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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2020-00566-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2020-00566-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR los ordinales primero y sexto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, por las razones expuestas en precedencia, los cuales quedarán así: «PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial de los fallos disciplinarios proferidos el 12 de diciembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 por la Procuraduría Regional del Cesar y la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, respectivamente, mediante los cuales se impuso al demandante la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, únicamente en lo que concierne al señor Ricardo José López Valera. SEXTO: CONDENAR en costas en primera instancia a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en precedencia». SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 31 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar. CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2020-00566-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-39-000-2020-00566-01 (6898-2024)
Demandante: Ricardo José López Valera y otros1
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Indemnización de perjuicios causados con los actos
administrativos contentivos de sanción disciplinaria.
Revocatoria directa.
Decisión: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverán los recursos de apelación presentados por los
abogados de las partes demandante y demandada contra la sentencia de fecha 31
de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que concedió
parcialmente las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la entidad
accionada.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se exigió la nulidad de: i) el fallo disciplinario de
fecha 12 de diciembre de 20182, dictado por la Procuraduría Regional del Cesar, a
través del cual se sancionó al actor -entre otros- con destitución e inhabilidad
general para el ejercicio de empleos públicos por el término de doce años; ii) el fallo
de segunda instancia de fecha 17 de mayo de 20193, mediante el cual la
Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa confirmó la anterior
decisión y; iii) el proveído de 21 de junio de 20194, con el que esa misma delegada
adicionó el fallo de segunda instancia.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

i) La eliminación de la sanción impuesta;

1 El resto de la parte actora está integrada por María Paz López Arismendi (hija), Adriana Carolina Manjarrez

Ustariz (cónyuge), Buenaventura del Carmen Valera de López (madre), Ingrid Pastora López Valera (hermana),
Tulia Leonor López Valera (hermana), Luis Armando López Valera (hermano) y Clarena Pilar López Valera
(hermana).
2 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo «ExpedienteDigitalSamai(.zip) NroActua 3», documento

«02DemandaNYR20200007100-1», folios 13-45.
3 Ejusdem., folios 46-110.
4 Ejusdem., folios 113-127.

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ii) La indemnización de los perjuicios materiales concretados en:

a) El lucro cesante representado por los honorarios que, como concejal de
Valledupar, dejó de recibir entre el 12 de noviembre y el 31 de diciembre de
2019, así como los que se causarían en el periodo constitucional 2020-2023,
para el que también hubiere sido electo de no haber sido sancionado
disciplinariamente.

iii) La indemnización de los perjuicios morales, «de los daños a la vida en
relación y el proyecto de vida» provocados con la sanción objeto de reproche.

4. Así mismo se solicitó el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos
en el CPACA., y la condena en costas de la entidad accionada.

5. Hechos. El señor Ricardo José López Valera fue elegido como concejal de
Valledupar para el periodo constitucional de 2016-2019; cargo del que tomó
posesión el 2 de enero de 2016.

6. En ejercicio de sus competencias legales y constitucionales, al órgano colegiado
le correspondió adelantar la elección del señor Omar Javier Contreras Socarras
como contralor de dicho municipio, en cumplimiento de la sentencia proferida el 15
de diciembre de 2016 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

7. Para el efecto, luego de verificar que el señor Contreras Socarras no estaba
inmerso en alguna causal de inhabilidad, el 3 de marzo de 2017 tomó posesión para
ejercer el cargo por lo que restaba del periodo 2016-2019.

8. La elección y posesión del contralor municipal fue demandada a través del medio
de control de nulidad electoral. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del
Cesar mediante sentencia el 21 de septiembre de 2017, negó las pretensiones de
la demanda; no obstante, al resolver el recurso de apelación, la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en providencia del 29 de julio de 2018, revocó dicha decisión y,
en su lugar, declaró la nulidad de aquella elección, al considerar que el elegido se
encontraba inhabilitado en virtud de lo consagrado en el inciso séptimo del artículo
272 de la Constitución Política, modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo 002
de 2015.

9. Como consecuencia de la anterior determinación judicial, la Procuraduría
Regional del Cesar, por medio del auto del 23 de julio de 2018, abrió indagación
preliminar en contra de todos los concejales de Valledupar, dentro de los que se
encontraba el señor López Valera.

10. Culminado el trámite disciplinario, el 12 de diciembre de 2018 se profirió fallo de
primera instancia en el que se sancionó a todos los investigados con la destitución
e inhabilidad general por el término de doce (12) años. Posteriormente, el 17 de

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mayo de 2019 se emitió la decisión de segunda instancia, que confirmó la aludida
penalidad. Luego, el 21 de junio de 2019, la Procuraduría Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa adicionó el fallo de segundo grado.

11. La decisión quedó ejecutoriada el 23 de octubre de 2019. El día siguiente, la
procuradora regional del Cesar solicitó al presidente del Concejo Municipal de
Valledupar ejecutar la sanción antes mencionada.

12. En virtud de lo anterior, el señor Ricardo José López Valera se desempeñó
como concejal de Valledupar hasta el 11 de noviembre de 2019, pues al día
siguiente se expidió la Resolución nro. 047 que ejecutó la citada sanción.

13. Con el Acto Legislativo nro. 04 de 2019 se determinó que la inhabilidad para ser
elegido contralor municipal se predicaba de quien hubiese ocupado cargo público
en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal. Guiado por ello,
el apoderado de los concejales sancionados solicitó la aplicación del principio de
favorabilidad y la revocatoria directa de los fallos de primera y segunda instancia,
solicitud que fue reiterada en cuatro oportunidades posteriores.

14. El 27 de noviembre de 2019, la Corte Constitucional emitió el comunicado nro.
48, informando que en la sentencia SU-566 de 2019 se determinó que, al momento
de la elección de contralor municipal, el señor Omar Javier Contreras Socarrás no
se encontraba inhabilitado para ser elegido en dicho cargo, puesto que el empleo
desempeñado en el año anterior a su elección -defensor regional del pueblo-, no es
del orden departamental. En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 19 de
julio de 2019, en la que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la
decisión de 21 de septiembre de 2017, a través de la cual el Tribunal Administrativo
del Cesar declaró la nulidad de la elección del citado funcionario.

15. Las anteriores circunstancias afectaron la economía de los accionantes, debido
a que sus ingresos se vieron mermados por un error en la interpretación de la
Procuraduría General de la Nación.

16. Finalmente, indicó que los demandantes experimentaron una grave afectación
emocional y psicológica, debido al escándalo mediático ocasionado.

17. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, los actos administrativos
demandados infringieron las siguientes disposiciones: artículo 272 de la
Constitución política, modificado por el artículo 4.° del Acto Legislativo 04 del 2019;
6.° de la Ley 330 de 1996 y la sentencia SU-566 de 2019. En el concepto de
violación, la abogada de la parte actora expuso lo siguiente:

18. Afirmó que la Defensoría del Pueblo es una entidad del orden nacional que no
tiene incidencia en las decisiones que se toman a nivel territorial, razón por la que
es claro que el señor Ricardo López Valera no incurrió en una conducta constitutiva

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de falta disciplinaria, al elegir al señor Omar Javier Contreras Socarrás como
contralor de Valledupar.

19. Tal como lo sostuvo la Corte Constitucional, el haberse desempeñado como
defensor del pueblo hasta unos días antes de su posesión, no daba lugar a
inhabilidad alguna.

20. Más allá de una simple irregularidad procesal, la Procuraduría General de la
Nación se equivocó al realizar una interpretación extensiva de los empleados
públicos del nivel directivo y del orden nacional, cuando debió hacer una
interpretación gramatical y restrictiva.

21. Contestación de la demanda. Oportunamente, la entidad demandada contestó
la demanda, en los siguientes términos5:

22. La apoderada de la parte demandante no realizó un adecuado ejercicio
argumentativo frente a los posibles vicios de los fallos disciplinarios. Aunque se
reprocharon las disposiciones normativas que tuvo en cuenta el operador a la hora
de estructurar el juicio de responsabilidad, no se enunciaron las causales de nulidad,
ni las directrices legales que fueron infringidas.

23. Lo dicho en precedencia es una exigencia contenida en el numeral 4.° del
artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).

24. Dejando de lado lo anterior, es claro que el proceso disciplinario en contra de
los concejales de Valledupar se inició de forma oficiosa por la Procuraduría Regional
del Cesar, en especial atención a la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado el 19 de julio de 2018, en la que se declaró la nulidad de la
elección del contralor municipal, por encontrar configurada la inhabilidad
contemplada en el inciso octavo del artículo 272 de la Constitución Política.

25. Además, a dicho trámite se le sumó la queja identificada con el radicado E-2018-
411196/IUC-D-2018-1167939, que presentó el señor Carlos Alberto Pallares
Buelvas.

26. La mentada procuraduría ordenó adelantar proceso verbal, convocando a
audiencia pública e imputando el siguiente pliego de cargos a los convocantes: «en
la sesión extraordinaria de 28 de febrero de 2017 eligieron al señor OMAR JAVIR
CONTRERAS SOCARRAS identificado con cédula de ciudadanía nro. 77.182.893
como contralor del Municipio de Valledupar para lo restante del período 2016 –
2019, en quien concurría la causal de inhabilidad establecida en el inciso 8 del

5 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo «ExpedienteDigitalSamai(.zip) NroActua 3», documento
«006_ED_00EXPEDIENTEJUZGADO4», PDF 16CONTESTACIÓNDEMANDADA PROCU.

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artículo 272 de la Constitución Política». Por consiguiente, tipificó la conducta en el
numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

27. Surtidas todas las etapas del proceso disciplinario, el 18 de diciembre de 2018
se profirió fallo de primera instancia donde se sancionó a los concejales con
destitución e inhabilidad por el término de 12 años, decisión que fue confirmada el
21 de junio de 2019 por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa.

28. A pesar de lo expuesto en precedencia, el Procurador General de la Nación,
mediante auto del 1.° de junio de 2020, y en aplicación del principio de favorabilidad,
revocó los fallos sancionatorios y, consecuentemente, absolvió de responsabilidad
disciplinaria a todos los concejales, entre ellos, el demandante, ordenando la
eliminación de las anotaciones negativas en los antecedentes de la entidad.

29. Esa decisión se basó en el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 y
en la sentencia SU-566 del 27 de noviembre de ese mismo año, posteriores a la
expedición de los fallos disciplinarios.

30. En ese contexto, al haberse dado aplicación del aludido principio, no es cierto
que las decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación, en su
momento, eran manifiestamente contrarias a la constitución, las normas y la
jurisprudencia. Pues, lo que ocurrió fue la figura del decaimiento por un hecho
sobreviniente.

31. Por otro lado, la entidad se opuso a los perjuicios reclamados, dado que las
circunstancias del caso se encuadran dentro de una de las situaciones bajo las
cuales el servidor público puede soportar la obligación impuesta por la
administración, siendo legal y legítima la posible causación de perjuicios por parte
del Estado. Pues, la actuación disciplinaria se inició porque la procuraduría contaba
con los elementos suficientes para iniciar la investigación.

32. Si bien no se desconoce que la vinculación del actor a la investigación pudo
generar algún tipo de angustia, tal circunstancia no puede considerarse en sí misma
como un daño que deba ser indemnizado, toda vez que tal zozobra ha de
encontrarse en el marco normal de lo que cualquier persona que desempeñe
funciones públicas está sujeta a sobrellevar cuando se ordene indagar sobre una
posible transgresión a la ley disciplinaria. De no ser así, entonces todas las
investigaciones a servidores públicos llevarían intrínsecamente un desarrollo de la
institución del daño, situación que, bajo las premisas estudiadas, desvirtuaría los
alcances de la función disciplinaria en cabeza de la Procuraduría General de la
Nación.

33. Con relación a los perjuicios morales, no se puede acceder a dicha pretensión,
debido a que los mismos no se encuentran demostrados.

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34. Adicionalmente, conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado, no es
posible transmitir las consecuencias del acto administrativo por concepto de daño
moral al núcleo familiar, si no se acreditan los elementos de agresión fáctica –
jurídica, el núcleo de afectación y el reflejo externo.

35. Finalmente, propuso las excepciones de «ineptitud sustantiva de la demanda»
y «genérica o innominada».

36. Sentencia de primera instancia6. El 31 de octubre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Cesar dictó sentencia en la que resolvió lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar la ocurrencia del fenómeno jurídico de la sustracción de
materia frente a las pretensiones de nulidad formuladas por el señor RICARDO
JOSÉ LÓPEZ VALERA contra la Procuraduría General de la Nación, por cuanto los
actos acusados fueron revocados directamente por el ente demandado. En
consecuencia, se abstiene la Sala de pronunciarse de fondo sobre estas
pretensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar el valor de los
honorarios dejados de percibir por el señor RICARDO JOSÉ LÓPEZ VALERA como
concejal del Municipio de Valledupar, por no asistir a las sesiones llevadas a cabo
por dicha corporación entre el 12 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2019,
al haberse interrumpido el periodo constitucional para el cual fue elegido debido a la
sanción disciplinaria a él impuesta.

Para tal efecto, la entidad demandada deberá liquidar el valor de los honorarios por
asistir a las sesiones celebradas por el Concejo Municipal de Valledupar durante el
año 2019 después de la destitución del señor LÓPEZ VALERA, y pagar dichos
valores debidamente indexados, previas las deducciones de ley.

TERCERO: Condenar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a
indemnizar los perjuicios inmateriales en la modalidad de daño moral a favor del
señor RICARDO JOSÉ LÓPEZ VALERA, en la suma de 20 salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

[…]»

37. Con tales propósitos, luego de relacionar los hechos debidamente acreditados
dentro del expediente, el tribunal de primera instancia indicó que por sustracción de
materia no emitiría pronunciamiento frente a la nulidad de los actos enjuiciados ni a
la pretensión de eliminación de los antecedentes disciplinarios, pues la demandada,
mediante auto del 1.° de junio de 2020, revocó los fallos sancionatorios.

38. En razón a ello, solo estudió lo relativo a los perjuicios materiales e inmateriales

6 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo «ExpedienteDigitalSamai(.zip) NroActua 3», documento
«041SentenciadePr_20220029900Sentencia».

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reclamados por la parte demandante. Para ello, aclaró que, a pesar de que la
entidad demandada y el Ministerio Público afirmaron que no había lugar a ellos,
porque la interpretación de la Corte Constitucional (sentencia SU-566 de 2019)
resultó ser una circunstancia sobreviniente a la decisión disciplinaria, la intelección
normativa no podía considerarse como un hecho posterior de cara a los efectos que
producen los actos administrativos.

39. De conformidad con lo estipulado en el artículo 3.° del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), «todas las autoridades
deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la
Constitución Política (…)», de manera que, al margen de que la tesis del Consejo
de Estado vigente al momento de los hechos haya sido una, el ente disciplinario
estaba obligado a interpretar y aplicar la norma constitucional en armonía con la
propia Constitución Política.

40. Así las cosas, el motivo real de la revocatoria directa de los actos administrativos
que impusieron la sanción de destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos
al señor López Valera, fue un error de derecho que existió al momento de la
adopción de la decisión sancionatoria, consistente en una interpretación de la norma
constitucional contraria a los principios constitucionales aplicables al caso.

41. Perjuicios materiales.

42. Lucro cesante. El señor Ricardo José López Valera solicitó el reconocimiento
y pago de los honorarios dejados de percibir como concejal desde el 12 de
noviembre hasta el 31 de diciembre de 2019, por valor de 8.012.281 COP y la suma
de 347.940.906 COP, por el mismo concepto, pero del periodo 2020-2023.

43. En primer lugar, el tribunal indicó que, el demandante no participó en siete (7)
sesiones, producto de su destitución. De modo que había lugar a su reconocimiento
y pago con las deducciones de ley correspondientes. Cada una de las sesiones fue
remunerada en cuantía de 421.699 COP.

44. En segundo lugar, no accedió al pago de los honorarios del periodo 2020-2023,
puesto que, si bien es cierto que la inhabilidad impuesta le impidió postularse e
inscribirse como candidato al concejo para la siguiente contienda electoral, dicho
reconocimiento parte del terreno de las conjeturas y los supuestos hipotéticos. En
efecto, nada garantizaba que la candidatura hubiese sido exitosa, máxime cuando
en una corporación como el concejo, la elección de sus curules depende de
múltiples factores adicionales, como lo son el umbral alcanzado por el partido
político respectivo, el número de votantes y la cantidad de candidatos de un mismo
partido.

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45. Perjuicios inmateriales.

46. Daño moral. Cada uno de los demandantes solicitó la suma de 100 SMLMV,
en razón de las afectaciones psicológicas (congoja y sentimientos de dolor) que
padecieron al haber sido sometidos al escarnio público.

47. El a quo solo reconoció este perjuicio al concejal, en cuantía de 20 SMLMV,
toda vez que con los testimonios de los señores Luis José Gómez Gutíerrez, Andrea
Carolina Ramos Varela y José Javier López Aragón se logró acreditar las graves
afectaciones morales que sufrió el demandante por los fallos disciplinarios y por la
imposibilidad que tuvo de participar en los siguientes comicios.

48. Aunque el testimonio del señor José Javier López Aragón fue tachado de
sospechoso por ser sobrino del concejal López Valera, el tribunal le atribuyó total
credibilidad a la declaración rendida por el testigo, dado que, por la cercanía de este
con el afectado directo de la sanción, era conocedor de primera mano de la
afectación moral padecida.

49. Al mismo tiempo, indicó que este daño tiene connotación de ser leve y no
trasciende a sus familiares, por cuanto el buen nombre y honra de los actores
políticos, no afecta sino al titular de dicha honra, máxime si se tiene en cuenta la
exposición pública a la que están sometidos. Adicionalmente, no se allegaron
pruebas que permitieran corroborar que este perjuicio fue trasmitido a los demás
demandantes.

50. Para el monto de 20 SMLMV se tuvo en cuenta la proporción de los topes
indemnizatorios máximos reconocidos por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014.

51. Daño a la vida en relación. Cada uno de los demandantes solicitó la suma de
100 SMLMV producto de las alteraciones de las condiciones de existencias a que
se vieron sometidos, especialmente el señor Ricardo José López Valera.

52. Sin embargo, no se accedió a esta pretensión, dado que según la jurisprudencia
del máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativo, se necesita más
que los testimonios para su acreditación, dado que los testigos por razones de
familiaridad o amistad pueden sobreestimar la realidad de lo sucedido.

53. Los declarantes trataron de acreditar el impacto negativo que tuvo la actora,
quien con ocasión de la sanción presuntamente sufrió de depresión u otras
afectaciones psicológicas, pero dejaron claro que no fue asistido por un profesional
que lo ayudara a salir de ese estado.

54. Daño al proyecto de vida. Se pidió 100 SMLMV en favor de la afectada directa
con los actos administrativos sancionatorios, por la imposibilidad de inscribirse como
candidato al concejo de Valledupar para el siguiente periodo, coartándole el derecho

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político de ser elegida nuevamente.

55. La misma suerte corrieron los perjuicios reclamados como “daños al proyecto
de vida”, que ni siquiera son una tipología de perjuicios reconocida como
indemnizable dentro de la jurisprudencia vigente, y de la lectura del componente
real del daño que se pretende resarcir, se deduce que este corresponde a un daño
moral que ya fue resarcido.

56. Recursos de apelación7. Oportunamente, las partes impugnaron la sentencia
de primera instancia, los cuales fueron sustentados de la siguiente manera:

57. Parte demandada. No se comparte el criterio utilizado para probar la existencia
del daño irrogado, debido a que los fundamentos normativos bajo los cuales la
entidad estructuró la tipicidad y citó a audiencia al señor Leonardo Mestre (sic), y a
otros concejales para la formulación de cargos, estaban dados por el artículo 272
de la Constitución Política -antes de la reforma introducida por el Acto Legislativo
04 de 2019-, el cual señalaba que no podía ser elegido contralor departamental,
distrital o municipal quien hubiera sido en el último año miembro de la Asamblea o
Concejo que debía hacer la elección, ni quien hubiera ocupado cargo público en el
nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal. Tanto es así, que en la
sentencia SU-566 de 2019, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que no
se demostró el alegado desconocimiento del precedente.

58. Lo anterior, dio lugar a la pérdida de ejecutoria del acto administrativo
(decaimiento). En tanto, los fallos sancionatorios eran inejecutables al haber
desaparecido el sustento de hecho con los cuales nacieron a la vida jurídica, razón
por la que se expidió el auto del 1.° de junio de 2020.

59. Así las cosas, no se debe realizar reproche alguno a la Procuraduría General
de la Nación, puesto que su accionar fue con base en la línea jurisprudencial de la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

60. Parte demandante:

61. Se olvidó el tribunal que en el expediente obraba la Resolución 074 de 2017,
por medio del cual se crearon las salas territoriales disciplinarias y se distribuyó la
competencia a nivel territorial en la Procuraduría General de la Nación, lo anterior
es importante, porque la Procuraduría Regional del Cesar no debía adelantar la
actuación disciplinaria.

62. No se reconocieron los honorarios dejados de percibir en el periodo 2020-2023,
pese a que estaba demostrado que el señor Ricardo José López Valera no se pudo
inscribir y no participó como candidato para la siguiente contienda electoral,

7 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo «ED_68001233300020170095(.zip) NroActua 2», documento

denominado «0086ApelaciónDemandante».

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precisamente por encontrarse inhabilitado, razón por la que este daño no puede ser
considerado como eventual o hipotético.

63. A diferencia de las consideraciones del a quo, el restablecimiento también debe
ser hacia el futuro, precisamente porque producto de la inhabilidad no pudo
inscribirse en las próximas contiendas electorales. Para el efecto, relacionó una
jurisprudencia sobre la pérdida de oportunidad.

64. En síntesis, se ordenó el pago de unos perjuicios irrisorios, que desconocen los
parámetros establecidos por el Consejo de Estado para su reconocimiento, razón
por la cual indicó que se tuviera en cuenta las providencias emitidas por esa
corporación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca8.

65. Está demostrado con las pruebas testimoniales y documentales allegadas en
debida forma al expediente, que el concejal y su grupo familiar se vieron afectados
psicológica y emocionalmente, como consecuencia de los fallos disciplinarios
emitidos por la Procuraduría General de la Nación.

66. Por otro lado, solicitó que se condenara en costas a la entidad demandada, por
cuanto el tribunal no acudió al criterio objetivo valorativo, vigente sobre la materia.
Además, que se tuvo que contratar un abogado para la presentación de la demanda.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

67. La admisión del recurso. Mediante auto de 14 de febrero de 2025, se
admitieron los recursos de apelación9. Dentro de la oportunidad prevista en los
numerales 4.° y 6.° del artículo 247 del CPACA., no se registraron intervenciones
de las partes ni del agente del ministerio público delegado ante esta corporación.

68. Control de legalidad10. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
se resolverán las alzadas, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

69. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Sala de
Subsección es competente para resolver los recursos de apelación.

8 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia del 14 de noviembre de 2018; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2013; Consejo de Estado, Sala Plena,
Sección Tercera, sentencia del 23 de agosto de 2012.
9 Ver índice 4 de la plataforma SAMAI.
10 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».

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70. Cuestión previa. Competencia de la PGN para imponer sanciones
disciplinarias a los servidores de elección popular.

71. En sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional estudió la demanda de
inconstitucionalidad presentada en contra del numeral 1.° del artículo 44, el literal d)
del artículo 45 y el inciso 1.° del artículo 46 de la Ley 734 de 2002. En aquella
oportunidad, ese tribunal indicó que la facultad otorgada a la PGN para sancionar a
los servidores públicos de elección popular no contrariaba los artículos 93 de la carta
magna y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH).

72. Después de esta decisión, al interior de dicha Corte se consolidó una línea
jurisprudencial —SU-712 de 2013, C-086 de 2019, C-111 de 2019, C-030 de 2023,
SU-381 de 2024 y SU-382 de 2024—, que ratificó la competencia del ente de control
para sancionar a tales servidores.

73. Por su parte, la Subsección “B” de la Sección Tercera11 de esta corporación, al
resolver una acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación
contra las Subsecciones “A” y “B” de este mismo órgano, amparó los derechos
fundamentales de la entidad accionante, al considerar que se había desconocido el
precedente antes expuesto.

74. Además, en esta última providencia se reafirmó el principio de cosa juzgada
constitucional al exponer que, en el Auto de Unificación del 3 de diciembre de
202412, la Sala Plena de esta corporación reiteró que las sentencias de
constitucionalidad signadas por la Corte —entre ellas, la C-030 de 2023— son
vinculantes y no admiten reinterpretaciones basadas en estándares convencionales
posteriores.

75. Por lo que sigue, se resolverán los cargos formulados en los recursos de
apelación.

76. Problemas jurídicos. Atendiendo los argumentos planteados en los recursos
de apelación, se determinará sí:

77. ¿Es procedente estudiar la legalidad de los actos administrativos que
impusieron la sanción disciplinaria a los concejales de Valledupar, pese a que fueron
revocados directamente por la PGN?

78. ¿El señor Ricardo José López Valera tiene derecho al reconocimiento y pago
de los perjuicios materiales reclamados en la demanda?

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B., C.P. Alberto

Montaña Plata, sentencia del 24 de febrero de 2025, expedientes nro.: 11001-03-15-000-2024-04153-00
(acumulado con los siguientes) 11001-03-15-000-2024-03980-00, 11001-03-15-000-2024-04285-00 y 11001-
03-15-000-2024-05727-00.
12 Expediente nro. 11001-03-15-000-2023-00871-00, demandante: Esther María Jalilie García.

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79. ¿El resto de demandantes, esto es, los familiares del señor Ricardo José López
Valera tienen derecho al reconocimiento y pago de los perjuicios inmateriales
reclamados en la demanda?

80. ¿El monto reconocido por el Tribunal Administrativo del Cesar respecto de los
perjuicios morales, está acorde a los rangos o parámetros establecidos por la
jurisprudencia de esta corporación?

81. ¿Los fallos disciplinarios fueron expedidos con falta de competencia porque se
desconoció la Resolución nro. 074 del 21 de marzo de 2017, por medio de la cual
se crearon las Salas Territoriales Disciplinarias y se distribuyó la competencia a nivel
territorial?

82. ¿Procede la condena en costas en primera instancia?

83. Caso concreto.

84. El primer interrogante planteado: ¿Es procedente estudiar la legalidad de los
actos administrativos que sancionaron disciplinariamente a los concejales de
Valledupar, pese a que fueron revocados directamente por la PGN?

85. La revocatoria directa en materia disciplinaria se encuentra regulada en el
capítulo cuarto de la Ley 734 de 2002, modificado por la Ley 1474 de 201113. Dentro
de los aspectos más relevantes de esta figura, se destaca que los fallos
sancionatorios pueden ser revocados por la autoridad que los profirió o por el
procurador general de la Nación, de oficio o a petición del interesado, siempre que
infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en
que deban fundarse o cuando con ellos se vulneren o amenacen los derechos
fundamentales.

86. Asimismo, la figura en comento puede formularse aun cuando el castigado haya
acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre y cuando no se
hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere dictado esta, podrá solicitarse
la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión
jurisdiccional.

87. Ahora bien, respecto de los efectos que produce la revocatoria directa de los
actos administrativos disciplinarios, esta corporación ha desarrollado 2 líneas
jurisprudenciales. En la primera de ellas ha considerado que la derogatoria produce
efectos ex tunc —hacia el pasado— y, en la segunda ha pregonado que sus efectos
son ex nunc —hacia el futuro—.

13 No se relaciona la Ley 1952 de 2019, porque no estaba vigente para la fecha en que revocaron de manera
directa los actos sancionatorios.

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88. La anterior distinción reviste especial importancia, debido a que de ella depende
la posibilidad de efectuar o no el control judicial de legalidad de los actos revocados.
Así, cuando se estima que los efectos son ex tunc, se ha sostenido que opera la
figura de la sustracción de materia14 y, por ende, resulta innecesario pronunciarse
sobre la legalidad de las decisiones disciplinarias. En contraste, cuando los efectos
son ex nunc15, se concluye que la revocatoria no elimina la presunción de legalidad
de los actos administrativos mientras estos produjeron efectos jurídicos.

89. Frente a la posibilidad de pronunciarse en sede judicial sobre la legalidad de las
decisiones disciplinarias que han sido revocadas, observa la Sala que
recientemente esta corporación16 recopiló 3 posiciones jurisprudenciales,
sintetizadas así:

«A). Tesis restrictiva

96. En primer lugar, la tesis restrictiva, tal como fue planteada en sentencia del 26
de octubre de 2017 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda, en el
expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00 (0749-12), en la cual estimó lo
siguiente:

«Con la revocación de los actos acusados quedó sin sustrato jurídico y material la
demanda, razón por la cual se torna improcedente realizar examen de legalidad
sobre ellos, por cuanto fueron excluidos del mundo jurídico en el curso de la presente
actuación judicial.

Esta Corporación ha expresado que «cuando un Acto administrativo ilegal
desaparece del mundo jurídico por virtud de la revocatoria directa o bien como
consecuencia de la prosperidad de los recursos interpuestos en su contra, deja de
existir como objeto de acción jurisdiccional de nulidad [...]».

97. En desarrollo de esta postura restrictiva, el Consejo de Estado ha planteado la
hipótesis de la sustracción de materia por carencia de objeto de la siguiente manera:

«De la sustracción de materia:

Como regla general se entiende por sustracción de materia la desaparición de
supuestos, hechos o normas que sustentan una acción, lo cual ocasiona que el juez
no pueda pronunciarse porque se ha extinguido la causa que originó acudir a la
jurisdicción. Como sucedería sí una persona interpone una acción de tutela contra
una entidad por no haber dado respuesta a un derecho de petición, y durante el
curso de la acción ésta lo responde, al juez no le es posible pronunciarse ya que la
causa que originó la acción desapareció, es decir, ha operado la sustracción de
materia.

Al respecto esta Corporación a través de la Sentencia de 17 de noviembre de 2006,
proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, CP:
Héctor Romero Díaz, dijo:

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., C.P. William Hernández Gómez, sentencia del 10 de

octubre de 2018, expediente nro. 10001-03-25-000-2011-00279-00 (1006-2011) y Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A., C.P. Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 31 de marzo de 2022, expediente
nro. 10001-03-25-000-2012-00174-00 (0750-2012).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B., C.P. Juan Enrique Bedoya, sentencia del 19 de marzo

de 2026, expediente nro. 20001-23-39-000-2020-00560-01 (6511-2024).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B., C.P. Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 5 de

marzo de 2026, expediente nro. 63001-23-33-000-2019-00079-01 (1437-2021).

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“(...) frente a los actos particulares demandados, la Sala ha sostenido que es posible
que se presente la sustracción de materia por no existir pretensiones que atender,
motivo que conduciría a dictar fallo inhibitorio, dado que carece de objeto cualquier
pronunciamiento de fondo. Lo anterior, habida cuenta de que la sustracción de
materia, admitida como causal para inhibirse, en este caso aparece por cuanto la
relación sustancial o material que originó la litis ha variado de sentido al punto de
ubicarse en el restablecimiento deprecado en el libelo”.

En síntesis, sí las causas que originaron el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho desaparecen, el juez debe declararse inhibido para
resolver el asunto ya que no hay objeto que se sujete a una sentencia. […].

De las pruebas señaladas, encuentra la Sala que respecto de los actos demandados
operó la sustracción de materia, por cuanto éstos, fueron revocados por la entidad
demandada. No obstante, esta determinación trae consigo el fenecimiento de la
presente acción, por cuanto al desaparecer del ordenamiento dichas decisiones,
como consecuencia de una determinación tomada por el Procurador General de la
Nación por mandato expreso del artículo 122 de la Ley 734 de 2002; se alteró la
relación sustancial que originó la litis.

Sobre este último aspecto, se debe advertir, tal y como lo señaló oportunamente el
Ministerio Público tanto en la contestación de la demandada como en el concepto,
que al no existir pretensiones que atender es inane cualquier consideración
adicional.

Así las cosas, carece de objeto hacer algún pronunciamiento de fondo respecto a
los actos acusados, motivo por el cual la Sala, por sustracción de materia, se
declarará inhibida para fallar sobre la legalidad del Fallo de primera instancia de 3
de diciembre de 2007 proferido por la Procuraduría Provincial de Garzón que
sancionó al actor con destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer
funciones públicas por un término de 10 años y 3 meses y de la decisión de segunda
instancia de 28 de marzo de 2008 expedido por la Procuraduría Regional del Huila
que confirmó la sanción impuesta»17.

B). Tesis amplia

98. En segundo lugar, la Sala destaca una posición favorable a efectuar el control
de legalidad de los actos sancionatorios que han sido revocados, como se advierte
en la sentencia de la Subsección B del 13 de noviembre de 2020, expediente 23001-
23-33000-2015-00094-01(4866-19), en la cual se indicó que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo tiene competencia para pronunciarse sobre la legalidad
de actos administrativos revocados directamente y el medio de control que se ha de
ejercitar a fin de evaluar su legalidad durante el tiempo que estuvieron vigentes, es
el de nulidad y restablecimiento del derecho. Con base en ello determinó:

«[...] Para la Sala, no es de recibo lo alegado por la entidad recurrente respecto de
que no es procedente el control jurisdiccional de los actos sancionatorios por haber
sido revocados y haber desaparecido del mundo jurídico, lo cual es contrario a la
posición jurídica de esta Corporación, pues ésta ha sido reiterativa al señalar que, la
presunción de legalidad no acaba con la revocatoria directa de un acto administrativo
sea de contenido particular o general, sino que ésta termina con el pronunciamiento
que haga el juez administrativo al declararlo nulo, y ello obedece a que hasta tanto
no se produzca dicha decisión los actos demandados conservan la presunción de
legalidad de que gozan, habiendo podido producir efectos o perjuicios durante todo
el tiempo que estuvieron vigentes, lo que torna necesario el pronunciamiento del juez
administrativo sobre su legalidad, y a su vez, se determine en sede jurisdiccional el
tipo y el monto de los perjuicios a resarcir. [...]».

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2013, expediente nro.

11001-0325-000-2010-00088-00(0798-10).

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C). Tesis intermedia

99. Finalmente, la tesis intermedia, plasmada en sentencia igualmente de esta
Subsección, del 9 de marzo de 2020 dentro del proceso 11001-03-25-000-2011-
0065500 (2546-11) en la que se señaló que para determinar el momento desde el
cual se producen los efectos de la decisión de revocatoria frente a los actos
sancionatorios, es necesario identificar las razones que sirvieron de sustento para
que el ente de control haya decidido retirarlos del ordenamiento jurídico, comoquiera
que si se trató de situaciones de hecho o de derecho que existían al momento en
que se produjeron los fallos sancionatorios, los efectos son ex tunc, es decir, que
rigen hacia atrás, de manera que a través de una ficción jurídica, se retrotrae la
situación y los hace desaparecer del mundo jurídico como si no hubieran existido;
mientras que si se trata de circunstancias de hecho o de derecho sobrevinientes al
acto revocado, se predican efectos ex nunc, es decir, posteriores a la revocatoria.
De acuerdo con ese criterio, para ese caso, la Subsección estimó:

«[...] comoquiera que la razón que llevó a la administración a revocar los actos
disciplinarios sancionatorios consistió en que las normas que sirvieron de sustento a
la sanción no eran aplicables para resolver el caso concreto, es forzoso concluir que
las circunstancias de hecho y de derecho que dieron origen a la revocatoria existían
al momento de expedir los actos revocados y bajo tal circunstancia, se puede
concluir que los efectos de tal revocatoria deben ser ex tunc, de manera que se
retrotraiga la situación al estado en que estaba al momento de expedir las decisiones
entonces, [hay lugar] de restablecer el derecho a favor de quienes se vieron
afectados, [durante el tiempo] en que estuvieron vigentes los actos revocados, […].».

100. Como se advierte, esta tesis parte de los efectos de la revocatoria, ex tunc o
ex nunc, para con ello determinar si las pretensiones de restablecimiento del
derecho quedaron satisfechas con la revocatoria, o si debe efectuarse el análisis de
las demás peticiones formuladas en la demanda».

90. La Sala comparte las tesis amplia e intermedia, por cuanto constituyen las
interpretaciones que mejor armonizan con la finalidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues precisamente la jurisdicción de lo
contencioso administrativo tiene como propósito determinar si los actos expedidos
por la administración se ajustaron o no al ordenamiento jurídico.

91. No obstante, también resulta necesario establecer los efectos concretos
producidos por la revocatoria directa en el caso sub examine, pues únicamente
cuando estos son ex tunc podría afirmarse que desapareció íntegramente el objeto
litigioso y que, por ende, operó la sustracción de materia, de lo contrario, se debe
examinar la legalidad del acto y las demás pretensiones.

92. Bajo ese entendido, considera la Sala que en el presente asunto los efectos de
la revocatoria fueron ex nunc y no ex tunc, como lo entendió el tribunal de primera
instancia.

93. Lo anterior, porque las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron la
revocatoria de las decisiones disciplinarias no existían al momento en que se
expidieron los actos sancionatorios, sino que surgieron con posterioridad a ellos,
concretamente con ocasión de la sentencia SU-566 de 2019, proferida por la Corte
Constitucional.

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94. En efecto, el Auto nro. IUS E-2018-342653/IUC D-2018-1147187 del 1.° de junio
de 2020, mediante el cual la Procuraduría General de la Nación revocó las
sanciones disciplinarias impuestas a los concejales de Valledupar, tuvo como
fundamento principal el cambio interpretativo introducido por la Corte Constitucional
en la antedicha sentencia respecto del alcance de la inhabilidad prevista en el
artículo 272 de la Constitución Política.

95. Así las cosas, como la revocatoria directa produjo efectos hacia el futuro y no
tuvo la virtualidad de eliminar los impactos jurídicos producidos por los actos
sancionatorios mientras estuvieron vigentes, resulta procedente efectuar el control
judicial de legalidad de las decisiones disciplinarias demandadas.

96. Respecto del decaimiento alegado por la parte demandante, la Sala precisa que
la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos es un fenómeno que
afecta su eficacia más no su validez. Por lo anterior, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo puede juzgar la legalidad de un acto, aunque haya perdido su fuerza
ejecutoria, por el lapso en que este produjo efectos y con base en las normas
vigentes al momento de su nacimiento y durante su existencia en el ordenamiento
jurídico.

97. La tipicidad como elemento de la responsabilidad disciplinaria.

98. Conforme al artículo 16 de la Ley 734 de 2002, el derecho disciplinario cumple
una doble función: preventiva y correctiva. En esa medida, no solo busca evitar
comportamientos contrarios al orden jurídico, sino también corregir aquellos que
afectan la buena marcha de la administración y comprometen la efectividad de los
fines estatales y de los principios que orientan la función pública 18.

99. Para alcanzar esos fines, el artículo 23 ibidem concibió la falta disciplinaria como
la incursión en cualquiera de las conductas previstas en ese código que conlleve el
incumplimiento de los deberes, la extralimitación en el ejercicio de los derechos o
las funciones, el desconocimiento de régimen de prohibiciones o la vulneración del
sistema de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y/o de los conflictos de
intereses, siempre que no medie una causal de exclusión de responsabilidad.

100. A esta exigencia previa, derivada del debido proceso y del principio de
legalidad, se le denomina «tipicidad»19, la cual demanda que el legislador describa

18 En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho disciplinario,

la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño de los
servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su comportamiento en lo
referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran,
limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser
desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes
sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)
19 En el artículo 4 del CDU se establece «[e]l servidor público y el particular en los casos previstos en este código

sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta
en la ley vigente al momento de su realización.»

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de manera completa, clara e inequívoca los comportamientos sancionables, de
modo que se le permita a sus destinatarios conocer con anterioridad las acciones y
omisiones prohibidas y, además, las sanciones que amerita su realización. En
sentencia C-030 de 201220, la Corte Constitucional expresó:

«[…] En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que
hace parte esencial del principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, de manera
que se exige que “la abstracta descripción que tipifica el legislador con su
correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario
conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la
indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”. Así mismo, ha
expresado que con base en este principio “el legislador no solo esta obligado a
describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones
disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de
manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los
comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta donde llega la
protección jurídica de sus propios actos o actuaciones […]».

101. En consecuencia, este elemento, además de exigir del legislador su
determinación completa, clara y concreta, también requiere del operador
disciplinario un juicio lógico – jurídico riguroso, en orden a precisar si la conducta
investigada se subsume íntegramente en la descripción legal concebida como falta.

102. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el que las
conductas delictivas están taxativamente fijadas por el legislador, en el derecho
disciplinario ha sido imposible catalogar todos los comportamientos constitutivos de
falta. Por tanto, se ha autorizado y validado el uso de tipos abiertos y/o en blanco,
en orden a garantizar la precisión típica frente al proceder del servidor público,
mediante la remisión a un conjunto sistemático de normas que regulan la función
pública y, además, establecen los deberes y prohibiciones que deben ser
respetados durante su ejercicio, so pena de las sanciones dimanadas de su
incumplimiento.

103. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la providencia que se viene
citando, expresó:

«[…] 5.5 En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta
Corporación ha admitido la validez, desde el punto de vista constitucional, de que
las normas que fijen deberes o faltas disciplinarias constituyan “tipos abiertos” o
“conceptos jurídicos indeterminados”.

(i) El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace referencia a “aquellas infracciones
disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado
detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un
complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se
consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los
servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina
por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la
prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento

20 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

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de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción
disciplinaria”21».

104. En consecuencia, el concepto jurídico de tipos abiertos en materia
disciplinaria hace referencia a una regulación genérica con una textura normativa
abierta que, por tanto, amerita un complemento legal para su interpretación y
aplicación y, en consecuencia, remite para su determinación en concreto a aquellas
disposiciones que consagran los deberes, las obligaciones, los mandatos y/o las
prohibiciones para los diferentes servidores públicos.

105. Por su parte, frente a los llamados «tipos en blanco», ha considerado la Corte
que se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles constitucionalmente, en los
casos en que el correspondiente reenvío normativo permita al operador jurídico
establecer y determinar inequívocamente el alcance de la conducta reprochable y
de la sanción correspondiente. Así, en principio, es válido el establecimiento de tipos
disciplinarios que ostentan un grado de determinación menor que los tipos penales,
sin que ello signifique que la imprecisión en la descripción de la conducta
sancionable conduzca a la violación del principio de tipicidad22.

106. Así mismo, ha sostenido la jurisprudencia de esa Corte que las razones
constitucionales que justifican la validez de los tipos en blanco o abiertos en el
derecho disciplinario, se encuentran en la necesidad de salvaguardar el principio de
eficiencia de la función pública, consagrado en el artículo 209 Superior. En este
sentido, esa corporación ha reconocido que:

«[…] se justifica este menor requerimiento de precisión en la definición del tipo
disciplinario por el hecho que de asumir una posición estricta frente a la aplicación
del principio de tipicidad en este campo llevaría simplemente a transcribir, dentro de
la descripción del tipo disciplinario, las normas que consagran los deberes,
mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos”,20 y que “exigir una
descripción detallada en la ley disciplinaria de todos los comportamientos
susceptibles de sanción, conduciría en la práctica a tener que transcribir todo el
catálogo de deberes, mandatos y prohibiciones que se imponen a los servidores
públicos en las distintas normas jurídicas, traduciéndose dicha exigencia en un
obstáculo para la realización coherente, ordenada y sistemática de la función
disciplinaria y de las finalidades que mediante ella se pretenden, cuales son, “la
prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del
cumplimiento de los fines y funciones del Estado” […]23».

107. Todo lo anterior exige por parte del operador disciplinario el despliegue de un
juicio de adecuación típica enmarcado dentro del principio de razonabilidad, en el
que se empleen criterios lógico-jurídicos que le permitan determinar con claridad y
certeza y a partir de las remisiones normativas pertinentes, la existencia de la falta
censurada.

21 Sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y; C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
22 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23 Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis y Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil,

reiterado en la Sentencia C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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108. Hechos probados

109. El 28 de febrero de 201724 el Concejo Municipal de Valledupar se reunió con
el propósito de elegir al contralor municipal para lo que restaba del periodo
constitucional 2016-2019. En dicha sesión, el entonces concejal Ricardo José López
Valera dejó constancia expresa de las razones que sustentaban su voto favorable
al señor Omar Javier Contreras Socarrás.

110. Posteriormente, el señor Carlos Alberto Payares promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra la elección del mencionado
contralor municipal. Dicha controversia fue resuelta inicialmente por el Tribunal
Administrativo del Cesar, autoridad que negó las pretensiones de la demanda. Sin
embargo, la Sección Quinta de esta corporación25 revocó aquella decisión y declaró
la nulidad del acto de elección.

111. El 23 de julio de 201826, se profirió auto de indagación preliminar en contra
de los investigados y, posteriormente, a través del auto del 28 de septiembre de ese
mismo año27 se dispuso tramitar la actuación por el procedimiento verbal, citar a
audiencia y formular pliego de cargos, así:

«ÚNICO CARGO. Los señores… RICARDO JOSÉ LÓPEZ VALERA… en su
condición de concejal del Municipio de Valledupar, Cesar, para el periodo
constitucional 2016-2019 en sesión extraordinaria de 28 de febrero de 2017 eligieron
al señor OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRAS… como Contralor del Municipio
de Valledupar para lo restante del periodo 2016-2019, en quien concurría la causal
de inhabilidad establecida en el inciso 8 del artículo 272 de la Constitución Política.

6. NORMAS VIOLADAS Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA

De acuerdo con el material probatorio incorporado a la actuación procesal, al
analizar las pruebas en conjunto a la luz de los principios que rigen el sistema de
valoración de la sana crítica, como lo exige el artículo 141 de la Ley 734 de 2002, la
conducta de los investigados se adecua al comportamiento típico establecido en el
inciso segundo del numeral 17 del artículo 48 del CDU, según el cual:
Faltas gravísimas, Son faltas gravísimas las siguientes:

17. Actuar u omitir a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad,
inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales
y legales.

Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona
en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.
(Negrilla y subrayado propio)

Acorde con el tenor de la falta disciplinaria anteriormente transcrita, la causal de
inhabilidad en la cual presuntamente se encontraba incurso el doctor Omar Javier
Contreras Socarras, elegido por los concejales en sesión de 28 de febrero de 2017

24 Folio 57 del PDF cuaderno 1.pdf, del expediente digital.
25 Folios 2 a 27 del PDF cuaderno 1.pdf, del expediente digital.
26 Folios 28 y 29 del PDF cuaderno 1.pdf, del expediente digital.
27 Folios 2 a 13 del PDF cuaderno 2.pdf, del expediente digital.

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como contralor municipal de Valledupar para lo que restaba del periodo 2016-2019,
es la establecida en el inciso 8 del artículo 272 de la Constitución Política, según la
cual:

Artículo 272 inciso 8 de la Constitución Nacional

“<Inciso modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto
es el siguiente> No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año
miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya
ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital
o municipal” (Negrilla fuera de texto).

7. CONCEPTO DE VIOLACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE
FUNDAMENTAN EL CARGO

De acuerdo con las credenciales o formatos E-27 expedidos por la registraduría
Nacional del Estado Civil, obrantes a folios 172 a 189 del cuaderno 1, los señores…,
ejercen corresponden al nivel directivo, jerarquía que se encuentra incluida dentro
de las previsión normativa constitucional contentiva de la inhabilidad, como lo ha
sostenido la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, basada en
la línea jurisprudencial de interpretación en lo que respecta al régimen de
inhabilidades en materia electoral, establecida en la sentencia de unificación de 23
de marzo de 2015 Exp. 11001-03-28-000-2014-00034-00.

[…]

La anterior línea jurisprudencial se reflejó en la sentencia de 19 de julio de 2018 por
medio de la cual, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la decisión de
primera instancia expedida por el Tribunal Administrativo del Cesar fechada 21 de
septiembre de 2017 y en su lugar declaró la nulidad del acto mediante el cual se
eligió a Omar Javier Contreras Socarras, toda vez que encontró acreditados todos
los elementos de la inhabilidad contemplada en la mencionada norma constitucional,
así:

[…]

En este punto se concluye que la Defensoría regional de Cesar corresponde a la
desconcentración prevista en la Carta Política y, en tal medida, el ámbito de ejercicio
de sus funciones correspondió a todo este Departamento, dentro del cual se
encuentra incluido, por su puesto el Municipio de Valledupar.

[…]

En ese oren (sic), se demandaba de los Concejales elegir a un contralor sobre el
que no recayera cuestionamiento alguno para ejercer el control fiscal del Municipio,
sin embargo, según acta No. 008 en sesión extraordinaria de 28 de febrero de 2017,
eligieron al doctor Omar Javier Contreras Socarras como Contralor del Municipio de
Valledupar, para lo que restaba del periodo 2016-2019, en quien concurría la causal
de inhabilidad prevista en el inciso 8 del artículo 272 de la Constitución Nacional,
como lo corroboró la Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de segunda
instancia de diecinueve (19) de julio de 2018 dentro del radicado 2001.23.39.003-
2017-00147-01, por lo cual revoco la decisión de primera instancia expedida por el
Tribunal Administrativo del Cesar y en su lugar, declaró la nulidad del acto mediante
el cual se eligió a Omar Javier Contreras Socarras, toda vez que encontró
acreditados todos los elementos de la inhabilidad contemplada en la mencionada
norma constitucional…».

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112. Con fundamento en tales consideraciones, la Procuraduría Regional del
Cesar profirió fallo disciplinario el 12 de diciembre de 201828, mediante el cual
sancionó a los concejales de Valledupar con destitución e inhabilidad general por el
término de doce (12) años, decisión que posteriormente fue confirmada el 17 de
mayo de 201929 por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa.

113. El 1.° de junio de 2020 el procurador general de la Nación revocó
directamente los mencionados fallos y, en su lugar, absolvió de responsabilidad a
los concejales investigados. Tal decisión tuvo como fundamento principal la
inexistencia de la falta disciplinaria atribuida, así como la aplicación del principio de
favorabilidad, al considerar que dentro de la actuación se vulneraron normas
constitucionales y derechos fundamentales de los investigados.

114. Precisado lo anterior, lo primero que debe indicarse es que el inciso octavo
del artículo 272 de la Constitución Política, en su versión original, establecía la
siguiente restricción para quienes aspirarán a ser contralores del nivel local: «[n]o
podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o
concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden
departamental, distrital o municipal, salvo la docencia».

115. A partir de la norma constitucional en cita era que la Sección Quinta de esta
corporación pregonaba la inhabilidad para todos aquellos que, dentro del año
anterior a la elección, hubieren fungido como servidores públicos departamentales,
municipales y distritales en la respectiva entidad territorial.

116. Lo anterior implicaba que, para esos fines, dicha Sección descartara la
aplicación del numeral 2.° del artículo 96 de la Ley 136 de 1994, pues la inhabilidad
se encontraba contenida en la Constitución Política.30
117. En particular, la sentencia de 22 de octubre de 2009, dictada dentro del
expediente 73-001-23-31-000-2008-00052-03 se concluyó:

«[…] Por ende, en la medida en que el artículo 153 (sic) señala que no podrá ser
contralor quien esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el
alcalde municipal, pero únicamente "en lo que le sea aplicable", debe entenderse
que sólo se extienden al contralor aquellas inelegibilidades previstas en el artículo
95 de la Ley 136 de 1994 cuando tal extensión resulte claramente necesaria para
asegurar una adecuada protección a la imparcialidad, transparencia y moralidad de
la función pública. Así, en aquellos eventos en que esa extensión carezca de
evidente razonabilidad o exista duda sobre su pertinencia, debe entenderse que la
inhabilidad del alcalde no es aplicable al contralor.

28 Folios 130 a 162 del PDF cuaderno 12.pdf, del expediente digital.
29 Folios 361 a 424 del PDF cuaderno 12.pdf, del expediente digital.
30 Entre las decisiones contentivas de esta tesis se pueden consultar las siguientes: sentencia de 21 de enero

de 1999, expediente nro. 2130; sentencia de 9 de noviembre de 2001, expediente nro. 76001-23-31-000-2001-
0316-01; sentencia de 6 de agosto de 2009, expediente nro. 2008-00176; sentencia de 22 de octubre de 2009,
expediente nro. 73001-23-31-000-2008-00052-03.

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Sobre este punto, esta Corporación, en sentencia del 6 de febrero de 2003,
manifestó lo siguiente:

“Siendo así las cosas, la inhabilidad establecida en el artículo 95, numeral 2, de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, - según el
cual no puede ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde
municipal, quien como empleado público, sin distingos, dentro de los 12 meses
anteriores a la fecha de la elección haya ejercido jurisdicción en el respectivo
municipio-, no es inhabilidad para ser contralor municipal, en lo que pugna con
el artículo 272, inciso séptimo, de la Constitución, según el cual, conforme al criterio
expresado, no puede ser elegido contralor municipal quien en el último año haya
ocupado cargo público del orden municipal, salvo la docencia”. MP. Mario Alario
Méndez. Exp. 2001-0387. […]» (subrayado de la sala)

118. No obstante, el Acto Legislativo 02 de 1.° de julio de 2015 modificó ese
precepto para indicar que «[n]o podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último
año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya
ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la
docencia».

119. Pues bien, a partir de esa reforma que, por cierto, se encontraba vigente para
cuando se llevó a cabo la elección reprochada, la primera decisión emitida por la
Sección Quinta frente a la aplicación de la inhabilidad contenida en el numeral 2.°
del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 a los aspirantes al cargo de contralor territorial,
es la contenida en el auto de 16 de junio de 2016,31 en la que se expresó:

«De esta manera, no obstante existir para el caso de los contralores municipales
una remisión expresa a las inhabilidades establecidas para los alcaldes en el artículo
95 de la Ley 136 de 1994, se debe tener en cuenta que aquéllos se encuentran
incursos en las inhabilidades prescritas en esta disposición normativa en cuanto les
sean aplicables.

En este sentido, la Sala encuentra que la inhabilidad consagrada en el numeral 2º
del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, arriba transcrito, resulta aplicable al caso en
particular porque el demandado, según lo expuesto por el impugnante en el recurso
de alzada, ejerció autoridad administrativa al desempeñarse como Jefe de la Oficina
Jurídica de la Universidad Surcolombiana, dentro del año inmediatamente anterior
a su elección como Contralor Municipal de Neiva.

[…]

Existe un antecedente de esta Sección, referido a la aplicación de la inhabilidad
consagrada en el numeral 2º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 en el caso de los
contralores.

En aquélla oportunidad, esta Sección consideró que la inhabilidad aplicable en
cuanto al ejercicio de cargos públicos en el año anterior a su elección, en el caso de
los contralores, no correspondía a la consagrada en el numeral 2º del artículo 95 de
la Ley 136 de 1994 en virtud de la remisión del literal c del artículo 163 ejusdem,
teniendo en cuenta que la que resultaba aplicable era la establecida en el inciso 7º
del artículo 272 constitucional.

31 Expediente nro. 41-001-23-33-000-2016-00059-01.

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[…]

No obstante lo anterior, la Sala advierte que el citado antecedente no resulta
aplicable al caso objeto de estudio, pues, en primer lugar, el inciso 7º del artículo
272 fue modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo 02 de 2015, cambiando el
supuesto fáctico de la inhabilidad consagrada, así:

INCISO 7º DEL ARTÍCULO 272 INCISO 7º DEL ARTÍCULO 272
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MODIFICADO POR EL ACTO
1991 LEGISLATIVO 02 DE 2015
(…) No podrá ser elegido quien (…) No podrá ser elegido quien
sea o haya sido en el último año sea o haya sido en el último año
miembro de la asamblea o miembro de la Asamblea o
concejo que deba hacer la Concejo que deba hacer la
elección, ni quien haya ocupado elección, ni quien haya ocupado
cargo público del orden cargo público en el nivel
departamental, distrital o ejecutivo del orden
municipal. (…) departamental, distrital o
municipal. (…)

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el nuevo texto del artículo 272
constitucional estableció un supuesto diferente al que venía rigiendo hasta el
momento. En efecto, en el nuevo escenario la inhabilidad se circunscribe a los
cargos desempeñados en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o
municipal, según sea el caso, excluyendo de esta manera el nivel directivo.

Por lo anterior, y sin pretender determinar en la presente providencia el alcance de
la inhabilidad consagrada en la reforma constitucional, la Sala encuentra que el
fundamento jurídico en el cual se sustentó esta Sección en la sentencia citada, es
diferente, por lo que no resulta entonces aplicable al presente caso.».

120. Asimismo, y en lo que respecta a los alcances del vocablo «nivel ejecutivo»
inserto en esa disposición, fue hasta el fallo de 11 de agosto de 201632 que se
estableció que su aplicación también era procedente frente a los empleos de los
niveles superiores, como el nivel directivo, pues si la finalidad de tal restricción es
evitar que el empleado pueda influir en el proceso electoral, con mayor razón lo
podrá hacer quien se encuentra en un cargo superior.

121. En cuanto a la expresión «en el respectivo departamento, distrito o
municipio», su alcance fue redefinido en el auto de fecha 28 de julio de 2016,33 para
señalar que el aludido cargo no solo es el que dependen de alguno de esos niveles
de la administración, sino también de aquellos que, fruto de la desconcentración
administrativa prevista en la ley, les permite a los servidores nacionales ejercer
funciones a nivel local.

122. A lo anterior se agrega que la locución «en el respectivo departamento,
distrito o municipio» venía siendo interpretada en el sentido de que, tales cargos

32 Expediente nro. 88-001-23-33-000-2016-00026-01.
33 Expediente nro. 73001-23-33-000-2016-00107-01, que resolvió la apelación en contra del auto que decretó

la suspensión provisional del acto de elección del señor Ramiro Sánchez como contralor municipal de Ibagué.

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correspondían a los órdenes territoriales, sin que fueran incluidos en ellos los
pertenecientes al orden nacional.

123. Bajo ese panorama, considera la Sala que para el mes de febrero de 2017
—momento en el que se llevó a cabo la elección del contralor municipal de
Valledupar— no existía claridad suficiente y consolidada respecto del alcance
interpretativo de la inhabilidad prevista en el inciso octavo del artículo 272 de la
Constitución Política, especialmente en lo relacionado con los conceptos de «nivel
ejecutivo» y «respectivo departamento, distrito o municipio».

124. En consecuencia, no resultaba jurídicamente evidente ni pacífico afirmar que
el señor Omar Javier Contreras Socarrás, quien había desempeñado un cargo del
orden nacional con ejercicio funcional desconcentrado en el departamento del
Cesar, se encontraba inhabilitado para ser elegido como contralor municipal de
Valledupar.

125. Así las cosas, para la Sala resulta claro que al momento en que se adelantó
la elección cuestionada persistían dudas razonables sobre la configuración de la
causal de inhabilidad atribuida al señor Contreras Socarrás, circunstancia que
imponía a la autoridad disciplinaria aplicar el principio de favorabilidad y resolver
dichas incertidumbres en beneficio de los investigados.

126. Por lo anterior, a juicio de la Sala no se estructuró un adecuado juicio de la
tipicidad de la conducta disciplinaria, lo que conlleva a declarar la nulidad de los
actos administrativos, en tanto sancionaron al señor Ricardo José López Valera.

127. A una conclusión similar llegó la Subsección “B” de esta Sección34, quien al
resolver la litis frente a uno de los concejales sancionados, determinó:

«Así las cosas, la PGN se limitó a señalar que la sentencia dictada por la Sección
Quinta de esta corporación había determinado la configuración de la inhabilidad
prevista en el artículo 272 de la Constitución Política sin hacer análisis alguno ni
desarrollar el juicio de subsunción típica, omisión que impidió establecer que el
demandante no incurrió en la falta [tal como se expuso en el acto de revocatoria].
Ello, entonces, impone la declaratoria de nulidad parcial de los actos sancionatorios
únicamente en lo que concierne a Gabriel Muvdi Aranguena».

128. Por lo que sigue, y dado que el juicio de tipicidad no estuvo ajustado a la ley,
la Sala no estudiará los demás elementos que integran la responsabilidad
disciplinaria.

129. El segundo interrogante planteado: ¿El señor Ricardo José López Valera
tiene derecho al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales reclamados en
la demanda?

34 Sentencia del 19 de marzo de 2026, expediente nro. 20001-23-39-000-2020-00560-01 (6511-2024), C.P.

Juan Enrique Bedoya Escobar.

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130. Antes de entrar a resolver este cuestionamiento, se advierte que de
conformidad con los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, no se
emitirá pronunciamiento respecto de los honorarios dejados de percibir por la
concejal en el periodo comprendido entre el 12 de noviembre hasta el 31 de
diciembre de 2019, dado que la parte demandada no manifestó inconformidad sobre
este punto en específico.

131. Perjuicios materiales. Pues bien, en lo que atañe a los perjuicios
materiales, se debe señalar que estos derivan de los daños patrimoniales que se
hubieran generado a la parte que los reclama, con ocasión de los hechos que se
invocan como dañinos y comprenden el daño emergente y el lucro cesante. El
primero de ellos se refiere al «perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse
cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse
retardado su cumplimiento», mientras que el segundo corresponde a «la ganancia
o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la
obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento».35

132. En relación con el daño emergente, la Sección Tercera de esta corporación
ha precisado:

«El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente
necesidad ⎯para el afectado⎯ de efectuar un desembolso si lo que quiere es
recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien
económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño
emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que
se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago ⎯que la parte actora
solicita⎯ de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el
momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus
funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de
lucro cesante.»36

133. Entre tanto, frente al lucro cesante, la aludida Sección ha sostenido que:

«De conformidad con la jurisprudencia reiterada y unificada de esta Sección, el
perjuicio material a indemnizar, en la modalidad de lucro cesante, debe ser cierto
y, por ende, edificarse en situaciones reales, existentes al momento de
ocurrencia del evento dañino, toda vez que el perjuicio eventual o hipotético,
por no corresponder a la prolongación real y directa del estado de cosas
producido por el daño, no es susceptible de reparación.»37 (Se resalta)

134. En aplicación de los anteriores precedentes, se concluye que el daño
emergente deviene de la pérdida de algún bien económico que salió o saldrá del
patrimonio de la víctima, producto del incumplimiento o cumplimiento tardío de la

35 Las definiciones entre comillas corresponden al texto del artículo 1614 del Código Civil.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejo de Estado, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente

nro. 13168.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de noviembre de 2018, expediente nro.

68001-23-31-000-2006-02670-01, C.P. María Adriana Marín.

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obligación, mientras que el lucro cesante corresponde a la ganancia o provecho que
se dejó de obtener como resultado de tal incumplimiento o cumplimiento tardío.

135. En ese orden de ideas, se analizará de manera individual los perjuicios
reclamados por la parte actora y que no fueron reconocidos por el a quo.

136. Lucro cesante. El señor Ricardo José López Valera insistió en que tiene
derecho al reconocimiento y pago de los honorarios del periodo 2020-2023, porque
la sanción e inhabilidad impuesta por la Procuraduría General de la Nación le
impidió inscribirse como candidato a las elecciones locales de Valledupar.

137. Sobre este punto, considera la Sala que le asiste razón al Tribunal
Administrativo del Cesar, ya que, si bien es cierto la sanción impuesta le impidió al
demandante inscribirse y participar en las elecciones para el concejo municipal de
Valledupar del periodo constitucional de 2020-2023, también lo es que el solo hecho
de figurar en la lista aspirantes a esa corporación no comporta, por sí mismo, la
elección efectiva.

138. En efecto, esa situación solo implica un acto de postulación dentro del
proceso electoral, cuyo resultado positivo depende de las siguientes variables: i)
que el partido supere el umbral exigido para acceder a la distribución de curules; ii)
que la votación alcanzada permita la asignación del número de escaños disponibles,
entre otras.

139. Por consiguiente, estar en una lista de esa naturaleza solo genera una
expectativa legítima de eventual elección, mas no una certeza jurídica de ser electo.

140. Así las cosas, los argumentos de la parte actora tienen su génesis en
supuestos eventuales e hipotéticos, que no se compaginan con el elemento de
certeza del daño antijurídico.

141. En esta oportunidad, aprovecha la Sala para indicar que la misma suerte
correrá la pérdida de oportunidad o como fue denominado en la demanda «daño al
proyecto de vida», ya que los argumentos de la parte actora, son supuestos y no
hechos ciertos.

142. El tercer interrogante planteado: ¿El resto de demandantes, esto es, los
familiares del señor Ricardo José López Valera tienen derecho al reconocimiento y
pago de los perjuicios inmateriales reclamados en la demanda??

143. Perjuicios morales. En lo que se refiere a esta tipología, «se encuentra[n]
compuesto[s] por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de

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Demandante: Ricardo José López Valera y otros

desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima
directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.»38

144. La parte actora solicitó el monto de 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes para cada uno de los demandantes, «consistentes en los sentimientos de
congoja y dolor padecidos y en el profundo trauma psíquico, afectivo y emocional
que producen todas las circunstancias que se han presentado en el hogar de mi
poderdante y su núcleo familiar, en torno a la sanción de destitución e inhabilidad
general de 12 años».

145. Sin embargo, este aspecto fue reconocido exclusivamente al señor Ricardo
José López Valera en cuantía de 20 SMLMV, pero negado a los demás
demandantes, por las siguientes razones: i) el daño es leve; ii) no trasciende a los
familiares y; iii) no hay elementos que acrediten la transmisibilidad a los familiares.

146. En este punto, aclara la Sala que se analizará lo relativo al reconocimiento
de esta tipología de perjuicios solamente para los familiares del señor Ricardo José
López Valera, comoquiera que no es objeto de reproche el reconocimiento de los
perjuicios morales al concejal.

147. La parte demandante, manifestó su descontento con la anterior tesis, dado
que la jurisprudencia del Consejo de Estado dispone todo lo contrario y que las
pruebas aportadas —documentales y testimoniales—, daban cuenta del perjuicio
ocasionado a todos los demandantes.

148. Pues bien, sobre este tópico hay que mencionar que, en la sentencia del 5
de octubre de 2017, expediente nro. 41001-23-33-000-2012-00206-02 (1598-2016),
la Subsección “B” de esta Sección estudió lo relativo al otorgamiento y
transmisibilidad de los perjuicios morales a los familiares más cercanos del sujeto
disciplinado, cuando la sanción impuesta ha quedado sin efectos, ya sea por
decaimiento o por nulidad. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

«i) De acuerdo con lo expuesto en el acápite previo de esta providencia – marco
jurídico de los daños morales y materiales- el daño moral implica una situación de
agresión (fáctico-jurídico) a las condiciones de normalidad de la esfera espiritual o
psíquica de una persona natural (núcleo de afectación compuesto por distintos y
diversos derechos subjetivos) lo cual se refleja en la angustia o el dolor expresado
por ésta, detectable por los demás miembros del conglomerado social al cual aquella
pertenece (reflejo externo).

[…]

ii) De conformidad con lo previamente expuesto la Sala debe establecer si el daño
moral de una persona natural ocurrido como consecuencia de la ilegalidad de una
sanción disciplinaria puede transmitirse a los familiares más cercanos, esto con el
fin de resolver el argumento del recurso de apelación de la demandante que se

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente nro.

66001-23-31-000-2001-00731-01, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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sustenta en el supuesto error del a quo al no acoger las pretensiones de
indemnización por este concepto para las personas antes mencionadas.

Toda vez que la estructura del daño moral, previamente señalada en esta
providencia, comprende elementos subjetivos que deben ser claramente
identificables -agresión fáctica-jurídica, núcleo de afectación y reflejo externo- estos
no pueden transmitirse a terceros sino que todos deben verificarse directamente en
la persona que los reclama39.

En ese orden de ideas, para efectos de que sea viable la indemnización por el
mencionado concepto, con los mismos presupuestos de hecho del caso objeto de
litigio, los familiares de la demandante deben cumplir de manera concurrente los tres
(3) supuestos de la estructura del daño moral antes mencionados, lo cual salta a la
vista no ocurre en este caso, por cuanto el primero de ellos, esto es la agresión
factico-jurídica agresora –acto administrativo sancionatorio ilegal- no estaba dirigida
a la afectación de los derechos subjetivos de aquellos –los familiares de la
demandante- sino a los derechos de ésta –la demandante-. En otros términos el
acto administrativo ahora acusado comprendía una sanción disciplinaria de
inhabilidad dirigida exclusivamente en contra de la señora Nohora Ramírez de
Leguizamo y no contra sus familiares.

Lo anterior no quiere decir que los familiares de la demandante no pudieran haberse
visto afectados emocionalmente en este caso sino que esta afectación o angustia
es derivada del tercer elemento de la estructura del daño moral antes mencionada,
esto es del reflejo externo manifestado por la demandante, y en ese orden la prueba
y la indemnización de ese daño derivado responde a parámetros distintos de los
generados por el daño principal, es más exigente y no puede comprender ningún
tipo de presunción.»

149. Pese a lo anterior, la Sala no comparte esas consideraciones, porque los
efectos de un fallo disciplinario también pueden afectar a los familiares del
sancionado.

150. Ahora bien, no hay pruebas dentro del expediente que permitan concluir que
los familiares del concejal se vieron afectados por el escándalo mediático en el que
se vio envuelto.

151. Para demostrar la causación de los perjuicios morales, daño a la vida en
relación y la denominada «daño al proyecto de vida», los demandantes acudieron a
los testimonios de Luís José Gómez Gutiérrez, Andrea Carolina Ramos Varela y
José Javier López Aragón.

152. Sin embargo, de sus relatos no es posible inferir la causación de los aludidos
perjuicios. En efecto, el primer deponente simplemente afirmó que el actor «no

39 HENAO, Juan Carlos. “El daño”. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO EN DERECHO COLOMBIANO Y FRANCÉS. EL DAÑO DEBE SER
PROBADO QUIEN LO SUFRE. “Recordando al maestro Antonio Rocha, se puede anotar que dicha regla es
apenas natural porque “los elementos que lo integran (el daño) son conocidos, mejor que por nadie, por el
mismo acreedor que los ha sufrido, y a él le toca, obviamente, poner de presente los medios conducentes para
conocer su existencia y su extensión”. No basta, entonces, que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la
existencia del daño, porque “el demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer
afirmaciones sin respaldo probatorio”, que por demás no pueden ser valoradas “como si se tratara de hechos
notorios o presumibles, y no de situaciones cuya comprobación, por mandato legal, le correspondía al
demandante”. Página 39 y 40.

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quería salir a la calle», pero sin más detalles de su comportamiento, ni del
sufrimiento o congoja de su núcleo familiar.

153. Asimismo, la segunda declarante expresó que el accionante también se vio
afectado en el plano económico y emocional debido a las acusaciones de las redes
sociales y la prensa, pero no buscó ayuda profesional para salir de dicha crisis. Sin
embargo, tampoco indicó los sufrimientos que pudo haber padecido su familia.

154. El tercer testigo indicó que para la familia fue difícil «salir a la puerta», por los
señalamientos, pero sin especificar los pormenores de la situación padecida por
aquellos.

155. En este orden de ideas, a partir de esos relatos, no es posible determinar los
perjuicios que ahora se reclaman por cuanto los testigos no dijeron nada en relación
con los padecimientos experimentados por el resto de los miembros de la parte
actora, pues la mayor parte de sus intervenciones se concentraron en dar a conocer
la situación personal y política del señor López Valera.

156. De la misma manera, comoquiera que esos relatos nada dijeron de las
condiciones del resto de los demandantes, es imperativo confirmar, en este aspecto,
la decisión de primer grado.

157. La misma suerte corren los perjuicios reclamados bajo la modalidad de daño
a la vida en relación y daños al proyecto de vida, comoquiera que no se demostró
su causación dentro del expediente. Por ello, la Sala no accederá a los perjuicios
materiales e inmateriales para los familiares del señor Ricardo José López Valera.

158. Vale la pena aclarar que, más allá de las denominaciones que invocaron los
demandantes como perjuicios inmateriales, en las sentencias de unificación del 28
de agosto de 201440, la Sección Tercera de esta corporación definió como tipologías
de esta clase, las siguientes: i) daño moral, ii) daño a la salud y iii) daño a bienes o
derechos constitucionales y convencionales.

159. Cabe resaltar que, respecto del antiguamente denominado «daño a la vida
de relación», en las mencionadas providencias unificadas, se mencionó lo siguiente:

«De modo que, el “daño a la salud” –esto es el que se reconoce como proveniente
de una afectación a la integridad psiocofísica– ha permitido solucionar o aliviar la
discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual,
etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, C.P. Ramiro de
Jesús Pazos Guerrero, sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente nro. 05001-23-25-000-1999-01063-01
(32988); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, C.P. Stella
Conto Díaz Del Castillo, sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente nro. 23001-23-31-000-2001-00278-01
(28804); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente nro. 73001-23-31-000-2001-00418-
01 (27709) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, C.P.
Enrique Gil Botero, sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente nro. 05001-23-31-000-1997-01172-01
(31170)

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procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y
fundamental (artículo 49 C.P.) para determinar una indemnización por ese aspecto,
sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración
de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de
supuestos.

“Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre
la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen
el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la
integridad psicofísica sólo podrá reclamar los daños materiales que se generen de
esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los
parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la
afectación de este derecho constitucional.

“Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la
salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y
alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad
psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías
o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido
reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones
de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño
común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor
medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los
principios constitucionales de dignidad humana e igualdad7.

“En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás
categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las
condiciones de existencia -antes denominado daño a la vida de relación–
precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación
negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a
reconocer son el daño moral y el daño a la salud...» (Énfasis de la sala).

160. De lo anterior, es claro que el concepto de daño a la vida en relación no es
una categoría expresamente autónoma de perjuicios, sino que está integrada dentro
del daño a la salud.

161. Situación similar ocurre, respecto del «daño al proyecto de vida», dado que
esta subcategoría se engloba dentro del daño a la salud, como recientemente lo
expuso la Sección Tercera de esta corporación41.

«Con relación a este rubro indemnizatorio, la Sala debe advertir que las
denominaciones “perjuicio fisiológico”, “daño psicológico”, “daño al proyecto
de vida” o “daño a la vida de relación”, dada la nueva categoría de perjuicio
reconocida por la jurisprudencia, fundamentada en el daño psicofísico, se ajustan
al concepto de daño a la salud y debe ser reconocida conforme a los lineamientos
jurisprudenciales...» (Énfasis de la sala)

162. El cuarto interrogante planteado: ¿El monto reconocido por el Tribunal
Administrativo del Cesar respecto de los perjuicios morales, está acorde a los
rangos o parámetros establecidos por la jurisprudencia de esta corporación?

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C., C.P. Nicolás

Yepes Corrales, sentencia del 11 de octubre de 2023, expediente nro. 76001-23-31-000-2010-01731-01
(50378).

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163. En el recurso de apelación, el apoderado del señor Ricardo José López
Valera indicó que el perjuicio debe ser tasado en un porcentaje mayor al ordenado
en la sentencia de primera instancia.

164. Así las cosas, para efectos de atender el interrogante en comento, se tendrán
en cuenta los parámetros fijados por esta Subsección en la sentencia del 27 de
agosto de 202042, los cuales se establecieron, así:

«B. Límite indemnizatorio de los perjuicios morales causados por una sanción
disciplinaria.

En esta oportunidad, la Subsección A también considera pertinente fijar algunos
parámetros para el reconocimiento proporcionado de los daños morales con ocasión
de la imposición de una sanción disciplinaria, en el evento de que estos se
encuentren debidamente acreditados.

Para ello, la Sala tiene como referente que la Sección Tercera ha puesto algunos
límites en aquellos asuntos en que deban reconocerse perjuicios morales, a partir
de la figura de la «presunción de aflicción». Ello lo ha hecho en situaciones de
muerte o de privación injusta de la libertad, en donde resulta evidente que dichos
perjuicios son mucho mayores, si se tiene en cuenta que allí entran en el
correspondiente análisis los derechos a la vida y a la libertad, los dos valores que
por excelencia deben tener la mayor protección y respeto dentro de una sociedad.

En el tema de los perjuicios morales por muerte, la Sección Tercera, en la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 201443, determinó los siguientes límites
indemnizatorios:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL
5
Regla Relación Relación Relación afectiva Relación afectiva del Relació
general en el afectiva afectiva del 2° del 3er de 4° de n
caso de conyugal y de consanguinidad consanguinidad o afectiva
muerte paterno – consanguinida o civil civil. no
filial d o civil familiar
(tercero
s
damnifi
cados)

Porcentaje 100% 50% 35% 25% 15%

Equivalencia 100 50 35 25 15
en salarios
mínimos

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, sentencia S.E.-025-2020 del 27 de

agosto de 2020, expediente nro. 11001-03-25-000-2012-00343-00 (1341-2012).
43 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente nro. 73001-23-31-000-

2001-00418-01 (27709), actor: Adriana Cortes Pérez y otras.

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Por su parte, en el ámbito de la privación injusta de la libertad, la Sección Tercera,
en la misma fecha, pero en una providencia diferente44, consideró que debían
observarse las siguientes escalas de reconocimiento:

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Reglas Víctima directa, Parientes en el Parientes en el Parientes en el Terceros
para cónyuge o 2º de 3º de 4º de damnificados
liquidar compañero (a) consanguinidad consanguinidad consanguinidad
el permanente y y afines hasta
perjuicio parientes en el el 2º
moral 1° de
derivado consanguinidad
de la
privación
injusta
de la
libertad
Término 50% del 35% del 25% del 15% del
de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje
privación la Víctima la Víctima la Víctima de la Víctima
injusta directa directa directa directa
en
meses
SMLMV SMLMV SMLMV SMLMV SMLMV
Superior 100 50 35 25 15
a 18
meses
Superior 90 45 31,5 22,5 13,5
a 12 e
inferior a
18
Superior 70 35 24,5 17,5 10,15
a 9 e
inferior a
12
Superior 50 25 17,5 12,15 7,5
a 3 e
inferior a
6
Superior 35 17,5 12,25 8,75 5,25
a 1 e
inferior a
3
Igual e 15 7,5 5,25 3,75 2,25
inferior a
1

Como puede verse, en temas tan relevantes como lo es la muerte de una
persona o, incluso, la privación de la libertad en periodos superiores a los
dieciocho (18) meses, el monto límite como reparación de los perjuicios
morales ha sido fijado en el orden de los cien (100) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Ahora bien, téngase en cuenta que ese parámetro
está dirigido a aquellos casos en donde mayor afectación puede haber, pues
no solo se trata de la muerte o de la privación de la libertad, sino que ello está
destinado a las situaciones más extremas, como lo es la relación afectiva
conyugal o paterna, o cuando la valoración del daño ocasionado por la
privación injusta de la libertad se examina respecto de quien lo sufre
directamente.

Mírese, entonces, que el segundo nivel de afectación en los anteriores casos ha sido
fijado en la suma de cincuenta (50) salarios mínimos. Así, por ejemplo, si se trata de

44 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente nro. 68001-23-31-000-

2002-02548-01 (36149), actor: José Delgado Sanguino y otros.

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la muerte o la privación injusta de la libertad de un hermano, este sería el monto
límite a indemnizar por concepto de perjuicios morales.

En el presente asunto, la Sala considera que la imposición de una sanción
disciplinaria de manera injusta, así se trate de la máxima autorizada por ley,
como lo es la destitución e inhabilidad general, jamás podrá ser equiparable a
la muerte de un ser querido en la mayor relación de proximidad, o a la
privación injusta de la libertad por un tiempo considerable que sufre una
determinada persona. No hay duda de que la destitución e inhabilidad general sí
tiene una naturaleza aflictiva, pero esta no puede ser comparable con la extinción
de la vida de una persona o la privación de las libertades básicas que se tiene como
ser humano. La destitución e inhabilidad general, por ejemplo, supone la ruptura de
cualquier relación laboral con el Estado, pero ello no significa la imposibilidad de
ocupar otro trabajo en el sector privado o de ejercer determinad profesión, arte u
oficio.

De esa manera, la Sala considera que cuando se trate de la imposición de una
sanción disciplinaria de manera injusta, el monto de indemnización podría
adecuarse en el siguiente nivel de aquellos casos en que la Sección Tercera
ha reconocido los máximos posibles en circunstancias de extrema afectación,
como lo es la muerte o la privación injusta de la libertad.

Por tanto, en virtud de un criterio equitativo, la indemnización cuando se trate de
la valoración de los perjuicios morales causados por la imposición de manera
injusta de una sanción disciplinaria podría reconocerse hasta el límite de los
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ello dependiendo
del tipo de sanción disciplinaria que haya sido fijada en la respectiva
decisión45.

Ahora bien, la Subsección considera que en estos asuntos no puede operar «la
presunción de aflicción», por cuanto el perjuicio causado por una decisión
disciplinaria no supone una lesión en los derechos tan determinantes como lo son
la vida o la libertad de una persona. Por tanto, el respectivo reconocimiento a
título de indemnización deberá efectuarse conforme a la afectación que logre
demostrarse en el proceso.

Así las cosas, determinados los anteriores criterios, le corresponde a la Sala
determinar si existió o no algún tipo de perjuicio y, en el evento de que así sea, fijar
el monto a título de indemnización.» (Énfasis de la sala)

165. Precisado lo anterior, observa la Sala que el a quo condenó a la Procuraduría
General de la Nación a cancelar el equivalente a 20 SMLMV al señor Ricardo José
López Valera por concepto de perjuicios morales al considerar que las pruebas
recaudadas:

«indicaron la grave afectación moral que sufrió la demandante a raíz de la sanción
disciplinaria y la imposibilidad que tuvo de poder participar en los siguientes
comicios.

[…]

45 Según los artículos 44 y 46 de la Ley 734 de 2002, los servidores públicos pueden ser sancionado con

destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años; la suspensión e inhabilidad especial de 1 a 12 meses; la
suspensión de 1 a 12 meses; la multa entre 10 a 180 días de salario; y la amonestación escrita.

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Se acota, que aunque la sanción injusta a la que fue sometida la demandante,
acarreó un impacto negativo en su imagen frente a sus electores y simpatizantes, lo
cual evidentemente truncó sus aspiraciones políticas como en toda carrera
profesional, lo que amerita la indemnización de forma razonada, de acuerdo al grado
de impacto en la vida moral de un sujeto que se dedica a la carrera política, también
lo es que no existen elementos probatorios que permitan acreditar que este perjuicio
fue trasmitido también a los demás demandantes. »

166. Analizados los argumentos del tribunal, se puede determinar que la tasación
obedeció al criterio del «arbitrio judicial o arbitrio iudice», según el cual «el
funcionario de conocimiento quien, por esa misma condición, puede inferir las
circunstancias que indicen en el ámbito más intrínseco de quien depreca la
indemnización, pudiendo definir qué retribución se aviene como adecuada con base
en los criterios de equidad, justicia y reparación integral para menguar el trauma
derivado del suceso46», teniendo como eje el acervo probatorio.

167. Así las cosas, no se observan circunstancias adicionales o argumentos que
ameriten la variación de lo tasado por el Tribunal Administrativo del Cesar, máxime
si se tiene en cuenta que, una vez escuchados los testimonios, estos fueron
consistentes y coherentes en atestiguar las presiones mediáticas en las que se vio
envuelto el concejal.

168. En consecuencia, concluye la Subsección que lo ordenado por el a quo está
acorde con el impacto emocional causado por las decisiones disciplinarias
proferidas en su contra.

169. El quinto interrogante planteado: ¿Los fallos disciplinarios fueron
expedidos con falta de competencia porque se desconoció la Resolución nro. 074
del 21 de marzo de 2017, por medio de la cual se crearon las Salas Territoriales
Disciplinarias y se distribuyó la competencia a nivel territorial?

170. Esta corporación47 al resolver un asunto de idénticas características, puso de
presente que:

«El hecho de que la Sala Territorial Disciplinaria no hubiese conocido del asunto no
enerva la legalidad de los actos acusados por falta de competencia, pues no se
observa que el demandante o su apoderado hubieran solicitado a esta el
conocimiento del asunto. Esto, sumado a que ningún artículo de la resolución
examinada dispuso que, una vez expedida, el expediente se remitiría
automáticamente a la sala en mención. En consecuencia, el cargo no tiene vocación
de prosperidad».

171. Además de compartir las anteriores aseveraciones, pone de presente la Sala
que al interior de la investigación disciplinaria se le garantizaron a los ex servidores

46 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección A, C.P. Gladys Agudelo Ordoñez, sentencia del 26 de enero

de 2011, expediente nro. 76001-23-31-000-1996-02874-01.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B., C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 19

de marzo de 2016, expediente nro. 20001-23-39-000-2020-00560-01 (6511-2024).

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sus derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, razón por la cual se
considera impertinente el presente cargo.

172. El sexto interrogante planteado: ¿Hay lugar a ordenar el pago de la
condena en costas a la Procuraduría General de la Nación?

173. El Tribunal Administrativo del Cesar negó la pretensión de la condena en
costas, aduciendo el criterio subjetivo introducido por las modificaciones al artículo
188 del CPACA.

174. En el recurso de apelación, se afirmó que dicha decisión debía ser revocada,
en tanto que esta circunstancia se debía analizar en armonía con la causación y
comprobación de las costas, sumado a que no se adoptó el criterio objetivo-
valorativo, vigente sobre la materia.

175. Para la Sala, le asiste razón al apelante, toda vez que para esta Subsección
las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, no desplazaron el criterio
objetivo-valorativo sobre el tema de las costas, tal como se desarrolla en acápite de
esta penalidad en segunda instancia. Por lo antes expuesto, se revocará el numeral
sexto de la sentencia apelada y en su lugar, se impondrán condena en costas en
primera instancia a la Procuraduría General de la Nación en favor de la parte
demandante.

176. Condena en costas en segunda instancia. La modificación del artículo 188
del CPACA., efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

177. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.48 En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte
vencida; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP.
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

178. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte

48 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

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Radicado: 20001-23-39-000-2020-00566-01 (6898-2024)
Demandante: Ricardo José López Valera y otros

demandada, por cuanto en la presente decisión no se acogieron los argumentos
planteados en el recurso de apelación por ella presentado y además, resultó vencida
dentro del proceso. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP., las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Cesar.

179. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR los ordinales primero y sexto de la parte resolutiva de la
sentencia apelada, por las razones expuestas en precedencia, los cuales quedarán
así:

«PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial de los fallos disciplinarios proferidos el
12 de diciembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 por la Procuraduría Regional del
Cesar y la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa,
respectivamente, mediante los cuales se impuso al demandante la sanción de
destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, únicamente en lo que
concierne al señor Ricardo José López Valera.

SEXTO: CONDENAR en costas en primera instancia a la Procuraduría General de
la Nación, de conformidad con lo expuesto en precedencia».

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 31 de octubre de 2024, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.

CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

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Radicado: 20001-23-39-000-2020-00566-01 (6898-2024)
Demandante: Ricardo José López Valera y otros

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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