Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2009-00295-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Validez del acto admiistratrativo: requisitos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2009-00295-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2009-00295-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
23 de mayo de 2019
VALIDEZ DEL ACTO ADMIISTRATRATIVO - Requisitos
La validez del acto puede identificarse como el cumplimiento de los presupuestos que el ordenamiento jurídico le impone. Este concepto es entendible a partir del planteamiento que la doctrina expone en sentido estricto para referirse a la validez jurídica de una norma, esto es, que cumpla con los requisitos de i) haber sido expedida por el órgano competente, ii) de acuerdo con el procedimiento previsto para ello y ii) que no lesione un derecho de rango superior, exigencias que en materia de actos administrativos son objeto de presunción de legalidad, pero que es susceptible de ser desvirtuada a través de los medios de control dispuestos por el legislador para el efecto, ellos son: la acción de nulidad y la de nulidad y restablecimiento del derecho.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 84
EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Definición
En cuanto a la eficacia, es importante señalar que se relaciona con la posibilidad de que los actos administrativos produzcan efectos jurídicos y aquella surge, por regla general, a partir del momento en el que se publica, notifica, comunica o ejecuta, según el caso, es decir, desde que se da cumplimiento al principio de publicidad. Lo anterior, justifica el atributo de ejecutoriedad del acto administrativo que se entiende a partir del contenido del artículo 64 ejusdem (C.C.A)
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 64/
REVOCATORIA DIRECTA – Efectos
En relación con los efectos de la revocatoria directa, el Consejo de Estado ha explicado que difieren de los de nulidad, pues la primera es ejercida con fundamento en el poder de auto tutela de la administración que implica la exclusión de los efectos del acto, sin que ella tenga el carácter de una declaración formal de ilegalidad, mientras que en la segunda el juez de lo contencioso administrativo verifica si se configura alguna de las causales previstas por el artículo 84 del CCA, pronunciamiento que tiene, como regla general, efectos ex tunc, esto es, desde el origen mismo del acto .El criterio expuesto, es coherente con el hecho de que la revocación directa la efectúa la administración a través de un acto administrativo que se sujeta a las reglas antes dichas dentro de las cuales se encuentra la relativa a la posibilidad de causar efectos a partir de su vigencia hacia el futuro o ex nunc, es decir, que aquella situación no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO PARA EL REINTEGRO DE MESADAS PENSIONALES - Procedencia
En el presente caso se pretende la anulación de un acto administrativo que mantiene su presunción de legalidad y la devolución de las mesadas que por virtud de aquel fueron pagadas, pretensiones que son perfectamente compatibles con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
PENSION DE VEJEZ – Requisitos / REVOCATORIA DIRECTA DE PENSIÓN RECONOCIDA IRREGULARMENTE – Prueba/ COTIZACIONES- Carga de la prueba
Para acceder a la prestación por vejez es necesario demostrar 60 años de edad si es varón y 55 si es mujer, y un mínimo de 500 semanas durante los últimos 20 años para acceder a una pensión en cuantía que depende directamente del número de semanas cotizadas(…) no se allegó al expediente algún documento que indique que el señor (… ) cumplió con las semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990, como tampoco obra alguno del cual sea viable constatar los aportes que realmente hubiera llegado a efectuar al ISS o a otro ente de previsión social. Así las cosas, teniendo en cuenta que según el artículo 167 del Código General del Proceso «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», la Subsección considera que la entidad demandante probó que su sistema no registra semanas cotizadas para pensión por parte del señor (…) Dado que como la parte demandante niega haber recibido aportes en cabeza del demandado, es claro que a este último le correspondía la carga de probar lo contrario por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, sin embargo, el señor (…) no compareció para demostrar de cualquier manera que sí es acreedor a la pensión de vejez, a pesar de que ya cesó su pago por virtud de la Resolución 12796 de 2007, es decir que no existe prueba siquiera sumaria de las cotizaciones del demandado ni información de su historia laboral, sin que sea admisible el argumento de que no esté enterado de aquella, puesto que para él resulta evidente que la entidad ha cesado con la cancelación de las mesadas. En consecuencia, se infiere que la pensión de vejez que el ISS le concedió al demandado fue expedida sin que se hubiera acreditado el cumplimiento del requisito mínimo de 1000 semanas cotizadas, por lo que se encuentra demostrada la causal de nulidad de falsa motivación.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 / DECRETO 758 DE 1990 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO- ARTÍCULO 1677/ LEY 797 DE 2003 -ARTÍCULO 19
DEVOLUCIÓN DE MESADAS OENSIONALES / BUENA FE / FRAUDE GLOBAL
Si bien no existe una norma que defina cuándo pueda entenderse desvirtuada la buena fe en las relaciones entre los particulares y la administración, es conveniente señalar que la regla aplicable en materia de procesos judiciales está contenida en el artículo 79 del Código General del Proceso y que aquella resulta útil en el presente asunto, comoquiera que señala comportamientos que permiten presumir que quien acude al proceso lo hace de manera temeraria, a saber: «1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.»…) en la parte considerativa de la mencionada resolución se indica: «Que el 12 de OCTUBRE de 2006, se presentó a reclamar pensión de vejez el (la) señor(a), […] por considerar cumplidos los requisitos legales para acceder a ella […]», proceder que se subsume en la descripción efectuada por el numeral 1 transcrito, esto es, que se hizo la petición con el conocimiento previo de que se alegaban hechos contrarios a la realidad. Ahora, la anterior inferencia no se ve modificada por los hechos ocurridos al interior de la entidad, que llevaron al reconocimiento deprecado, pues aunque hubiera existido complicidad con algún servidor de la institución, ello no exime la voluntad fraudulenta del demandado al solicitar una prestación a la que sabía no tenía derecho, partiendo del supuesto falaz de que había efectuado cotizaciones al ISS, cuando el sistema de la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados, certificó lo contrario. En relación con la posible participación de funcionarios de la entidad en reconocimientos pensionales ilegales en el Instituto de Seguros Sociales, la página web de la Fiscalía General de la Nación, mediante boletín 17783 del 13 de enero de 2017, puso en conocimiento de la opinión pública la sentencia proferida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Cali en la que condenó a funcionarios del ISS, un abogado y 7 personas más, por fraude procesal y peculado por apropiación, en hechos ocurridos desde febrero de 2007, es decir, que es de público conocimiento que existieron más casos de reconocimientos ilegales como el del señor (…) .Lo expuesto, encuentra similitud con lo definido por la jurisprudencia como «fraude global», concepto abordado en casos en los que entidades de seguridad social han efectuado reconocimientos pensionales sin el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos a varias personas con base en títulos fraudulentos,
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA -ARTÍCULO 83 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 79
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16)
Actor: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS HOY ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES
Demandado: LUIS ALBERTO VALENCIA RODRÍGUEZ
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Temas: Pensión de vejez, reintegro de mesadas – Decreto 01 de 1984
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Sentencia SE. 022
ASUNTO
La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El Instituto de Seguros Sociales, ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó la nulidad de su propio acto administrativo.
Pretensiones
Declarar la nulidad de la Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006 proferida por el Instituto de los Seguros Sociales, por medio de la cual se reconoció pensión de vejez al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene al demandado, o a sus eventuales beneficiarios sobrevivientes, el reembolso del retroactivo cancelado, las mesadas ordinarias y adicionales y las demás prestaciones recibidas con ocasión de la pensión de vejez que le fue indebidamente reconocida.
Ordenar la actualización de la condena de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, y el pago de los intereses moratorios sobre el capital adeudado desde el día en que recibió la mesada pensional y hasta que se verifique el pago.
Igualmente solicitó que se condene al pago de los intereses moratorios del capital adeudado desde el día siguiente al del recibo de cada mesada pensional hasta que se verifique el pago del valor total.
FUNDAMENTOS FÁCTICOS
En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:
Mediante Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006, el jefe del departamento de atención al pensionado del centro de decisión de la Seccional Valle del Cauca del ISS, reconoció una pensión de vejez al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez a partir del 12 de octubre de 2002, con base en 1248 semanas cotizadas y una tasa de reemplazo del 87%.
Más adelante, la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados de la Vicepresidencia de Pensiones del ISS realizó auditoria selectiva de expedientes administrativos a través de los cuales se reconocieron prestaciones económicas, y encontró que en el del señor Luis Alberto Valencia Rodríguez obraba una historia laboral que no había sido generada por el sistema oficial del ISS, que es el que contiene la información válida de los aportes realmente efectuados por los afiliados al ente de seguridad social.
Por lo anterior, al comparar la historia laboral que sirvió de base para el reconocimiento de la prestación del señor Luis Alberto Valencia Rodriguez con la expedida por la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados del ISS, la demandante encontró que aquel no tenía semanas cotizadas a dicha entidad, lo cual implica que la pensión de vejez se reconoció de manera ilegal.
En esas condiciones, la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionado de la Vicepresidencia de Pensiones del ISS, ordenó la suspensión del pago de la prestación reconocida y mediante Resolución 15491 del 7 de septiembre de 2007 abrió investigación administrativa con el fin de verificar las irregularidades antes anotadas.
A través del auto 3673 del 11 de septiembre de 2007 la entidad requirió al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez con el fin de que declarara sobre las inconsistencias halladas en su historia laboral y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer dentro de la investigación.
Por medio de la Resolución 12796 del 3 de octubre de 2007, el ISS revocó el contenido de la Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006 que reconoció la pensión de vejez al accionado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 48 de la Constitución Política; 12 literal b) del Decreto 758 de 1990 y 33 numeral 2 de la Ley 100 de 1993.
Como concepto de violación de la normativa invocada la demandante indicó que el acto acusado incurre en el vicio de desconocimiento de las normas en que debía fundarse, pues el reconocimiento de la pensión de vejez al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez se efectuó sin el cumplimiento del requisito de las semanas cotizadas al ISS y las 517 que sirvieron de base para la concesión de la prestación, no fueron realmente objeto de aportes al Sistema General de Pensiones.
En virtud de lo anterior y en aras de salvaguardar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, manifestó que, con fundamento en lo previsto por el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, procedió a revocar directamente el acto administrativo que había reconocido la prestación al señor Valencia Rodríguez, para impedir que se siguiera generado un detrimento al fondo común de naturaleza pública.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL
En la demanda, la parte demandante solicitó la suspensión provisional de la decisión acusada al estimar que viola de manera directa y ostensible el ordenamiento constitucional y legal, tal y como puede constatarse con las pruebas allegadas al plenario, pues el señor Luis Alberto Valencia Rodríguez no contaba con los requisitos para acceder a la pensión que le fue reconocida.
Mediante providencia del 24 de febrero de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y negó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado, al considerar que no se evidenció la violación alegada (ff. 89-91).
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El señor Luis Alberto Valencia Rodríguez intervino en esta oportunidad a través de curador ad litem, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda para lo cual expuso que se atiene exclusivamente a lo que resulte probado.
En cuanto a los hechos, señaló que nunca se le notificó al demandado del requerimiento efectuado con el fin de que declarara sobre las inconsistencias halladas en su historia laboral y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer dentro de la investigación pues no hay prueba del emplazamiento o de que se hubiera comunicado.
Finalmente, propuso como excepción la prescripción de la acción, la cual sustentó en que «el estudio y Resolución de Negación de la Pensión» se realizó fuera del término previsto por el Código de Procedimiento Laboral. En ese orden, la Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006 que reconoció el derecho controvertido ya se encontraba en firme y no hay razón jurídica «ni humana» para retirarle la prestación, máxime cuando ni siquiera se le ha notificado ni emplazado.
Agregó que debe tenerse presente que el derecho a la pensión de jubilación tiene el carácter de inalienable que se encuentra consagrado en el ordenamiento constitucional como fundamental, por ello no es de recibo privar de aquel a un ciudadano que dedicó su vida al servicio del Estado.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA
El apoderado de Colpensiones presentó alegatos de conclusión y señaló que la entidad incurrió en un error al reconocer una prestación con base en una historia laboral falsa, así mismo advirtió que el ISS inició todas las acciones legales con el fin de contrarrestar el fraude ocurrido.
De igual modo, manifestó que se presentaron varios casos como el sub examine, en los cuales se reconocieron pensiones con los mismos fundamentos fácticos de este proceso, los cuales dieron lugar a las respectivas investigaciones administrativas y acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación y que han sido objeto de difusión por los diferentes medios de comunicación.
Seguidamente, indicó que en el plenario obra prueba suficiente que permite concluir que la pensión del señor Luis Alberto Valencia Rodríguez fue un error causado por la expedición de una historia laboral falsa.
La parte demandada no presentó alegatos de conclusión ni el Ministerio Público rindió concepto, tal y como se verificó con el informe que obra en el folio 145 del expediente.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 27 de noviembre de 2015, denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, consideró que no se encuentra probada la excepción de prescripción de la acción, para lo cual hizo la diferencia entre la caducidad y la prescripción, y precisó que la primera se refiere a la acción, es decir, al término señalado por la ley para acudir ante la jurisdicción, y la segunda a la pretensión, esto es, a lo necesario para adquirir o extinguir un derecho que se pretende. Con fundamento en ello, sostuvo que, en el sub examine, no se configuró la caducidad pues tratándose de prestaciones periódicas es viable demandar en cualquier tiempo y tampoco se presentó la prescripción de los derechos laborales, habida cuenta de que no se reclamó el pago de mesadas.
En segundo lugar, puso de presente que se discute la nulidad de un acto administrativo que fue revocado directamente por la administración, para señalar que acogió la tesis jurisprudencial que admite la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando los perjuicios se originan en un acto ilegal que fue revocado, pues esta posición privilegia el derecho de acceso a la administración de justicia al permitir que se emita una decisión de fondo.
Seguidamente, encontró que los documentos aportados al plenario acreditan que el reconocimiento de la pensión del señor Luis Alberto Valencia Rodríguez se dio de forma irregular, toda vez que no cumplió con los requisitos que impone el Decreto 758 de 1990, concretamente, en lo relacionado con las semanas cotizadas, de manera que era procedente que el ISS revocara el acto, sin el consentimiento del titular del derecho, en los términos del artículo 19 de la Ley 797 de 2003. No obstante, concluyó que no era posible declarar la nulidad de un acto que se encuentra excluido del ordenamiento jurídico y ya no produce efectos.
En lo relativo al restablecimiento del derecho deprecado, indicó que no hay lugar a la orden de devolución de las sumas pagadas por concepto de pensión de vejez ilegalmente reconocida, puesto que, en su criterio, no se encuentra desvirtuada la presunción de buena fe. Para ello, razonó que a pesar de la existencia de la noticia criminal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del demandado, lo cierto es que no obra prueba que acredite que la ilegalidad del acto acusado proviene exclusivamente del pensionado y no de otras circunstancias ajenas a él.
Adicionalmente, expuso que aunque el pensionado hubiera acudido al proceso a través de curador ad litem, quien no controvirtió lo manifestado por el ISS, ello no desvirtúa la presunción de buena fe.
RECURSO DE APELACIÓN
Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES (ff. 177-178).
El apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, que fundamentó en lo siguiente:
Insistió en que la entidad demandó su propio acto toda vez que el reconocimiento pensional se realizó con base en una historia laboral que no fue emitida por el sistema del ISS, situación que fue objeto de denuncia que, según afirmó, cursa contra el señor Valencia Rodríguez en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali.
De igual manera, expresó que el ISS inició las acciones legales pertinentes con el fin de «contrarrestar dicho fraude», el cual también se presentó en un número importante de personas a quienes se les reconoció la prestación en las mismas condiciones del señor Luis Alberto Valencia Rodríguez.
Asimismo, sobre la carga de la prueba, expuso que en el proceso obra material probatorio suficiente para concluir que el reconocimiento de la pensión en discusión fue producto de la expedición de una historia laboral falsa, además, indicó que los hechos que gocen de notoriedad están exentos de prueba, tal y como lo admitió el a quo al citar la sentencia del Consejo de Estado. Sobre este aspecto, anotó que los medios de comunicación dieron a conocer la historia de cómo funcionarios y abogados de las diferentes seccionales del ISS se confabularon para otorgar pensiones con base en documentos falsos.
Más adelante, insistió en que el señor Luis Alberto Valencia Rodríguez nunca cotizó al sistema y que no es lógico pretender que se conceda la prestación con los aportes que aquel había realizado, razón por la cual pidió que se acceda a las pretensiones de la demanda y se condene al demandado al pago de las mesadas que recibió.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes no presentaron alegatos de conclusión en esta instancia, tal y como se verificó en el informe secretarial que obra en el folio 217 del expediente.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado consideró necesario que se dicte un auto para mejor proveer en el que se ordene oficiar a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se informe en qué culminó la indagación por el reconocimiento de la pensión que se hizo al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez sin contar con las semanas cotizadas que exige la ley, así como de la noticia criminal que dio la Seccional Valle del ISS, en relación con la pérdida, sustracción y ocultamiento del expediente pensional de la misma persona, entre otros.
CONSIDERACIONES
Problemas jurídicos
Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia, se resumen en las siguientes preguntas:
¿La Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006 por medio de la cual el ISS reconoció una pensión de vejez al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez es susceptible de control de legalidad a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho?
De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante se deberá absolver si:
¿La Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006, proferida por el ISS, le reconoció la pensión de vejez al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez sin el cumplimiento de los requisitos legales?
De ser así,
¿Hay lugar a la devolución de los dineros pagados al demandado en razón del reconocimiento prestacional ordenado por el ISS?
Primer problema jurídico
¿La Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006 por medio de la cual el ISS reconoció una pensión de vejez al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez es susceptible de control de legalidad a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho?
En la sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sostuvo que resulta improcedente el estudio de un acto administrativo que se encuentra por fuera del ordenamiento jurídico por haber cesado sus efectos, afirmación respecto de la cual esta Subsección considera que es necesario hacer las siguientes precisiones:
Efectos en el tiempo de la revocación directa de los actos administrativos distintos a los de la declaratoria de nulidad.
Para abordar esta temática, conviene tener presente la diferencia que existe entre la eficacia y la validez de los actos administrativos.
La validez del acto puede identificarse como el cumplimiento de los presupuestos que el ordenamiento jurídico le impone. Este concepto es entendible a partir del planteamiento que la doctrina expone en sentido estricto para referirse a la validez jurídica de una norma, esto es, que cumpla con los requisitos de i) haber sido expedida por el órgano competente, ii) de acuerdo con el procedimiento previsto para ello y ii) que no lesione un derecho de rango superior, exigencias que en materia de actos administrativos son objeto de presunción de legalidad, pero que es susceptible de ser desvirtuada a través de los medios de control dispuestos por el legislador para el efecto, ellos son: la acción de nulidad y la de nulidad y restablecimiento del derecho.
En línea con lo anterior, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo define las causales para la anulación de los actos administrativos, al disponer que aquella procede cuando aquellos infrinjan las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario que los profirió.
Ahora bien, en cuanto a la eficacia, es importante señalar que se relaciona con la posibilidad de que los actos administrativos produzcan efectos jurídicos y aquella surge, por regla general, a partir del momento en el que se publica, notifica, comunica o ejecuta, según el caso, es decir, desde que se da cumplimiento al principio de publicidad. Lo anterior, justifica el atributo de ejecutoriedad del acto administrativo que se entiende a partir del contenido del artículo 64 ejusdem norma que prevé: «los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados.»
La fuerza ejecutoria se pierde por las causales descritas en la ley, que para el caso, son las enlistadas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo:
«ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:
1. Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan su vigencia.»
La norma en mención prescribe que los actos administrativos son obligatorios siempre que mantengan su presunción de legalidad porque no se hubieren anulado, punto que es relativo a la validez, y que además que conserven su fuerza ejecutoria, es decir, aquellos respecto de los cuales no haya operado alguna de las situaciones allí enlistadas. Se puede evidenciar pues, que la pérdida de fuerza ejecutoria del acto no afecta su presunción de legalidad.
Adicionalmente, el artículo 66 en mención fue objeto de análisis por la Corte Constitucional y particularmente, respecto de las causales que se acaban de señalar, precisó, por una parte, que un acto administrativo decae cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento desaparecen. Así, cuando se declara la inexequibilidad o la nulidad de la norma en la cual se funda el acto administrativo este pierde fuerza ejecutoria, pues ello hace que no pueda seguir produciendo efectos hacia el futuro, en razón a que desapareció su fundamento legal o su objeto.
Por otra parte, en lo atinente a la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos «cuando pierdan su vigencia» por razón de su derogatoria, destacó que si la norma ha dejado de regir por haber sido sustraída del ordenamiento jurídico, la consecuencia es que deja de ser aplicable por la administración y, por consiguiente, pierde el carácter obligatorio para los asociados, efecto que se predica igualmente de la revocación directa como se explicará más adelante.
Respecto de esta última, conviene señalar que dicha figura opera en los casos enlistados por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, estos son:
«- Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
• Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
• Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.»
Lo anterior, en concordancia con el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 consagrada particularmente para los reconocimientos de pensiones irregularmente reconocidas, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 19. REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE. Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes.»
En relación con los efectos de la revocatoria directa, el Consejo de Estado ha explicado que difieren de los de nulidad, pues la primera es ejercida con fundamento en el poder de auto tutela de la administración que implica la exclusión de los efectos del acto, sin que ella tenga el carácter de una declaración formal de ilegalidad, mientras que en la segunda el juez de lo contencioso administrativo verifica si se configura alguna de las causales previstas por el artículo 84 del CCA, pronunciamiento que tiene, como regla general, efectos ex tunc, esto es, desde el origen mismo del acto.
El criterio expuesto, es coherente con el hecho de que la revocación directa la efectúa la administración a través de un acto administrativo que se sujeta a las reglas antes dichas dentro de las cuales se encuentra la relativa a la posibilidad de causar efectos a partir de su vigencia hacia el futuro o ex nunc, es decir, que aquella situación no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad, y así «[…] su enjuiciamiento debe efectuarse con base en los fundamentos de hecho y de derecho existentes en el momento de su expedición; máxime si se considera que sólo el fallo de nulidad, al producir efectos ex tunc, desvirtúa la presunción de legalidad que los acompañó mientras produjeron efectos[…]».
Del medio de control procedente para obtener el reintegro de mesadas en el caso concreto
En el asunto en estudio, el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle, expidió la Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006, por medio de la cual concedió una pensión de vejez al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez. En dicho acto la entidad ordenó su inclusión en nómina a partir del mes de enero de 2007 para que los pagos fueran efectuados a partir del 1.º de febrero de dicha anualidad, así como los valores causados de manera retroactiva desde el 12 de octubre de 2002, en cuantía de $65.781.397 (ff. 5 y 6), decisión que fue revocada por la Resolución 12796 de 2007, por encontrar acreditado que el beneficiario de la prestación no cumplió con el requisito legal de semanas cotizadas.
Frente al medio de control procedente para reclamar los perjuicios causados por el acto ilegal que la administración revocó directamente, la sentencia apelada expuso que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha formulado dos tesis, la primera, sostiene que la pretensión debe formularse a través de la acción de reparación directa, y, la segunda, defiende la procedencia de la nulidad y restablecimiento del derecho.
Visto lo anterior, el a quo acogió la segunda tesis porque, en su criterio, es la que privilegia el derecho de acceso a la administración de justicia al permitir que se emita un pronunciamiento de fondo, además de que para ese momento no existía una posición pacífica frente al tema, afirmación respecto de la cual es pertinente aclarar que si bien se comparte la conclusión, el razonamiento para ella es distinto.
En efecto, para la Subsección en el sub examine es procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por lo siguiente:
Previamente se definió que es viable el control de legalidad de un acto que ha sido revocado directamente, en consideración a los efectos que pudo causar durante su vigencia, los cuales resultan claros en el presente caso pues se generó el pago de mesadas pensionales correspondientes al período comprendido entre el 12 de octubre de 2002, fecha a partir de la cual se ordenó el pago del retroactivo pensional, y el mes de abril de 2007, según lo informó la entidad en el folio 60.
La administración tiene la posibilidad de demandar sus propios actos administrativos. Es así como el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, al referirse a los plazos para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento indica del :«La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados. […]».
Por su parte, el parágrafo primero del artículo 149 ejusdem que decreta que las entidades públicas pueden obrar como demandantes o demandadas, además de que «podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan».
De los contenidos normativos en comento se deriva la posibilidad de que la administración demande sus propios actos administrativos y formule la pretensión de restablecimiento del derecho, a través de la que ha sido doctrinal y jurisprudencialmente acción de lesividad.
Sobre la posibilidad de incoar la acción de reparación directa en el caso particular, debe advertirse que dicho medio de control fue concebido por el Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: «La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.».
Sin embargo, en el presente caso se pretende la anulación de un acto administrativo que mantiene su presunción de legalidad y la devolución de las mesadas que por virtud de aquel fueron pagadas, pretensiones que son perfectamente compatibles con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Conclusión: La Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006 sí puede ser demandada a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida por la administración.
Segundo problema jurídico
¿La Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006, proferida por el ISS, le reconoció la pensión de vejez al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez sin el cumplimiento de los requisitos legales?
La pensión de jubilación o vejez como componente del derecho a la seguridad social, limitaciones
El artículo 48 de la Constitución Política consagra la seguridad social como un derecho irrenunciable y como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos en que lo establezca la ley.
Más adelante, dicho artículo fue adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual prevé que para acceder al derecho pensional, es imperativo el cumplimiento de los requisitos legales, en los siguientes términos:
«Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones.»
De conformidad con la norma constitucional, la Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, con instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las demás que se llegaren a incorporar normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar, y les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana.
En ese orden, uno de los componentes del derecho a la seguridad social es aquella prestación que tiene la finalidad de amparar la contingencia de la vejez, de manera que se le permita al afiliado mantener las condiciones necesarias para su subsistencia y de esta manera:
«garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar al retiro, sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, cumplido ya el deber social en qué consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita la vejez».
Lo expuesto permite concluir que si bien la pensión de jubilación o vejez es componente del derecho fundamental a la seguridad social, este último tiene limitaciones o restricciones directamente constitucionales que están dadas por el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual define que para adquirir el derecho a la pensión se deben cumplir con los requisitos de edad, tiempo de servicio, semanas cotización o el capital necesario. Además, cuenta con restricciones indirectamente constitucionales definidas por las condiciones que imponga la ley según la competencia de la misma Carta le confirió.
Requisitos del Decreto 758 de 1990
Es importante señalar que la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitirá, regirse por las normas aplicables en el régimen anterior al que se encontraban afiliados, en cuanto a la edad, tiempo de servicios o número de semas cotizadas y monto de la prestación. La norma es del siguiente tenor literal:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]»
Así las cosas, el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 que regulaba a los afiliados al Instituto de Seguros Sociales era el Decreto 758 del 11 de abril de 1990 «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios», el cual indica que para acceder a la pensión por vejez será necesario que el afiliado acredite las siguientes exigencias:
«Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.»
De lo anterior, se observa que para acceder a la prestación por vejez es necesario demostrar 60 años de edad si es varón y 55 si es mujer, y un mínimo de 500 semanas durante los últimos 20 años para acceder a una pensión en cuantía que depende directamente del número de semanas cotizadas.
Cotizaciones del señor Luis Alberto Valencia Rodríguez para pensión de jubilación o vejez
Previamente se señaló que el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle, expidió la Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006, por medio de la cual concedió una pensión de vejez al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez. Para adoptar dicha decisión se sustentó en lo siguiente:
«Que en el caso concreto del peticionario, se cumplen las condiciones anteriormente indicadas para ser beneficiario del régimen de transición y cumple los requisitos de edad y semanas exigidos para adquirir el pretendido derecho, pues el asegurado (a) nació el 24 de marzo de 1942, según consta en el Registro Civil de Nacimiento obrante en el expediente y revisado el certificado de semanas cotizadas se establece que el (la) asegurado (a) acredita un total de 1.248 semanas, razón por la cual se concluye que es procedente acceder a su reconocimiento». (f. 5)
En relación con la información relativa a la historia laboral del señor Luis Alberto Valencia, se observa que el 13 de marzo de 2007 la jefe del departamento de historia laboral y nómina de pensionados del ISS le informó al gerente nacional de dicha entidad sobre los hallazgos de inconsistencias en algunos expedientes pensionales, entre ellos, el del demandado cuyos documentos se habían extraviado y el 17 de abril de 2007, la misma funcionaria presentó denuncia por la pérdida de los expedientes que fueron solicitados físicamente para investigar las irregularidades en el proceso de reconocimiento de dichas pensiones ante la Fiscalía General de la Nación (ff. 40-46).
En el «ACTA DE RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES» que reposa en los folios 32 a 35, se dejó constancia del extravío del expediente del Luis Alberto Valencia Rodríguez, entre otros, por lo cual se procedió a reconstruir los respectivos expedientes con la copia de la resolución de reconocimiento, la historia laboral que general el aplicativo de historia laboral y la fotocopia de la denuncia de pérdida instaurada ante la Fiscalía General de la Nación.
Por medio de la Resolución 15491 del 7 de septiembre de 2007 el jefe del Departamento de Atención al Pensionado ISS – Seccional Valle dispuso la apertura de una investigación administrativa respecto de las pensiones afectadas por las irregularidades anotadas, en cumplimiento de lo cual se requirió al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez, a través de auto de pruebas 3673 del 11 de los mismos mes y año, sin que aquel se presentara según lo manifestado en el auto de cierre de pruebas 3895 del 28 de septiembre de 2001.
En el folio 31 obra certificación suscrita por el gerente nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados Seguro Social, de fecha 13 de septiembre de 2007, en el que informa: «Que revisada la información de la base de datos de la historia laboral de los afiliados al Instituto de los Seguros Sociales, no se ha encontrado ninguna cotización de aportes a los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte del señor(a) VALENCIA LUIS ALBERTO identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 6.087.485».
Más adelante, el ISS profirió la Resolución 12796 del 3 de octubre de 2007 por medio de la cual revocó el reconocimiento efectuado por la Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006, en aplicación de los artículos 19 de la Ley 797 de 2003 y 73 del CCA, por considerar que la pensión de jubilación del señor Luis Alberto Valencia Rodríguez se efectuó sin el cumplimiento del requisito de cotizaciones, pues de acuerdo con la historia laboral generada por la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados de la entidad, aquel no tenía semanas válidamente aportadas con el ISS.
Por Resolución 12796 de 2007 el jefe del Departamento de Atención al Pensionado del ISS Seccional Valle del Cauca revocó la Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006, habida cuenta de que esta fue expedida sin que previamente se hubieran acreditado en debida forma el cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez al demandado.
Valoración de la Subsección
En el presente asunto, la entidad demandante no controvierte el cumplimiento de requisito de la edad sino el relativo a las 1000 semanas de cotización que exige el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.
De los documentos aportados al plenario se evidencia que la entidad demandante no cuenta con el expediente prestacional que contenga la información laboral del señor Luis Alberto Valencia Rodríguez. Igualmente, del contenido de la Resolución 15491 del 7 de septiembre de 2007 y del auto 3673 del 11 de los mismo mes y año, se observa que el reconocimiento de la prestación que se controvierte se efectuó con base en una historia laboral que no fue generada por el sistema oficial del ISS, hoy Colpensiones, en donde reposa la información válida de los aportes realmente efectuados por los afiliados.
En relación con este punto, la certificación de fecha 13 de septiembre de 2007, expedida por el gerente nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados Seguro Social, da cuenta de la inexistencia de las cotizaciones efectuadas al ISS por parte de Luis Alberto Valencia Rodríguez.
Adicionalmente, está probado que cuando se detectaron irregularidades en el reconocimiento de la pensión del demandado, y que una vez se requirió el envío del expediente prestacional del demandado, se advirtió su pérdida lo cual conllevó a la entidad a instaurar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
En esas condiciones, no se allegó al expediente algún documento que indique que el señor Luis Alberto Valencia Rodríguez cumplió con las semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990, como tampoco obra alguno del cual sea viable constatar los aportes que realmente hubiera llegado a efectuar al ISS o a otro ente de previsión social.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que según el artículo 167 del Código General del Proceso «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», la Subsección considera que la entidad demandante probó que su sistema no registra semanas cotizadas para pensión por parte del señor Luis Alberto Valencia Rodríguez y que dados los hallazgos irregulares encontrados durante la revisión de varios reconocimientos llevó a cabo un procedimiento administrativo que culminó con la revocación del acto por el cual le había reconocido la pensión al señor Valencia Rodríguez, por encontrar que la prestación fue reconocida con fundamento en un documento distinto al que la dependencia encargada expide.
Ahora, dado que como la parte demandante niega haber recibido aportes en cabeza del demandado, es claro que a este último le correspondía la carga de probar lo contrario por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, sin embargo, el señor Luis Alberto Valencia Rodríguez no compareció para demostrar de cualquier manera que sí es acreedor a la pensión de vejez, a pesar de que ya cesó su pago por virtud de la Resolución 12796 de 2007, es decir que no existe prueba siquiera sumaria de las cotizaciones del demandado ni información de su historia laboral, sin que sea admisible el argumento de que no esté enterado de aquella, puesto que para él resulta evidente que la entidad ha cesado con la cancelación de las mesadas.
En consecuencia, se infiere que la pensión de vejez que el ISS le concedió al demandado fue expedida sin que se hubiera acreditado el cumplimiento del requisito mínimo de 1000 semanas cotizadas, por lo que se encuentra demostrada la causal de nulidad de falsa motivación.
Conclusión: La Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006, proferida por el ISS, le reconoció la pensión de vejez al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez sin el cumplimiento de los requisitos legales con sustento en documentos que contenían información distinta a la que reposa en el sistema de la entidad, motivo por el cual se debe declarar su nulidad por estar falsamente motivada.
Tercer problema jurídico
¿Hay lugar a la devolución de los dineros pagados al demandado en razón del reconocimiento prestacional ordenado por el ISS?
Del principio de la buena fe y la devolución de prestaciones ordenadas sin derecho
El artículo 83 de la Constitución Política, consagra el principio de la buena fe, el cual implica que (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas. Esta última característica opera como presunción legal que admite prueba en contrario, es decir, que quien alegue la mala fe deberá demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta.
Es decir, que el principio de buena fe no es absoluto, tiene límites en principios de igual categoría constitucional, como lo son: la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía, entre otros.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado que dicho principio exige a los particulares y a las autoridades públicas enmarcar sus actuaciones a una conducta honesta, leal y conforme con los comportamientos que podrían esperarse de una persona correcta (vir bonus). Y en ese orden de ideas, la buena fe supone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
De otro lado, el Decreto 01 de 1984, específicamente sobre la devolución de dineros pagados a particulares, en su artículo 136, dispone que a pesar de que la administración tiene la posibilidad de demandar en cualquier tiempo los actos que reconozcan prestaciones periódicas en cualquier tiempo «no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
Lo anterior significa, en concordancia con el artículo 167 del Código General del Proceso, que comoquiera que la buena fe se presume será necesario que quien alega lo contrario así lo demuestre.
Caso concreto
En el sub lite, la parte demandante pretende el reembolso del retroactivo cancelado y las mesadas recibidas con ocasión de la prestación indebidamente reconocida (f. 59).
Ahora, si bien no existe una norma que defina cuándo pueda entenderse desvirtuada la buena fe en las relaciones entre los particulares y la administración, es conveniente señalar que la regla aplicable en materia de procesos judiciales está contenida en el artículo 79 del Código General del Proceso y que aquella resulta útil en el presente asunto, comoquiera que señala comportamientos que permiten presumir que quien acude al proceso lo hace de manera temeraria, a saber:
«1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.
3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.
4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.
6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.»
El contenido normativo descrito se constituye en un parámetro igualmente válido para valorar la conducta del señor Luis Alberto Valencia Rodríguez, en el trámite del procedimiento administrativo que precedió a la expedición de la Resolución 022378 de 2006.
En efecto, en la parte considerativa de la mencionada resolución se indica: «Que el 12 de OCTUBRE de 2006, se presentó a reclamar pensión de vejez el (la) señor(a) LUIS ALBERTO VALENCIA RODRÍGUEZ, […] por considerar cumplidos los requisitos legales para acceder a ella […]», proceder que se subsume en la descripción efectuada por el numeral 1 transcrito, esto es, que se hizo la petición con el conocimiento previo de que se alegaban hechos contrarios a la realidad.
Ahora, la anterior inferencia no se ve modificada por los hechos ocurridos al interior de la entidad, que llevaron al reconocimiento deprecado, pues aunque hubiera existido complicidad con algún servidor de la institución, ello no exime la voluntad fraudulenta del demandado al solicitar una prestación a la que sabía no tenía derecho, partiendo del supuesto falaz de que había efectuado cotizaciones al ISS, cuando el sistema de la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados, certificó lo contrario.
En relación con la posible participación de funcionarios de la entidad en reconocimientos pensionales ilegales en el Instituto de Seguros Sociales, la página web de la Fiscalía General de la Nación, mediante boletín 17783 del 13 de enero de 2017, puso en conocimiento de la opinión pública la sentencia proferida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Cali en la que condenó a funcionarios del ISS, un abogado y 7 personas más, por fraude procesal y peculado por apropiación, en hechos ocurridos desde febrero de 2007, es decir, que es de público conocimiento que existieron más casos de reconocimientos ilegales como el del señor Luis Alberto Valencia Rodríguez.
Lo expuesto, encuentra similitud con lo definido por la jurisprudencia como «fraude global», concepto abordado en casos en los que entidades de seguridad social han efectuado reconocimientos pensionales sin el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos a varias personas con base en títulos fraudulentos, así se sostuvo:
«[…] el principio de la buena fe, que como ya se dijo no es un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía. Además, como ya quedó dicho el mismo principio no puede analizarse de manera aislada sino en armonía con el máximo ordenamiento constitucional precisamente por cuanto cumple una función esencial en la interpretación jurídica.
Entonces, si la línea de aplicación del inciso 2° del numeral 2° del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, por parte de ésta Corporación, ha obedecido en mayor medida a salvaguardar a los particulares que en marco de la buena fe han percibido prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones tomadas de manera errónea por la administración, por la convicción del ciudadano en que el acto emanado está sujeto a legalidad; empero, no puede tener cabida en este caso tal previsión normativa pues es evidente, como lo consideró la Corte Constitucional en el caso análogo, que se dieron una serie de dudosas actuaciones de tipo global para obtener el reconocimiento de la pensión gracia, cuya final destinataria fue la actora. En consecuencia, no puede aceptarse que se aplique en el sub lite tal beneficio jurídico cuando se ha obtenido lucro a través de una acción reprochable.
Además, si bien es cierto que en estas diligencias no se acreditó que la autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes de la actuación señalada, ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso, que es análogo al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás situaciones se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a ella reconocida, sumas que deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto 01 de 1984, como se pidió en la demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto. […]»
Por las razones expuestas, procede la devolución por parte de Luis Alberto Valencia Rodríguez de las sumas que le han sido canceladas por concepto del reconocimiento pensional.
Conclusión: Hay lugar a la devolución de los dineros pagados al demandado en razón del reconocimiento prestacional ordenado por el ISS, como quiera que se desvirtuó la presunción de buena fe del señor Luis Alberto Valencia Rodríguez al recibir las mesadas pensionales pagadas con ocasión del reconocimiento efectuado por la Resolución 022378 de 2006.
Decisión de segunda instancia
De conformidad con las anteriores razones, la Subsección revocará la sentencia del 27 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda formulada por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, para en su lugar, declarar la nulidad de la Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006.
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordenará al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez que proceda a la devolución de las sumas que le han sido canceladas por concepto del reconocimiento pensional.
Para el efecto, Colpensiones deberá suscribir con el demandado un acuerdo de reembolso, que preste mérito ejecutivo, «en condiciones tales que los montos y plazos acordados para tal efecto no pongan en condiciones de indignidad al obligado, para lo cual deberá tenerse en cuenta sus condiciones socio económicas». Adicionalmente, y según las circunstancias en que se encuentre aquel, la entidad podrá establecer qué garantías serán procedentes.
Como lo ha establecido la jurisprudencia, este concepto debe analizarse a partir de la satisfacción de las necesidades mínimas de la persona, lo que supone evaluar cualitativamente cada caso concreto a efectos de establecer si dadas las condiciones particulares, se logra la realización del derecho a la dignidad humana.
Así las cosas, se precisa que en el evento en que no logre celebrarse un acuerdo de reembolso entre las partes, la entidad acreedora podrá determinar la forma de pago, de modo que se establezcan condiciones en las cuales los derechos fundamentales de la demandada no sean vulnerados, ni puestos en riesgo, con respeto de las limitantes constitucionalmente impuestas.
Las sumas de la condena deberán indexarse conforme a la siguiente fórmula:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
Finalmente, en la demanda la entidad solicitó que se ordene el reconocimiento de intereses moratorios desde el día de recibo de cada mesada pensional hasta que se verifique el pago del valor total, pretensión frente a la cual es necesario tener en cuenta que al tenor de lo dispuesto por el artículo 1608 del Código Civil, el deudor está en mora cuando no ha dado cumplimiento a la obligación dentro del plazo estipulado, salvo que la ley exija que debe ser requerido; sin embargo en el presente asunto, no se puede entender que se haya configurado mora en la devolución de las mesadas a partir del momento en que lo solicita la apelante, pues para esa época aún no existía la obligación de reintegro, motivo por el cual no se accederá a esta petición.
Condena en costas
Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del 27 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda formulada por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, contra su propio acto administrativo. En su lugar, se dispone:
Declarar la nulidad de la Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006 por medio del cual el jefe del Departamento de Atención al Pensionado del ISS reconoció pensión de vejez al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez.
Segundo: Ordenar al señor Luis Alberto Valencia Rodríguez reintegrar a favor de Colpensiones las sumas que le han sido canceladas por concepto del reconocimiento pensional efectuado por la Resolución 022378 del 15 de diciembre de 2006, de conformidad con lo indicado en la parte resolutiva de esta providencia.
Tercero: Denegar las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto: Sin condena en costas.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
En comisión
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Folio 59. Folios 59 a 61. Folios 116 a 118. Por medio del Decreto 2013 del 28 de diciembre de 2012 se ordenó la supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales y por disposición del artículo 35 ibidem una vez culminado el proceso de liquidación de aquel los procesos deben ser entregados a COLPENSIONES para que continúe con el trámite respectivo. Folios 143 y 144
Folios 155-175. El juez de primera instancia citó la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación 76001-23-31-000-2009-00318-01 (1049-2012). Folios 213 a 216. Robert Alexy en su obra El concepto y la validez del Derecho, Editorial Gedisa, 1.ª edición, 2.ª reimpresión, Barcelona, España, 1994, pág. 89 expresa: «A este tipo de concepto se hace referencia cuando se dice que una norma vale jurídicamente cuando es dictada por el órgano competente, de acuerdo con el procedimiento previsto y no lesiona un derecho de rango superior; dicho brevemente: cuando es dictada conforme al ordenamiento». Presunción de legalidad de los actos administrativos. HYPERLINK "https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6542" \l "1" Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989
Sobre el carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos, el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, prevé: “Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados.”
Corte Constitucional Sentencia C-069 de 1995. La Corte Constitucional en sentencia C-835 de 2003 declaró la exequibilidad condicionada así: «Por lo tanto, los motivos que dan lugar a la hipótesis revocatoria del artículo 19 no pueden entenderse de manera indeterminada, aislada, ni al margen del debido proceso. Antes bien, la manifiesta ilegalidad, tanto de las conductas reprochadas como de los medios utilizados para acceder a la prestación económica que se cuestione, debe probarse plenamente en el procedimiento administrativo que contemplan las prenotadas disposiciones, para lo cual el titular del derecho prestacional o sus causahabientes deberán contar con todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa, destacándose el respeto y acatamiento, entre otros, de los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción; y por supuesto, imponiéndose el respeto y acatamiento que ameritan los términos preclusivos con que cuenta el funcionario competente para adelantar y resolver cada etapa o lapso procedimental. Así, la decisión revocatoria, en tanto acto reglado que es, deberá sustentarse en una ritualidad sin vicios y en una fundamentación probatoria real, objetiva y trascendente, en la cual confluyan de manera evidente todos los elementos de juicio que llevaron al convencimiento del funcionario competente para resolver. En conclusión, entre la parte motiva y la parte resolutiva del acto de revocatoria directa deben mediar relaciones de consonancia que estén acordes con los respectivos mandatos constitucionales y legales, particularmente, con el debido proceso, la legalidad de los derechos adquiridos y la defensa del Tesoro Público. Recordando además que, en materia de supresión de actos administrativos, no es lo mismo cuando interviene un funcionario administrativo que cuando interviene el juez; y que, en todo caso, la revocatoria directa de un acto administrativo que reconoce una pensión o prestación económica sólo puede declararse cuando ha mediado un delito.
La Corte deja claramente establecido que cuando el litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general; estos litigios deben ser definidos por los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que en consecuencia no procede la revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento del particular.»
Este criterio fue expuesto, entre otras providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, radicación 15652, reiterada en Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de agosto de 2013, radicación: 25000-23-25-000-2006-00464-01 (2166-07), actor: Amelia Guio Vergara. Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de marzo de 2011, Radicación: 11001-03-24-000-2004-00380-01, Actor: Álvaro Restrepo Valencia. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2014-03055-00(AC). Sobre la acción de lesividad la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2007, radicación: 760012331000200100516 02(7611-05), actor: Universidad del Valle, expone: «[…] la administración puede demandar sus propios actos ejerciendo la acción de nulidad o la de nulidad y restablecimiento del derecho, de acuerdo con el fin que persiga.»
Artículo 1 de la Ley 100 de 1993. Ibidem. Corte Constitucional sentencia C-107 de 2002. Robert Alexy en su obra Teoría de los Derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2017, una cláusula restrictiva «es la parte de la norma completa de derecho fundamental que dice como está restringido o puede ser restringido lo que el supuesto de hecho de derecho fundamental garantiza prima facie». Para el mismo autor, loas restricciones indirectamente constitucionales «son aquellas cuya imposición está autorizada por la ley». Ff.47-48
Ff. 27 a 30
Ff. 25-26
F. 22
(ff. 12-20)
F. 31
Artículo 167 del CGP. Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. Sentencia C-071 de 2004
sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del 8 de mayo de 2008 con radicado 0949- 2006. Sentencia C-1194/08 y C-499/15
Folio 31. En todo caso se tiene la información que dentro del proceso penal adelantado no se encuentra el aquí demandado, así consta en la página de la Fiscalía General de la Nación que puede ser consultada en la siguiente dirección web: HYPERLINK "https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/juez-condeno-por-falsas-pensiones-a-exfuncionarios-del-iss-valle-del-cauca-un-abogado-y-7-personas-mas/" https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/juez-condeno-por-falsas-pensiones-a-exfuncionarios-del-iss-valle-del-cauca-un-abogado-y-7-personas-mas/
Juzgado 15 Penal del Circuito de Cali. Expediente 76001310400220100019300. contra: Miguel Antonio Jaramillo, Jose Manuel Bermúdez Rivera, Anunciación Marmolejo, Luceli Loaiza Jiménez, Nohelia Gómez, Yolanda Solis, Juan De Dios Llanos Marmolejo, Héctor Fabio Llanos Marmolejo, Minsa Sinisterra Garcia, Sandra Liliana Ramirez Rodriguez. Sentencia del 1.° de septiembre de 2014. Radicado: 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor: Caja Nacional de Previsión Social EICE En Liquidación - Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz Mery Melo Melo. A folio 167 C. 1. obra certificación expedida por el FOPEP en el que se indica que luego de incluirse en nómina a la actora, fue suspendido el pago de la pensión. Expediente 4595-14. Actor: Caja Nacional de Previsión Social.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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