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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2020-00560-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2020-00560-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 26 de septiembre de 2024 que declaró la ocurrencia del fenómeno jurídico de la sustracción de materia respecto de las pretensiones de nulidad. En su lugar se dispone: declarar la nulidad parcial de los fallos disciplinarios proferidos el 12 de diciembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 por la Procuraduría Regional del Cesar y la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, respectivamente, mediante los cuales se impuso al demandante la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, únicamente en lo que concierne a Gabriel Muvdi Aranguena. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47 Radicado: 20001-23-39-000-2020-00560-01 (6511-2024) Demandante: Gabriel Muvdi Aranguena y otros La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara el voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. PTH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2020-00560-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-39-000-2020-00560-01 (6511-2024)
Demandante: Gabriel Muvdi Aranguena y otros
Demandada: Procuraduría General de la Nación

Tema: Disciplinario. Revocatoria de los actos sancionatorios.
Indemnización por «daño a la salud» y pérdida de oportunidad.

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por las
partes contra la sentencia del 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1. Gabriel Muvdi Aranguena y otros2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso - administrativo3 acudieron a esta
jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos:

1 Samai, proceso 20001-23-39-000-2020-00560-00, índice 54, archivo
«40ED_02DEMANDANYRGABRIELM(.pdf) NroActua 54», pág. 1.
2 Danna Sofía Muvdi Ortiz [hija]; Martha Inés Vega Mendoza [cónyuge]; Mariam, Nadua y Muvdi

Vega [hijas]; Bony y Karim Muvdi Aranguena [hermanos].
3 En adelante CPACA.

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Radicado: 20001-23-39-000-2020-00560-01 (6511-2024)
Demandante: Gabriel Muvdi Aranguena y otros

1.1. Fallo disciplinario de primera instancia del 12 de diciembre de 2018 expedido
por la Procuraduría Regional del Cesar, mediante el cual sancionó a los
concejales del municipio de Valledupar elegidos para el periodo 2016 – 2019
[entre ellos Gabriel Muvdi Aranguena] con destitución e inhabilidad general por
el término de 12 años.

1.2. Fallo de segunda instancia expedido el 17 de mayo de 2019 por la
Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa que confirmó
la decisión sancionatoria, así como el auto del 21 de junio del mismo año que
lo adicionó.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) la eliminación de la sanción
disciplinaria reportada en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e
Inhabilidades; y (ii) el pago de los perjuicios:

2.1. Inmateriales: en su favor y el de su núcleo familiar, concretados en los
perjuicios morales, «daño a la vida en relación» y «daños al proyecto de vida».

2.2. Materiales: por concepto de los honorarios (i) dejados de percibir desde el 12
de noviembre al 31 de diciembre de 2019; (ii) que debió pagar al profesional
del derecho para la defensa de sus intereses; y (iii) los que dejó de percibir en
el periodo 2020 – 2023 porque no tuvo la oportunidad de inscribirse como
candidato.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

4. Fue elegido concejal del municipio de Valledupar para el periodo constitucional
2016-2019 y se posesionó el 2 de enero de 2016.

5. En sentencia del 15 de diciembre de 2016 dictada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado se anuló el acto de elección de Álvaro Luis Castilla Fragozo
como contralor municipal de Valledupar para el periodo 2016 – 2019. En esta
oportunidad, se examinaron los resultados de la entrevista, la sustentación del
programa de gestión y del análisis de antecedentes académicos y experiencia para
concluir que los puntajes eran: (i) 89.55% de Omar Javier Contreras Socarrás; (ii)
88.20% de Jorge Arturo Araújo Ramírez; y (iii) 80.45% de Álvaro Luis Castilla
Fragozo.

6. Luego, mediante auto del 26 de enero de 2017 ─al resolver una solicitud de
aclaración─ dicha Sección precisó que el trámite que debía adelantar el concejo
municipal era el de realizar la elección del contralor de acuerdo con el orden de la

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Demandante: Gabriel Muvdi Aranguena y otros

lista de elegibles conformada para el efecto, es decir, la persona que ocupó el primer
lugar por representar el más alto de los puntajes.

7. En cumplimiento de lo anterior, el Concejo Municipal de Valledupar, del cual hacía
parte el demandante, suscribió el acta 008 del 28 de febrero de 2017, mediante la
cual se eligió a Omar Javier Contreras Socarrás como contralor de la entidad
territorial para el periodo 2016 – 2019.

8. Contra esta elección se inició el medio de control de nulidad electoral. El 21 de
septiembre de 2017 el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de
la demanda y, el 19 de julio de 2018, la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó la decisión para, en su lugar, declarar la nulidad del acta a través de la cual
se eligió a Omar Javier Contreras Socarrás.

9. En la decisión se expuso que Omar Javier Contreras Socarrás fue nombrado
defensor regional del Cesar, código 0040, grado 20, desde el 7 de mayo de 2013
hasta el 27 de febrero de 2018, fecha en que fue aceptada su renuncia. En
consecuencia, se demostraron los elementos de la inhabilidad prevista en el inciso
8 del artículo 272 de la Constitución Política porque ocupó un cargo del nivel
directivo y en una entidad del «orden departamental»; asimismo, lo ejerció hasta un
día antes de ser elegido contralor municipal.

10. Mediante auto del 23 de julio de 2018 la Procuraduría Regional de Valledupar
inició la indagación preliminar al considerar que era necesario determinar las
presuntas irregularidades en que pudieran estar incursos los concejales por haberlo
elegido contralor municipal, «con ocasión de la sentencia de fecha 19 de julio de 2019
proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Quinta [...]».

11. El 28 de septiembre de 2018 se determinó que se debía adelantar el
procedimiento verbal y se consideró que los miembros de la corporación
presuntamente habían cometido ─a título de dolo─ la falta gravísima prevista en el
numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, esto era elegir a una persona en
quien concurriera una causal de inhabilidad; en línea con lo previsto en el inciso 8
del artículo 272 de la Constitución Política.

12. Por las mismas razones se impuso la sanción a los concejales de destitución e
inhabilidad general por el término de 12 años. Contra esta decisión el demandante
presentó recurso de apelación; sin embargo, el 17 de mayo de 2019 la Procuraduría
Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa confirmó la decisión.

13. Notificado el fallo de segunda instancia, los concejales presentaron memoriales
de adición, corrección, aclaración, nulidad por violación al derecho de defensa y
contradicción, así como por falta de competencia, de recusación, suspensión del
proceso disciplinario; no obstante, todas fueron negadas.

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Demandante: Gabriel Muvdi Aranguena y otros

14. A través de la Resolución 047 del 12 de noviembre de 2019 se ejecutó la sanción
impuesta y, en consecuencia, se declaró la vacancia absoluta de las curules
ocupadas por los concejales.

15. En virtud de la expedición del Acto legislativo 04 de 2019, el apoderado de
algunos de los concejales sancionados solicitó la aplicación del principio de
favorabilidad y, en consecuencia, la revocatoria de la decisión sancionatoria.

16. El 27 de noviembre de 2019 la Corte Constitucional expidió el comunicado 48, en
el cual se informó que la Sala Plena había dictado la sentencia SU-566 que dejó sin
efectos la sentencia del 19 de julio de 2018 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, es decir, la que anuló la elección de Omar Javier Contreras
Socarrás.

17. El 12 de diciembre de 2019 y el 14 de febrero de 2019 se reiteró la solicitud de
revocatoria directa. Adicionalmente, se invocó el derecho a la igualdad, en razón a
que en el proceso disciplinario IUS-E-2018-411, IUC-D-2018-1167939 la
Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa revocó el fallo de
primera instancia y, en su lugar, absolvió a Omar Javier Contreras Socarrás.

18. Como las peticiones no fueron atendidas, el 18 de febrero de 2020 se presentó
otra solicitud de revocatoria y se invocó la teoría del exceso ritual manifiesto.

19. En auto del 1 de junio de 2020 proferido por el procurador general de la Nación
se resolvió (i) revocar los fallos de primera y segunda instancia que impusieron la
sanción de destitución e inhabilidad a los concejales; (ii) absolverlos de
responsabilidad disciplinaria; y (iii) ordenar que se cancelaran los antecedentes
disciplinarios. En la parte considerativa se citó la sentencia SU-566 de 2019 y se
indicó que la decisión se debía a la inexistencia de la falta endilgada y la vulneración
de las normas y derechos fundamentales.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

20. Como tales se señalaron los artículos 272 de la Constitución Política; y 6 de la
Ley 330 de 1996; en su concepto, porque:

21. La Defensoría del Pueblo era una entidad del orden nacional que hacía parte
del Ministerio Público y no formaba parte de la administración central o
descentralizada del municipio; en consecuencia, no incurrió en conducta constitutiva
de falta disciplinaria cuando eligió a Omar Javier Contreras Socarrás como contralor
del municipio de Valledupar para el periodo 2016 – 2019, de conformidad con la
sentencia SU-566 de 2019 dictada por la Corte Constitucional.

22. La inhabilidad prevista en el artículo 272 de la Constitución Política fue

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Demandante: Gabriel Muvdi Aranguena y otros

indebidamente interpretada. Se acudió al criterio finalista o teleológico, aun cuando
procedía el gramatical y restrictivo, en virtud de los artículos 27 del Código Civil y
1.4 del Código Electoral. Era así porque se extendió al hacer sujetos de inhabilidad
a los empleados públicos del nivel directivo del orden nacional, aun cuando el
contralor municipal no ejercía control fiscal sobre los actos de los defensores
regionales del pueblo.

23. En el proceso disciplinario se demostró que Omar Javier Contreras Socarrás se
desempeñó como defensor del pueblo de la regional Cesar, es decir, era funcionario
del orden nacional y pertenecía al Ministerio Público, cuya estructura no respondía
a la lógica de un órgano descentralizado a nivel municipal o departamental.

24. En el proceso disciplinario no se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos
por los disciplinados ni las pruebas [documentales y testimoniales] aportadas.
Asimismo, (i) no se cumplió con la ritualidad propia del procedimiento verbal; (ii) no
se aplicó la Resolución 074 del 21 de marzo de 2017 que creó las salas territoriales
disciplinarias y se distribuyó la competencia de la PGN a nivel territorial; y (iii) se
desconoció que la Corte Constitucional seleccionó para revisión una tutela, en razón
a que el 6 de mayo de 2019 el defensor del pueblo presentó un recurso de
insistencia con destino al expediente T-7.244.019 por considerar que la Sección
Quinta del Consejo de Estado desconoció los derechos de Omar Javier Contreras
Socarrás al decidir que se encontraba inhabilitado para posesionarse como
contralor del municipio de Valledupar por haber fungido como defensor del pueblo
de la regional Cesar en el año inmediatamente anterior.

1.2. Contestación de la demanda4

25. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones por las
siguientes razones:

25.1. A pesar de que existía una orden judicial que señalaba que el concejo debía
realizar la elección del contralor municipal de acuerdo con la lista de elegibles, no
estableció que se debía designar a Omar Javier Contreras Socarrás y, por lo tanto,
los concejales tenían la obligación de revisar si los aspirantes estaban incursos en
alguna causal de nulidad.

25.2. Mediante auto del 1 de junio de 2020 el procurador general de la Nación revocó
los fallos de primera y segunda instancia expedidos por la Procuraduría Regional
del Cesar y la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa,
respectivamente, mediante los cuales fueron sancionados los concejales
municipales de Valledupar para la época de los hechos. Ello, con sustento en el

4 Samai, proceso 20001-23-39-000-2020-00560-00, índice 54, archivo
«58ED_21ContestacionDemand(.pdf) NroActua 54

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principio de favorabilidad en razón a la inexistencia de la falta endilgada.

25.3. Las decisiones no eran manifiestamente contrarias a los artículos 272 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 330 de 1996, pues fue la Corte Constitucional la
que, con posterioridad a estas, varió la posición jurisprudencial del Consejo de
Estado, en tanto el canon superior fue modificado por el artículo 4 del Acto
Legislativo 4 del 18 de septiembre de 2019.

25.4. Los fundamentos normativos bajo los cuales la Procuraduría Regional del
Cesar estructuró la tipicidad de la falta y citó a audiencia al actor se encontraban en
el artículo 272 de la Constitución Política, cuyo texto original establecía que no podía
ser elegido contralor departamental, distrital o municipal quien en el último año
hubiera sido miembro de la asamblea o concejo que debía hacer la elección, ni
quien hubiera ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental,
distrital o municipal.

25.5. La autoridad disciplinaria no estructuró su decisión únicamente en la sentencia
del 19 de julio de 2018, por medio de la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad
de la elección de Omar Javier Contreras Socarrás, pues adicionalmente examinó el
conjunto de pruebas aportadas y tuvo en cuenta que respecto del artículo 272
superior existía una línea jurisprudencial consolidada que, por demás, era conocida
por los concejales.

26. Propuso las excepciones de «ineptitud sustancial de la demanda» y «conformidad
del acto administrativo con los presupuestos legales procedentes al momento de la sanción
disciplinaria (inexistencia de inconstitucionalidad e ilegalidad)». La primera, en razón a
que no se podía adelantar un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
contra un acto que fue revocado.

1.3. Sentencia de primera instancia5

27. Mediante sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Cesar resolvió: (i) declarar la ocurrencia de la sustracción de
materia respecto de las pretensiones de nulidad, por cuanto los actos fueron
revocados directamente por la entidad demandada; (ii) condenar a la PGN a pagar
el valor de los honorarios dejados de percibir por el actor desde el 12 de noviembre
al 31 de diciembre de 2019, así como los perjuicios morales en su favor, en cuantía
de 20 smlmv6 a la fecha de ejecutoria de la sentencia; (iii) negar las demás
pretensiones de la demanda; (iv) no condenar en costas.

28. Luego de exponer el marco normativo y jurisprudencial de la revocatoria directa

5 Samai, proceso 20001-23-39-000-2020-00560-00, índice 54, archivo
«10_SentenciadePr_SentenciaP_202000560_0_20240926105005113».
6 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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de los actos sancionatorios y las pruebas aportadas, resolvió el caso concreto en
los siguientes términos:

29. El medio de control de nulidad y restablecimiento era procedente para
cuestionar la legalidad de los actos administrativos de carácter particular o concreto,
a pesar de que hubieran sido revocados por la administración, pues de acuerdo con
el artículo 135 del CPACA, podían acumularse pretensiones de naturaleza
indemnizatoria con la nulidad del acto.

30. De conformidad con las consideraciones del auto que revocó los fallos
disciplinarios, la inhabilidad de Omar Javier Contreras Socarrás fue desvirtuada por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2019, por lo tanto, «era necesario
despojar de sus efectos a dichas decisiones». Sin embargo, al revisar las actuaciones
en sede administrativa y judicial [en la tutela que dio lugar a dicho pronunciamiento],
antes de la revocatoria la sanción alcanzó a surtir efectos, en tanto el actor fue
destituido del cargo meses antes de que culminara el periodo constitucional para el
que fue elegido, no pudo aspirar a la curul en el periodo siguiente y le fueron
registrados los antecedentes disciplinarios «ante la vista pública».

31. Como con la revocatoria directa se eliminaron los reportes de antecedentes
disciplinarios y se «anularon los actos acusados», no había lugar a pronunciarse por
sustracción de materia. La motivación de esta decisión era relevante porque algunas
reparaciones reclamadas en la demanda se relacionaron con daños presuntamente
ocasionados o consolidados antes de que cobrara firmeza, por lo tanto, no podían
quedar incluidos ante la restitución integral que se originaba si los efectos eran ex
nunc.

32. De la valoración del material probatorio y las razones que llevaron a revocar el
acto se deducía que los efectos que debían atribuirse a la revocatoria eran ex tunc,
por cuanto las circunstancias que fundamentaron la revocatoria eran de derecho y
prexistentes al momento de la expedición del acto sancionatorio, no sobrevinientes.

33. De la sentencia de unificación se podía concluir que la tipificación de la conducta
reprochada se fundó en una interpretación errada de la norma constitucional que
establecía la inhabilidad para ser elegido contralor municipal. La norma ─desde su
existencia y validez─ y los efectos que debieron atribuírsele en razón de una
interpretación acorde con la Constitución eran fenómenos que ya existían cuando
se dictaron los actos y, por lo tanto, la revocatoria debía aparejar un restablecimiento
de los derechos con efectos retroactivos.

34. La conducta tipificada en la ley disciplinaria y endilgada al actor no se alteró
fenomenológicamente, sino que fue interpretada en forma distinta de la manera en
que realmente debía atenderse según el ordenamiento jurídico vigente desde el
momento en que se impuso la sanción. Precisamente, el hecho que motivó la
sanción se mantuvo inmutable hasta cuando la Sección Quinta del Consejo de

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Estado anuló la elección; sin embargo, esta decisión no condujo a la revocatoria del
fallo disciplinario, por el contrario, lo motivó. Pese a ello, la Corte Constitucional
recobró los efectos de la elección por haber invalidado la decisión de nulidad
electoral.

35. Así, como el fundamento de la sanción abordó la interpretación de una norma
constitucional, es decir, se trató de un asunto de derecho, no fue sobreviniente a la
imposición de la sanción porque se basó en normas que se mantuvieron inalteradas
por el legislador al momento de expedirse la sanción disciplinaria. Tampoco se le
podía dar tal connotación a la sentencia de unificación porque se limitó a precisar la
interpretación que debió darse al canon constitucional.

36. La PGN era un organismo autónomo e independiente en cuanto a la
interpretación de la Constitución y la ley al momento de proferir sus decisiones en
materia disciplinaria, por consiguiente, las decisiones jurisdiccionales ─salvo las que
tenían efectos vinculantes─ no ataban ni subordinaban a los operadores. De
cualquier modo, su deber era acatar, cumplir e interpretar la Constitución y sus
principios como criterios fundantes del Estado Social de Derecho al ejercer su
función.

37. El entendimiento de la norma que previó la inhabilidad resuelta por el Consejo
de Estado y compartida por la demandada era incongruente con los principios de
tipicidad y de interpretación restrictiva en materia sancionatoria; además, vulneró
derechos fundamentales del elegido contralor. Ello denotaba que el «punto de
inflexión» que generó la revocatoria directa fue la interpretación incoherente de la
Constitución que hicieron las autoridades disciplinarias y el órgano judicial electoral.

38. De otro lado, la juridicidad o antijuridicidad del daño no dependía directamente
de la sujeción del acto a la jurisprudencia de las altas cortes, sino a la Constitución,
pues el actor tenía derecho a ser juzgado disciplinariamente con apego a esta y a
la interpretación acorde con los principios que importaban en todas las actuaciones
administrativas, independientemente del criterio que se acogiera en sede de nulidad
electoral.

39. El motivo real de la revocación directa del acto que impuso la sanción de
destitución e inhabilidad fue un error de derecho que existió al momento de la
decisión sancionatoria, por lo tanto, como los efectos del restablecimiento del
derecho eran hacia el pasado, debía restituirse al estado en que el afectado se
hallaría si el acto sancionatorio no hubiera existido, con la indemnización respectiva
de los perjuicios.

40. A la par, el acto ubicó al demandante en una situación que no estaba en la
obligación de soportar porque era desproporcionada. «El error del ente disciplinario
sancionador no [podía] excusarse válidamente por atender un criterio jurisprudencial que
en últimas contrarió los principios de la Carta, pues en todo caso, la actuación atribuyó al

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administrado una carga desproporcionada y le irrogó unos perjuicios que [merecían] ser
resarcidos desde una perspectiva de responsabilidad objetiva».

41. En cuanto a los perjuicios morales, la entidad debía pagar los honorarios
[indexados y con las deducciones de ley] dejados de percibir como concejal del
municipio de Valledupar por no asistir a las sesiones realizadas entre el 12 de
noviembre al 31 de diciembre de 2019, en tanto se interrumpió el periodo
constitucional para el cual fue elegido. De acuerdo con las pruebas, la corporación
edilicia realizó 13 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias después de la destitución,
cada una de ellas remunerada en $421.699 como honorarios.

42. No era procedente el pago de las sesiones a las que no pudo asistir durante el
siguiente periodo constitucional [2020-2023]. Si bien era cierto que la inhabilidad le
impidió postularse e inscribirse como candidato al concejo municipal, el daño tenía
naturaleza eventual o hipotético. Nada acreditaba que su candidatura habría sido
exitosa, máxime en una corporación en la que la elección de sus curules dependía
de factores adicionales a la cantidad de votos.

43. Tampoco era de recibo que la hija del demandante hubiera sido elegida para
ese periodo, en razón a que la elección de un miembro de corporación edilicia de
un mismo partido político no equivalía per se a que la voluntad de los electores fuera
respaldar a un candidato en forma singularizada. La indemnización era
improcedente porque, a la luz de la Ley 446 de 1998 y la teoría básica de la
valoración del daño y su resarcimiento, debía repararse únicamente el daño
efectivamente causado, «descartando de la indemnización los perjuicios de carácter
hipotéticos o eventuales».

44. Debían negarse los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente
por los honorarios pagados a los profesionales del derecho que lo representaron,
en tanto no se demostró con facturas que hubiera pagado la suma de $20.000.000.

45. En cuanto a los perjuicios inmateriales, solo debía indemnizarse al afectado
directo de la decisión sancionatoria. Si bien esta impactó negativamente en su
imagen y buen nombre como candidato que representaba a sus electores y tuvo la
potencialidad de afectar su carrera política, se estimaba que era leve y no trascendía
a sus familiares. En consecuencia, como la sanción truncó sus aspiraciones
políticas, debía reconocerse a Gabriel Muvdi Aranguena el equivalente a 20 smlmv
a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

46. Sobre «los daños a la vida de relación», bastaba señalar que no operaba porque,
de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la modalidad
desapareció para dar cabida a la categoría de daño inmaterial por daño a la salud
o fisiológico y por afectación relevante a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados.

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Demandante: Gabriel Muvdi Aranguena y otros

47. La misma suerte corría la pretensión de la indemnización por daño al proyecto
de vida porque no era una tipología de perjuicios reconocida como indemnizable y,
además, de la lectura del componente real del daño que se pretendía resarcir se
deducía que correspondía al perjuicio moral que ya había sido reconocido.

1.4. Los recursos de apelación

48. Las partes presentaron recursos de apelación contra la sentencia de primera
instancia y lo sustentaron así:

1.4.1. Parte demandante7

49. El a quo ignoró el argumento relativo a que la entidad omitió aplicar la
Resolución 074 del 21 de marzo de 2017, por medio de la cual se crearon las Salas
Territoriales Disciplinarias y se distribuyó la competencia de la PGN a nivel territorial.
Este vicio de procedimiento afectaba la legalidad de los actos sancionatorios, en
tanto la expedición de los actos no fue «compartida».

50. La información publicada por la prensa «no era la que ellos se imaginaban», sino
la que provenía del contenido de las decisiones disciplinarias, en las cuales se
anotaba la configuración de una conducta constitutiva de falta disciplinaria.

51. De no haberse inhabilitado y revocado oportunamente los actos, se habría
podido inscribir como candidato al concejo municipal de Valledupar y, al no poder
hacerlo, tuvo que inscribir a su hija, quien fue elegida concejal para el periodo 2020
– 2023, «con todo el apoyo y el potencial electoral que puso a su disposición». En
consecuencia, se debían pagar los honorarios que pudo haber percibido en dicho
periodo constitucional y que, además, no podían considerarse eventuales o
hipotéticos. Para el reconocimiento debía tenerse en cuenta la responsabilidad por
pérdida de oportunidad explicada en la sentencia del 8 de agosto de 2018 por la
Sección Tercera del Consejo de Estado8.

52. El a quo debió pronunciarse no sobre la anulación de los actos acusados porque
«ya fueron revocados», pero sí debía indicarse si lo declaraba ajustado a derecho.
Era relevante que se evaluara la juridicidad o antijuridicidad de los daños
ocasionados en virtud de la ejecutoria de la sanción disciplinaria.

53. En la sentencia se consignó que los efectos que debían atribuirse a la
revocatoria eran retroactivos porque se trató de circunstancias de derecho
prexistentes al momento de la expedición del acto sancionatorio, pero desconoció

7 Samai, proceso 20001-23-39-000-2020-00560-00, índice 46, archivo
«16_200012339000202000560002MemorialWeb20241016164538».
8 Radicación 05001-23-31-000-2002-00774-01 (45138).

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que se daban los 2 efectos porque eran retroactivos los honorarios dejados de
percibir desde el 12 noviembre al 31 de diciembre de 2019 y, hacia el futuro,
aquellos dejados de percibir como concejal.

54. Lo mismo ocurría con los perjuicios morales que comprendían los daños a la
vida en relación y al proyecto de vida, pues en todo el proceso disciplinario los
concejales fueron sometidos al escarnio público que llevó al padecimiento del
disciplinado y su núcleo familiar, así como a que se pusieran en entredicho sus
calidades personales, profesionales y éticas.

55. Se indicó que la entidad ubicó al demandante en una situación que no estaba
en la obligación de soportar porque la carga resultó desproporcionada, pero
reconoció unos perjuicios «irrisorios» y negó otros con desconocimiento de los
parámetros establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

56. Si la PGN reconoció que había causado un daño antijurídico al revocar sus
propios actos e, incluso, así lo hizo cuando presentó una exigua propuesta de
conciliación. Tanto Gabriel Muvdi Aranguena como su núcleo familiar sufrieron un
daño que no estaban en la obligación de soportar, en tanto no estaba justificado por
la ley o el derecho.

57. Al proceso se aportaron los soportes de los gastos procesales en que incurrió
para su defensa, así como el pago de los aranceles judiciales. Ello, sumado a que
participó activamente en el trascurso del trámite, por lo tanto, debía imponerse
condena en costas a la entidad demandada.

1.4.2. Procuraduría General de la Nación9

58. No existió daño porque el artículo 272 de la Constitución sirvió de sustento para
estructurar la tipicidad. Posteriormente, en la sentencia SU-566 de 2019 la Corte
Constitucional señaló que (i) no se había demostrado el desconocimiento del
precedente porque en la Sección Quinta del Consejo de Estado no existía posición
unificada sobre la interpretación del sentido y alcance del elemento territorial de la
inhabilidad para ser contralor departamental, distrital o municipal; y (ii) el cargo de
defensor regional del pueblo no era del orden departamental y, por lo mismo, aquella
no se podía configurar.

59. La PGN no sustentó su decisión únicamente con la sentencia proferida el 19 de
julio de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, sino que acudió a las
reglas de la sana crítica para examinar las pruebas al plenario y, asimismo, a la
«línea jurisprudencial en materia de inhabilidades desarrollada» por la misma sección.

9 Samai, proceso 20001-23-39-000-2020-00560-00, índice 45, archivo
«14_200012339000202000560002MemorialWeb20241016164338».

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60. No era procedente «la condena en costas» porque la actuación estuvo revestida
de buena fe. Igualmente, se expusieron argumentos jurídicos serios que
respaldaban la posición de la entidad.

1.5. Trámite en segunda instancia

61. En auto del 11 de diciembre de 202410 se admitió el recurso de apelación
presentado por las partes contra la sentencia del 26 de septiembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en los términos de la Ley 2080 de
2021.

62. La Procuraduría Delegada de Intervención 7: Segunda ante el Consejo de
Estado11 consideró que se debía confirmar la sentencia de primera instancia porque
(i) la actuación disciplinaria tuvo como fuente jurídica la tesis de la Sección Quinta
del Consejo de Estado; sin embargo, la Corte Constitucional dejó sin efectos la
decisión, lo que conllevó a que la PGN revocara los actos disciplinarios; (ii) solo se
debían reconocer los honorarios dejados de percibir desde el 12 de noviembre al 31
de diciembre de 2019, no así los relativos al periodo 2020 – 2023, en tanto se trataba
de una suposición del actor, máxime si los comicios se realizaron en octubre y la
sanción se impuso «en noviembre» de 2019; (iii) no era procedente el reconocimiento
de los perjuicios morales porque no se probaron.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

63. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Cuestión previa. La competencia de la PGN para imponer sanciones
disciplinarias a servidores elegidos popularmente

64. La Corte Constitucional ─en las sentencias C-030 de 2023 y SU-381 de 2024─
consideró que la prevalencia de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos [CADH] se derivaba del artículo 93 de la Constitución, pero que ello no
implicaba la subordinación de la Carta Política a su contenido. En su criterio, no

10 Samai, índice 4.
11 Samai, índice 8.

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existía una relación de jerarquía entre ambos instrumentos jurídicos, sino de
complementariedad y coordinación, pues la CADH no podía concebirse como
norma supraconstitucional ni las decisiones de la CIDH hacían parte del bloque de
constitucionalidad, de manera que se presentaban como criterios hermenéuticos
relevantes que debían ser considerados para resolver sobre la exequibilidad de las
normas internas.

65. A partir de lo anterior y, a pesar de que la convención expresamente dispuso
que solo el juez penal podía restringir los derechos, hizo una interpretación del art.
23.2 de la CADH y el bloque de constitucionalidad para precisar que el
entendimiento que permitía armonizar ambos postulados « corresponde a que la
restricción o limitación temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección
popular, en ejercicio de sus funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta de
manera definitiva por un juez de la República de cualquier especialidad, con las
excepciones constitucionales».

66. En criterio de la Sala, debe atenderse que de conformidad con la Convención de
Viena del 23 de mayo de 196912, sobre el derecho de los tratados, un Estado adquiere
obligaciones en el ámbito internacional a través de la ratificación, aceptación,
aprobación y adhesión, según el caso. Dicho instrumento define este acto
internacional como aquel «por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado»13.

67. En el mismo sentido, esta convención señaló ─en su parte II, artículo 11─ que un
Estado puede manifestar su consentimiento para adquirir obligaciones en virtud de un
tratado «mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la ratificación,
la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere
convenido», aspectos que se abordan igualmente en el artículo 14.

68. Tal y como se deduce de lo anterior, la manifestación del consentimiento de un
Estado frente a la comunidad internacional respecto de un instrumento jurídico implica
que asume la obligación de observar y respetar la materia objeto de acuerdo. Así se
desprende del numeral 26 de la Convención de Viena, al referirse al contenido del
principio pacta sunt servanda, para señalar que «[t]odo tratado en vigor obliga a las partes
y debe ser cumplido por ellas de buena fe». En consecuencia «[u]na parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado»14,
salvo que exista un vicio de competencia para efectuar tal declaración.

69. En estos términos, al momento de suscribir el Pacto de San José de Costa Rica
del 22 de noviembre de 1969: Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Colombia declaró que reconocía como «obligatoria de pleno derecho y sin convención

12 Ratificado por Colombia a través de la Ley 32 de 1985 «Por medio de la cual se aprueba la

"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados", suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969»
13 Parte I, numeral 1, literal b).
14 Artículo 27

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especial, la competencia de la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] sobre todos los
casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención»15 y se comprometió a
cumplir las decisiones de aquella Corte en los casos por ella decididos en los que
hubiera sido parte16.

70. Ello se ratificó en los artículos 9 y 93 de la Constitución Política de 1991 al
reconocer los principios del derecho internacional aceptados por Colombia y disponer
que «[l]os derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia».

71. En efecto, esta interpretación se acompasa con el control de convencionalidad
que fue desarrollado en la sentencia Almonacid Arellano y otros vs Chile del 26 de
septiembre de 2006, en la cual se estableció que la obligación del artículo 2 de la
convención los Estados parte se comprometían a adoptar con arreglo a sus
procedimientos constitucionales las disposiciones de la convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos
y libertades, la cual se extendía a los funcionarios judiciales cuando aquellos fallaran
en su tarea de «suprimir y/o no adoptar las leyes contrarias» a esta, pues permanecía
vinculado al deber previsto en el artículo 1.1 y, por consiguiente, «debía abstenerse de
aplicar cualquier normativa contraria a ella». A esta precisión siguió lo que se transcribe:

«124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos
al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer
una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.» [se resalta]

15 Artículo 62 de la CADH Artículo 62. 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de

su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia
de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 2. La
declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo
determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la
Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización
y al Secretario de la Corte. 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a
la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre
que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por
declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.»
16 «Artículo 68. 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la

Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización
compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la
ejecución de sentencias contra el Estado».

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72.Este concepto de control de convencionalidad y el pronunciamiento citado ha
generado que la doctrina considere que la idea de convencionalidad que se articula
de manera sistemática a los ordenamientos internos cause un «vinculante régimen
jurídico que garantiza una vigencia, interpretación y aplicación homogénea y estandarizada en
materia de derechos humanos»17, pero debe interpretarse como un ordenamiento jurídico
objetivo o de subsunción y sustancial, en razón a que la convención «configura un marco
[...] de derechos y garantías al cual se encuentran sujetos y vinculados todos los poderes u
órganos de los Estados miembros»18, de conformidad con el artículo 1.1 que es la base
para la subordinación a las reglas convencionales.

73. En línea con lo anterior, las autoridades nacionales deben dar estricto
cumplimiento a los estándares determinados por la interpretación de la Corte
Interamericana, en razón a que esta, en virtud del artículo 93 de la Constitución,
conforme con el ordenamiento jurídico interno es «un solo marco protector de
derechos19»20. Ello, también fue expuesto por la CIDH al indicar que «los jueces y órganos
vinculados a la administración de los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un
control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes»21.

74. En suma, el control de convencionalidad consiste en la verificación de las normas
y actos de un Estado parte con la Convención Americana de Derechos Humanos, la
cual debe ser ejercida por toda autoridad pública en el marco de sus competencias y
las regulaciones procesales y para ejercerlo debe tener en cuenta no solo el texto
convencional, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos como su intérprete.

75. Ello, sin que se deje de lado la importancia de distinguir entre el Estado que es
parte en el caso sometido a su jurisdicción y el que no lo es. Para el primero de los
casos los artículos 66, 67 y 68 de la Convención disponen que el fallo será motivado,
definitivo y que el Estado se compromete a cumplir con la decisión, la cual, no solo
es exigible respecto de la parte resolutiva, sino que si en ella se refiere a las
consideraciones también debe atenderse a tal motivación, comoquiera que el
razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte integral
del fallo y constituye un todo, adquiriendo la sentencia el carácter de cosa juzgada
internacional para el Estado que ha sido parte en la controversia y la norma
convencional interpretada adquiere vinculatoriedad para todos sus órganos y

17 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. El concepto de Convencionalidad. Vicisitudes para su
construcción sustancial en el sistema interamericano de derecho humanos. Ideas fuera rectoras.
Universidad Externado de Colombia, 2ª Ed., 2018.
18 Ibidem.
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amonacil Arellano, 125; Gelman 197; Masacre de

Santo Domingo 187.
20 Op. Cit. 8.
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México,

26 de noviembre de 2010.

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autoridades.

76. Para el segundo de los casos, en el cual el Estado no es parte del caso sometido
a su jurisdicción, la Corte Interamericana ha señalado que por el solo hecho de ser
parte en la Convención, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos están
obligados por el tratado, por lo que, deben ejercer en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de
convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas internas en lo que se
refiere a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación,
juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos teniendo en
cuenta el propio tratado y según corresponda sus precedentes o lineamientos
jurisprudenciales22.

77. Lo anterior es una expresión del principio de complementariedad del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y de la obligación de los Estados de cumplir
de buena fe los tratados y, en el caso de la Convención, de ejercer un control de
convencionalidad de su ordenamiento interno con las disposiciones del texto
convencional para evitar potenciales violaciones de derechos humanos y la
consecuente responsabilidad internacional, comoquiera que son los Estados los
primeros llamados a proteger los derechos humanos de las personas dentro de su
jurisdicción y en caso de violación de estos deben solucionarse internamente y solo
en caso contrario someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en forma complementaria, le compete a esta pronunciarse,
pero, en todo caso, el control de convencionalidad es obligatorio para todas las
autoridades en virtud de la ratificación del tratado y la aceptación de la competencia
de las instancias internacionales.

78.Por lo anterior, si el Estado colombiano asumió la obligación de cumplir con la
Convención Interamericana de Derechos Humanos y reconoció como «obligatoria de
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención», así como el imperativo de
cumplir con las decisiones de la CIDH en los casos en los que fue parte [art. 68 de la
CADH], frente a cada caso concreto el juez también está llamado a verificar el
cumplimiento de las órdenes internacionales a través del respectivo control de
convencionalidad.

79. Y es que, advierte la Sala que, a pesar de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de
septiembre de 2024 presentó las observaciones al cumplimiento de la sentencia del
caso 13.044 -Petro Urrego vs Colombia- en las que se examinó el contenido de la
sentencia C-030 de 2023 y aclaró que «el estándar interamericano no se refiere a que
la sanción disciplinaria y para funcionarios que se encuentran ejerciendo el cargo en el cual
fueron sancionados, sea ejecutoriada por autoridad judicial. La adecuación ordenada al

22 Caso Gelman Vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

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Estado se refiere a la imposición de una sanción penal, no así a que su ejecutabilidad sea
revisada y avalada por autoridad judicial», a partir de lo cual se concluyó que el Estado
no había cumplido con la orden dictada por la Corte. Más adelante sostuvo:

«En vista de esto, la Comisión reitera que el Estado aún no ha adecuado la
legislación colombiana a los parámetros establecidos en la Sentencia de la
Honorable Corte. Actualmente en Colombia, mediante la aplicación de la
normativa vigente persiste la posibilidad de sanción de inhabilitación o
destitución de funcionario público democráticamente electo por vía de
autoridad administrativa y no por “condena, por juez competente, en el
proceso penal” contrariando el artículo 23.2 de la Convención Americana y su
objeto y fin. Es decir, los y las funcionarias pueden continuar siendo
sancionados inicialmente con pena de inhabilitación o destitución mediante
decisiones disciplinariamente emitidas por la Procuraduría General de la
Nación, sin perjuicio de que dichas decisiones deban ser revisadas por el
Consejo de Estado».

80. Ello corrobora que, ante el incumplimiento del Estado de adoptar las medidas
necesarias para ajustar el ordenamiento interno a los mandatos internacionales, era
imprescindible que a través del control de convencionalidad se examinara la
competencia de la Procuraduría a la luz del ordenamiento internacional y en
armonía con el sistema jurídico interno, pero partiendo de que por mandato de la
Constitución Política existe una sujeción a la convención como bien lo ha sostenido
la doctrina23 al señalar que, según el derecho internacional, «las obligaciones que éste
impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el
derecho interno»24 y que a la luz de la jurisprudencia de la corporación supranacional
«[u]na norma jurídica nacional que sea manifiestamente contraria con la letra y el espíritu
de la convención americana y que afecte los derechos consagrados en ella, constituye per
se una violación a la constitución que genera responsabilidad del Estado y por lo tanto
carece en absoluto de efectos jurídicos».

81. La Sala no pasa por alto que a través de distintas sentencias —por ejemplo, las
SU-381 y 382 de 2024— la Corte Constitucional ordenó a esta Subsección proferir
sentencia de reemplazo en aquellos casos en los que se declaró la nulidad de unos
actos administrativos por considerar que la PGN no tenía competencia para imponer
sanciones a servidores elegidos popularmente, razón por la cual se procederá a
resolver los cargos expuestos en los recursos de apelación.

2.3. Problemas jurídicos

82. De conformidad con los recursos de apelación, se deben resolver los siguientes
interrogantes:

82.1. ¿Los efectos de la revocatoria de los actos acusados debían ser «retroactivos»

23 Op. Cit. 8.
24 Ibidem.

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porque se trató de circunstancias preexistentes al momento de la expedición
del acto sancionatorio o, en caso contrario, son hacia el futuro y, por lo tanto,
procede el análisis de legalidad?

82.2. ¿Los actos sancionatorios fueron expedidos con falta de competencia porque
se desconoció la Resolución 074 del 21 de marzo de 2017, expedida por el
procurador general de la Nación, por medio de la cual se crearon las Salas
Territoriales Disciplinarias y se distribuyó la competencia a nivel territorial?

82.3. ¿Se estructuró en debida forma la tipicidad, al tenor del artículo 272 de la
Constitución Política, «la línea jurisprudencial» en materia de inhabilidades y las
reglas de la sana crítica?

82.4. ¿Era procedente el reconocimiento y pago de los perjuicios morales que
comprendían los daños a la vida en relación y al proyecto de vida, así como la
indemnización por la pérdida de oportunidad?

82.5. ¿Debía condenarse en costas en la primera instancia?

83. Para resolver los anteriores cuestionamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: se resolverá lo relacionado con la revocatoria directa. En caso
de que se concluya que la revocatoria tiene efectos ex nunc, se procederá a
examinar lo relativo a la competencia, la tipicidad, los perjuicios y las costas en
primera instancia, en su orden.

2.4. La revocatoria directa de los actos sancionatorios

84. La revocatoria directa en asuntos disciplinarios fue regulada en el capítulo
cuarto del título V [la actuación procesal] de la Ley 734 de 2002. En esta se estableció
que los fallos sancionatorios podrían ser revocados de oficio o a petición del
sancionado, por el procurador general de la Nación o por quien lo profirió [art. 122
y 123] y lo serían solo «cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales,
legales o reglamentarias en que deben fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren
o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales» [art. 124].

85. La doctrina ha determinado ─dentro de los efectos del acto administrativo─ un
principio básico en su estructura denominado «estabilidad» que consiste en la
«prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran un derecho
subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga o altere el
acto en beneficio del interesado»25. Sin embargo, este no es absoluto, pues la
revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin efectos
un acto administrativo de contenido particular»26, de carácter excepcional y que procede

25 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
26 Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.

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de oficio o a solicitud de parte. Al respecto, la doctrina ha señalado lo siguiente 27:

«La revocación directa es el mecanismo por el cual un acto administrativo, sea
que esté o no en firme, es suprimido o sustituido por el mismo organismo que lo
expidió, mediante otro acto administrativo con contenido de signo o sentido
contrario, proferido por fuera de las etapas propias del procedimiento
administrativo y en virtud de causales expresa y especialmente señaladas por la
ley.

Es una forma de extinguir o hacer desaparecer en sede administrativa un acto
administrativo que implica la promulgación de otro acto administrativo, pero con
sentido o signo contrario al anterior, de modo que, por ejemplo, la condena pasa
a ser absolución; la concesión o autorización, pasa a ser negación, etc., o
simplemente dejarlo sin efecto, es decir, extinguir la situación jurídica que
hubiere originado».

86. En cuanto a los efectos que produce la revocación de los actos administrativos,
esta corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado [ex tunc], en otras que
tiene efectos hacia el futuro [ex nunc] y, solo en una providencia, se indicó que los
efectos dependían de cuándo ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se muestra
la tendencia de cada uno de los criterios [se destacan los que conciernen a asuntos
disciplinarios]:

La revocatoria directa tiene efectos hacia La revocatoria directa tiene efectos hacia el
el pasado futuro
 3 de agosto de 198833.
 22 de agosto de 199028
23 de octubre de 199134
 14 de noviembre de 199135
 9 de septiembre de 200036
 16 de julio de 200237
 26 de febrero de 200438
 20 de mayo de 200429
 5 de octubre de 200939
 13 de mayo de 200940
 31 de mayo de 201230

27 Berrocal Guerrero Luis Enrique y Berrocal Mora Carlos Enrique. Manual del acto administrativo.

8ª Ed., 2026, Ed. Tirant lo Blanch. Pág. 467.
28 Expediente 28528.
29 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango

Mantilla.
30 Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas

Monsalve.
33 Sección Segunda, expediente 1609.
34 Sección Segunda, expediente 2174.
35 Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
36 Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
37 Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
38 Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
39 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont

Pianeta.
40 CP. Myriam Guerrero de Escobar.

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3 de abril de 201341
 15 de agosto de 201342
 29 de enero de 201543
 13 de abril de 201531

 18 de febrero de 201644
 8 de septiembre de 201645
 17 de noviembre de 201646
 21 de abril de 201747
 26 de octubre de 201748
 8 de febrero de 201849
 19 de julio de 201832

 23 de mayo de 201950
 31 de octubre de 201951
 20 de noviembre de 201952
 7 de mayo de 202053
 18 de junio de 202054
 1 de julio de 202055
 13 de noviembre de 202056
 26 de noviembre de 202057
 21 de enero de 202158

31 Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de

la Hoz.
32 Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo Perdomo

Cuéter.
41 Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
42 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas

Monsalve.
43 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
44 Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
45 Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
46 Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino

Cortés.
47 Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
48 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo Perdomo

Cuéter.
49 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
50 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William Hernández

Gómez.
51 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino

Cortés.
52 Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia

Velásquez Rico.
53 Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William

Hernández Gómez.
54 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.
55 Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
56 Sección Segunda, Subsección B, radicación 23001-23-33-000-2015-00094-01(4866-19), CP.

Sandra Lisset Ibarra Vélez.
57 Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
58 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez Sánchez.

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 25 de enero de 202159
 22 de abril de 202160
 6 de mayo de 2021 61

 5 de agosto de 202162
 10 de marzo de 202263
 31 de marzo de 202264

87. En el criterio minoritario [los efectos son hacia el pasado] se sostuvo que el acto
administrativo se extingue cuando cesan en forma definitiva sus efectos y puede ser
revocado por razones de mérito o de legalidad. Cuando la figura opera por esta
última, al tratarse de un juicio estrictamente lógico jurídico, los efectos serán desde
el momento de su expedición.

88. Por su parte, en el criterio mayoritario existen 2 referentes principales que se
detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que sirvieron
a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002 [proferido por
la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 [proferido por la Sección Segunda]. Los
argumentos que concuerdan en las providencias que prohijaron esta tesis, son los
siguientes:

88.1. El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias
jurídicas. «[R]esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar
hacia atrás los efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó
de la presunción de legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el
administrado estuvo en el deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo [...]».

88.2. La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad
que hasta ese momento tuvo el acto administrativo, «sino tan solo [puede] evitar
que lo resuelto se materialice».

88.3. La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo
los efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad. Esta figura «no
vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado efectos mientras rigió, ni impide
que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues sigue
amparado por la presunción de legalidad».

59 Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
60 Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
61 Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.
62 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
63 Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.
64 Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2012-00174-00 (0750-2012).

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88.4. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que
nació a la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que
no le corresponden a la administración.

89. No se deja de lado que, por ejemplo, en la sentencia del 10 de octubre de 2018 65
la Subsección A de esta sección consideró que se debía obviar el estudio de nulidad
por sustracción de materia cuando la PGN revoca los actos acusados y, por tal
razón, procedía el examen del restablecimiento del derecho y la reparación de los
perjuicios.

90. Sin embargo, esta Subsección en sentencia del 5 de marzo de 202666, aunque
por la particularidad del asunto resolvió la reparación de perjuicios sin que se
examinara la legalidad de los actos sancionatorios, precisó que ello no podía
entenderse como una «nueva regla interpretativa de los presupuestos del medio de
control [de nulidad y restablecimiento del derecho] que desligue el restablecimiento del
derecho y la reparación del daño de la nulidad de los actos administrativos, o que posibilite
el estudio de estos elementos como pretensiones autónomas e independientes unas de
otras, porque con ello se desnaturalizaría la esencia del medio de control». En esta
providencia, también se expusieron las 3 tesis antes expuestas y se adoptó la
relativa a que «la revocatoria directa de los actos administrativos sancionatorios produce
efectos ex nunc, esto es hacia el futuro».

91. Ahora bien, en auto del 1 de junio de 2020 el procurador general de la Nación
resolvió revocar los fallos sancionatorios y absolver de responsabilidad disciplinaria
a los concejales sancionados, entre ellos, Gabriel Muvdi Aranguena; sin embargo,
comoquiera que estos surtieron efectos porque mediante la Resolución 047 del 12
de noviembre de 2019 se ejecutó la sanción impuesta al actor, la Sala procede a
hacer el control de legalidad de los actos y, en consecuencia, a determinar si deben
o no reconocerse los perjuicios reclamados.

2.5. La competencia

2.5.1. Marco normativo y jurisprudencial

92. Uno de los requisitos de validez del acto administrativo es la competencia,
entendida como «la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el
Derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. [...] En otros términos, la competencia
de los órganos administrativos es el conjunto de atribuciones que, en forma expresa o
razonablemente implícita, confieren la Constitución [...] los tratados, las leyes y los

65 Radicación 11001-03-25-000-2011-00279-00 (1006-2011).
66 Radicación 63001-23-33-000-2019-00079-01 (1437-2021).

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reglamentos»67. Asimismo, la doctrina ha señalado lo siguiente68:

«La observancia de la competencia es indispensable para la actuación válida
del órgano. La competencia condiciona la validez del acto, pero no su
condición propia de acto estatal o no estatal, esto es, puede haber actos
estatales cumplidos con incompetencia».

93. Igualmente, ha sido definida como «la aptitud o autorización que tiene todo
funcionario u organismo estatal para ejercer las funciones y la autoridad que le han sido
asignadas, dentro de circunstancias objetivas y subjetivas señaladas en la Constitución, la
ley o el reglamento, y sólo dentro de ellas. Desde una perspectiva pasiva, es el conjunto de
asuntos que a toda autoridad pública le está atribuido por la Constitución, la ley o el
reglamento, para que actúe o provea en orden a la atención de los mismos»69.
Ciertamente, sus características son las siguientes70:

93.1. Tiene origen objetivo porque la otorga el ordenamiento jurídico y siempre tiene
un origen externo a la voluntad de sus titulares; esto quiere decir que el
servidor no puede autoasignársela.

93.2. Es taxativa71 o expresa72 porque la norma la establece y, precisamente, su
objeto y las circunstancias en que se determina. Excepcionalmente «puede
darse de forma implícita, como ocurre con las competencias residuales».

93.3. Corresponde al órgano – institución y no al órgano – individuo, pues este «no
puede disponer de ella, sino que debe limitarse a su ejercicio, en los términos que
la norma respectiva establezca».

93.4. Es irrenunciable porque el servidor tiene el deber de ejecutarla. En otros
términos, «los funcionarios no pueden declinar la atribución correspondiente. Así
como implica un derecho a su favor, en tanto aptitud para actuar sobre el asunto,
también conlleva un deber de proceder».

93.5. Es inajenable e indelegable porque debe ser ejercida por el funcionario al que
le ha sido asignada por la Constitución, la ley o los reglamentos; sin embargo,
excepcionalmente puede transferirse su ejercicio siempre y cuando así lo
permita el ordenamiento jurídico.

93.6. Es improrrogable porque no puede ejercerse por fuera de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que prevé la norma.

67 Dromi, Roberto. El acto administrativo. 3ª Ed., 2000, pág. 35.
68 Ibidem.
69 Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo. 7ª Ed. Bogotá. Librería Ediciones

del Profesional Ltda., 2016, pág. 120.
70 Óp. Cit.
71 Según Luis Enrique Berrocal Guerrero.
72 Según Roberto Dromi.

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94. Debe tenerse en cuenta que, para que esa competencia otorgada a una
autoridad u organismo pueda ser ejercida, deben cumplirse los requisitos que la
norma establece. Dicho de otro modo, la competencia se activa cuando los
supuestos de hecho o de derecho permiten iniciar la actuación administrativa, lo
cual excluye que «pueda desarrollarse en cualquier tiempo y por cualquier razón que
estime pertinente la autoridad administrativa, comoquiera que es la misma norma jurídica
la que contiene la que establece, en forma clara y precisa, las circunstancias en las que
ésta puede ser ejercida»73 [sic].

95. Además, la doctrina ha señalado lo siguiente74:

«[...] no basta con que el acto proceda de una Administración y se dicte a
través del órgano competente; es menester también que la persona o
personas físicas que actúen en la correspondiente declaración como titulares
de ese órgano ostenten la investidura legítima de tales (nombramiento legal,
toma de posesión, situación de actividad o ejercicio, suplencia legal en su
caso), no tengan relación personal directa o indirecta con el fondo del asunto
de que se trate, esto es, mantengan íntegra su situación abstracta de
imparcialidad por no estar incursos en los deberes legales de abstención y
recusación.»

96. Ahora, los factores de competencia se contraen al territorio, la materia, el
tiempo, el grado funcional [objetivo] y el fuero personal [subjetivo]. Respecto del
grado jerárquico, la doctrina ha señalado lo siguiente75:

«Entendido como la posición que en la línea de autoridad o mando de una
entidad estatal tiene cada funcionario o servidor público, es factor de
competencia en cuanto determina el alcance de su autoridad para intervenir
en los asuntos a cargo de la entidad, de suerte que en virtud del mismo, uno
es el alcance de quien actúa como superior y otro el de quien interviene como
subordinado.»

97. Como es un requisito de validez del acto administrativo, cuando es expedido
por quien ostenta la condición de funcionario público, pero lo hace por fuera del
marco de atribución permitido se configura la causal de nulidad prevista en el
artículo 137 del CPACA. Así lo ha sostenido esta corporación76:

«Por su parte, la falta de competencia es una causal genérica de nulidad de
los actos administrativos prevista en el artículo 137 del CPACA, la cual
también puede ser invocada en el medio de control de nulidad electoral de
acuerdo con lo establecido en el artículo 275 ibídem. La competencia,
entendida como la atribución dada a los sujetos públicos para actuar como

73 Sentencia proferida por la Sección Primera de esta corporación el 7 de junio de 2012 (radicación

11001-0324-000-2006-00348-00), reiterada en la sentencia del 24 de septiembre de 2020
(radicación 11001-03-27-000-2008-00024-00).
74 García de Enterría, Eduardo y Fernández Tomás – Ramón. Curso de derecho administrativo. Tomo

I, 13 Ed., 2006, pág. 554.
75 Ibidem.
76 Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2023, radicación 11001-03-28-000-2023-00067-

00.

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legítimo portador de la voluntad administrativa, no solo constituye, dentro de
la dogmática jurídica, un elemento de la estructura del acto administrativo,
sino un fundamento del Estado constitucional y democrático de derecho, en
tanto que da validez y legitima la acción de las autoridades».

98. Así las cosas, la falta de competencia, entendida como vicio externo del acto
administrativo porque no deviene de su contenido o su finalidad, sino del sujeto que
lo suscribe, se configura cuando el funcionario actúa por fuera del marco permitido
por el ordenamiento jurídico.

2.5.2. Caso concreto

99. Al revisar el expediente, se observa que en primera instancia conoció del asunto
la Procuraduría Regional del Cesar. Ello, según el auto del 23 de julio de 2018,
mediante el cual dio apertura a la indagación preliminar «[d]e acuerdo con las
facultades otorgadas en el numeral 1 literal c) del artículo 75 del Decreto 262 de 2000 en
concordancia con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 734 de 2002». Lo anterior, con
ocasión «de la sentencia de fecha 19 de julio de 2018 proferida por la Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Quinta dentro del expediente radicado con el No.
20001-23-39-003-2017-00147-01». En segunda instancia, la Procuraduría Primera
Delegada para la Vigilancia Administrativa resolvió los recursos de apelación.

100. La parte demandante manifestó que el a quo omitió aplicar la Resolución 074
del 21 de marzo de 2017, por medio de la cual se crearon las Salas Territoriales
Disciplinarias y se distribuyó la competencia de la PGN a nivel territorial.

101. Pues bien, la Resolución 074 del 21 de marzo de 2018 expedida por el
procurador general de la Nación, «[p]or medio del cual se crean las Salas Territoriales
Disciplinarias y se distribuye competencia a nivel territorial en la Procuraduría General de
la Nación», fue expedida con el fin de adoptar las medidas internas para optimizar la
función disciplinaria a nivel regional, establecer un mayor rango de garantías y
revestir de total transparencia las decisiones de alto impacto social a nivel territorial,
a fin de que estas fueran acordes con los principios que regían el ejercicio de la
acción disciplinaria.

102. Por lo anterior, se crearon las Salas Territoriales Disciplinarias, como
comisiones especiales permanentes, las cuales serían presididas por quien tuviera
la competencia y jurisdicción sobre los procesos, a través de las cuales las
Procuradurías Regionales tomarían decisiones definitivas de su competencia de
primera o segunda instancia.

103. De otro lado, sobre la competencia dispuso:

«TERCERO: COMPETENCIA. Los Procuradores Regionales, de oficio o por
solicitud de los sujetos procesales o el quejoso, someterán a estudio los

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procesos disciplinarios a la Sala Territorial Disciplinaria, para la adopción de
decisiones definitivas de forma colegiada, en caso de que apliquen los criterios
señalados en el artículo cuarto [...]» [se resalta].

104. A su turno, los criterios que debían observarse para efectos de determinar los
asuntos que se sometían a análisis y decisión de la Sala Territorial disciplinaria eran:
(i) por el sujeto investigado: en aquellos eventos en que el disciplinado fuera un
servidor público de elección popular o colegiada por corporaciones públicas; y (ii)
por su trascendencia social: en casos en los que se hubiera producido una
afectación significativa al orden social, político, económico territorial o se hubiera
causado un perjuicio colectivo notorio.

105. Como se observa, si bien uno de los criterios para que la Sala Territorial
Disciplinaria asumiera el conocimiento era que se tratara de servidores de elección
popular, también dispuso que los asuntos se someterían de oficio, a solicitud de
parte o del quejoso, es decir, su competencia se activaba por la actuación del
operador disciplinario o de los sujetos procesales, pero no significaba que
automáticamente esta debiera asumir la competencia.

106. En efecto, en el artículo octavo del mismo acto, se dispuso que, en los casos en
que se presentara una solicitud por parte de los sujetos procesales o del quejoso
para que la Sala Territorial Disciplinaria asumiera la decisión definitiva, debía
cumplir con los siguientes requisitos:

106.1. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o
apoderado, si era el caso, con indicación de su documento de identidad y de
la dirección donde recibiría correspondencia. Asimismo, la identificación del
proceso sobre el cual radicaba la solicitud.

106.2. Las razones en las que fundamentaba su petición. «La solicitud se resolver[ía]
en la siguiente sesión de la Sala Territorial Disciplinaria. En caso de que se trat[ara]
de un tema que mere[ciera] una atención prioritaria por razones de prescripción o
cualquier otro aspecto que amerit[ara] su atención inmediata, se dar[ía] traslado al
Procurador Regional con el que se constitu[iría] la Sala, a fin de que se lleg[ara] a una
decisión en un término no mayor de cinco (5) días. De la selección del asunto en Sala
se deja[ría] constancia en el acta de la sesión correspondiente, o en documento
suscrito por los integrantes de la Sala en el caso de atención prioritaria».

107. Así las cosas, el hecho de que la Sala Territorial Disciplinaria no hubiese
conocido del asunto no enerva la legalidad de los actos acusados por falta de
competencia, pues no se observa que el demandante o su apoderado hubieran
solicitado a esta el conocimiento del asunto. Esto, sumado a que ningún artículo de
la resolución examinada dispuso que, una vez expedida, el expediente se remitiría
automáticamente a la sala en mención. En consecuencia, el cargo no tiene vocación
de prosperidad.

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2.6. La tipicidad

2.6.1. Marco normativo y jurisprudencial

108. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional77. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.

109. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su turno, la
Ley 734 de 2002 que el servidor público y el particular solo serían investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran descritos como
falta en la ley vigente al momento de su realización.

110. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso»78,
así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó solo al
legislador para que establezca qué conductas constituían una infracción de carácter
disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento que considera
ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna
sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»79

111. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o
sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la
falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador «definir de forma abstracta
y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones
públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha
sido encomendado o por el abuso de su ejercicio80».81

112. Es decir que este principio comprende dos garantías82: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual podrá

77 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
78 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00

(2388-2010).
79 Sentencia C-135 de 2016. También ver: auto del 26 de febrero de 2025, radicación 62070, AP966-

2025.
80 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las

autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
81 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
82 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.

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hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados los
elementos estructurales de la conducta antijurídica»83.

113. A partir de lo anterior, para determinar si un comportamiento constituye falta
gravísima, grave o leve debe realizarse un proceso de adecuación típica a través de
la comprobación lógica y razonada de la relación de subsunción entre la descripción
legal y la efectivamente desplegada por el sujeto.

114. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar un
servidor público. Al respecto se puntualizó lo siguiente84:

«El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la
autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se
encuentra en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar
descritos los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor
flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga
un listado detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de
falta85; como consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista
constitucional86, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la
formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una
amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se
encuentren consagrados los deberes, las funciones o las prohibiciones que se
imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica
sistemática lógica que demuestre en forma congruente cómo la conducta
investigada se subsume en la descrita por la ley.»

115. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada apuntó
a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas siempre que las
remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los comportamientos
censurables», lo cual tiene asidero en que, permitir que el operador disciplinario
establezca a su arbitrio la conducta reprochable, desconocería el principio de legalidad
previsto en el artículo 29 superior.

116. De otro lado, en cuanto a la formulación de los tipos abiertos y en blanco, esta

83 Ibidem
84 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
85 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las

conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»85,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
86 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-

393 de 2006.

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Sección87 y la Corte Constitucional88 han explicado que los primeros son las
infracciones disciplinarias que, ante la imposibilidad del legislador de contar con un
listado detallado de comportamientos que se subsumen, remiten a un complemento
normativo, de ahí que se deba realizar una lectura sistemática de la función, la orden
o la prohibición y aquella que prescribe de manera genérica que su incumplimiento
constituye falta. Los segundos, son preceptos que requieren de una remisión
normativa para completar su sentido89, bajo la condición de que se verifique la
existencia de normas que definan ─de manera clara e inequívoca─ los aspectos «de
los que adolece el precepto en blanco»90. A su turno:

«[...] la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para señalar que
los primeros requieren de un suplemento normativo para completar su
alcance91, mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto,
como lo ha definido su creador, es aquel en el cual el legislador no ha
determinado de manera completa la materia de la prohibición,
correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición no está descrita
en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”92, afirma Hans
Welzel»93. Es así como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de
tipos según su estructura formal94, mientras que los abiertos ingresan en la
división según su contenido95».

117. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de manera precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación con la conducta.

2.6.2. Caso concreto

118. En el fallo de primera instancia dictado el 11 de diciembre de 2018, la
Procuraduría Regional del Cesar sustentó la categoría dogmática de tipicidad en los
siguientes términos:

118.1. Según la sentencia del 15 de diciembre de 2016, la nulidad de la elección de
Álvaro Luis Castilla Fragoso tuvo como fundamento el hecho de que esta debió
recaer en el participante con mejor puntaje, pues las reglas de convocatoria
previstas en la Resolución 044 del 18 de diciembre de 2015 correspondían a un
concurso de méritos. En consecuencia, esta decisión no podía comprenderse como

87 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
88 Sentencia C-818 de 2005
89 Ver la sentencia 404 de 2001.
90 Corte Constitucional, sentencia C-343 de 2006.
91 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
92 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,

Depalma, 1979, p.6.
93 Gómez Pavajeau. Óp. Cit., p. 431.
94 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
95 Ibidem p.118.

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un mandato de obediencia para quien elegía, pues el cumplimiento del deber
funcional les correspondía a los miembros del concejo municipal. Se exigía a los
concejales que eligieran bien, es decir que ante un panorama de varias
posibilidades se escogiera no solo con el orden establecido, «sino aquel sobre al cual
no reca[yera] ningún asomo de cuestionamiento».

118.2. El hecho de que la motivación de la decisión judicial hubiese señalado que la
elección debía recaer en la persona que ocupaba el primer lugar en la lista, no
excluía el deber de examinar si concurría en él alguna causal de inhabilidad. Al
respecto, el presidente del concejo municipal presentó consultas ante «la Función
Pública y al Asesor externo [...] Aldemar Montero a través de oficios de fechas 2 de febrero
y 25 de enero de 2017 respectivamente».

118.3. Antes de la elección de Omar Javier Contreras Socarrás los concejales
examinaron lo relativo a las inhabilidades y «fueron advertidos» de dos posiciones
jurídicas frente a la inhabilidad prevista en el inciso 8 del artículo 272 de la
Constitución, «de una parte un concepto proveniente del Departamento Administrativo de
la Función Pública y de otra, la línea jurisprudencial desarrollada por el Consejo de Estado
al respecto concretada en sentencia de 7 de diciembre de 2016, expuesta por el Asesor
externo del Concejo Municipal».

118.4. La elección no impedía que al momento de escoger entre las opciones
posibles se analizaran las circunstancias «morales y legales» de las personas
ubicadas en la lista de elegibles, lo importante era que, ante lo cuestionado, ante 2
posiciones jurídicas, y a sabiendas de la responsabilidad, se optara por aquella
decisión que permitiera cumplir con el deber funcional de elegir.

118.5. Lo trascendente para efectos de la responsabilidad individual era que la
elección debía hacerse con observancia del régimen de inhabilidades y «no actuar
con desconocimiento de dicho régimen, como sí lo hicieron las personas que decidieron
votar por OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRÁS», quien para ese momento estaba
cuestionado respecto de su habilitación constitucional para acceder al cargo de
contralor municipal, pues desempeñó el cargo de defensor regional del Cesar dentro
del año anterior a su elección, lo que lo hacía incurrir en la inhabilidad prevista en el
inciso 8 del artículo 272 de la Constitución Política «como lo expuso el Consejo de
Estado en sentencia de fecha 19 de julio de 2018».

118.6. La «Jurisdicción Contencioso Administrativa [...] declaró nula una situación anterior
que a todas luces fue irregular. Por experiencia y tal como se recog[ía] en los
pronunciamientos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, las inhabilidades e
incompatibilidades que se suscita[ban] en procesos de elección, [...], [venía] a definirse
meses más tarde, por lo que no e[ra] de recibo que se [dijera] que por no existir plena
certeza de la inhabilidad del candidato elegido, se [encontrara] ausente el mencionado
elemento del tipo disciplinario [...], apoyado en la sentencia del Tribunal Administrativo del
Cesar de fecha proferida con posterioridad a la elección de CONTRERAS SOCARRAS y el
concepto del Ministerio público emitido dentro del proceso, máxime cuando se enc[ontraba]

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probada la existencia de la línea jurisprudencial de la Sección Quinta en materia de
inhabilidades, específicamente la postura adoptada mediante sentencia del 7 de diciembre
de 2016» [sic].

118.7. La razón que convocaba el proceso era haber elegido a un candidato en el
que recaía una causal de inhabilidad, «situación que meses más tarde se vino a
examinar mediante sentencia de fecha 19 de julio de 2018, por lo que las decisiones allí
tomadas [tenían] plena validez como referente y como elemento incuestionable de que la
inhabilidad objetivamente sí ocurrió. Lo que se presentó al momento de ocurrir la conducta
[era] precisamente ese debate jurídico al que ampliamente se refi[rieron] los sujetos
procesales situación que, [...], demandaba de los Concejales, que eligieran a un Contralor
sobre el que no recayera cuestionamiento alguno, razón por la cual al haber votado por la
persona sobre la que existía una innegable duda sobre su capacidad legal para ejercer el
control fiscal del municipio se incurrió en el tipo disciplinario consagrado en el inciso
segundo del numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 porque efectivamente el
señor OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRAS estaba inhabilitado».

118.8. Las dos posiciones expuestas por «la función pública y el Asesor Externo del
Concejo Municipal, [servían] de exculpación frente a la conducta desplegada, ya que lo que
se establec[ía] esa diferencia de posiciones frente a una inhabilidad, no [era] una
aprobación para votar por cualquier de los candidatos; por el contrario, lo que se
demanda[ba] precisamente [era] que ante la incertidumbre jurídica que recaía sobre la
persona que ocupaba el primer puesto en el orden de elegibilidad [...], se debió optar por
otra de las restantes, cumpliendo con el deber de elegir no solamente conforme a la decisión
del Consejo de Estado de fecha 15 de diciembre de 2016 sino de acuerdo con la
Constitución y la ley».

119. Luego, en segunda instancia, al examinar el mismo elemento de
responsabilidad, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa
expuso las generalidades de la tipicidad y consideró en el caso concreto:

«En este caso, los ciudadanos [...] GABRIEL MUVDI ARANGUENA [...], en ejercicio
de las funciones propias en su condición de Concejales del Municipio de
Valledupar, el día 28 de febrero de 2017 eligieron como Contralor Municipal de
Valledupar al señor OMAR CONTRERAS SOCARRAS para lo restante del periodo
2016-2019, sin considerar que dentro del año anterior a su elección había
ostentado y ejercido como Defensor del Pueblo del Cesar, con lo cual se
encontraba inhabilitado a la luz del inciso 8º del artículo 272 constitucional.

Actuación con la que los Concejales del Municipio de Valledupar, incurrieron en
la conducta descrita como falta disciplinaria en el numeral 17 del artículo 48 del
Código Disciplinario Único, razón por la que este Despacho considera probado
el primero de los elementos estructurales de la falta disciplinaria, como es el de
la tipicidad o legalidad, la que surge del juicio de adecuación típica, es decir, la
confrontación de la acción con la descripción legal, pues objetivamente se
demostró la incursión en la conducta imputada y que la misma vulnera el Estatuto
Disciplinario, circunstancia por la que los cabildantes desbordaron
indebidamente la función que tenían, pues era su obligación la de haber
respetado lo previsto por el inciso 8º del artículo 272 Superior, y de esa manera
abstenerse de elegir a un candidato que estuviera inmerso en cualquier causal

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de inhabilidad, pero contrario a ello, optaron por desatender la norma en cita, y
bajo este criterio, resulta notorio dar por sentada la tipicidad de la conducta de
los servidores públicos disciplinados.

[...] En lo que respecta a la carencia de una línea jurisprudencial aplicable al caso
materia de investigación, este planteamiento no es propio del estudio de la
tipicidad, pues el soporte de la imputación a los Concejales de Valledupar radica
en el desconocimiento del inciso 8º del artículo 272 constitucional en
concordancia con el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y si bien
la conducta asumida por los encartados puede demostrarse o estar respaldada
jurisprudencialmente, ello no quiere decir que la misma haga parte de la
adecuación típica».

120. Como se observa, el proceso disciplinario inició por la sentencia dictada el 19
de julio de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado que anuló la elección
de Omar Javier Contreras Socarrás. Ciertamente, sobre este pronunciamiento se
erigió la sanción disciplinaria impuesta al actor.

121. No obstante, al sustentar la falta no desarrolló el proceso de adecuación típica,
es decir, la comprobación lógica y razonada de la relación de subsunción entre la
descripción legal de la conducta disciplinable, y la efectivamente desplegada por el
sujeto activo.

122. Pero además, a pesar de que el «análisis» correspondía al primer elemento de
la responsabilidad, encausó la argumentación a la culpabilidad aun cuando, si bien
cada uno de estos juicios deben concurrir para imponer la sanción, su examen no
debe hacerse deliberadamente, comoquiera que para llegar a la responsabilidad se
debe agotar un orden o secuencia en sus elementos porque se erige a partir de la
existencia de un sujeto [servidor público o particular que ejerce funciones públicas]
que comete una conducta [acción u omisión] que resulta ser típica [falta gravísima,
grave o leve], sustancialmente ilícita [afectación del deber funcional sin justificación
alguna]; y que se realiza con culpabilidad96.

123. Ciertamente, para acreditar la configuración de la tipicidad, debía examinar si el
demandante, como miembro de la corporación edilicia, eligió a una persona en
quien concurriera causal de inhabilidad, tal como lo estableció el artículo 48.17 de
la Ley 734 de 2002. Para tal efecto, por la naturaleza del tipo, también le
correspondía determinar si en Omar Javier Contreras Socarrás recaía la inhabilidad
prevista en el inciso 8 del artículo 272 de la Constitución Política, esto es si (i) ocupó
un cargo público en el nivel ejecutivo y (ii) en el orden municipal.

124. De haberse realizado tal juicio de forma independiente a la sentencia proferida
por la Sección Quinta, habría concluido que no se configuraba la inhabilidad por el
elemento territorial, en razón a que (i) de conformidad con los artículos 117 y 118

96 Culpabilidad psicológica: dolo o culpa; y culpabilidad normativa: exigibilidad de una conducta

diferente.

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de la Constitución Política el Ministerio Público es un órgano de control y es ejercido
por el defensor del pueblo bajo la suprema dirección del procurador general de la
Nación97; (ii) por ser del orden nacional, no estaba enlistado en los organismos y
entidades del artículo 38 de la Ley 489 de 1998; y (iii) de conformidad con el Decreto
25 de 2014 la Defensoría del Pueblo cumplía con sus funciones de manera
desconcentrada, tal como lo sostuvo la Sección Quinta de esta corporación en
sentencia del 23 de septiembre de 201398.

125. Sin embargo, en el fallo se limitó a afirmar que en Omar Javier Contreras
Socarrás recaía la inhabilidad sin realizar examen alguno de sus elementos; tan es
así que el único sustento de su afirmación fue la sentencia dictada el 19 de julio de
2018, a lo que agregó que la decisión tenía plena validez como referente y como
«elemento incuestionable de que la inhabilidad objetivamente sí ocurrió». En últimas, la
PGN se limitó a reproducir lo señalado en la sentencia.

126. Con todo, el juicio de adecuación típica se realizó a partir la valoración de
legalidad de la decisión que se concretó, esencialmente, en la nulidad de la elección
de Omar Javier Contreras Socarrás. A la par, la autoridad disciplinaria desconoció
que, en oportunidades anteriores, la Sección Quinta del Consejo de Estado también
había considerado que:

126.1. Sentencia del 24 de abril de 201399: «debido a la precisión de lo expuesto en el
literal c) del artículo 6º de la Ley 330 de 1996, no es válido desatender su tenor literal, por
lo que es evidente que aquella consagra una inhabilidad para ser elegido contralor
departamental a quienes hubieren ocupado cargo público del orden departamental,
municipal o distrital de la misma jurisdicción donde se elige a la autoridad de control fiscal.
[...] se refiere a todos los cargos desempeñados en el departamento, siempre y cuando sea
uno de los ordenes departamental, distrital o municipal de la misma jurisdicción territorial.
[...]. En otras palabras, es evidente que uno de los requisitos sine qua non para que se
entiendan realizadas las hipótesis que prevén las normas en comento y, por ende, se
configure la causal de inhabilidad que se propone como sustento de la demanda, es que la
persona que resultó electo como Contralor hubiese desempeñado cargo público del orden
departamental, distrital o municipal dentro del año anterior a la elección, lo cual, como se
verá a continuación, no se cumple en el caso objeto de estudio». En este caso, se trató
de la elección de quien se desempeñó como directora territorial de la ESAP, entidad
del orden nacional y se concluyó que no se configuraba la inhabilidad.

126.2. Sentencia del 7 de diciembre de 2016100: en cuanto al elemento territorial de
la inhabilidad, «debe probarse simplemente que el cargo público se ocupó en una entidad
del orden departamental, distrital o municipal, sin que tenga incidencia alguna la categoría
de la entidad territorial en la que se aspira a ejercer contralor [...]. la Sección Quinta retoma

97 Artículo 1º del Decreto 25 de 2014, «por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece

la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo».
98 Radicación 41001-23-31-000-2012-00048-01.
99 Radicación 41001-23-31-000-2012-00064-01.
100 Radicación 47000-23-33-002-2016-00074-02.

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esta postura y colige que para entender satisfecho este elemento, basta, con que se pruebe
que el cargo se desempeñó en alguna entidad del orden territorial previsto en la disposición
constitucional». En esta providencia se examinó la elección del contralor del distrito
de Santa Marta, quien fungió como jefe de la Oficina de Control Interno de la
Universidad del Magdalena.

126.3. Sentencia del 13 de julio de 2017: «la inhabilidad en comento para ser elegido
contralor departamental se limita al ejercicio de cargos del orden departamental, distrital o
municipal, sin que el Constituyente la hubiera extendido a aquéllos del orden nacional.
Ahora bien, contrariamente a lo sostenido por la Vista Fiscal, la Sala debe precisar que no
es cierto que en la sentencia de 4 de mayo de 2016, expediente 2016-00107, se hubiera
sostenido que la inhabilidad consagrada en el octavo inciso del artículo 272 de la
Constitución Política se extienda al ejercicio previo de cargos en entidades del orden
nacional. En efecto, en dicho caso la Sala confirmó la decisión de anular la elección del
Contralor Departamental de Ibagué, entre otras razones, debido a que en virtud del
fenómeno de la desconcentración, debía entenderse que el demandado, dentro del año
previo a la elección, había ejercido un cargo del orden departamental. Sin embargo, en
ningún momento se sostuvo que la aludida inhabilidad constitucional se extendía al ejercicio
de cargos del orden nacional».

127. Este análisis devenía imprescindible al realizar el juicio de subsunción típica,
máxime si se atiende que la Sección Quinta de esta corporación consideró que se
configuraba el elemento territorial porque la «Defensoría Regional del Cesar
corresponde a la desconcentración prevista en la Carta Política y, en tal medida, el ámbito
de ejercicio de sus funciones correspondió a todo este departamento, dentro del cual se
encuentra incluido, por supuesto, el municipio de Valledupar», a pesar de que desde
antaño la jurisprudencia constitucional puntualizó de manera pacífica que la
interpretación de las inhabilidades debía ser restrictiva. Por ejemplo, desde la
sentencia C-147 de 1998 se explicó:

«Finalmente, no se puede olvidar que las inhabilidades, incluso si tienen rango
constitucional, son excepciones al principio general de igualdad en el acceso a
los cargos públicos, que no sólo está expresamente consagrado por la Carta (CP
arts 13 y 40) sino que constituye uno de los elementos fundamentales de la
noción misma de democracia. Así las cosas, y por su naturaleza excepcional, el
alcance de las inhabilidades, incluso de aquellas de rango constitucional, debe
ser interpretado restrictivamente, pues de lo contrario estaríamos corriendo el
riesgo de convertir la excepción en regla. Por consiguiente, y en función del
principio hermenéutico pro libertate, entre dos interpretaciones alternativas
posibles de una norma que regula una inhabilidad, se debe preferir aquella que
menos limita el derecho de las personas a acceder igualitariamente a los cargos
públicos».

128. Igualmente, en la sentencia T-1039 de 2006 se anotó:

«[...] en materia de interpretación de las causales de inhabilidades esta
Corporación ha sostenido que para este caso está constitucionalmente prohibida
su interpretación extensiva porque afecta el derecho fundamental al debido
proceso, al igual que el principio de igualdad y el derecho de acceso a cargos y

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funciones públicas. Por lo tanto el intérprete de las disposiciones legislativas en
la materia ha de ceñirse en la mayor medida posible al tenor literal y gramatical
de los enunciados normativos, sin que pueda acudir prima facie a criterios
interpretativos tales como la analogía, la interpretación extensiva para ampliar el
alcance de las causales legalmente fijadas.

En efecto, en el caso concreto existe una doble limitación en cuanto a la
interpretación de la disposición cuya infracción configura la falta disciplinaria
sancionada: En primer lugar se trata de una causal de inhabilidad que debe ser
interpretada de manera restrictiva, y el intérprete debe respetar en la mayor
medida posible el tenor literal de los enunciados normativos en cuestión, pero
adicionalmente como el control disciplinario significa el ejercicio del ius puniendi
del Estado, también está proscrita cualquier forma de interpretación extensiva,
sistemática o analógica de las disposiciones que establecen faltas
disciplinarias».

129. Y en el mismo sentido se pronunció en las sentencias T-282 de 2006101, C-903
de 2008102, entre otras.

130. Aunado a lo anterior, en la sentencia SU-566 de 2019, por medio de la cual se
estudió la solicitud de tutela presentada por Omar Javier Contreras Socarrás, la
Corte Constitucional también concluyó que la interpretación debía ser restrictiva:

«No demostró el accionante el alegado desconocimiento del precedente y, por
el contrario, lo que se desprende de las diversas sentencias citadas es que no
ha existido en la Sección Quinta del Consejo de Estado una posición unificada
en la interpretación del sentido y alcance del elemento territorial de la inhabilidad
para ser contralor departamental, distrital o municipal103.

[...] Por tales razones, el intérprete debe acudir primero a la disposición que
establece la inhabilidad como criterio fundamental; sólo en la medida en que ésta
sea incompleta o insuficiente para resolver el caso, puede acudir a su
concretización, para lo cual se encuentra obligado a incluir los elementos que le
proporciona la disposición misma, así como las directrices que la Constitución
contiene, en orden a la aplicación, coordinación y valoración de dichos elementos
en el curso de la solución del problema. Es por ello que la aplicación de las
inhabilidades no admite analogías ni aplicaciones extensivas y, por el contrario,
“deben aplicarse de manera taxativa y restringida en aras de impedir, o bien una
afectación desproporcionada del derecho, o bien una contradicción que haga
inocuo el mandato superior. Si es la Constitución la que opta por limitar el

101 «Las palabras de la ley son la frontera que no se puede traspasar en el ejercicio hermenéutico de

las mismas, más aún si se trata de aplicar inhabilidades que exige una interpretación restrictiva.
Aunque para otros casos la exigencia de una interpretación sistemática con el fin de superar vacíos
de la ley remitiéndose a la aplicación de principios y valores superiores para alcanzar el propósito
teleológico de las reglas de derecho, permitan al operador jurídico pronunciarse con precisión sobre
los conflictos jurídicos que sean sometidos a su conocimiento».
102 «Esta regla tiene excepciones, que consisten en prohibiciones para acceder a los cargos públicos,

denominadas inhabilidades, fundadas en razones de interés general, principalmente en los principios
de moralidad e imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa consagrados en el Art. 209
superior. Tales excepciones, como tales, deben ser expresas y de interpretación y aplicación
restrictiva».
103
Esto, aun cuando se indicó que la sentencia con radicación número 2016-00074-02 fuera de unificación, pues se tienen
pronunciamientos posteriores que contradicen su contenido.

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ejercicio del derecho a acceder a cargos públicos de una forma determinada, no
le es permitido al legislador entrar a flexibilizar o extender tales límites”104.

En este sentido, entre dos interpretaciones posibles siempre se deberá elegir
aquella que haga efectivos los principios y valores constitucionales en que se
funda el derecho de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. Lo
anterior, en función de los principios pro homine, pro libertatis y de favorabilidad,
en virtud de los cuales el operador jurídico debe preferir la interpretación “que
limite en menor medida (...) el derecho de las personas a acceder a cargos
públicos”105, de manera que “traslada la carga de la argumentación desde la
defensa del derecho a la justificación del límite, por lo que los conflictos se
resuelven en favor del primero”106».

131. Y, en materia del elemento territorial de la inhabilidad prevista en el inciso 8 del
artículo 272 de la Constitución Política y, en particular, respecto del cargo
desempeñado en la Defensoría del Pueblo consideró:

«[...] Por todo ello, el elemento territorial de la inhabilidad prevista en el inciso
octavo del artículo 272 de la Constitución debe entenderse referido a la
ocupación de cargos públicos en la entidad territorial en la que se aspira a ejercer
control fiscal, y no en otra u otras respecto de las cuales el contralor carece en
absoluto de competencia. Esta inhabilidad cumple una finalidad razonable al
excluir de la elección a los ciudadanos que desempeñan cargos con
responsabilidades en la gestión fiscal del ente territorial que estará sujeto al
control fiscal de la respectiva contraloría. No obstante, como lo ha reconocido la
Corte, el legislador tiene competencia para establecer, dentro de los límites a los
que se ha hecho referencia, inhabilidades por la ocupación de cargos públicos
pertenecientes a otros ordenes territoriales.

[...] De conformidad con los artículos 113, 117 y 118 de la Constitución, la
Defensoría del Pueblo, como componente del Ministerio Público, es un órgano
del Estado, autónomo e independiente, y no forma parte de ninguna de las ramas
del poder público. Los artículos 281 y siguientes de la Constitución Política
señalan que el Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma,
las cuales consisten en la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos
humanos.

[...] Y según el manual de funciones aprobado mediante la resolución Nro. 1488
de 2018, el defensor regional ejerce un cargo de tipo misional cuya
desconcentración organizacional es regional, de nivel directivo y creado con el
propósito principal de “[D]irigir, organizar y cumplir los planes, programas y
proyectos, señalados por el Defensor del Pueblo, relacionados con la Regional
a su cargo, así como coordinar, supervisar y controlar el desarrollo de las
actividades correspondientes al cumplimiento de las funciones, misión, visión y
objetivos institucionales dentro de la jurisdicción de la Regional”.

En consecuencia, es perfectamente claro que el cargo de Defensor Regional
está ubicado en el nivel directivo de la Defensoría del Pueblo, que dicha entidad
es un órgano autónomo e independiente del orden nacional y que, por lo mismo,
el control fiscal de sus actos corresponde al Contralor General de la República107.

104
Ver. Corte Constitucional; Sentencias C-540 de 2001, C-311 de 2004 y C-468 de 2008.
105
Corte Constitucional; Sentencia C-147 de 1998.
106
Corte Constitucional; Sentencia SU-115 de 2019.
107
en los términos del artículo 267 de la Constitución

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[...] Al respecto se tiene que, efectivamente, el señor Contreras Socarrás ocupó
un cargo del nivel directivo en la Defensoría del Pueblo en su calidad de Defensor
Regional del Cesar, hasta el día antes de posesionarse como contralor municipal
de Valledupar. Sin embargo, la inhabilidad a la que se refiere el inciso octavo del
artículo 272 de la Constitución no se configuró, en tanto el cargo ocupado, como
se explicó anteriormente, pertenece al orden nacional, faltando, en
consecuencia, uno de los presupuestos de la misma, en este caso, la
pertenencia del cargo al orden municipal. No era suficiente constatar que el cargo
ocupado se encontraba ubicado en el nivel directivo dentro de la estructura de la
Defensoría del Pueblo ni que dicha entidad, en virtud de la desconcentración,
ejerce funciones en el territorio del Departamento del Cesar, pues esta última
circunstancia no altera la pertenencia de la entidad ni del cargo al orden nacional
ni, mucho menos, la competencia de la Contraloría General de la República para
ejercer el control fiscal de la Defensoría del Pueblo.

La autoridad judicial debió interpretar la norma de manera restrictiva, sin
extender el sentido y el alcance de la regla prevista en el inciso octavo del artículo
272 de la Constitución, como se le imponía la aplicación del principio pro homine.
Por el contrario, a pesar de que dicha regla no presenta ambigüedad o
indeterminación, extendió el elemento territorial previsto en ella al incluir en el
orden departamental un cargo perteneciente a una entidad del orden nacional,
con el argumento de que las funciones de dicha entidad, por razón de la
desconcentración administrativa, se ejercían en el departamento “dentro del cual
se encuentra incluido, por supuesto, el municipio de Valledupar”» [se destaca].

132. Así las cosas, la PGN se limitó a señalar que la sentencia dictada por la Sección
Quinta de esta corporación había determinado la configuración de la inhabilidad
prevista en el artículo 272 de la Constitución Política sin hacer análisis alguno ni
desarrollar el juicio de subsunción típica, omisión que impidió establecer que el
demandante no incurrió en la falta [tal como se expuso en el acto de revocatoria].
Ello, entonces, impone la declaratoria de nulidad parcial de los actos sancionatorios
únicamente en lo que concierne a Gabriel Muvdi Aranguena.

2.7. Las pretensiones de indemnización por los daños causados

2.7.1. Los perjuicios morales

133. En la demanda se solicitó el pago por este concepto, en razón del «profundo
dolor, la pena, el agobio, la angustia y desesperación, que acarreó una profunda afección
moral ocasionada a los actores como consecuencia de la expedición irregular de los actos
administrativos cuya nulidad hoy se solicita, y que conllevó a que el señor GABRIEL MUVDI
ARANGUENA, y su núcleo familiar, tuviera sentimientos de angustia y zozobra ante la
avalancha de noticias que sobre la sanción que le fue impuesta, inundaron los medios de
comunicación y los mensajes y comentarios desobligantes de los cuales fue objeto, porque
de corruptos y de ratas no los bajaban». Por tal razón, las cuantías a reconocer eran:

Demandante Calidad Valor
Gabriel Muvdi Aranguena Víctima directa 100 smlmv
Martha Inés Vega Mendoza Cónyuge 100 smlmv

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Danna Sofía Muvdi Ortiz Hija 100 smlmv
Mariam Muvdi Vega Hija 100 smlmv
Nadua Muvdi Vega Hija 100 smlmv
Bony Muvdi Aranguena Hermano 100 smlmv
Karim Muvdi Aranguena Hermano 100 smlmv

134. De igual forma, en el recurso de apelación manifestó que los perjuicios morales
comprendían los daños a la vida en relación y al proyecto de vida, pues en todo el
proceso disciplinario los concejales fueron sometidos al escarnio público que llevó
al padecimiento del disciplinado y su núcleo familiar, así como a que se pusieran en
entredicho sus calidades personales, profesionales y éticas.

135. Pues bien, en cuanto al daño a la vida en relación, ha de señalarse que no
hacen parte de los perjuicios morales, pues desde la sentencia de unificación del 14
de septiembre de 2011108 la Sección Tercera de esta corporación consideró lo
siguiente:

«Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las
condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la
reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las
lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de
un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga
relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado
en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario –dado que una
persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que
eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño–, y el segundo, por
referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a
los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

[...] Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita
psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se
puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud
(perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés
legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro
del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que
merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales
como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de
existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el
derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia,
entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea
preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su
momento esta Corporación.

[...] En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita
interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento
más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un
daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será
oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta Corporación –siempre
que los supuestos de cada caso lo permitan– de que se reparen los demás
bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados

108 Radicación 05001-23-31-000-2007-00139-01 (38222).

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que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e
independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el
derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la
reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y
externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica
o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno».

136. Esta postura se mantuvo en las sentencias de unificación posteriores, por
ejemplo, en las dictadas el 28 de agosto de 2014 en los procesos con número
interno 32988109, 31170110, 31172111, 26251112 y 28804113. También se anotó en una
más reciente, proferida el 11 de octubre de 2023114, lo que se transcribe a
continuación:

«Con relación a este rubro indemnizatorio, la Sala debe advertir que las
denominaciones “perjuicio fisiológico”, “daño psicológico”, “daño al proyecto de
vida” o “daño a la vida de relación”, dada la nueva categoría de perjuicio
reconocida por la jurisprudencia, fundamentada en el daño psicofísico, se ajustan
al concepto de daño a la salud y debe ser reconocida conforme a los lineamientos
jurisprudenciales112, según los cuales, la indemnización está sujeta a lo probado
en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en cuantía que no
podrá exceder de 100 SMLMV, de acuerdo con la gravedad de la lesión,
debidamente motivada y razonada [...]».

137. De lo expuesto se concluye que los perjuicios inmateriales se sistematizan en
perjuicios morales, daño a la salud y cualquier otro bien, derecho o interés legítimo
constitucional, jurídicamente tutelado como el buen nombre, el daño a la vida de
relación o, incluso, al proyecto de vida. Es decir, la indemnización por daño a la vida
de relación y al proyecto de vida fue abandonada a partir de la sentencia de
unificación dictada en 2011.

138. En el sub examine, la Sala negará la indemnización solicitada por los
demandantes, en razón a que no obra en el expediente prueba que dé cuenta de la
existencia de alguna afectación de Gabriel Muvdi Aranguena que hubiese surgido
con ocasión de las decisiones sancionatorias. Además, si bien es cierto que Arafat
Celedón Cantillo ─vecino y amigo del demandante─ rindió testimonio y afirmó que
«hasta se enfermó», lo cierto es que no especificó a qué afecciones se refería, de
manera que su dicho resulta insuficiente para tener por acreditado el perjuicio.

109 Radicación 5001-23-25-000-1999-01063-01. En la que concretamente se anotó: «[...] la Sala
reitera los criterios expuestos en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección del 14 de
septiembre de 2011 [19031 y 38222], en la cual se sostuvo que esta clase de afectaciones a bienes
o derechos constitucional o convencionalmente afectados deben ser reconocidos como una tercera
categoría de daños inmateriales autónomos».
110 Radicación 5001-23-31-000-1997-01172-01. También se anotó: «[e]n relación con el perjuicio

fisiológico, hoy denominado daño a la salud, derivado de una lesión a la integridad psicofísica de
Luis Ferney Isaza Córdoba, solicitado en la demanda, la Sala reitera la posición acogida en las
sentencias 19.031 y 38.222, ambas del 14 de septiembre 2011»
111 Radicación 50001-23-15-000-1999-00326-01.
112 Radicación 66001-23-31-000-2001-00731-01.
113 Radicación 23001-23-31-000-2001-00278-01.
114 Radicación 76001-23-31-000-2010-01731-01 (50378).

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139. En cuanto a los perjuicios morales, esta Subsección ha señalado que tienen
existencia autónoma y se configuran una vez satisfechas las condiciones generales
para su reconocimiento, a saber: que sea particular, determinado o determinable,
cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado 115.
Asimismo, se ha detenido en la necesidad de que, quien pretende el reconocimiento
de perjuicios morales, debe acreditar su ocurrencia.

140. En ese orden, para que proceda el reconocimiento de la indemnización por
concepto de perjuicios morales generados por una sanción disciplinaria irregular, es
necesario convencer plenamente al juez de la existencia de un padecimiento
causado con ocasión de la sanción y la publicidad de aquella, de tal manera que
este, dentro de su discrecionalidad judicial, determine la magnitud del dolor,
aflicción, tristeza o congoja y, con fundamento en ello, la indemnización a
reconocer116.

141. En el sub lite, el a quo reconoció los perjuicios morales en cuantía de 20 salarios
mínimos legales mensuales vigentes porque, si bien la decisión sancionatoria impactó
negativamente en «la imagen» y «buen nombre» de Gabriel Muvdi Aranguena y tuvo la
potencialidad de afectar su carrera política, el daño era leve y no trascendía a sus
familiares o cercanos. Al mismo tiempo, porque «el buen nombre» y «la honra» de los
actores políticos no afectaba sino al titular directamente, máxime si se tenía en cuenta
que los servidores que representaban políticamente al pueblo estaban sometidos
legítima y constantemente al escrutinio público en sus actuaciones.

142. A la par, se observa que Arafat Celedón Cantillo se limitó a señalar que «cuando
él se entera de eso, él se pone muy triste, se pone decaído, no quería [contestar] las llamadas,
se encerró, se aisló», pero estas emociones las expuso desde su sentir y opinión, pues
seguidamente afirmó: «pues digo yo aquí en mi opinión, fue a raíz de esa inhabilidad que le
habían puesto porque él estaba acostumbrado, ya llevaba 16 años haciendo lo que sabe hacer
y de pronto, me imagino yo, que al decirle que lo estaban inhabilitando se deben imaginar
ustedes como se debe poner una persona que lo único que sabe hacer es eso y le digan que
ahora no lo pueden hacer, me imagino yo que es muy triste y sí ante el grupo de nosotros, no
nos contestaba, se la pasaba encerrado en su casa, de mal humor».

143. A juicio de la Sala, estas afirmaciones no resultan suficientes para aumentar el
quantum del «perjuicio moral» reconocido por el tribunal [que en realidad corresponde
a daño a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos], pues las
emociones y sentimientos del demandante se expusieron únicamente a partir de lo
que creía el testigo. De otro lado, respecto de los familiares del actor, no se allegó
prueba alguna que dé cuenta de su aflicción, congoja o zozobra derivada de la sanción
disciplinaria impuesta, de forma que no es procedente pago alguno por este concepto.

115 Sentencia del 13 de abril de 2023, expediente 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-2020).
116Subsección B, sentencia del 10 de julio de 2014, radicación: 52001-23-31-000-2006-00268-
01(0354-09).

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144. Asimismo, se comparte la tasación realizada por el a quo, en razón de la ausencia
de precisión y especificidad del declarante y el arbitrio iudice, según el cual «es el
funcionario de conocimiento quien, por esa misma condición, puede inferir las
circunstancias que inciden en el ámbito más intrínseco de quien depreca la indemnización,
pudiendo definir qué retribución se aviene como adecuada con base en los criterios de
equidad, justicia y reparación integral para menguar el trauma derivado del proceso»117.

145. En consecuencia, como la Sala no observa circunstancia o argumento alguno que
amerite la variación en la tasación de los perjuicios, la condena impuesta por el a quo
se mantendrá incólume.

2.7.2. La pérdida de oportunidad

146. En el recurso, la parte demandante sostuvo que la demora en la revocatoria de
los actos sancionatorios le impidió inscribirse como candidato al concejo municipal
para el periodo 2020 – 2023; asimismo, que «tuvo que inscribir» a su hija, quien
finalmente fue elegida concejal. Solicitó el pago de los honorarios por dicho periodo
porque se le privó de la oportunidad de continuar con su carrera política.

147. Para respaldar el cargo de apelación, la parte demandante citó la sentencia del
8 de agosto de 2018118 dictada por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
corporación. Aunque el análisis se enfocó en la responsabilidad por el daño derivado
de la actividad médica, explicó que la pérdida de oportunidad o de chance se
configura «en todos aquellos casos en los que una persona se encontraba en situación de
poder conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida,
pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro, acontecer o conducta que
genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría
producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha
cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial».

148. De otro lado, en sentencia del 18 de noviembre de 2021 la misma Sección
consideró que la pérdida de oportunidad no puede reducirse por el hecho de la
incertidumbre, sino que deben presentarse las suficientes pruebas que demuestren
que la persona tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado acorde a sus
intereses.

149. A la par, si bien para acreditarla basta con la aleatoriedad del eventual resultado
favorable, debe existir certeza sobre la existencia de la oportunidad, entendida como
«la expectativa real, seria y relevante que, en ausencia del hecho dañoso, la víctima habría
mantenido intacta la expectativa de obtener un provecho o de evitar un perjuicio, de manera
que la oportunidad se extinguió de forma irreversible para la víctima pues de lo contrario el

117 Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de enero de 2011, radicación 76001-23-31-000-

1996-2874-01.
118 Radicación 05001-23-31-000-2002-00774-01 (45138).

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daño sería eventual».

150. En otra oportunidad119, se explicó que (i) la pérdida de oportunidad no parte de
la existencia de un derecho subjetivo que se ve afectado por una conducta
antijurídica, sino de la frustración de una posibilidad o legítima expectativa de
concretarlo o de impedir la ocurrencia de un menoscabo; y (ii) sus «elementos
nucleares» son: la existencia cierta de una posibilidad real de obtener una ganancia
o de impedir una pérdida; y la incertidumbre causal que se deriva del
desconocimiento sobre qué habría ocurrido con esa posibilidad en caso de que la
conducta u omisión antijurídica de un tercero no hubiera frustrado definitivamente la
trayectoria normal de los eventos. Asimismo:

«[...] es necesario que la parte que reclama la pérdida de oportunidad establezca
que antes de la ocurrencia del hecho generador del daño, estaba en una posición
potencialmente apta para producir un resultado beneficioso para ella. Las
posibilidades vagas o la mera eventualidad de un provecho no resultan
jurídicamente relevantes como asunto indemnizable. Sobre este punto, la
Sección Tercera indicó:

Por otra parte, con el fin de precisar los alcances de la noción de ‘pérdida
de oportunidad’ conviene identificar con la mayor claridad posible sus
límites: así, de un lado, en caso de que el ‘chance’ constituya en
realidad una posibilidad muy vaga y genérica, se estará en presencia
de un daño meramente hipotético o eventual que no resulta
indemnizable y, de otro lado, no puede perderse de vista que lo perdido o
frustrado es la oportunidad en sí misma y no el beneficio que se esperaba
lograr o la pérdida que se pretendía eludir, los cuales constituyen rubros
distintos del daño”120 (énfasis agregado)» [sic].

151. Ahora bien, al plenario se aportó certificación expedida por el Concejo Municipal
de Valledupar, según el cual Gabriel Muvdi Aranguena se desempeñó como
concejal en los siguientes periodos:

• 2 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007
• 2 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011
• 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015
• 2 de enero de 2016 al 12 de noviembre de 2019

152. Aunque la Sala reconoce la carrera política del demandante, considera que las
decisiones sancionatorias revocadas no le dan el carácter cierto al daño por pérdida
de oportunidad, pues no se privó definitivamente la posibilidad de ser elegido
concejal del municipio de Valledupar. Si bien es cierto que el proceso electoral que
comprende (i) el aval del partido y la inclusión de la lista de candidatos al concejo;

119 Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, radicación 76001-23-31-

000-2007-00092-05 (53479).
120 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010. Exp. 18.593, C.P. Mauricio Fajardo

Gómez

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(ii) la campaña que incluye la promoción política, publicidad, debates y actividades
con los electores; (iii) la elección y, por consiguiente, el número de votos necesarios
para ser elegido, lo cierto es que estos últimos no son suficientes, pues su elección
como concejal también depende del sistema que se aplique para asignar las curules
[como la cifra repartidora], el tipo de lista, el umbral electoral, entre otros.

153. Tampoco es un indicador que la hija del demandante hubiese sido elegida
concejal del municipio de Valledupar, pues no se demostró que fue únicamente por
su apoyo y los votos a él dados en periodos anteriores que logró obtener la curul.
Además, del testimonio de Arafat Celedón Cantillo no se puede establecer la certeza
del daño, en razón a que (i) se limitó a manifestar que Mariam Muvdi Vega «salió
electa para ese periodo», sin decir cuál y cómo; y (ii) el apoderado acudió a una
pregunta por afirmación, en la cual incluyó un hecho que no se demostró en el
plenario, pues le preguntó: «díganos si una vez inhabilitado el concejal Gabriel Muvdi
Aranguena hacia quién dirigió ese caudal electoral [...] y si dicha persona salió electa para
ese periodo», a lo que contestó «a su hija Mariam Muvdi». Esta última afirmación,
además de estar dirigida por el profesional del derecho, tampoco permite establecer
la certeza supra indicada.

154. En suma, se considera que la trayectoria o carrera política del demandante no
resulta suficiente para tener por acreditada la existencia cierta del daño. Así, la
experiencia no permite concluir ─por sí sola─ que existiera una probabilidad
concreta y verificable de acceder a la elección, en tanto depende de diversos
factores propios de la dinámica electoral que escapan a un análisis hipotético.

155. A esto se agrega que (i) el beneficio depende del alea propia del certamen que
puede o no ser exitoso; y (ii) todavía puede inscribirse y ser elegido. En ese orden,
comoquiera que al tenor de lo expuesto el daño se torna en incierto, deviene
improcedente el reconocimiento económico reclamado.

2.8. Las costas en primera instancia

156. En el recurso de apelación se alegó que en la primera instancia se debía
condenar en costas a la entidad demandada, en razón a que aportó los gastos
procesales en que incurrió para su defensa y el pago de los aranceles judiciales.
Adicionalmente, participó activamente en el transcurso del proceso.

157. Sobre la condena en costas, el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

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En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

158. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

159. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma121.

160. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existen acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron.

161. Sobre el particular, esta Subsección ha señalado que el vocablo disponer tiene
una segunda acepción en el diccionario de la Real Academia Española que significa:
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse», lo que implica que aludido
enunciado según el cual «la sentencia dispondrá sobre la condena en costas», el cual
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio, sino que exige
un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las
partes, previa imposición de la medida, que limita la discrecionalidad o el arbitrio
judicial para dar paso a una aplicación razonable de la norma122.

162. Asimismo, cuando la norma señala que la liquidación y ejecución se regirá por
las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy Código General del Proceso] no
implica que deba atenderse a las reglas allí señaladas para los eventos en que
procede la condena en costas, sino que, en caso de acreditar su causación, la
liquidación y ejecución seguirá esas disposiciones.

163. De otro lado, la adición de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA
refuerza el argumento relativo a la necesidad de analizar la conducta de las partes,
pues deja en evidencia que debe evaluarse si la demanda se presentó con
manifiesta carencia de fundamento legal, es decir, aun cuando el demandante haya
sido vencido en el proceso y no se haya advertido una conducta temeraria o de mala
fe que implique ser condenado en costas, esta procederá si se observa que no tenía

121 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
122 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de diciembre de 2016,

radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014) M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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fundamento legal.

164. De esta manera, está claro que el legislador no pretendió imponer al juez la
necesidad de condenar en costas cuando una las partes fue vencida, sino la de
pronunciarse sobre la base de un juicio subjetivo valorativo para decidir si procede.
Para tal efecto, es necesario que i) revise la conducta de las partes en el proceso;
y ii) en el expediente, identifique si las referidas costas se causaron.

165. Distinto es que, luego de concluir que hay lugar a condenar en costas, la cuantía
de la condena se fije en atención a lo dispuesto en el CGP y a la posición de los
sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el
trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos
recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal123.

166. Con todo, la condena en costas no procede automáticamente por el solo hecho
de que una de las partes resulte vencida en el proceso. El juez debe emitir siempre
un pronunciamiento sobre ellas, pero su imposición requiere un análisis subjetivo
valorativo de la conducta procesal con verificación de si hubo temeridad, mala fe o
manifiesta carencia de fundamento legal.

167. En el caso concreto, aunque el a quo se abstuvo de condenar en costas porque
las pretensiones prosperaron parcialmente, de conformidad con los artículos 365 y
366 del Código General del Proceso, criterio que se distancia de lo aquí expuesto,
la Sala mantendrá la decisión, en razón a que al revisar la actuación no se encuentra
alguna de esas acciones que merezca la imposición por este concepto.

2.9. Conclusión

168. Por las razones anotadas en precedencia, se revocará el ordinal primero de la
sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de los fallos
disciplinarios proferidos el 12 de diciembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 por la
Procuraduría Regional del Cesar y la Procuraduría Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa, respectivamente, mediante los cuales se impuso la
sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, únicamente
en lo que respecta al actor. En lo demás, se confirmará la decisión.

169. Lo anterior, porque la PGN no examinó en debida forma la categoría dogmática
de tipicidad, es decir, no realizó el juicio de subsunción, lo que impidió que
examinara a la luz de la jurisprudencia la inhabilidad prevista en el inciso 8 del
artículo 272 de la Constitución Política, en especial, el factor territorial, pues la
Defensoría del Pueblo es de naturaleza nacional y desarrolla sus funciones de

123 Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, modificado

por el Acuerdo PSAA13-9943 de 2013.

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manera desconcentrada, lo que excluía el presupuesto de que se tratara de una
entidad del orden departamental, municipal o distrital.

170. De otro lado, (i) se confirmarán los perjuicios morales reconocidos, en razón a
que del testimonio practicado no se pueden extraer elementos que permitan el
quantum reconocido por el a quo; y (ii) se negarán los demás perjuicios inmateriales
y la indemnización por pérdida de oportunidad por ausencia de prueba.

2.10. Costas en la segunda instancia

171. En esta instancia no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar el 26 de septiembre de 2024 que declaró la ocurrencia del
fenómeno jurídico de la sustracción de materia respecto de las pretensiones de
nulidad.

En su lugar se dispone: declarar la nulidad parcial de los fallos disciplinarios
proferidos el 12 de diciembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 por la Procuraduría
Regional del Cesar y la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa, respectivamente, mediante los cuales se impuso al demandante la
sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, únicamente
en lo que concierne a Gabriel Muvdi Aranguena.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 26 de septiembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara el voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

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