se acreditan en la Resolución 430 JIT de 1989,
que sancionó al empleador (Fol. 9, ídem).
12 Fol. 16 y siguientes, ídem.

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• Artículos 35, 59, 70, 84 y concordantes del Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso
Administrativo −CCA−.
• Ley 26 del 15 de septiembre de 1976, Convenio 87 de 1948 de la OIT.
• Ley 27 de 1976, Convenio 98 de 1946 de la OIT.
• Decreto reglamentario 2164 de 1959.
• Resoluciones 1064 y 1091 de 1959 y 342, expedidas por el Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social.
• Artículos 112 a 129 del Decreto Ley 2158 de 1948 −Código Procesal del Trabajo−.
• Artículos 9 a 13, 19 a 21, 36, 61 a 70, 115, 193 a 352, 373 a 376, 405, 407, 408,
410, 470, 476, y 486 −todos con sus modificaciones− del Código Sustantivo del
Trabajo.
• Artículos 450 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo por interpretación errónea.
• Artículos 37, 39, 63 y concordantes del Decreto 1469 de 1978.
• Artículos 5 a 8, 10, 24, 25, 37, 40 y concordantes del Decreto 2351 de 1965.
• Artículos 6 y 13 del Decreto 1373 de 1966.
• Artículo 8 y concordantes de la Ley 171 de 1961.
• Artículos 1740 a 1756 y concordantes del Código Civil.
• Artículo 8 de la Convención Colectiva de Trabajo aplicable.

Incompetencia del Ministerio de Trabajo para declarar la legalidad de un cese
de actividades13

Que la ministra del Trabajo y Seguridad Social no era competente para declarar
ilegal el cese de actividades, pues en el CST coexistían tres disposiciones en
conflicto para definir la competencia en cuestión: el numeral 1 del artículo 451, que
se la otorgaba al Ministerio del Trabajo; el artículo 63 del Decreto 1469 de 1978,
que ordenó la radicación de las solicitudes al Ministerio ante la División
Departamental del Trabajo y Seguridad Social de la jurisdicción del domicilio del
empleador; y, en sentido contrario, el artículo 486 del mismo Decreto, según el cual,
estos funcionarios no están facultados para definir controversias atribuidas a los
jueces.

Que, según el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo, la jurisdicción del trabajo
está instituida para decidir sobre los conflictos que se originen directa o
indirectamente en los contratos del trabajo. De allí que la competencia para declarar
la legalidad del cese de actividades correspondía a la Jurisdicción Ordinaria, entre
otras razones, porque el artículo 486 del Decreto 1469 de 1978 era posterior al
artículo 451 y, ante la duda, debe optarse por la norma más garante al trabajador.
En este caso, el desarrollo de un proceso judicial permitía mayor oportunidad de
contradicción y garantías inherentes al debido proceso.

Que la competencia para calificar la legalidad o ilegalidad de la causa para despedir
a los demandantes, todos empleados protegidos por el fuero sindical, solo la tenían
los jueces laborales en el marco del procedimiento especial del fuero sindical.

13 Fol. 18 y siguientes, ídem.

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Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa14

Que la decisión demandada vulneró el debido proceso administrativo, pues no se le
permitió a los implicados ser oídos o aportar pruebas de cualquier tipo.
Especialmente, no se pudo acreditar su retorno a las labores el 9 de mayo de 1990,
de forma pacífica y mutuo acuerdo, así como la legitimidad de las razones que
motivaron la huelga, es decir, la reiterada violación de la Convención Colectiva del
Trabajo vigente.

Infracción de las normas en que debía fundarse15

Que la Resolución 2757 de 1990 debió exponer las razones de hecho y de derecho,
es decir, motivarse conforme los artículos 35, 59 y 170 del Decreto 1 de 1984.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Cementos Argos S. A16. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
expresando que los demandantes no desvirtuaron la presunción de legalidad del
acto administrativo, pues no basta con referenciar la vulneración de normas
constitucionales, sino que los accionantes tienen la carga de construir un concepto
de violación que, en el marco de la justicia rogada, limita el control que ejerce la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En su criterio, no se explicó con
suficiencia el sentido y alcance de la infracción.

Que la Resolución 2757 de 1990 fue expedida en ejercicio de las competencias
previstas para el Ministerio del Trabajo en los artículos 450 y 451 del CST, normas
que deben aplicarse según lo dispuesto previo a la reforma de la Ley 1210 de 2008.
A su vez, que el artículo 451 fue declarado exequible por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-432 de 1996.

Que el acto demandado respetó el derecho al debido proceso y se sujetó a lo
previsto por el ordenamiento jurídico para la época. Adicionalmente, que la empresa
no transgredió la Convención Colectiva del Trabajo previo a la expedición del acto,
pues las multas impuestas por la División Departamental del Trabajo y Seguridad
Social del Valle del Cauca fueron declaradas nulas por el Tribunal Administrativo
competente.

Que no es cierto que el cese de actividades fue pacífico, como tampoco su
terminación de mutuo acuerdo, por el contrario, esta se dio con motivo de una orden

14 Fol. 20, ídem. Segundo párrafo en adelante.
15 Fol. 18, ídem. En palabras de los demandantes: «La Resolución demandada es un Acto Administrativo (sic)

de carácter sancionatorio, sujeto a las formalidades y anulable por las causales establecidas en el Código
Contencioso Administrativo de 1984. Este debió motivarse en sus aspectos de hecho y de derecho, como lo
preceptúan los artículos 35, 59 y 170 del C.C.A. […]».
16 Fol. 251 y siguientes del archivo «04Cuaderno02» disponible en el índice 87, plataforma Samai.

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de lanzamiento dictada por autoridades administrativas territoriales con ocasión de
querella presentada por el apoderado de Cementos Argos S.A. Que la empresa
tampoco se comprometió a no dar por terminado el contrato de trabajo de los
involucrados en el cese de actividades.

Que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la competencia del
Ministerio del Trabajo para expedir actos administrativos que determinen la
legalidad del cese de actividades. De allí que el acto no fue expedido
irregularmente, entre otras razones, porque la situación particular fue verificada por
los inspectores del trabajo.

Propuso como excepciones la falta de jurisdicción y competencia, inepta demanda
por indebida acumulación de pretensiones, indebida escogencia de la acción y por
indebido agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, caducidad,
prescripción e inexistencia de la obligación.

Ministerio del Trabajo17. Se opuso a las pretensiones. Se refirió exclusivamente a
la pretensión de nulidad de la Resolución 2757 de 1990, pues las demás de
restablecimiento son incompatibles con el medio de control invocado. Argumentó
que en el expediente no hay prueba de que el cese de actividades fue imputable al
empleador, pues el Ministerio analizó las circunstancias del caso y, al no encontrar
probadas las afirmaciones de los sindicatos, lo declaró ilegal.

Que, según las normas vigentes para entonces, el Ministerio era competente para
decidir sobre la legalidad o no del cese de actividades en virtud de sus competencias
legales −artículo 451 original del CST − y constitucionales, respaldadas por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-432 de 1996.

Propuso como excepciones:

«Inexistencia del conflicto de interpretación planteado» señalando que no existe la
controversia interpretativa planteada por los demandantes respecto del artículo 63
del Decreto 1469 de 1978 y los artículos 451 y 486 del CST, mucho menos que la
supuesta antinomia se resuelva en virtud del principio de favorabilidad.

«Validez del acto acusado y falta de acreditación de las causales de nulidad»
aduciendo que ninguno de los supuestos de nulidad previstos en el artículo 137 del
CPACA son aplicables al caso concreto, especialmente porque el acto se expidió
por autoridad competente y respetando el derecho de defensa de los trabajadores,
circunstancia que concluye probada con el propio acto administrativo demandado.

«Estricto cumplimiento de las normas aplicables a la calificación del cese de
actividades» reiterando que al momento de los hechos se encontraba vigente el

17 Índice 85, ídem. Contiene el expediente digitalizado, fols. 394-407.

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artículo 451 del CST, que asignaba la competencia para declarar la ilegalidad de las
huelgas al Ministerio del Trabajo, y no la Ley 1210 de 2008, vigente desde el 14 de
julio del mismo año, que trasladó esta competencia a los jueces laborales. Además,
que se garantizó el debido proceso de los trabajadores, quienes tuvieron la
oportunidad de allegar comunicaciones a la entidad.

«Improcedencia de las solicitudes propias del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho» y «caducidad del medio de control» argumentando
que, aunque el medio de control de nulidad no permite el estudio de pretensiones
de restablecimiento, en gracia de discusión, si se estudiasen también serían
improcedentes pues, en virtud del artículo 450 original, la ilegalidad del cese de
actividades permitía al empleador despedir los trabajadores que intervinieron. A su
juicio, los demandantes intentan reconducir pretensiones de nulidad y
restablecimiento por el medio de control de nulidad ante la caducidad de estas.

TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA

Conforme al artículo 13 del Decreto ley 806 de 2020, el Despacho estimó
procedente dictar sentencia anticipada por medio de auto del 4 de noviembre de
202018, toda vez que el problema jurídico es de puro derecho.

En la providencia se decretaron como pruebas los documentos útiles, pertinentes y
conducentes para determinar la legalidad del acto administrativo; igualmente, se
negaron aquellas innecesarias o relacionadas con las pretensiones de
restablecimiento que no hacen parte del proceso. Finalmente, se reconoció de oficio
la calidad de coadyuvantes de algunos terceros intervinientes.

Cementos Argos S.A. presentó recurso de súplica en contra de esta decisión19,
manifestando desacuerdo con dos asuntos: la negativa del interrogatorio de parte
que solicitó y la orden de aportar los requerimientos presentados por los sindicatos
ante la empresa por las presuntas violaciones reiteradas a la Convención Colectiva,
así como actas de reunión y cartas de despido relacionadas con las situaciones
previas al cese de actividades, pues el Despacho sustanciador las estimó útiles,
pertinentes y conducentes para acreditar los hechos que antecedieron al cese de
actividades que fue declarado ilegal. La Sala resolvió el recurso de súplica en auto
del 10 de marzo de 2022, confirmando el criterio20.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante21. Que la administración incurrió en una vía de hecho al expedir
el acto demandado sin competencia, en forma irregular, infringiendo las normas en

18 Índice 28, ídem.
19 Índice 33, ídem.
20 Índice 44, ídem.
21 Índice 36, ídem.

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que debía fundarse y con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa.
Especialmente, destacó el desconocimiento de los artículos 35, 59 y 170 del Decreto
1 de 1984, así como el 26 de la Constitución Política de 1886, toda vez que no se
escuchó a los trabajadores ni se les permitió aportar pruebas. Reiteró los demás
argumentos de la demanda.

Cementos Argos S.A22. Que se probó la competencia del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social para expedir el acto demandado, según el marco normativo
vigente −artículo 451 del CST− y la jurisprudencia del Consejo de Estado; que los
demandantes no desvirtuaron la presunción de legalidad del acto administrativo;
que la terminación de los contratos de trabajo fue por justa causa; y que se acreditó
la inepta demanda por indebida escogencia de la acción y la caducidad de las
pretensiones.

Ministerio del Trabajo23. Que no se demostró la existencia de alguna causal de
nulidad de las previstas en el artículo 137 del CPCA, toda vez el acto se expidió
conforme a las normas prestablecidas para el efecto, en garantía del debido proceso
y en ejercicio de una competencia legal que no ha sido rebatida en sede
jurisdiccional, por lo que la presunción de legalidad permanece incólume.

El agente del Ministerio Público no actuó en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

En el presente asunto la Sala decidirá sobre la legalidad de la Resolución 2757 del
15 de junio de 1990, ceñida los motivos de nulidad argumentados en la demanda.
Se precisa que, conforme la adecuación del medio de control y la exclusión de las
pretensiones de restablecimiento, solo se estudiarán los cargos relacionados con la
nulidad en abstracto del acto enjuiciado, dejando de lado un pronunciamiento sobre
las situaciones particulares relacionadas con el despido de cada accionante.

Cuestión previa

Resolución de excepciones

A continuación, la Sala resolverá sobre las excepciones presentadas por las
demandadas, de la siguiente forma:

(i) Falta de jurisdicción y competencia.

22 Índice 58, ídem.
23 Índice 35, ídem.

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9

Radicación: 111001-03-25-000-2019-00306-00 (2018-2019)

Conforme el auto del 8 de noviembre de 2023 expedido por la Corte Constitucional
para resolver el conflicto de jurisdicciones promovido en el presente asunto, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la autoridad
competente para conocer de la demanda.

(ii) Inepta demanda por indebida escogencia de la acción; indebida acumulación de
pretensiones, caducidad y cosa juzgada.

El Ministerio del Trabajo y Cementos Argos S.A. argumentaron que el objetivo de la
demanda supera la defensa del orden jurídico y conlleva el restablecimiento de
derechos, por lo que el medio de control pertinente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho; en este escenario, sobre las pretensiones de la
demanda ya operó el fenómeno de la caducidad.

Adicionalmente, Cementos Argos S.A. indicó que los accionantes tramitaron ante la
Jurisdicción Ordinaria demandas de reintegro por fuero sindical y procesos
ordinarios, en procura del reconocimiento de sus derechos particulares, las cuales
ya fueron resueltas por múltiples despachos judiciales, por lo que existe cosa
juzgada respecto a las pretensiones de restablecimiento.

Al respecto, se advierte que, en auto del 26 de junio de 2019, el Despacho excluyó
del objeto del presente proceso el conocimiento de las pretensiones que implicaban
el restablecimiento de un derecho subjetivo y adecuó el medio de control a nulidad
simple24. De allí que estas no pueden ser analizadas porque no hacen parte de la
fijación del litigio.

(iii) Inepta demanda por indebido agotamiento del requisito de conciliación
extrajudicial.

Según el numeral 1 del artículo 161 del CPACA, la conciliación extrajudicial no es
un requisito de procedibilidad de la demanda en el medio de control de nulidad
simple.

Por todo lo anterior, se declararán no probadas las excepciones formuladas.

Reconstrucción del expediente

Estando el proceso a Despacho para fallo25, se advirtió que en el expediente
digitalizado allegado por la Corte Constitucional no se encontraba la información
que se afirmó contener en medio magnético «CD» anexo a la contestación de la
demanda de Cementos Argos S.A.

24 Fol. 189 del archivo «04Cuaderno02» disponible en el índice 87, plataforma Samai.
25 Índice 92, ídem.

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Radicación: 111001-03-25-000-2019-00306-00 (2018-2019)

Por lo anterior, en virtud de la potestad oficiosa prevista en el numeral 1 del artículo
126 del CGP, en auto del 23 de abril de 2024 se fijó fecha y hora para celebrar
audiencia de reconstrucción y se solicitó a las partes remitir al Despacho los
documentos que sobre dicha prueba estuvieran en su poder26. En cumplimiento, la
apoderada de Cementos Argos S.A. remitió memorial el 15 de mayo sosteniendo
que la información anexa corresponde con el contenido del CD aportado al momento
de contestar la demanda27.

De otro lado, se verificó que, pese a la prevención del auto admisorio de la demanda
y requerimiento en la etapa probatoria, el Ministerio del Trabajo no aportó los
antecedentes administrativos, como lo ordena el parágrafo 1 del artículo 175 del
CPACA. De modo que se le requirió nuevamente en auto separado del 23 de abril
de 2024, para que allegara lo pertinente en un término de diez (10) días, contados
al día siguiente de la comunicación de la presente providencia28.

La audiencia de reconstrucción se llevó a cabo el día y hora predeterminados29. Allí
se decidió que, una vez se tuviesen los elementos de juicio, se dictaría el auto
pertinente para continuar con el trámite. En cuanto a los antecedentes
administrativos requeridos al Ministerio del Trabajo en la providencia antecitada, la
apoderada manifestó que hubo un incendio en las instalaciones de la entidad que
ha impedido establecer si los archivos se encontraban allí. El Despacho profirió auto
el 4 de junio de 2024, declarando parcialmente reconstruido el expediente y
ordenando continuar con el trámite del proceso. Observó correspondencia entre la
información allegada por Cementos Argos S.A. y el contenido que inicialmente se
adujo contenía el medio magnético30.

En cuanto a los antecedentes administrativos se advirtió que estos fueron
requeridos en tres ocasiones y, ante la omisión de la entidad, se consideró la
explicación brindada sobre el asunto en la audiencia de reconstrucción para
continuar con el trámite del proceso en atención a los principios de economía y
celeridad que rigen la función jurisdiccional.

1. La presunción de legalidad de los actos administrativos

1.1. Noción y efectos

La presunción de legalidad, también denominada, de legitimidad, de validez o
juridicidad31, es una característica o cualidad atribuida a los actos administrativos

26 Índice 95, ídem.
27 Índice 106, ídem.
28 Índice 94, ídem.
29 Índice 110, ídem.
30 Índice 113, ídem.
31 Quienes prefieren el uso de este término suelen argumentar que se ajusta de mejor manera a la construcción

vigente del sistema de fuentes, pues sería ingenuo sostener que solo la Ley somete la administración, quien
actúa conforme al reglamento, la Constitución, la jurisprudencia e, incluso, los principios generales del derecho.

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−no así a hechos, operaciones o contratos−, según la cual, se presupone que estos
son expedidos en estricto sometimiento de las normas vigentes. Para Dromi, «[...]
es la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía con el
ordenamiento jurídico»32. El efecto principal de dicha presunción es la inalterabilidad
de la validez de los actos hasta que no exista un pronunciamiento anulatorio que
emane de autoridad judicial competente, así como su obligatoriedad. Tomás-Ramón
Fernández y Eduardo García de Enterría lo explican en los siguientes términos:

«Se trata de una técnica formal para imponer el inmediato cumplimiento de las
decisiones administrativas, consagrando una capacidad de autotutela de la
Administración y dispensándola de la necesidad de obtenerla de los Tribunales,
pero sin que ello suponga excluir la eventual intervención de éstos.
Concretamente la “presunción de legalidad” del acto opera en tanto que los
interesados no la destruyan, para lo cual tendrán que impugnarlo mediante las
vías de los recursos disponibles y justificar que el acto, en realidad, no se ajusta
a derecho»33.

Comúnmente se comprende como una presunción iuris tantum, es decir, que admite
prueba en contrario y que, más que un medio de prueba, supone una inversión de
la carga de la prueba34. Lo cierto es que, sin entrar a considerar si la presunción de
legalidad se inserta o no en una lógica probatoria, pues no se adapta a la estructura
básica de las presunciones en la acepción procesal del término −hecho base, hecho
presunto y juicio de probabilidad−, sí es claro que impone una carga argumentativa
relevante para quien discute la legalidad de los actos administrativos, quien debe
demostrar lógicamente la contradicción del acto con el ordenamiento o el
desconocimiento de las reglas que orientan su expedición.

Así, de forma similar a como ocurre con la presunción de inocencia, quien alega la
nulidad está obligado a demostrar con argumentos de hecho y, especialmente, de
derecho, la existencia de un vicio invalidante del acto administrativo, conforme las
causales de nulidad que prevé el CPACA. Esto implica identificar las disposiciones
vulneradas y las razones de la transgresión, pues no basta con la enunciación
genérica de las normas que se estiman ignoradas. Los cargos presentados por el
demandante son el límite que debe observar el juez en su pronunciamiento, quien
no está habilitado para declarar la nulidad de un acto oficiosamente.

1.2. Fundamento y finalidad

El artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 prevé que «Los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva

Sin embargo, se propone que la «presunción de legalidad» es un sintagma capaz de explicar con suficiencia la
sujeción estatal al derecho, especialmente, considerando su relación con el principio de legalidad y las raíces
históricas de ambas nociones. De allí que se trata de una diferenciación innecesaria.
32 DROMI, Roberto. Derecho administrativo. 5ª ed. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996. p. 225.
33 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo & FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de derecho administrativo. 6ª ed.

Madrid: EDITORIAL CIVITAS, S.A., 1993. p. 490.
34 DROMI. Op. Cit., p. 226.

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definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar». Por lo que,
actualmente, es posible aludir a una disposición para ubicar el fundamento legal por
el que, administración, jueces y ciudadanos presumen la validez de los actos. Sin
embargo, esto no siempre fue así. En las anteriores normas de procedimiento
administrativo o de lo contencioso administrativo no se ubica una norma similar.

En el marco de la Constitución Política de 1886 se expidió la Ley 167 de 1941, sobre
la organización de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ninguna de las dos
normas se refirió expresamente a la presunción de legalidad; no obstante, para
mediados del siglo pasado el Consejo de Estado ya reconocía dicha característica
de los actos administrativos, por lo menos en relación con los actos particulares. Así
se expuso en providencia del 25 de septiembre de 1961:

«OBLIGATORIEDAD DEL ACTO PARTICULAR. El derecho público universal y
el derecho administrativo colombiano reposan sobre el principio básico de que
los ordenamientos de la administración que reconocen una situación jurídica
subjetiva tienen plena eficacia legal y generan la totalidad de sus efectos
mientras su nulidad no se haya declarado por los tribunales competentes.
Como fruto de una experiencia secular, la doctrina dominante en los
países civilizados es la de que esa clase de actos administrativos están
amparados por una presunción de legalidad que les da obligatoriedad,
imperatividad y oponibilidad. Se estima que tales decisiones tienen fuerza
para regular la situación jurídica individual que ellas crean y que, de
consiguiente, generan todas las consecuencias que les asigna el derecho
positivo. Mientras no sea destruida la presunción que las acompaña, son
plenamente válidas» (énfasis fuera de texto)35.

La Ley 167 de 1941 fue expresamente derogada por el Decreto 1 de 1984, que
tampoco se refirió a la presunción de legalidad. Pese a esto, al regular la pérdida de
fuerza ejecutoria de los actos administrativos −artículo 66−, preceptuó que: «Salvo
norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan
sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero
perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: […]». Enumeró cinco escenarios
posibles que, con la modificación del Decreto 2304 de 1989, se redujeron a tres.
Igualmente, dispuso la acción de nulidad en el artículo 84 y la de nulidad y
restablecimiento en el 85, permitiendo que los actos fuesen declarados nulos.

Esta norma ordenó la aplicación imperativa de los actos administrativos siempre que
no fueran anulados o suspendidos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, lo que, articulado con las acciones de nulidad mencionadas, bien
pudo fundar la presunción de validez. En cualquier caso, el fundamento sería
implícito y no explícito: una consecuencia lógica del sistema de nulidades y de la
posibilidad de suspender los efectos de un acto administrativo en temprana etapa
del proceso contencioso.

35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 25 de septiembre de 1961. C.P.

Carlos Gustavo Arrieta.

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En realidad, el Decreto 1 de 1984 no supuso una innovación en este sentido. En los
artículos 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley 167 de 1941 ya se preveía un sistema de
nulidades que, interpretado en armonía con la potestad de suspensión provisional
−artículo 94 y siguientes−, permitía sostener razonablemente la presunción de
legalidad de los actos administrativos. En síntesis, se trató de un concepto
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia que fue pacíficamente aplicado.

Ahora bien, aunque la Ley 1437 de 2011 se expidió en vigencia de la Constitución
Política de 1991, esta tampoco mencionó explícitamente la presunción de
legalidad36. No obstante, los pronunciamientos de la Corte Constitucional permiten
concluir que se trata de un atributo del acto administrativo que, sin dubitación, tiene
soporte constitucional, al margen de su positivización o no.

Para demostrar esta idea, basta con referenciar un pronunciamiento previo a la
expedición de la Ley 1437, en el que la Corte estudió la exequibilidad del numeral 4
del artículo 137 del entonces vigente Decreto 1 de 1984, según el cual, la
impugnación de un acto administrativo supone el deber de indicar las normas
violadas y explicar su concepto de violación. El accionante planteó que esta era una
carga excesiva que difícilmente podrían cumplir las personas ajenas al derecho, lo
que resulta desproporcional al tratarse de una acción pública. La Corporación
desestimó los cargos y declaró exequible el aparte demandado. Explicó que:

«La necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales sobre
los intereses particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción
de las necesidades urgentes de la comunidad, determina que los actos
administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades jurídicas
y puestos en conocimiento de los administrados, se presuman legales y
tengan fuerza ejecutiva y ejecutoria, es decir, sean obligatorios para sus
destinatarios y pueden ser realizados materialmente aun contra la voluntad de
éstos.

Los anteriores caracteres que se predican del acto administrativo tienen
su fundamento constitucional en el régimen de derecho administrativo
que institucionaliza nuestra Constitución, con fundamento en los arts. 1, 2,
3, 4, 6, 83, 84, 90, 91, 92, 113, 115, 121, 122, 123-2, 124, 150-2-4-5-7-8-9-19-
21-22-23-25, 189, 209, 210, 211, 236, 237 y 238, entre otros»37.

Por lo anterior, con o sin disposición legal o constitucional, la presunción de
legalidad de los actos administrativos se deriva del régimen de derecho
administrativo integralmente comprendido. Es un concepto de aquellos que se
articulan armónicamente con el principio de legalidad, la noción de acto
administrativo y la función pública.

36 Una de las razones para expedir la Ley 1437 de 2011 fue, precisamente, adaptar el procedimiento
administrativo y contencioso administrativo a las nuevas previsiones de la Constitución de 1991. Sin embargo,
en la exposición de motivos no se identifica una razón clara para incluir el artículo 88 sobre la presunción de
validez (Gaceta del Congreso. Senado y Cámara. N°1.173. Disponible en:
https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2009/gaceta_117
3.pdf).
37 Corte Constitucional. Sentencia C-197 del 7 de abril de 1999.

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Esta Sala ha atribuido el fundamento constitucional de la presunción de legalidad a
los artículos 83 y 209 superiores38.

El primero se refiere a la presunción de buena fe, tanto de las autoridades como de
los particulares39. Su relación con la presunción de validez deviene del hecho de
que, estando la administración sometida al principio de legalidad, y establecidos los
procedimientos que median la manifestación de su voluntad por un tamiz de
racionalidad, entonces, en principio, sus actuaciones deben tenerse como ajustadas
a derecho, pues según la Carta Política se presume que el Estado acata el
ordenamiento y los fines que este le impone40.

El segundo prevé los principios que rigen la función administrativa y, especialmente,
la somete a la obtención de un máximo fin constitucional: el interés general41. Como
lo propuso la Corte Constitucional, la presunción de validez garantiza la capacidad
de respuesta del Estado para la satisfacción de las necesidades urgentes de la
comunidad, lo que difícilmente se cumpliría si la legalidad de cada acto expedido
pudiese ser cuestionada y este inaplicado previo a pronunciamiento judicial. En
sentido similar, Jorge Héctor Escola propone:

«Por nuestra parte, pensamos que el verdadero y real fundamento de esa
presunción reside en la existencia del interés público que está ínsito en todo
acto administrativo y para cuya consecución éstos son dictados. Es ese interés
público el que explica satisfactoriamente y justifica la presencia de un privilegio
tan especial, que sólo cede cuando se ha demostrado, por vías legales previstas
para ello, que un acto es ilegítimo.

Sin la presunción de legitimidad toda la actividad administrativa, por lo común
legítima, podría verse cuestionada, lo que llevaría a una perniciosa paralización
del accionar administrativo, impidiéndose de ese modo la satisfacción directa e
inmediata de las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado, que
es el objeto propio del actuar de la administración pública»42.

De este modo, el interés general no es solo un fundamento sino un fin de la
presunción. Este se materializa en «[…] certeza y estabilidad en el tráfico de relaciones
jurídicas que emprende la administración con los administrados»43.

38 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de marzo de 2024. Exp. 76001-23-

33-000-2020-00154-02 (4137-2021).
39 Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados

de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
40 En este sentido, Dromi plantea: «[…] Las garantías subjetivas y objetivas que preceden a la emanación de

los actos administrativos, fundamentan formalmente la presunción. Este argumento se impone indiscutidamente
con la sanción de las leyes de procedimiento administrativo que regulan orgánicamente los procedimientos y
requisitos del acto; en suma, el origen, preparación y emisión de la voluntad administrativa» (DROMI. Op. Cit.,
p. 225).
41 Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. […]
42 ESCOLA, Jorge Héctor. El interés público como fundamento del derecho administrativo. Buenos Aires:

Depalma, 1984. p. 151.
43 Corte Constitucional. Sentencia T-136 del 28 de marzo de 2019.

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Por otra parte, esta noción no traduce exclusivamente una prerrogativa de la
actividad estatal, sino también un límite. Obsérvese que, en los términos del artículo
93 de la Ley 1437 de 2011, las autoridades administrativas pueden revocar sus
actos cuando estos sean manifiestamente ilegales, no estén conformes con el
interés público o cuando causen un agravio injustificado a una persona.

Sin embargo, tratándose de actos administrativos particulares y concretos, el
artículo 97 ibidem requiere el consentimiento previo del destinatario. En caso de no
contar con este, la administración está obligada a cuestionar la validez de su propio
acto ante un juez en lo que comúnmente se conoce como lesividad, conservando la
presunción del acto y, por consiguiente, sus efectos.

De allí que sería impreciso afirmar que la presunción favorece
desproporcionalmente al Estado o a los ciudadanos, mejor, se trata de característica
de los actos que desarrolla o extiende el principio de legalidad y que, eventualmente,
en cada caso concreto, operará en favor de uno u otro. Pero que, en abstracto, solo
pugna por la estabilidad jurídica de las relaciones de la administración, su
aplicabilidad y, como trasfondo, el interés general.

2. Competencia

La competencia también es otra entre muchas manifestaciones del principio de
legalidad, una limitación al ejercicio del poder, consecuencia lógica del sometimiento
del Estado al Derecho. Según este, mientras que a los particulares todo les resulta
permitido salvo lo expresamente prohibido, a la administración todo le está proscrito
excepto lo permitido por el ordenamiento44. En otras palabras, mientras que los
primeros se rigen por la autonomía de la voluntad, la segunda se ciñe a la
competencia como requisito de su actuación válida. En la Constitución Política, este
se encuentra implícito en los artículos 6, 121, 122 y 123.

El artículo 6 prevé que los particulares solo son responsables ante las autoridades
por infringir la Constitución y las leyes, mientras que los servidores lo son por la
misma causa y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus competencias.
El artículo 121 dispone que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones
distintas de las que le atribuyen el ordenamiento. El artículo 122 ordena que todo

44 La idea de que la regla general es la incompetencia y la excepción es la competencia explícita en norma ha

sido debatida en sede doctrinal. Íntegra la discusión sobre la distancia entre la noción de capacidad en el
derecho privado y la competencia en el público. Un sector defiende el postulado de la permisión amplia, según
la cual, siempre que se crea un órgano público y se le asigna un marco competencial, a la entidad puede hacer
todo lo que no esté prohibido o exceda sus competencias. Así lo explica Cassagne: «Se argumenta que el
axioma ontológico de la libertad rige tanto con relación a las personas físicas o ideales, como frente a los sujetos
estatales y sus órganos, y que si bien el principio de la juridicidad exige para que exista competencia en el sujeto
u órgano que una norma lo establezca, una vez creada una persona jurídica pública estatal, ésta y sus órganos
pueden hacer todo lo no prohibido dentro de sus respectivas competencias (axioma ontológico). Sin embargo,
en materia de actos de gravamen la exigencia de norma expresa para fundar la competencia resulta
insoslayable […]» (CASSANGNE, Juan Carlos. El acto administrativo: teoría y régimen jurídico. Buenos Aires:
Ediciones Olejnik, 2019. p. 191).

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empleo público se regirá por las funciones detalladas y predeterminadas en la ley o
el reglamento. Finalmente, el artículo 123 preceptúa que los servidores públicos
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento. En común, las disposiciones constitucionales ordenan que la
administración y sus representantes actúan sujetos al ordenamiento.

Dromi define la competencia como «[…] la esfera de atribuciones de los entes y órganos,
determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto
de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente»45. En
otras palabras, la competencia es la facultad jurídica para proceder de una u otra
forma ante ciertas circunstancias, así como el deber de hacerlo.

A la competencia se le atribuyen las siguientes características: i) tiene un origen
objetivo, en cuanto emerge de una voluntad externa a la del agente que la ejerce,
es decir, el ordenamiento jurídico; ii) es taxativa toda vez que es normativamente
expresa y precisa; iii) es irrenunciable, se comporta como derecho y como deber de
actuar; iv) es inenajenable, pues no se transfiere por voluntad del titular; v) es
improrrogable, pues se ejerce en el marco de las condiciones tiempo, modo y lugar
previstas; vi) es indelegable, porque en principio debe ser ejercida por el funcionario
al cual ha sido asignada, excepcionalmente la ley o el reglamento dispondrán los
requisitos para su transferencia46.

La competencia, como presupuesto sustancial para la actuación estatal, constituye
un elemento de validez de los actos administrativos que, ausente, representa un
vicio de nulidad del acto administrativo reconocido en el artículo 137 del CPACA.
Sobre este, la Corporación ha considerado:

«En este orden de ideas, el vicio de falta de competencia o incompetencia se
presenta cuando el acto administrativo es expedido por quien ostenta la
condición de funcionario público o por particular autorizado por la ley para
ejercer función administrativa, pero lo hace por fuera de la esfera de
atribuciones que la Constitución, la ley o el reglamento le han asignado; o no
corresponde a los asuntos que por razón de la materia, el territorio, la persona,
el grado funcional o jerárquico, o el tiempo inclusive, le son dables resolver»47.

Esta Sala comprende que la competencia administrativa se determina a partir de la
identificación de los deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que el
ordenamiento jurídico asignó a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas. Esto supone verificar las normas vigentes al momento
de ejercer la atribución normativa48.

45 DROMI, Roberto. Op. Cit., p. 209.
46 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Rad. 11001-0324-000-2006-00348-

00.
47 Ídem.
48 Al respecto, ha considerado: «Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto

administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide. Ahora, es
importante tener en consideración que la asignación de competencias a la administración pública atiende a

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2.1. Competencia para declarar la ilegalidad del cese de actividades

El artículo 55 de la Ley 6 de 1945 disponía que las huelgas serían declaradas ilícitas
«[…] por el respectivo Juez o Tribunal de Trabajo, de oficio o a solicitud de parte» cuando
se evidencia alguna de las siguientes causales: que se trate de un servicio público,
su objeto sea ilícito, no se cumplan los procedimientos de arreglo directo y de
conciliación en la forma legal, no haya sido declarada por la mayoría absoluta de
los trabajadores de la empresa, o que no se limite a la suspensión pacífica del
trabajo.

Esta competencia eminentemente judicial fue mutando con la expedición del Código
Procesal del Trabajo, Decreto 2158 de 1948. El estatuto conservó el carácter judicial
de las declaratorias de ilegalidad en el artículo 122, pero añadió un matiz relevante
en el artículo 124, que asignó esta facultad al Ministerio del Trabajo con ocasión de
la ilegalidad de la huelga en el marco de la prestación de servicios públicos. Dos
años después, con la expedición del Código Sustantivo del Trabajo en 1950, se
consolidó el carácter administrativo del trámite en todos los casos, en virtud del
artículo 451, que establecía:

«Artículo 451.

1. La ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo será declarada
administrativamente por el Ministerio del Trabajo. La providencia respectiva
deberá cumplirse inmediatamente, y contra ella sólo procederán las acciones
pertinentes ante el Consejo de Estado.

2. La reanudación de actividades no será óbice para que el Ministerio haga la
declaratoria de la ilegalidad correspondiente.

3. En la calificación de suspensiones colectivas de trabajo por las causales c) y
d) del artículo anterior, no se toman en cuanta las irregularidades adjetivas de
trámite en que se haya podido incurrir» (énfasis fuera de texto).

Esta norma fue objeto de control posterior de constitucionalidad en la Sentencia C-
432 del 12 de septiembre de 1996. El demandante señaló que la norma vulneraba
los derechos a la libre asociación, la huelga y el debido proceso, toda vez que la
facultad para declarar la legalidad de una huelga recaía sobre una autoridad
administrativa, ignorando la existencia de una jurisdicción a cargo de asuntos
laborales, ante la que se pueden exponer argumentos y pruebas o, en otros
términos, garante del debido proceso.

diferentes factores que pueden identificarse como el funcional o jerárquico, el material, el territorial y en algunos
casos el temporal» (Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 3 de octubre de 2022.
Rad. 11001-03-25-000-2019-00160-00 (1038-2019).

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Radicación: 111001-03-25-000-2019-00306-00 (2018-2019)

La Corporación sintetizó los elementos esenciales del derecho a la huelga en los
términos de la Constitución Política de 199149, las funciones de policía a cargo de
la Administración50, el sometimiento de la administración a la legalidad, la garantía
del derecho de defensa en el marco de las actuaciones administrativas y el
agotamiento de la vía gubernativa como garantía de la administración. Al resolver
el caso concreto, la Corte sostuvo la exequibilidad de la norma argumentando que
la competencia para declarar la ilegalidad de la huelga es una típica función de
policía ajustada al ordenamiento:

«En el caso de la declaración de la ilegalidad de la huelga, es particularmente
claro que la intervención administrativa, no es más que el desarrollo de la
función de policía que la Constitución ha radicado en esta rama del poder
público. En efecto, todos los elementos que se han esbozado como
característicos de esta función se encuentran presentes en este caso: se trata
de una restricción de un derecho fundamental en un caso concreto; dicha
restricción se basa en la regulación que de la materia ha hecho el legislador; y
el objetivo de la actividad administrativa es impedir la alteración del orden
público que podría surgir cuando se subvierten los cauces que el legislador ha
fijado para el desenvolvimiento del conflicto» (énfasis fuera de texto)51.

La Corte precisó que no se trata de una decisión discrecional de la administración
y, por el contrario, esta debe actuar conforme a límites restringidos y delimitados en
el artículo 450 del CST, es decir, en ejercicio de una potestad reglada. Igualmente,
planteó que la naturaleza administrativa del trámite no supone el desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, los cuales no solo puede y debe garantizar el
juez sino también la administración. De allí que la Corporación no evidenció la
vulneración de los derechos invocados y declaró la exequibilidad.

2.2. Reforma legal

Nuevamente, el legislador modificó la competencia para declarar la ilegalidad de las
huelgas en la Ley 1210 de 2008, que dispuso en el artículo 2:

«Artículo 2. Modifíquese el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo, el
cual quedará así:

Declaratoria de ilegalidad

1. La legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo será
declarada judicialmente mediante trámite preferente. En primera instancia,
conocerá la Sala Laboral del Tribunal Superior competente. Contra la decisión
procederá el recurso de apelación que se concederá en el efecto suspensivo y

49 «Conforme a esta definición puede señalarse como núcleo esencial del derecho de huelga, la facultad que

tienen los trabajadores de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo, para lograr
que se resuelva de manera favorable a sus intereses el conflicto colectivo del trabajo» (Corte Constitucional.
Sentencia C-432 del 12 de septiembre de 1996).
50 «[…] el concepto de policía dentro de nuestro sistema jurídico se refiere no sólo al órgano especializado al

que se le atribuye este nombre, sino también al poder jurídico de tomar decisiones encaminadas a limitar los
derechos con miras a impedir alteraciones del orden público» (Ídem).
51 Ídem.

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se tramitará ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La
providencia respectiva deberá cumplirse una vez quede ejecutoriada.

2. La reanudación de actividades no será óbice para que el Tribunal profiera la
declaratoria de la legalidad o ilegalidad correspondiente.

3. En la calificación de suspensión o paro colectivo de trabajo por las causales
c) y d) del artículo anterior, no se toman en cuenta las irregularidades adjetivas
de trámite en que se haya podido incurrir» (énfasis fuera de texto).

La norma evidencia un tránsito pendular de la competencia para declarar la
ilegalidad de las huelgas, pues reasignó el carácter judicial previsto en la Ley 6 de
1945. No se trató de una iniciativa legislativa corriente, sino que se explica en las
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical para la aplicación del Convenio
8752, orientadas a que una decisión de esta índole corresponda a un órgano
completamente autónomo e independiente, cualidades que no reúne la
administración.

A su vez, se trata de una conclusión generalizada del Comité de Libertad Sindical.
Basta con revisar los casos 2355, 2356 y 2489, donde el Comité recomienda al
Estado Colombiano que tome las medidas necesarias, incluso de carácter
legislativo, para que la declaración de legalidad o ilegalidad de las huelgas no
corresponda al Gobierno, sino a un órgano independiente e imparcial, que genere
confianza para las partes53. En relación con la relevancia histórica de esta reforma,
la Corte Suprema de Justicia ha sostenido:

«Esa nueva competencia que se le otorgó al Juez Laboral proviene de
reflexiones de un profundo contenido social, en la medida en que con su
adopción se persigue garantizar la imparcialidad del órgano encargado de
dirimir los conflictos generados a partir del ejercicio de un derecho que tiene
como trasfondo uno de carácter fundamental como es el de asociación.
Reconocieron, entonces, el Legislador y el Ejecutivo, que se trató de regular un
aspecto altamente sensible como es el de las relaciones entre empleadores y
organizaciones de trabajadores, desde luego en perspectiva de aproximarse al
ideal plasmado en el artículo 1° del Código Sustantivo del Trabajo.

La asunción de dicha competencia no podía recaer en autoridad pública distinta
a la judicial, en la especialidad laboral, en la que se supone un amplio y profundo

52 Entre los antecedentes legislativos se lee: «El proyecto objeto de análisis, busca trasladar a la jurisdicción

ordinaria laboral la calificación de los ceses colectivos del trabajo y ampliar los mecanismos de composición en
los casos de huelga y precisar un término dentro del cual es necesario el acuerdo de las partes para solicitar la
convocatoria de un tribunal obligatorio de arbitramento, para de esta manera estar en conformidad con los
convenios suscritos y ratificados con la organización internacional del trabajo.
[…]
En desarrollo de lo dispuesto en los Convenios y específicamente del 87, el Comité de Libertad Sindical se ha
pronunciado mediante una recomendación respecto a la legalidad de la huelga en Colombia, manifestando que
“dicha declaración no debería corresponder al gobierno, sino a un órgano independiente de las partes y que
cuente con su confianza, particularmente en aquellos casos en que este es parte en un conflicto» (Gaceta del
Congreso. Senado y Cámara. N°172 del 24 de abril de 2008. Disponible en:
https://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/view/gestion/gacetaPublica.xhtml).
53 Oficina Internacional del Trabajo. Consejo de Administración. Informes del Comité de Libertad Sindical.

GB.323/INS/9. 323a reunión, Ginebra, 12-27 de marzo de 2015. Disponible en: https://lc.cx/5eb-Pz

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conocimiento del derecho del trabajo, en sus ámbitos individual y colectivo,
atributo que comporta una especial capacitación para dilucidar contenciones
como la presente, que involucran elementos de índole no sólo laboral, sino
también social. Por ello, no es gratuito que a esta área del conocimiento jurídico,
también se le denomine “derecho social”»54.

Es claro que se trató de una iniciativa legislativa orientada al cumplimiento del
bloque de constitucionalidad, es decir, el Convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad
sindical y a la protección del derecho de sindicación, ratificado en la Ley 26 de 1976,
y el Convenio 98, sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y
negociación colectiva, ratificado en la Ley 27 de 1976. En síntesis, a partir del 14 de
julio de 2008 −inicio de la vigencia de la Ley 1210 de 2008− la declaratoria de
ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo pasó de ser un trámite
administrativo a cargo del Ministerio del Trabajo, objeto de control judicial ante el
Consejo de Estado, a ser una competencia de naturaleza jurisdiccional, en primera
instancia, de la Sala Laboral del Tribunal Superior correspondiente y, en segunda
instancia, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

2.3. Competencia del Ministerio del Trabajo para expedir la Resolución 2757
del 15 de junio de 1990

En virtud de la reforma del 2008, el ordenamiento jurídico se adecuó a estándares
internacionales. En adelante, es absolutamente claro que la competencia para
declarar la ilegalidad o no de un cese de actividades se encuentra a cargo de una
autoridad judicial, autónoma e independiente. Sin embargo, si la teleología de la
modificación fue el acatamiento de las recomendaciones del Comité de Libertad
Sindical y, en general, la adecuación del ordenamiento jurídico a normas de derecho
internacional público, es preciso cuestionarse sobre la validez de los actos
administrativos que declararon la ilegalidad de huelgas previo a la expedición de
Ley 1210 de 2008, no solo en contraste con el ordenamiento jurídico interno −art.
451 del CST− sino también en perspectiva de los convenios suscritos y ratificados
por Colombia. Para este estudio, es necesario tener claridad cronológica sobre las
fuentes de derecho:

• La potestad del Ministerio del Trabajo para evaluar y declarar la ilegalidad de las
huelgas fue asignada en el artículo 451 original del CST, es decir, en 1950.
• Los Convenios 87 y 98 de la OIT fueron ratificados en el ordenamiento interno en
1976.
• El acto administrativo objeto de control se expidió en 1990.
• La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 451 del CST en Sentencia de
1996.
• La competencia para declarar ilegales las huelgas adquirió carácter jurisdiccional en
la Ley 1210 de 2008.

54 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 de septiembre de 2012. Rad. 46177.

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En principio, y teniendo en cuenta que solo se puede estudiar la competencia para
expedir el acto conforme al ordenamiento jurídico vigente, del recuento cronológico
se concluye que en 1990 el Ministerio del Trabajo debía ejercer la competencia
prevista en el artículo 451 del CST, salvo una contravención explícita de los
convenios suscritos y ratificados en 1976. No es este el escenario pues, ni el
convenio 87 ni el 98 prevén expresamente que la declaratoria de ilegalidad de la
huelga corresponde exclusivamente a una autoridad judicial; sin embargo, sí es una
conclusión del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT,
dispuesta en sus recomendaciones. Sobre el carácter vinculante de estos
documentos, la Corte Constitucional ha considerado:

«En otras palabras: (i) las recomendaciones, por regla general, no son normas
creadoras de obligaciones internacionales, sino meras directrices, guías o
lineamientos que deben seguir los Estados Partes en busca de condiciones
dignas en el ámbito laboral de sus países; y (ii) sólo las emitidas por el Comité
de Libertad Sindical, una vez aprobadas por el Consejo de Administración de la
Organización Internacional del Trabajo son vinculantes, pero las autoridades
nacionales conservan un margen de apreciación para determinar su
compatibilidad con el ordenamiento constitucional, y para la adopción de las
medidas concretas para hacerlas efectivas»55.

La existencia de recomendaciones al Estado Colombiano sobre este asunto no
supone que el Ministerio del Trabajo era incompetente para expedir la Resolución
en estudio. Por el contrario, consultado el texto de recopilación de decisiones y
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT
del año 1996, se observa que hasta ese entonces −1990− no se habían presentado
recomendaciones de esta índole56, como sí se observan en la versión subsiguiente
al 2006, donde se relacionan los casos 1916, 1948, 1955, y 235557. Es decir que, al
margen de los múltiples requisitos dispuestos en la jurisprudencia constitucional
para reconocer su carácter vinculante, al momento de la expedición del acto no se
habían emitido recomendaciones de este tipo para Colombia.

De hecho, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que para entonces
tenía a su cargo la salvaguarda de la Constitución, no reconocía el bloque de
constitucionalidad de la forma en que hoy se integra, de allí que excluyera tratados
y convenios internacionales como fuente de inexequibilidad. Solo para la muestra,
en 1988 dicha Corporación declaró ajustado a la Carta Política de 1986 el Decreto
2201 del mismo año «Por el cual se dictan unas medidas tendientes a la preservación del
orden público», el cual asignó al Ministerio del Trabajo la facultad para suspender la
personería jurídica de los sindicatos. En su oportunidad, el demandante alegó el

55 Corte Constitucional. Sentencia SU-555 del 24 de julio de 2014.
56 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de

Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. 4ª ed. 1996. Disponible en:
https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:52::52:::P52_DIGEST_YEAR:1996
57 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de

Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. 5ª ed. 2006. Disponible en:
https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:52::::52:P52_DIGEST_YEAR:2006

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desconocimiento del Convenio Internacional del Trabajo, argumento que la
Corporación desestimó en los siguientes términos:

«La Corte considera que no asiste razón a los impugnadores al pretender
violaciones de la Carta por el desconocimiento de convenios internacionales,
para lo cual basta reiterar su jurisprudencia en el sentido de que "en los
procesos de inexequibilidad la confrontación de las normas acusadas para
calificar su validez, sólo puede ser hecha con las disposiciones de la Carta
Constitucional y nunca con normas de derecho internacional, pues la infracción
de éstas es extraña a la jurisdicción nacional de la Corte, plantea problemas
interestatales, que escapan de su competencia, y no implican violación directa
de la Constitución"»58.

Nótese que, en esta etapa previa a la Constitución de 1991, no existía una
jurisprudencia amplia y desarrollada sobre el bloque de constitucionalidad, como
tampoco herramientas jurídicas que permitieran u obligaran al Ministerio del Trabajo
apartarse de la competencia asignada en el artículo original del artículo 451 del
CST. De allí que, como la competencia no es solo una facultad-potestad sino un
deber-carga, esta Sala concluye que la autoridad administrativa actuó conforme al
sistema de fuentes y su comprensión jurídica vigente.

El Consejo de Estado ha reconocido implícitamente esta competencia pues, sin
estudiar el fondo de este elemento de la validez de los actos administrativos, se ha
referido de paso a esta potestad, en los siguientes términos:

«Se colige entonces, sin lugar a dudas, que algunos trabajadores de
TELEBUCARAMANGA, suspendieron su actividad laboral de manera
intempestiva, sin poder hacerlo válidamente, porque el Legislador no permite
esta clase de conductas en los servicios públicos esenciales; por tanto, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo el Ministerio
del ramo podía declarar su ilegalidad, como en efecto lo hizo por medio del acto
acusado» (énfasis fuera de texto)59.

En el año 2009, la Corporación conoció de una demanda de nulidad contra el
Decreto 1844 del 25 de mayo de 2007, que ordenó el no pago de los días no
laborados por los servidores públicos del sector educativo, expedido por el
Ministerio de Educación. El demandante sostuvo que declarar la legalidad de la
huelga era una competencia exclusiva del Ministerio del Trabajo y, aunque la Sala
concluyó que el acto administrativo en juicio no tenía este alcance, ratificó dicho
criterio, así:

«Por mandato expreso del artículo 451 del CST, le correspondía al Ministerio
de la Protección Social ejecutar el control de legalidad sobre el ejercicio del
derecho a la huelga o a la suspensión colectiva temporal del trabajo, porque en
tratándose del otro cese de actividades laborales no autorizado por la ley, el

58 Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia del 1 de diciembre de 1988.
59 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 19 de junio de 2008. Rad. 11001-03-25-000-2003-

00229-01(1502-03).

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Ministerio no tenía la competencia para ejercer ningún control, entre otras
cosas, porque el paro de facto no está ajustado al ordenamiento jurídico y se
entiende que es ilegal» (énfasis fuera de texto)60.

En sentido similar:

«En el presente caso, el Ministerio de la Protección Social, quien tiene la
competencia para la declaración de legalidad o ilegalidad de un cese de
actividades, a través de sus Inspectores de Trabajo, procedió a verificar la
información en relación con las circunstancias puestas en su conocimiento, para
lo cual se trasladó a las instalaciones de la Entidad, en distintas ciudades el día
22 de abril de 2004» (énfasis fuera de texto)61.

En síntesis, según las disposiciones vigentes para la época, el Ministerio del Trabajo
era competente para expedir la Resolución 2757 del 15 de junio de 1990 por las
siguientes razones: (i) la literalidad del texto original del artículo 451 del CST; (ii) la
no contradicción expresa de esta norma con los Convenios 87 y 98 de la OIT; (iii) la
inexistencia de argumentos jurídicos para inaplicar el artículo 451 por contradicción
a fuentes de derecho internacional, previo a la expedición de la Constitución de 1991
y la consolidación de la jurisprudencia sobre el bloque de constitucionalidad; (iv) el
reconocimiento de dicha competencia por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Subsección resalta que la reforma legal de la Ley
1210 de 2008, que asignó carácter judicial de la declaratoria de ilegalidad de la
huelga, es una medida que garantiza la autonomía e imparcialidad del decisor, y la
comprensión vigente de las normas que integran el bloque de constitucionalidad.

3. Infracción de las normas en que debía fundarse

Esta causal de nulidad ha sido entendida por la jurisprudencia de esta Corporación
como la contravención legal directa de la norma superior en el momento en el que
es expedido, y ocurre cuando se presenta una de las siguientes situaciones: a) falta
de aplicación, b) aplicación indebida o c) interpretación errónea62.

a) La falta de aplicación de una norma se configura cuando la autoridad
administrativa ignora su existencia o, a pesar de que la conoce, la analiza de forma
diferente o no la aplica al caso. También se presenta cuando la autoridad examina
la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que
resuelve.

60 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 18 de junio de 2009. Rad. 11001-03-25-000-2007-

00059-00(1236-07)
61 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2011. Rad. 11001-03-

25-000-2004-00140-01(2309-04).
62 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 1999. Rad. 13644 y

Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo de 2012. Rad: 25000-23-27-000-2004-92271-
02 (16660).

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b) La aplicación indebida tiene lugar cuando las disposiciones jurídicas se emplean
a pesar de no ser las pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión,
y puede originarse cuando la autoridad administrativa se equivoca al escoger la
norma, por la inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra o
cuando no establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente
entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.

c) La interpretación errónea ocurre cuando las disposiciones son las que regulan el
tema que se debe decidir, pero la autoridad las entiende equivocadamente y así las
aplica, esto es, le asigna a la disposición un sentido o alcance que no le
corresponde.

Ahora bien, los demandantes adujeron que la Resolución 2757 de 1990 se expidió
con desconocimiento de los artículos 35, 59 y 170 del Decreto 1 de 1984, que
preceptúan el deber de motivar las decisiones administrativas.

El artículo 35 ibidem regulaba que, una vez los interesados tuviesen oportunidad de
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles «[…] se
tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares».
Por su parte, el artículo 59 −modificado por el artículo 6 del Decreto 2304 de 1989−
preveía que «Concluido el término para practicar pruebas, si lo hubiere, deberá proferirse
la decisión definitiva. Esta se motivará con los aspectos de hecho y de derecho que
fueren Impertinentes (sic)». Por último, el artículo 170 se refiere al contenido de las
sentencias y, tratándose la controversia de un acto administrativo, se prescindirá
del análisis de su contenido por estar el supuesto de hecho por fuera del ámbito de
aplicación de la norma.

Según Gordillo «La fundamentación o motivación del acto, contenida dentro de sus
considerandos, es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho
que han llevado a su emanación, o sea sus motivos o presupuestos; es la exposición y
argumentación fáctica y jurídica con que la administración debe sostener la legitimidad y
oportunidad de la decisión tomada»63.

La motivación de los actos es una exposición clara y coherente de las razones de
hecho y de derecho que permiten estructurar una conclusión. Los artículos 35 y 59,
efectivamente, imponen un deber general de motivar las decisiones; no obstante,
también determina un estándar de argumentación en las expresiones «al menos de
forma sumaria» y «en lo Impertinente (sic)». Por lo anterior, se verificará si este se
cumplió, con el ánimo de decidir si se incurrió en falta o indebida aplicación de las
normas o interpretación errónea que dé lugar a la nulidad del acto por la infracción
de las normas en que debió fundarse.

63GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. Tomo 3. 10a ed. Buenos Aires: Fundación de
Derecho Administrativo, 2011. p. 460.

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En cuanto a los argumentos de hecho, la Resolución 2757 de 1990 resume los
hechos objeto de la petición, así: (i) dirigidos y orientados por dos organizaciones
sindicales, un grupo de trabajadores desalojó el personal de la empresa e impidió
su posterior ingreso, consolidando un cese de actividades que, al parecer, se originó
en el despido de empleados y la vulneración de la Convención Colectiva de Trabajo;
(ii) esta circunstancia fue verificada por los Inspectores de Trabajo, quienes
ratificaron los móviles de la protesta en diligencia administrativa con los directivos
sindicales de «SUTIMAC»; (iii) el apoderado de esta organización solicitó al
Ministerio que se niegue la solicitud de declaratoria de ilegalidad en escrito del 14
de mayo de 1990; (iv) este último argumentó que el sindicato remitió múltiples
comunicaciones al empleador solicitando el cumplimiento de las cláusulas
convencionales y contractuales, pero este fue renuente, por lo que la huelga le era
imputable y, en consecuencia, la declaratoria de ilegalidad era improcedente.

Seguidamente se exponen las razones de la decisión, que invoca como
fundamentos jurídicos los Decretos 2351 de 1965 y 1373 de 1966, la Ley 11 de
1984, el procedimiento previsto en el artículo 450.1 del CST y la competencia
asignada en el artículo 451 ibidem. El Ministerio sostuvo que el cese de actividades
no era el medio adecuado para presionar una solución a las presuntas violaciones
a la Convención Colectiva, pues correspondía el desarrollo de una investigación a
cargo de esta autoridad administrativa que, de comprobar la infracción, impondría
las sanciones pertinentes. Que la suspensión colectiva del trabajo fue ilegal «[…] por
cuanto ella no es producto de una negociación colectiva en la cual se hubieran agotado
previamente las etapas de arreglo directo y mediación, tal y conforme a lo previsto en el
artículo 450, numeral 1 del Código Sustantivo del Trabajo»64.

En conclusión, el Ministerio del Trabajó sí motivó la decisión, pues expuso
consideraciones de hecho y de derecho que cumplen con el estándar exigido por
los artículos 35 y 59 del CCA, por lo que no se observa la infracción de estas normas
y, en consecuencia, no prospera el cargo de nulidad.

4. Desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa

Por último, los demandantes alegaron que la Resolución 2757 de 1990 era ilegal
porque se expidió sin respeto del debido proceso administrativo, ignorando la
garantía del artículo 26 de la Constitución Política de 1886, toda vez que lo hizo de
plano, sin oír a todos los afectados y sin pruebas.

En su criterio, de acatarse el debido proceso, se habría demostrado: que la solicitud
del empleador ante el Ministerio fue una estrategia para violentar el derecho de
asociación; que la protesta se decidió en asamblea de trabajadores del 5 de abril de
1990 y se redujo a la cesación pacífica del trabajo; que a partir del 18 de abril se
persiguió un acuerdo con Cementos del Valle S.A. que efectivamente se logró el 8

64 Fol. 71, 72 y 73 del archivo «04Cuaderno02» disponible en el índice 87, plataforma Samai.

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de mayo; que los motivos de la huelga fueron imputables al empleador; y que los
trabajadores involucrados no persistieron en el cese de actividades después del 9
de mayo de 1990.

El debido proceso es una garantía constitucional que, en virtud del artículo 29 de la
Constitución Política65 y el numeral 1° del artículo 3 del CPACA66, es aplicable en
todos los procedimientos administrativos. Como extensión del principio de legalidad,
supone que las manifestaciones de voluntad de la administración estén mediadas
por las reglas legalmente prestablecidas para tal fin, lo que impone un tamiz de
razonabilidad y permite que la conducta estatal sea previsible. Sobre el contenido
de este derecho, el Consejo de Estado ha reiterado las consideraciones de la Corte
Constitucional, según la cual, este se integra por:

«(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de
conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su
inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad
competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el
ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio
del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas
obtenidas con violación del debido proceso»67.

A su vez, esta Corporación reconoce que no toda irregularidad en el procedimiento
administrativo da lugar a la nulidad del acto, como tampoco cualquier inobservancia
de requisitos formales. Para proceder de esta manera, debe acreditarse la
existencia de un vicio sustancial o esencial, es decir, de aquellos que inciden en la
decisión de fondo que culmina la actuación administrativa, que, de no ocurrir, la
decisión hubiese tenido un sentido sustancialmente diferente68.

En el caso que ocupa a la Sala, se observa lo siguiente:

En su mayoría, las pruebas allegadas con la demanda se refieren a las situaciones
particulares de los demandantes, como las liquidaciones definitivas de prestaciones
sociales, las cartas de despido, peticiones y respuestas de la entidad, reportes de

65 Esta, a su vez, se reconocía en el artículo 26 de la Constitución Política de 1886.
66 En el Decreto 1 de 1984 no se identifica una norma que disponga expresamente la aplicación del debido

proceso en las actuaciones administrativas; sin embargo, esta Corporación ha precisado que su consagración
fue implícita, en los siguientes términos: «[…] se sabe que antes de 1984 las garantías del debido proceso
prácticamente no existían, porque no se trataba de un derecho con presencia fuerte en materia administrativa;
pero sobre el segundo se tiene que el nuevo código de procedimiento administrativo introdujo varios e
importantes derechos que hacen parte del debido proceso, es el caso del derecho a que se comunique la
iniciación de un procedimiento administrativo –arts. 14 y 28 CCA.-; el derecho a impugnar las decisiones
administrativas, a través de la denominada vía gubernativa –arts. 23 y 49 y ss. CCA.-; el derecho a un
procedimiento previo a la toma de una decisión, en la medida en que se proscribieron las decisiones de plano
–art. 35 CCA.-; el derecho a presentar pruebas y a controvertirlas –arts. 34 y 56 CCA.-; entre otras» (Consejo
de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. Rad. 1637).
67 Corte Constitucional. Sentencia C-980 del 1 de diciembre de 2010.
68 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Rad.

050012333000201402189 01 (1171-2018).

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semanas cotizadas en pensiones. Estos documentos en nada informan a la Sala
sobre el trámite que se llevó a cabo para expedir la Resolución 2757 de 1990, por
lo que no tienen mayor relevancia con el objeto del proceso. Sin embargo, sí se
destacan los siguientes:

(i) La respuesta del 31 de octubre de 2018 por parte de la Coordinadora del Grupo
de Administración Documental del Ministerio del Trabajo a la solicitud de Rodrigo
Vargas Becerra. Allí la entidad informa que remite copia del acto administrativo
demandado al interesado, pero que «[…] una vez finalizada la búsqueda y verificación
de los archivos […] no se evidenció el radicado No. 14022 de 1990, relacionado con el
despido colectivo de trabajo de la empresa Cementos del Valle SA, representada
legalmente por el señor LUIS FERNANDO VERGARA MUNARRIZ»69. Esta comunicación
es importante porque da cuenta de una situación que se advirtió en el trámite del
proceso: no se cuenta con los antecedentes administrativos del trámite de
declaratoria de ilegalidad que concluyó la Resolución 2757 de 1990.

El deber de aportar esta información se advirtió en el auto admisorio de la demanda,
se reiteró en el decreto de pruebas y se requirió previo a la audiencia de
reconstrucción del expediente; sin embargo, las declaraciones del Ministerio del
Trabajo son consecuentes desde el año 2018, en el sentido de indicar que no se
cuenta con el archivo histórico de dichas actuaciones que se surtieron hace más de
treinta años.

Por su parte, los demandantes no coadyuvaron en la consecución de la prueba ni
manifestaron la disponibilidad de algún documento relacionado con los
antecedentes administrativos que pudiera disponer la organización sindical a la que
pertenecían. Por lo que no se observa respaldo probatorio para demostrar los
hechos que supuestamente originan la nulidad del acto administrativo que, como se
expuso anteriormente, mantiene la presunción de legalidad.

(ii) En el acto administrativo se relaciona una síntesis de los fundamentos de
Cementos del Valle S.A. expuestos en la solicitud de declaratoria de ilegalidad y, a
su vez, se refiere el pronunciamiento en el trámite del sindicato «SUTIMAC» en
escrito del 14 de mayo de 1990, solicitando que se niegue esta solicitud aduciendo
la imputabilidad del cese al incumplimiento reiterado del empleador en cuanto a sus
responsabilidades convencionales.

Esto, por lo menos de forma sumaria, permite inferir que se escuchó la perspectiva
de los afectados en el trámite y, también, que pudieron allegar pruebas, pues en el
propio acto se afirma: «El sindicato en varias oportunidades ha enviado a la empresa
comunicaciones a fin de que sean cumplidas las cláusulas convencionales y contractuales,
como se puede apreciar en las cartas enviadas desde 1989 y 19990 anexas al
expediente»70. Además, se indica que el cese de actividades fue debidamente

69 Fol. 70 del archivo «04Cuaderno02» disponible en el índice 87, plataforma Samai.
70 Fols. 71-73, ídem.

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verificado por los inspectores de trabajo y que las causas fueron ratificadas por el
sindicato en «diligencia administrativa».

(iii) También se observa el Oficio No. 105 JIT del 8 de junio de 1990, donde María
Cristina Tabares −Jefe Sección de Inspección− y Rodrigo Castro −Visitador Nal. de
Trabajo− informan a la Jefe de División Departamental de Trabajo que se reunieron
las partes en conflicto y lograron un acuerdo para dar por terminada la huelga; no
obstante, esta información no da cuenta fehaciente del trámite administrativo para
expedir el acto, tampoco de las instancias de contradicción que tuvieron los
interesados, por lo que no es determinante para la decisión de la Sala.

Esta consideración se extiende al comunicado a la opinión pública del 5 de mayo
de 1990, donde varias personalidades municipales manifiestan su interés en mediar
el conflicto71, al escrito de la misma fecha donde estas solicitan una reunión con el
represente legal de Cementos del Valle S.A.72 y el dictamen pericial suscrito por
Álvaro Arana Lemos sobre las reparaciones realizadas por la firma LAHOZ y
ASOCIADOS en el «Molino de crudo No. 4»73.

En consecuencia, la Sala estima que no existen elementos probatorios para concluir
que la Resolución 2757 de 1990 se expidió con desconocimiento del derecho de
audiencia y de defensa; por el contrario, se observan indicios de que el sindicato
SUTIMAC tuvo oportunidad de pronunciarse y allegar pruebas en el procedimiento
administrativo previo a su expedición. Por lo que el cargo no prospera.

Síntesis de la decisión

El presente pronunciamiento no es más que un juicio abstracto de juridicidad a la
Resolución 2757 de 1990, expedida por el entonces Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social, hoy Ministerio del Trabajo. El mismo se reduce a los móviles que
los accionantes expusieron en la demanda que, dejando de lado los argumentos de
hecho y de derecho relacionados con la situación particular de cada demandante,
se sintetizan en los vicios de falta de competencia, infracción de las normas en que
debió fundarse y desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa.

La Sala observa que ninguno de los cargos se acreditó fáctica y jurídicamente pues,
por el contrario, se explicó que la entidad estatal era competente para expedir el
acto administrativo, que el mismo estuvo motivado conforme a los estándares del
antiguo CCA, por lo que cumplió con las normas que se indicaron vulneradas, y no
se demostró que el mismo se expidió con desconocimiento del derecho al debido
proceso.

71 Fols. 114 - 115, ídem.
72 Fol. 74, ídem.
73 Fols. 77-102, ídem.

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En resumen, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo impugnado, conforme la carga argumentativa y demostrativa que
esta cualidad de los actos administrativos supone.

Por lo anterior, se negarán las pretensiones de la demanda y se declararán
probadas las excepciones de «inexistencia del conflicto de interpretación
planteado», «validez del acto acusado y falta de acreditación de las causales de
nulidad» y «estricto cumplimiento de las normas aplicables a la calificación del cese
de actividades».

Condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA74.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar probadas las excepciones de inexistencia del conflicto de
interpretación planteado», «validez del acto acusado y falta de acreditación de las
causales de nulidad» y «estricto cumplimiento de las normas aplicables a la
calificación del cese de actividades», y no probadas las de «Improcedencia de las
solicitudes propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho»,
«falta de jurisdicción y competencia», «inepta demanda por indebida escogencia de
la acción», «indebida acumulación de pretensiones», «inepta demanda por indebido
agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial», caducidad, cosa juzgada,
prescripción e inexistencia de la obligación.

Segundo. Negar la pretensión de la demanda de nulidad presentada por los
señores Luis Alfonso Abadía Montaño, Leonardo Toro Aguirre, Luis Armando
Castillo Pérez, José Luis Arroyave Tapias, Santiago Espinosa Rojas, Rodrigo
Vargas Becerra, Jorge Eliecer Prieto Gutiérrez, Freddy Tamayo, Francisco de Paula
Bermúdez Ledesma y Henry Carrera González, contra el Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social −hoy Ministerio del Trabajo− y Cementos del Valle S.A. −hoy
Cementos Argos S.A.−.

Tercero. Sin condena en costas.

74 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».

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Cuarto. Reconocer personería a las abogadas Mirna Patricia Wilches Navarro,
identificada con la cédula de ciudadanía 22.476.798 y portadora de la tarjeta
profesional 101.849 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada
principal de Cementos Argos S.A.; y Laura Nieto Benavides identificada con la
cédula de ciudadanía 1.140.858.382 y portadora de la tarjeta profesional 264.172
del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada sustituta de Cementos
Argos S.A75.

Quinto. Reconocer personería a la abogada Costanza Duarte Rodríguez,
identificada con la cédula de ciudadanía 52.866.443 y portadora de la tarjeta
profesional 170.800 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la
Nación – Ministerio del Trabajo76.

Sexto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

75 Índice 106 de la plataforma Samai.
76 Índice 109, ídem.

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