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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00154-02

Fecha
1 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00154-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la Sentencia proferida el 3 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Segundo. Aceptar la renuncia al poder para representar a EMCALI EICE ESP presentada por la doctora Carolina Ocampo Franco, portadora de la tarjeta 21 CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Rad. 13001-23-31-000-2004- 01385-01. Este criterio fue reiterado por la Subsección en: CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 24 de agosto de 2023. Rad. 68001-23-31-000-2001-02612-01 (0014-2014). Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicación: 76001-23-33-000-2020-00154-02 (4137-2021) profesional 206.061 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al memorial visible en el índice 18 de la plataforma SAMAI. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones en el portal SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00154-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00154-02 (4137-2021)
Demandante: Gustavo Adolfo Prado Cardona y otro
Demandada: EMCALI EICE ESP −Sergio Mauricio Zamora Betancur

Temas: Nulidad del acto administrativo de nombramiento en cargo de
dirección y confianza. Presunción de legalidad de los actos
administrativos. Pérdida de fuerza ejecutoria. Empleados
públicos y trabajadores oficiales en EICE. CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

Los señores Gustavo Adolfo Prado Cardona y Félix Noel Chaverra Cuesta
presentaron demanda en contra EMCALI EICE ESP y Sergio Mauricio Zamora
Betancur, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo
139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
−CPACA− con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resolución 1000000202020 del 9 de enero de 2020,
mediante el cual el gerente general de EMCALI EICE ESP nombró a Sergio Mauricio
Zamora Betancur en el empleo público denominado: «ASESOR DE GERENCIA
GENERAL».

HECHOS2

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que EMCALI EICE ESP fue creada como establecimiento público por el Concejo
Municipal de Cali mediante Acuerdo 050 de 1961. Posteriormente, en Acuerdo
Municipal 14 de 1996 fue transformada en una Empresa Industrial y Comercial del
Estado –EICE−.

1 Folio 4.
2 Folios 5 a 6.

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Que el Concejo Municipal clasificó los cargos de EMCALI EICE ESP en el Acuerdo
34 de 1999; sin embargo, este fue declarado nulo por el Consejo de Estado en
Sentencia del 25 de marzo de 2004. Igualmente, que la jurisprudencia de la
Corporación decantó que todos los cargos que conforman la planta de personal de
EMCALI EICE ESP se clasifican como trabajadores oficiales.

Que el alcalde municipal de Santiago de Cali encargó como gerente general de
EMCALI EICE ESP a Jesús Darío Gonzáles Bolaños por medio del Decreto
41.2.010.20.012 del 2020, quien a su vez nombró a Sergio Mauricio Zamora
Betancur como asesor de gerencia general en dicha entidad mediante Resolución
1000000202020 del 9 de enero de 2020.

NORMAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que el acto administrativo demandado vulneró los artículos 125 de la Constitución
Política; 4 del Decreto 2127 de 1945 −derogado por el Decreto 1083 de 2015−; 5
del Decreto 3135 de 1968, el 1 del Decreto 1848 de 1969, 2 a 5 del Decreto 1950
de 1973 y el 292 del Decreto 1333 de 1986.

Que la modificación en la naturaleza jurídica de la entidad implicó que a partir del 1°
de enero de 1997 todos los cargos que integran la planta de personal de la empresa
se clasifican como «trabajadores oficiales» y, aunque excepcionalmente los
órganos colegiados de la entidad tienen la facultad de señalar en los estatutos las
actividades a desempeñar por parte de ciertos empleados públicos, a la fecha de
presentación de la demanda, la Junta Directiva de EMCALI EICE ESP no ha ejercido
esta competencia.

Que, en conclusión, la vinculación del señor Mauricio Zamora Betancur debió
realizarse por medio de un contrato laboral y no en virtud de una relación legal y
reglamentaria, por lo que la Resolución 1000000202020 del 9 de enero de 2020 es
ilegal.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en auto
del 27 de febrero de 20203 y notificada a los demandados. Igualmente, se cumplió
con la publicación del aviso a la comunidad previsto en el numeral 5° del artículo
277 del CPACA4.

EMCALI EICE ESP se opuso a las pretensiones5. Indicó que la Resolución 820 del
20 de mayo de 2004, de la cual se presume su validez, clasificó el cargo de «asesor
de gerencia general» como de empleado público. A su vez, que dicho acto
administrativo fue objeto de control jurisdiccional por la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación y no fue declarado nulo. Sostuvo que el cargo en
cuestión es de estricta dirección y confianza, de allí que la Constitución6 y la ley7
reconoce su carácter de empleado público.

3 Folio 124.
4 Folios 131-132.
5 Folio 133 y ss.
6 Artículos 123 y 125.
7 Ley 909 de 2004, Ley 142 de 1994 y Decreto 3135 de 1968.

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Que el señor Zamora Betancur no realizó una negociación sobre las condiciones de
trabajo, tampoco suscribió un contrato de trabajo. Por el contrario, tomó posesión
del cargo y sujetó su empleo a previsiones legales y reglamentarias.

Propuso la excepción previa de caducidad y, como argumentos de fondo, expresó:
la «Inexistencia de la causal de nulidad»; que el cargo de gerente de unidad
estratégica de negocio es de empleado público porque la Resolución 820 del 20 de
mayo de 2004 −estatuto interno que creó la estructura organizacional de la entidad−
se presume legal; que se trata de un acto expedido en virtud de la intervención de
la Superintendencia de Servicios Públicos en la entidad; que la Clasificación de
empleos en EMCALI EICE ESP se dio a partir del Acuerdo Municipal 14 de 1996; y
que, previo a la expedición de la Resolución 820 del 20 de mayo de 2004, las
normas orgánicas de la entidad ya preveían un cargo equivalente, denominado:
«Gerente de Unidad Estratégica de Negocio», clasificado como de empleado
público.

Sergio Mauricio Zamora Betancur manifestó que se desempeña en un cargo
correspondiente al de un empleado público, pues con fundamento en el manual de
funciones, ejerce actividades de dirección o confianza. Propuso la excepción previa
de caducidad y, de fondo, presunción de legalidad y la «genérica».

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones por medio de
sentencia del 3 de septiembre de 2021. Describió el marco normativo del empleo
público, presentando la distinción entre «empleado público» y «trabajador oficial».

Estudió la naturaleza jurídica de EMCALI EICE ESP y concluyó que se trata de una
empresa industrial y comercial del Estado lo que, de suyo, supone que la regla
general es que sus servidores sean trabajadores oficiales y, excepcionalmente,
empleados públicos.

En este marco, el Tribunal analizó puntualmente el cargo de «asesor de gerencia
general». Sostuvo que el estatuto interno de la entidad consta en la Resolución 820
del 20 de mayo de 2004, que dispuso en el artículo 11 el cargo como el de un
empleado público.

Que la Junta Directiva de EMCALI EICE ESP expidió la Resolución 800 del 09 de
noviembre de 2016, que ajustó el manual de funciones y competencias laborales en
la entidad. En el artículo 19 calificó el cargo en el nivel jerárquico «asesor».

Concluyó que el cargo de «asesor de la gerencia general» goza de una relación
legal y reglamentaria, por lo que el acto administrativo cuestionado es plenamente
válido.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación, expresando que ninguna de
las funciones del cargo asignadas en la Resolución 820 del 9 de noviembre de 2016
corresponde a las que determinó el legislador como de dirección y confianza.

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Que estas labores deben constar claramente en los estatutos de la entidad o, de lo
contrario, no se desvirtúa la presunción general de que los empleados de las
empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales.

Que operó el fenómeno del «decaimiento» o pérdida de fuerza ejecutoria de los
actos administrativos sobre la Resolución 820 de mayo 20 de 2004, toda vez que
esta se expidió durante una «Toma de Posesión» de la entidad a cargo de la
Superintendencia de Servicios Públicos que ya fue levantada, de allí que el acto
administrativo carece de fundamentos de hecho y de derecho.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 28 de enero de 20228 se admitió el recurso y, de conformidad con
los artículos 292 y 293 del CPACA, se puso a disposición de las partes por el término
de tres días, vencido este término, se corrió traslado para alegar por escrito y,
finalmente, se puso a disposición del Ministerio Público para que presentara
concepto.

Sergio Mauricio Zamora Betancur9 reiteró que las Resoluciones 820 de 2004 y
800 de 2016 se encuentran vigentes, por lo tanto, la clasificación del cargo como
empleado público es válida. Entre otras razones, porque así lo permite el Decreto-
Ley 3135 de 1968 y la Ley 1333 de 1986.

Añadió que se trata de un cargo del nivel directivo de libre nombramiento y
remoción, ubicado en la cúspide organizacional en virtud de sus funciones.

EMCALI EICE ESP10 insistió en que la naturaleza del cargo es la de empleado
público y comporta una relación legal y reglamentaria. A su juicio, el artículo 5 del
Decreto Ley 3135 de 1968 permite señalar en los estatutos internos de la empresa
qué cargos deben ser ocupados por empleados públicos, como se hizo en la
Resolución 820 del 20 de mayo de 2004.

Finalmente, planteó que el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 permite inferir que las
funciones adscritas al cargo corresponden a las de un empleado público de libre
nombramiento y remoción en virtud del carácter de dirección y confianza.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO11

El Señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó la
confirmación de la Sentencia del 3 de septiembre de 2021 expedida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el Concepto 62-2022. Luego de un recuento
del marco legal y jurisprudencial sobre la naturaleza de la entidad y el régimen de
sus empleados, desestimó los argumentos del apelante. Sostuvo:

Que, aunque los estatutos internos no precisaron qué cargos eran de dirección o
confianza, esto era prescindible. Se trata de una determinación que, caso a caso,
se estudia en atención a los criterios orgánico y funcional.

8 Índice 5, SAMAI.
9 Índice 11, ídem.
10 Índice 12, ídem.
11 Índice 13, ídem.

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Que no se configuró un decaimiento del acto administrativo demandado −artículo
91.2 del CPACA− en atención al levantamiento de la toma de posesión de la
Superintendencia de Servicios Públicos, toda vez que las actuaciones del agente
especial se expidieron en ejercicio de facultades legales que no se desvanecen por
el solo cierre a la intervención de la empresa. De allí que no desparecieron ni sus
fundamentos de hecho ni de derecho.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala decidirá el recurso de apelación presentado por la parte demandante en
contra de la Sentencia del 3 de septiembre de 2021 expedida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. El pronunciamiento se limitará a los reparos
presentados en el recurso.

Se determinará la legalidad de la Resolución 1000000202020 del 9 de enero de
2020, mediante el cual se nombró al señor Sergio Mauricio Zamora Betancur como
empleado público en el cargo de «Asesor de gerencia general» en EMCALI EICE
ESP.

Cuestión previa

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tramitó las pretensiones del
demandante por el medio de control de nulidad electoral, del mismo modo en que
estas se solicitaron. En la contestación de la demanda, EMCALI EICE ESP propuso
la excepción de caducidad y el Tribunal la declaró no probada en audiencia inicial,
argumentando que el acto administrativo no ha sido publicado conforme a la ley, en
consecuencia, no puede hablarse de caducidad del medio de control.

La entidad demandada presentó recurso de apelación en contra de esta decisión,
el Tribunal lo concedió y remitió el expediente a la Sección Quinta del Consejo de
Estado. Esta remitió por competencia el expediente a la Sección Segunda en auto
del 4 de noviembre de 202012, argumentando:

«[…] lo pretendido por el demandante no es obtener el control de legalidad de un
acto de naturaleza electoral […] de acuerdo con el fundamento de la demanda, el
reparo de los actores recae en la forma en que se vinculó al demandado que, en
criterio de los accionantes, debió ser a través de contrato de trabajo, en tanto que
se trata de un trabajador oficial y no mediante nombramiento, como si se tratara de
una relación legal y reglamentaria, pese a que no se trata de un empleo público.

Es decir, no se discute propiamente la legalidad del acto de nombramiento del
demandado, por ausencia de algún requisito legal o las calidades que debe tener y
cumplir para desempeñarse en el cargo o cualquier otro vicio que implique la
ilegalidad de ese nombramiento, sino la clase de vinculación que debe tener el
demandado en la empresa EMCALI EICE ESP».

El Magistrado sustanciador avocó conocimiento del recurso y confirmó la decisión
de no declarar probada la excepción, de allí que compartió las consideraciones
sobre la competencia elaboradas por la Sección Quinta.

12 Índice 5, radicado 76001-23-33-000-2020-00154-01, SAMAI.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00154-02 (4137-2021)

Ahora bien, la Sala estima que es competente para resolver sobre el presente
asunto en virtud de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 150 del CPACA; no
obstante, no se comparte el estudio de legalidad del acto administrativo en virtud
del medio de control de nulidad electoral. Como lo propuso la Sección Quinta, el
presente asunto es de naturaleza laboral, lo que, de entrada, excluye la posibilidad
de que se trate del medio de control de nulidad electoral.

En principio, tratándose de un acto administrativo de contenido particular, el medio
de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA; sin embargo, de la demanda se advierte la ausencia de
pretensiones que impliquen el restablecimiento automático de un derecho en favor
del demandante.

Por el contrario, su objetivo es la protección del orden jurídico por medio de un
examen de juridicidad respecto del acto demandado, especialmente, identificando
si la clase de vinculación del demandado es adecuada o no.

La Sala advierte que el control de legalidad del acto en cuestión corresponde al
medio de control de nulidad simple, en los términos del numeral 1.° del artículo 137
del CPACA. Esto no supone que, de oficio, deba declararse la nulidad de lo actuado
por tramitarse según las normas previstas para la nulidad electoral.

Esta circunstancia no fue alegada por las partes y en el trámite de primera instancia
y no se observa una violación al derecho fundamental del debido proceso de
ninguna de estas, toda vez que se agotaron las etapas de contradicción que
ordinariamente habrían correspondido al trámite de la nulidad: contestaron la
demanda, se resolvieron excepciones, aportaron pruebas, recurrieron, entre otros.

Naturaleza jurídica y régimen laboral: reiteración de jurisprudencia

En múltiples providencias13, esta Sección ha concluido que EMCALI EICE ESP es
una empresa de servicios públicos que, con fundamento en el parágrafo del artículo
17 de la Ley 142 de 1994, adoptó la forma Empresa Industrial y Comercial del
Estado −EICE− a partir del 1 de enero de 199714. Por remisión expresa del artículo
41 de la misma Ley, su régimen laboral está previsto en el artículo 5 del Decreto−Ley
3135 de 1968, que dispone:

«Artículo 5. Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que
prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos,
Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin
embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son
trabajadores oficiales.

13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 25 de marzo de 2004. Rad. 76001-

23-31-000-1999-2165-02 (3436-02); CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
26 de junio de 2008. Rad. 76001-23-31-000-2001-03337-01(2926-05); CONSEJO DE ESTADO. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 5 de abril de 2017. Rad. 76001-23-31-000-2010-01313-02(4551-14);
CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 8 de febrero de 2018. Rad. 76001-
23-31-000-2010-01329-02 (2472-15); CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
23 de septiembre de 2019. Rad. 76001-23-31-000-2010-01170-02 (2879-2017); CONSEJO DE ESTADO.
Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 14 de septiembre de 2023. Rad. 76001-23-31-000-2010-00966-
02 (0707-2023).
14 Acuerdo 014 del 31 de diciembre de 1996, Concejo Municipal de Cali.

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En los estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará qué actividades
pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.

Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas
empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.
Subrayado declarado exequible» (énfasis fuera de texto).

La Corporación ha insistido en que la regla general fue que los empleados de
EMCALI tuvieran la calidad de empleados públicos y, excepcionalmente,
trabajadores oficiales; no obstante, luego de la transformación de la naturaleza
jurídica y la remisión normativa citada, esta regla se invirtió, es decir, por regla
general se trata de trabajadores oficiales y, por defecto, empleados públicos.

La situación excepcional estaría determinada por lo previsto de los estatutos de la
entidad, siempre que estos respeten las previsiones legales en la materia. En
cualquier caso, la competencia de los órganos colegiados de administración
−consejos o juntas directivas− se refiere a los cargos de dirección o confianza para
la determinación del carácter de empleado público.

Presunción de legalidad de los actos administrativos

La presunción de legalidad15 es un atributo de los actos administrativos que tiene
reconocimiento doctrinal, jurisprudencial y, especialmente, legal. En este sentido, el
artículo 88 del CPACA prevé:

«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no
podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se
levante dicha medida cautelar».

De todo acto administrativo se presume su validez, la cual solo puede ser puesta en
vilo en atención a una decisión definitiva de autoridad judicial competente. Ni
siquiera el decreto de una medida cautelar como la suspensión provisional del acto
administrativo implica un vicio de validez, pues la medida tan solo supone la
suspensión de sus efectos.

El fundamento constitucional de la presunción de legalidad reside en los artículos
83 y 209 de la Constitución Política de 1991. El primero dispone que, tanto las
actuaciones de los particulares como las de las autoridades públicas, debe ceñirse
al principio de buena fe, que se presume de ambos sujetos. El segundo se refiere a
los principios que rigen la función administrativa y enfatiza en que aquella «[…] está
al servicio de los intereses generales […]».

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha precisado que la teleología de la
presunción de legalidad es garantizar que la Administración pueda responder de
forma inmediata a la satisfacción de las necesidades urgentes de la comunidad,

15 En otros ordenamientos se denomina «presunción de legitimidad», como lo señala Roberto Dromi: «La
presunción de legitimidad es la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía
con el ordenamiento jurídico. Es una resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad estatal. La
legalidad justifica y avala la validez de los actos administrativos; por eso crea la presunción de que son legales,
es decir, se los presume válidos y que respetan las normas que regulan su producción» (DROMI, Roberto. Acto
administrativo. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 2008. p. 117).

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logrando así la garantía de los intereses públicos o sociales sobre los intereses
particulares16.

Pérdida de fuerza ejecutoria

La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos es una institución
prevista en el artículo 91 del CPACA, que reemplazó el artículo 66 del derogado
Código Contencioso Administrativo −CCA−. Según esta disposición, por regla
general, los actos administrativos en firme son obligatorios, salvo que: i) sean
suspendidos por la Jurisdicción; ii) desaparezcan sus fundamentos de hecho o de
derecho; iii) la autoridad no los ejecute en un término de cinco años contados a partir
de su firmeza; iv) se cumpla la condición resolutoria a la que está sometido y v)
pierdan vigencia.

El cese de los efectos de un acto administrativo con ocasión de este fenómeno no
supone declaratoria judicial, pues opera en virtud de la ley, de forma automática y
hacia el futuro.

La pérdida de fuerza ejecutoria comúnmente se ha denominado decaimiento
cuando se configura en virtud de la segunda causal, es decir, cuando desaparecen
los fundamentos de hecho o de derecho que dan lugar al acto administrativo. Este
supone que, cuando se configura el presupuesto normativo, el acto no puede surtir
efectos hacia el futuro. Sin embargo, esto no implica que no pueda realizarse un
examen de legalidad del mismo, pues un asunto es el juicio de validez o nulidad del
acto y otra muy diferente es el examen de ejecutoriedad 17. Sobre este asunto, la
Sección ha resumido:

«[…] implica que a través de esta figura no se discute ni se afecta la validez de la
decisión proferida por una entidad, así como tampoco se busca enmendar
irregularidades modificables en virtud del principio de autotutela, toda vez que tanto
las causales enlistadas en la norma, como la finalidad de la pérdida de ejecutoria
del acto en sí misma, lo que configura en realidad es una excepción a la firmeza y
obligatoriedad de la manifestación estatal definitiva, la cual opera ipso iure y solo
conlleva como efecto, su ineficacia o imposibilidad material de cumplimiento […]»18.

Resolución del caso concreto

Como metodología para resolver los reparos presentados en el recurso, la Sala
sintetizará cada uno de los cargos y se pronunciará al respecto. Se advierte que se
confirmará el fallo de primera instancia por considerar infundados los argumentos.

i) El apelante sostuvo que, si bien el artículo 5° del Decreto 3135 de 1968 otorga
una competencia para que las juntas directivas de las EICE precisen en los
estatutos qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por

16 Así lo ha considerado: «La necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales sobre los intereses

particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción de las necesidades urgentes de la comunidad,
determina que los actos administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades jurídicas y puestos en
conocimiento de los administrados, se presuman legales y tengan fuerza ejecutiva y ejecutoria, es decir, sean
obligatorios para sus destinatarios y pueden ser realizados materialmente aun contra la voluntad de éstos»
(CORTE COSNTITUCIONAL. Sentencia C-197 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell).
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16 de noviembre de 2023. Rad.

66001-23-33-000-2016-00669-01 (2922-2020).
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 10 de marzo de 2022. Rad. 66001-

23-33-000-2016-00669-01 (2922-2020).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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empleados púbicos, el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 19 restringió esta libertad
para las entidades territoriales al definir el concepto de «dirección administrativa».
De allí que ninguna de las funciones asignadas al cargo en la Resolución No. 820
de 2004 corresponde a las fijadas por la ley.

Sobre este tema, la Sala identifica, por los menos, dos afirmaciones carentes de
certeza. La primera se relaciona con la interpretación del artículo 190 de la Ley 136
de 1994. Si bien esta norma se integra al régimen municipal en el Capítulo XII sobre
disposiciones varias, no es admisible asumir que el legislador delimitó allí los
criterios para identificar una actividad de «dirección o confianza», en los términos
del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968.

Así como el artículo 190 plantea de forma enunciativa los funcionarios que ejercen
«dirección administrativa» en el marco del régimen municipal, el artículo 188 define
la autoridad civil, el 189 la autoridad política y el 191 la autoridad militar. En gracia
de discusión, aunque se admitiera que esta disposición restringe el concepto de
«dirección», no agota la noción de «confianza».

La segunda corresponde a negar la existencia de alguna función de «dirección o
confianza» propia del cargo de asesor de gerencia general, toda vez que, como lo
señaló el Tribunal del Valle del Cauca, estas fueron descritas en el artículo 12 de la
Resolución 820 de 2004 −competencias de la gerencia general− y, posteriormente,
en el artículo 19 de la Resolución 800 del 9 de noviembre de 2016, que modificó el
manual de funciones y competencias laborales de la entidad.

Basta con verificar que el propósito principal del cargo es «Asesorar a la Gerencia
General en los procesos de planeación, organización, dirección y control de las actividades
de la empresa para el cumplimiento efectivo de las estrategias de la Empresa»20. Esto
evidencia que sus funciones están estrictamente relacionadas con la asesoría
institucional de los altos cargos de la entidad, lo que supone un alto grado de
confianza.

Se advierte que el reparo objeto de estudio no versa realmente sobre el acto objeto
de control, es decir, el acto de nombramiento −la Resolución 1000000202020 del 9
de enero de 2020−; sino que cuestiona la legalidad de los estatutos internos y el
manual de funciones, los cuales se presumen legales y cuya validez no fue puesta
en entredicho en el presente proceso. En conclusión, no es de recibo el reparo del
apelante.

ii) El demandante propuso que, de una interpretación literal del segundo inciso del
artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, se concluye que la excepción a la regla general
de que las personas que prestan sus servicios en las EICE son trabajadores

19 Artículo 190. Dirección administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la

alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los
jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios
municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos
con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y
suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte
de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las
faltas disciplinarias.
20 Folio 286 de la contestación de EMCALI EICE ESP, 81 de la Resolución No. 800 del 9 de noviembre de 2016.

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oficiales opera siempre y cuando la junta directiva precise en los estatutos de la
entidad cuáles son las actividades de dirección o confianza que deben ser
desempeñados por personas que tengan la calidad de empleados públicos.

De allí que, como el artículo 11 de la Resolución 820 de 2004 solo enuncia la calidad
de empleados públicos de ciertos cargos y no específica las funciones, entonces el
acto administrativo no cumple los presupuestos legales.

Al respecto, la Sala insiste en que el objeto de control en el proceso es la Resolución
1000000202020 del 9 de enero de 2020 y no la Resolución 820 de 2004, que se
presume legal en virtud de la ley. Sin embargo, también en gracia de discusión,
tampoco es admisible sostener que, como el artículo 11 de los estatutos de la
entidad −que determina un listado taxativo de cargos catalogados como
«empleados públicos»− no previó las funciones de dirección y confianza de cada
cargo, entonces este es ilegal.

Si bien es cierto que solo algunas labores de dirección y confianza deben estar a
cargo de empleados públicos, estas pueden estar contenidas en otros acápites de
los estatutos, como el duodécimo de la Resolución 820 de 2004, sobre las
competencias generales por áreas; así como en el manual de funciones y normas
modificatorias, como el artículo 19 de la Resolución 800 de 2016, que dispone con
claridad las funciones específicas del cargo.

Además, mal haría el intérprete al ignorar la clasificación de los empleos prevista en
el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, según el cual:

«Artículo 5. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con
excepción de:
[…]
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes
criterios
[…]
En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:
[…]
f) Los empleos cuyo ejercicio impliquen especial confianza que tengan asignadas
funciones de asesoría institucional, que estén adscritos a las oficinas de los
secretarios de despacho, de los Directores de Departamento Administrativo, de los
gerentes, tanto en los departamentos, distritos especiales, Distrito Capital y distritos
y municipios de categoría especial y primera» (énfasis fuera de texto).

iii) Finalmente, el recurrente planteó que la Resolución 820 de 2004 fue expedida
por un Agente Especial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
designado para EMCALI EICE ESP, en virtud de la toma de posesión que realizó la
Superintendencia. En su criterio, una vez se ordenó el levantamiento de la toma de
posesión, dicha Resolución perdió fuerza ejecutoria en virtud del numeral 2.° del
artículo 91 del CPACA y, en consecuencia, el acto de nombramiento objeto del
control de legalidad debe ser declarado nulo.

La toma de posesión de las empresas de servicios públicos está regulada en los
artículos 58 y siguientes de la Ley 142 de 1994. Esta consiste en la expedición de
un acto administrativo por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
donde asume la posesión de bienes de la empresa con el ánimo de administrar o

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liquidar y, así, superar circunstancias como: la imposibilidad de que se presten los
servicios con la continuidad y calidad debidas, la violación grave de normas o el
incumplimiento de contratos por parte de sus representantes, calamidad o
perturbación del orden público, entre otras causales previstas en el artículo 59
ibidem.

La Sala no comparte el argumento del apelante, toda vez que no evidencia la
pérdida de fuerza ejecutoria de los actos expedidos durante la toma de posesión
por el simple hecho de que esta termine. No tendría sentido permitir que la
Superintendencia ejercite una facultad tan determinante de intervención en el
mercado para garantizar la prestación efectiva de los servicios si, una vez finalizada
esta, los actos administrativos expedidos en su vigencia perdieran ejecutoriedad.

En otras palabras, no es cierto que desaparecieron los fundamentos de derecho
que dieron lugar a la Resolución 820 del 2004 por el levantamiento de la toma de
posesión, de allí que, ni este acto decayó, ni el acto de nombramiento demandado
debe ser declarado nulo. Y es que, aun en gracia de discusión, ante una eventual
pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, este fenómeno estaría
relacionado con los efectos del acto y no con su validez, por lo que no implicaría la
nulidad de la Resolución; igualmente, la competencia para decretar esta
circunstancia es de la administración y no de las autoridades judiciales21.

No se acreditó que el acto administrativo fuera expedido con infracción de las
normas en que debía fundarse, sin competencia, en forma irregular, vulnerando los
derechos de audiencia y defensa, mediante falsa motivación o con desviación de
poder; en consecuencia, no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto y se
confirmará la Sentencia de primera instancia.

Condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la Sentencia proferida el 3 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Segundo. Aceptar la renuncia al poder para representar a EMCALI EICE ESP
presentada por la doctora Carolina Ocampo Franco, portadora de la tarjeta

21 CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Rad. 13001-23-31-000-2004-

01385-01. Este criterio fue reiterado por la Subsección en: CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda.
Subsección A. Sentencia del 24 de agosto de 2023. Rad. 68001-23-31-000-2001-02612-01 (0014-2014).

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00154-02 (4137-2021)

profesional 206.061 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al memorial
visible en el índice 18 de la plataforma SAMAI.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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