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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00195-02

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00195-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) contra Lesvia Regina Dorado Garrido y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. No condenar en costas en esta instancia 43 Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025) Demandante: Ugpp Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. (FNM) 44

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2018-00195-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Lesvia Regina Dorado Garrido y otros2

Tema: Restitución de mesadas pensionales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 3 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Sucre, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Ugpp presentó demanda3 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo4, en orden a

1 En lo que sigue Ugpp.
2 Cristóbal José Dorado Garrido, María Victoria Dorado Garrido, Tulio José Dorado Garrido, Rafael

Dorado Garrido y Regina Garrido de Dorado en calidad de herederos determinados.
3 Tribunales y Juzgados. Índices 1 y 2. La demanda fue presentada el 30 de noviembre de 2021.
4 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

que se declarara la nulidad de i) las resoluciones 8420 del 9 de agosto de 1995; y
24855 del 9 de diciembre de 1997, por medio de las cuales Cajanal reconoció y
reliquidó una pensión de jubilación en favor de Cristóbal Rafael Dorado Badel; ii) la
Resolución 6686 del 9 de junio de 1999, que le reconoció una pensión de
sobrevivientes a favor de Regina Garrido de Dorado, en calidad de cónyuge
supérstite de Cristóbal Rafael Dorado Badel; y iii) las resoluciones RDP 020847
del 4 de julio, 023790 del 30 de julio, y 025253 del 19 de agosto de 2014, mediante
las cuales la Ugpp dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado 4
Administrativo de Bogotá, Sección Primera, restableció el pago de la pensión de
sobrevivientes a favor de Regina Garrido de Dorado y efectuó las modificaciones
necesarias para precisar los efectos y el alcance de dicho cumplimiento.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reintegro de las sumas pagadas a Cristóbal Rafael Dorado Badel y a
Regina Garrido de Dorado por concepto de mesadas pensionales pagadas desde
el 28 de abril de 1995; ii) la actualización de las sumas adeudadas de conformidad
con el artículo 187 del CPACA; y iii) el pago de los intereses comerciales y
moratorios previstos en el artículo 192 ejusdem.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Cristóbal Rafael Dorado Badel nació el 16 de diciembre de 1930. Regina Garrido
de Dorado nació el 1 de enero de 1933 y contrajeron matrimonio el 11 de diciembre
de 1955.

3.2. Cristóbal Rafael Dorado Badel prestó sus servicios i) en el municipio de Corozal,
del 1 de febrero al 12 de julio de 1951 y del 5 de julio de 1958 al 7 de agosto de
1959; ii) en el departamento de Sucre, del 12 de febrero de 1979 al 7 de septiembre
de 1982; y iii) en la Contraloría Departamental de Sucre, del 28 de mayo de 1973
al 6 de diciembre de 1977, del 3 de marzo de 1983 al 9 de diciembre de 1989 y del
17 de julio de 1990 al 27 de abril de 1995.

3.3. Adquirió estatus pensional el 20 de febrero de 1994.

3.4. Mediante Resolución 8420 del 9 de agosto de 1995, Cajanal le reconoció una
pensión de jubilación, equivalente al 75% del salario promedio de los últimos 12
meses, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 en cuantía de
$153.822,44, con efectos a partir del 2 de marzo de 1995, condicionada a demostrar
el retiro definitivo del servicio.

2

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Demandante: Ugpp

3.5. A través de la Resolución 024855 del 9 de diciembre de 1997, Cajanal reliquidó
la pensión de jubilación señalada, y elevó su cuantía a $216.685,69, con efectos a
partir del 28 de abril de 1995.

3.6. Cristóbal Rafael Dorado Badel falleció el 11 de agosto de 1998.

3.7. Por Resolución 006686 del 9 de junio de 1999, Cajanal reconoció una pensión
de sobrevivientes en forma vitalicia a favor de Regina Garrido de Dorado, en calidad
de cónyuge supérstite de Cristóbal Rafael Dorado, con ocasión de su fallecimiento,
en cuantía de $373.244,06, equivalente al 100%, con efectos a partir del 12 de
agosto de 1998.

3.8. Con ocasión del Concepto Técnico 2464 del 5 de agosto de 1999, elaborado por
el Grupo Especial de Seguridad y Asuntos Penales de Cajanal, se concluyó que el
certificado de tiempo de servicio expedido por Óscar Elías Nassit, en calidad de jefe
de personal de la Contraloría Departamental de Sucre, correspondiente al período
comprendido entre el 3 de marzo de 1983 y el 9 de diciembre de 1989, carecía de
validez, por cuanto no se encontraron documentos que acreditaran dicho período.

3.9. En virtud de lo anterior, mediante Oficio GESA P4100 MCR del 9 de agosto de
1999, Cajanal solicitó al Fopep la suspensión del pago de la pensión de
sobrevivientes reconocida a Regina Garrido de Dorado; y el 13 de agosto de 1999,
presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación5 por los hechos
relacionados con los certificados de tiempo de servicio que sirvieron de fundamento
para el reconocimiento pensional.

3.10. Mediante Resolución 23232 del 29 de octubre de 2004, Cajanal negó la
reanudación del pago de la pensión de sobrevivientes a Regina Garrido de Dorado,
al considerar que el certificado de tiempo de servicio que sirvió de fundamento al
reconocimiento pensional presentaba inconsistencias y carecía de autenticidad.

3.11. Posteriormente, mediante Resolución UGM 29041 del 25 de enero de 2012, la
Ugpp negó la solicitud de reanudación de la pensión de sobrevivientes presentada
por Regina Garrido de Dorado, al considerar que no se habían aportado nuevos
elementos de juicio que desvirtuaran las razones que sustentaron la resolución
anterior.

3.12. A través del auto ADP 005067 del 16 de mayo de 2014, la Ugpp concluyó que
no era procedente revocar las resoluciones 8420 de 1995, 24855 de 1997 y 6686
de 1999, al considerar que no estaba plenamente probado que el reconocimiento

5 En adelante la FGN.

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Demandante: Ugpp

pensional se hubiera sustentado en documentación falsa.

3.13. Con auto 71 del 20 de octubre de 2012 Cajanal ordenó la apertura de una
actuación administrativa tendiente a obtener la revocatoria directa de las
resoluciones 8420 de 1995 y 6686 de 1999, la cual fue archivada mediante auto
007887 del 30 de mayo de 2013 por la Ugpp, al constatarse que la titular del
derecho pensional no había otorgado su consentimiento expreso.

3.14. Posteriormente, mediante auto ADP 1891 del 27 de febrero de 2014, la Ugpp
ordenó nuevamente la apertura de una actuación administrativa para revisar la
legalidad de los actos referidos, ante los indicios de que el reconocimiento
pensional se habría obtenido con fundamento en documentación presuntamente
falsa y, mediante auto ADP 005067 del 16 de mayo de 2014, concluyó que no era
procedente revocarlos.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 4 y 83 de la Constitución Política; la Ley
100 de 1993 y los decretos 929 de 1976 y 1158 de 1994.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que los actos acusados eran nulos
porque el reconocimiento de la prestación a Cristóbal Rafael Dorado Badel fue
irregular en la medida en que no cumplió con el requisito del tiempo de servicio
previsto en el Decreto 929 de 1976, pues para el efecto aportó una certificación
carente de autenticidad respecto del período comprendido entre el 3 de marzo de
1983 y el 9 de diciembre de 1989, de tal manera que solo acreditó en debida forma
10 años, 9 meses y 29 días al servicio a favor del Estado.

1.2. Contestación de la demanda

6. Rafael Dorado Garrido se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, por las razones que se expresan a continuación6:

6.1. La Ugpp no demostró que el reconocimiento pensional se hubiera obtenido con
fundamento en una certificación falsa, pues el causante presentó la documentación
exigida por la entidad, la cual fue sometida al estudio y verificación correspondiente
antes de que Cajanal concluyera que cumplía con los requisitos para acceder a la
pensión. En consecuencia, los actos administrativos conservaban su presunción de
legalidad.

6 Expediente digital, documento 51. Índice 2 de Samai.

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Demandante: Ugpp

6.2. La actuación administrativa adelantada por la Ugpp evidenciaba que la propia
entidad no logró acreditar la falsedad del certificado de tiempo de servicio, pues
archivó el trámite de revocatoria directa por falta del consentimiento del titular del
derecho y las actuaciones posteriores tampoco demostraron la irregularidad
alegada. Incluso, el informe elaborado por la firma contratista CYZA Outsourcing
SA no constituyó prueba de la falsedad documental, de tal manera que el acto de
reconocimiento pensional continuó produciendo plenos efectos jurídicos.

7. Propuso las siguientes excepciones: i) improcedencia de la revocatoria del acto
por cuanto la Ugpp no contó con el consentimiento del titular del derecho; ii) cosa
juzgada constitucional, en la medida que la controversia ya había sido objeto de
pronunciamientos judiciales y no se demostró la ocurrencia de un delito; iii) mala fe
de la actora porque pretendía trasladar al pensionado las consecuencias de sus
propias actuaciones y de la falta de verificación de los requisitos para el
reconocimiento pensional; y iv) inexistencia de la prueba alegada toda vez que no
se acreditó la falsedad del certificado de tiempo de servicio que sirvió de
fundamento para el reconocimiento de la prestación.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, en sentencia
proferida el 3 de septiembre de 20257 negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

8.1. La pensión de jubilación reconocida a Cristóbal Rafael Dorado Badel por Cajanal
y posteriormente sustituida a Regina Garrido de Dorado en calidad de cónyuge
supérstite no vulneró el ordenamiento jurídico porque el causante cumplió con los
requisitos previstos en el artículo 7 del Decreto 929 de 1976, toda vez que el tiempo
de servicio exigido se encontraba acreditado porque el certificado expedido el 25
de enero de 1994 por Óscar Elías Nassit, en calidad de jefe de personal de la
Contraloría Departamental de Sucre, acreditaba que aquel laboró como supervisor
de cuentas entre el 3 de marzo de 1983 y el 9 de diciembre de 1989, período que
fue tenido en cuenta para reconocer la pensión de jubilación.

8.2. Aunque existían certificaciones posteriores que cuestionaban su autenticidad,
estas no desvirtuaban dicho documento, pues según la certificación del 28 de abril
de 2014 expedida por la Contraloría, el causante se posesionó el 3 de marzo en el
cargo de supervisor de cuentas, lo cual se corroboraba con el acta de posesión 761
del 3 de marzo de 1983, con lo cual se acreditó que el causante se posesionó en
esta última fecha y en el cargo referido; además, con la certificación del 18 de marzo

7 Tribunales y Juzgados. Índice 69 de Samai.

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Demandante: Ugpp

de 2014 se verificó que Óscar Elías Nassit ejerció funciones (jefe de sección de
visitaduría en octubre de 1992 y jefe de grupo de personal en diciembre de 1992)
que le permitieron expedir certificaciones laborales para la época en que suscribió
el documento controvertido, sin que se hubiera probado su desvinculación.

8.3. Adicionalmente, existía una sentencia judicialk que declaró la nulidad de la
Resolución 23232 del 29 de octubre de 2004, por medio de la cual Cajanal
suspendió el pago de la pensión de sobreviviente; y ordenó reanudar el pago de
dicha pensión (desde el momento en el que fue suspendida hasta el fallecimiento
de la pensionada, 14 de enero de 2015) porque dicha suspensión se había
fundamentado en la certificación del 25 de enero de 1994 cuestionada en sede
administrativa; y la certificación laboral expedida por la Contraloría Departamental
de Sucre señalaba que el causante laboró en esa entidad entre el 3 de marzo de
1983 y el 20 de abril de 1995.

8.4. En consecuencia, al no desvirtuarse los tiempos de servicios que sirvieron de
fundamento para el reconocimiento de la pensión, los actos administrativos
demandados conservaban su presunción de legalidad y no procedía declarar su
nulidad ni ordenar la devolución de las sumas pagadas por concepto de la pensión
de jubilación y de la sustitución pensional.

1.4. El recurso de apelación

9. La Ugpp interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo siguiente 8:

9.1. Los actos demandados fueron expedidos con fundamento en un error inducido
por el causante mediante la aportación de una certificación irregular de tiempo de
servicio, de manera que los principios de buena fe y confianza legítima no impedían
declarar su nulidad cuando el reconocimiento pensional contrariaba el
ordenamiento jurídico.

9.2. Si bien el tribunal tuvo por acreditado el tiempo de servicio con otras pruebas,
estas no demostraban que el causante hubiera laborado en la Contraloría
Departamental de Sucre entre el 3 de marzo de 1983 y el 9 de diciembre de 1989,
pues el acta de posesión 761 únicamente acreditaba el inicio de la vinculación (3
de marzo de 1983), mas no su permanencia durante todo el período certificado.
Asimismo, la certificación del 18 de marzo de 2014 solo demostraba que Óscar
Elías Nassit ejercía el cargo de jefe de grupo de personal en diciembre de 1992, sin
que fuera posible presumir que continuó vinculado a la entidad ni que tuviera
competencia para expedir la certificación del 25 de enero de 1994.

8 Tribunales y Juzgados. Índice 72 de Samai.

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Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

9.3. Comoquiera que el causante aportó una certificación irregular que permitió el
reconocimiento de la prestación, se desvirtuó la presunción de buena fe y, por ende,
procedía la devolución de las sumas pagadas por concepto de pensión de jubilación
y sustitución pensional. Aunque la investigación penal adelantada por los presuntos
delitos de falsedad en documento público fue archivada, ello obedeció
exclusivamente al fallecimiento del causante y no desvirtuaba las irregularidades
acreditadas en el expediente.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante esta Corporación solicitó que se confirmara la
sentencia de primera instancia, al considerar que la Ugpp no desvirtuó la
presunción de buena fe de los pensionados para ordenar la restitución de las
mesadas, pues no aportó decisiones penales definitivas que demostraran fraude
en la obtención de la pensión; las irregularidades atribuidas a las certificaciones
laborales carecían de suficiente respaldo probatorio y, además, existían
certificaciones posteriores expedidas por la Contraloría General de la República
que reconocían los tiempos de servicios cuestionados, lo que impedía concluir que
el reconocimiento pensional se hubiera obtenido de manera fraudulenta10.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «(l)as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «(e)l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos».

9 Auto del 8 de diciembre de 2025. Índice 4 de Samai.
10 Índice 8 de Samai.

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Demandante: Ugpp

2.2. Los problemas jurídicos

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscriben a
establecer ¿si la pensión de jubilación reconocida a Cristóbal Rafael Dorado Badel
y posteriormente sustituida a Regina Garrido de Dorado se expidió con fundamento
en una certificación irregular de tiempo de servicio y, por ende, el causante no
acreditó los requisitos previstos en el artículo 7 del Decreto 929 de 1976?; ¿si, en
consecuencia, los actos administrativos demandados se encuentran viciados de
nulidad?; y ¿si resulta procedente ordenar la devolución de las sumas pagadas por
concepto de pensión de jubilación y sustitución pensional, al encontrarse
desvirtuada la presunción de buena fe?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La revocatoria directa de los actos administrativos que reconocen
prestaciones periódicas

14. Respecto de los efectos del acto administrativo, la doctrina ha determinado un
principio básico en su estructura el cual ha sido denominado « estabilidad» que
consiste en la «prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran
un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga
o altere el acto en beneficio del interesado»12; sin embargo, este no es absoluto, pues
la revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin efectos
un acto administrativo de contenido particular»13, de carácter excepcional, y que
procede de oficio o a solicitud de parte siempre que se desarrolle dentro de los
límites y reglas que prevé la ley.

11 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
12 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
13 Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.

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Demandante: Ugpp

15. Lo anterior, se ve materializado en el artículo 93 14 de La Ley 1437 de 2011, el
cual, de manera expresa, precisa las causales que imponen a la administración la
revocatoria directa de los actos administrativos de carácter general, al igual que
ocurre con los particulares, de oficio o a petición de parte. Tales causales son las
siguientes:

16. Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es que la oposición sea grosera, de bulto, es decir,
cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos
administrativos, por parte de esta Jurisdicción.

17. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses generales,
causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un acto
legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de
la inoportunidad o inconveniencia de aquél15, vinculándose a la noción del mérito
del acto administrativo; y

18. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una
persona.

19. Ahora bien, para la revocación de los actos de carácter particular y concreto, se
ha establecido en el ordenamiento jurídico la regla general contenida en el artículo
97 del CPACA, según la cual, tales actos no podrán ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular, pues implican la
creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y
determinada, esto en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos -especialmente de los favorables16, estrechamente relacionado con

14«Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las

mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
15 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, sentencia del 5 de mayo de 1981.
16 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio

jurídico del destinatario, esto es, «crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica», como los
nombramientos, las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la
Administración responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de
una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los de gravamen en los cuales se incluyen
aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones, la revocación

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Demandante: Ugpp

la presunción de legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la
protección de los derechos adquiridos. La norma señaló lo siguiente:

«Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a
la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa».

20. En relación con la figura de la revocatoria directa, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia se ha pronunciado sobre la prohibición de revocar actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreta o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo
derecho, en los siguientes términos17:

«Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un
acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto
administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos, categoría
esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del Decreto 01 de
1984.

En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos que:
«hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría» salvo que de manera previa, expresa y
escrita medie el consentimiento del titular del respectivo derecho. Advierte la Sala que,
en lo que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para revocar actos
administrativos de carácter particular, en los eventos en los que concurría alguna de las
causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere
evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan que

de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver Consejo de Estado.
Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-10227-01(10227).
17 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo

Arenas Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.

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Demandante: Ugpp

en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad de
un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o
fraudulentos, deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no
cuente con el consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos
reconocidos en el respectivo acto administrativo» (sic).

21. De acuerdo con las normas y jurisprudencia en cita, la administración solo podrá
revocar un acto administrativo de carácter particular, en los eventos en que se
cuente con el consentimiento de la persona. En caso contrario, deberá cuestionar
su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control. Entonces,
solo en casos excepcionales previstos legalmente, será posible revocar un acto sin
el consentimiento del interesado. De lo contrario, las entidades tendrán que acudir
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar ante
un juez administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden solicitar
medidas cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto que
consideren ilegal.

22. No obstante, en materia de seguridad social, existen eventos en los que la
entidad puede revocar el acto administrativo aun sin el consentimiento del
beneficiario, como es el caso de las pensiones que fueron reconocidas
irregularmente. En efecto, el artículo 19 de la Ley 797 de 200318 previó:

«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan
por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán
verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la
legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el
reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro
público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que
se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de
comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con
base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del
acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las
autoridades competentes» [sic] [se resalta]

23. Asimismo, la Ley 1450 de 2011 «por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010 – 2014», en su artículo 243 dispuso:

«Artículo 243. Protección contra prácticas corruptas en el reconocimiento de
pensiones. Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento de
pensiones tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con
fundamento en documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la

18 «[P]or la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»

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administración o cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una
actuación administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la
prestación y la existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la
actuación se verifica la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la
administración procederá a revocar o modificar el acto sin consentimiento del
particular». [Se resalta]

24. Nótese que si bien la primera norma citada únicamente impuso el deber a la
administración para revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular cuando se comprobara la irregularidad en el reconocimiento de la
prestación, fue con la segunda que condicionó tal decisión a que previamente se
adelantara la actuación administrativa19 y se definiera o verificara si aquella [la
irregularidad] existió.

25. Esto presupone que toda la actuación que se adelante antes de la revocación
del acto debe surgir de «motivos reales, objetivos, trascendentales, y desde luego
verificables»20 y respetar los derechos al debido proceso y defensa del beneficiario
de la prestación. Asimismo, como se trata de una facultad excepcional de la
administración, es en esta que recae la carga de la prueba, es decir, su deber se
circunscribe a demostrar con suficiencia la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional, sin perjuicio de que, cuando se trate de « problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación
de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general»21,
esté obligada a acudir al juez competente.

26. Ahora bien, cuando la administración adelanta la actuación con sujeción al
debido proceso y revoca el acto administrativo, debe determinarse cuáles son sus
efectos en el tiempo y sus consecuencias. Aunque este tema fue zanjado en la
sentencia SU-182 de 2019 por la Corte Constitucional, es necesario precisar que
esta corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado [ex tunc], en otras que
tiene efectos hacia el futuro [ex nunc] y, solo en una providencia, se indicó que los
efectos dependían de cuando ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se muestra

19 Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-182 de 2019, en la cual se establecieron las

siguientes reglas: (i) solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título; (ii) la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber;
(iii) no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la
pensión; (iv) solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; (v) no
hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues
el ordenamiento jurídico sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios; (vi) sujeción al debido
proceso; entre otras.
20 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003, mediante la cual se declaró exequible el artículo

19 de la Ley 797 de 2003.
21 Ibidem.

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la tendencia de cada uno de los criterios:

La revocatoria directa tiene efectos hacia el La revocatoria directa tiene efectos hacia el
pasado futuro
22 de agosto de 199022 3 de agosto de 1988 .
27

20 de mayo de 200423
23 de octubre de 199128
14 de noviembre de 199129
31 de mayo de 201224 9 de septiembre de 200030
16 de julio de 200231
26 de febrero de 200432

5 de octubre de 200933
13 de abril de 201525 13 de mayo de 200934

3 de abril de 201335
15 de agosto de 201336
29 de enero de 201537

19 de julio de 201826 18 de febrero de 201638
8 de septiembre de 201639
17 de noviembre de 201640

22 Expediente 285.
23 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango
Mantilla.
24 Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas

Monsalve.
25 Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de

la Hoz.
26 Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo Perdomo

Cuéter.
27 Sección Segunda, expediente 1609.
28 Sección Segunda, expediente 2174.
29 Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
30 Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
31 Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
32 Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
33 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont

Pianeta.
34 CP. Myriam Guerrero de Escobar.
35 Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
36 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas

Monsalve.
37 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
38 Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
39 Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
40 Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino

Cortés.

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21 de abril de 201741
26 de octubre de 201742
8 de febrero de 201843

23 de mayo de 201944
31 de octubre de 201945
20 de noviembre de 201946
7 de mayo de 202047
18 de junio de 202048
1 de julio de 202049
26 de noviembre de 202050
21 de enero de 202151
25 de enero de 202152
22 de abril de 202153

6 de mayo de 202154

5 de agosto de 202155
10 de marzo de 202256

27. En el criterio minoritario, este es que los efectos de los actos administrativos son
hacia el pasado, se sostuvo que el acto administrativo se extingue cuando cesan
en forma definitiva sus efectos y puede ser revocado por razones de mérito o de

41 Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
42 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo Perdomo

Cuéter.
43 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
44 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William
Hernández Gómez.
45 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino

Cortés.
46 Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia

Velásquez Rico.
47 Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William

Hernández Gómez.
48 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.
49 Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
50 Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
51 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
52 Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
53 Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
54 Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.
55 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
56 Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.

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legalidad. Cuando la figura opera por esta última, al tratarse de un juicio
estrictamente lógico jurídico, los efectos serán hacia el pasado, es decir, desde el
momento de su expedición.

28. Por su parte, en el criterio mayoritario, existen 2 referentes principales que se
detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que sirvieron
a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002 [proferido
por la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 [proferido por la Sección Segunda].
Los argumentos que concuerdan en las providencias que prohijaron esta tesis, son
los siguientes:

29. El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias jurídicas.
«[R]esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar hacia atrás los
efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó de la presunción de
legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el administrado estuvo en el
deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo (...)».

30. La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad que
hasta ese momento tuvo el acto administrativo, « sino tan solo [puede] evitar que lo
resuelto se materialice».

31. La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo
los efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad, por tal razón, la
recuperación de los dineros indebidamente pagados solo es posible lograrla por
conducto del juez. Esta figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado
efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad».

32. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació
a la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le
corresponden a la administración.

33. La Sala adopta la posición mayoritaria, en virtud de la separación de poderes,
aunque las ramas legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor eficiencia
para lograr los fines del Estado, la última tiene una función netamente ejecutora de
las actividades administrativas en servicio del interés general, dentro de la cual se
encuentra ejercer el control de sus propios actos y revocarlos directamente aun sin
el consentimiento del particular, pero únicamente en los casos expresamente
autorizados por el legislador.

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34. Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en modo alguno declarar
su ilegalidad, pues conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de
la declaratoria de nulidad.

35. En esa línea, como el juez de lo contencioso-administrativo es el único que
puede examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde su
nacimiento y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, nada
impide que la administración solicite la nulidad y el reembolso de las sumas
pagadas en virtud de aquel, en razón a que durante su vigencia produjo efectos
jurídicos.

36. Es así porque fue la voluntad del legislador disponer únicamente en la parte
segunda del CPACA [organización de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva] que «no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», lo cual supone que solo
la autoridad judicial podrá determinar si el beneficiario del acto revocado acudió a
maniobras fraudulentas para obtener el derecho, no la entidad en el curso de la
actuación administrativa. Lo contrario, sería tanto como aceptar que la
administración puede asumir la posición de juez y parte en el procedimiento, por
cuanto decidiría la suerte de un derecho particular y establecería el monto de los
perjuicios que causó la expedición del acto.

37. A más de lo expuesto, la revocatoria se realiza a través de un acto administrativo
autónomo e independiente, lo que significa que de esta se desprenden situaciones
jurídicas nuevas. De ahí la diferencia con la declaratoria de nulidad, la cual implica
«que el acto se reputa no haber existido jamás»57, es decir, ataca directamente los
elementos de la esencia y reconoce que desde su expedición estaba viciado; por
eso sus efectos son hacia el pasado o ex tunc.

38. Incluso,esto ocurre con la derogatoria del acto administrativo de carácter
general. Aunque «tiene un régimen jurídico específico»58 y distinto del acto
administrativo en cuanto a «la protección jurisdiccional, posibilidad de revocación,
jerarquía dentro del orden normativo, publicidad o notificación, efectos de los
recursos y alcance de la vigencia»59, su derogatoria [tácita o expresa] deviene de

57 Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2011, radicación 11001-03-28-000-2010-00120-

00.
58 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 26.
59 Ibidem.

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Demandante: Ugpp

la decisión unilateral de la autoridad que lo expidió, también tiene efectos hacia el
futuro o ex nunc y opera cuando queda en firme la decisión sin que se afecte « lo
ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo
hace ab-initio, restableciéndose por tal razón al imperio de la legalidad»60.

39. En definitiva, tanto la revocatoria como la derogatoria únicamente impactan los
efectos u obligatoriedad del acto primigenio, pero no la presunción de legalidad que
corresponde únicamente al juez de lo contencioso-administrativo, quien, además,
es el único competente para restablecer las cosas a su estado anterior y, en caso
dado, ordenar las sumas pagadas con ocasión del acto anulado. Lo expuesto se
sintetiza en el siguiente cuadro:

Características Efectos
Afecta la eficacia del acto por razones de «ilegalidad». No
tiene la virtualidad de retrotraer las cosas al estado inicial.
Revocación
Hacia el futuro
directa
Procede solo con el consentimiento del ciudadano, salvo en
los casos expresamente establecidos por el legislador.
Procede por decisión unilateral y discrecional de la autoridad
Derogatoria que lo expidió y solo afecta la eficacia. No se pueden afectar
Hacia el futuro
del reglamento los derechos consolidados al amparo del que fue derogado.
No restablece el orden jurídico que se estima contrariado.
Afecta la validez del acto desde el momento de su expedición. Hacia el
Nulidad
pasado

2.3.2. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para la
devolución de prestaciones periódicas

40. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el
crédito personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides
hacía referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre
cuando había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y
entre las partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la
palabra al estar ligado a su propia declaración61.

41. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos62, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las

60 Expediente S-157, CP. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
61 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
62Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.

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partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio
de probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española63, como honradez.

42. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199564, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».

43. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto
en los casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse»65.

44. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.

45. A su turno, el Código Contencioso Administrativo66 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe» (Negrilla del
texto original).

46. Eldesarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en el artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, el cual dispuso:

«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».

47. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que

63 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
64 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
65 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23

de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
66 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.

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gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional67 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

48. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados
legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos
ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas
ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las
circunstancias jurídicas y fácticas del caso». (Resalta la Sala).

49. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que
se espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.

50. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200468, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:

«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los

67 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
68 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.

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sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la
confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad
surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el
ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico». (Se resalta).

51. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino
que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la
economía, entre otros69.

52. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.

53. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»70, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
en que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.

54. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario
de una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho,
es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la
expedición del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto

69 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
70 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre

de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.

20

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de
acceder al derecho.

55. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200871, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:

«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya
que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para
obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue
pagado por este concepto72».

73
56. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 , la corporación
indicó:

«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir74 la cantidad de $73.647.865,54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el
recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)75

Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba
en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece

71 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo

Gómez Aranguren.
72 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita Olaya

Forero.
73 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).

Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
74 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar

Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F. 309)».
75 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».

21

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos (…)

(…)

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las
prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del
CPACA».

57. En pronunciamiento del 18 de marzo de 2021 76, sostuvo:

«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
menos probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error
de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales,
no puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar
un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

58. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.

59. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

60. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación77.

76 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia

de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).
77 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los

22

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

61. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.

62. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les
ha reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de
decisiones tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta
protección no acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas
con la finalidad de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace
necesario que se demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas
o fraudulentas que llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda
la devolución de esas sumas de dinero pagadas.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

63. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente78:

63.1. Condición del causante y de la beneficiaria

Cristóbal Rafael Dorado Badel nació el 16 de diciembre de 1930 y Regina
63.1.1.
Garrido de Dorado el 1 de enero de 193379 .

63.1.2.Contrajeron matrimonio el 11 de diciembre de 1955, según los respectivos
registros civiles80.

dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala
fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».
78 Samai, índice 2. «5_EXPEDIENTEDIGI_EXPDIGITA_C01Apelacionzip_0_20251118120116410»,
subcarpeta «16CdFolio11Cuaderno1». En adelante, se identificará únicamente el PDF en el que se
encuentre ubicada cada prueba, por cuanto todas obran en la referida carpeta.
79 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-85.
80 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-84.

23

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

Cristóbal Rafael Dorado Badel falleció el 11 de agosto de 199881. Regina
63.1.3.
Garrido de Dorado el 14 de enero de 201582

63.2. Antecedentes laborales del causante83

63.2.1. Primer período laborado por el causante (no controvertido)

Actos de nombramiento y
Cargo Desde Hasta Certificación
posesión
Citador de la 1 de Certificado expedido
12 de julio de
Alcaldía Municipal febrero de el 18 de enero de
1951
de Corozal Sucre 1951 No se evidencia ningún acto al 1995 por el jefe del
Vigilante fiscal del respecto departamento de
5 de julio 7 de agosto personal municipal
corregimiento El
de 1958 de 1959
Roble de Corozal (Sucre)84
Certificado expedido
Auditor ante el 1 de febrero de
hospitales 6 de 1995 por el jefe de
28 de mayo No se evidencia ningún acto al
Mercedes de diciembre de recursos humanos
de 1973 respecto
corozal (Sucre) 1977 de la Contraloría
Departamental de
Sucre85
Certificado expedido
Decreto 70 del 30 de enero de
el 28 de diciembre de
1979 expedido por el
1992 por el jefe de
gobernador del Cesar86
personal de la
Tesorero pagador Gobernación del
Acta de posesión 076 del 12
almacenista II-18 del Departamento de
de febrero de 197987
fondo vial 12 de 30 de Sucre. Se indicó que
departamental, febrero de septiembre laboró hasta el 7 de
Mediante el Decreto 682 del
adscrito a la 1979 de 1982 septiembre de
30 de septiembre de 1983, el
Secretaría de 198289
gobernador del departamento
Desarrollo
declaró insubsistente el
Certificación del 17
nombramiento efectuado a
de agosto de 1999,
través del Decreto 70 del 30
suscrita por Abilio
de enero de 197988.
Urzola Ramos,

81 de conformidad con el registro civil de defunción expedido el 2 de julio de 2003. CC-912104-

AAA_EXP_EP20120823CC912104-83.
82 Según lo señalado en la sentencia proferida el 24 de agosto de 2017 por el Juzgado 4

Administrativo Oral de Sincelejo. 0501 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL-99-2018-05-
03_180655.
83 Por efectos prácticos el período laborado por el causante se dividirá en 3 secciones para

diferenciar claramente el período objeto de controversia.
84 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-6.
85 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-7.
86 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-78.
87 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-92.
88 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-79.
89 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-8.

24

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

Actos de nombramiento y
Cargo Desde Hasta Certificación
posesión
coordinador de
archivo de la
Gobernación de
Sucre. En esta se
indicó que laboró
hasta el 30 de
septiembre de 1983
según el Decreto 682
de esa fecha y según
la nómina de pago,
percibió
remuneración hasta
el 10 de octubre de
1983
Cajero del fondo de 7 de No se Decreto 484 del 7 de
valorización septiembre evidencia septiembre de 1982, expedido
departamental en de 1982 fecha de por el gobernador del Cesar90
encargo finalización

63.2.2. Segundo período laborado por el causante (controvertido)

Actos de nombramiento
Cargo Desde Hasta Certificaciones
y posesión
Resolución 098 del 25 de
Certificado expedido el 25
Supervisor de febrero de 1983 expedida
de enero de 1994 por
cuentas de la 9 de por el contralor
3 de marzo Óscar Elías Nassit, en
Contraloría diciembre de departamental de Sucre 91
de 1983 calidad de jefe de personal
Departamental 1989
de la Contraloría
de Sucre Acta de posesión 761 del 3
Departamental de Sucre93.
de marzo de 198392.

63.2.3. Tercer período laborado por el causante (no controvertido)

Actos de nombramiento
Cargo Desde Hasta Certificaciones
y posesión
Resolución 160 del 16 de
Jefe de la
julio de 1990 expedida por
sección de 16 de julio
• el contralor departamental
finanzas y juicios de 1990
de Sucre, efectiva a partir
fiscales
de la expedición del acto94.
Certificación del 19 de julio

90 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-80.
91 CC-912104-AAA_RAD_20147220797492-3.
92 4201 DOCUMENTO NO REQUERIDO PARA SOLICITUD DE PRESTACION ECONOMICA-6-

2018-05-03_180653.
93 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-9.
94 4201 DOCUMENTO NO REQUERIDO PARA SOLICITUD DE PRESTACION ECONOMICA-7-

2018-05-03_180653.

25

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

Actos de nombramiento
Cargo Desde Hasta Certificaciones
y posesión
de 1999 suscrita por
Manasés Guevara Romero,
en calidad de jefe de
16 de julio 20 de abril recursos humanos de la
Visitador A de la de 1990 de 1995 Contraloría General del
sección de departamento de Sucre95
visitaduría Certificado expedido el 1
de marzo de 1995 por el
jefe de recursos humanos
de la Contraloría
Departamental de Sucre.
En este se señaló que a la
fecha de la certificación se
desempeñaba en dicho
17 de julio 27 de abril cargo96.
de 1990 de 1995
Certificado expedido el 10
de marzo de 1997 por la
coordinadora de recursos
humanos de la Contraloría
Departamental de Sucre97.
Se señaló como extremo
final de dicha vinculación, el
27 de abril de 1995.
Resolución 104 del 29 de
Jefe del Grupo
mayo de 1992 expedida
de Inventario
1 de junio por el contralor
Departamental y
de 1992 departamental de Sucre,
Coactiva en
con efectos fiscales a partir
encargo
del 1 de junio de 199298.
Resolución 149 del 15 de
16 de octubre de 199299
Jefe de sección octubre de
de visitaduría 1992 Acta de posesión 2019 del
16 de octubre de 1992100
Analista de
control de
31 de
legalidad en la Acta de posesión 2047 del
diciembre
división de 31 de diciembre de 1992101
de 1992
control
posterior, código

95 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-70
96 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-5.
97 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-22.
98 4201 DOCUMENTO NO REQUERIDO PARA SOLICITUD DE PRESTACION ECONOMICA-8-

2018-05-03_180653.
99 CC-912104-AAA_RAD_20147220797492-9.
100 CC-912104-AAA_RAD_20147220797492-9.
101 4201 DOCUMENTO NO REQUERIDO PARA SOLICITUD DE PRESTACION ECONOMICA-9-

2018-05-03_180653.

26

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

Actos de nombramiento
Cargo Desde Hasta Certificaciones
y posesión
242, grado 04
Analista de la 1 de 30 de Certificado de salarios
sección de febrero de noviembre de expedido el 9 de marzo de
control posterior 1994 1994 1995 por el jefe de recursos
humanos de la Contraloría
Departamental de Sucre102

Certificado expedido el 10
de marzo de 1997 por el
tesorero pagador y la
coordinadora de recursos
humanos de la Contraloría
Departamental de Sucre103
Certificado de salarios
Resolución 210 del 1 de expedido el 9 de marzo de
diciembre de 1994, emitida 1995 por el jefe de recursos
por el contralor humanos de la Contraloría
departamental de Sucre Departamental de Sucre105,
entre el 1 de diciembre de
Mediante la Resolución 052 1994 y el 28 de febrero de
del 20 de abril de 1995 1995106.
20 de abril
declaró insubsistente el
de 1995
nombramiento en el cargo Certificación de salario
Visitador A de la 1 de de visitador A de la sección base 0752014, expedida el
sección de diciembre de visitaduría que ocupada 22 de diciembre de 2014,
visitaduría de 1994 el causante y en remplazo para efectos del cálculo del
nombró a Nogeer bono pensional, indicó que
Carrascal Corrales104 el causante laboró hasta el
20 de abril de 1995107
Certificado expedido el 10
de marzo de 1997 por el
27 de abril tesorero pagador y la
de 1995 coordinadora de recursos
humanos de la Contraloría
Departamental de Sucre108

63.3. Del reconocimiento pensional

102 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-10.
103 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-23.
104 4201 DOCUMENTO NO REQUERIDO PARA SOLICITUD DE PRESTACION ECONOMICA-11-

2018-05-03_180653.
105 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-10.
106 Si bien el certificado de salarios devengados por el causante, expedido con anterioridad al acto

que declaró la insubsistencia del empleo, tiene como extremo final una fecha anterior a la de dicho
acto, se tomó como fecha de terminación del vínculo la establecida en el acto de insubsistencia, por
ser posterior a la registrada en el certificado.
107 0402 CERTIFICADO SALARIO BASE-100-2018-05-03_180655.
108 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-23.

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Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

63.3.1.Mediante Resolución 8420 del 9 de agosto de 1995, Cajanal reconoció una
pensión de jubilación a favor de Cristóbal Rafael Dorado Badel, en cuantía de
$153.822,00 M/CTE, efectiva a partir del 2 de marzo de 1995. Para el
reconocimiento de la prestación, tuvo en cuenta 7.572 días de servicio,
correspondientes a los tiempos laborados en el municipio de Corozal, el
departamento de Sucre y los registrados como «Caja Nacional de Previsión Social
Contra». En particular, para esta última, computó entre otros períodos, el
comprendido entre el 3 de marzo de 1983 y el 9 de diciembre de 1989, equivalentes
a 2.437 días, y entre el 17 de julio de 1990 y el 1 de marzo de 1995, equivalentes
a 1.665 días, correspondientes a servicios prestados a Cajanal. Asimismo, registró
como último cargo desempeñado el de «visitador en Caja Nacional de Previsión Social,
contrato Sucre»109.

Mediante Resolución 24855 del 9 de diciembre de 1997 reliquidó dicha
63.3.2.
pensión, elevando la cuantía a la suma de $216.685,69 M/CTE efectiva a partir del
28 de abril de 1995110.

Mediante Resolución 6686 del 9 de junio de 1999, Cajanal reconoció una
63.3.3.
pensión de sobrevivientes a favor de Regina Garrido de Dorado, en calidad de
cónyuge supérstite de Cristóbal Rafael Dorado Badel en cuantía de $373.244,06
M/CTE efectiva a partir del 12 de agosto de 1998, día siguiente al fallecimiento del
causante111.

63.4. Verificación posterior de la vinculación del causante en la Contraloría
Departamental de Sucre

63.4.1. Mediante Oficio SRH 045 del 19 de julio de 1999, suscrito por Manasés
Guevara Romero, en calidad de jefe de recursos humanos de la Contraloría
General del Departamento de Sucre, en respuesta al requerimiento formulado por
el Grupo Especial de Seguridad y Asuntos Penales de Cajanal, informó que los
certificados expedidos el 1 de febrero y el 9 de marzo de 1995 correspondían a la
realidad de los tiempos laborados por el causante, los cuales comprendían el
período entre el 16 de julio de 1990 y el 20 de abril de 1995.

63.4.1.1. Sin embargo, el certificado suscrito por Óscar Elías Nassit, como jefe de
personal, en el que se certificaba que Cristóbal Rafael Dorado Badel laboró como
supervisor de cuentas entre el 3 de marzo de 1983 y el 9 de diciembre de 1989,
«no aparec[ía] documento alguno que const[ara] que ese tiempo de servicio lo cumplió […]

109 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-17
110 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-31.
111 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-63.

28

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Demandante: Ugpp

previa revisión pormenorizada de las actas de posesión y de los actos administrativos, por
la cual se hacen los nombramientos de todos los funcionarios que hayan ingresado a esta
entidad. Por lo anterior, no se avala[ba] dicha certificación por carecer de autenticidad»112.

63.4.2. Mediante certificación del 3 de agosto de 1999, suscrita por la jefe de
personal (e) del Departamento de Sucre, se informó que, revisados los archivos de
la entidad, no se encontró copia del certificado de tiempo de servicio expedido el
28 de diciembre de 1992113. No obstante, Cristóbal Rafael Dorado Badel fue
nombrado como tesorero pagador, almacenista II-18 del Fondo Vial Departamental,
adscrito a la Secretaría de Desarrollo, mediante Decreto 070 del 30 de enero de
1979, posesionado el 12 de febrero de 1979 hasta el 30 de septiembre de 1983,
fecha en que fue declarado insubsistente mediante Decreto 682 del 30 de
septiembre de 1983, pero según la nómina le fue pagada la mensualidad hasta el
10 de octubre de 1983. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 484 del 7 de
septiembre de 1982, fue encargado como cajero del fondo vial departamental.
Asimismo, se indicó que la firma del certificado correspondía a la entonces jefe de
personal, que el documento fue expedido por esa dependencia y que los
certificados de tiempo de servicio se emitían a solicitud del interesado114.

63.5. De la investigación administrativa y el proceso penal

63.5.1. Mediante concepto técnico 2464 del 5 de agosto de 1999, elaborado por
Ruth Mercy Díaz Torres, abogada, y Mario Efraín Murcia Prieto, grafólogo forense,
del Grupo Especial de Seguridad y Asuntos Penales de Cajanal, se concluyó que
el certificado de tiempo de servicio expedido por Óscar Elías Nassit, en el que se
hacía constar que Cristóbal Rafael Dorado Badel laboró como supervisor de
cuentas en la Contraloría Departamental de Sucre entre el 3 de marzo de 1983 y el
9 de diciembre de 1989, carecía de validez. Esto, con fundamento en la certificación
emitida por Manasés Guevara Romero, en calidad de jefe de recursos humanos de
esa entidad115, quien informó que, revisadas las actas de posesión y los actos
administrativos de nombramiento, no existía documento que acreditara ese período
de vinculación y, por ello, no avaló dicha certificación por carecer de autenticidad.
Asimismo, en el concepto técnico se señaló que el certificado de tiempo de servicio
obrante a folio 9 del expediente presentaba incongruencias en la fecha del tiempo
laborado, pues el período real correspondía al comprendido entre el 16 de julio de

112 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-68.
113 La certificación de esa fecha fue expedida por Gonzalo Vergara Gómez, jefe de personal de la

Gobernación del Departamento de Sucre, en el que se hizo constar que Cristóbal Rafael Dorado
Badel prestó sus servicios como tesorero pagador almacenista II-18 del fondo vial departamental,
adscrito a la Secretaría de Desarrollo, entre el 12 de febrero de 1979 y el 7 de septiembre de 1982.
114 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-73.
115 Por el contexto de lo anotado en el informe, se trata del Oficio SRH 045 del 19 de julio de 1999.

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1990 y el 20 de abril de 1995, y no del 1 de febrero de 1994 al 28 de febrero de
1995, como allí figuraba116.

63.5.2.En virtud de lo anterior, mediante Oficio GESA P4100 MCR del 9 de agosto
de 1999117, Cajanal solicitó al Fopep la suspensión del pago de la pensión de
sobreviviente a Regina Garrido de Dorado118. Adicionalmente, el 13 de agosto de
1999 (radicada el 28 siguiente) instauró denuncia penal ante el jefe de asignaciones
de la FGN en Bogotá119.

63.5.3. Mediante declaración del 1 de diciembre de 1999 ante la Fiscalía 148
Seccional Bogotá, Ruth Mercy Díaz Torres, abogada de Cajanal, manifestó que el
reconocimiento, la reliquidación y la sustitución pensional de Cristóbal Rafael
Dorado Badel tuvieron sustento en los certificados de tiempo de servicio aportados
por el causante y su cónyuge. Que, con ocasión de la verificación efectuada por la
Contraloría Departamental de Sucre, se estableció que el certificado suscrito por
Óscar Elías Nassit, correspondiente al período comprendido entre el 3 de marzo de
1983 y el 9 de diciembre de 1989, no contaba con documentos que respaldaran el
tiempo certificado, pues, revisadas las actas de posesión y los actos
administrativos, no se encontró alguno que acreditara dicho período. Razón por la
cual, la Contraloría consideró que el documento carecía de autenticidad y que el
tiempo certificado no podía ser contabilizado para efectos pensionales; y que, con
fundamento en el concepto técnico elaborado a partir de esa verificación, se
adelantó la denuncia correspondiente y se expidieron los actos administrativos
relacionados con el reconocimiento pensional120.

63.5.4. El 4 de mayo de 2000, la Fiscalía Seccional 148 de Bogotá profirió resolución
inhibitoria y se abstuvo de iniciar instrucción ante el fallecimiento de Cristóbal Rafael
Dorado Badel (implicado) y con fundamento en las indagaciones preliminares, en
el marco de la investigación adelantada con ocasión de la denuncia presentada por
la subdirección de prestaciones económicas de Cajanal121.

63.5.5. Mediante el informe 18 del 18 de junio de 2004, elaborado por María Elena
Castillo Rodríguez, grafóloga forense del grupo especial de seguridad y asuntos

116 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-71.
117 Según lo registrado en la Resolución RDP 020847 del 4 de julio de 2014. 2701 RESOLUCIONES

QUE RESUELVE DE FONDO LA PETICIÓN-64-2018-05-03_180654.
118 Según lo señalado en el informe 18 del de junio de 2004, elaborado por María Elena Castillo

Rodríguez, grafóloga forense del grupo especial de seguridad y asuntos penales de Cajanal. CC-
912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-96.
119 Según lo señalado en el informe 355 del 12 se septiembre de 2011 CC-912104-

AAA_EXP_EP20120823CC912104-133.
120 0807 DECLARACION EXTRAJUICIO O JURAMENTADA-46-2018-05-03_180654.
121 CC-912104-AAA_RAD_20137221757742-4.

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penales de Cajanal, explicó el estado del expediente administrativo del causante,
con referencia del concepto técnico 2464 de 1999, en el que se concluyó que el
certificado de tiempo de servicio cuestionado presentaba inconsistencias y carecía
de autenticidad; y que con fundamento en ese concepto, se solicitó al Fopep la
suspensión del pago de la sustitución pensional reconocida a Regina Garrido de
Dorado «y hasta el momento no ha[bía] sido revocada»122.

63.6. Negativa a reanudar el pago de la pensión de sobreviviente

63.6.1.A través de la Resolución 23232 del 29 de octubre de 2004, Cajanal negó la
pensión123 de sobrevivientes a Regina Garrido de Dorado (radicada el 29 de julio
de 2003), al considerar que el certificado de tiempo de servicio que sustentó la
pensión del causante presentaba inconsistencias y carecía de autenticidad, pues
no existían actos administrativos ni actas de posesión que respaldaran el período
comprendido entre el 3 de marzo de 1983 y el 9 de diciembre de 1989. Por estos
hechos formuló denuncia penal y se inició el trámite de revocatoria directa, cuya
decisión quedó supeditada al pronunciamiento de la jurisdicción penal, sin que
existiera en el cuaderno administrativo una decisión definitiva de la Fiscalía sobre
ese asunto124.

63.6.2.Mediante informe 358 del 12 de septiembre de 2011, elaborado por peritos
grafólogos de Cajanal, se revisó nuevamente el expediente pensional de Cristóbal
Rafael Dorado Badel y se reiteró que el certificado de tiempo de servicio expedido
el 25 de enero de 1994 por Óscar Elías Nassit, en calidad de jefe de personal de la
Contraloría Departamental de Sucre, carecía de autenticidad125.

63.6.3. Mediante Resolución UGM 29041 del 25 de enero de 2012, negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por Regina Garrido de
Dorado. Para ello, reiteró que el concepto técnico 2464 de 1999 había establecido
que el certificado de tiempo de servicio expedido por Óscar Elías Nassit carecía de
validez y que otro certificado presentaba inconsistencias en el período laborado.
Asimismo, consideró que la solicitante no había aportado nuevos elementos de
juicio que desvirtuaran las razones por las cuales, mediante la Resolución 23232

122 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-96. No se encuentra acreditado en el plenario

el momento en que se hizo efectiva la suspensión, pues los actos administrativos únicamente
hacen referencia a las solicitudes de dicha suspensión, sin precisar la fecha a partir de la cual esta
se materializó.
123 Si bien en el acto administrativo se hace referencia a que se negó la pensión, lo cierto es que,

como esta ya había sido reconocida, debe entenderse que la decisión se refiere a la negativa de
reanudar el pago de la mesada pensional.
124 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-102.
125 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-133.

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de 2004, se había negado esa prestación. Así, mantuvo dicha decisión126.

63.7. Apertura de la actuación administrativa tendiente a obtener la revocatoria
directa

63.7.1.Mediante Auto 71 del 20 de octubre de 2012, Cajanal ordenó la apertura de
la actuación administrativa tendiente a obtener la revocatoria directa de las
resoluciones 8420 del 9 de agosto de 1995 y 6686 del 9 de junio de 1999 por
presuntas inconsistencias en los documentos aportados para el reconocimiento
pensional127.

63.7.2.Con Auto ADP 006024 del 29 de abril de 2013, la Ugpp señaló que carecía
de competencia para resolver la solicitud de revocatoria directa presentada el 1 de
abril de 2013, comoquiera que el certificado de tiempo de servicio expedido a
nombre de Cristóbal Rafael Dorado Badel por la Contraloría Departamental de
Sucre presentaba inconsistencias y carecía de autenticidad, circunstancia que
había dado lugar a la denuncia penal instaurada el 13 de agosto de 1999 (radicada
el 28 siguiente) ante el jefe de asignaciones de la FGN en Bogotá, de tal manera
que era necesario esperar la decisión definitiva de la jurisdicción penal antes de
adoptar una determinación en materia pensional, toda vez que en el expediente no
obraba una decisión de la jurisdicción penal sobre ese aspecto128.

63.7.3.A través de Auto 007887 del 30 de mayo de 2013 la Ugpp archivó la solicitud
de revocatoria directa de las resoluciones 8420 del 9 de agosto de 1995 y 6686 del
9 de junio de 1999, presentada por Cajanal, al constatar que la titular del derecho
pensional no otorgó su consentimiento expreso. En consecuencia, dispuso remitir
el expediente a la Subdirección Jurídica Pensional para que adelantara las acciones
legales a que hubiera lugar129.

63.7.4.Por Auto ADP 1891 del 27 de febrero de 2014, la Ugpp ordenó nuevamente
la apertura de una actuación administrativa para revisar la legalidad de las
resoluciones 8420 de 1995 y 6686 de 1999, al advertir indicios de que el
reconocimiento de la pensión de vejez y su sustitución se habrían obtenido con
fundamento en documentación presuntamente falsa. Para ello, tuvo en cuenta,
entre otros antecedentes, el Concepto Técnico 2464 del 5 de agosto de 1999 del
Grupo Especial de Seguridad y Asuntos Penales de Cajanal, que concluyó que uno
de los certificados de tiempo de servicio carecía de autenticidad. En consecuencia,
dispuso la práctica de pruebas y requirió a la beneficiaria para que otorgara su

126 CC-912104-AAA_EXP_EP20120823CC912104-139.
127 Según lo señalado en el Auto ADP 007887 del 30 de mayo de 2013. 2601 AUTOS-70-2018-05-

03_180654.
128 2601 AUTOS-58-2018-05-03_180654.
129 COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS-94-2018-05-03_180655.

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Demandante: Ugpp

consentimiento previo, expreso y escrito para la revocatoria directa de dichos
actos130.

63.7.5. Mediante Auto ADP 005067 del 16 de mayo de 2014, la Ugpp concluyó que
no era procedente revocar las resoluciones 8420 de 1995, 24855 de 1997 y 6686
de 1999, al considerar que no estaba plenamente probado que el reconocimiento
pensional se hubiera sustentado en documentación falsa, pues el informe pericial
elaborado por CYZA Outsourcing SA en el que se sustentaba la presunta falsedad
de los documentos que sirvieron de base para el reconocimiento pensional, carecía
de valor probatorio por no haber sido obtenido con observancia del debido proceso
ni reunir los requisitos legales para ser valorado como prueba plena en la actuación
administrativa. En consecuencia, dispuso remitir el expediente a la subdirección
jurídica pensional para que promoviera las acciones judiciales correspondientes131.

63.8. Decisiónde tutela, restablecimiento del pago de la pensión de
sobreviviente y archivo de la solicitud de revocatoria directa

63.8.1.Mediante fallo de tutela proferido el 25 de junio de 2014, el Juzgado 4
Administrativo de Bogotá, Sección Primera132 amparó los derechos fundamentales
al debido proceso, la vida digna y la seguridad social de Regina Garrido de Dorado;
dejó sin efectos el oficio mediante el cual se ordenó la suspensión del pago de la
mesada pensional, así como las resoluciones 23232 del 29 de octubre de 2004 y
UGM 29041 del 25 de enero de 2012, que negaron la sustitución pensional por
vulneración del debido proceso, y ordenó a la Ugpp restablecer el pago de las
mesadas pensionales futuras, debidamente indexadas, de conformidad con la
Resolución 6686 del 9 de junio de 1999. Sin embargo, negó el pago de las mesadas
dejadas de percibir durante la suspensión133.

Mediante Resolución RDP 20847 del 4 de julio de 2014 la Ugpp dio
63.8.2.
cumplimiento a la decisión constitucional, y en consecuencia ordenó restablecer el
pago de las mesadas pensionales a favor de Regina Garrido de Dorado134.

63.8.3.A través de Resolución RDP 023790 del 30 de Julio de 2014, se modificó la
Resolución RDP 20847 del 4 de julio de 2014, en la parte motiva y, especialmente,
en la parte resolutiva, al advertir que el acto administrativo contenía errores
involuntarios. En consecuencia, se suprimieron algunos ordinales, por cuanto no

130 2601 AUTOS-63-2018-05-03_180654.
131 2601 AUTOS-62-2018-05-03_180654.
132 Con radicado 2014-00120-00.
133 CC-912104-AAA_RAD_TU20147221821012-1. Según lo anotado en el telegrama 332-FIC-14

del 27 de junio de 2014.
134 2701 RESOLUCIONES QUE RESUELVE DE FONDO LA PETICIÓN-64-2018-05-03_180654.

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Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
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resultaban aplicables al caso concreto y se estaba generando el pago de un
retroactivo que no correspondía135.

63.8.4.Mediante Auto ADP 007896 del 4 de agosto de 2014, la Ugpp ordenó
archivar la solicitud de revocatoria directa de las resoluciones 8420 de 1995, 24855
de 1997 y 6686 de 1999, al constatar que la beneficiaria de la pensión no otorgó el
consentimiento previo, expreso y escrito exigido por el artículo 97 del CPACA. No
obstante, dispuso remitir el expediente a la Subdirección Jurídica Pensional para
que iniciara las acciones judiciales correspondientes136.

63.8.5. Mediante Resolución RDP 24820 del 12 de agosto de 2014, la Ugpp modificó
la Resolución RDP 023790 del 30 de julio de 2014, que a su vez había modificado
la Resolución RDP 20847 del 4 de julio de 2014, para precisar que el
restablecimiento del pago de las mesadas pensionales tendría efectos fiscales a
partir de la inclusión en nómina y que no procedía el pago de las mesadas dejadas
de percibir durante la suspensión, de conformidad con lo ordenado en el fallo de
tutela137.

63.8.6. Mediante la Resolución RDP 025253 del 19 de agosto de 2014, la Ugpp dejó
sin efectos la Resolución RDP 24820 del 12 de agosto de 2014 y modificó la
Resolución RDP 023790 del 30 de julio de 2014 que modificó la Resolución RDP
20847 del 4 de julio de 2014 para precisar que el restablecimiento del pago de la
pensión de sobrevivientes ordenado en cumplimiento del fallo de tutela surtía
efectos fiscales a partir del 27 de junio de 2014, fecha de notificación de dicha
providencia. Asimismo, negó el pago de las mesadas dejadas de pagar con
anterioridad, al señalar que su reconocimiento debía reclamarse por las vías
judiciales ordinarias138.

63.9. Hechos relacionados con la certificación del 25 de enero de 1994

63.9.1.Oscar Elías Nassit, quien suscribió el certificado del 25 de enero de 1994 en
calidad de jefe de personal de la Contraloría Departamental de Sucre, fue
nombrado en propiedad en dicho cargo mediante Resolución 231 del 21 de
diciembre de 1992 y tomó posesión el 31 de diciembre de 1992, según consta en
el acta 2025 de esa fecha139.

63.9.2. Mediante certificación del 18 de marzo de 2014140 la jefe del área de gestión

135 2701 RESOLUCIONES QUE RESUELVE DE FONDO LA PETICIÓN-68-2018-05-03_180654.
136 2601 AUTOS-61-2018-05-03_180654.
137 2701 RESOLUCIONES QUE RESUELVE DE FONDO LA PETICIÓN-66-2018-05-03_180654.
138 2701 ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE LA PETICION-105-2018-05-03_180655.
139 CC-912104-AAA_RAD_20147220797492-10.
140 0609 CERTIFICACIONES DIFERENTES A LAS REQUERIDAS-5-2018-05-03_180653.

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Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

administrativa integral de la Contraloría del Departamento de Sucre señaló que
«revisados los archivos de la entidad no aparec[ía] certificación expedida a favor del
causante DORADO BADEL CRISTOBAL RAFAEL por parte de […] OSCAR ELIAS
NASSIT en su calidad de jefe de personal, por lo tanto, no se p[odía] en es[a] instancia
cuestionar la autenticidad y veracidad del documento solicitado». Además, precisó que:

63.9.2.1. Sí
obraban documentos que respaldaban los cargos ejercidos por el
causante en la entidad. Hizo referencia a los siguientes: «i) acta de posesión 761 de
3 de marzo de 1983. Cargo: Supervisor de Cuentas; ii) Resolución 160 de 16 de julio de
1990. Cargo: jefe de la sección de finanzas y juicios fiscales; iii) Resolución 104 de 29 de
mayo de 1992. Cargo: jefe de juicios fiscales y jurisdicción coactiva; iv) acta de posesión
2047 de 31 de diciembre de 1992. Cargo: analista de control de resultados – división de
control posterior; v) Resolución 210 de 1 de diciembre de 1994. Cargo: visitador A de la
sección de visitaduría; y vi) Resolución 052 de 20 de abril de 1995. Es reemplazado en el
cargo de visitador A de la sección de visitaduría».

63.9.2.2. «Oscar Elías Nassit, ejerció como funcionario de la Contraloría General del
Departamento de Sucre, en los cargos de jefe de sección de visitaduría en el mes de
octubre de 1992 y jefe de Grupo de Personal en el mes de diciembre de 1992. Según
Resolución 085 de 28 de junio de 1993 que adopta el manual de funciones de la entidad,
en el cargo de jefe de grupo de personal está la de expedir certificados de tiempo de
servicios de los funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría».

63.9.2.3. A través del Oficio 9979 del 28 de abril de 2014, la Contraloría Departamental
de Sucre remitió copias de los documentos que respaldaban los cargos
desempeñados por el causante. En particular, allegó el acta de posesión 761 del
3 de marzo de 1983, mediante la cual tomó posesión del cargo de Supervisor de
Cuentas; el acta de posesión 1862 del 17 de julio de 1990, correspondiente al cargo
de jefe de finanzas y juicios fiscales; el acta de posesión 1968 del 30 de abril de
1992, por la cual asumió el cargo de jefe de sección de juicios fiscales y jurisdicción
coactiva; el acta de posesión 2047 del 31 de diciembre de 1992, correspondiente
al cargo de analista de control de resultados de la división de control posterior; y el
acta de posesión 3166 del 1 de enero de 1994, mediante la cual tomó posesión
como visitador A de la sección de visitaduría. Asimismo, remitió la Resolución 052
del 20 de abril de 1995, mediante la cual fue declarado insubsistente su
nombramiento141.

63.9.2.4. Según el certificado de información laboral 0762014, expedido el 22 de
diciembre de 2014 por la Contraloría General del Departamento de Sucre, Cristóbal
Rafael Dorado Badel laboró en esa entidad desde el 3 de marzo de 1983 hasta el
20 de abril de 1995, en el cargo de visitador A, período durante el cual efectuó

141 CC-912104-AAA_RAD_TU20147221628232-6.

35

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

aportes pensionales a Cajanal142; y de conformidad con la certificación de salario
base 0752014, expedida el 22 de diciembre de 2014 para efectos del cálculo del
bono pensional, laboró hasta el 20 de abril de 1995 y a la fecha de retiro devengaba
una asignación básica mensual de $322.077143.

63.10. Decisión judicial sobre la suspensión de la pensión de sobreviviente

63.10.1. El Juzgado 4 Administrativo Oral de Sincelejo, mediante sentencia del 24 de
agosto de 2017144, accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por Regina Garrido de Dorado contra la
Ugpp en la que solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones 23232 del
29 de octubre de 2004 y UGM 029041 del 25 de enero de 2012, relacionadas con
la suspensión del pago de la pensión de sobreviviente y la negativa a reanudarla,
fundamentadas en la presuntas inconsistencias en los certificados de tiempo de
servicio del causante y en la existencia de una investigación penal por una posible
falsedad documental.

63.10.2. Enconsecuencia, declaró la nulidad de dichos actos y, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó reanudar el pago de la pensión de
sobrevivientes desde la fecha de su suspensión hasta el 14 de enero de 2015, fecha
del fallecimiento de la demandante, y descontar las sumas ya pagadas en
cumplimiento de la acción de tutela del 25 de junio de 2014.

63.10.3. Consideró que la suspensión de la mesada vulneró el debido proceso y el
derecho de defensa de la beneficiaria, pues tratándose de actos administrativos de
contenido pensional, la administración podía revisarlos y, en determinadas
circunstancias, revocarlos directamente al amparo del artículo 19 de la Ley 797 de
2003. Sin embargo, de conformidad con la sentencia C-835 de 2003 de la Corte
Constitucional, dicha facultad exigía la existencia de motivos reales, objetivos y
trascendentes; que la irregularidad estuviera plenamente acreditada y se respetara
el debido proceso. Cuando no se demostraba una conducta tipificada como delito,
la administración debía acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para
obtener la anulación del acto.

63.10.4. En el caso concreto, el juzgado encontró que Cajanal suspendió el pago de
la pensión desde el 29 de octubre de 2004 y solo hasta el 29 de octubre de 2012
inició una actuación administrativa dirigida a revisar la legalidad de dicha decisión,
sin que durante ese período se hubiera garantizado el debido proceso de la

142 0501 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL-99-2018-05-03_180655.
143 0402 CERTIFICADO SALARIO BASE-100-2018-05-03_180655.
144 201720052584872-3.

36

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00195-02 (3290-2025)
Demandante: Ugpp

beneficiaria; que no se había acreditado la supuesta falsedad documental que
sustentó la suspensión, pues no se aportó al expediente el proceso penal
adelantado por estos hechos ni el informe técnico que había servido de fundamento
para suspender el pago. Además, las actuaciones administrativas promovidas para
obtener la revocatoria directa fueron archivadas, sin que se encontrara plenamente
demostrada la falsedad alegada. En consecuencia, la existencia de inconsistencias
en los certificados de tiempo de servicio no resultaba suficiente para mantener
suspendida la pensión, pues, para afectar un derecho pensional previamente
reconocido, la entidad debía acreditar plenamente la irregularidad y garantizar el
debido proceso y el derecho de defensa de la beneficiaria.

2.4.2. Análisis sustancial

64. Conforme con el problema jurídico planteado, las pruebas obrantes en el
expediente, el marco normativo aplicable y los argumentos del recurso de
apelación, corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos
demandados se encuentran viciados de nulidad y, de ser así, si procede la
devolución de las sumas pagadas, previa verificación de la presunción de buena fe
de los beneficiarios.

65. Para resolver la controversia, la Sala analizará, en primer lugar, si se encuentran
acreditados los tiempos de servicios que sirvieron de fundamento al reconocimiento
pensional, en particular, el período comprendido entre el 3 de marzo de 1983 y el 9
de diciembre de 1989, cuya validez cuestiona la Ugpp. En segundo lugar,
establecerá si, a partir del material probatorio, puede concluirse que el
reconocimiento pensional se produjo con fundamento en una certificación irregular
y, por tanto, si los actos demandados se encuentran viciados de nulidad.
Finalmente, de resultar procedente la declaratoria de nulidad, examinará si se
encuentra desvirtuada la presunción de buena fe de los beneficiarios, como
presupuesto para determinar la procedencia de la devolución de las sumas
pagadas.

66. Pues bien, el tribunal concluyó que Cristóbal Rafael Dorado Badel acreditó los
requisitos de tiempo de servicio exigidos para el reconocimiento de la pensión de
jubilación, pues tuvo en cuenta los distintos períodos certificados por el municipio
de Corozal, el departamento de Sucre y la Contraloría Departamental de Sucre.
Para la Ugpp, por el contrario, el tiempo comprendido entre el 3 de marzo de 1983
y el 9 de diciembre de 1989 no se encontraba acreditado, pues el certificado
expedido el 25 de enero de 1994 por Óscar Elías Nassit presentaba irregularidades
que impedían otorgarle valor probatorio.

67. Ahora bien, mediante Resolución 8420 del 9 de agosto de 1995, Cajanal

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reconoció la pensión de jubilación con base en 7.572 días de servicio, dentro de los
cuales incluyó el período comprendido entre el 3 de marzo de 1983 y el 9 de
diciembre de 1989, equivalente a 2.437 días. Dicho período se acreditó en su
momento con el certificado expedido el 25 de enero de 1994 por Óscar Elías Nassit,
jefe de personal de la Contraloría Departamental de Sucre, en el cual se hizo
constar que Cristóbal Rafael Dorado Badel se desempeñó como supervisor de
cuentas en ese lapso.

68. Posteriormente, mediante Resolución 24855 del 9 de diciembre de 1997,
reliquidó dicha prestación, y luego, mediante Resolución 6686 del 9 de junio de
1999, sustituyó la prestación a Regina Garrido de Dorado, en calidad de cónyuge
supérstite de Cristóbal Rafael Dorado Badel, con efectos a partir del 12 de agosto
de 1998.

69. No obstante, con ocasión de la revisión posterior e integral del expediente
pensional, Cajanal suspendió el pago de la pensión de sobrevivientes reconocida a
Regina Garrido de Dorado, para lo cual se fundamentó en el Oficio SRH 045 del 19
de julio de 1999, mediante el cual la Contraloría Departamental de Sucre informó
que no había encontrado documentos que acreditaran el tiempo de servicio
certificado por Óscar Elías Nassit y, por ello, no avaló dicha constancia al considerar
que carecía de autenticidad, así como en el Concepto Técnico 2464 del 5 de agosto
de 1999, elaborado con fundamento en dicha información, en el que se concluyó
que el certificado carecía de validez por no encontrarse documentos que
acreditaran el período certificado.

70. La conclusión anterior dio lugar, además, a la presentación de una denuncia
penal ante la FGN por los hechos relacionados con los certificados de tiempo de
servicio. Sin embargo, la actuación penal no concluyó con una decisión que
estableciera la falsedad del certificado expedido por Óscar Elías Nassit ni la
responsabilidad de Cristóbal Rafael Dorado Badel por estos hechos. En efecto,
mediante decisión del 4 de mayo de 2000, la Fiscalía Seccional 148 de Bogotá se
abstuvo de iniciar instrucción, ante el fallecimiento del causante.

71. Con posterioridad, la información inicialmente obtenida por Cajanal fue objeto de
nuevas verificaciones administrativas. En particular, en el año 2014 se incorporaron
al expediente certificaciones y documentos expedidos por la Contraloría
Departamental de Sucre, con los cuales se revisó nuevamente la vinculación laboral
de Cristóbal Rafael Dorado Badel y los cargos que desempeñó en esa entidad.

72. Así, mediante certificación del 18 de marzo de 2014, la Contraloría informó que,
aunque no aparecía en sus archivos el certificado expedido por Óscar Elías Nassit,
sí encontró documentos que respaldaban la vinculación laboral del causante. Entre

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Demandante: Ugpp

ellos identificó el acta de posesión 761 del 3 de marzo de 1983, correspondiente al
cargo de supervisor de cuentas, así como otros actos relacionados con los cargos
que desempeñó con posterioridad. Conviene resaltar que la entidad no desconoció
la existencia, validez o veracidad del certificado analizado, sino que indicó que no
lo encontraba en sus archivos, pero consideró importante informar que sí había
documentos que respaldaban la vinculación del causante a la entidad.

73. Además, en dicha certificación se precisó que Óscar Elías Nassit había ejercido
funciones en la Contraloría Departamental de Sucre, pues se desempeñó como jefe
de sección de visitaduría en octubre de 1992 y como jefe de grupo de personal en
diciembre de ese año; y que de acuerdo con el manual de funciones adoptado
mediante Resolución 085 de 28 de junio de 1993, al responsable de dicho grupo le
correspondía, entre otras funciones, expedir certificados de tiempo de servicio de
los funcionarios y exfuncionarios de la entidad.

74. Esta información resulta relevante frente al argumento de la Ugpp, según el cual
no se encontraba acreditado que Óscar Elías Nassit tuviera competencia para
expedir el certificado del 25 de enero de 1994. La Sala advierte que la certificación
cuestionada fue expedida con posterioridad a que aquel ejerciera el cargo de jefe
de grupo de personal y a la adopción del manual de funciones que atribuía a dicho
cargo la facultad de expedir certificados de tiempo de servicio. Además, la Ugpp no
acreditó que, para el 25 de enero de 1994, hubiera dejado de ejercer el empleo que
le otorgaba la competencia para expedir la certificación cuestionada.

75. En consecuencia, la falta de competencia de Óscar Elías Nassit, alegada por la
Ugpp como fundamento para cuestionar la autenticidad del certificado del 25 de
enero de 1994 no se encuentra acreditada. Por tanto, esta circunstancia no permite
desvirtuar la autenticidad del documento ni concluir que hubiera sido expedido por
un funcionario sin facultades para certificar el tiempo de servicio.

76. Ahora bien, en cuanto al argumento de la Ugpp según el cual el acta de posesión
761 del 3 de marzo de 1983 solo acreditaba el inicio de la vinculación y no la
permanencia del causante durante el período certificado, la Sala considera que esta
circunstancia tampoco resulta suficiente para desvirtuar el tiempo de servicio
acreditado.

77. En efecto, mediante Oficio 9979 del 28 de abril de 2014, la Contraloría
Departamental de Sucre remitió copias de los documentos que respaldaban los
distintos cargos desempeñados por Cristóbal Rafael Dorado Badel. Entre ellos se
encuentra el acta de posesión 761 del 3 de marzo de 1983, correspondiente al
cargo de supervisor de cuentas; el acta de posesión 1862 del 17 de julio de 1990,
correspondiente al cargo de jefe de finanzas y juicios fiscales; el acta de posesión

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Demandante: Ugpp

1968 del 30 de abril de 1992, mediante la cual asumió el cargo de jefe de sección
de juicios fiscales y jurisdicción coactiva; el acta de posesión 2047 del 31 de
diciembre de 1992, correspondiente al cargo de analista de control de resultados
de la división de control posterior; y el acta de posesión 3166 del 1 de enero de
1994, mediante la cual tomó posesión como visitador A de la sección de visitaduría.
Asimismo, remitió la Resolución 052 del 20 de abril de 1995, mediante la cual fue
declarado insubsistente su nombramiento.

78. Estos documentos permiten establecer que la vinculación del causante con la
Contraloría no se limitó al momento acreditado por el acta de posesión del 3 de
marzo de 1983, pues existen actos posteriores que dan cuenta de su permanencia
en la entidad y de los distintos cargos que desempeñó entre los años 1990 y 1995.
Por ello, aunque el acta de posesión 761 no demuestra por sí sola la permanencia
durante todo el período comprendido entre el 3 de marzo de 1983 y el 9 de
diciembre de 1989, sí constituye un elemento que, valorado junto con los demás
documentos, respalda el inicio de la vinculación que posteriormente tuvo
continuidad.

79. A lo anterior se suma el certificado de información laboral 0762014 del 22 de
diciembre de 2014, expedido por la Contraloría Departamental de Sucre, en el cual
se hizo constar que Cristóbal Rafael Dorado Badel laboró en esa entidad desde el
3 de marzo de 1983 hasta el 20 de abril de 1995 y que durante ese período efectuó
aportes pensionales a Cajanal. En igual sentido, la certificación de salario base
0752014, expedida en esa fecha para efectos del cálculo del bono pensional,
señaló como fecha de retiro el 20 de abril de 1995. En estos documentos no se
alude a interrupción alguna, la cual resultaría necesaria toda vez que daba cuenta
de los servicios prestados y las administradoras de sus aportes pensionales, a
efectos de que sean considerados para el reconocimiento pensional.

80. De esta manera, con posterioridad a la actuación de 1999, la Contraloría certificó
que la vinculación se extendió desde el 3 de marzo de 1983 hasta el 20 de abril de
1995. Esta información comprende el período controvertido entre el 3 de marzo de
1983 y el 9 de diciembre de 1989 y, además, resulta concordante con los actos de
posesión que acreditan el ejercicio de distintos cargos en la entidad durante los
años posteriores.

81. En consecuencia, la Sala no encuentra fundamento suficiente para concluir que
Cristóbal Rafael Dorado Badel no laboró en la Contraloría durante el período
controvertido. Si bien no obra un acto individual que permita establecer, de manera
específica, la fecha en que terminó su vinculación como supervisor de cuentas, esta
circunstancia no desvirtúa el certificado que acreditó ese período, máxime cuando
la documentación posterior expedida por la entidad reconoce una vinculación

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Demandante: Ugpp

continua desde el 3 de marzo de 1983 hasta el 20 de abril de 1995, y permite
considerar que la ausencia de un acto de retiro para el empleo de supervisor de
cuentas se justificaba en que en su trayectoria laboral estuvo caracterizada por los
movimientos, ascensos o promociones al interior de la entidad. Solo se retiró
definitivamente de la Contraloría el 20 de abril de 1995.

82. Por tanto, la ausencia de un acto de retiro no permite, por sí sola, concluir que
el período certificado no fue laborado, pues la información obtenida posteriormente
aporta elementos objetivos que respaldan la existencia de la vinculación laboral y,
en particular, comprende el período que fue tenido en cuenta por Cajanal para el
reconocimiento de la pensión.

83. Así las cosas, la Sala concluye que la Ugpp no logró desvirtuar que
efectivamente se hubiese prestado el servicio por el tiempo que sirvió de
fundamento para el reconocimiento de la pensión de jubilación. Tampoco acreditó
que el certificado del 25 de enero de 1994 hubiera incorporado un período de
servicio inexistente. En consecuencia, no se encuentra demostrado que Cristóbal
Rafael Dorado Badel hubiera obtenido el reconocimiento pensional sin acreditar el
tiempo de servicio exigido por el artículo 7 del Decreto 929 de 1976.

84. Así las cosas, la Ugpp no desvirtuó la presunción de legalidad de las
resoluciones 8420 del 9 de agosto de 1995, 24855 del 9 de diciembre de 1997 y
6686 del 9 de junio de 1999, mediante las cuales Cajanal reconoció y reliquidó la
pensión de jubilación de Cristóbal Rafael Dorado Badel y, posteriormente, la
sustituyó a Regina Garrido de Dorado.

85. Por lo tanto, al no haberse acreditado la irregularidad planteada, no resulta
necesario abordar el análisis de la presunción de buena fe como presupuesto para
establecer la procedencia de la devolución de las sumas pagadas.

86. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 3 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral,
que negó las pretensiones de la demanda, porque no se acreditó la irregularidad
alegada respecto del tiempo de servicio que sirvió de fundamento al reconocimiento
pensional y, por lo tanto, no se desvirtuó la legalidad de los actos demandados.

87. Finalmente, no pasa por alto la Sala que el Juzgado 4 Administrativo Oral de
Sincelejo, mediante sentencia del 24 de agosto de 2017, declaró la nulidad de las
resoluciones 23232 del 29 de octubre de 2004 y UGM 029041 del 25 de enero de
2012, mediante las cuales Cajanal suspendió el pago de la pensión de
sobrevivientes reconocida a Regina Garrido de Dorado y negó su reanudación.
Como restablecimiento del derecho, ordenó reanudar el pago de las mesadas

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Demandante: Ugpp

pensionales desde la fecha de su suspensión hasta el 14 de enero de 2015, fecha
del fallecimiento de la pensionada, con el descuento de las sumas pagadas en
cumplimiento del fallo de tutela proferido el 25 de junio de 2014 por el Juzgado 4
Administrativo de Bogotá, Sección Primera. Esta decisión tuvo como fundamento,
entre otros aspectos, que la suspensión se había sustentado en las inconsistencias
atribuidas al certificado de tiempo de servicio expedido el 25 de enero de 1994.

88. Por lo anterior, comoquiera que el restablecimiento del pago de la pensión ya
fue objeto de pronunciamiento y la autoridad judicial competente impartió la
correspondiente orden de reanudación de las mesadas hasta el fallecimiento de la
pensionada, no hay lugar a impartir una orden adicional en esta providencia
respecto de la restitución de dicha prestación.

2.5. Costas

89. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

90. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

91. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma145.

92. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron

145En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Ugpp

dichas costas.

93. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia actuación temeraria
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala no condenará en costas en esta instancia.

3. Conclusión

94. Del análisis normativo y la valoración integral del material probatorio, la Sala
concluye que no se acreditó que el reconocimiento de la pensión de jubilación de
Cristóbal Rafael Dorado Badel se hubiera sustentado en un tiempo de servicio
inexistente o en una certificación irregular. Por el contrario, se acreditó la
vinculación del causante con la Contraloría Departamental de Sucre desde el 3 de
marzo de 1983 y su permanencia en la entidad hasta el 20 de abril de 1995, período
que comprendió el tiempo de servicio cuestionado (entre el 3 de marzo de 1983 y
el 9 de diciembre de 1989), tampoco se demostró que Óscar Elías Nassit careciera
de competencia para expedir el certificado del 25 de enero de 1994 ni que dicho
documento hubiera sido falso.

95. Por lo tanto, no se desvirtuó la presunción de legalidad de las resoluciones 8420
del 9 de agosto de 1995, 24855 del 9 de diciembre de 1997 y 6686 del 9 de junio
de 1999, de tal manera que no hay lugar a declarar su nulidad.

96. En ese orden, al no acreditarse la irregularidad que sustenta la pretensión de
nulidad, tampoco resulta necesario examinar la presunción de buena fe como
presupuesto para determinar la procedencia de la restitución de las sumas
pagadas. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (Ugpp) contra Lesvia Regina Dorado Garrido y otros, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia

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Demandante: Ugpp

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
(FNM)

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