Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00754-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00754-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00754-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: Saúl Antonio Posada Mejía
Temas: Pensión de vejez. Devolución de sumas de dinero. Prueba que
desvirtúe la buena fe
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 2 diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Colpensiones presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, en orden a
que se declarara la nulidad de la Resolución GNR 7942 del 19 de enero de 2015,
por medio de la cual ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a
favor de Saúl Antonio Posada Mejía; y las resoluciones GNR 149297 del 21 de
1 En lo que sigue Colpensiones.
2 Tribunales y Juzgados. Índices 1 y 3. Expediente digital, documento 1.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
mayo de 2015, GNR 336551 del 27 de octubre de 2015 y GNR 61502 del 28 de
febrero de 2017, mediante las cuales ordenó el pago de retroactivos pensionales.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reintegro indexado de las sumas pagadas a Saúl Antonio Posada Mejía
por concepto de mesadas pensionales, del retroactivo y de los aportes al sistema
de seguridad social en salud, derivados del reconocimiento de la pensión de vejez
por la suma de suma de $94.858.203, ii) el pago de intereses; y iii) la condena en
costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Mediante Resolución GNR 7942 del 19 de enero de 2015, Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de Saúl Antonio Posada
Mejía, con efectividad a partir del 1 de febrero de 2015, con base en 1.335 semanas
cotizadas.
3.2. Posteriormente, a través de la Resolución GNR 149297 del 21 de mayo de 2015
ordenó el pago de un retroactivo pensional respecto del periodo comprendido entre
el 5 de febrero de 2012 y el 30 de mayo de 2015.
3.3. En virtud de la Resolución GNR 336551 del 27 de octubre de 2015, modificó la
fecha de efectividad de la prestación al 7 de noviembre de 2011 y reconoció un
nuevo retroactivo pensional.
3.4. Por
medio de la Resolución GNR 61502 del 28 de febrero de 2017, en
cumplimiento de un fallo judicial, reconoció y ordenó el pago de un retroactivo por
incrementos pensionales del 14% por persona a cargo.
3.5. Con la Resolución APSUB 3596 del 13 de septiembre de 2017 se solicitó
autorización a Saúl Antonio Posada Mejía para revocar las resoluciones GNR 7942
del 19 de enero de 2015, 149297 del 21 de mayo de 2015, 336551 del 27 de octubre
de 2015 y 61502 del 28 de febrero de 2017, la cual fue otorgada por el beneficiario.
3.6. A través de la Resolución SUB-268109 del 11 de octubre de 2018, remitió el
expediente a la Dirección de Procesos Judiciales para adelantar «acción de
lesividad» respecto de la Resolución GNR 61502 de 2017.
3.7. Mediante Auto 741 del 26 de septiembre de 2016 dio apertura formal a la
investigación administrativa especial 281 por posibles hechos de fraude y
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
corrupción en el reconocimiento pensional.
3.8. A través del Auto de cierre 070 del 18 de enero de 2017, concluyó que, sin
mediar solicitud de corrección de historia laboral, «la colaboradora de la Gerencia
Nacional de Operaciones» adicionó 1.280 semanas por supuestos vínculos laborales
entre el demandado con Talleres Sanson [entre el 25 de junio de 1971 y el 31 de
diciembre de 1994] y Holvago Ltda [1 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de
1974] de forma irregular porque no existían soportes documentales ni cotizaciones
que acreditaran los periodos laborales reportados.
3.9. Mediante Resolución SUB-302158 del 1 de noviembre de 2019, revocó las
resoluciones GNR 7942, 149297 de 2015 y 336551 de 2015, mediante las cuales
reconoció y reliquidó la pensión de vejez de Saúl Antonio Posada Mejía.
3.10. Con Resolución SUB-110113 del 19 de mayo de 2020, informó que el valor
pagado al demandado por concepto de mesadas, retroactivos, aportes a salud e
incrementos pensionales entre el 7 de noviembre de 2011 y el 30 de abril de 2020
ascendió a $94.858.203.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; y 36 de la
Ley 100 de 1993.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso que los actos acusados eran nulos
porque el reconocimiento y la posterior reliquidación de la pensión de vejez de Saúl
Antonio Posada Mejía se fundamentaron en la incorporación irregular de semanas
cotizadas a la historia laboral, circunstancia que le permitió acreditar indebidamente
los requisitos previstos en los artículos 12 del Decreto 758 de 1990 y 36 de la Ley
100 de 1993 para acceder a la prestación, lo que ocasionó un detrimento
patrimonial a los recursos públicos.
1.2. Contestación de la demanda
6. Saúl Antonio Posada Mejía4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, por las razones que se expresan a continuación5:
6.1. No incurrió en fraude, dolo o mala fe, pues las irregularidades advertidas en la
historia laboral obedecieron a actuaciones internas de la Gerencia Nacional de
4 A través de curador ad litem designado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante
auto del 21 de marzo de 2024. Samai tribunales y juzgados, índice 33.
5 Samai tribunales y juzgados. Índices 35 y 36.
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Operaciones de Colpensiones y no a conductas atribuibles a él. Autorizó de manera
voluntaria la revocatoria de las resoluciones mediante las cuales Colpensiones le
reconoció la pensión y los retroactivos, circunstancia que evidenciaba buena fe y
colaboración con la administración, de tal manera que no era procedente la
devolución de las sumas pagadas por Colpensiones por concepto de mesadas y
retroactivos pensionales. En todo caso, las pretensiones de revocatoria de los actos
demandados carecían de objeto porque habían sido revocadas por Colpensiones
mediante la Resolución SUB-302158 del 1 de noviembre de 2019.
6.2. Procedían las excepciones de: i) prescripción6; ii) buena fe, al no existir prueba
de conductas fraudulentas o dolosas; y iii) la innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 2
diciembre de 20247 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal
sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO. DECLARASE la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones: i) GNR 7942 de 19 de enero de 2015, ii) GNR No. 149297 de 21 de mayo
de 2015, iii) GNR No. 336551 de 27 de octubre de 2015, y, iv) GNR No. 61502 de 28 de
febrero de 2017; expedidas por COLPENSIONES, acorde con lo explicado en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NIÉGANSE el restablecimiento del derecho deprecado, de acuerdo con lo
indicado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. SIN CONDENA en costas procesales.» (sic)
8. Para tal efecto, expuso lo siguiente:
8.1. En la historia laboral del demandado fueron incorporadas de forma irregular
1.280 semanas de cotización correspondientes a supuestos vínculos laborales del
demandado con Talleres Sanson y Holvago Ltda., sin que existieran soportes
documentales o cotizaciones válidas que acreditaran dichas relaciones laborales.
8.2. La investigación administrativa especial adelantada por Colpensiones estableció
que el reconocimiento pensional se realizó con fundamento en información irregular
incluida en la historia laboral del demandado, lo que permitió acreditar
indebidamente los requisitos previstos en los artículos 11 del Decreto 758 de 1990
y 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de vejez. El demandado no
6 No especificó fechas.
7 Samai tribunales y juzgados. Índice 49.
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aportó documentos que permitieran desvirtuar las inconsistencias advertidas ni
demostrar el cumplimiento de los requisitos para acceder al derecho pensional.
8.3. De conformidad con el artículo 164 del CPACA no resultaba procedente la
devolución de las sumas pagadas por concepto de mesadas, retroactivos y aportes
a salud toda vez que no se había acreditado mala fe por parte del demandado.
1.4. El recurso de apelación
9. Colpensiones interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo siguiente 8:
9.1. Las entidades públicas se encontraban facultadas para demandar en cualquier
tiempo los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones periódicas y
solicitar la recuperación de los valores pagados indebidamente, por tratarse de
prestaciones de tracto sucesivo respecto de los cuales no operaba el fenómeno de
la prescripción ordinaria.
9.2. La buena fe de Colpensiones se sustentaba en la aplicación estricta de la
Constitución, la ley y la jurisprudencia al momento de reconocer o negar
prestaciones económicas, por lo tanto, correspondía al demandado desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos y acreditar buena fe en la
actuación.
9.3. En el proceso se acreditó la mala fe del demandado, razón por la cual resultaba
procedente ordenar la devolución de todas las sumas percibidas indebidamente.
Permitir que conservara dichos recursos afectaría la sostenibilidad financiera del
Sistema General de Pensiones, desconocería la destinación específica de los
recursos de la seguridad social prevista en el artículo 48 de la Constitución Política
y configuraría un enriquecimiento sin causa.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto10.
8 Samai tribunales y juzgados. Índice 52.
9 Auto en el índice 4 de Samai.
10 Índice 8 de Samai.
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2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. Se circunscribe a establecer ¿si se acreditó la mala fe del demandado y, en
consecuencia, si resultaba procedente ordenar la devolución de las sumas pagadas
por concepto de mesadas, retroactivos y aportes a salud?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La revocatoria directa de los actos administrativos que reconocen
prestaciones periódicas
13. Respecto de los efectos del acto administrativo, la doctrina ha determinado un
principio básico en su estructura el cual ha sido denominado « estabilidad» que
consiste en la «prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran
un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga
o altere el acto en beneficio del interesado»11; sin embargo, este no es absoluto, pues
la revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin efectos
un acto administrativo de contenido particular»12, de carácter excepcional y, que
procede de oficio o a solicitud de parte siempre que se desarrolle dentro de los
límites y reglas que prevé la ley.
14. Lo anterior, se ve materializado en el artículo 93 13 de La Ley 1437 de 2011, el
cual, de manera expresa, precisa las causales que imponen a la administración la
revocatoria directa de los actos administrativos de carácter general, al igual que
ocurre con los particulares, de oficio o a petición de parte. Tales causales son las
siguientes:
15. Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es que la oposición sea grosera, de bulto, es decir,
cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos
administrativos, por parte de esta Jurisdicción.
11 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
12 Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.
13«Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
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16. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses generales,
causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un acto
legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de
la inoportunidad o inconveniencia de aquél14, vinculándose a la noción del mérito
del acto administrativo; y
17. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una
persona.
18. Ahora bien, para la revocación de los actos de carácter particular y concreto, se
ha establecido en el ordenamiento jurídico la regla general contenida en el artículo
97 del CPACA, según la cual, tales actos no podrán ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular, pues implican la
creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y
determinada, esto en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos -especialmente de los favorables15, estrechamente relacionado con
la presunción de legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la
protección de los derechos adquiridos. La norma señaló lo siguiente:
«Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a
la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
14 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, sentencia del 5 de mayo de 1981.
15 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio
jurídico del destinatario, esto es, «crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica», como los
nombramientos, las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la
Administración responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de
una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los de gravamen en los cuales se incluyen
aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones, la revocación
de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver Consejo de Estado.
Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-10227-01(10227).
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audiencia y defensa».
19. En relación con la figura de la revocatoria directa, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia se ha pronunciado sobre la prohibición de revocar actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreta o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo
derecho, en los siguientes términos16:
«Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un
acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto
administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos, categoría
esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del Decreto 01 de
1984.
En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos que:
«hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría» salvo que de manera previa, expresa y
escrita medie el consentimiento del titular del respectivo derecho. Advierte la Sala que,
en lo que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para revocar actos
administrativos de carácter particular, en los eventos en los que concurría alguna de las
causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere
evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan que
en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad de
un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o
fraudulentos, deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no
cuente con el consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos
reconocidos en el respectivo acto administrativo» (sic).
20. De acuerdo con las normas y jurisprudencia en cita, la administración solo podrá
revocar un acto administrativo de carácter particular, en los eventos en que se
cuente con el consentimiento de la persona. En caso contrario, deberá cuestionar
su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control. Entonces,
solo en casos excepcionales previstos legalmente, será posible revocar un acto sin
el consentimiento del interesado. De lo contrario, las entidades tendrán que acudir
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar ante
un juez administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden solicitar
medidas cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto que
consideren ilegal.
21. No obstante, en materia de seguridad social, existen eventos en los que la
16 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.
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entidad puede revocar el acto administrativo aun sin el consentimiento del
beneficiario, como es el caso de las pensiones que fueron reconocidas
irregularmente. En efecto, el artículo 19 de la Ley 797 de 200317 previó:
«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan
por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán
verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la
legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el
reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro
público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que
se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de
comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con
base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del
acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las
autoridades competentes» [sic] [se resalta]
22. Asimismo, la Ley 1450 de 2011 «por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010 – 2014», en su artículo 243 dispuso:
«Artículo 243. Protección contra prácticas corruptas en el reconocimiento de
pensiones. Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento de
pensiones tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con
fundamento en documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la
administración o cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una
actuación administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la
prestación y la existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la
actuación se verifica la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la
administración procederá a revocar o modificar el acto sin consentimiento del
particular». [Se resalta]
23. Nótese que si bien la primera norma citada únicamente impuso el deber a la
administración para revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular cuando se comprobara la irregularidad en el reconocimiento de la
prestación, fue con la segunda que condicionó tal decisión a que previamente se
adelantara la actuación administrativa18 y se definiera o verificara si aquella [la
17 «[P]or la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
18 Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-182 de 2019, en la cual se establecieron las
siguientes reglas: (i) solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título; (ii) la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber;
(iii) no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la
pensión; (iv) solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; (v) no
hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues
el ordenamiento jurídico sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios; (vi) sujeción al debido
proceso; entre otras.
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irregularidad] existió.
24. Esto presupone que toda la actuación que se adelante antes de la revocación
del acto debe surgir de «motivos reales, objetivos, trascendentales, y desde luego
verificables»19 y respetar los derechos al debido proceso y defensa del beneficiario
de la prestación. Asimismo, como se trata de una facultad excepcional de la
administración, es en esta que recae la carga de la prueba, es decir, su deber se
circunscribe a demostrar con suficiencia la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional, sin perjuicio de que, cuando se trate de « problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación
de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general»20,
esté obligada a acudir al juez competente.
25. Ahora bien, cuando la administración adelanta la actuación con sujeción al
debido proceso y revoca el acto administrativo, debe determinarse cuáles son sus
efectos en el tiempo y sus consecuencias. Aunque este tema fue zanjado en la
sentencia SU-182 de 2019 por la Corte Constitucional, es necesario precisar que
esta corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado [ex tunc], en otras que
tiene efectos hacia el futuro [ex nunc] y, solo en una providencia, se indicó que los
efectos dependían de cuando ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se muestra
la tendencia de cada uno de los criterios:
La revocatoria directa tiene efectos hacia el La revocatoria directa tiene efectos hacia el
pasado futuro
22 de agosto de 199021 3 de agosto de 1988 26
20 de mayo de 200422 23 de octubre de 199127
31 de mayo de 201223 14 de noviembre de 199128
13 de abril de 201524 9 de septiembre de 200029
19 de julio de 201825
19 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003, mediante la cual se declaró exequible el artículo
19 de la Ley 797 de 2003.
20 Ibidem.
21 Expediente 285.
22 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango
Mantilla.
23 Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas
Monsalve.
24 Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de
la Hoz.
25 Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
26 Sección Segunda, expediente 1609.
27 Sección Segunda, expediente 2174.
28 Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
29 Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
16 de julio de 200230
26 de febrero de 200431
5 de octubre de 200932
13 de mayo de 200933
3 de abril de 201334
15 de agosto de 201335
29 de enero de 201536
18 de febrero de 201637
8 de septiembre de 201638
17 de noviembre de 201639
21 de abril de 201740
26 de octubre de 201741
8 de febrero de 201842
23 de mayo de 201943
31 de octubre de 201944
20 de noviembre de 201945
7 de mayo de 202046
18 de junio de 202047
1 de julio de 202048
26 de noviembre de 202049
21 de enero de 202150
30 Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
31 Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
32 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta.
33 CP. Myriam Guerrero de Escobar.
34 Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
35 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas
Monsalve.
36 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
37 Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
38 Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
39 Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino
Cortés.
40 Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
41 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
42 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
43 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William
Hernández Gómez.
44 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino
Cortés.
45 Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia
Velásquez Rico.
46 Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William
Hernández Gómez.
47 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
48 Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
49 Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
50 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
25 de enero de 202151
22 de abril de 202152
6 de mayo de 202153
5 de agosto de 202154
10 de marzo de 202255
26. En el criterio minoritario, este es que los efectos de los actos administrativos son
hacia el pasado, se sostuvo que el acto administrativo se extingue cuando cesan
en forma definitiva sus efectos y puede ser revocado por razones de mérito o de
legalidad. Cuando la figura opera por esta última, al tratarse de un juicio
estrictamente lógico jurídico, los efectos serán hacia el pasado, es decir, desde el
momento de su expedición.
27. Por su parte, en el criterio mayoritario, existen 2 referentes principales que se
detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que sirvieron
a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002 [proferido
por la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 [proferido por la Sección Segunda].
Los argumentos que concuerdan en las providencias que prohijaron esta tesis, son
los siguientes:
28. El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias jurídicas.
«[R]esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar hacia atrás los
efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó de la presunción de
legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el administrado estuvo en el
deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo (...)».
29. La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad que
hasta ese momento tuvo el acto administrativo, « sino tan solo [puede] evitar que lo
51 Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
52 Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
53 Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
54 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
55 Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
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resuelto se materialice».
30. La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo los
efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad, por tal razón, la
recuperación de los dineros indebidamente pagados solo es posible lograrla por
conducto del juez. Esta figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado
efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad».
31. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació
a la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le
corresponden a la administración.
32. La Sala adopta la posición mayoritaria, en virtud de la separación de poderes,
aunque las ramas legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor eficiencia
para lograr los fines del Estado, la última tiene una función netamente ejecutora de
las actividades administrativas en servicio del interés general, dentro de la cual se
encuentra ejercer el control de sus propios actos y revocarlos directamente aun sin
el consentimiento del particular, pero únicamente en los casos expresamente
autorizados por el legislador.
33. Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en modo alguno declarar
su ilegalidad, pues conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de
la declaratoria de nulidad.
34. En esa línea, como el juez de lo contencioso-administrativo es el único que puede
examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde su
nacimiento y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, nada
impide que la administración solicite la nulidad y el reembolso de las sumas
pagadas en virtud de aquel, en razón a que durante su vigencia produjo efectos
jurídicos.
35. Es así porque fue la voluntad del legislador disponer únicamente en la parte
segunda del CPACA [organización de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva] que «no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», lo cual supone que solo
la autoridad judicial podrá determinar si el beneficiario del acto revocado acudió a
maniobras fraudulentas para obtener el derecho, no la entidad en el curso de la
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
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actuación administrativa. Lo contrario, sería tanto como aceptar que la
administración puede asumir la posición de juez y parte en el procedimiento, por
cuanto decidiría la suerte de un derecho particular y establecería el monto de los
perjuicios que causó la expedición del acto.
36. A más de lo expuesto, la revocatoria se realiza a través de un acto administrativo
autónomo e independiente, lo que significa que de esta se desprenden situaciones
jurídicas nuevas. De ahí la diferencia con la declaratoria de nulidad, la cual implica
«que el acto se reputa no haber existido jamás»56, es decir, ataca directamente los
elementos de la esencia y reconoce que desde su expedición estaba viciado; por
eso sus efectos son hacia el pasado o ex tunc.
37. Incluso,esto ocurre con la derogatoria del acto administrativo de carácter
general. Aunque «tiene un régimen jurídico específico»57 y distinto del acto
administrativo en cuanto a «la protección jurisdiccional, posibilidad de revocación,
jerarquía dentro del orden normativo, publicidad o notificación, efectos de los
recursos y alcance de la vigencia»58, su derogatoria [tácita o expresa] deviene de
la decisión unilateral de la autoridad que lo expidió, también tiene efectos hacia el
futuro o ex nunc y opera cuando queda en firme la decisión sin que se afecte « lo
ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo
hace ab-initio, restableciéndose por tal razón al imperio de la legalidad»59.
38. En definitiva, tanto la revocatoria como la derogatoria únicamente impactan los
efectos u obligatoriedad del acto primigenio, pero no la presunción de legalidad que
corresponde únicamente al juez de lo contencioso-administrativo, quien, además,
es el único competente para restablecer las cosas a su estado anterior y, en caso
dado, ordenar las sumas pagadas con ocasión del acto anulado. Lo expuesto se
sintetiza en el siguiente cuadro:
Características Efectos
Afecta la eficacia del acto por razones de «ilegalidad». No
tiene la virtualidad de retrotraer las cosas al estado inicial.
Revocación
Hacia el futuro
directa
Procede solo con el consentimiento del ciudadano, salvo en
los casos expresamente establecidos por el legislador.
Procede por decisión unilateral y discrecional de la autoridad
Derogatoria
que lo expidió y solo afecta la eficacia. No se pueden afectar Hacia el futuro
del reglamento
los derechos consolidados al amparo del que fue derogado.
56 Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2011, radicación 11001-03-28-000-2010-00120-
00.
57 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 26.
58 Ibidem.
59 Expediente S-157, CP. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
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No restablece el orden jurídico que se estima contrariado.
Afecta la validez del acto desde el momento de su expedición. Hacia el
Nulidad
pasado
2.2.2. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para la
devolución de prestaciones periódicas
39. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el
crédito personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides
hacía referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre
cuando había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y
entre las partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la
palabra al estar ligado a su propia declaración60.
40. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos61, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las
partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio
de probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española62, como honradez.
41. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199563, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».
42. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:
«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto
en los casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse»64.
43. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
60 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
61Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
62 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
63 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
64 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23
de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
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persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.
44. A su turno, el Código Contencioso Administrativo65 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe» (Negrilla del
texto original).
45. El
desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en el artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, el cual dispuso:
«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».
46. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional66 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
47. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:
«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra
dada. En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del
particular y constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad.
La doctrina, por su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar
situaciones contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de
los propios actos (venire contra factum proprium), las dilaciones injustificadas, el
abuso del poder y el exceso de requisitos formales, sin pretender con esta
enumeración limitar el principio a tales circunstancias. No es posible reducir la
infracción de la buena fe a casos tipificados legalmente. De ahí que la
65 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
66 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
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aplicación de este principio suponga incorporar elementos ético-jurídicos que
trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas ocasiones
la intervención judicial para calificar la actuación pública según las circunstancias
jurídicas y fácticas del caso». (Resalta la Sala).
48. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que
se espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.
49. LaCorte Constitucional en la sentencia C-131 de 200467, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:
«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los
sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la
confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad
surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el
ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico». (Se resalta).
50. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino
que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la
economía, entre otros68.
51. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
67 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
68 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
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de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.
52. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»69, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
en que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.
53. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la expedición
del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto en que el
beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de acceder al
derecho.
54. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200870, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:
«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya
que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para
69 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre
de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
70 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
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obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue
pagado por este concepto71».
72
55. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 , la corporación
indicó:
«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir73 la cantidad de $73.647.865,54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el
recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).
Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)74
Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba
en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos (…)
(…)
Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las
prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del
CPACA».
56. En pronunciamiento del 18 de marzo de 2021 75, sostuvo:
«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
71 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita Olaya
Forero.
72 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).
Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
73 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar
Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F. 309)».
74 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
75 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia
de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).
19
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
menos probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error
de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales,
no puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar
un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».
57. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.
58. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.
59. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación76.
60. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.
61. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les
ha reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de
76 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, exp. 1783-01, Magistrada
Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los
dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala
fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».
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decisiones tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta
protección no acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas
con la finalidad de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace
necesario que se demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas
o fraudulentas que llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda
la devolución de esas sumas de dinero pagadas.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
62. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente77:
2.3.1.1. En cuanto a las semanas cotizadas
62.1. Saúl Antonio Posada Mejía registra un total de 1.335,29 semanas cotizadas
desde enero de 1967 hasta el 31 de enero de 2010, de conformidad con el reporte
del 1 de noviembre de 201678 emitido por Colpensiones así:
Aportante Desde Hasta Semanas
Talleres Sanson 1 de agosto de 1969 31 de diciembre de 1994 1326,29
Modecol Ltda 1 de septiembre de 1971 30 de abril de 1972 34,71
Modecol Ltda 1 de julio de 1972 31 de octubre de 1972 17,57
Holvago Ltda 22 de agosto de 1973 31 de diciembre de 1974 71
Romero S Jaime 1 de febrero de 1974 23 de junio de1974 20,43
Solo válvulas Ltda 1 de octubre de 2009 31 de octubre de 2009 0,43
Solo válvulas Ltda 1 de noviembre de 2009 30 de noviembre de 2009 4,29
Solo válvulas Ltda 1 de enero de 2010 31 de enero de 2010 4,29
62.2. Asimismo, reporta un total de 199,57 semanas cotizadas desde enero de 1967
hasta el 31 de enero de 2010, de conformidad con el reporte del 23 de junio de
202179, así:
Aportante Desde Hasta Semanas
Talleres Sanson 1 de agosto de 1969 24 de junio de 1971 99,00
Modecol Ltda 1 de septiembre de 1971 30 de abril de 1972 34,71
Modecol Ltda 1 de julio de 1972 31 de octubre de 1972 17,57
Holvago Ltda 22 de agosto de 1973 31 de diciembre de 1973 18,86
Romero S Jaime 1 de febrero de 1974 23 de junio de1974 20,43
Solo válvulas Ltda 1 de octubre de 2009 31 de octubre de 2009 0,43
Solo válvulas Ltda 1 de noviembre de 2009 30 de noviembre de 2009 4,29
Solo válvulas Ltda 1 de enero de 2010 31 de enero de 2010 4,29
77Samai tribunales y juzgados. Índice 5, expediente digital, Carpeta 3.
78 De conformidad con los registrado en el reporte de semanas cotizadas en pensiones del 23 de
junio de 2021 emitido por Colpensiones. Carpeta 2, documento «GRP-SCH-HL-
66554443332211_869-201611010114423».
79 Documento «HL2764863».
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2.3.1.2. En cuanto al reconocimiento de la pensión de Saúl Antonio Posada
Mejía
62.3. El 7 de enero de 2014, a través del Formato Solicitud de Prestaciones
Económicas Saúl Antonio Posada Mejía pidió el reconocimiento de una pensión de
vejez80.
62.4. Mediante Resolución GNR 7942 del 19 de enero de 2015 81, Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de Saúl Antonio Posada
Mejía, con efectos fiscales a partir del 1 de febrero de 2015. Estableció como fecha
de causación del estatus pensional el 2 de abril de 2001 al considerar acreditados
los requisitos previstos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, esto es, 60 años
de edad y un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos
20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o 1.000 semanas en
cualquier tiempo. Lo anterior, por cuanto el afiliado nació el 2 de abril de 1941 y
tuvo por acreditadas «9.347» días equivalentes a 1.335 semanas cotizadas,
discriminadas así:
Entidad Desde Hasta Novedad Días
Talleres Sanson 1 de agosto de 1969 31 de diciembre de 1994 9.228
Modecol Ltda 1 de septiembre de 1971 30 de abril de 1972 243
Modecol Ltda 1 de julio de 1972 31 de octubre de 1972 123
Holvago Ltda 22 de agosto de 1973 31 de diciembre de 1974 Tiempo 497
Romero S Jaime 1 de febrero de 1974 23 de junio de1974 de 143
Solo válvulas Ltda 1 de octubre de 2009 3 de octubre de 2009 servicio 3
Solo válvulas Ltda 1 de noviembre de 2009 30 de noviembre de 2009 30
Solo válvulas Ltda 1 de enero de 2010 31 de enero de 2010 30
62.5. Através de la Resolución GNR 149297 del 21 de mayo de 2015 82,
Colpensiones modificó la fecha de efectividad de la prestación y la fijó a partir del 5
de febrero de 2012, reliquidó la prestación para los años 2013, 2014 y 2015; y
reconoció un retroactivo pensional por valor de $22.319.608. Lo anterior, luego de
estudiar el escrito por el cual el demandado solicitó «a quien corresponda se sirvan
darle el trámite pertinente a este recurso y se eme incluya en nomina de pensionado el
valor del retroactivo desde el momento en que cumplí con todos y cada uno de los
requisitos para reconocimientos» (sic).
62.6. El 24 de agosto de 201583 Saul Antonio Posada Mejía solicitó que su retroactivo
sea liquidado «desde el 07 de noviembre de 2010hasta donde lo liquido colpensiones, así
80
Carpeta 3 «GEN-DOA-DA-2016_11975872-20161010102828.pdf» páginas 11 y 12.
81 Documento «ADM2764863.1».
82 Documento «ADM2764863.2».
83 Según se indica en el acto administrativo.
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las cosas como quiera que colpensiones solo me este reconociendo 3 años de retroactivo
al tener del artículo 50 del decreto 0758 el cual prescribe que las mesadas pensionales
prescriben en 4 años se me adeuda el tiempo comprendido entre el 07 de noviembre de
2010 al 04 de febrero de 2012» (sic). Por lo que mediante Resolución GNR 336551
del 27 de octubre de 201584, Colpensiones reliquidó nuevamente la prestación,
estableció como fecha de efectividad de la pensión el 7 de noviembre de 2011,
ajustó la liquidación de la prestación para los años 2013, 2014 y 2015; y ordenó el
pago de un nuevo retroactivo pensional adicional por valor de $2.000.500.
62.7. El Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, mediante
sentencia del 9 de febrero de 201785 condenó a Colpensiones a reconocer y pagar
a favor de Saúl Antonio Posada Mejía la suma de $5.256.378 por concepto del
incremento pensional del 14 % por cónyuge a cargo, correspondiente al período
comprendido entre el 10 de julio de 2012 y el 31 de enero de 2017, respecto de
Ascéneth Muñoz Gómez; y ordenó continuar con dicho pago mientras subsistieran
las condiciones legales para su reconocimiento. Asimismo, dispuso el pago de
$1.989.963 por concepto de intereses moratorios causados sobre el retroactivo
pensional reconocido en la Resolución GNR 149297 de 2015.
62.8. Por medio de la Resolución GNR 61502 del 28 de febrero de 2017 86, y en
cumplimiento de la sentencia judicial referida, Colpensiones reconoció a favor de
Saúl Antonio Posada Mejía el incremento pensional del 14 % por cónyuge a cargo.
Asimismo, reliquidó la prestación, incluyó el incremento pensional sobre 13
mesadas y ordenó el pago de un retroactivo de $7.975.638.
2.3.1.3. En torno a la revocatoria de la pensión
62.9. Mediante informe técnico del 31 de agosto de 2016 87, Colpensiones adelantó
de oficio una revisión del reconocimiento y la reliquidación de la pensión de vejez
de Saúl Antonio Posada Mejía y concluyó que la historia laboral presentaba
inconsistencias derivadas de modificaciones irregulares efectuadas en el aplicativo
de Historia Laboral Tradicional, con fundamento en los siguientes hallazgos:
62.9.1.El 29 de abril de 2014 el usuario «mpcasaliss» realizó modificaciones
relacionadas con novedades de ingreso, retiro y salario en registros asociados a
los empleadores Talleres Sanson y Holvago Ltda., e incorporó aproximadamente
1.280 semanas adicionales de forma injustificada.
84 Documento «ADM2764863.3».
85 Conforme con el acta de audiencia del 9 de febrero de 2017. Con radicado
76001410571120150100300. Documento «GDJ-SEN-PI-2017_1997462-20170223044134»
86 Documento «ADM2764863.4».
87 Carpeta 3, documento «GEN-DOA-DA-2016_11975872-20161010102827».
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62.9.2.Al revisar los archivos físicos y microfilmados del ISS, se encontró que varios
períodos reportados no contaban con cotizaciones efectivamente realizadas,
novedades válidas de ingreso o retiro, ni soportes que acreditaran pagos realizados
por los empleadores involucrados, en particular, «[l]a verificación adelantada arrojó […]
inconsistencias en los períodos de cotización asociados a los siguientes patronales:
Patronal […] 04012600117 TALLERES SANSON, el cual registra del 05 de febrero de
1968 al 24 de junio de 1971 y NO hasta el 31 de diciembre de 1994; [y] Patronal […]
04012600628 HOLVAGO LTDA, el cual registra del 22 de agosto de 1973 al 31 de
diciembre de 1973 y NO hasta el 31 de diciembre de 1974».
62.9.3.Las novedades incorporadas no provenían de solicitudes del afiliado ni de
procedimientos ordinarios de corrección, sino de modificaciones efectuadas
directamente en el sistema. De igual forma, no existía solicitud formal de corrección
en el aplicativo Bizagi.
62.9.4. Los cambios efectuados afectaron de manera sustancial el monto de la
prestación reconocida, pues con dichas alteraciones, el afiliado pasó a registrar
1.335 semanas cotizadas, circunstancia que permitió el reconocimiento de la
pensión mediante la Resolución GNR 7942 de 2015 y su posterior reliquidación a
través de las resoluciones GNR 149297 y 336551 de 2015. En consecuencia, la
historia laboral debía ser depurada, pues las semanas adicionadas irregularmente
no podían ser tenidas en cuenta para efectos pensionales, al no existir respaldo
documental ni evidencia de cotizaciones efectivamente realizadas.
62.10. Con auto del 26 de septiembre de 201688, Colpensiones dispuso la apertura
de la investigación administrativa especial 281 de 2016, orientada a verificar los
soportes que sirvieron de fundamento para el reconocimiento y reliquidación de su
pensión de vejez mediante las resoluciones GNR 7942, GNR 149297 y GNR
336551 de 2015. Lo anterior, al advertir que, pese a no existir solicitud de corrección
de historia laboral, el 24 de abril de 2014 se efectuó una modificación irregular
consistente en ampliar los periodos laborales registrados con Talleres Sanson y
Holvago Ltda.
62.11. Mediante comunicación del 10 de octubre de 201689, Colpensiones informó a
Saúl Antonio Posada Mejía la apertura de la referida actuación administrativa; le
corrió traslado de los log de auditoría del aplicativo de Historia Laboral Tradicional
y del archivo microfilmado denominado «Libro Pago»; y le concedió un término de
15 días para que presentara los argumentos y aportara los elementos de prueba
que considerara pertinentes para esclarecer los hechos.
88 Según lo señalado en el Oficio del 10 de octubre de 2016.
89 Carpeta 2, documento «GRP-COM-EN-2016_11975872-20161010102826».
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62.12. La anterior comunicación fue notificada al demandado el 30 de noviembre de
2016 mediante guía GN036701436765690.
62.13. Através de Auto 70 del 18 de enero de 201791, proferido dentro de la
Investigación Administrativa Especial 281 de 2016, Colpensiones ordenó el cierre
de la actuación administrativa adelantada para verificar la legalidad de las
resoluciones GNR 7942 y 149297 de 2015, mediante las cuales se reconoció y
reliquidó la pensión de vejez. Concluyó que el reconocimiento pensional se sustentó
en modificaciones irregulares efectuadas en la historia laboral del afiliado. Al
respecto, señaló:
«[L]a modificación efectuada a la historia laboral no tuvo como causa ninguna solicitud
del señor o requerimiento de alguna autoridad u órgano de control, motivo por el cual se
afirma sin ninguna duda que el usuario “mpcasaliss” de la Gerencia Nacional de
Operaciones ingresó abusivamente y en forma ilícita al aplicativo de Historia Laboral
Tradicional al modificar […] el patronal […] 04012600117 que corresponde a TALLERES
SANSON entre el 25 de junio de 1971 y el 31 de diciembre de 1994 [y el patronal] […]
04012600628 que corresponde a HOLVAGO LTDA entre el 01 de enero de 1974 y el 31
de diciembre de 1974, tal como se evidencia[ba] en los registros […] del log de auditoría
del aplicativo de historia laboral tradicional, adicionándole un total de 1.280 semanas [lo
cual generó] nuevas semanas en la historia laboral del señor SAÚL ANTONIO POSADA
MEJIA de las cuales no se encontró soporte alguno.
[…]
[D]esde el 01 de enero de 1967 hasta el 31 de d 1994, atendiendo a que el sistema de
recaudo se efectuaba a través de un proceso de facturación, el Instituto de Seguro Social
emitía una cuenta de cobro a cada patrono cuyo soporte se encuentra en un archivo físico
microfilmado […] esta clase de elementos de prueba son los que permiten afirmar que el
ciudadano […] no reporta inicio de relación laboral con los patronales mencionados en
las fechas objeto de investigación.
[…]
[S]e efectuó una revisión del soporte microfilmado que reposa en Colpensiones, con el
patronal […] 04012600117 que corresponde a TALLERES SANSON para los periodos
de: febrero de 1968 (Se encontró cotización efectuada con novedad de ingreso al 05 de
febrero de 1968), enero de 1969 (Se encontró cotización efectuada), agosto de 1969 (Se
encontró cotización efectuada), agosto de 1970 (Se encontró cotización efectuada), junio
de 1971 (Se encontró cotización efectuada con novedad de retiro al 24 de junio de 1971),
90 Se aclara que, pese a que la guía registra la fecha del 14 de octubre de 2016, el reporte del 15 de
diciembre de 2016., emitido en respuesta a la solicitud de auditoría de la guía GN0367014367656
se informó que fue entregada al destinario el 30 de noviembre de 2016. De igual forma, en el Auto
70 del 18 de enero de 2017 se señaló que la comunicación del 10 de octubre de 2016 había sido
«recibida exitosamente por […] SAÚL ANTONIO POSADA MEJIA el día 30 de noviembre de 2016
(sic) tal como consta en la guía de envío N° GN0367014367656 (folios 43 - 44) de la empresa de
mensajería Thomas Greg — MTI». Carpeta 2, documentos «GEN-REQ-IN-2017_9521610_9-
20191010043840» «GEN-GDE-GU-2016_11975890-20161025062144».
91 Carpeta 2. Documento «GEN-REQ-IN-2020_4968972_9-20210609082835».
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agosto de 1971 (No se encontró cotización efectuada), enero de 1972 (No se encontró
número patronal), enero de 1974 (No se encontró número patronal), con el patronal N°
04012600628 que corresponde a HOLVAGO LTDA para los periodos de: agosto de 1973
(Se encontró cotización efectuada con novedad de ingreso al 22 de agosto de 1973),
enero de 1974 (Se encontró cotización efectuada con novedad de retiro al 31 de diciembre
de 1973), mayo de 1974 (No se encontró cotización efectuada), diciembre de 1974 (No
se encontró cotización efectuada). [Por lo tanto], no cuenta con cotizaciones efectuadas,
puesto que una vez verificado los soportes documentales microfilmados, no se
encontraron cotizaciones o soportes que demuestren los pagos realizados, es decir, no
se encontró en los listados de trabajadores reportados por el patronal […] 04012600117
que corresponde a TALLERES SANSON entre el 25 de junio de 1971 y el 31 de diciembre
de 1994, con el patronal […]04012600628 que corresponde a HOLVAGO LTDA entre el
01 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1974».
62.13.1. Con fundamento en dichas conclusiones, Colpensiones dispuso remitir copia
del auto a la Gerencia Nacional de Reconocimiento para que adoptara las
decisiones administrativas correspondientes respecto de las resoluciones
pensionales expedidas, ordenar la corrección de la historia laboral y poner en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las conductas constitutivas de
posible fraude procesal, falsedad en documento público y acceso abusivo a sistema
informático.
62.14. Por medio de comunicación del 19 de enero de 201792, Colpensiones informó
a Saúl Antonio Posada Mejía que mediante Auto 070 del 18 de enero de 2017 se
dispuso el cierre de la investigación administrativa especial 281 de 2016,
adelantada para verificar los soportes que sirvieron de fundamento al
reconocimiento de su pensión de vejez. Asimismo, le indicó que dicho auto había
sido remitido a la Gerencia Nacional de Reconocimiento y a la Gerencia Nacional
de Operaciones para que adoptaran los correctivos administrativos
correspondientes, conforme con las pruebas y hallazgos recaudados durante la
investigación.
62.15. La anterior comunicación fue entregada el 30 de enero de 2017 mediante guía
GN036701489911993.
62.16. El 14 de marzo de 201794, Saúl Antonio Posada Mejía solicitó la corrección de
la historia laboral por inconsistencias de periodos de cotización entre enero de 1967
y diciembre de 1994 en Talleres Sansón.
62.17. Mediante comunicación del 24 de abril de 201795, Colpensiones informó al
92 Carpeta 2, documento «GRP-COM-EN-2017_583022-20170119113227».
93 Carpeta 2, documento «GEN-GDE-GU-2017_621308-20170207113438».
94 Carpeta 2, documentos «GAF-FCH-F1-2017_2677954-20170314032418» y «GAF-FCH-F2-
2017_2677954-20170314032418».
95 Carpeta 2, documento «GEN-RES-CO_2017_2677954_20170426».
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demandando que, una vez verificada la base de datos institucional, constató que el
aportante Talleres Sansón, únicamente registraba cotizaciones a su nombre
respecto de los períodos «ya reflejados en su historia laboral». En consecuencia, le
indicó que, si no estaba de acuerdo con dicha información, debía aportar
documentos o soportes probatorios que acreditaran el vínculo laboral con ese
empleador entre julio de 1971 y diciembre de 1994, con el fin de evaluar una
eventual corrección de la historia laboral.
62.18. A través de Auto APSUB 3596 del 13 de septiembre de 201796 Colpensiones
requirió al demandado con el fin de que autorizara la revocatoria de las resoluciones
GNR 7942 de 2015, 149297, 336551 de 2015 y 61502 de 2017 con fundamento en
que, en la historia laboral registraba cotizaciones efectuadas al Sistema de
Seguridad Social así:
Entidad Desde Hasta Novedad Días
Talleres Sanson 1 de agosto de 1969 24 de junio de 1971 693
Modecol Ltda 1 de septiembre de 1971 31 de marzo de 1972 213
Modecol Ltda 1 de abril de 1972 30 de abril de 1972 30
Modecol Ltda 1 de julio de 1972 31 de octubre de 1972 Tiempo 123
Holvago Ltda 22 de agosto de 1973 31 de diciembre de 1973 de 132
Romero S Jaime 1 de febrero de 1974 23 de junio de1974 servicio 143
Solo válvulas Ltda 1 de octubre de 2009 3 de octubre de 2009 3
Solo válvulas Ltda 1 de noviembre de 2009 30 de noviembre de 2009 30
Solo válvulas Ltda 1 de enero de 2010 31 de enero de 2010 30
62.18.1. Por lo tanto, había acreditado 1.397 días laborados, equivalentes a 199
semanas cotizadas, y no las 1.335 semanas que sirvieron de base para el
reconocimiento y reliquidación de la pensión mediante las resoluciones GNR 7942,
GNR 149297 y GNR 336551 de 2015. En consecuencia, aunque contaba con más
de 40 años de edad al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, no tenía derecho a la
pensión bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36 ejusdem, pues el
parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 condicionó la
conservación de ese beneficio hasta el año 2014 para acreditar al menos 750
semanas cotizadas al 25 de julio de 2005. De tal manera que no podía acceder a
la pensión con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990
y debía sujetarse a las exigencias previstas en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003,
según el cual, se debía acreditar 60 años de edad (posteriormente incrementados
a 62 años de edad a partir del año 201497), y un mínimo de semanas cotizadas que
96 Documento «ADM2764863.5».
97 «Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es
hombre, incrementándose a partir de 1° de enero del año 2014 la edad de las mujeres a cincuenta
y siete (57) años y para los hombres a sesenta y dos (62) años».
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aumentó progresivamente hasta alcanzar las 1.300 semanas en el año 201598,
requisito que tampoco satisfacía.
62.19. Mediante comunicación del 13 de septiembre de 201799, Colpensiones le
informó al demandado que había proferido auto de pruebas dentro de la
investigación administrativa adelantada. Dicha comunicación fue entregada el 16
de septiembre de 2017 mediante guía GN0367017654379100.
25 de octubre de 2017101, Saúl Antonio Posada Mejía autorizó a
62.20. El
Colpensiones para que revocara las resoluciones GNR 7942, GNR 149297, GNR
336551 de 2015 y GNR 61502 de 2017. Además, indicó que «si se presentaron
irregularidades en el reconocimiento de la pensión, [era] completamente ajeno a ellas».
62.21. Através de Resolución SUB-268109 del 11 de octubre de 2018102,
Colpensiones decidió remitir a la Dirección de Procesos Judiciales las resoluciones
GNR 7942, GNR 149297, GNR 336551 de 2015 y GNR 61502 de 2017, con el fin
de adelantar «acción de lesividad» contra dichos actos. Comunicada al demandado
mediante Oficio del 30 de octubre de 2018103.
62.22. Con Resolución SUB 302158 del 1 de noviembre de 2019 104, Colpensiones
revocó las resoluciones GNR 7942 del 19 de enero de 2015, 149297 del 21 de
mayo de 2015 y 336551 del 27 de octubre de 2015, mediante las cuales se
reconoció y reliquidó la pensión de vejez de Saúl Antonio Posada Mejía, con base
en el Auto de Cierre 070 del 18 de enero de 2017, proferido dentro de la
Investigación Administrativa Especial 281 de 2016 adelantada por la Gerencia de
Prevención del Fraude, por cuanto se concluyó que el reconocimiento pensional se
había sustentado en una historia laboral irregularmente modificada, en la que
fueron adicionadas injustificadamente 1.280 semanas de cotización.
62.23. La anterior decisión fue confirmada por medio de las resoluciones SUB-53457
del 25 de febrero de 2020105 y DPE 4573 del 19 de marzo de 2020106, al resolver
los recursos de reposición y apelación respectivamente.
98 «Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo, incrementando a partir
del 1 de enero de 2005 el número de semanas en 50 y a partir del 1 de enero de 2006 en 25 cada
año hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015».
99 Carpeta 2, documento «GPB-COE-AP-2017_9521610_9-20170913075148».
100 Carpeta 2, documento «GEN-GDE-GU-2017_9630196-20170919061115».
101 Carpeta 3, documento «GEN-REQ-IN-2017_9521610_9-20180312100249».
102 Documento «ADM2764863.6».
103 Carpeta 2, documento «GRF-CLD-NA-2018_12947339-20181030105939».
104 Documento «ADM2764863.7».
105 Documento «ADM2764863.8».
106 Documento «ADM2764863.9».
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62.24. Mediante la Resolución SUB 110113 del 19 de mayo de 2020107, Colpensiones
informó a la Dirección de Procesos Judiciales que el valor girado a favor de Saúl
Antonio Posada Mejía por concepto de mesadas pensionales, retroactivos, aportes
a salud e incrementos pensionales, correspondiente al período comprendido entre
el 7 de noviembre de 2011 y el 30 de abril de 2020, ascendía a la suma de
$94.858.203, con el fin de adelantar las acciones judiciales pertinentes para la
recuperación de dichos recursos, luego de la revocatoria de las resoluciones que
habían reconocido y reliquidado la pensión de vejez.
2.3.2. Análisis sustancial
63. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, la
controversia en esta instancia se circunscribe a determinar si en el proceso se
acreditó que Saúl Antonio Posada Mejía actuó de mala fe al obtener el
reconocimiento y la reliquidación de la pensión de vejez y, en consecuencia, si
resultaba procedente ordenar la devolución de las sumas pagadas por concepto de
mesadas, retroactivos y aportes al sistema de salud.
64. Para el efecto, la Sala debe partir de un aspecto que, si bien no fue objeto de
controversia en el recurso de apelación, resulta imprescindible para comprender las
circunstancias fácticas y jurídicas del asunto y analizar la alegada mala fe del
demandado. En ese sentido, la Sala examinará las condiciones en las que se
produjo el reconocimiento pensional, particularmente las irregularidades advertidas
en la historia laboral y el incumplimiento de los requisitos legales relacionados con
las semanas de cotización exigidas para acceder a la prestación.
65. En efecto, el reconocimiento y posterior reliquidación de la pensión de vejez se
sustentaron en una historia laboral alterada irregularmente, en la cual fueron
incorporadas aproximadamente 1.280 semanas de cotización sin soporte
documental, circunstancia que permitió acreditar artificialmente requisitos
pensionales que el demandado realmente no cumplía, tal como lo determinó el a
quo.
66. Lo anterior, por cuanto el informe técnico del 31 de agosto de 2016, el Auto 70
del 18 de enero de 2017 y los documentos recaudados dentro de la Investigación
Administrativa Especial 281 de 2016 demostraron que las modificaciones
efectuadas en la historia laboral no obedecieron a solicitudes ordinarias de
corrección ni a actuaciones administrativas regulares, sino a alteraciones realizadas
directamente en el aplicativo de Historia Laboral Tradicional por el usuario
«mpcasaliss», quien adicionó períodos de cotización inexistentes relacionados con
107 Documento «ADM2764863.10».
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los empleadores Talleres Sanson y Holvago Ltda. Tales hallazgos fueron
corroborados mediante la revisión de los archivos físicos y microfilmados del ISS,
en los cuales no se encontraron cotizaciones, novedades válidas de ingreso o retiro,
ni soportes de pago que acreditaran los períodos adicionados.
67. De igual forma, la Sala advierte que, una vez excluidas las 1.280 semanas
incorporadas irregularmente, Saúl Antonio Posada Mejía únicamente acreditaba
199 semanas efectivamente cotizadas, circunstancia que impedía estructurar
válidamente el derecho pensional reconocido mediante las resoluciones acusadas.
68. En efecto, aunque el demandado contaba con más de 40 años al momento de
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, pues nació el 2 de abril de 1941 y, en
principio, podía ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36
de dicha normativa, conforme al cual las personas que para ese momento tuvieran
40 o más años de edad si eran hombres conservarían «la edad para acceder a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de
la pensión de vejez […] establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados»,
lo cierto es que dicho beneficio no operaba de manera indefinida ni automática.
69. Lo anterior, porque el parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01
de 2005 limitó expresamente la vigencia del régimen de transición al disponer que
este «no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010», salvo para aquellos
trabajadores que, además de encontrarse cobijados por dicho régimen, acreditaran
«al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia
del presente Acto Legislativo», evento en el cual la transición se mantendría hasta el
año 2014.
70. Así las cosas, aun cuando Saúl Antonio Posada Mejía satisfacía el requisito de
la edad previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en todo caso no acreditaba
el presupuesto adicional establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 para
conservar el régimen de transición, pues una vez excluidas las semanas
incorporadas irregularmente en la historia laboral apenas registraba 199 semanas
cotizadas durante toda su vida laboral. En consecuencia, no podía pensionarse con
los requisitos establecidos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, disposición
que exige acreditar «sesenta (60) o más años de edad si se es varón» y,
adicionalmente, «un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante
los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier
tiempo».
71. En esas condiciones, el demandado debía sujetarse a los requisitos generales
previstos en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, mediante el cual se modificó el
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artículo 33 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual para acceder a la pensión de
vejez era necesario acreditar «sesenta (60) años si es hombre, incrementándose a partir
del 1.º de enero del año 2014 […] a sesenta y dos (62) años para los hombres» y «haber
cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo», número que «a partir
del 1º de enero de 2005 […] se incrementará en 50 y a partir del 1º de enero de 2006 se
incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015». Así, aunque
Saúl Antonio Posada Mejía inicialmente se encontraba cobijado por el régimen de
transición debido a que contaba con más de 40 años al entrar en vigencia la Ley
100 de 1993, lo cierto es que no acreditó las 750 semanas de cotización exigidas
por el Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar dicho beneficio hasta el año 2014.
En consecuencia, debía acreditar los requisitos previstos en la Ley 797 de 2003,
frente a los cuales únicamente demostraba 199 semanas efectivamente cotizadas.
72. Lo anterior permite evidenciar que el reconocimiento pensional se produjo con
fundamento en información irregular incorporada a la historia laboral. Sin embargo,
esa sola circunstancia no desvirtúa la presunción constitucional de buena fe que
ampara las actuaciones de los particulares ni conduce, por sí misma, a concluir que
el demandado hubiera actuado de manera deshonesta o fraudulenta. En virtud del
artículo 83 de la Constitución Política, la buena fe se presume en todas las
actuaciones adelantadas ante las autoridades, de manera que correspondía a
Colpensiones demostrar, mediante prueba suficiente, que Saúl Antonio Posada
Mejía conoció, promovió o participó en las alteraciones advertidas en la historia
laboral con el propósito de obtener el reconocimiento pensional.
73. En ese sentido, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha precisado que
la recuperación de las prestaciones periódicas pagadas únicamente procede
cuando se acredita que el beneficiario incurrió en conductas deshonestas o
fraudulentas dirigidas a obtener el reconocimiento del derecho. Así, la mala fe no
puede inferirse de las irregularidades que afectaron la actuación administrativa ni
de las dudas que estas susciten, sino que debe demostrarse a partir de hechos
concretos atribuibles al particular, anteriores al reconocimiento de la prestación y
reveladores de un propósito deliberado de inducir en error a la administración.
74. Bajo ese contexto, para la Sala no se acreditó la mala fe del demandado, pues
si bien la actuación administrativa adelantada por Colpensiones permitió establecer
la existencia de irregularidades graves en la historia laboral y la incorporación
injustificada de semanas de cotización, lo cierto es que la propia entidad reconoció
expresamente, tanto en el informe técnico del 31 de agosto de 2016 como en el
Auto 70 del 18 de enero de 2017, que las modificaciones efectuadas en el sistema
no tuvieron origen en solicitudes presentadas por Saúl Antonio Posada Mejía ni
obedecieron a trámites ordinarios de corrección promovidos por este. Por el
contrario, concluyó que las alteraciones fueron realizadas directamente por un
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
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usuario interno de la Gerencia Nacional de Operaciones, sin soporte documental y
al margen de los procedimientos institucionales establecidos.
75. Se aclara que si bien obra en el expediente una solicitud de corrección de historia
laboral presentada por el demandado el 14 de marzo de 2017, dicha actuación
ocurrió con posterioridad a las modificaciones irregulares identificadas por
Colpensiones, las cuales, según la investigación administrativa, fueron efectuadas
desde el 29 de abril de 2014 y sirvieron de fundamento para el reconocimiento
pensional en el año 2015. En ese sentido, no existe prueba que demuestre que
promovió o participó en las alteraciones irregulares incorporadas a la historia laboral
antes del reconocimiento de la prestación.
76. Tampoco se acreditó que hubiera aportado documentos falsos, adulterados o
carentes de autenticidad, o desplegado maniobras fraudulentas dirigidas a inducir
en error a la administración para obtener el reconocimiento pensional. De igual
manera, no obra prueba que permita concluir que conociera las modificaciones
realizadas por el usuario interno de Colpensiones o que hubiera intervenido, directa
o indirectamente, en su ejecución. Por el contrario, se observa que autorizó
expresamente la revocatoria de las resoluciones mediante las cuales se reconoció
y reliquidó la pensión, circunstancia que resulta incompatible con una conducta
orientada deliberadamente a mantener un provecho ilícito.
77. Así las cosas, aunque en el proceso se demostró que el reconocimiento
pensional se sustentó en información irregular incorporada a la historia laboral, ello
únicamente permite concluir que existió una actuación administrativa viciada, mas
no que el demandado hubiera actuado de mala fe. En efecto, las pruebas
recaudadas acreditan la existencia de las irregularidades y su incidencia en el
reconocimiento de la prestación por modificaciones realizadas por servidores de la
administradora, pero no permiten atribuir dichas actuaciones al pensionado ni
desvirtuar la presunción de buena fe que lo ampara. Las dudas que puedan surgir
respecto del origen de las modificaciones en la historia laboral o de las
circunstancias que rodearon el reconocimiento pensional no constituyen prueba de
una conducta dolosa o fraudulenta del demandado, pues, se insiste, conforme al
artículo 83 de la Constitución y a la jurisprudencia de esta Corporación, la mala fe
debe ser objeto de demostración y no puede fundarse en inferencias o sospechas.
78. En consecuencia, como Colpensiones no cumplió con la carga de demostrar que
Saúl Antonio Posada Mejía actuó de manera deshonesta, fraudulenta o con
conocimiento de las alteraciones incorporadas a la historia laboral para obtener el
reconocimiento pensional, permanece incólume la presunción constitucional de
buena fe prevista en el artículo 83 de la Constitución Política, de manera que no
resulta procedente ordenar la devolución de las sumas percibidas por concepto de
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
mesadas, retroactivos y aportes a salud, de conformidad con lo previsto en el literal
c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA y la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación.
79. Porlas razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida el 2
diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
80. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
81. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
82. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma108.
83. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
84. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia actuación temeraria
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala no condenará en costas en esta instancia.
108En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00754-01 (1093-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
3. Conclusión
85. Del análisis normativo y la valoración integral del material probatorio, la Sala
concluye que no se acreditó que el reconocimiento de la pensión de vejez a favor
de Saúl Antonio Posada Mejía se hubiera obtenido mediante fraude ni que él
hubiese obrado de mala fe para lograr la alteración en su historia laboral. En
consecuencia, no hay lugar a la devolución de las mesadas percibidas.
86. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 2 diciembre de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la Administradora
Colombiana de Pensiones contra Saúl Antonio Posada Mejía en tanto declaró la
nulidad de los actos acusados, pero negó las pretensiones de restablecimiento del
derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda interpuesta por la Administradora Colombiana
de Pensiones contra Saúl Antonio Posada Mejía, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
35
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