Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02506-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02506-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02506-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones1
Tema: Pensión de jubilación. Principio de buena fe y devolución de
prestaciones periódicas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 20 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1.Francisco Carlos José Escobar Henríquez presentó demanda2 en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -
Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución SUB-
64365 del 7 de marzo de 2018, mediante la cual Colpensiones declaró al actor
deudor de la suma de $998.490.515 pagada de manera indebida por concepto de
1 En lo que sigue Colpensiones.
2 Folios 1 a 16. La demanda fue presentada el 16 de noviembre de 2018.
3 En adelante CPACA.
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Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
pensión de jubilación, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2012
y el 30 de septiembre de 2017 ante doble pago pensional; y las resoluciones SUB
99807 del 16 de abril de 2018 y DIR 9021 del 10 de mayo de 2018, por medio de
las cuales se confirmó la decisión anterior, al resolver el recurso de reposición y
de apelación, respectivamente.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la orden a Colpensiones de abstenerse de disponer el cobro de la suma
presuntamente adeudada, al no haber sido recibida y al no ostentar la condición
de deudor; ii) el reconocimiento y pago de $101.561.460, equivalente a 130
salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales; y iii) la
condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Francisco Carlos José Escobar Henríquez se vinculó a rama judicial desde el
año 1977 hasta septiembre de 2002, y ejerció el cargo de magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, con afiliación a Cajanal.
3.2. Solicitó el reconocimiento de una pensión; no obstante, Cajanal le negó tal
solicitud el 7 de diciembre de 2003, por lo que demandó dicho acto.
3.3. Se reincorporó el 2 de septiembre de 2004 como magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cargo que ejerció hasta el 1º
de septiembre de 2012. Ante la negativa al reconocimiento de la pensión, se afilió
al Instituto de Seguros Sociales4 debido a que Cajanal no recibía afiliaciones para
ese momento.
3.4. Mediante sentencia proferida el 25 de septiembre de 20085, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda contra
Cajanal.
3.5. El 7 de diciembre de 2008 solicitó el reconocimiento del derecho pensional ante
el ISS; el cual le fue concedido mediante Resolución 032108 del 28 de julio de 2009,
condicionado al retiro del servicio, con inclusión en nómina mediante Resolución
4 En adelante ISS. Al respecto indicó que se afilió al ISS por cuanto no le fue reconocida la pensión
y porque Cajanal no «recibía afiliaciones».
5
Expediente «2006-8457». En este caso, el tribunal negó las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho presentada por Francisco Carlos José Escobar Henríquez contra
Cajanal encaminadas al reconocimiento del derecho de pensión de jubilación.
2
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Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
20517 de 28 de mayo de 2012, y pagos desde el 1º de julio de 2012.
3.6. Mediante sentencia del 26 de septiembre de 2012, el Consejo de Estado ordenó
el reconocimiento de la pensión a cargo de Cajanal, con efectos desde el 7 de
diciembre de 2003, decisión acatada por la Ugpp mediante Resolución RDP-
004683 de 11 de febrero de 2014.
3.7. Al momento de proferirse la sentencia del Consejo de Estado, el reconocimiento
de la pensión ya se encontraba satisfecho por el ISS, por lo que el interés en el
cumplimiento del fallo se limitó al pago del retroactivo pendiente y de la mesada
adicional.
3.8. La Ugpp lo incluyó en nómina desde noviembre de 2017, fecha en la cual
Colpensiones ya había suspendido el pago de la pensión, cuya última mesada se
pagó en septiembre de 2017. No se configuró percepción simultánea de 2
pensiones.
3.9. Colpensiones expidió la Resolución SUB-64365 del 7 de marzo de 2018,
mediante la cual ordenó el reintegro de mesadas pagadas entre los años 2012 y
2017 por presunto doble reconocimiento pensional.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales, se señalaron los artículos 46, 48, 53 y 58 de la Ley 100 de 1993; 36
de la Ley 33 de 1985 y el Decreto 043 de 1999.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso que el acto vulneró las normas
constitucionales y legales, incurrió en falsa motivación, falta de competencia y cobro
de lo no debido porque Colpensiones lo declaró deudor por mesadas pensionales
correspondientes al período 2012 a 2017, las cuales percibió con derecho a ello y
de buena fe. No recibió doble pensión de la Ugpp y Colpensiones, pues el pago a
cargo de Cajanal inició únicamente a partir de noviembre de 2017, una vez se
suspendió la mesada reconocida por Colpensiones, la que no tiene la facultad para
declarar el pago no debido. En consecuencia, cualquier eventual devolución debe
reclamarse entre las entidades judiciales.
1.2. Contestación de la demanda
6. Colpensiones no emitió pronunciamiento6.
6 Folio 155.
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1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en sentencia proferida el 20 de junio de 20247 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO. Declarar la nulidad de la Resolución No. SUB- 64365 de 7 de marzo de
2018 por medio de la cual Colpensiones declaró deudor al actor en suma de
$998.490.515, pagados como mesadas pensionales entre el día 1 de julio de 2012 y el
día 30 de septiembre de 2017.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho ordenar a Colpensiones cesar todo
procedimiento que tenga como base la resolución anulada.
TERCERO. Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia».
8. Para tal efecto, expuso lo siguiente:
8.1. A través de las pruebas documentales y certificaciones expedidas por el Fopep
y la Ugpp, se demostró que Francisco Carlos José Escobar Henríquez no percibió
2 pensiones de forma simultánea. El material probatorio dio cuenta de que
Colpensiones efectuó los pagos entre julio de 2012 y septiembre de 2017, mientras
que la Ugpp inició el desembolso de las mesadas en noviembre de 2017. Por tal
razón, no se configuró la prohibición constitucional de doble asignación del tesoro
público
8.2. El demandante actuó con transparencia y buena fe, pues manifestó de forma
expresa ante el Fopep que ya recibía una prestación por parte de Colpensiones.
Esta actuación voluntaria permitió que los valores que la Ugpp pretendió pagar
entre marzo y agosto de 2014 fueran reincorporados a la nación por falta de cobro,
lo cual desvirtuó cualquier intención de aprovechamiento ilícito.
8.3. Si Colpensiones consideró que no estaba obligada al pago de las mesadas
entre los años 2012 y 2017 en virtud de la sentencia del Consejo de Estado que
asignó la responsabilidad a la Ugpp, debió iniciar un proceso de cobro o cruce de
cuentas directamente contra dicho fondo pensional y no contra el particular. El error
en la determinación de la entidad pagadora no fue imputable al pensionado, quien
solo recibió una mesada en cada periodo evaluado.
8.4. Noes procedente el reconocimiento de los perjuicios reclamados al no
demostrarse el daño alegado.
7 Tribunales y Juzgados. Índice 85 de Samai.
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Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
1.4. El recurso de apelación
9. Colpensiones interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo siguiente8:
9.1. El acto administrativo que declaró a Francisco Carlos José Escobar Henríquez
como deudor de $998.490.515 no fue arbitrario, sino que respondió al ejercicio de
funciones legales para evitar un detrimento patrimonial del Estado por pagos
realizados sin causa legal. Se expidió de conformidad con las facultades otorgadas
por los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006, 156 de la Ley 1151 de 2007, 98 de la
Ley 1437 de 2011 y el Decreto Ley 169 de 2008, normas que impusieron un deber
de recaudo sobre las entidades públicas para la protección de los recursos
estatales y la competencia para administrarlos y protegerlos.
9.2. En consecuencia, en virtud de esa facultad excepcional, se enmendaron los
yerros sin intervención judicial previa y se revocó el acto administrativo, incluso sin
el consentimiento del particular, al advertirse que el reconocimiento del derecho se
efectuó sin el cumplimiento de los requisitos legales. Dicha actuación se adelantó
con plena garantía del debido proceso y los derechos de defensa y contradicción
del demandante, a quien se le brindó la oportunidad de controvertir los actos
mediante los recursos de ley.
9.3. Se demostró la configuración de mala fe del actor porque omitió informar al ISS
y a Colpensiones la existencia de un proceso judicial en curso contra la Ugpp para
el reconocimiento de su pensión, dentro del cual interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia que denegó sus pretensiones. A pesar de
su condición de exmagistrado y del pleno conocimiento de que esa entidad
demandad era la competente para reconocer su mesada, guardó silencio sobre
este trámite judicial. Dentro de dicho proceso, el Consejo de Estado ordenó a
Cajanal reconocer la pensión con efectos a partir del 7 de diciembre de 2003, tras
lo cual esta entidad expidió el acto administrativo correspondiente. No obstante, el
actor manifestó interés exclusivo en el pago del retroactivo y la mesada adicional
ante la Ugpp, mientras continuó percibiendo mesadas de Colpensiones. Esta
situación condujo a la conclusión de que el interesado recibió una doble asignación
de recursos públicos y actuó de mala fe, razón por la cual fue procedente exigir el
reintegro de las sumas pagadas indebidamente
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
8 Tribunales y Juzgados. Índice 48 de Samai.
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artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante esta coloración no rindió concepto10.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. Se circunscribe a establecer ¿si existió percepción simultánea o doble pago de
mesadas pensionales en favor del demandante, en contravía de la prohibición
constitucional de doble asignación de recursos públicos? ¿si actuó de mala fe o
incurrió en conducta fraudulenta al recibir las mesadas pensionales?
¿Colpensiones se encontraba jurídicamente facultada para declarar
unilateralmente al actor como deudor y ordenar el reintegro de las sumas pagadas?
2.2. Cuestión previa
13. Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala considera necesario pronunciarse
sobre la procedencia de examinar la legalidad de la Resolución DIRA 9021 del 17
de octubre de 2018, la cual no fue expresamente demandada. Al respecto, se
advierte que dicho acto tuvo como finalidad aclarar la Resolución DIR 9021 del 10
de mayo de 2018, mediante la cual se confirmó la Resolución SUB-64365 del 7 de
marzo de 2018 que declaró deudor al demandante, actos que sí fueron objeto de
control judicial en la presente acción. En tal medida, la Resolución DIRA 9021 del
17 de octubre de 2018 forma parte de la decisión que resolvió el recurso de
apelación, en tanto constituye un acto aclaratorio de aquella resolución que
confirmó el acto principal, por lo cual su contenido se integra al acto aclarado.
14. En ese sentido, aunque la resolución aclaratoria no fue demandada de manera
directa, su contenido se encuentra íntimamente vinculado con los actos acusados
en tanto que hizo parte del procedimiento administrativo que se adelantó y que a la
postre concluyó en las decisiones que se estudian en sede judicial, por lo que su
análisis resulta procedente en la medida en que incide en la validez, alcance y
efectos de los actos principales demandados.
15. En consecuencia, la Sala abordará su estudio de conformidad con lo dispuesto
9 Auto en el índice 4 de Samai.
10 Índice 8 de Samai.
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en el artículo 163 del CPACA que prevé «[c]uando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de
recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron».
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La revocatoria directa de los actos administrativos que reconocen
prestaciones periódicas
16. Respecto de los efectos del acto administrativo, la doctrina ha determinado un
principio básico en su estructura el cual ha sido denominado « estabilidad» que
consiste en la «prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran
un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga
o altere el acto en beneficio del interesado»11; sin embargo, este no es absoluto, pues
la revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin efectos
un acto administrativo de contenido particular»12, de carácter excepcional y, que
procede de oficio o a solicitud de parte siempre que se desarrolle dentro de los
límites y reglas que prevé la ley.
17. Lo anterior, se ve materializado en el artículo 93 13 de La Ley 1437 de 2011, el
cual, de manera expresa, precisa las causales que imponen a la administración la
revocatoria directa de los actos administrativos de carácter general, al igual que
ocurre con los particulares, de oficio o a petición de parte. Tales causales son las
siguientes:
18. Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es que la oposición sea grosera, de bulto, es decir,
cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos
administrativos, por parte de esta Jurisdicción.
19. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses generales,
causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un acto
legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de
11 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
12 Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.
13«Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
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la inoportunidad o inconveniencia de aquél14, vinculándose a la noción del mérito
del acto administrativo; y
20. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una
persona.
21. Ahora bien, para la revocación de los actos de carácter particular y concreto, se
ha establecido en el ordenamiento jurídico la regla general contenida en el artículo
97 del CPACA, según la cual, tales actos no podrán ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular, pues implican la
creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y
determinada, esto en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos -especialmente de los favorables15, estrechamente relacionado con
la presunción de legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la
protección de los derechos adquiridos. La norma señaló lo siguiente:
«Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a
la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa».
22. En relación con la figura de la revocatoria directa, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia se ha pronunciado sobre la prohibición de revocar actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
14 C o r t e S u p r e m a d e J u s t i c i a , S a l a C o n s t i t u c i o n a l , S e n t e n c i a d e m a y o 5 d e 1 . 9 8 1 .
15 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio
jurídico del destinatario, esto es, «crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica», como los
nombramientos, las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la
Administración responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de
una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los de gravamen en los cuales se incluyen
aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones, la revocación
de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver Consejo de Estado.
Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-10227-01(10227).
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particular y concreta o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo
derecho, en los siguientes términos16:
«Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un
acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto
administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos, categoría
esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del Decreto 01 de
1984.
En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos que:
«hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría» salvo que de manera previa, expresa y
escrita medie el consentimiento del titular del respectivo derecho. Advierte la Sala que,
en lo que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para revocar actos
administrativos de carácter particular, en los eventos en los que concurría alguna de las
causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere
evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan que
en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad de
un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o
fraudulentos, deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no
cuente con el consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos
reconocidos en el respectivo acto administrativo» (sic).
23. De acuerdo con las normas y jurisprudencia en cita, la administración solo podrá
revocar un acto administrativo de carácter particular, en los eventos en que se
cuente con el consentimiento de la persona. En caso contrario, deberá cuestionar
su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control. Entonces,
solo en casos excepcionales previstos legalmente, será posible revocar un acto sin
el consentimiento del interesado. De lo contrario, las entidades tendrán que acudir
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar ante
un juez administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden solicitar
medidas cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto que
consideren ilegal.
24. Noobstante, en materia de seguridad social, existen eventos en los que la
entidad puede revocar el acto administrativo aun sin el consentimiento del
beneficiario, como es el caso de las pensiones que fueron reconocidas
16 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.
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Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
irregularmente. En efecto, el artículo 19 de la Ley 797 de 200317 previó:
«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan
por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán
verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la
legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el
reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro
público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que
se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de
comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con
base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del
acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las
autoridades competentes» [sic] [se resalta]
25. Asimismo, la Ley 1450 de 2011 «por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010 – 2014», en su artículo 243 dispuso:
«Artículo 243. Protección contra prácticas corruptas en el reconocimiento de
pensiones. Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento de
pensiones tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con
fundamento en documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la
administración o cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una
actuación administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la
prestación y la existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la
actuación se verifica la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la
administración procederá a revocar o modificar el acto sin consentimiento del
particular». [Se resalta]
26. Nótese que si bien la primera norma citada únicamente impuso el deber a la
administración para revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular cuando se comprobara la irregularidad en el reconocimiento de la
prestación, fue con la segunda que condicionó tal decisión a que previamente se
adelantara la actuación administrativa18 y se definiera o verificara si aquella [la
irregularidad] existió.
17 «[P]or la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
18 Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-182 de 2019, en la cual se establecieron las
siguientes reglas: (i) solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título; (ii) la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber;
(iii) no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la
pensión; (iv) solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; (v) no
hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues
el ordenamiento jurídico sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios; (vi) sujeción al debido
proceso; entre otras.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
27. Esto presupone que toda la actuación que se adelante antes de la revocación
del acto debe surgir de «motivos reales, objetivos, trascendentales, y desde luego
verificables»19 y respetar los derechos al debido proceso y defensa del beneficiario
de la prestación. Asimismo, como se trata de una facultad excepcional de la
administración, es en esta que recae la carga de la prueba, es decir, su deber se
circunscribe a demostrar con suficiencia la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional, sin perjuicio de que, cuando se trate de « problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación
de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general»20,
esté obligada a acudir al juez competente.
28. Ahora bien, cuando la administración adelanta la actuación con sujeción al
debido proceso y revoca el acto administrativo, debe determinarse cuáles son sus
efectos en el tiempo y sus consecuencias. Aunque este tema fue zanjado en la
sentencia SU-182 de 2019 por la Corte Constitucional, es necesario precisar que
esta corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado [ex tunc], en otras que
tiene efectos hacia el futuro [ex nunc] y, solo en una providencia, se indicó que los
efectos dependían de cuando ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se muestra
la tendencia de cada uno de los criterios:
La revocatoria directa tiene efectos hacia el La revocatoria directa tiene efectos hacia el
pasado futuro
3 de agosto de 1988 .
26
22 de agosto de 199021
23 de octubre de 199127
14 de noviembre de 199128
9 de septiembre de 200029
16 de julio de 200230
26 de febrero de 200431
20 de mayo de 200422
5 de octubre de 200932
19 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003, mediante la cual se declaró exequible el artículo
19 de la Ley 797 de 2003.
20 Ibidem.
21 Expediente 285.
22 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango
Mantilla.
26 Sección Segunda, expediente 1609.
27 Sección Segunda, expediente 2174.
28 Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
29 Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
30 Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
31 Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
32 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta.
11
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
13 de mayo de 200933
31 de mayo de 201223
3 de abril de 201334
15 de agosto de 201335
29 de enero de 201536
13 de abril de 201524
18 de febrero de 201637
8 de septiembre de 201638
17 de noviembre de 201639
21 de abril de 201740
26 de octubre de 201741
8 de febrero de 201842
19 de julio de 201825
23 de mayo de 201943
31 de octubre de 201944
20 de noviembre de 201945
7 de mayo de 202046
18 de junio de 202047
23 Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas
Monsalve.
24 Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de
la Hoz.
25 Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
33 CP. Myriam Guerrero de Escobar.
34 Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
35 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas
Monsalve.
36 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
37 Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
38 Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
39 Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino
Cortés.
40 Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
41 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
42 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
43 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William
Hernández Gómez.
44 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino
Cortés.
45 Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia
Velásquez Rico.
46 Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William
Hernández Gómez.
47 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
12
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
1 de julio de 202048
26 de noviembre de 202049
21 de enero de 202150
25 de enero de 202151
22 de abril de 202152
6 de mayo de 202153
5 de agosto de 202154
10 de marzo de 202255
29. En el criterio minoritario, este es que los efectos de los actos administrativos son
hacia el pasado, se sostuvo que el acto administrativo se extingue cuando cesan
en forma definitiva sus efectos y puede ser revocado por razones de mérito o de
legalidad. Cuando la figura opera por esta última, al tratarse de un juicio
estrictamente lógico jurídico, los efectos serán hacia el pasado, es decir, desde el
momento de su expedición.
30. Por su parte, en el criterio mayoritario, existen 2 referentes principales que se
detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que sirvieron
a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002 [proferido
por la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 [proferido por la Sección Segunda].
Los argumentos que concuerdan en las providencias que prohijaron esta tesis, son
los siguientes:
31. El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias jurídicas.
«[R]esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar hacia atrás los
efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó de la presunción de
legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el administrado estuvo en el
deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo (...)».
32. La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
48 Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
49 Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
50 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
51 Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
52 Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
53 Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
54 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
55 Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.
13
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad que
hasta ese momento tuvo el acto administrativo, « sino tan solo [puede] evitar que lo
resuelto se materialice».
33. La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo los
efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad, por tal razón, la
recuperación de los dineros indebidamente pagados solo es posible lograrla por
conducto del juez. Esta figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado
efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad».
34. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació
a la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le
corresponden a la administración.
35. La Sala adopta la posición mayoritaria, en virtud de la separación de poderes,
aunque las ramas legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor eficiencia
para lograr los fines del Estado, la última tiene una función netamente ejecutora de
las actividades administrativas en servicio del interés general, dentro de la cual se
encuentra ejercer el control de sus propios actos y revocarlos directamente aun sin
el consentimiento del particular, pero únicamente en los casos expresamente
autorizados por el legislador.
36. Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en modo alguno declarar
su ilegalidad, pues conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de
la declaratoria de nulidad.
37. En esa línea, como el juez de lo contencioso-administrativo es el único que puede
examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde su
nacimiento y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, nada
impide que la administración solicite la nulidad y el reembolso de las sumas
pagadas en virtud de aquel, en razón a que durante su vigencia produjo efectos
jurídicos.
38. Es así porque fue la voluntad del legislador disponer únicamente en la parte
segunda del CPACA [organización de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva] que «no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», lo cual supone que solo
14
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
la autoridad judicial podrá determinar si el beneficiario del acto revocado acudió a
maniobras fraudulentas para obtener el derecho, no la entidad en el curso de la
actuación administrativa. Lo contrario, sería tanto como aceptar que la
administración puede asumir la posición de juez y parte en el procedimiento, por
cuanto decidiría la suerte de un derecho particular y establecería el monto de los
perjuicios que causó la expedición del acto.
39. A más de lo expuesto, la revocatoria se realiza a través de un acto administrativo
autónomo e independiente, lo que significa que de esta se desprenden situaciones
jurídicas nuevas. De ahí la diferencia con la declaratoria de nulidad, la cual implica
«que el acto se reputa no haber existido jamás»56, es decir, ataca directamente los
elementos de la esencia y reconoce que desde su expedición estaba viciado; por
eso sus efectos son hacia el pasado o ex tunc.
40. Incluso,esto ocurre con la derogatoria del acto administrativo de carácter
general. Aunque «tiene un régimen jurídico específico»57 y distinto del acto
administrativo en cuanto a «la protección jurisdiccional, posibilidad de revocación,
jerarquía dentro del orden normativo, publicidad o notificación, efectos de los
recursos y alcance de la vigencia»58, su derogatoria [tácita o expresa] deviene de
la decisión unilateral de la autoridad que lo expidió, también tiene efectos hacia el
futuro o ex nunc y opera cuando queda en firme la decisión sin que se afecte « lo
ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo
hace ab-initio, restableciéndose por tal razón al imperio de la legalidad»59.
41. En definitiva, tanto la revocatoria como la derogatoria únicamente impactan los
efectos u obligatoriedad del acto primigenio, pero no la presunción de legalidad que
corresponde únicamente al juez de lo contencioso-administrativo, quien, además,
es el único competente para restablecer las cosas a su estado anterior y, en caso
dado, ordenar las sumas pagadas con ocasión del acto anulado. Lo expuesto se
sintetiza en el siguiente cuadro:
Características Efectos
Afecta la eficacia del acto por razones de «ilegalidad». No
tiene la virtualidad de retrotraer las cosas al estado inicial.
Revocación
Hacia el futuro
directa
Procede solo con el consentimiento del ciudadano, salvo en
los casos expresamente establecidos por el legislador.
Derogatoria Procede por decisión unilateral y discrecional de la autoridad Hacia el futuro
56 Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2011, radicación 11001-03-28-000-2010-00120-
00.
57 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 26.
58 Ibidem.
59 Expediente S-157, CP. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
15
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
del reglamento que lo expidió y solo afecta la eficacia. No se pueden afectar
los derechos consolidados al amparo del que fue derogado.
No restablece el orden jurídico que se estima contrariado.
Afecta la validez del acto desde el momento de su expedición. Hacia el
Nulidad
pasado
2.3.2. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para la
devolución de prestaciones periódicas
42. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el
crédito personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides
hacía referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre
cuando había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y
entre las partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la
palabra al estar ligado a su propia declaración60.
43. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos61, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las
partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio
de probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española62, como honradez.
44. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199563, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».
45. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:
«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse»64.
60 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
61Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
62 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
63 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
64 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23
de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
46. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.
47. A su turno, el Código Contencioso Administrativo65 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe» (Negrilla del
texto original).
48. El
desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en el artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, el cual dispuso:
«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».
49. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional66 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
50. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:
«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra
dada. En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del
particular y constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad.
La doctrina, por su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar
situaciones contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de
los propios actos (venire contra factum proprium), las dilaciones injustificadas, el
abuso del poder y el exceso de requisitos formales, sin pretender con esta
65 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
66 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
enumeración limitar el principio a tales circunstancias. No es posible reducir la
infracción de la buena fe a casos tipificados legalmente. De ahí que la
aplicación de este principio suponga incorporar elementos ético-jurídicos que
trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas ocasiones
la intervención judicial para calificar la actuación pública según las circunstancias
jurídicas y fácticas del caso». (Resalta la Sala).
51. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que
se espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.
52. LaCorte Constitucional en la sentencia C-131 de 200467, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:
«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los
sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la
confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad
surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el
ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico». (Se resalta).
53. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino
que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la
economía, entre otros68.
67 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
68 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
18
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
54. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.
55. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»69, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
en que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.
56. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la expedición
del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto en que el
beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de acceder al
derecho.
57. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200870, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:
«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya
que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para
69 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre
de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
70 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
19
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue
pagado por este concepto71».
58. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 72, la corporación
indicó:
«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir73 la cantidad de $73.647.865,54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el
recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).
Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)74
Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba
en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos (…)
(…)
Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las
prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del
CPACA».
59. En pronunciamiento del 18 de marzo de 2021 75, sostuvo:
«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
71 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita Olaya
Forero.
72 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).
Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
73 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar
Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F. 309)».
74 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
75 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia
de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
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menos probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error
de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales,
no puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar
un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».
60. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.
61. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.
62. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación76.
63. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.
64. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les
ha reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de
76 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, exp. 1783-01, Magistrada
Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los
dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala
fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».
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decisiones tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta
protección no acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas
con la finalidad de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace
necesario que se demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas
o fraudulentas que llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda
la devolución de esas sumas de dinero pagadas.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
65. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.4.1.1. En torno a la pensión solicitada a Cajanal
65.1. Mediante Resolución 17117 del 19 de abril de 2006 Cajanal negó la solicitud
de pensión de vejez solicitada por Francisco Carlos José Escobar Henríquez. Dicha
decisión fue confirmada con la Resolución 06543 del 31 de julio de 200677.
65.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 25 de septiembre de 200878, negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Francisco
Carlos José Escobar Henríquez contra Cajanal encaminadas al reconocimiento del
derecho de pensión de jubilación.
65.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través de sentencia
del 26 de septiembre de 201279 revocó el fallo anterior y, en su lugar, declaró la
nulidad de las resoluciones 17117 del 19 de abril de 2016 y 06543 del 31 de julio
de 2016 y le ordenó a Cajanal reconocer y pagar dicho derecho a partir del 7 de
diciembre de 2003. Lo anterior, con fundamento en los decretos 1359 de 1993 y
1293 de 1994, por ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993; de manera que había alcanzado el estatus pensional el 7 de
diciembre de 2003 al completar el requisito de edad [50 años] y tiempo de servicio
[20 años]; para lo cual consideró que había prestado sus servicios en la rama
judicial así:
«[…]
1. Juez Segundo Municipal de Honda (Tolima) del 1° de septiembre de 1977 al 31 de
enero de 1979, en propiedad.
2. Juez Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, del 1° al 31 de julio de 1979.
77 Según se extrae de la Resolución RDP 038229 del 5 de octubre de 2017.
78 Folio 78 a 116.
79 Folios 117 a 139.
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3. Juez Promiscuo Municipal de Zipacón (Cundinamarca) del 5 al 31 de octubre de 1979.
4. Juez Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, del 1° de noviembre de 1979 al 5 de
mayo de 1981.
5. Abogado Asistente de la Sala de Casación Laboral de la Corporación, del 16 de mayo
de 1981 al 18 de febrero de 1985.
6. Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Laboral, en propiedad, del 19 de febrero
al 31 de julio de 1985.
7. Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en propiedad, del 1°
de agosto de 1985 al 15 de marzo de 1987.
8. Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corporación, en propiedad,
del 16 de marzo de 1987 al 14 de mayo de 1990.
9. Magistrado de la Sala de Casación Laboral, en encargo, desde el 15 de mayo hasta
al 15 de junio de 1990.
10. Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Laboral, en propiedad, del 16 de junio al
31 de agosto de 1990.
11. Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, en propiedad
del 1° de septiembre de 1990 al 30 de septiembre de 1994».
65.4. Con Resolución RDP 37945 del 16 de agosto de 2013 Cajanal negó la solicitud
de reconocimiento pensional ante la falta de la historia laboral del ISS con las
respectivas cotizaciones hasta el año 200580.
65.5. Posteriormente, dio cumplimiento al fallo judicial mediante la Resolución RDP
004683 del 11 de febrero de 201481, en la que estableció la mesada pensional en
$14.167.500 efectiva a partir del 1° de julio de 2012, condicionada al retiro del
servicio.
65.6. La anterior decisión fue adicionada por medio de las resoluciones i) RDP
010702 del 31 de marzo de 2014 en cuanto a la procedencia de recursos; ii) RDP
015656 del 20 de mayo de 2014 con orden de descuento de las mesadas atrasadas
respecto de los aportes a pensión; y iii) RDP 024250 del 16 de junio de 2015
respecto de la orden de pago de intereses moratorios. De otra parte, con la
Resolución RDP 013905 del 30 de abril de 2014 se negó la «revisión de solicitud de
aclaratoria de la Resolución RDP 004683 del 11 de febrero de 2014»82.
2.4.1.2. Reconocimiento y pago de la pensión por parte del ISS
65.7. El 18 de diciembre de 2008, Francisco Carlos José Escobar Henríquez solicitó
el reconocimiento de la pensión de jubilación ante el ISS.
80 Según se extrae de la Resolución RDP 038229 del 5 de octubre de 2017.
81 Folios 51 a 54.
82 Según lo registrado en el auto ADP 016837 del 16 de diciembre de 2015.
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65.8. Mediante Resolución 032108 del 28 de julio de 200983 la entidad se la
reconoció en cuantía de $1734.885, condicionada al retiro del servicio. La
prestación se reajustó a través de la Resolución 20517 del 28 de mayo de 201284
a $18.593.810, con efectividad desde el 1° de julio de 2012, fecha del retiro
definitivo del servicio.
65.9. A través de la Resolución GNR 118505 del 3 de abril de 2014 negó la
reliquidación de la pensión solicitada el 9 de octubre de 2012 al no haberse
generado valores a favor del actor85.
2.4.1.3. Reclamos del actor ante la Ugpp y surgimiento del conflicto por doble
pensión
65.10. Mediante petición del 14 de mayo de 201586, solicitó a la Ugpp i) el pago de a)
la pensión causada entre el 7 de diciembre de 2003 y el 1 de septiembre de 2004
en los términos de la sentencia del Consejo Estado proferida el 26 de septiembre
de 2012; b) la mesada 14 no pagada por Colpensiones; y ii) la suspensión «de la
inclusión en nómina de pensionados por cuenta de la Ugpp a partir de julio de 2012».
65.11. Tal petición con fundamento en que i) desde el 7 de diciembre de 2003
adquirió su estatus de pensionado con afiliación a Cajanal y se encontraba retirado
del servicio; ii) el 2 de septiembre de 2004 se reincorporó a la rama judicial con
afiliación ante el ISS ante la imposibilidad en Cajanal; tras cumplir los 55 años, el
ISS le reconoció la pensión en el año 2009 pero no la mesada 14 o adicional de
junio de cada año; según el Consejo de Estado la edad de jubilación corresponde
a los 50 años, como los cumplió antes del Acto Legislativo 1 de 2005 le asiste ese
derecho; iii) la finalidad de la solicitud del cumplimiento de la sentencia que le
reconoció el derecho era que se definiera si la Ugpp o el ISS debía seguir
asumiendo la pensión, así como para que se le «cancelara el retroactivo
correspondiente a la pensión causada entre el 7 de diciembre 2003 y el 1 de septiembre
de 2004 y se abonara la mesada 14 a [su] derecho pensional»; iv) la Ugpp dio
cumplimiento a la sentencia pero efectuó descuentos arbitrarios y desconoció que
su derecho se debía reconocer entre el 7 de diciembre de 2003 hasta el 1 de
septiembre de 2004; v) fue incluido en nómina sin saberlo; y v) «[d]esde luego no he
recibido ni recibiré esas mesadas y actualmente estimo que lo que corresponde es que el
ISS o Colpensiones continúe administrando mi pensión, dado que la reconoció y fue la
última entidad en la que estuve afiliado, sin perjuicio de que siga reclamando a la UGPP
aspectos pendientes como la mesada 14 y el retroactivo».
83 Folios 51 a 55.
84 Folios 56 a 57.
85 Según consta en la Resolución 032108 del 28 de julio de 2009.
86 Folios 62 a 64.
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65.12. Con auto ADP 016837 del 16 de diciembre de 201587 la Ugpp indicó que los
tiempos de servicio que sirvieron de sustento para el reconocimiento del derecho
pensional tanto en la Ugpp como en el ISS eran los mismos, de tal manera que no
era posible efectuar dicho reconocimiento por ambas entidades, en virtud de la
doble pensión devengada por Francisco Carlos José Escobar Henríquez. En
consecuencia, remitió el asunto a Colpensiones para que adelantara el trámite de
revocatoria de los actos de reconocimiento expedidos por el ISS.
65.13. A través de la Resolución RDP 012614 del 18 de marzo de 201688 la Ugpp
negó la petición de cumplimiento de la sentencia proferida el 26 de septiembre del
2012 por el Consejo de Estado presentada por el demandante el 22 de febrero de
201689, con fundamento en que el reconocimiento de la pensión con efectos desde
el 1 de julio de 2012 quedó condicionado al retiro del servicio.
2.3.1.4. Trámite de revocatoria de la pensión
65.14. Con oficio 2016-4912365 del 16 de mayo de 201690 Colpensiones solicitó
autorización para revocar las resoluciones 32108 del 28 de julio de 2009 y 20517
del 28 de mayo de 2012 [actos de reconocimiento de la pensión], con fundamento
en que la Ugpp era la competente para reconocer el derecho pensional ordenado
por el Consejo de Estado.
65.15. Mediante auto ADP 8791 del 6 de julio de 201691, la Ugpp precisó que para
continuar con el trámite pensional se requería que Colpensiones revocara las
resoluciones que reconocieron la pensión de vejez, con el fin de evitar doble
contabilización y garantizar el derecho de defensa y el debido proceso.
65.16. El
demandante autorizó dicha revocatoria a través de radicado 2016-
1181277092.
65.17. Con Resolución GNR 311900 del 24 de octubre de 2016 93 Colpensiones
revocó las resoluciones 032108 del 28 de julio de 2009 y 20517 del 28 de mayo de
2012. Además, aceptó el desistimiento del recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la Resolución GNR 184253 del 23 de junio de 2016.
87 Folios 65 a 67.
88 Según se extrae de la Resolución SUB 64365 del 7 de marzo de 2018.
89 Folios 68 y 69.
90 Según lo registrado en la Resolución SUB 64365 del 7 de marzo de 2018.
91 Según se extrae de la Resolución RDP 007723 del 25 de marzo de 2020.
92 Ejusdem.
93 Según lo registrado den la Resolución SUB 64365 del 7 de marzo de 2018.
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2.4.1.5. Condicionamiento, retiro de nómina e inclusión definitiva por la Ugpp
a partir del 5 de octubre de 2017
65.18. Mediante Resolución RDP 015567 del 18 de abril de 2017 la Ugpp condicionó
la Resolución RDP 004683 del 11 de febrero de 2014 al retiro de nómina de
pensionados por parte de Colpensiones.
65.19. Con oficio BZ 2016-7519969 del 2 de octubre de 2017 Colpensiones certificó
que el demandante se encontraba retirado de la entidad desde octubre de 2017 en
virtud de lo dispuesto en la Resolución GNR 311900 del 24 de octubre de 201694.
65.20. Por medio de la Resolución RDP 038229 del 5 de octubre de 201795 expedida
por la Ugpp en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 28 de junio de 2016 por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dispuso la
inclusión en nómina, de conformidad con la Resolución RDP 004683 del 11 de
febrero de 2014 [en la que se estableció la mesada pensional], pero a partir del 5
de octubre de 2017 sin pago retroactivo.
2.4.1.6. Declaratoria de pago indebido y cobro por Colpensiones con ocasión
de las mesadas pagadas entre el 1 julio de 2012 y el 30 septiembre de 2017
65.21. A través de Resolución SUB 64365 del 7 de marzo de 201896 Colpensiones
declaró deudor a Francisco Carlos José Escobar Henríquez por la suma de
$998.490.515 con ocasión de las mesadas que le fueron pagadas entre el 1 julio
de 2012 y el 30 septiembre de 2017, con fundamento en que la Ugpp tenía la
competencia para reconocerle el derecho pensional ordenado por el Consejo de
Estado, de tal manera que se generó un pago de lo no debido.
65.22. Mediante Resolución 99807 del 16 de abril de 201897 resolvió no reponer dicha
decisión y por medio de la Resolución DIR 9021 del 10 de mayo de 201898 la
confirmó. Esta última fue corregida con Resolución DIRA 9021 del 17 de octubre
de 201899 respecto del error en la transcripción en letras del valor de la suma objeto
de reintegro.
65.23. Con oficio 2018-13898299 del 22 de octubre de 2018100 la entidad le notificó
al demandante el mandamiento de pago 009148.
94 Según consta en la Resolución RDP 038229 del 5 de octubre de 2017.
95 Folios 71 a 76.
96 Folios 18 a 34.
97 Folios 36 a 40.
98 Folios 43 a 47.
99 Folios 142 a 143.
100 Folio 144.
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65.24. Mediante Resolución RDP 044776 del 22 de noviembre de 2018 se modificó
la Resolución RDP 015567 del 18 de abril de 2017 [que modificó la Resolución RDP
004683 del 11 de febrero de 2014] para ordenar el pago de la pensión, con efectos
fiscales a partir del 1 de octubre de 2017101.
65.25. A través de Resolución RDP 018201 del 14 de junio de 2019 modificó la
Resolución RDP 015567 del 18 de abril de 2017, en relación con el monto de los
descuentos por concepto de aportes para pensión de factores de salario no
efectuado102.
65.26. Contra la Resolución RDP 029162 del 26 de septiembre de 2019 se
interpusieron recursos de reposición y apelación resueltos por la Ugpp a través de
las resoluciones RDP 005730 del 28 de febrero de 2020 y RDP 007723 del 25 de
marzo de 2020, respectivamente103. Con la primera resolución se «modificó el
artículo 1 de la Resolución RDP 029162 del 26 de septiembre del 2019 en cuanto negó la
supresión de los trámites y procedimientos de cobro establecidos en el artículo 40 del
Decreto 2106 de 2019104»; y a través del segundo acto, resolvió «confirmar la
Resolución RDP 029162 del 26 de septiembre de 2019 modificada por la Resolución RDP
005730 del 28 de febrero de 2020, en cuanto la supresión de los trámites y procedimientos
de cobro […] conforme con el recurso presentado por […] [el] director administrativo de la
Unidad de Recursos Humanos de la rama judicial».
2.4.1.7. Certificación final sobre pagos efectuados por parte de Colpensiones,
desde julio de 2012 hasta septiembre de 2017
65.27. Medianteoficio del 26 de junio de 2023105 Colpensiones certificó que a
Franciso Carlos José Escobar Henríquez le fue reconocida la pensión de vejez con
ingreso en nómina de pensionales desde julio de 2012 con retiro en octubre de
2017. Esta detalló los valores devengados y deducidos desde el ingreso [julio de
2012] hasta septiembre de 2017.
2.4.2. Análisis sustancial
66. El a quo accedió parcialmente a las pretensiones y declaró la nulidad de la
Resolución SUB-64365 del 7 de marzo de 2018, por la cual Colpensiones declaró
deudor al actor por la suma de $998.490.515, y ordenó cesar cualquier actuación
101 Según se extrae de la Resolución RDP 007723 del 5 de marzo de 2020.
102 Ibidem.
103 Folios 229 a 234.
104 Tal como se señaló en la Resolución RDP 007723 del 25 de marzo del 2020.
105 Folios 224 y 225. Allegada por Colpensiones en virtud de la prueba de oficio decretada por el
tribunal en auto del 25 de mayo de 2023 que obra a folios 212 y 213.
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fundada en dicho acto, con fundamento en que no se acreditó el pago simultáneo
de dos pensiones, y se evidenció la buena fe del demandante al informar respecto
de la prestación recibida, de tal manera que cualquier eventual controversia sobre
la entidad responsable del pago debía resolverse entre Colpensiones y la Ugpp, sin
trasladarle la carga al pensionado.
67. En contra de esta decisión, Colpensiones presentó recurso de apelación con
fundamento en que el acto que declaró deudor al demandante fue expedido en
ejercicio de las facultades legales para recuperar recursos públicos pagados sin
causa legal, al acreditarse la mala fe por ocultar la existencia de un proceso judicial
en curso, percibir simultáneamente mesadas de distintas entidades y beneficiarse
de una doble asignación de recursos públicos; circunstancias que justificaron la
exigencia de reintegro de las sumas indebidamente pagadas. Además, por cuanto
la revocatoria del reconocimiento se realizó sin vulnerar el debido proceso.
68. Así, la controversia consiste en establecer la legalidad de los actos mediante los
cuales Colpensiones declaró a Francisco Carlos José Escobar Henríquez deudor,
con fundamento en un presunto pago de lo no debido y en la alegada mala fe del
actor, al estimar que percibió mesadas pensionales de forma indebida o simultánea
tras el fallo del Consejo de Estado que atribuyó la obligación prestacional a la Ugpp.
En consecuencia, el debate jurídico se centra en la competencia de Colpensiones
para ordenar el reintegro de esas sumas de dinero y en la efectiva acreditación de
una conducta deshonesta o fraudulenta por parte del demandante.
69. En tal virtud, conforme con los criterios normativos y jurisprudenciales
previamente expuestos, la Sala procede a valorar de manera integral el acervo
probatorio con el propósito de establecer si Colpensiones estaba jurídicamente
facultada para ordenar el reintegro de las sumas pagadas y si el demandante actuó
de mala fe al percibir, presuntamente, las mesadas cuestionadas. Para ello, resulta
necesario reconstruir la secuencia temporal de los reconocimientos pensionales
efectuados por las entidades involucradas y examinar la conducta del actor a la luz
del principio constitucional de la buena fe.
70. Se acreditó que el derecho pensional de Francisco Carlos José Escobar
Henríquez fue reconocido por dos entidades en momentos distintos y bajo
contextos jurídicos diferentes. En efecto, el ISS le reconoció la pensión de vejez
mediante la Resolución 032108 del 28 de julio de 2009, condicionada al retiro del
servicio, y lo incluyó en nómina a través de la Resolución 20517 del 28 de mayo de
2012, con pagos efectivos desde el 1 de julio de 2012. Dichos pagos se mantuvieron
hasta septiembre de 2017, momento en el cual Colpensiones suspendió la mesada
en virtud del proceso de revocatoria.
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71. En cumplimiento de la sentencia del 26 de septiembre de 2012 proferida por el
Consejo de Estado que ordenó a Cajanal reconocer la pensión con efectos desde
el 7 de diciembre de 2003, la Ugpp expidió la Resolución RDP 004683 del 11 de
febrero de 2014, mediante la cual reconoció la prestación a su cargo, condicionando
su efectividad al retiro de la nómina de Colpensiones.
72. Por lo tanto, el pago efectivo de las mesadas por parte de la Ugpp solo se
materializó a partir del 5 de octubre de 2017, una vez se produjo el retiro definitivo
del demandante de la nómina de Colpensiones, toda vez que mediante la
Resolución RDP 038229 del 5 de octubre de 2017 se ordenó su inclusión en nómina
pensional conforme con la resolución ya referida, pero exclusivamente desde esa
fecha y sin reconocimiento de retroactivos.
73. Ahora bien, los pagos efectuados entre julio de 2012 y septiembre de 2017
certificados por Colpensiones en contraste con la fecha en que se hizo efectivo el
reconocimiento pensional por parte de la Ugpp [5 de octubre de 2017] permiten
concluir, de manera objetiva, que no existió percepción simultánea de mesadas
pensionales, por cuanto los períodos de pago de ambas entidades no se
superpusieron. En consecuencia, no se configuró la prohibición constitucional de
doble asignación de recursos públicos.
74. Respecto de los argumentos de la entidad demandada según los cuales el actor
habría actuado de mala fe al omitir informar la existencia de un proceso judicial en
curso contra la Ugpp y al beneficiarse de una supuesta doble asignación de
recursos públicos, la Sala advierte que tales afirmaciones carecen de respaldo
probatorio suficiente, por cuanto, de la conducta del demandante, la Sala observa
que esta se encuentra amparada por la presunción constitucional de buena fe, la
cual no solo permanece incólume, sino que además se ve reforzada por las
actuaciones verificadas dentro del expediente. En particular, obra prueba de que el
actor informó de manera expresa a la Ugpp que ya percibía una pensión reconocida
por Colpensiones.
75. Puntualmente, la petición del 14 de mayo de 2015 demuestra que el demandante
no buscaba un doble pago, sino que pretendía regularizar su situación pensional y
hacer cumplir de forma integral la sentencia proferida el 26 de septiembre del 2012
por el Consejo de Estado. En concreto solicitó el pago del retroactivo pensional
entre el 7 de diciembre de 2003 y el 1 de septiembre de 2004, el reconocimiento y
pago de la mesada 14, y la suspensión de su inclusión en la nómina de la Ugpp,
para evitar un eventual doble pago; lo que evidencia un actuar transparente y
orientado a evitar un aprovechamiento indebido de recursos públicos.
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Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
76. Al respecto, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sido clara en
señalar que la mala fe no se presume y que corresponde a quien la alega demostrar
la existencia de conductas dolosas, deshonestas o fraudulentas previas al
reconocimiento del derecho. En el presente asunto, el proceso judicial adelantado
contra Cajanal era público y no se acreditó que el demandante hubiera ocultado
dicha información con la finalidad de inducir en error al ISS o a Colpensiones.
Tampoco se probó la existencia de pagos simultáneos ni la recepción de 2 mesadas
dentro de un mismo período, ni mucho menos la realización de actos fraudulentos
orientados a obtener un beneficio indebido.
77. Por el contrario, su comportamiento fue consistente con un actuar honesto y
acorde con los postulados de la buena fe y la confianza legítima. En ese contexto,
la Sala concluye que no se desvirtuó la presunción constitucional de buena fe, razón
por la cual resulta improcedente trasladar al pensionado las consecuencias
derivadas de eventuales errores administrativos en la determinación de la entidad
responsable del pago de la prestación.
78. La Sala señala que, en todo caso, la eventual existencia de un pago sin causa
legal no habilitaría por sí misma a Colpensiones para imponer de manera unilateral
una obligación de reintegro al demandante, en la medida en que las sumas fueron
recibidas con fundamento en actos administrativos válidos, vigentes y amparados
por la presunción de legalidad. En ese sentido, la entidad no goza de facultad para
exigir la devolución de recursos reconocidos mediante actos que otorgan
prestaciones periódicas, habida cuenta de que la revocatoria directa produce
efectos hacia el futuro y no desvirtúa la legalidad de los actos previamente
expedidos. Así, la restitución de los valores pagados corresponde, en principio, a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de los mecanismos previstos
para el efecto.
79. En tal medida, cualquier controversia relacionada con la definición de la entidad
obligada al pago de la pensión debía resolverse entre Colpensiones y la Ugpp,
mediante mecanismos interadministrativos, mas no mediante la imposición de una
carga económica al particular que actuó de buena fe y bajo la confianza legítima
generada por las decisiones de la propia administración. Permitir lo contrario
implicaría desconocer los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y
protección reforzada de los beneficiarios de prestaciones periódicas.
80. Así las cosas, de la valoración integral del material probatorio y de la aplicación
de los principios constitucionales que gobiernan la actuación administrativa y el
marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala concluye que no existió
percepción simultánea de 2 pensiones, el demandante no actuó de mala fe,
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Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
Colpensiones no demostró conducta fraudulenta o dolosa, y la entidad carecía de
competencia para ordenar el reintegro de las sumas pagadas.
81. Finalmente, si bien el a quo declaró la nulidad de la Resolución SUB-64365 del
7 de marzo de 2018, mediante la cual Colpensiones declaró deudor al actor por la
suma de $998.490.515 correspondiente a mesadas pensionales pagadas entre el
1 de julio de 2012 y el 30 de septiembre de 2017, lo cierto es que también resultaba
procedente la anulación de los demás actos administrativos demandados, esto es,
las resoluciones SUB-99807 del 16 de abril de 2018 y DIR-9021 del 10 de mayo de
2018, a través de las cuales se confirmó la decisión inicial al resolver los recursos
de reposición y apelación, respectivamente.
82. De igual forma, debía extenderse la declaratoria de nulidad a la Resolución
DIRA-9021 del 17 de octubre de 2018, pese a no haber sido expresamente
demandada, en tanto su objeto fue aclarar la Resolución DIR-9021 del 10 de mayo
de 2018 y su contenido se encuentra estrechamente vinculado con los actos
acusados. En ese orden, se impone la adición de la sentencia de primera instancia
para comprender la totalidad de los actos administrativos que conforman la
actuación cuestionada.
83. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que
declaró la nulidad del acto administrativo que impuso la obligación de reintegro.
2.5. Costas
84.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
85. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
86. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
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Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma106.
87. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
88. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia actuación temeraria
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala no condenará en costas.
3. Conclusión
89. De la valoración integral del acervo probatorio y del marco normativo y
jurisprudencial aplicable, la Sala concluye que no se configuró un doble pago
pensional ni una percepción simultánea de mesadas pensionales; el demandante
actuó amparado por la presunción constitucional de buena fe sin que se acreditara
conducta fraudulenta o dolosa; y Colpensiones carecía de competencia para
imponer unilateralmente una obligación de reintegro por sumas pagadas con
fundamento en actos administrativos válidos y vigentes; en consecuencia, la
controversia debía resolverse entre las entidades involucradas y no mediante la
imposición de cargas económicas al particular, razón por la cual procede confirmar
la nulidad del acto principal y adicionar la sentencia en el sentido de anular los actos
confirmatorios y aclaratorios.
90. En esas condiciones, la Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida el
20 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, mediante la cual accedió a las pretensiones de la
demanda interpuesta por Francisco Carlos José Escobar Henríquez contra la
Administradora Colombiana de Pensiones, pues se adicionará para extender la
declaratoria de nulidad a los demás actos referidos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
106En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
F A L L A:
Primero. Adicionar el ordinal 1° de la sentencia proferida el 20 de junio de 2024
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante la cual accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda
interpuesta por Francisco Carlos José Escobar Henríquez contra la Administradora
Colombiana de Pensiones la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar la nulidad de i) la Resolución SUB- 64365 del 7 de marzo de
2018 por medio de la cual Colpensiones declaró deudor al actor en la suma de
$ 998.490.515, pagados como mesadas pensionales entre el 1 de julio de 2012 y el
30 de septiembre de 2017; ii) las resoluciones SUB-99807 del 16 de abril de 2018 y
DIR-9021 del 10 de mayo de 2018, a través de las cuales Colpensiones confirmó la
Resolución SUB- 64365 del 7 de marzo de 2018 al resolver los recursos de reposición
y apelación, respectivamente; y iii) la Resolución DIRA-9021 del 17 de octubre de
2018 por medio de la cual la entidad aclaró la Resolución DIR-9021 del 10 de mayo
de 2018.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 20 de junio de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante la cual accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda
interpuesta por Francisco Carlos José Escobar Henríquez contra la Administradora
Colombiana de Pensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara voto
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02506-01 (5336-2024)
Demandante: Francisco Carlos José Escobar Henríquez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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