Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00669-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00669-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00669-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
10 de marzo de 2022
1
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00669-01 (2922-2020)
Demandante: Julián José Soto Cardona
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00669-01 (2922-2020)
Demandante: JULIÁN JOSÉ SOTO CARDONA
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA
NACIONAL
Temas: Reconocimiento de haberes laborales dejados de
percibir durante período de destitución y posterior
reintegro. Diferencias entre revocatoria directa,
decaimiento y nulidad de actos administrativos.
Validez de las decisiones revocadas e
imposibilidad de retrotraer los efectos causados
durante su lapso de eficacia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-045-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
El señor Julián José Soto Cardona en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folio 22)
1. Declarar la nulidad del Oficio 2015-317983 ANOPA-GRULI-1.10 del 26 de
octubre de 2015, por medio del cual la entidad demandada negó la solicitud
del libelista tendiente a obtener el reconocimiento y pago de los haberes
laborales causados entre el 16 de abril de 2012 cuando fue destituido en
cumplimiento de un fallo disciplinario, y el 9 de septiembre de 2015 cuando
1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Demandante: Julián José Soto Cardona
se ordenó su reintegro a la institución ante la revocatoria de la decisión
primigenia.
2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
pagar de manera indexada y con el reconocimiento de intereses
moratorios, los sueldos y demás conceptos laborales dejados de abonar al
demandante entre el 16 de abril de 2012 y el 9 de septiembre de 2015
cuando había sido retirado del servicio por destitución y posteriormente
reintegrado.
3. Que para todos los efectos salariales y prestacionales se entienda que el
referido período de desvinculación tiene efectos laborales sin solución de
continuidad.
4. Condenar en costas a la parte demandada y que esta de cumplimiento a la
sentencia conforme a las previsiones de los artículos 189 y 192 del CPACA.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 22 a 23)
1. El señor Julián José Soto Cardona ingresó a la Escuela de Cadetes de la
Policía General de Santander en el año 2003, con el fin de obtener la
categoría de oficial de la institución castrense, la cual adquirió en 2006
cuando fue designado como subteniente.
2. La Procuraduría Delegada para la Policía Nacional profirió decisión
sancionatoria el 29 de noviembre de 2011 en desarrollo de un proceso
disciplinario adelantado contra el demandante, conforme a la cual fue
ordenada su destitución de la posición que ocupaba y la inhabilidad general
para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.
3. El Ministerio de Defensa Nacional expidió el Decreto 0612 del 23 de
noviembre de 2012 con el que se dio cumplimiento a la referida decisión
disciplinaria, en el sentido de retirar al libelista del servicio activo de la
Policía Nacional.
4. El demandante formuló solicitud de revocatoria directa del acto
administrativo precitado, la cual fue resuelta por el Procurador General de
la Nación a través de auto del 22 de noviembre de 2013, en el sentido de
dejar sin efectos aquella manifestación inicial, en la medida en que
determinó absolver al señor Soto Cardona de cualquier responsabilidad
disciplinaria.
5. La entidad demandada con el fin de acatar la orden del Ministerio Público,
emitió el Decreto 1716 del 28 de agosto de 2015 mediante el cual se
reintegró al libelista al servicio de la Policía Nacional desde el 9 de
septiembre de 2015.
6. El señor Julián José Soto Cardona radicó reclamación ante la Dirección
General de la Policía Nacional el 17 de septiembre de 2015, ello con el fin
de que le fueran reconocidos y pagados los salarios y prestaciones dejados
de devengar entre el 16 de abril de 2012 y el 9 de septiembre de 2015
cuando estuvo retirado del servicio. A la fecha de su destitución, aquel
detentaba el grado de subteniente y percibía como sueldo básico la suma
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Demandante: Julián José Soto Cardona
de $1.368.001, más los siguientes factores salariales: i) subsidio de
alimentación $46.968 y ii) prima de actividad $451.440
7. La autoridad demandada dio respuesta negativa a esta petición por medio
del Oficio 2015-317983 ANOPA-GRULI-1.10 del 26 de octubre de 2015.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 29 de agosto de 2018.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
No se emitió pronunciamiento al respecto debido a que la entidad demandada
no interpuso este tipo de medios de defensa. (Folio 113 y CD obrante a folio
124 del expediente).
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Se considera por el Despacho que, de acuerdo con la demanda y su
contestación, el litigio se circunscribe al estudio de legalidad del oficio No. 2015-
317983 ANOPA-GRULI-1.10 del 26 de octubre de 2015 suscrito por la Jefatura Área
Nómina del Personal Activo de la Policía Nacional mediante el cual le fue negado al
demandante el reconocimiento y pago de las prestaciones causadas entre el 16 de
abril de 2012 y el 9 de septiembre de 2015 y en consecuencia se ordene el
reconocimiento y pago de derechos salariales y prestacionales, con los respectivos
intereses moratorios y la indexación a que hubiere lugar; o por el contrario, como lo
depreca la entidad demandada, se declare la legalidad del acto administrativo
acusado ya que su expedición obedeció a una causal legal de obligatorio
cumplimiento, con apego al ordenamiento jurídico y en cumplimiento a lo ordenado
por los funcionarios competentes. […]» (Folio 114 y CD que reposa a folio 124 del
plenario).
SENTENCIA APELADA
(Folios 184 a 194)
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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Demandante: Julián José Soto Cardona
El a quo profirió sentencia escrita el 15 de mayo de 2020, por medio de la cual
denegó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:
Inicialmente, el tribunal de primera instancia expuso que mediante fallo
proferido el 29 de noviembre de 2011, la Procuraduría Delegada para la Policía
Nacional sancionó al libelista con destitución e inhabilidad general por el
término de 10 años. Señaló que en virtud de dicha orden, la entidad
demandada profirió el Decreto 612 del 23 de noviembre de 2012, con el que
retiró del servicio activo al subteniente Soto Cardona.
Añadió que, de forma paralela a los hechos relatados, se advierte que el
Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Ibagué
dictó sentencia condenatoria contra el demandante en desarrollo del proceso
penal radicado bajo el n.° 73001-6101-625-2007-00056-00 que se adelantaba
por la comisión de la conducta punible de concusión, de la cual fue declarado
responsable penalmente y condenado a una pena privativa de la libertad
consistente en 8 años de prisión e inhabilidad para ejercer derechos y
funciones públicas por el término de 80 meses.
Indicó que esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Ibagué por medio de la providencia del 28 de marzo de 2011, que
a su vez quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2011 al haber sido
inadmitido el recurso de casación formulado por la parte activa.
Bajo este contexto adujo que es evidente cómo la sanción impuesta en sede
disciplinaria coincidió temporalmente con la determinada por la autoridad
judicial penal, sin embargo la primera fue revocada directamente por el
Procurador General de la Nación, razón por la cual mediante Decreto 1716 del
28 de agosto de 2015 se ordenó el reintegro del libelista a la institución
castrense demandada ante el decaimiento del acto administrativo inicial que
lo había retirado del servicio y que conlleva efectos hacia futuro por la
naturaleza de esta figura de la pérdida de fuerza ejecutoria.
Sobre el punto expuso que la jurisprudencia ha determinado que la
declaratoria de nulidad de un acto administrativo produce efectos ex tunc, es
decir, desde el momento en que se profirió la decisión retirada del
ordenamiento jurídico, por lo cual la situación jurídica que emana de esta, debe
retrotraerse al estado en que se encontraba antes de su expedición.
Con base en lo anterior sostuvo que mientras la anulación de un acto afecta
su validez y por lo tanto sus consecuencias se proyectan hacia el pasado, el
decaimiento se concreta exclusivamente en su ejecutoriedad y en ese sentido
su eficacia se predica a futuro.
Con fundamento en lo esbozado estimó que le asiste razón a la entidad
demandada al afirmar que el decaimiento del acto administrativo que ejecutó
la sanción disciplinaria impuesta contra el señor Soto Cardona, es decir, el que
lo retiró del servicio, no genera per se el reconocimiento y pago de haberes
laborales, pues los efectos generados con dicha manifestación gozan de
validez en la medida en que esta no fue demandada en la presente
oportunidad.
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En todo caso, planteó que al estudiar la pretensión de reconocimiento de
salarios dejados de devengar entre el 16 de abril de 2012 y el 9 de septiembre
de 2015, debe tenerse en cuenta que contra el libelista pesaba una condena
impuesta en la Jurisdicción Ordinaria Penal equivalente a 8 años de prisión e
inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el término de 80
meses, esto por haber sido hallado responsable de la conducta punible de
concusión, lo cual habilitaba a la Policía Nacional mantenerlo retirado del
servicio de acuerdo con el artículo 66 del Decreto 1791 de 2000.
Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia en el sentido de negar los pedimentos de la parte activa.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 197 a 200)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pedimentos. Argumentó que en el Decreto 1716 del 28 de agosto
de 2015, mediante el cual se ordenó reintegrar al señor Soto Cardona al
servicio activo de la Policía Nacional luego de haber resultado absuelto de
responsabilidad disciplinaria, se determinó también que era necesario
reconocer a favor del primero la antigüedad y la ubicación en la misma plaza
que desempeñaba.
Por lo que se entiende que la decisión fue la de retrotraer a su estado inicial la
situación jurídica, la cual implica además el reconocimiento y pago de los
salarios dejados de percibir durante todo el tiempo que permaneció retirado
injustamente del servicio.
Señaló que mediante la Resolución 00596 del 3 de marzo de 2011, la entidad
demandada suspendió al libelista en el ejercicio de funciones a partir del 20 de
febrero de 2011 en razón de la condena impuesta en su contra mediante
sentencia del 1.° de octubre de 2010 proferida en primera instancia por el
Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Ibagué, la cual consistió en la imposición de 8 años de prisión, multa de 56.66
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, e inhabilidad por 80 meses
para el ejercicio de funciones públicas.
Al respecto manifestó que esta decisión judicial adoptada en el año 2011 en la
Jurisdicción Ordinaria Penal, no conllevó el retiro del servicio activo del
demandante a través de ningún acto administrativo, pues solo se
materializaron sus efectos hasta una fecha posterior a la orden de reintegro,
por lo que necesariamente deben pagarse a favor de aquel los haberes
laborales causados entre el 16 de abril de 2012 y el 9 de septiembre de 2015,
toda vez que a lo largo de aquel período no se había previsto la separación
absoluta de la institución por el mentado fallo penal, sino por la providencia de
destitución de índole disciplinaria, la cual finalmente fue revocada por la
Procuraduría General de la Nación.
Recalcó que la entidad demandada adujo que no era procedente el
reconocimiento de los salarios deprecados por el libelista, habida cuenta de
que este fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional por la causal de
separación absoluta a partir del 11 de septiembre de 2015, sin tener en cuenta
que entre el 16 de abril de 2012 y el 9 de septiembre de 2015, aquel había sido
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separado del cargo con motivo de una destitución disciplinaria, y no por la
razón esgrimida por la parte demandada, de manera que se justifica el pago
de los haberes dejados de abonar en ese lapso.
Finalmente, aseveró que no podría fundamentarse la negativa de sus
pretensiones en virtud de la Resolución 04086 del 11 de septiembre de 2015
que separó de manera absoluta al señor Soto Cardona de la institución
castrense, toda vez que ese acto administrativo en ningún aparte previó que
debía dejarse de reconocer los conceptos remunerativos a los que tenía
derecho ante la revocatoria de la decisión de destitución que se estructuró
durante el período en mención.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante (índice 13 del registro en SAMAI): solicitó nuevamente
que se revoque la decisión impugnada. Para el efecto reprodujo en su totalidad
los argumentos esbozados en el recurso de apelación.
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal según la constancia secretarial visible a folio 210 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso únicamente fue formulada por
la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:
¿Se deben reconocer a favor del señor Julián José Soto Cardona los salarios
y prestaciones dejados de pagar entre el 16 de abril de 2012 cuando fue
destituido de la Policía Nacional en cumplimiento de un fallo disciplinario, y el
9 de septiembre de 2015 cuando se ordenó su reintegro a la institución ante
la revocatoria de la decisión primigenia, ello a pesar de que desde el 20 de
febrero de 2011, aquel había sido privado de su libertad como consecuencia
de la condena a la pena principal de prisión e inhabilidad para ejercer
funciones públicas, luego de haber sido hallado responsable del delito de
concusión por parte de la Jurisdicción Ordinaria Penal?
Sobre el punto la Sala sostendrá la siguiente tesis: al demandante no le asiste
el derecho a que le sean reconocidos los haberes laborales que reclama
durante el período en mención, toda vez que si bien se revocó el fallo
disciplinario que había previsto su destitución, lo cierto es que sobre aquel
existía una condena privativa de la libertad impuesta por autoridad judicial
penal, la cual estaba vigente en ese mismo lapso y por lo tanto enervaba la
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eficacia de la decisión administrativa de reintegro, que a su vez impedía el
pago de emolumentos dejados de percibir válida y legalmente en virtud de
decisiones cuyas situaciones consolidadas mientras mantuvieron su vigencia,
no se ven afectadas con la revocatoria o el decaimiento en comento al no
implicar efectos anulatorios ni de restablecimiento retroactivo, tal como se
explica a continuación:
Marco normativo sobre las situaciones administrativas de
desvinculación institucional de los oficiales y suboficiales de la
Policía Nacional
En el entendido de que el señor Julián José Soto Cardona se desempeñó en
la Policía Nacional como subteniente, según hoja de servicios 5823005 del 15
de mayo de 2012 (folio 138), así como del extracto de hoja de vida del 1.° de
noviembre de 2017 (folios 106 a 107), se infiere necesariamente que su rango
corresponde al de un oficial conforme al artículo 5.°, numeral 1.°, literal c),
numeral 3.° del Decreto 1791 de 20003.
Por esa razón y de acuerdo con el canon 1.° ibidem, sería aquella la norma
regulatoria de las condiciones laborales bajo las cuales el libelista se
consideraba activo como miembro de la Fuerza Pública, y que a su vez
determina la forma en la que debía desvincularse de la institución castrense.
Pues bien, en desarrollo de la actividad policial, los oficiales como el
demandante pueden verse sometidos a investigaciones tanto disciplinarias
como penales originadas en conductas típicas sancionables, que en caso de
comprobarse, pueden generar consecuencias como la suspensión de
funciones, el retiro del servicio o la separación de la institución, tal como lo
prevén los artículos 50, 54, 55, 61 y 66 de la norma ejusdem que rezan lo
siguiente:
«[…] ARTÍCULO 50. SUSPENSIÓN. Cuando en contra de un uniformado se
dicte medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, el Director
General de la Policía Nacional dispondrá su suspensión en ejercicio de
funciones y atribuciones. Contra la resolución que disponga la suspensión no
procederá recurso alguno.
Durante el tiempo de la suspensión, percibirá las primas y subsidios y el
cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico correspondiente. Si fuere absuelto
o favorecido con cesación de procedimiento o preclusión de la investigación,
deberá reintegrársele el porcentaje del sueldo básico retenido.
Cuando la sentencia definitiva fuere condenatoria, las sumas retenidas pasarán
a formar parte de los recursos propios de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional.
Cuando el tiempo de la suspensión sea superior al de la condena impuesta, se
devolverá el excedente de los haberes retenidos.
PARAGRAFO. El personal que haya sido suspendido de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1 parágrafos segundos de los Decretos 574 de 1995
y artículo 50 parágrafo 1 del Decreto 132 de 1995, sin derecho a remuneración,
será nominado a partir de la vigencia del presente Decreto y tendrá derecho a
3 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales
y Agentes de la Policía Nacional.».
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percibir las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico
correspondiente. En ningún caso habrá lugar al reintegro de lo dejado de
percibir antes de la vigencia de este Decreto.
[…] ARTÍCULO 54. RETIRO. Es la situación por la cual el personal uniformado,
sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio. […]
ARTÍCULO 55. CAUSALES DE RETIRO. El retiro se produce por las siguientes
causales4: […]
5. Por destitución. […]
ARTÍCULO 61. RETIRO POR DESTITUCIÓN. El personal será destituido de la
Policía Nacional, cuando así lo determine un fallo disciplinario
debidamente ejecutoriado.
Cuando el fallo definitivo de destitución sea suscrito por la respectiva autoridad
nominadora o en quien esta haya delegado, no se requiere de la expedición de
otro acto administrativo para disponer el retiro por esta causal.
[…] ARTÍCULO 66. SEPARACIÓN ABSOLUTA. El personal que sea
condenado por sentencia ejecutoriada a la pena principal de prisión o
arresto, por la Justicia Penal Militar o por la Ordinaria, por delitos dolosos, será
separado en forma absoluta de la Policía Nacional y no podrá volver a
pertenecer a la misma.5 […]». (Negrita fuera de texto).
Como se logra apreciar de los postulados transcritos, en la figura de la
separación absoluta se exige una condena de prisión o arresto impuesta al
procesado por parte de la Jurisdicción Penal Militar u Ordinaria. Asimismo, en
la del retiro del servicio por destitución, se requiere una decisión definitiva de
la autoridad disciplinaria competente que implique la imposibilidad jurídica del
investigado para ejercer el cargo y posición ocupada.
No obstante, lo cierto es que ambos supuestos exigen que el oficial no pueda
continuar activo al servicio de la respectiva institución castrense por una clara
inhabilidad para el efecto, situación que además conlleva la inviabilidad de
reconocer y pagar haberes laborales ante la evidente inexistencia de un
vínculo legal y reglamentario que justifique su causación.
De otra parte, en punto a la aludida suspensión consagrada en el artículo 50
del Decreto 1791 de 2000, destaca la Sala que aquella también se desprende
de una orden impartida en tal sentido por una autoridad competente en
materia penal, la cual, a pesar de diferir del presupuesto anterior al no ser
definitiva, siempre estará condicionada en cuanto a su vigencia a la decisión
de condena o absolución que se adopte en el respectivo proceso, situación
que se puede corroborar por ejemplo con la imposición de una medida de
aseguramiento de detención preventiva.
Con base en lo expuesto hasta este punto, resulta necesario verificar de
acuerdo con el material probatorio, cuál fue la situación administrativa en la
que se encontraba el demandante para el período comprendido entre el 16 de
4 Se aclara que si bien el artículo 111 de la Ley 2179 de 2021 adicionó como nueva causal de retiro la
de separación absoluta, esta no se incluye en esta relación, dado que la norma en comento no se
encontraba vigente para la época de los hechos.
5 Se transcribe la versión anterior de la norma antes de la modificación prevista en el artículo 115 de la
Ley 2179 de 2021 por la misma razón descrita en el pie de página anterior.
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abril de 2012 y el 9 de septiembre de 2015, a fin de dar respuesta al problema
jurídico planteado en esta oportunidad.
Sobre la diferencia en materia de efectos entre la revocatoria, el
decaimiento y la anulación de un acto administrativo
Frente a este punto es adecuado resaltar que el artículo 93 del CPACA,
desarrolla específicamente lo atinente a la revocatoria de los actos
administrativos de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o
por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud
de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra
él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.».
Ahora, en lo relativo a la pérdida de fuerza ejecutoria de las manifestaciones
expresas de la administración, es decir, la ausencia de obligatoriedad de lo
decidido por la autoridad, también denominado decaimiento del acto, la Ley
1437 de 2011 prevé:
«ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y,
por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el
acto.
5. Cuando pierdan vigencia.» (Negrita fuera de texto).
De otra parte, en punto a la posibilidad de anular las decisiones de la
administración con el fin de que el derecho vulnerado de un particular sea
restaurado y de esta forma se pueda garantizar la indemnidad del
ordenamiento jurídico, el artículo 138 del CPACA contempla lo siguiente:
«ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una
norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. […]»
Pues bien, en efecto, entre las tres figuras jurídicas en comento resaltadas
existen sendas diferencias derivadas de sus propias naturalezas y teleologías.
En primer lugar, la revocatoria directa constituye una herramienta de las
autoridades para materializar el principio de la autotutela, el cual hace
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Demandante: Julián José Soto Cardona
referencia a la potestad del Estado para reconocer derechos, imponer
obligaciones o crear y modificar situaciones jurídicas (de manera declarativa)
y al mismo tiempo hacerlas efectivas o materializarlas (de forma ejecutiva o
coactiva).
Ello respecto de los particulares y sin necesidad automática y previa de acudir
a una instancia judicial, sino en pleno ejercicio del poder público que lo reviste,
todo siempre y cuando se garantice el respeto pleno del principio de legalidad
y del debido proceso.
Dicho planteamiento había sido abordado por la presente Subsección 6 en
sentencia del 15 de marzo de 2018 cuando se precisó:
«[….] Es importante precisar que según la naturaleza de las prerrogativas que
se le concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa
o ejecutiva. En el primero de los casos, los actores públicos, en ejercicio de las
facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos a través de los
cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un
derecho y su correlativa obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a
las operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a
hacer efectiva una determinada situación jurídica. […]»
Con esta claridad sobre el tema, debe resaltarse que el mentado precepto
nomoárquico de la autotutela administrativa, visto desde su arista declarativa,
también hace referencia a la facultad de las entidades como la demandada,
para reconocer sus errores y de esta forma modificarlos a fin de evitar la
configuración de una situación ilegal, arbitraria, contraria a derecho o
simplemente que no corresponda a la realidad material del asunto objeto de
decisión.
Esto se verifica en casos como la resolución de los recursos en vía
administrativa (antes vía gubernativa), cuando se accede a las peticiones de
los administrados con base en un nuevo estudio fáctico y jurídico de lo
decretado previamente que es objeto de impugnación, o bien ante la existencia
de figuras como la revocatoria directa.
Este último mecanismo en comento, implica que las instituciones públicas
pueden (e incluso deben), sin que medie un fallo judicial que así lo ordene,
enmendar y adecuar de manera autónoma todas sus decisiones tanto en el
trámite de una actuación como en el acto definitivo que la finalice, ello cuando
se advierta que con aquellas manifestaciones se afecta la base estructural de
la función administrativa que es el principio de legalidad, el debido proceso y
la garantía del equilibrio entre los intereses particulares y generales con
sujeción a la normativa aplicable a cada caso.
No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el legislador previó esta
posibilidad bajo el entendido de que dicha autonomía en el control extra o
prejudicial de los propios actos de la administración, no implica la facultad de
los organismos públicos para declarar la nulidad de sus decisiones con efectos
propios de una sentencia, sino que aquella posibilidad subsanatoria debe
someterse a ciertas reglas como las consagradas en los cánones 93 a 97 del
CPACA, las cuales no derivan en un restablecimiento del derecho conculcado,
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del 15 de marzo de 2018. Radicado: 25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14).
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00669-01 (2922-2020)
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sino en la terminación de los efectos de la decisión.
Por otro lado, el decaimiento de los actos administrativos conforme al
artículo 91 ibidem, implica que a través de esta figura no se discute ni se afecta
la validez de la decisión proferida por una entidad, así como tampoco se busca
enmendar irregularidades modificables en virtud del principio de autotutela,
toda vez que tanto las causales enlistadas en la norma, como la finalidad de
la pérdida de ejecutoria del acto en sí misma, lo que configura en realidad es
una excepción a la firmeza y obligatoriedad de la manifestación estatal
definitiva, la cual opera ipso iure y solo conlleva como efecto, su ineficacia o
imposibilidad material de cumplimiento, por lo que dicha consecuencia solo
puede consolidarse hacia futuro desde el momento de la estructuración del
evento que habilite lo propio.
Acerca del referido concepto, se resalta que esta misma Subsección7 ha
planteado que su alcance y diferenciación con las demás figuras jurídicas bajo
estudio, es el siguiente:
«[…] El decaimiento del acto supone que el acto no podrá surtir efectos hacia
el futuro, desde el momento en que desaparecen sus fundamentos de derecho.
No obstante, ello no impide que pueda adelantarse el estudio de legalidad
respectivo, pues el juicio de nulidad del acto es diferente al de la ejecutoriedad
del acto. […] La pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo ocurre
cuando, después de su expedición, sobreviene la ausencia de obligatoriedad
de ejecución por alguna de las causales allí señaladas, entre ellas, por la
desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho. […] La jurisprudencia
y la doctrina, han desarrollado la institución del «decaimiento del acto
administrativo», haciéndola consistir en una «“extinción” del acto acusado, que
tiene ocurrencia cuando se presentan circunstancias que comportan la
desaparición de los fundamentos jurídicos del respectivo acto administrativo».
[…]
La ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse o
impedirse por tres vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente
suspende provisionalmente o anula el acto administrativo por irregularidades
de tal magnitud que lo invalida. Su fundamento es, claramente, la ilegalidad o
inconstitucionalidad de la medida administrativa, pues nunca puede ser
apoyado en razones de conveniencia. ii) administrativa, mediante la revocatoria
directa de la decisión administrativa. En esta situación, la autoridad que expidió
el acto o su superior jerárquico lo deja sin efectos mediante un acto posterior
plenamente motivado y con base en las tres causales consagradas en el
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dentro de las cuales se
encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o la ley. iii) automática,
cuando se presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo, tal es el caso del decaimiento del acto administrativo o
desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho. […]».
Por último, sobre la nulidad de los actos administrativos, debe tenerse en
cuenta que este mecanismo corresponde a un medio de control
eminentemente judicial, por medio del cual se examina la validez de la
manifestación estatal, desde el punto de vista de los elementos esenciales
para consolidar el principio de legalidad que le es inherente. Dichos supuestos
son los previstos como causales en el artículo 137 del CPACA, relativos a: i)
la competencia de la autoridad que expide la decisión, ii) la sujeción estricta a
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 12 de noviembre de 2020. Radicado: 63001-23-33-000-2014-00244-01 (2991-2016).
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00669-01 (2922-2020)
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las normas que la sustentan, iii) la observancia del procedimiento
administrativo regularmente previsto para proferirla, iv) el respeto por el
derecho al debido proceso en punto a las prerrogativas de audiencia y de
defensa, v) la motivación o justificación fáctica y jurídica de lo resuelto y vi) la
verificación de que lo adoptado por la entidad se circunscriba únicamente a
los fines de la administración y no a arbitrariedades de sus funcionarios.
Como se observa, la anulación de un acto administrativo lleva consigo el
análisis estructural de aquel, es decir, un juicio sobre las bases que le dieron
origen, de manera que el hecho de declarar su nulidad, trae como resultado
el retiro de dicha manifestación expresa del tránsito jurídico, a fin de mantener
incólume el ordenamiento. Ahora, ello a su vez implica asumir que esta nunca
existió y que por lo tanto deben retrotraerse sus efectos al momento previo a
su expedición, en orden de restablecer el derecho afectado por la decisión
mientras estuvo vigente.
Lo anterior se corrobora con el entendimiento que el Consejo de Estado8 le ha
dado a este mecanismo en el siguiente sentido:
«[…] La declaratoria de nulidad del acto administrativo afecta su validez y, por
lo mismo, sus efectos se proyectan hacia el pasado. Así pues, la doctrina ha
señalado de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al
dictarse sentencia anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud
de pronunciamiento jurisdiccional. Además como la extinción se funda en la
invalidez del acto, considerase (sic) que ésta no ha tenido existencia válida y
por tanto los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi)
SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II,
Clásicos Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2005, No. 1068, p. 548 y 549. […]»
Con base en las referidas precisiones respecto de los presupuestos sobre los
cuales gira el presente litigio, deberá examinarse cómo se estructuró la
situación jurídica del demandante y cuál sería la consecuencia frente a sus
pedimentos de reconocimiento y pago de haberes laborales.
Sobre la situación particular del libelista
Al respecto, se torna indispensable traer a colación los medios de convicción
recaudados y practicados que demarcan el contexto factual del presente caso,
los cuales se relacionan a continuación:
Hoja de servicios 5823005 del 15 de mayo de 2012 en la que se indica que el
señor Julián José Soto Cardona estuvo vinculado como subteniente al servicio de
la Policía Nacional por un tiempo acumulado de 6 años, 1 mes y 24 días. Se
precisó igualmente que este fue retirado de la institución desde el 16 de abril de
2012 por la causal de destitución conforme al Decreto 0612 del 23 de marzo de
del mismo año. Los tiempos acreditados fueron los siguientes (folio 45):
«NOVEDAD DISPOSICIÓN F. INICIO F. TÉRMINO
CADETE Y ALFEREZ R 0304 10 Ago 2003 10 Ago 2003 05 Ene 2006
SUSPENSIÓN PENAL R 01746 25 Abr 2008 26 Abr 2008 18 May 2009
SUSPENSIÓN PENAL R 596 03 Mar 2011 20 Feb 2011 16 Abr 2012
OFICIAL R 0002 03 Ene 2006 06 Ene 2006 16 Abr 2012»
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 10 de diciembre de 2015. Radicado: 13001-23-31-000-2001-00817-01 (1723-11).
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Demandante: Julián José Soto Cardona
Extracto de hoja de vida del libelista expedido por el jefe del grupo de talento
humano de la Policía Nacional el 1.° de noviembre de 2017, por medio del cual se
adiciona el referido tiempo de servicio, bajo el entendido de que fungió como oficial
de la entidad desde el 9 al 11 de septiembre de 2015, en virtud de la Resolución
1716 del 28 de agosto de dicha anualidad que ordenó su reintegro. (Folios 106 a
107).
Decreto 0612 del 23 de marzo de 2012 proferido por el Ministerio de Defensa
Nacional, por medio del cual en cumplimiento de un acto disciplinario
sancionatorio contra el demandante, se ordenó su retiro de la Policía Nacional por
la causal de destitución, bajo el entendido de que estaría inhabilitado para ejercer
funciones públicas por el término de 10 años, esto con efectividad desde el 16 de
abril de 2012. Como fundamento de esta decisión se planteó el siguiente:
«[…] Que mediante fallo disciplinario de primera instancia, de fecha 28 de septiembre de
2010, proferido por la Procuradora Regional del Tolima, dentro de la investigación
disciplinaria N° 078-5582-07, resolvió absolver al señor Subteniente JULIÁN JOSÉ SOTO
CARDONA, Identificado con cédula de ciudadanía No. 5.823.005.
Que el Procurador Delegado para la Policía Nacional mediante fallo de fecha 29 de
noviembre de 2011, resuelve revocar la providencia impugnada, mediante la cual la señora
Procuradora Regional del Tolima, absolvió de responsabilidad disciplinaria del cargo
endilgado al señor Subteniente JULIÁN JOSÉ SOTO CARDONA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 5.823.005, declarándolo responsable disciplinariamente y le impone la
sanción de DESTITUCIÓN del cargo e INHABILIDAD GENERAL por el término de diez
(10) años.
Que según constancia suscrita por el secretario de la Procuraduría Regional del Tolima de
fecha 06 de enero de 2012, el fallo de segunda instancia se encuentra debidamente
ejecutoriado. […]». (Folio 139).
Acto administrativo del 22 de noviembre 2013 con radicado SIAF 2012-44636
emanado del procurador general de la Nación, a través del cual resolvió la petición
formulada por el señor Soto Cardona el 9 de febrero de 2012, en el sentido de
acceder a la solicitud de revocar directamente la decisión de segunda instancia
dictada el 29 de noviembre de 2011 por la Procuraduría Delegada para la Policía
Nacional que había declarado responsable disciplinariamente al libelista, esto al
punto de absolverlo y ordenar la cancelación del registro de sanciones, bajo el
argumento de que la decisión del ad quem transgredió el derecho al debido
proceso del disciplinado por la incongruencia advertida entre el auto de cargos y
el respectivo acto sancionatorio. (Folios 153 a 166).
Decreto 1716 del 28 de agosto de 2015 signado por el ministro de defensa,
mediante el cual se ordena el reintegro del señor Soto Cardona al servicio activo
de la Policía Nacional, en el entendido de que se había configurado el decaimiento
del Decreto 0612 del 23 de marzo de 2012, conforme al cual fue retirado de la
institución por la causal de destitución. (Folio 13). Lo propio surtió efectos desde
el 9 de septiembre de 2015 cuando se notificó al demandante del contenido del
acto en mención, según diligencia de comunicación de aquella data (folio 14).
Resolución 4086 del 11 de septiembre de 2015 con la que el director general
de la Policía Nacional separó de forma absoluta del servicio al libelista en
aplicación de lo previsto en el artículo 66 del Decreto Ley 1791 de 2000, el cual
contempla esta consecuencia cuando un oficial sea condenado por la Jurisdicción
Penal Militar u Ordinaria a la pena principal de prisión, tal como ocurrió en el
presente caso bajo las siguientes consideraciones esbozadas en el referido acto
administrativo:
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«[…] Que mediante Resolución No. 01746 del 26 de abril de 2008, notificada
personalmente el 30 de abril del 2008, se suspendió en el ejercicio de funciones y
atribuciones al Subteniente JULIAN JOSE SOTO CARDONA, a partir de esa misma fecha,
teniendo en cuenta que la Fiscalía Cincuenta y Tres (53) Seccional de la Unidad de Delitos
Contra la Administración Publica de Ibagué, mediante resolución del 14 de abril de ese
mismo año, calificó el mérito del sumario ordenando detención domiciliaria en su contra
por el delito de concusión.
Que con la Resolución No. 01525 del 27 de mayo de 2009, notificada personalmente el 4
de junio del 2009, se restableció en el ejercicio de funciones y atribuciones al Subteniente
JULIÁN JOSÉ SOTO CARDONA, a partir del 19 de mayo de 2009, toda vez que el
Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué -
Tolima, en audiencia llevada a cabo en la misma fecha, concedió la libertad provisional
por vencimiento de términos a su favor, por el delito de concusión.
Que mediante Resolución No 00596 del 3 de marzo de 2011, notificada personalmente el
4 de marzo del 2011, se suspendió nuevamente en el ejercicio de funciones y atribuciones
al Subteniente JULIAN JOSÉ SOTO CARDONA, a partir del 20 de febrero de 2011,
teniendo en cuenta que el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Ibagué Tolima, mediante sentencia proferida el 1 de octubre de 2010,
condenó al policial mencionado a la pena principal de ocho (8) años de prisión, multa
equivalente a cincuenta y seis punto sesenta y seis salarios mínimos legales mensuales
vigentes, y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso
de ochenta meses, denegándole el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución
de la pena por el delito de concusión, por lo cual se profirió orden de captura en su contra,
haciéndosele efectiva hasta el 20 de febrero de 2011.
Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué - Sala Penal, mediante providencia
de fecha 28 de marzo de 2011, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el
Subteniente JULIAN JOSÉ SOTO CARDONA, en contra de la sentencia del 1 de octubre
de 2010, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Ibagué - Tolima, confirmando la decisión judicial de primera instancia,
que condenó al policial mencionado por la comisión del delito de concusión.
Que la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, mediante proveído del 21 de
septiembre de 2011, inadmitió el recurso extraordinario de casación presentado por el
Subteniente JULIAN JOSÉ SOTO CARDONA, fecha desde la cual la sentencia quedó
debidamente ejecutoriada.
Que revisado el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano
(SIATH), se obtuvo que el Subteniente JULIÁN JOSÉ SOTO CARDONA salió retirado de
la Policía Nacional mediante Decreto No. 0612 del 23 de marzo del 2012, por destitución,
el cual le fue notificado el 16 de abril del mismo año, en cumplimiento al fallo disciplinario
de segunda instancia de fecha 29 de noviembre de 2011, proferido por el Procurador
Delegado para la Policía Nacional.
Que mediante auto de fecha 22 de noviembre de 2013, el Procurador General de la
Nación, revocó el fallo sancionatorio de segunda instancia adiado el 29 de noviembre del
2011, que impuso la sanción disciplinaria de destitución al señor Subteniente (R) JULIAN
JOSE SOTO CARDONA.
Que a través del Decreto No. 1716 del 28 de agosto del 2015, notificado personalmente el
09 de septiembre del mismo año, se reintegró al servicio activo de la Policía Nacional al
Subteniente (R) JULIAN JOSE SOTO CARDONA, por configurarse el decaimiento del acto
administrativo contenido en el Decreto No. 0612 del 23 de marzo del 2012.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Decreto Ley 1791 de 2000, el
personal que sea condenado por sentencia ejecutoriada a la pena principal de prisión o
arresto, por la Justicia Penal Militar o por la Ordinaria, por delitos dolosos, será separado
en forma absoluta de la Policía Nacional y no podrá volver a pertenecer a la misma, lo que
así se dispondrá para el Subteniente JULIÁN JOSÉ SOTO CARDONA, en virtud de la
sentencia condenatoria proferida en su contra, como penalmente responsable de los
delitos de concusión, quien no podrá volver a pertenecer a la Institución en cumplimiento
de la norma enunciada.
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Que está consagrado en el artículo 50 lbídem, que cuando la sentencia definitiva fuere
condenatoria, las sumas retenidas pasarán a formar parte de los recursos propios de la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en consecuencia, los dineros retenidos
al Subteniente JULIAN JOSÉ SOTO CARDONA, durante los periodos comprendidos entre
el 26 de abril del 2008 al 18 de mayo del 2009, y del 20 de febrero al 20 de septiembre del
2011, se enviarán a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y los dineros
retenidos entre el 21 de septiembre de 2011 al 16 de abril del 2012, se remitirán a la
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
Que el artículo 51 del Decreto Ley 1791 de 2000 establece, que cuando se produzca
sentencia condenatoria, el tiempo de la suspensión no se tendrá en cuenta para ningún
efecto laboral, razón por la cual y en cumplimiento a esta norma, el periodo comprendido
entre el 26 de abril del 2008 al 18 de mayo del 2009, y del 21 de septiembre de 2011 al 16
de abril del 2012, no se le computará al Subteniente JULIAN JOSE SOTO CARDONA,
como tiempo de servicio ni se le tendrá en cuenta para ningún efecto laboral. […]». (Folios
15 a 17).
Constancia de diligencia de comunicación personal de la Resolución 04086 del
11 de septiembre de 2015, por medio de la cual se le notifica al demandante que
a partir de esa misma fecha se hacía efectiva la decisión de separación absoluta
de la institución. (Folio 18).
Petición formulada por el señor Soto Cardona el 17 de septiembre de 2015
ante la Dirección General de la Policía Nacional, en la que solicitó que le fueran
reconocidos los haberes laborales dejados de pagar durante el tiempo que estuvo
retirado de la entidad con motivo de la destitución prevista en el Decreto 0612 del
23 de noviembre de 2012, toda vez que dicha decisión había perdido fuerza
ejecutoria ante la revocatoria del fallo disciplinario en su contra. (Folios 5 a 12).
Oficio 2015-317983 ANOPA-GRULI-1.10 del 26 de octubre de 2015, proferido
por el jefe del área de nómina de la autoridad demandada, en el que se da
respuesta negativa a la reclamación precitada de acuerdo con la siguiente
motivación: «[…] Verificado el Sistema de Información para la Administración del Talento
Humano (SIATH), se constató que presenta destitución mediante Decreto No. 0612 del
23-03-2012 con fecha fiscal 16-04-2012, así mismo registra un reintegro al servicio activo
en cumplimiento al Decreto No.1716 del 28-08-2015, con fecha fiscal 09-09-2015, el cual
no ordena el reconocimiento de haberes; motivo por el cual jurídicamente no se puede
atender en forma favorable su petición. […]». (Folio 44).
Con base en el material probatorio practicado en el sub examine, es posible
afirmar que:
El señor Julián José Soto Cardona efectivamente estuvo vinculado al
servicio de la Policía Nacional inicialmente como cadete y alférez desde
el 10 de agosto de 2003 hasta el 5 de enero de 2006.
Posteriormente, aquel se desempeñó como oficial de la institución en
el grado de subteniente desde el 6 de enero de 2006 hasta el 26 de
abril de 2008, cuando fue suspendido en el ejercicio de sus funciones
según la Resolución 01746 de la misma fecha, ello en cumplimiento de
la orden impartida por la Fiscalía 53 Seccional de la Unidad de Delitos
Contra la Administración Publica de Ibagué, según la cual se impuso
medida de detención preventiva de la libertad contra el demandante en
el proceso penal adelantado por el delito de concusión.
Se observa además que dicha suspensión duró hasta el 19 de mayo
de 2009, toda vez que conforme a la decisión del Juzgado Quinto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, a partir de
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la data en mención le fue concedida la libertad provisional al libelista
por vencimiento de términos.
Ahora bien, igualmente resulta demostrado que de acuerdo con la
Resolución 00596 del 3 de marzo de 2011, de nuevo se suspendió al
señor Julián José Soto Cardona en el ejercicio de funciones y
atribuciones, ello con efectividad desde el 20 de febrero de 2011
cuando se materializó una orden de captura en su contra, emitida por
el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Ibagué, quien mediante sentencia proferida el 1.° de octubre de
2010, condenó al oficial a la pena principal de prisión de 8 años, a una
multa equivalente a 56.66 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el lapso de 80 meses, esto luego de haberlo hallado
responsable de la comisión del delito de concusión por el cual había
sido investigado.
Asimismo, se destaca que según la Resolución 4086 del 11 de
septiembre de 2015, la autoridad judicial en comento le denegó al
demandante el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución
de la pena, por lo que a pesar de haber formulado recurso de apelación
contra el aludido fallo, necesariamente la sanción privativa de la
libertad, así como la inhabilidad para desempeñarse al servicio del
Estado, debían cumplirse desde el preciso momento en que se profirió
la decisión, la cual en todo caso solo se concretó con la captura de
aquel ocurrida el 20 de febrero de 2011, es decir, cuando inició el
segundo período de suspensión.
Es de resaltar en este caso que conforme al material probatorio aludido,
la referida condena penal impuesta contra el libelista (ejecutada desde
la fecha precitada), fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué mediante providencia del 28 de
marzo de 2011.
Finalmente, esta decisión judicial quedó en firme cuando la Corte
Suprema de Justicia a través de auto del 21 de septiembre de 2011
inadmitió el recurso de casación presentado por aquél contra el fallo de
segunda instancia, de suerte que no habría discusión sobre los efectos
que debía producir la sanción penal en materia de separación del cargo
de acuerdo con el artículo 66 del Decreto Ley 1791 de 2000, así como
de la imposibilidad de desempeñar funciones públicas por
configuración de una inhabilidad general.
De otra parte, se logró comprobar que de manera paralela y concomitante al
desarrollo de la investigación y proceso penal adelantado contra el señor Soto
Cardona, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional también había
iniciado una actuación administrativa disciplinaria por los mismos hechos
relacionados con el delito de concusión, la cual si bien en primera instancia
fue absolutoria, en segunda concluyó con un fallo condenatorio consistente en
sanciones de destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer funciones
públicas.
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Demandante: Julián José Soto Cardona
Por lo expuesto, es que en su momento tuvo fundamento la expedición del
Decreto 0612 del 23 de marzo de 2012 proferido por el Ministerio de Defensa
Nacional, por medio del cual en cumplimiento de esta decisión se ordenó el
retiro definitivo del demandante, esto desde el 16 de abril de 2012, es decir,
cuando incluso se encontraba suspendido en el ejercicio del cargo ante la
condena impuesta por la Jurisdicción Ordinaria a partir del 20 de febrero de
2011.
En este contexto es necesario recordar que en el marco de la facultad punitiva
del Estado, tanto en vía administrativa como judicial, debe predicarse la
independencia de cada actuación en virtud de las competencias de las
diferentes autoridades. Bajo este entendido, claramente es posible que en un
proceso penal en el que se juzga la responsabilidad por la comisión de un
delito, se profiera una decisión condenatoria, la cual no debe adoptarse
imperiosamente en el mismo sentido en medio de una actuación disciplinaria
en la que se analizan otros elementos de antijuridicidad y de culpa que no
obedecen a un tipo penal determinado, sino al posible desconocimiento o
extralimitación de funciones bajo el concepto de la infracción de un estándar
de conducta diligente y ajustado a un marco institucional o profesional.
Es por esta razón que en el caso sub iudice se observa que el apelante a pesar
de haber sido condenado penalmente por la Jurisdicción Ordinara luego de ser
hallado responsable del delito de concusión, presentó solicitud de revocatoria
directa ante la Procuraduría General de la Nación el 9 de febrero de 2012, con
el fin de que se revisara el acto disciplinario sancionatorio adverso a sus
intereses, y por lo tanto, este quedara sin efectos.
Pues bien, el mentado ente de control profirió acto administrativo del 22 de
noviembre 2013 con radicado SIAF 2012-44636, a través del cual accedió a
dicha reclamación en el sentido de revocar directamente la decisión
sancionatoria de segunda instancia del 29 de noviembre de 2011, ello no con
un análisis de fondo sobre la estructuración del hecho investigado, sino por un
asunto de procedimiento en desarrollo de la actuación que afectó el derecho
fundamental al debido proceso del señor Soto Cardona. De este modo, se
resalta que las órdenes expresas impartidas fueron las siguientes:
«[…] PRIMERO: REVOCAR DIRECTAMENTE el fallo sancionatorio de segunda
instancia proferido el 29 de noviembre de 2011 por la Procuraduría Delegada para la
Policía Nacional, contra el Subteniente del Departamento de Policía Tolima, y, en su
lugar, ABSOLVERLO de responsabilidad disciplinaria, por las razones consignadas
en la parte motiva de este acto administrativo.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión al interesado y comunicarla a la Procuraduría
Regional del Tolima, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno
por la vía gubernativa.
TERCERO: CANCELAR el registro de la sanción, para lo cual la Procuraduría Auxiliar
en Asuntos Disciplinarios diligenciará el respectivo formulario con destino al grupo
SIRI. […]». (Mayúscula del texto original).
Como se desprende de lo transcrito, la determinación de revocar directamente
la decisión disciplinaria que había hallado responsable al libelista en segunda
instancia, solo contiene como obligaciones la de declararlo absuelto o
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00669-01 (2922-2020)
Demandante: Julián José Soto Cardona
exonerado por la conducta endilgada y por lo tanto cancelar el registro de la
sanción de destitución e inhabilidad que le había sido impuesta.
Es decir, evidentemente el aludido acto administrativo en nada se refirió a una
orden material y explícita de reintegro y de reconocimiento de haberes
laborales dejados de pagar por el tiempo que duró el cumplimiento de la
manifestación revocada.
Ahora, es claro que la entidad demandada en el marco de sus competencias
y ante el conocimiento de la mentada decisión, profirió el Decreto 1716 del 28
de agosto de 2015, mediante el cual reintegró al demandante al servicio activo
de la Policía Nacional desde el 9 de septiembre de 2015, esto con el fin de
acatar lo previsto en el acto administrativo en comento, pues estimó que su
efecto principal fue el de enervar el fundamento jurídico del Decreto 0612 del
23 de marzo de 2012, conforme al cual aquel había sido retirado de la
institución, toda vez que se revocó el fallo disciplinario del 29 de noviembre de
2011 que sustentaba la destitución y la inhabilidad general para desempeñarse
al servicio del Estado.
En efecto, la intelección de la autoridad castrense se acompasa con la noción
de la figura del decaimiento de un acto administrativo, pues la extinción de un
fundamento de hecho o de derecho que había dado paso a la manifestación
expresa de la administración, trae consigo la imposibilidad material de ejecutar
y cumplir lo ordenado en su momento.
Conforme a lo esbozado hasta este punto, la Sala advierte que aun en el
entendido de que el acto de revocatoria directa proferido por el procurador
general de la Nación, no previó taxativamente la orden de reintegro al servicio
público del señor Julián José Soto Cardona, lo propio resultaba inherente al
hecho de que ante la decisión absolutoria de responsabilidad y de cancelación
de las sanciones que le fueron impuestas, había perdido fuerza de ejecutoria
el Decreto 0612 del 23 de marzo de 2012 que lo retiró de la Policía Nacional,
al punto de no poderse continuar con la materialización de sus efectos, lo cual
a su vez conllevaba la reincorporación de aquel desde el momento en que
desapareció la eficacia de dicho acto.
En torno a esta situación, es necesario recordar que lo evidenciado en el sub
examine corresponde a la concreción de las consecuencias intrínsecas a la
naturaleza de las figuras jurídicas de la revocatoria directa y del decaimiento
de las decisiones administrativas, las cuales difieren inexorablemente de las
de una eventual nulidad de aquellas. Sobre el punto se recuerda que en
sentencia del 23 de mayo de 2019, esta misma Subsección9 se refirió a la
mentada divergencia de la siguiente forma:
«En relación con los efectos de la revocatoria directa, el Consejo de Estado ha
explicado que difieren de los de nulidad, pues la primera es ejercida con
fundamento en el poder de auto tutela de la administración que implica la
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del 23 de mayo de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16). Se aclara que si bien
este fallo se profirió en un asunto tramitado en vigencia del Decreto 01 de 1984 (CCA), resulta pertinente
para el presente asunto, pues se toma como referencia jurisprudencial en cuanto a los efectos de la
revocatoria directa que no cambiaron con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00669-01 (2922-2020)
Demandante: Julián José Soto Cardona
exclusión de los efectos del acto, sin que ella tenga el carácter de una
declaración formal de ilegalidad, mientras que en la segunda el juez de lo
contencioso administrativo verifica si se configura alguna de las causales
previstas por el artículo 84 del CCA, pronunciamiento que tiene, como regla
general, efectos ex tunc, esto es, desde el origen mismo del acto. El criterio
expuesto, es coherente con el hecho de que la revocación directa la efectúa la
administración a través de un acto administrativo que se sujeta a las reglas
antes dichas dentro de las cuales se encuentra la relativa a la posibilidad de
causar efectos a partir de su vigencia hacia el futuro o ex nunc, es decir, que
aquella situación no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado
efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pues sigue amparado por la presunción de
legalidad.»
De hecho, en un caso en el que se analizó la decisión de una entidad territorial
de revocar parcialmente un acto de cumplimiento de una providencia judicial
que le había reconocido una suma de dinero a la entonces libelista, en el
sentido de retrotraer la situación creada para poder ordenar el reembolso de
un monto reconocido a aquella supuestamente en exceso, esta Sala10 precisó
lo siguiente:
«[…] De otro lado, sin perjuicio de lo expresado hasta este punto, resulta
imperioso destacar que el hecho de haber señalado con antelación que era
procedente «en principio» el mecanismo de la revocatoria directa para ordenar
un reintegro en lugar de un pago, se fundamenta en que pese a resultar cierto
que pudo configurarse un mayor valor a pagar y un consecuente saldo a favor
de la administración en virtud de la primera liquidación de la condena a
reconocer a la señora Ramírez Ossa, la mentada orden de reintegro de
dineros en cualquier caso tampoco habría sido ajustada a derecho, si se
tiene en cuenta que existe una diferencia contundente entre los efectos
de la revocatoria directa y los de la declaratoria judicial de nulidad de un
acto administrativo […]
En el presente caso se aclara que si bien no reposa prueba relativa al pago de
la suma ordenada en la Resolución 746 del 30 de diciembre de 2014, sí es
posible deducir con claridad que dicho acto fue ejecutado y surtió plenos
efectos materiales en punto a la cancelación efectiva a favor de la demandante
de una suma equivalente a $71.180.658, puesto que así se infiere del sustento
factual de la demanda y de la contestación, así como del solo hecho de que
precisamente el acto cuestionado impone una carga de reintegro de dinero, lo
cual solo es viable cuando la suma en exceso ya ha sido abonada, al igual que
por el decreto de una medida de embargo sobre la remuneración de la libelista
que implicaba un descuento efectivo de sus ingresos para solventar la
obligación de reembolso.
Bajo este contexto se estima que la decisión primigenia que la entidad territorial
pretendía revocar, tuvo una ejecución inmediata que no se prolongó en el
tiempo, por lo que de cualquier modo, así hubiese mediado la expresión de la
aquiescencia de la demandante, la figura referida habría resultado ineficaz
jurídicamente, habida cuenta de que como se adujo en el extracto
jurisprudencial transcrito, ésta solo surte efectos hacia futuro desde la
10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 3 de septiembre de 2020. Radicado: 17001-23-33-000-2017-00100-02 (4103-2018) y
17001-23-33-000-2017-00100-01 (3251-2017).
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expedición de la orden de revocación y de ninguna manera retroactivos
como ocurre con la declaratoria de nulidad, pues la demandada con aquel
mecanismo no puede enervar la presunción de legalidad de su propio
acto, sino tan solo evitar que lo resuelto se materialice, lo cual no es viable
cuando esto ya ocurrió.
En adición a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que una orden de devolución
de dinero implica una especie de restablecimiento del derecho o de retorno a
las condiciones previas a la vigencia del acto a revocar, de manera que la
administración tampoco tendría dicha facultad al ser ésta una potestad
inherente a la competencia del juez administrativo cuando la manifestación de
la entidad es puesta en su conocimiento por medio del respectivo medio de
control. […]». (Negrita intencional).
Con base en lo precisado anteriormente, se torna viable asegurar que tanto la
decisión de revocatoria directa como de decaimiento de un acto administrativo,
únicamente pueden producir efectos ex nunc o desde su expedición en
adelante, toda vez que a través de tales figuras no se afecta en ningún
momento la validez y presunción de legalidad de la manifestación estatal, por
lo que debe entenderse que aquella continúa vigente en el ordenamiento
jurídico y por consiguiente, a pesar de que sus efectos no podrían mantenerse
en el tiempo en razón de la aplicación de los mentados conceptos, lo cierto es
que no resultaría dable discutir en vía administrativa la eficacia que esta tuvo
desde que se notificó y hasta el momento en que fue revocada o perdió fuerza
ejecutoria, dado que para tal propósito, solo podría acudirse a la vía judicial a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En suma, por medio de decisiones derivadas del principio de autotutela como
la revocatoria directa, o bien de facto y pleno derecho como el decaimiento, la
consecuencia jurídica que les es propia corresponde únicamente a la
afectación de la eficacia de los actos administrativos sobre los cuales recaen,
de suerte que solo es viable identificar qué efectos dejan de producirse y
cuáles se generan desde el momento de su materialización y hacia futuro, sin
que pueda ordenarse un restablecimiento de las condiciones anteriores que
produjo la manifestación, pues estas serían válidas e inmodificables por la
propia autoridad al haberse concretado en el pasado en virtud de una
determinación legal que impide su discusión hasta tanto sea puesta en
conocimiento del juez natural de la causa.
De acuerdo con esta línea de intelección, en el asunto de marras se advierte
que ante la revocatoria directa del fallo disciplinario del 29 de noviembre de
2011, que había previsto la destitución e inhabilidad del demandante, los
únicos efectos a futuro que podían concretarse eran absolverlo de
responsabilidad en dicha actuación y eliminar el registro de las sanciones
impuestas, decisiones que tuvieron como resultado colateral la pérdida de
fuerza ejecutoria (más no de validez), del Decreto 0612 del 23 de marzo de
2012 que lo retiró de la entidad demandada, cuyo efecto ex nunc correlativo
únicamente era el reintegro a la institución castrense desde el instante en que
se advirtió la configuración de esta última figura.
No el reconocimiento y pago de los conceptos laborales dejados de percibir
por el libelista a lo largo de la eficacia de este último acto administrativo, pues
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Demandante: Julián José Soto Cardona
tal situación se concretó en el pasado y no sería pasible de una modificación
posterior diferente a la de un eventual restablecimiento del derecho derivado
de la hipotética anulación del mentado decreto en sede judicial.
En todo caso, lo cierto es que en el sub lite se advierte que incluso la orden de
reintegro del señor Soto Cardona al servicio de la Policía Nacional desde el 9
de septiembre de 2015, tampoco podía concretarse o ejecutarse
materialmente, pues sobre aquel existía una pena en firme de prisión y la
inhabilidad general para ejercer funciones públicas desde el 20 de febrero de
2011 (ejecutoriada el 21 de septiembre del mismo año), la cual le impedía tanto
física como jurídicamente retornar a la institución para desempeñarse
nuevamente como oficial.
Ello al punto de que por esa misma razón, la entidad demandada a los pocos
días de haberlo reincorporado, lo separó de manera absoluta y definitiva del
organismo conforme a la Resolución 4086 del 11 de septiembre de 2015 en
aplicación del artículo 66 del Decreto Ley 1791 de 2000, que prevé dicha
consecuencia cuando el servidor haya sido condenado penalmente.
Asimismo, se resalta que de conformidad con el artículo 50 ibidem, cuando se
concrete el evento sancionatorio en mención, las sumas retenidas por
concepto de salario al miembro de la Policía Nacional que hubiese estado
suspendido en el ejercicio de sus funciones por determinación de la autoridad
competente en desarrollo de un proceso penal o disciplinario, pasarán a formar
parte de los recursos propios de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, lo cual se acompasa con el canon 51 de la norma ejusdem, en el
sentido de que bajo tales circunstancias fácticas, el tiempo de la suspensión
no se tendrá en cuenta para ningún efecto laboral.
De este modo, resulta claro para la Subsección que aun en el entendido de
que se demostró en la presente controversia que se produjo una revocatoria
directa de un acto sancionatorio disciplinario contra el libelista, y que al mismo
tiempo como consecuencia de ello perdió fuerza ejecutoria el acto
administrativo que lo había retirado del servicio por la causal de destitución, lo
cierto es que al predicarse la validez de aquellas decisiones por no haberse
discutido judicialmente, el único efecto práctico a futuro que podrían haber
producido las figuras jurídicas en comento, era el reintegro del demandante a
la institución castrense.
Aun así, resulta palmario que esa situación tampoco podía consolidarse, por
cuanto el señor Soto Cardona estaba condenado por la Jurisdicción Ordinaria
a la pena principal de prisión e inhabilidad, la cual igualmente impedía el
reconocimiento y pago de salarios y prestaciones dejados de devengar por el
tiempo que duró su destitución, pues no solo se trataba de una consecuencia
materializada antes del mentado decaimiento, sino que además no podía
proyectarse con posterioridad como un efecto propio de aquel fenómeno,
cuando de haberse retenido alguna suma de dinero, por la condena en
mención tendría que ser trasladada a CASUR, sin tener en cuenta ese tiempo
para efectos prestacionales.
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Demandante: Julián José Soto Cardona
En conclusión: no deben reconocerse a favor del señor Julián José Soto
Cardona los salarios y prestaciones dejados de pagar entre el 16 de abril de
2012 cuando fue destituido de la Policía Nacional en cumplimiento de un acto
disciplinario, y el 9 de septiembre de 2015 cuando se ordenó su reintegro a la
institución por haberse revocado la decisión primigenia, toda vez que si bien
se materializó dicha figura jurídica y al mismo tiempo perdió fuerza ejecutoria
el Decreto 0612 del 23 de marzo de 2012 que había previsto el retiro del
demandante de la institución castrense, lo cierto es que tanto la revocatoria
directa como el decaimiento de los actos administrativos, solo producen
efectos ex nunc al no afectar la validez de estos.
En tal sentido, no es procedente retrotraer la situación consolidada en virtud
de la eficacia que tuvieron tales manifestaciones sin que medie
pronunciamiento judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, al punto
de solo poder adoptarse órdenes a futuro como podría haber sido el reintegro
del libelista al servicio con el consecuente pago salarial, pero solo desde el
instante en que se materializara esa determinación, no para eventos pasados
como lo fue la destitución y sus consecuencias laborales, los cuales aún se
encuentran respaldados por un acto administrativo existente en el
ordenamiento jurídico, que produjo efectos válida y legalmente, y que solo ha
perdido la fuerza de su ejecutoria con la que únicamente se impide su
ejecución en el tiempo posterior.
No obstante, lo cierto es que incluso bajo tal entendido, dicho efecto del
reintegro tampoco se debió concretar en la medida en que sobre el
demandante existía una condena privativa de la libertad e inhabilidad general
para ocupar cargos públicos, impuesta por autoridad judicial penal, la cual
estaba vigente en ese mismo lapso de destitución reclamado. Por lo tanto, era
improcedente reintegrar al señor Soto Cardona a la institución castrense, así
como reconocerle los emolumentos dejados de percibir durante su retiro de la
entidad, no solo por la razón anterior, sino porque la consecuencia directa de
la sanción penal en comento es el no pago de tales conceptos y la
inobservancia de ese tiempo para efectos prestaciones conforme a los
artículos 50 y 51 del Decreto Ley 1791 de 2000.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 15 de mayo
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que denegó las
pretensiones de la demanda, ello habida cuenta de que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por el libelista.
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201611, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
11 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Demandante: Julián José Soto Cardona
a. «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b. Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c. Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d. La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f. La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP12, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g. Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público13.
Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas al demandante, en la medida que a pesar de haber resultado vencido
en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP no es
posible la comprobación de dicha carga, en tanto no hubo intervención de la
parte demandada en segunda instancia, pues no presentó alegatos de
conclusión, tal como se indica en la constancia secretarial visible a folio 210
del plenario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que denegó las pretensiones de la
12 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
13 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00669-01 (2922-2020)
Demandante: Julián José Soto Cardona
demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el señor Julián José Soto Cardona
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Impedido
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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