Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00391-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00391-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2021-00391-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2021-00391-01 (5790-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: Teresa Rueda de Rincón
Temas: Pensión de vejez
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 13 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Colpensiones presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, en orden a
que se declarara la nulidad de la Resolución GNR 65538 del 6 de marzo de 2015,
por medio de la cual ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a
favor de Teresa Rueda de Rincón.
1 En lo que sigue Colpensiones.
2 Tribunales y Juzgados. Índice 13. Expediente digital, documento 1. La demanda fue presentada
el 21 de abril de 2021. Carpeta 2, documento 0.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Colpensiones
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reintegro indexado de las sumas pagadas a Teresa Rueda de Rincón
por concepto de mesadas pensionales, retroactivo y aportes al sistema de salud,
por valor de $47.987.470; y ii) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:
3.1. Teresa Rueda de Rincón nació el 1 de abril de 1954.
3.2. El 2 de mayo de 2014, la empresa Charry Narváez Ltda a través de Laureano
Marín Rodas [representante], solicitó ante Colpensiones el cálculo actuarial por
omisión del empleador respecto del período comprendido entre el 1 de febrero y el
31 de diciembre de 1994, laborado por Teresa Rueda de Rincón.
3.3. Mediante la Resolución GNR 65538 del 6 de marzo de 2015, Colpensiones
reconoció una pensión de vejez a favor de Teresa Rueda de Rincón, efectiva a
partir del 1 de noviembre de 2013, con fundamento en 748 semanas cotizadas.
3.4. El25 de mayo de 2016, la Oficina PAC5 de Bucaramanga informó a
Colpensiones que Jorge Enrique Peinado Carreño había promovido solicitudes de
cálculo actuarial por omisión respecto de presuntos trabajadores de Charry Narváez
Ltda con el fin de obtener el reconocimiento de pensiones sin cumplir los requisitos
legales, pues «al parecer» esas personas no habían laborado para dicha empresa.
3.5. En virtud de lo anterior, mediante auto 387 del 22 de junio de 2017,
Colpensiones inició una investigación administrativa especial para verificar
presuntas las irregularidades relacionadas con el cálculo actuarial presentado por
Charry Narváez Ltda. Esta decisión fue notificada a Teresa Rueda de Rincón, quien
«no otorgó respuesta».
3.6. A través de Auto 1000 del 5 de julio de 2018, Colpensiones cerró la investigación
y concluyó que el cálculo actuarial carecía de validez al haberse sustentado en una
relación laboral inexistente, razón por la cual adoptó las medidas correspondientes
y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación6.
3.7. Por medio de la Resolución SUB278272 del 24 de octubre de 2018, confirmada
4 Los hechos relevantes se enlistaron con fundamento en lo expuesto por Colpensiones en la
demanda y en las pruebas obrantes en el expediente.
5 Puntos de Atención Colpensiones.
6 En adelante FGN.
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Demandante: Colpensiones
por la Resolución DPE 440 del 8 de marzo de 2019, Colpensiones revocó el
reconocimiento de la pensión de vejez al concluir que la afiliada no reunía las
semanas requeridas para acceder a la prestación.
3.8. Mediante la Resolución SUB279216 del 25 de octubre de 2018, Colpensiones
ordenó el reintegro de las sumas pagadas por concepto de mesadas pensionales y
aportes al sistema de salud.
3.9. El 2 de enero de 2019, Teresa Rueda de Rincón solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación
definida. Petición que fue negada por la entidad a través de la Resolución
SUB69623 del 12 de marzo de 2020 con fundamento en que la demandada había
acreditado únicamente 684 semanas de cotización, las cuales resultaban
insuficientes para acceder a la prestación.
3.10. El 8 de junio de 2020, solicitó la revocatoria directa de la Resolución SUB69623
del 12 de marzo de 2020 la cual fue negada mediante la Resolución SUB-179570
del 21 de agosto de 2020.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; y 36 de la
Ley 100 de 1993.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso que el acto demandado era nulo
porque el reconocimiento de la pensión de vejez en favor de la demandada se había
fundamentado en unas semanas cotizadas que provenían de una relación laboral
inexistente con la empresa Charry Narváez Ltda., lo que permitió acreditar
indebidamente los requisitos señalados en el Decreto 758 de 1990 para acceder a
la prestación y, en consecuencia, generó un detrimento patrimonial de los recursos
públicos.
1.2. Contestación de la demanda
6. Teresa Rueda de Rincón no contestó la demanda7.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia proferida el 13 de agosto de
20248 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Declaró la nulidad de
7 El auto admisorio le fue notificado el 24 de abril de 2024. Samai tribunales y juzgados. Índice 19.
8 Samai tribunales y juzgados. Índice 35.
3
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Demandante: Colpensiones
la Resolución GNR 65538 de 2015 y la prescripción de las sumas devengadas por
la demandada con anterioridad al 21 de abril de 2018; a título de restablecimiento
del derecho, ordenó a Teresa Rueda de Rincón reintegrar a Colpensiones las
sumas percibidas por concepto de las mesadas pensionales percibidas entre el 21
de abril y el 30 de octubre de 2018; y se abstuvo de condenar en costas. La decisión
tuvo sustento en los siguientes argumentos:
7.1. El reconocimiento pensional se había fundamentado en un cálculo actuarial
elaborado con base en la incorporación irregular de 47,71 semanas de cotización
provenientes de una relación laboral inexistente entre la demandada y la empresa
Charry Narváez Ltda, lo que le permitió acreditar indebidamente los requisitos del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y de la
pensión de vejez regulada por el Decreto 758 de 1990. No era beneficiaria de la
transición porque no registraba afiliación a ningún régimen pensional antes de la
entrada en vigencia de la referida ley y, en todo caso, únicamente acreditaba 684,71
semanas de cotización que resultaban insuficientes para acceder a ella.
7.2. La presunción de buena fe se había desvirtuado porque la demandada no
acreditó la existencia de la relación laboral con la empresa Charry Narváez Ltda,
pues no demostró que las irregularidades advertidas por Colpensiones que
incidieron en el reconocimiento pensional fueran falsas. Por el contrario, después
de iniciada la investigación administrativa, solicitó la corrección de los registros
laborales para que el tiempo que se registró inicialmente a nombre de ese
empleador se reportara como laborado para Creaciones Ruquita, con fundamento
en una declaración juramentada que contradecía la presentada inicialmente para
sustentar la solicitud de cálculo actuarial. Esas circunstancias evidenciaban que
conocía la alteración de la información con la que obtuvo el reconocimiento
pensional.
7.3. Declaró prescritas las sumas devengadas con anterioridad al 21 de abril de 2018
porque la demanda había sido presentada el 21 de abril de 2024 y negó la
devolución de los aportes al sistema de salud por su naturaleza parafiscal.
1.4. El recurso de apelación
8. Teresa Rueda de Rincón apeló para señalar que no se demostró la mala fe
durante el trámite pensional con fundamento en lo siguiente:
8.1. Desde la solicitud de corrección de la historia laboral que presentó ante
Colpensiones el 21 de marzo de 2018, así como en el escrito del 21 de noviembre
de 2019, la solicitud de revocatoria del 8 de junio de 2020 y la petición del 14 de
octubre de 2020, explicó que el trámite del cálculo actuarial y la solicitud pensional
habían sido realizados por un tercero en quien depositó su confianza, razón por la
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cual desconocía las irregularidades que fueron detectadas posteriormente por la
entidad.
8.2. Atendió todos los requerimientos de Colpensiones, rindió oportunamente sus
descargos y aportó la documentación solicitada; además ostentaba la condición de
persona de la tercera edad y no sabía leer ni escribir.
8.3. Jorge Enrique Peinado Carreño y otros fueron investigados por los delitos de
fraude procesal y otros dentro del proceso penal adelantado por el Juzgado Quinto
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, con radicado
110016000101201600137009, que culminó con la sentencia del 22 de mayo de
2022, en la cual se concluyó que las conductas investigadas eran atribuibles
exclusivamente a terceros.
8.4. Durante la actuación administrativa puso en conocimiento de Colpensiones que
Charry Narváez Ltda había sido liquidada desde el año 2012, circunstancia que
había sido acreditada con el certificado de Cámara de Comercio aportado con la
solicitud del cálculo actuarial, de tal manera que la entidad podía verificar fácilmente
la irregularidad y negar el trámite sin trasladarle las consecuencias de esa
omisión10.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante esta Corporación solicitó que se confirmara la
sentencia recurrida, con fundamento en que se acreditó la mala fe de la demandada
en el reconocimiento de la pensión a partir de la incorporación fraudulenta de
semanas cotizadas, de tal manera que al desvirtuarse la presunción de buena fe
era procedente la orden de reintegro de las mesadas pensionales no prescritas12.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
9 También indicó que el radicado correspondía al 11- 001-60-00-000-2019-00761, numero interno
178175 del 5 de septiembre del 2022
10 Samai tribunales y juzgados. Índice 39.
11 Auto en el índice 4 de Samai.
12 Índice 9 de Samai.
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12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150
del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las
sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contenciosos Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos».
2.2. Problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia, se circunscriben a
establecer ¿si se acreditó la mala fe de la demandada y, en consecuencia, si
resultaba procedente ordenar la devolución de las sumas pagadas por concepto de
mesadas, retroactivos y aportes a salud?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La revocatoria directa de los actos administrativos que reconocen
prestaciones periódicas
14. Respecto de los efectos del acto administrativo, la doctrina ha determinado un
principio básico en su estructura el cual ha sido denominado « estabilidad» que
consiste en la «prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran
un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga
o altere el acto en beneficio del interesado»13; sin embargo, este no es absoluto, pues
la revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin efectos
un acto administrativo de contenido particular»14, de carácter excepcional y, que
procede de oficio o a solicitud de parte siempre que se desarrolle dentro de los
límites y reglas que prevé la ley.
15. Lo anterior, se ve materializado en el artículo 93 15 de La Ley 1437 de 2011, el
cual, de manera expresa, precisa las causales que imponen a la administración la
revocatoria directa de los actos administrativos de carácter general, al igual que
ocurre con los particulares, de oficio o a petición de parte. Tales causales son las
13 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
14 Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.
15«Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
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siguientes:
16. Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es que la oposición sea grosera, de bulto, es decir,
cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos
administrativos, por parte de esta Jurisdicción.
17. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses generales,
causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un acto
legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de
la inoportunidad o inconveniencia de aquél16, vinculándose a la noción del mérito
del acto administrativo; y
18. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una
persona.
19. Ahora bien, para la revocación de los actos de carácter particular y concreto, se
ha establecido en el ordenamiento jurídico la regla general contenida en el artículo
97 del CPACA, según la cual, tales actos no podrán ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular, pues implican la
creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y
determinada, esto en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos -especialmente de los favorables17, estrechamente relacionado con
la presunción de legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la
protección de los derechos adquiridos. La norma señaló lo siguiente:
«Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a
la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
16 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, sentencia del 5 de mayo de 1981.
17 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio
jurídico del destinatario, esto es, «crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica», como los
nombramientos, las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la
Administración responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de
una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los de gravamen en los cuales se incluyen
aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones, la revocación
de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver Consejo de Estado.
Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-10227-01(10227).
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Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa».
20. En relación con la figura de la revocatoria directa, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia se ha pronunciado sobre la prohibición de revocar actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreta o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo
derecho, en los siguientes términos18:
«Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un
acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto
administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos, categoría
esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del Decreto 01 de
1984.
En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos que:
«hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría» salvo que de manera previa, expresa y
escrita medie el consentimiento del titular del respectivo derecho. Advierte la Sala que,
en lo que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para revocar actos
administrativos de carácter particular, en los eventos en los que concurría alguna de las
causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere
evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan que
en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad de
un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o
fraudulentos, deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no
cuente con el consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos
reconocidos en el respectivo acto administrativo» (sic).
21. De acuerdo con las normas y jurisprudencia en cita, la administración solo podrá
revocar un acto administrativo de carácter particular, en los eventos en que se
cuente con el consentimiento de la persona. En caso contrario, deberá cuestionar
su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control. Entonces,
solo en casos excepcionales previstos legalmente, será posible revocar un acto sin
el consentimiento del interesado. De lo contrario, las entidades tendrán que acudir
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar ante
18 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.
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un juez administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden solicitar
medidas cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto que
consideren ilegal.
22. No obstante, en materia de seguridad social, existen eventos en los que la
entidad puede revocar el acto administrativo aun sin el consentimiento del
beneficiario, como es el caso de las pensiones que fueron reconocidas
irregularmente. En efecto, el artículo 19 de la Ley 797 de 200319 previó:
«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan
por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán
verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la
legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el
reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro
público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que
se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de
comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con
base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del
acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las
autoridades competentes» [sic] [se resalta]
23. Asimismo, la Ley 1450 de 2011 «por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010 – 2014», en su artículo 243 dispuso:
«Artículo 243. Protección contra prácticas corruptas en el reconocimiento de
pensiones. Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento de
pensiones tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con
fundamento en documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la
administración o cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una
actuación administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la
prestación y la existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la
actuación se verifica la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la
administración procederá a revocar o modificar el acto sin consentimiento del
particular». [Se resalta]
24. Nótese que si bien la primera norma citada únicamente impuso el deber a la
administración para revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular cuando se comprobara la irregularidad en el reconocimiento de la
prestación, fue con la segunda que condicionó tal decisión a que previamente se
adelantara la actuación administrativa20 y se definiera o verificara si aquella [la
19 «[P]or la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
20 Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-182 de 2019, en la cual se establecieron las
siguientes reglas: (i) solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título; (ii) la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber;
(iii) no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la
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irregularidad] existió.
25. Esto presupone que toda la actuación que se adelante antes de la revocación
del acto debe surgir de «motivos reales, objetivos, trascendentales, y desde luego
verificables»21 y respetar los derechos al debido proceso y defensa del beneficiario
de la prestación. Asimismo, como se trata de una facultad excepcional de la
administración, es en esta que recae la carga de la prueba, es decir, su deber se
circunscribe a demostrar con suficiencia la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional, sin perjuicio de que, cuando se trate de « problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación
de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general»22,
esté obligada a acudir al juez competente.
26. Ahora bien, cuando la administración adelanta la actuación con sujeción al
debido proceso y revoca el acto administrativo, debe determinarse cuáles son sus
efectos en el tiempo y sus consecuencias. Aunque este tema fue zanjado en la
sentencia SU-182 de 2019 por la Corte Constitucional, es necesario precisar que
esta corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado [ex tunc], en otras que
tiene efectos hacia el futuro [ex nunc] y, solo en una providencia, se indicó que los
efectos dependían de cuando ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se muestra
la tendencia de cada uno de los criterios:
La revocatoria directa tiene efectos hacia el La revocatoria directa tiene efectos hacia el
pasado futuro
22 de agosto de 199023 3 de agosto de 198828
20 de mayo de 200424 23 de octubre de 199129
31 de mayo de 201225 14 de noviembre de 199130
pensión; (iv) solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; (v) no
hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues
el ordenamiento jurídico sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios; (vi) sujeción al debido
proceso; entre otras.
21 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003, mediante la cual se declaró exequible el artículo
19 de la Ley 797 de 2003.
22 Ibidem.
23 Expediente 285.
24 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango
Mantilla.
25 Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas
Monsalve.
28 Sección Segunda, expediente 1609.
29 Sección Segunda, expediente 2174.
30 Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
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Demandante: Colpensiones
13 de abril de 201526 9 de septiembre de 200031
19 de julio de 201827 16 de julio de 200232
26 de febrero de 200433
5 de octubre de 200934
13 de mayo de 200935
3 de abril de 201336
15 de agosto de 201337
29 de enero de 201538
18 de febrero de 201639
8 de septiembre de 201640
17 de noviembre de 201641
21 de abril de 201742
26 de octubre de 201743
8 de febrero de 201844
23 de mayo de 201945
31 de octubre de 201946
20 de noviembre de 201947
7 de mayo de 202048
18 de junio de 202049
1 de julio de 202050
26 Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de
la Hoz.
27 Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
31 Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
32 Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
33 Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
34 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta.
35 CP. Myriam Guerrero de Escobar.
36 Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
37 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas
Monsalve.
38 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
39 Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
40 Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
41 Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino
Cortés.
42 Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
43 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
44 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
45 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William
Hernández Gómez.
46 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino
Cortés.
47 Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia
Velásquez Rico.
48 Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William
Hernández Gómez.
49 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
50 Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00391-01 (5790-2024)
Demandante: Colpensiones
26 de noviembre de 202051
21 de enero de 202152
25 de enero de 202153
22 de abril de 202154
6 de mayo de 202155
5 de agosto de 202156
10 de marzo de 202257
27. En el criterio minoritario, este es que los efectos de los actos administrativos son
hacia el pasado, se sostuvo que el acto administrativo se extingue cuando cesan
en forma definitiva sus efectos y puede ser revocado por razones de mérito o de
legalidad. Cuando la figura opera por esta última, al tratarse de un juicio
estrictamente lógico jurídico, los efectos serán hacia el pasado, es decir, desde el
momento de su expedición.
28. Por su parte, en el criterio mayoritario, existen 2 referentes principales que se
detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que sirvieron
a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002 [proferido
por la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 [proferido por la Sección Segunda].
Los argumentos que concuerdan en las providencias que prohijaron esta tesis, son
los siguientes:
29. El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias jurídicas.
«[R]esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar hacia atrás los
efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó de la presunción de
legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el administrado estuvo en el
deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo (...)».
30. La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad que
hasta ese momento tuvo el acto administrativo, « sino tan solo [puede] evitar que lo
51 Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
52 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
53 Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
54 Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
55 Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
56 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
57 Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00391-01 (5790-2024)
Demandante: Colpensiones
resuelto se materialice».
31. La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo los
efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad, por tal razón, la
recuperación de los dineros indebidamente pagados solo es posible lograrla por
conducto del juez. Esta figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado
efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad».
32. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació
a la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le
corresponden a la administración.
33. La Sala adopta la posición mayoritaria, en virtud de la separación de poderes,
aunque las ramas legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor eficiencia
para lograr los fines del Estado, la última tiene una función netamente ejecutora de
las actividades administrativas en servicio del interés general, dentro de la cual se
encuentra ejercer el control de sus propios actos y revocarlos directamente aun sin
el consentimiento del particular, pero únicamente en los casos expresamente
autorizados por el legislador.
34. Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en modo alguno declarar
su ilegalidad, pues conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de
la declaratoria de nulidad.
35. En esa línea, como el juez de lo contencioso-administrativo es el único que puede
examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde su
nacimiento y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, nada
impide que la administración solicite la nulidad y el reembolso de las sumas
pagadas en virtud de aquel, en razón a que durante su vigencia produjo efectos
jurídicos.
36. Es así porque fue la voluntad del legislador disponer únicamente en la parte
segunda del CPACA [organización de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva] que «no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», lo cual supone que solo
la autoridad judicial podrá determinar si el beneficiario del acto revocado acudió a
maniobras fraudulentas para obtener el derecho, no la entidad en el curso de la
actuación administrativa. Lo contrario, sería tanto como aceptar que la
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00391-01 (5790-2024)
Demandante: Colpensiones
administración puede asumir la posición de juez y parte en el procedimiento, por
cuanto decidiría la suerte de un derecho particular y establecería el monto de los
perjuicios que causó la expedición del acto.
37. A más de lo expuesto, la revocatoria se realiza a través de un acto administrativo
autónomo e independiente, lo que significa que de esta se desprenden situaciones
jurídicas nuevas. De ahí la diferencia con la declaratoria de nulidad, la cual implica
«que el acto se reputa no haber existido jamás»58, es decir, ataca directamente los
elementos de la esencia y reconoce que desde su expedición estaba viciado; por
eso sus efectos son hacia el pasado o ex tunc.
38. Incluso,esto ocurre con la derogatoria del acto administrativo de carácter
general. Aunque «tiene un régimen jurídico específico»59 y distinto del acto
administrativo en cuanto a «la protección jurisdiccional, posibilidad de revocación,
jerarquía dentro del orden normativo, publicidad o notificación, efectos de los
recursos y alcance de la vigencia»60, su derogatoria [tácita o expresa] deviene de
la decisión unilateral de la autoridad que lo expidió, también tiene efectos hacia el
futuro o ex nunc y opera cuando queda en firme la decisión sin que se afecte « lo
ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo
hace ab-initio, restableciéndose por tal razón al imperio de la legalidad»61.
39. En definitiva, tanto la revocatoria como la derogatoria únicamente impactan los
efectos u obligatoriedad del acto primigenio, pero no la presunción de legalidad que
corresponde únicamente al juez de lo contencioso-administrativo, quien, además,
es el único competente para restablecer las cosas a su estado anterior y, en caso
dado, ordenar las sumas pagadas con ocasión del acto anulado. Lo expuesto se
sintetiza en el siguiente cuadro:
Características Efectos
Afecta la eficacia del acto por razones de «ilegalidad». No
tiene la virtualidad de retrotraer las cosas al estado inicial.
Revocación
Hacia el futuro
directa
Procede solo con el consentimiento del ciudadano, salvo en
los casos expresamente establecidos por el legislador.
Procede por decisión unilateral y discrecional de la autoridad
Derogatoria que lo expidió y solo afecta la eficacia. No se pueden afectar
Hacia el futuro
del reglamento los derechos consolidados al amparo del que fue derogado.
No restablece el orden jurídico que se estima contrariado.
Afecta la validez del acto desde el momento de su expedición. Hacia el
Nulidad
pasado
58 Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2011, radicación 11001-03-28-000-2010-00120-
00.
59 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 26.
60 Ibidem.
61 Expediente S-157, CP. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
14
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00391-01 (5790-2024)
Demandante: Colpensiones
2.3.2. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para la
devolución de prestaciones periódicas
40. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el
crédito personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides
hacía referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre
cuando había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y
entre las partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la
palabra al estar ligado a su propia declaración62.
41. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos63, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las
partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio
de probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española64, como honradez.
42. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199565, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».
43. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:
«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto
en los casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse»66.
44. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.
62 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
63Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
64 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
65 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
66 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23
de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
15
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00391-01 (5790-2024)
Demandante: Colpensiones
45. A su turno, el Código Contencioso Administrativo67 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe» (Negrilla del
texto original).
46. El
desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en el artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, el cual dispuso:
«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».
47. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional68 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
48. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:
«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados
legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos
ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas
ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las
circunstancias jurídicas y fácticas del caso». (Resalta la Sala).
49. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que
se espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
67 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
68 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
16
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00391-01 (5790-2024)
Demandante: Colpensiones
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.
50. LaCorte Constitucional en la sentencia C-131 de 200469, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:
«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los
sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la
confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad
surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el
ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico». (Se resalta).
51. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino
que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la
economía, entre otros70.
52. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.
53. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
69 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
70 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00391-01 (5790-2024)
Demandante: Colpensiones
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»71, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
en que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.
54. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la expedición
del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto en que el
beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de acceder al
derecho.
55. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200872, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:
«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya
que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para
obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue
pagado por este concepto73».
74
56. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 , la corporación
indicó:
«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir75 la cantidad de $73.647.865,54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
71 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre
de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
72 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
73 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita Olaya
Forero.
74 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).
Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
75 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar
Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F. 309)».
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00391-01 (5790-2024)
Demandante: Colpensiones
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el
recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).
Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)76
Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba
en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos (…)
(…)
Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las
prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del
CPACA».
57. En pronunciamiento del 18 de marzo de 2021 77, sostuvo:
«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
menos probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error
de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales,
no puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar
un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».
58. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.
59. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.
76 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
77 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia
de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).
19
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Demandante: Colpensiones
60. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación78.
61. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.
62. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les
ha reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de
decisiones tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta
protección no acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas
con la finalidad de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace
necesario que se demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas
o fraudulentas que llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda
la devolución de esas sumas de dinero pagadas.
2.4. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
63. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente79:
2.4.1.1. En torno a la edad de la demandada y los reportes de semanas
cotizadas
78 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, exp. 1783-01, Magistrada
Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los
dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala
fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».
79 Tribunales y Juzgados. Índice 13. Expediente digital, documento 1.
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63.1. Teresa Rueda de Rincón nació el 1 de abril de 195480.
63.2. En el reporte de semanas cotizadas en pensiones de Colpensiones81, consta
que registró cotizaciones a nombre de Charry Narváez Ltda, por el período
comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 1994, equivalentes a 334
días o 47,7143 semanas cotizadas, con un salario de $98.70082.
63.3. En el reporte de semanas cotizadas en pensiones de Colpensiones,
actualizado al 18 de diciembre de 2019, consta que Teresa Rueda de Rincón
contaba con un total de 684,71 semanas cotizadas; y que no registraba tiempos
públicos no cotizados a Colpensiones ni pagos efectuados con anterioridad al año
199583.
2.4.1.2. En torno a la primera solicitud de reconocimiento pensional
63.4. El
2 de abril de 2009, Teresa Rueda de Rincón solicitó ante el ISS el
reconocimiento de la pensión de vejez84.
63.5. Mediante la Resolución 003779 del 28 de abril de 2009, el instituto negó la
solicitud porque la demandada había acreditado únicamente 360 semanas de
cotización en calidad de trabajadora independiente85.
2.4.1.3. En torno a la solicitud y pago del cálculo actuarial
63.6. Con documento del 30 de enero de 2014, Laureano Marín Rodas quien actuó
como representante de Charry Narváez Ltda autorizó a Javier Francisco Prada
Rodríguez para presentar, en nombre de la empresa, la documentación necesaria
para solicitar el cálculo actuarial ante Colpensiones86.
63.7. El 4 de febrero de 2014, la Cámara de Comercio de Bucaramanga certificó que
la sociedad Charry Narváez Ltda se matriculó el 9 de agosto de 1985 y que tanto la
matrícula de la sociedad como la del establecimiento de comercio fueron
canceladas el 5 de enero de 201287.
80 GEN-DDI-AF-2014_7729729-20140917143943 y GRP-HPE-EV-CC-28223744 página 28.
81 Sin fecha.
82 GRF-HLA-AF-2018_3012302-20180315103126.
83 GRP-SCH-HL-2019_15681498-20191218114243.
84 GEN-REQ-IN-2019_40873-20190103022406.
85 Según lo señalado en la Resolución 003779 del 28 de abril de 2009. GEN-REQ-IN-2019_40873-
20190103022406.
86 GEN-DOA-DA-2018_1678890-20180213023853.
87 GEN-DOA-DA-2018_1678890-20180213023853.
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63.8. El 26 de febrero de 2014, Laureano Marín Rodas informó al Ministerio de la
Protección Social que mediante cálculo actuarial pagaría el pasivo pensional por el
período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 1994, laborado
por Teresa Rueda de Rincón88.
63.9. Mediante declaración extraproceso rendida el 25 de marzo de 2014 ante la
Notaría Única del Círculo de Aguachica, Teresa Rueda de Rincón y Laureano Marín
Rodas, quien manifestó actuar como representante legal de Charry Narváez Ltda.
en liquidación, declararon que ella laboró para esa empresa entre el 1 de febrero y
el 31 de diciembre de 1994, en el cargo de oficios varios, con una asignación
equivalente a un salario mínimo legal de la época89.
63.10. El 2 de mayo de 2014, Javier Francisco Prada Rodríguez90 en representación
de Charry Narváez Ltda radicó ante Colpensiones la solicitud de cálculo actuarial
por omisión del empleador respecto del período comprendido entre el 1 de febrero
y el 31 de diciembre de 1994, laborado por Teresa Rueda de Rincón, con el fin de
que ese tiempo fuera computado para efectos pensionales, con un ingreso base de
cotización el salario mínimo legal vigente para el año 1994 y aportó los documentos
«que permitían efectuar el cálculo solicitado»91 como la certificación del salario para el
año 1994 y el tiempo laborado [331 días laborados en dicho lapso], la declaración
extrajuicio del 25 de marzo de 2014 y el certificado de cámara de comercio ya
referidos.
63.11. Con Oficio del 26 de mayo de 2014, Colpensiones informó a Charry Narváez
Ltda que, respecto del tiempo laborado por Teresa Rueda de Rincón entre el 1 de
febrero y el 31 de diciembre de 1994, se cumplían las condiciones para su
validación mediante cálculo actuarial por omisión de empleador privado, al tratarse
de un período no cotizado y de una trabajadora afiliada al régimen de prima media.
En consecuencia, validó 0.9144 años de servicio, liquidó una reserva actuarial por
valor de $6.828.069 y emitió el correspondiente recibo de pago.
63.12. El 5 de junio de 2014, Charry Narváez Ltda pagó el cálculo actuarial por
omisión del empleador por $6.828.06992.
2.4.1.4. En torno a la segunda solicitud de reconocimiento pensional
88 GEN-DOA-DA-2018_1678890-20180213023853.
89 GEN-ANX-CI-2018_15944118-20181217095130.
90 Tal como se desprende de lo señalado en el auto 1000 del 5 de julio de 2018 emitido por
Colpensiones.
91 GEN-DOA-DA-2018_1678890-20180213023853.
92 GRF-AAT-RP-2014_7729729-20150307022036.
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63.13. El 5 de junio de 2014 Teresa Rueda de Rincón autorizó a Jorge Enrique
Peinado Carreño93 para adelantar el trámite de reconocimiento de la pensión de
vejez ante Colpensiones94. El 16 de abril de 2015, el autorizado expidió un recibo
por $3.000.000 correspondiente al pago de honorarios derivados del trámite
pensional adelantado a favor de Teresa Rueda de Rincón95.
63.14. El 17 de septiembre de 2014, Javier Francisco Prada Rodríguez96, en calidad
de tercero autorizado de Teresa Rueda de Rincón, radicó ante Colpensiones la
solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media
con Prestación Definida97.
63.15. Mediante la Resolución GNR 65538 del 6 de marzo de 201598, Colpensiones
reconoció a Teresa Rueda de Rincón una pensión de vejez efectiva a partir del 1
de noviembre de 2013, en cuantía inicial de $589.500, con fundamento en un
ingreso base de liquidación de $552.361, una tasa de reemplazo del 57 % y 748
semanas de cotización. Consideró que era beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ello, reconoció la pensión
conforme con el Decreto 758 de 1990.
63.15.1. Para efectos del reconocimiento pensional, Colpensiones tuvo por
acreditados 5.239 días de cotización, discriminados así: el período comprendido
entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 1994 [334 días] correspondientes al
empleador Charry Narváez Ltda; del 1 de septiembre de 1998 al 28 de febrero de
1999 [180 días]; del 1 de julio de 1999 al 16 de julio de 2000 [376 días]; del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2000 [90 días]; del 1 de febrero al 30 de abril de 2001
[90 días]; del 1 de junio de 2001 al 31 de enero de 2003 [600 días]; del 1 al 3 de
febrero de 2003 [3 días]; del 1 de abril al 31 de agosto de 2003 [150 días]; del 1 de
noviembre de 2003 al 23 de abril de 2004 [113 días]; del 1 de agosto de 2004 al 31
de enero de 2005 [180 días]; del 1 al 3 de febrero de 2005 [3 días]; y del 1 de marzo
de 2005 al 31 de octubre de 2013 [3.120 días] registradas como independiente.
93 Aunque Teresa Rueda de Rincón autorizó a Jorge Enrique Peinado Carreño para adelantar el
trámite de reconocimiento de la pensión de vejez, en el expediente consta que la solicitud fue
radicada por Javier Francisco Prada Rodríguez, quien había sido previamente autorizado por el
representante legal de Charry Narváez Ltda para gestionar ante Colpensiones el trámite relacionado
con el cálculo actuarial.
94 GRF-AAT-RP-2014_7729729-20150307022036.
95 GEN-ANX-CI-2019_40873-20190102045301.
96 Si bien en el expediente obra la autorización del 30 de enero de 2014 mediante la cual Laureano
Marín Rodas, en calidad de representante de Charry Narváez Ltda, facultó a Javier Francisco Prada
Rodríguez para gestionar ante Colpensiones la solicitud de cálculo actuarial, promovió la solicitud
de reconocimiento de la pensión de vejez a favor de Teresa Rueda de Rincón.
97 GRP-FSP-AF-2014_7729729-20140917143943.
98 GEN-ANE-CM-2015_2358536-20150318121258.
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2.4.1.5. En torno a la investigación administrativa y la revocatoria del acto de
reconocimiento pensional
63.16. El25 de mayo de 2016, la Oficina PAC de Bucaramanga informó a
Colpensiones que Jorge Enrique Peinado Carreño99 promovía solicitudes de
cálculos actuariales por omisión con empleados que posiblemente nunca laboraron
para Charry Narváez Ltda, con el fin de obtener el reconocimiento de pensiones sin
el cumplimiento de los requisitos legales100.
63.17. El 26 de diciembre de 2016, Colpensiones presentó una denuncia penal
mediante la cual puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las
presuntas irregularidades detectadas en el reconocimiento de prestaciones
pensionales mediante cálculos actuariales sustentados en relaciones laborales
inexistentes, entre ellas la atribuida a Teresa Rueda de Rincón con la empresa
Charry Narváez Ltda, pues había identificado 73 solicitudes de cálculo actuarial
asociadas a dicho empleador y, conforme con la consulta realizada en el RUES 101,
la sociedad había sido registrada el 9 de agosto de 1985 y su matrícula mercantil
cancelada el 5 de enero de 2012, de tal manera que los documentos aportados
para acreditar el vínculo laboral eran presuntamente falsos y habrían permitido el
reconocimiento irregular de prestaciones pensionales102.
63.18. A través de informe técnico de investigación del 23 de mayo de 2017, la
Unidad Especializada de Investigaciones Antifraude Risk International SAS
concluyó que i) existía un esquema de solicitudes irregulares de cálculos
actuariales asociado al abogado Jorge Enrique Peinado Carreño; ii) la
documentación presentaba inconsistencias relacionadas con la empresa Charry
Narváez Ltda; iii) los tiempos incorporados mediante cálculo actuarial permitían
acceder indebidamente a beneficios del régimen de transición; y iv) había
encontrado indicios de inexistencia de la relación laboral que sirvió de fundamento
para el reconocimiento pensional respecto de varios beneficiarios, entre ellos
Teresa Rueda de Rincón103.
63.19. Mediante auto 387 del 22 de junio de 2017, Colpensiones inició la
investigación administrativa especial 223-17 para verificar los soportes que
sirvieron de fundamento del reconocimiento pensional, al advertir presuntas
irregularidades relacionadas con el cálculo actuarial del empleador Charry Narváez
Ltda104.
99 Quien fue autorizado por Teresa Rueda de Rincón para adelantar el trámite de reconocimiento
pensional y recibió el pago de honorarios por $3.000.000.
100 GEN-DOA-DA-2017_7089771-20170710035938. Página 11.
101 Registro Único Empresarial y Social.
102 GEN-DOA-DA-2017_7089771-20170710035938.
103 GEN-DOA-DA-2017_7089771-20170710035938.
104 GRP-COM-EN-2017_7089513-20170710035745.
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63.20. Con memorando del 19 de octubre de 2017, la Dirección de Ingresos por
Aportes remitió a la Gerencia de Prevención del Fraude copia del cálculo actuarial
por omisión de empleador privado elaborado por la Gerencia Nacional de Ingresos
y Egresos de Colpensiones respecto del empleador Charry Narváez Ltda,
correspondiente al período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre
de 1994 por un valor de $6.828.069. Dicho cálculo se expidió para cuantificar la
reserva actuarial que debía asumir el empleador con el fin de validar ese tiempo de
servicio en la historia laboral de Teresa Rueda de Rincón y que pudiera ser tenido
en cuenta para el reconocimiento de la pensión. Al memorando se anexó el
respectivo comprobante para pago105.
63.21. Mediante Auto 1000 del 5 de julio de 2018, Colpensiones dispuso el cierre de
la Investigación Administrativa Especial 223-2017 y concluyó que el cálculo
actuarial solicitado respecto del período comprendido entre el 1 de febrero y el 31
de diciembre de 1994 carecía de validez, porque se había sustentado en una
relación laboral inexistente con Charry Narváez Ltda. Para ello tuvo en cuenta que
la demandada posteriormente declaró haber laborado durante ese período para
Creaciones Ruquita, que el informe de la Unidad Especializada de Investigaciones
Antifraude evidenció inconsistencias en la documentación y en las firmas aportadas
para el trámite, y que no se acreditó la existencia del vínculo laboral con Charry
Narváez Ltda. En consecuencia, se habían incorporado indebidamente 47,71
semanas de cotización, determinantes para el reconocimiento de la pensión de
vejez, así, ordenó remitir la actuación a las dependencias competentes para
adoptar los correctivos correspondientes y poner los hechos en conocimiento de la
Fiscalía General de la Nación106.
64. Mediante comunicación del 6 de septiembre de 2018, Colpensiones informó a
Teresa Rueda de Rincón que mediante el Auto 1000 del 5 de julio de 2018, se había
dispuesto el cierre de la Investigación Administrativa Especial 223-17, adelantada
para verificar los soportes que fundamentaron el reconocimiento de su pensión de
vejez. Asimismo, le comunicó que el expediente había sido remitido a la Gerencia
de Determinación de Derechos para la adopción de las decisiones
correspondientes107.
64.1. A través de la Resolución SUB278272 del 24 de octubre de 2018, Colpensiones
revocó el reconocimiento de la pensión de vejez al establecer que, al excluir las
semanas incorporadas mediante el cálculo actuarial, la afiliada no reunía los
requisitos para acceder a la prestación108, la cual fue notificada a la interesada
105 GEN-DOA-DA-2017_11860458-20171108051627.
106 GEN-REQ-IN-2018_11258371-20180910071026.
107 GRP-CEJ-FR-2018_13539370-20181206104102.
108 GEN-REQ-IN-2018_13384529_9-20210209103334.
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mediante comunicación del 7 de noviembre de 2018109. Dicha decisión fue
confirmada por medio de la Resolución DPE 440 del 8 de marzo de 2019110.
2.4.1.6. En torno al proceso de cobro coactivo adelantado por Colpensiones
contra la demandada
64.2. Mediante la Resolución SUB279216 del 25 de octubre de 2018, Colpensiones
ordenó el reintegro de $47.987.470, correspondiente a la suma pagada a Teresa
Rueda de Rincón por concepto de mesadas pensionales y aportes al sistema de
salud111.
64.3. Por medio de la Resolución 001037 del 22 de marzo de 2019, la Dirección de
Cartera de Colpensiones libró el mandamiento de pago 001037112 para obtener el
reintegro de las sumas referidas113.
64.4. A través de la Resolución 005545 del 6 de noviembre de 2019, Colpensiones
dio por terminado el proceso de cobro coactivo al considerar que, conforme con la
sentencia SU-182 de 2019, la recuperación de esos recursos debía reclamarse
mediante el ejercicio del medio de control correspondiente ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y
la remisión de la actuación a la Dirección de Prestaciones Económicas114.
64.5. Posteriormente, mediante la Resolución SUB68984 del 11 de marzo de 2020,
dejó sin efectos la orden de reintegro contenida en la Resolución SUB279216 de
2018 y dispuso que la recuperación de los dineros debía adelantarse mediante la
«acción de lesividad»115.
2.4.1.7. En torno a la nueva declaración extrajuicio, las solicitudes de
corrección de la historia laboral y el reintegro de la pensión
64.6. El 8 de marzo de 2018, Teresa Rueda de Rincón rindió declaración extrajuicio
ante la Notaría Segunda del Círculo de Bucaramanga, en la que afirmó que había
laborado para Creaciones Ruquita entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de
1994116.
109 GRP-CEJ-FR-2018_13467341-20181206104514.
110 GRP-CEJ-FR-2019_3177837-20190520085930.
111 GRP-CEJ-FR-2018_13539370-20181206104102.
112 Dentro del proceso con radicado DCR-2019-000457.
113 Conforme con lo señalado en la Resolución 005545 del 6 de noviembre de 2019GRF-AAT-RP-
2019_15677175-20200312122147.
114 GEN-ANX-CI-2019_15677175-20191121104401.
115 GEN-REQ-IN-2018_13384529_9-20210209103332.
116GEN-ANX-CI-2018_3250580-20180321125602 y GEN-DOA-DA-2017_7089771-
20170710035938.
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64.7. El 14 de marzo de 2018 solicitó a Colpensiones, a través de Javier Francisco
Prada Rodríguez la corrección de la historia laboral para que el período
comprendido entre febrero y diciembre de 1994 figurara como laborado para
Creaciones Ruquita117. El 21 de marzo de 2018, pidió la adopción de correctivos en
su historia laboral respecto del período comprendido entre el 1 de febrero y el 31
de diciembre de 1994, y anexó la declaración del 8 de marzo de 2018118.
64.8. El 21 de noviembre de 2019 solicitó el reintegro de la pensión119.
64.9. Mediante la Resolución SUB69623 del 12 de marzo de 2020, Colpensiones
negó el reconocimiento de la pensión de vejez, al establecer que la demandada
había acreditado únicamente 684 semanas de cotización, que resultaban
insuficientes para acceder a la prestación120.
64.10. El 8 de junio de 2020, Teresa Rueda de Rincón solicitó la revocatoria directa
de la Resolución SUB69623 del 12 de marzo de 2020, pidió el restablecimiento del
derecho pensional, el pago de las mesadas dejadas de percibir desde la suspensión
de la prestación y su reincorporación a la nómina de pensionados121.
64.11. A través de la Resolución SUB179570 del 21 de agosto de 2020,
Colpensiones negó la solicitud de revocatoria directa y mantuvo la decisión
contenida en la Resolución SUB69623 del 12 de marzo de 2020. Asimismo, indicó
que, si la interesada estimaba que su historia laboral presentaba inconsistencias,
debía allegar las pruebas para su actualización o corrección122.
2.4.2. Análisis sustancial
65. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por Teresa Rueda de
Rincón, la controversia en esta instancia se circunscribe a determinar si en el
proceso se acreditó que actuó de mala fe al obtener el reconocimiento de la pensión
de vejez y, en consecuencia, si era procedente la devolución de las sumas
percibidas por concepto de mesadas pensionales, retroactivo pensional y aportes
al sistema de salud.
66. Para resolver el problema jurídico planteado la Sala recuerda que, conforme con
el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA y la jurisprudencia reiterada
de esta Corporación, la recuperación de las prestaciones periódicas pagadas
117 Documentos GAF-FCH-F1-2018_3012302-20180314022832 y GAF-FCH-F2-2018_3012302-
20180314022832.
118 GEN-COM-CO-2018_3250580-20180321125602.
119 GEN-ANX-CI-2020_10425262-20201015013759.
120 GRP-AAD-IR-2020_5531781-20200608100830.
121 Según lo señalado en la Resolución SUB69623 del 12 de marzo de 2020 GRF-AAT-RP-
2020_5531781-20200821052700.
122 GRF-AAT-RP-2020_5531781-20200821052700.
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Demandante: Colpensiones
únicamente procede cuando se desvirtúa la presunción constitucional de buena fe
mediante la demostración de una conducta deshonesta o fraudulenta desplegada
por el beneficiario con anterioridad al reconocimiento de la prestación y dirigida a
inducir en error a la administración.
67. En el presente asunto, contrario a lo sostenido por la recurrente, la Sala
considera que la presunción de buena fe fue desvirtuada, pues las pruebas
obrantes en el expediente demuestran que el reconocimiento pensional se obtuvo
con fundamento en documentación suscrita por la demandada para acreditar una
relación laboral inexistente con la empresa Charry Narváez Ltda, que permitió
incorporar semanas de cotización determinantes para el reconocimiento de la
prestación. Si bien en el expediente también obran elementos que evidencian la
existencia de maniobras fraudulentas presuntamente desplegadas por el abogado
Jorge Enrique Peinado Carreño en el trámite de reconocimiento de prestaciones
pensionales, ello no excluye el análisis de las actuaciones adelantadas por la
demandada, las cuales resultan determinantes para establecer que la presunción
constitucional de buena fe fue desvirtuada.
68. En efecto, se acreditó que el cálculo actuarial correspondiente al período
comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 1994 se sustentó, entre
otros documentos, en la declaración extraproceso rendida el 25 de marzo de 2014
por Teresa Rueda de Rincón y Laureano Marín Rodas, quien manifestó actuar
como representante de Charry Narváez Ltda, en la cual ambos afirmaron que la
demandada había laborado para dicha empresa durante ese período. Esa
declaración constituyó uno de los soportes que Colpensiones tuvo en cuenta para
emitir el cálculo actuarial, incorporar 47,71 semanas de cotización a la historia
laboral y, posteriormente, reconocer la pensión de vejez conforme con el Decreto
758 de 1990.
69. Si bien la recurrente sostuvo que el trámite fue adelantado por apoderados y
terceros de confianza, esa circunstancia no desvirtúa la conducta que se le atribuye.
En efecto, aunque Javier Francisco Prada Rodríguez radicó la solicitud del cálculo
actuarial y Jorge Enrique Peinado Carreño fue autorizado para gestionar el
reconocimiento pensional, la declaración extraproceso que sirvió de fundamento
para acreditar el supuesto vínculo laboral fue suscrita directamente por Teresa
Rueda de Rincón. Por ello, no puede sostenerse que la información utilizada para
obtener el beneficio pensional proviniera exclusivamente de terceros ajenos a su
conocimiento o intervención. En consecuencia, aun cuando se aludió que el
abogado Jorge Enrique Peinado Carreño desplegó actuaciones irregulares en el
trámite pensional, tales circunstancias no excluyen la responsabilidad de la
demandada respecto de sus propias actuaciones, pues la información empleada
para acreditar el vínculo laboral provenía de hechos personales cuyo conocimiento
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dependía exclusivamente de ella, y es su conducta, que no la del abogado, la que
se analiza en esta oportunidad.
70. Aunado a lo anterior, una vez iniciada la investigación administrativa mediante
Auto 387 del 22 de junio de 2017 para verificar la autenticidad de la relación laboral
que sirvió de fundamento al reconocimiento pensional, la demandada rindió una
nueva declaración extrajuicio [8 de marzo de 2018], esta vez afirmó que durante
ese período [entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 1994] había laborado
para Creaciones Ruquita. Con fundamento en esa nueva manifestación solicitó la
corrección de la historia laboral para sustituir el empleador inicialmente reportado.
Con fundamento en esa nueva declaración, el 14 de marzo de 2018 solicitó la
corrección de su historia laboral para que dicho período fuera registrado a nombre
de este último empleador y, el 21 de marzo siguiente, reiteró esa petición y allegó
la referida declaración extrajuicio como soporte de su solicitud.
71. Esa actuación resulta incompatible con la declaración que había servido de
soporte para la expedición del cálculo actuarial, pues ambas recaían sobre idéntico
período laboral y atribuían la prestación personal del servicio a empleadores
diferentes. Estas manifestaciones constituyen un indicio grave y concordante de
que la demandada conocía la inconsistencia de la información suministrada para
acreditar su historia laboral o, cuando menos, que participó en la construcción de
un supuesto fáctico incompatible con la realidad para obtener el reconocimiento de
la prestación. En consecuencia, la segunda declaración no desvirtuó las
irregularidades advertidas por Colpensiones; por el contrario, evidenció que la
información suministrada inicialmente para obtener la incorporación de las 47,71
semanas de cotización no correspondía a la realidad.
72. En ese contexto, la Sala comparte la conclusión del tribunal en cuanto a que la
conducta de la demandada trascendió el simple aprovechamiento de un error de la
administración. Las pruebas demuestran que intervino directamente en la
elaboración del documento que permitió acreditar la supuesta relación laboral con
Charry Narváez Ltda y que, durante el trámite de la investigación administrativa,
modificó su versión respecto del empleador para el mismo período de cotización y
solicitó la corrección de su historia laboral con fundamento en esa nueva
declaración. Estas actuaciones, valoradas en conjunto, permiten concluir que, pese
a las maniobras fraudulentas presuntamente desplegadas por el abogado Jorge
Enrique Peinado Carreño, la demandada realizó conductas orientadas a sustentar
el reconocimiento de la prestación mediante información inconsistente, razón por la
cual quedó desvirtuada la presunción de buena fe prevista en el artículo 83 de la
Constitución Política.
73. Ahora bien, no conduce a una conclusión distinta, la afirmación de la recurrente
según la cual las actuaciones fraudulentas fueron atribuibles exclusivamente a
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terceros. En primer lugar, porque el proceso penal al que hizo referencia no fue
incorporado al expediente y, por tanto, no existe prueba que permita verificar el
alcance de las decisiones allí adoptadas123. En todo caso, aun si en gracia de
discusión se aceptara que en dicho proceso se estableció la responsabilidad de
terceros, ello no desvirtúa las actuaciones desplegadas por la demandada ni
elimina el valor probatorio de las declaraciones contradictorias y de la solicitud de
corrección de la historia laboral que obran en el expediente, las cuales constituyen
el fundamento de la conclusión a la que arriba la Sala.
74. Tampoco procede exonerar a la demandada de la obligación de devolver las
sumas percibidas indebidamente por el hecho de que hubiera manifestado ostentar
la condición de persona de la tercera edad y no saber leer ni escribir. En efecto,
aunque conforme con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces están
sometidos al imperio de la ley, y la «equidad, la jurisprudencia, los principios generales
del derecho y la doctrina constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial», una
interpretación orientada por la justicia material con el fin de evitar decisiones
arbitrarias e injustas124 no puede conducir a exonerar a la demandada de la
obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas, pues quedó acreditado
que el reconocimiento pensional se obtuvo mediante actuaciones que desvirtuaron
la presunción constitucional de buena fe y que son contrarias a la ética que se
espera de cualquier ciudadano que presenta peticiones a la administración, con
independencia de la edad en que se encuentren.
75. Por lo expuesto, la Sala concluye que, pese a la conducta delictiva atribuida al
apoderado, la presunción de buena fe de la demandada quedó desvirtuada, pues
las pruebas demuestran que participó directamente en la acreditación de un hecho
determinante para el reconocimiento pensional mediante el suministro de
información inconsistente sobre el período comprendido entre el 1 de febrero y el
31 de diciembre de 1994. En esas condiciones, resultaba procedente ordenar la
devolución de las sumas percibidas con ocasión del reconocimiento pensional
indebidamente obtenido.
76. En consecuencia, confirmará la sentencia proferida el 13 de agosto de 2024, por
el Tribunal Administrativo de Santander en cuanto declaró la nulidad del acto de
reconocimiento pensional y ordenó el reintegro de las sumas no afectadas por la
prescripción.
123 La Sala consultó el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial respecto del radicado
11001600010120160013700, el cual figura adelantado ante el Juzgado 72 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá. No obstante, la información disponible únicamente
permitió constatar la existencia del proceso y el registro de algunas actuaciones procesales, sin que
fuera posible establecer si el trámite culminó con sentencia o verificar las conclusiones que, según
la recurrente, fueron adoptadas dentro de esa actuación penal.
124 Al respecto ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero
de 2024 con radicado 080012331000200901036 01 (N.I.2028-2016), C.P. César Palomino Cortés.
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2.5. Costas
77. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
78. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
79. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma125.
80. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
81. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia actuación temeraria
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala no condenará en costas en esta instancia.
3. Conclusión
82. Del análisis normativo y de la valoración integral del material probatorio, la Sala
concluye que se desvirtuó la presunción de buena fe de Teresa Rueda de Rincón,
pues se acreditó que el reconocimiento de la pensión de vejez se sustentó en una
historia laboral que registraba semanas cotizadas derivadas de una relación laboral
inexistente con Charry Narváez Ltda, falsedad en la que participó activamente,
125En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Colpensiones
circunstancia que permitió acreditar indebidamente los requisitos para acceder a la
prestación. En consecuencia, hay lugar a ordenar la devolución de las mesadas
pensionales percibidas.
83. Enesas condiciones, se confirmará la sentencia de primera instancia que
accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda prestada por
Colpensiones contra Teresa Rueda de Rincón.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda interpuesta por la Administradora Colombiana de
Pensiones contra Teresa Rueda de Rincón, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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