RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2017-01897-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01897-01

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01897-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por Álvaro Eduardo Cuartas García en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 003722 del 29 de enero de 2015, RDP 11714 del 25 de marzo de 2015; RDP 029194 del 15 de julio de 2015; y RDP 043748 del 22 de octubre de 2015, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social le negó a Álvaro Eduardo Cuartas García la reliquidación de su pensión de vejez. Tercero. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reliquidar la pensión de jubilación de Álvaro Eduardo Cuartas García de acuerdo con los términos previstos en la Resolución UGM 054859 del 23 de agosto de 2012 proferida por el Cajanal, es decir en monto del 75% del salario mensual más elevado devengado en el último año de servicio. 33 Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024) Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García Cuarto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a pagar con efectos retroactivos las sumas dejadas de percibir por Álvaro Eduardo Cuartas García como consecuencia de las diferencias reconocidas en esta decisión, desde que comenzó a disfrutar de su pensión. Quinto. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social hacer la actualización sobre las sumas adeudadas, según lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-01897-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García
Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1 y consorcio
Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional2

Temas: Reliquidación de pensión de jubilación. Decreto 546 de 1971.
Revocatoria directa de los actos administrativos que
reconocieron prestaciones periódicas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 27 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Álvaro Eduardo Cuartas García presentó demanda3 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del

1 En adelante Ugpp
2 En lo que sigue Fopep
3 El 16 de febrero de 2016. Folio 1.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo4, en
orden a que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) PAP 004531
del 18 de mayo de 2010; y ii) UGM 054859 del 23 de agosto de 2012 expedidas por
la Caja Nacional de Previsión Social5 EICE que le reconocieron una pensión de
jubilación y se resolvió un recurso de reposición, respectivamente; y iii) RDP 003722
del 29 de enero de 2015, iv) RDP 11714 del 25 de marzo de 2015; y v) RDP 029194
del 15 de julio de 2015, por las cuales la Ugpp reliquidó la prestación y resolvió los
recursos de reposición y apelación en su contra.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de vejez desde el 28 de abril de 2009,
fecha en la que adquirió el estatus jurídico de pensionado de conformidad con el
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, esto es, con el 75% de la asignación mensual
más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio; ii) el pago del
retroactivo por la diferencia entre la pensión reliquidada y la reconocida por la
entidad; iii) la indexación de las sumas que ha dejado de cubrir con el interés
corriente bancario más alto para el momento del pago efectivo de la condena; y
iv) la condena en costas del proceso.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. En virtud de la Resolución PAP 004531 del 18 de mayo de 2010, Cajanal EICE
en liquidación, reconoció a Álvaro Eduardo Cuartas García una pensión de vejez en
cuantía de $4.079.479,19 efectiva a partir del 1° de julio de 2009 teniendo en cuenta
que era servidor público del orden nacional, toda vez que prestó sus servicios en la
Rama Judicial y se encontraba en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

3.2. Mediante Resolución UGM 054859 del 23 de agosto de 2012, la entidad repuso
el acto anterior y ordenó reconocer y pagarle una pensión de vejez en cuantía de
$5.458.696, efectiva a partir del 1° de julio de 2010 pero con efectos fiscales a partir
del retiro definitivo del servicio.

3.3. Por la liquidación de Cajanal todos los empleados de la nación afiliados a esa
administradora fueron trasladados al Instituto de Seguros Sociales6, pero como este
también fue liquidado, nuevamente fueron trasladados a Colpensiones.

4 A continuación CPACA.
5 En lo que sigue Cajanal.
6 En adelante ISS.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

Posteriormente el consorcio Fopep se encargó del pago de la pensión.

3.4. Con la Resolución RDP 003722 del 29 de enero de 2015, la Ugpp reliquidó la
prestación en cuantía de $5.042.303 con efectividad a partir del 3 de febrero de
2014; no obstante, a través de la Resolución RDP 043748 del 22 de octubre de 2015
indicó que era la Resolución UGM 54859 del 23 de agosto de 2012 la que debía
seguir incluida en nómina por favorabilidad, «por lo cual resolvió modificar la parte
motiva pertinente y el artículo 3 de la resolución No. RDP 29194 del 15 de julio de
2015»

3.5. A pesar de adquirir el estatus de pensionado, Álvaro Eduardo Cuartas García
continuó trabajando como servidor público del orden nacional para la rama judicial
hasta el 1° de febrero de 2014, en el cargo de juez sexto de familia de Medellín.

3.6. En el mes de noviembre de 2015 el consorcio Fopep suspendió el pago de la
mesada pensional, por lo que instauró acción de tutela ante los juzgados civiles del
circuito de Envigado que ordenó a las entidades el pago de las mesadas adeudadas.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 13, 23, 25, 53, 58, 85, 93, 94 de la
Constitución Política; 138 del CCA; 36 de la Ley 100 de 1993; la Ley 4ª de 1992; los
decretos 2285 de 1968, 3130 de 1968, 546 de 1971, 717, 1042 y 1045 de 1978, y
1919 de 2002; y las ordenanzas 32 de 1971, 28 de 1977 y 53 de 1979.

5. En cuanto al concepto de violación expuso que quienes quedaron amparados por
el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que
acreditaron que a julio de 2005 tenían al menos 750 semanas cotizadas, y que no
se trasladaron a un fondo privado de pensiones que les hubiere ocasionado la
pérdida del régimen de transición, podrían pensionarse con el régimen especial
dispuesto en el Decreto 546 de 1971, siempre y cuando tuviesen 50 años de edad
[para el caso de las mujeres] o 55 [en el de los hombres]; y hubiesen reunido 20
años de servicios continuos o discontinuos, pero que 10 de ellos hayan sido
prestados de manera exclusiva a la rama judicial o al ministerio público. De manera
que, al ser beneficiario de la transición aludida, tiene derecho a que la pensión de
vejez se liquide con la asignación salarial más elevada del último año de servicio,
teniendo en cuenta todo concepto percibido7.

1.2. Contestación de la demanda

7 Folios 346 a 372.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

6. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente8:

6.1. Los actos acusados se ajustaron a la legalidad, pues se tuvo en cuenta para su
expedición que si bien el Decreto 546 de 1971 establece un régimen especial para
la liquidación de los servidores de la rama judicial, lo cierto es que la Ley 100 de
1993 unificó los regímenes de los diferentes trabajadores del sector público y
aunque dispuso de un régimen de transición [en el artículo 36] solo respetó de las
normas anteriores los requisitos de edad, tiempo de servicio y el monto de la
pensión; de manera que debía acudirse a lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994
que reglamentó los factores que se debían tener en cuenta a efectos de la
liquidación de la pensión.

6.2. Propuso las siguientes excepciones: i) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados; ii) inexistencia de la obligación; iii) prescripción total
del derecho pretendido; y iv) subrogación en el empleador.

7. El consorcio Fopep se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,
con fundamento en que no tenía responsabilidad alguna en torno a ellas pues no
tenía competencia para reconocer derechos pensionales9.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, profirió sentencia
el 27 de junio de 2024, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda,
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el consorcio Fopep y se abstuvo de condenar en costas. Para tal
efecto se pronunció en los siguientes términos10:

8.1. Mediante Resolución PAP 004531 del 18 de mayo de 2010 se reconoció que el
accionante se encontraba dentro del régimen de transición dispuesto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, lo cual fue ratificado en los actos administrativos
demandados, por lo que la liquidación de la mesada se efectuó sobre el 75% del
ingreso base de liquidación. Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de
Estado, no era factible acceder a una nueva reliquidación de la pensión de vejez,
en atención a que la efectuada en los actos acusados era acorde con la regla de
interpretación que se dispuso allí.

8 Folios 433 a 444.
9 Folios 462 a 472.
10 Índice 51 de Samai, aplicativo de Juzgados y Tribunales. Expediente digital, archivo en formato

pdf.

4

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

8.2. Lo anterior en la medida en que se tuvieron en cuenta los beneficios derivados
del régimen de transición, esto es, los establecidos en el Decreto 546 de 1971, en
relación con los requisitos de edad, monto y tiempo de servicio; y en cuanto al
ingreso base de liquidación, se le aplicó lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, en consideración a los factores sobre los que cotizó, es decir, los
dispuestos en el Decreto 546 de 1971.

8.3. El Fopep carece de legitimación por pasiva en el presente proceso, por cuanto
sus competencias, fijadas en el Decreto 1132 de 1994, no se relacionan
directamente con lo pretendido por el demandante. Así, a dicha entidad le
corresponde efectuar el pago de las mesadas pensionales, mas no el estudio,
reconocimiento o reliquidación de la prestación.

8.4. Si bien el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 faculta al juez para definir las
costas, no impone necesariamente su condena, de manera que para cada caso
concreto debe efectuarse un análisis específico con el objeto de determinar si
proceden. En este caso no existió conducta procesal que así lo justificara, es decir,
la actuación de las partes no fue temeraria o sin fundamento legal.

1.4. El recurso de apelación

9. El demandante presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente11:

9.1. De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia T-571 de
2002, cuando en el acto de reconocimiento pensional se incurre en una omisión
manifiesta al no aplicar las normas que corresponden al caso concreto o se elige la
menos favorable para el trabajador se incurre en una vía de hecho. Mediante la
Resolución UGM 054859 del 23 de agosto de 2012 se le reconoció el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y la liquidación de la prestación debía realizarse
de conformidad con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, que dispuso «que para
determinar el Ingreso Base de Liquidación se da cumplimiento a lo establecido en el artículo
6 del Decreto 546 de 1971, aplicando un 75.00% sobre un ingreso base de liquidación
conformado por la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio,
entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010».

9.2. Enconsecuencia, los actos acusados vulneraron el derecho adquirido del
pensionado y aplicaron una normativa «mucho más gravosa que la que gobernó el
reconocimiento del derecho», pues si bien accedieron a la solicitud de reliquidación, lo

11 Índice 53 de Samai, aplicativo de Juzgados y Tribunales. Expediente digital, archivo en formato

pdf.

5

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

hicieron con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó en los
últimos 10 años, «desconociendo de manera abierta la manera como le había sido
reconocida primigeniamente».

9.3. Álvaro Eduardo Cuartas García adquirió su derecho a la pensión antes de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, por lo que
aplicarle otra disposición crearía una situación de «inequidad con el mismo grupo
poblacional [pues ¿có]mo explicar que los demás Jueces que se pensionaron el mismo año
que el actor si están disfrutando de su prestación económica reconocida con el tiempo de
servicio, la edad y el monto, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y
solo por permanecer más tiempo en sus funciones, le cambian las condiciones de un
derecho adquirido, no se entiende de otra forma más que un castigo[?]». En
consecuencia, su situación debe restituirse a como se encontraba antes de proferir
los actos acusados.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

11. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se
confirmara la sentencia apelada con fundamento en lo siguiente13:

11.1. ÁlvaroEduardo Cuartas García no tenía derecho a la reliquidación de la
mesada pensional con la asignación más elevada del último año de servicio, ya que,
en su caso, se aplicaron los beneficios del régimen de transición previstos en el
Decreto 546 de 1971 de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es que se consideraron los requisitos de
edad, monto y tiempo de servicio, pero el ingreso base de liquidación se calculó
conforme con el artículo 36 de la referida Ley 100, y se tuvieron en cuenta los
factores salariales sobre los cuales cotizó, es decir, aquellos establecidos en el
Decreto 546 de 1971.

11.2. No le era válido pensionarse con base en el salario más alto devengado en el
último año de servicio, pues el IBL era el establecido en el inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 21 ibidem tal y como lo ha

12 Tal y como se indicó en el auto del 30 de septiembre de 2024. Índice 9 de Samai.
13 Índice 13 de Samai.

6

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. Se circunscriben a establecer ¿si a través de los actos acusados, la Ugpp revocó
aquel en el que creó una situación jurídica de carácter particular y concreto a favor
de Álvaro Eduardo Cuartas García sin que mediara de manera previa, expresa y por
escrito su consentimiento por ser el titular del derecho?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. El régimen pensional de los servidores de la Rama Judicial y el
Ministerio Público

13. El Decreto 546 del 27 de marzo de 1971, mediante el cual se estableció el
«régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares», en su artículo 6
previó los requisitos que debían acreditar los destinatarios de esa disposición para
efectos de ser beneficiarios de la pensión de jubilación, en los siguientes términos:

«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».

14
14. De otra parte, el artículo 12 del Decreto 717 del 20 de abril de 1978
se encargó
de desarrollar lo relacionado con los factores salariales con base en los cuales se
debían liquidar las pensiones de los empleados destinatarios del régimen en
mención, frente a lo cual dispuso:

«De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la ley
para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:

a) Los gastos de representación.
b) La prima de antigüedad.

14 «Por el cual se establecen las equivalencias de nomenclatura, clasificación y grado de
remuneración para los empleos señalados en los Decretos-ley 0717 y 0719 de 1978»

7

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

c) El auxilio de transporte.
d) La prima de capacitación.
e) La prima ascensional.
f) La prima de servicio.
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de
comisiones de servicio».

15. Igualmente, el artículo 9 del referido Decreto 546, de manera clara señaló que
para la liquidación de las pensiones de que trata dicha norma no serían incluidos
los viáticos recibidos por el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de
carácter permanente y se hubiese recibido dentro de los últimos tres años, durante
un lapso continuo de seis meses o mayor.

16. A su turno, el artículo 7 de esta normativa frente al tiempo mínimo de servicio
prestado de manera exclusiva a la Rama Judicial y/o al Ministerio Público, indicó
que: «[s]i el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del Artículo anterior se hubiere
prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público en lapso menor de 10 años,
la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados
de la rama administrativa del Poder Público» [Se resalta].

17. En conclusión, el monto de la pensión de los servidores de la Rama Judicial y del
Ministerio Público, beneficiarios del régimen previsto en el Decreto 546 de 1971,
comprende la asignación mensual más elevada que hubieren devengado en el
último año de servicio, en un valor equivalente al 75% de todos los factores
percibidos durante dicho lapso.

2.2.2. Ingreso base de liquidación en el régimen pensional previsto en el
Decreto 546 de 1971, de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley
100 de 1993

18. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar
el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y
la muerte; sin embargo, en aras de la protección de los derechos adquiridos de los
empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la entrada en vigencia de
la citada norma (1º de abril de 1994), se estipuló un régimen de transición en el
artículo 36 ibidem, en el cual se estableció:

«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la
edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para
los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento

8

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

19. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
el trabajador que al 1 de abril de 1994 contara con alguno de los siguientes
requisitos: i) 35 años de edad o más si es mujer, ii) 40 años o más si es hombre o
iii) 15 años o más de servicios cotizados, es decir, es suficiente reunir uno solo de
estos para gozar del derecho adquirido.

20. El mencionado régimen de transición no solo aplica para los regímenes que
regulan el sistema prestacional a gran escala como la Ley 6 de 1945, el Decreto
3135 de 1968, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, sino que también procede
para los regímenes especiales, como son los decretos 546 de 1971 referente a los
empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, 929 de
1976 y 720 de 1978 referentes a los empleados de la Contraloría General de la
República, entre otros.

21. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación unificó
la interpretación frente a la forma en la que debía ser liquidada la pensión de quienes
eran beneficiarios de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1996, en el
sentido de entender que el ingreso base de liquidación sí hacía parte del régimen
de transición, es decir, que debía ser liquidado conforme con las disposiciones
especiales anteriores. En ese sentido, en sentencia del 4 de agosto de 2010 15 esta
corporación señaló:

«Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha
sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a
la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se
sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados».

22. Con posterioridad, la Sala Plena de la Corporación, en sentencia del 28 de agosto
de 201816, rectificó la referida interpretación y concluyó que el ingreso base de
liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía
aplicarse también a quienes eran beneficiarios del régimen de transición, es decir,
que solo podía aplicarse el régimen anterior en los aspectos relacionados con la

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-

25-000-2006-07509-01.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de
Montenegro.

9

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo.

23. En esa línea, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación del 11 de junio de 202017, señaló que el funcionario o
empleado de la Rama Judicial o del Ministerio Público que sea beneficiario del
régimen de transición previsto en el mencionado artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
tendría derecho al reconocimiento pensional conforme con las disposiciones del
Decreto 546 de 1971, en los siguientes términos:

«4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes
presupuestos:

i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial,
tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o
más de servicios efectivamente cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar
el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de
55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de
1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.»

«iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b)
el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la
vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan
sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que
tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si
le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos
de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i)
el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado
durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC
certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo
1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. De 1992 con
la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102
de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto
383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del
Ministerio Público».

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de

2020, radicación: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20. Demandante:
Cándida Rosa Araque de Navas.

10

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

24. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto 546 de 1971, se les aplicarán las disposiciones de esa norma
en cuanto a tiempo de servicio, edad y tasa de reemplazo; pero el ingreso base de
liquidación será el establecido en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de
1993, según sea el caso.

25. Finalmente, la Sala Plena de la Sección Segunda precisó que las
consideraciones expuestas en la mencionada decisión de unificación tendrían
aplicación retrospectiva y que la regla fijada será vinculante en los asuntos similares
que no contaran con sentencia ejecutoriada al momento de la citada providencia.
Asimismo, advirtió que en caso de presentarse recurso extraordinario de revisión
contra sentencias proferidas con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la
corporación, deberá prevalecer el carácter de cosa juzgada, en tanto no hay lugar
a entender que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley. En ese sentido
dispuso:

«SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en
esta providencia en relación con el tema que se unifica jurisprudencia, tienen aplicación
retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos:
(i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de
la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en
juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene
efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal
virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables».

26. Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso
extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la
pensión con fundamento en jurisprudencia diferente de la ratio decidendi aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las
causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.

2.2.3. La revocatoria directa de los actos administrativos que reconocieron
prestaciones periódicas

27. Respecto de los efectos del acto administrativo, la doctrina ha determinado un
principio básico en su estructura el cual ha sido denominado «estabilidad» que

11

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

consiste en la «prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran
un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga
o altere el acto en beneficio del interesado»18; sin embargo, este no es absoluto, pues
la revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin efectos
un acto administrativo de contenido particular»19, de carácter excepcional y, que procede
de oficio o a solicitud de parte siempre que se desarrolle dentro de los límites y
reglas que prevé la ley.

20
28. Lo anterior, se ve materializado en el artículo 93 de La Ley 1437 de 2011, el
cual, de manera expresa, precisa las causales que imponen a la administración la
revocatoria directa de los actos administrativos de carácter general, al igual que
ocurre con los particulares, de oficio o a petición de parte. Tales causales son las
siguientes:

28.1. Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es que la oposición sea grosera, de bulto, es decir,
cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos
administrativos, por parte de esta Jurisdicción.

28.2. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses generales,
causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un acto
legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de
la inoportunidad o inconveniencia de aquél21, vinculándose a la noción del mérito
del acto administrativo; y

28.3. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una
persona.

29. Ahora bien, para la revocación de los actos de carácter particular y concreto, se
ha establecido en el ordenamiento jurídico la regla general contenida en el artículo
97 del CPACA, según la cual, tales actos no podrán ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular, pues implican la

18 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
19 Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.
20«Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las

mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
21 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia de mayo 5 de 1981.

12

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y
determinada, esto en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos -especialmente de los favorables22, estrechamente relacionado con
la presunción de legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la protección
de los derechos adquiridos. La norma señaló lo siguiente:

«Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa».

30. En relación con la figura de la revocatoria directa, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia se ha pronunciado sobre la prohibición de revocar actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo
derecho, en los siguientes términos23:

«Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un acto
administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto administrativo
comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos, categoría esta última
que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del Decreto 01 de 1984.

22 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio

jurídico del destinatario, esto es, «crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica», como los
nombramientos, las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la
Administración responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de
una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los de gravamen en los cuales se incluyen
aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones, la revocación
de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver Consejo de Estado.
Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-10227-01(10227).
23 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo

Arenas Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.

13

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos que:
«hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría» salvo que de manera previa, expresa y escrita
medie el consentimiento del titular del respectivo derecho. Advierte la Sala que, en lo
que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para revocar actos
administrativos de carácter particular, en los eventos en los que concurría alguna de las
causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere
evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan que
en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad de
un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o fraudulentos,
deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no cuente con el
consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos en el
respectivo acto administrativo».

31. De acuerdo con las normas y jurisprudencia en cita, la administración solo podrá
revocar un acto administrativo de carácter particular, en los eventos en que
se cuente con el consentimiento de la persona. En caso contrario, deberá
cuestionar su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control.
Entonces, solo en casos excepcionales previstos legalmente, será posible revocar
un acto sin el consentimiento del interesado. De lo contrario, las entidades tendrán
que acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar
ante un juez administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden
solicitar medidas cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto que
consideren ilegal.

32. No obstante, en materia de seguridad social, existen eventos en los que la
entidad puede revocar el acto administrativo aun sin el consentimiento del
beneficiario, como es el caso de las pensiones que fueron reconocidas
irregularmente. En efecto, el artículo 19 de la Ley 797 de 200324 previó:

«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes
legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el
cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los
documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma
o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos
en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o
una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o

24
«[P]or la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»

14

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del
particular y compulsar copias a las autoridades competentes.» [Se resalta]

33. Asimismo, la Ley 1450 de 2011 «por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010 – 2014», en su artículo 243 dispuso:

«Artículo 243. Protección contra prácticas corruptas en el reconocimiento de pensiones.
Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones
tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con fundamento en
documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la administración o
cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una actuación
administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la prestación y la
existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la actuación se verifica
la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la administración procederá a
revocar o modificar el acto sin consentimiento del particular». [Se resalta]

34. Nótese que si bien la primera norma citada únicamente impuso el deber a la
administración para revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular cuando se compruebe la irregularidad en el reconocimiento de la
prestación, fue con la segunda que condicionó tal decisión a que previamente se
adelantara la actuación administrativa25 y se defina o verifique si aquella [la
irregularidad] existió.

35. Esto presupone que toda la actuación que se adelante antes de la revocación del
acto debe surgir de «motivos reales, objetivos, trascendentales, y desde luego
verificables»26 y respetar los derechos al debido proceso y defensa del beneficiario
de la prestación. Asimismo, como se trata de una facultad excepcional de la
administración, es en esta que recae la carga de la prueba, es decir, su deber se
circunscribe a demostrar con suficiencia la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional, sin perjuicio de que, cuando se trate de «problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de
un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general»27,

25 Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-182 de 2019, en la cual se establecieron las

siguientes reglas: (i) solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título; (ii) la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber; (iii)
no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la
pensión; (iv) solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; (v) no
hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el
ordenamiento jurídico sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios; (vi) sujeción al debido
proceso; entre otras.
26 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003, mediante la cual se declaró exequible el artículo

19 de la Ley 797 de 2003.
27 Ibidem.

15

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

esté obligada a acudir al juez competente.

36. Ahora bien, cuando la administración adelanta la actuación con sujeción al
debido proceso y revoca el acto administrativo, debe determinarse cuáles son sus
efectos en el tiempo y sus consecuencias. Aunque este tema fue zanjado en la
sentencia SU-182 de 2019 por la Corte Constitucional, es necesario precisar que
esta corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado [ex tunc], en otras que
tiene efectos hacia el futuro [ex nunc] y, solo en una providencia, se indicó que los
efectos dependían de cuándo ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se muestra
la tendencia de cada uno de los criterios:

La revocatoria directa tiene efectos hacia el pasado La revocatoria directa tiene efectos hacia el futuro

 3 de agosto de 198833.
 22 de agosto de 199028
 23 de octubre de 199134
 14 de noviembre de 199135
 9 de septiembre de 200036
 16 de julio de 200237
 26 de febrero de 200438
 20 de mayo de 200429
 5 de octubre de 200939
 13 de mayo de 200940

 31 de mayo de 201230
 3 de abril de 201341
 15 de agosto de 201342
 29 de enero de 201543

28 Expediente 285.
29 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango
Mantilla.
30 Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas

Monsalve.
33 Sección Segunda, expediente 1609.
34 Sección Segunda, expediente 2174.
35 Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
36 Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
37 Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
38 Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
39 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont

Pianeta.
40 CP. Myriam Guerrero de Escobar.
41 Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
42 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas

Monsalve.
43 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.

16

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

 13 de abril de 201531  18 de febrero de 201644
 8 de septiembre de 201645
 17 de noviembre de 201646
 21 de abril de 201747
 26 de octubre de 201748
 8 de febrero de 201849

 23 de mayo de 201950
 19 de julio de 201832  31 de octubre de 201951
 20 de noviembre de 201952
 7 de mayo de 202053
 18 de junio de 202054
 1 de julio de 202055
 26 de noviembre de 202056
 21 de enero de 202157
 25 de enero de 202158
 22 de abril de 202159

 6 de mayo de 202160

31 Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de

De la Hoz.
32 Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo Perdomo

Cuéter.
44 Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
45 Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
46 Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino

Cortés.
47 Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
48 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo Perdomo

Cuéter.
49 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
50 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William Hernández

Gómez.
51 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino

Cortés.
52 Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia

Velásquez Rico.
53 Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William

Hernández Gómez.
54 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.
55 Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
56 Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
57 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
58 Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
59 Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
60 Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.

17

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

 5 de agosto de 202161
 10 de marzo de 202262

37. En el criterio minoritario, este es que los efectos de los actos administrativos son
hacia el pasado, se sostuvo que el acto administrativo se extingue cuando cesan en
forma definitiva sus efectos y puede ser revocado por razones de mérito o de
legalidad. Cuando la figura opera por esta última, al tratarse de un juicio
estrictamente lógico jurídico, los efectos serán hacia el pasado, es decir, desde el
momento de su expedición.

38. Por su parte, en el criterio mayoritario, existen 2 referentes principales que se
detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que sirvieron
a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002 [proferido por
la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 [proferido por la Sección Segunda]. Los
argumentos que concuerdan en las providencias que prohijaron esta tesis, son los
siguientes:

38.1. El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias jurídicas.
«[R]esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar hacia atrás los
efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó de la presunción de
legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el administrado estuvo en el
deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo (...)».

38.2. La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad que
hasta ese momento tuvo el acto administrativo, «sino tan solo [puede] evitar que lo
resuelto se materialice».

38.3. La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo
los efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad, por tal razón, la
recuperación de los dineros indebidamente pagados solo es posible lograrla por
conducto del juez. Esta figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado
efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad».

38.4. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació a
la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le

61 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
62 Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.

18

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

corresponden a la administración.

39. La Sala adoptó la posición mayoritaria, en virtud de la separación de poderes,
aunque las ramas legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor eficiencia
para lograr los fines del Estado, la última tiene una función netamente ejecutora de
las actividades administrativas en servicio del interés general, dentro de la cual se
encuentra ejercer el control de sus propios actos y revocarlos directamente aun sin
el consentimiento del particular, pero únicamente en los casos expresamente
autorizados por el legislador.

40. Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en ningún modo declarar
su ilegalidad, pues conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de
la declaratoria de nulidad.

41. En esa línea, como el juez de lo contencioso-administrativo es el único que puede
examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde su
nacimiento y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, nada
impide que la administración solicite la nulidad y el reembolso de las sumas pagadas
en virtud de aquel, en razón a que durante su vigencia produjo efectos jurídicos.

42. Es así porque fue la voluntad del legislador disponer únicamente en la parte
segunda del CPACA [organización de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva] que «no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», lo cual supone que solo
la autoridad judicial podrá determinar si el beneficiario del acto revocado acudió a
maniobras fraudulentas para obtener el derecho, no la entidad en el curso de la
actuación administrativa. Lo contrario, sería tanto como aceptar que la
administración puede asumir la posición de juez y parte en el procedimiento, por
cuanto decidiría la suerte de un derecho particular y establecería el monto de los
perjuicios que causó la expedición del acto.

43. A más de lo expuesto, la revocatoria se realiza a través de un acto administrativo
autónomo e independiente, lo que significa que de esta se desprenden situaciones
jurídicas nuevas. De ahí la diferencia con la declaratoria de nulidad, la cual implica
«que el acto se reputa no haber existido jamás»63, es decir, ataca directamente los
elementos de la esencia y reconoce que desde su expedición estaba viciado; por
eso sus efectos son hacia el pasado o ex tunc.

63 Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2011, radicación 11001-03-28-000-2010-00120-00.

19

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

44. Incluso,esto ocurre con la derogatoria del acto administrativo de carácter
general. Aunque «tiene un régimen jurídico específico»64 y distinto del acto
administrativo en cuanto a «la protección jurisdiccional, posibilidad de revocación,
jerarquía dentro del orden normativo, publicidad o notificación, efectos de los recursos y
alcance de la vigencia»65, su derogatoria [tácita o expresa] deviene de la decisión
unilateral de la autoridad que lo expidió, también tiene efectos hacia el futuro o ex
nunc y opera cuando queda en firme la decisión sin que se afecte «lo ocurrido durante
la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab-initio,
restableciéndose por tal razón al imperio de la legalidad»66.

45. En definitiva, tanto la revocatoria como la derogatoria únicamente impactan los
efectos u obligatoriedad del acto primigenio, pero no la presunción de legalidad que
corresponde únicamente al juez de lo contencioso-administrativo, quien, además,
es el único competente para restablecer las cosas a su estado anterior y, en caso
dado, ordenar las sumas pagadas con ocasión del acto anulado.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

46. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

46.1. Álvaro Eduardo Cuartas García nació el 28 de abril de 195467.

46.2. Prestó sus servicios a la rama judicial como juez del circuito desde el 31 de
marzo de 197968 hasta el 2 de febrero de 201469.

46.3. Entre los años 2009 a 2014 percibió los siguientes factores70:

Año Factores Valor
20
09 Sueldo mensual $ 3.964.686

64 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 26.
65 Ibidem.
66 Expediente S-157, CP. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
67 Así se advierte de la copia de su cédula de ciudadanía y de su registro civil de nacimiento. Folio

449, CD. Documentos denominados «4-Fotocopia del documento de identidad-Causante» y «6-
Registro civil de nacimiento-Causante».
68 Según da cuenta el certificado expedido por el director seccional de administración judicial el 20

de agosto de 2014. Folio 73.
69 Esto se acreditó con el certificado emitido por la directora administrativa de la División de Tesorería

de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia el 9 de junio de 2014. Folios 60 a
64.
70 Así se desprende de los certificados que obran a folios 57 a 59 y 60 a 64.

20

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

Serv. Autor. x Ley $ 7.997
Prima especial $ 1.189.406
Prima de navidad $ 4.435.764
Prima de vacaciones $ 2.129.166
Prima de servicios $ 2.040.161
Bonif Servicios Pre $ 1.387.640
Bonificación Act. Judicial $ 13.593.478
Sueldo mensual $ 4.063.804
Serv. Autor. x Ley $ 12.037
Prima especial $ 1.219.141
Prima de navidad $ 4.550.659
2010 Prima de vacaciones $ 2.184.317
Prima de servicios $ 2.091.166
Bonif Servicios Pre $ 1.422.331
Bonificación Act. Judicial $ 13.865.348
Sueldo básico $ 4.192.627
Serv. Autor. x Ley $ 12.418
Prima especial $ 1.257.788
Vacaciones $ 3.295.998
2011 Prima de vacaciones $ 2.247.271
Prima de servicios $ 2.155.577
Bonif Servicios Pre $ 1.373.729
Bonificación Act. Judicial $ 7.152.440
Sueldo básico $ 4.402.258
Serv. Autor. x Ley $ 13.038
Prima especial $ 1.320.678
Vacaciones $ 3.461.106
2012 Prima de vacaciones $ 2.247.271
Prima de servicios $ 2.359.845
Bonif Servicios Pre $ 1.467.419
Bonificación Act. Judicial $ 7.510.062
Prima de navidad $ 4.916.343
Sueldo básico $ 4.553.696
Serv. Autor. x Ley $ 13.038
Prima especial $ 1.366.109
Vacaciones $ 3.580.110
2013 Prima de vacaciones $ 2.440.948
Prima de servicios $ 2.345.465
Bonif Servicios Pre $ 1.540.790
Bonificación judicial $ 539.991
Prima de navidad $ 5.085.383
Sueldo básico $ 3.035.797
2014 Prima especial $ 910.739
Prima de servicios $ 1.040.330

21

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

Bonif Servicios Pre $ 1.593.794
Bonificación judicial $ 706.243
Prima de navidad $ 582.073

46.4. Mediante Resolución PAP 004531 del 18 de mayo de 2010, Cajanal le
reconoció una pensión de vejez en cuantía de $ 4.079.479, efectiva a partir del 1 de
julio de 2009 y condicionada al retiro definitivo del servicio71. Al efecto tuvo en
consideración que: i) nació el 28 de abril de 1954; ii) era beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; iii) acreditó 1509 semanas; y
iv) adquirió el estatus de pensionado el 28 de abril de 2009. Lo anterior, toda vez
que «aportó para la pensión los siguientes tiempos:»

Días
Desde Hasta
Deduc Laborad
1 de abril de 1979 15 de octubre de 1980 0 555
1 de enero de 1981 7 de junio de 1982 0 517
1 de enero de 1983 30 de septiembre de 1990 0 2790
1 de enero de 1991 30 de junio de 2009 19 6641
1 de julio de 2009 30 de agosto de 2009 0 60
19 10563

46.4.1. En esta decisión se indicó también que la transición de la que era beneficiario
había respetado los requisitos de tiempo de servicio, edad y monto del régimen
anterior, que correspondía al dispuesto en el Decreto 546 de 1971; de manera que
la liquidación se efectuaría «con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario
promedio de 10 años, conforme lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93, entre el
12 de junio de 1999 y el 30 de junio de 2009». Al efecto, se incluyeron la asignación
básica, la bonificación por servicios prestados y la prima especial.

46.5. El 9 de julio de 2010 el demandante presentó recurso de reposición en contra
del acto anterior con el fin de que se reliquidara la prestación. Esta petición se reiteró
el 13 de enero y el 24 de abril de 201272.

46.6. Através de la Resolución UGM 054859 del 23 de agosto de 2012, el
liquidador de Cajanal EICE en liquidación modificó la resolución anterior en tanto
dispuso que la mesada correspondía a $ 5.458.696, efectiva a partir del 1 de julio
de 2010, pero condicionada a que se demostrara el retiro del servicio 73. Al efecto
señaló que la bonificación por servicios solo podía ser incluida en 1/12 parte y que
en virtud del principio de inescindibilidad de la norma no podía reliquidarse la

71 Folios 15 a 21.
72 Así se indicó en la Resolución UGM 054859 del 23 de agosto de 2012.
73 Folios 22 a 28.

22

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

prestación con el 85% de la asignación más alta devengada en el último año de
servicio, pues se debía aplicar la norma más favorable, pero en su totalidad, y lo
cierto era que «ya se aplicó en su totalidad el Decreto 546 de 1971, por lo que ya no podría
aplicarse la Ley 100 de 1993». Lo anterior luego de precisar que «con la presente
resolución se está danto estricto cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle, aplicando en su totalidad el Decreto 546 de 1971».

46.6.1. En consecuencia, indicó que Álvaro Eduardo Cuartas García nació el 28 de
abril de 1954, que el último cargo desempeñado había sido el de juez del circuito y
que había acreditado un total de 11.250 días laborados, que correspondían a 1.607
semanas. De manera que «para determinar el ingreso base de liquidación se da
cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, aplicando un 75.00%
sobre un ingreso base de liquidación conformado por la asignación mensual más elevada
devengada en el último año de servicio, entre 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010».
Al efecto tuvo en consideración la asignación básica mes, las bonificaciones por
actividad judicial y por servicios prestados, y las primas de navidad, de servicios, de
vacaciones y especial de servicios.

46.7. La subdirectora de determinación de derechos pensionales de la Ugpp expidió
la Resolución RDP 003722 del 29 de enero de 2015 por la cual resolvió la solicitud
de reliquidación presentada por Álvaro Eduardo Cuartas García el 1° de octubre de
101474. Al respecto, reliquidó la pensión «conforme el inciso 3 o 6 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, aplicando un 75.00% sobre un ingreso base de liquidación conformado
por el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado o aportado el
interesado entre 3 de febrero de 2004 y el 2 de febrero de 2014» (sic). Así, el monto de
la prestación se definió en $ 5.042.303, efectiva a partir del 3 de febrero de 2014,
pero con efectos fiscales una vez se demostrara el retiro definitivo del servicio 75.

46.8. Mediante Resolución RDP 011714 del 25 de marzo de 2015 se resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra el acto anterior, en el sentido de
confirmarlo76. Al respecto señaló que «el solicitante se encuentra amparado por el
régimen de transición y en consecuencia se pensionó con 55 años de edad, 20 años de
servicio, el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de los 10 últimos
años de servicio y los factores salariales que se deben tener en cuenta en la liquidación son
los indicados en la Decreto 546 de 1971 y su Decreto Reglamentario 1158 de 1994 que no
contempla todos los factores salariales certificados como ítems que integren el ingreso base
de cotización, únicamente los que se encuentra de forma taxativa en la norma anterior. Es
más, cualquier descuento que se hubiera podido efectuar sobre estos factores se considera
ilegal, pues la norma en mención señala taxativamente sobre qué factores deben hacerse
las correspondientes cotizaciones al sistema, no permitiendo salirse del marco establecido

74 Así se desprende de lo señalado en la Resolución RDP 003722 del 29 de enero de 2015.
75 Folios 30 a 33.
76 Folios 35 a 38.

23

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

en la misma. Que no es procedente la reliquidación con el mayor factor devengado en el
último año de servicios». (sic)

46.9. Con todo, al resolver el recurso de apelación en contra del acto anterior, la
entidad emitió la Resolución RDP 029194 del 15 de julio de 2015 en virtud de la
cual advirtió que con la Resolución UGM 54859 del 23 de agosto de 2012 se
reliquidó la prestación y se ordenó el pago de una mesada por valor de $5.458.696;
pero que con la Resolución RDP 3722 del 29 de enero de 2015, se ordenó un pago
por valor de $5.042.303. Así, señaló que «una vez efectuadas las operaciones
aritméticas se observa que el valor arrojado es inferior al anteriormente reconocido por lo
que en aplicación al principio de favorabilidad se niega la reliquidación pensional solicitada,
revocando por ende la Resolución No. 3722 del 29 de enero de 2015».

46.9.1. Empero, consideró que no podía reliquidar la prestación con la asignación más
elevada del último año de servicio y la inclusión de todos los factores salariales «toda
vez que el status jurídico de pensionado lo adquirió en vigencia de la Ley 100 de 1993, por
lo tanto se le respeta el tiempo de servicio y la liquidación se debe efectuar con los factores
salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994»77. Sin embargo, en su parte
resolutiva dispuso:

«ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución No.
RDP 3722 del 29 de enero de 2015 que reliquido la pensión de vejez del señor (a)
CUARTAS GARCÍA ÁLVARO EDUARDO ya identificado, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la solicitud de reliquidación solicitada por el señor (a)
CUARTAS GARCÍA ÁLVARO EDUARDO ya identificado, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Anexar copia de esta Resolución a la Resolución No. RDP 3722
del 29 de enero de 2015 y enviese al área de Nómina para los fines pertinentes» (sic).

46.10. No obstante, por Resolución RDP 043748 del 22 de octubre de 2015 se
modificó el acto anterior en el sentido de disponer que el demandante continuara en
nómina con la Resolución UGM 54859 del 23 de agosto de 201278. Lo anterior, luego
de que el área de nómina señalara que existía una inconsistencia en aquella
decisión «toda vez que la resolución no indica si el pensionado debe continuar activo en
nómina o si por el contrario debe quedar excluido de nómina definitivamente». Al efecto la
entidad consideró lo siguiente:

«Que realizado un nuevo estudio de la Resolución No. RDP 29194 del 15 de julio de
2015 es de señalar que esta revoco la Resolución No. RDP 3722 del 29 de enero de

77 Folios 40 a 44.
78 Folios 46 a 48.

24

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

2015 toda vez que en virtud del principio de favorabilidad no se debió reliquidar la
pensión del interesado pues la cuantía arrojada es inferior a la anteriormente reconocida
ya que se tuvieron en cuenta los diez últimos años de servicio y los factores sobre los
cuales se hicieron descuento, por lo tanto en la Resolución recurrida se tomaron los años
desde el 03 de febrero de 2004 al 02 de febrero de 2014 incluyendo los valores de
ASIGNACIÓN BÁSICA, PRIMA ESPECIAL, BONIFICACIÓN POR SERVICIOS,
BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD JUDICIAL (2009 en adelante) arrojando la cuantía de
$5.042.303, un menor valor al reconocido en la Resolución No. UGM 54859 del 23 de
agosto de 2012 que reliquido con la asignación más elevada del último año de servicio»
(sic).

2.3.2. Análisis sustancial

47. A efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que el
derecho de Álvaro Eduardo Cuartas García a beneficiarse del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no se encuentra en discusión. Lo
que se reclama es la reliquidación de la prestación con la asignación salarial más
elevada y la inclusión de todos los factores salariales.

48. Así las cosas y de acuerdo con los elementos probatorios reseñados, resulta
importante precisar que su pensión se reconoció con aplicación del régimen
especial del Decreto 546 de 1971, pues prestó sus servicios a la rama judicial por
más de 34 años. Pero en particular, debe señalarse desde ya que la liquidación
que se efectuó en su momento tuvo en consideración esa asignación salarial
más elevada que reclama, y no el promedio de los últimos 10 años de servicio
como erróneamente se considera.

49. En efecto, de la revisión de los actos expedidos por la Ugpp se advierte que, si
bien mediante la Resolución PAP 004531 del 18 de mayo de 2010 Cajanal
reconoció la prestación con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de
servicio, esa decisión fue modificada con la Resolución UGM054859 del 23 de
agosto de 2012. Y aun cuando con las resoluciones 003722 del 29 de enero de 2015
y 0011714 del 25 de marzo de 2015, la entidad nuevamente la liquidó con el
promedio de lo devengado en los últimos 10 años, esa decisión fue revocada por la
Ugpp a través de la Resolución 029194 del 15 de julio de 2015 y, con mayor
precisión, en la Resolución 043748 del 22 de octubre de 2015, en la que ordenó que
el interesado continuara en nómina de pensionados con las condiciones señaladas
en la Resolución UGM 054859.

50. En este punto, la Sala encuentra necesario precisar que la jurisprudencia de la
Sección Segunda, vigente para la época en que se expidió el acto de
reconocimiento pensional, expuesta entre otras en las sentencias del 4 de agosto

25

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

de 201079 y del 25 de febrero de 201680, indicaba que de acuerdo con el artículo 7
del Decreto 546 de 1971, si el trabajador había laborado por más de 10 años para
la rama judicial y/o el ministerio público, la pensión de jubilación sería liquidada en
virtud del régimen especial con la totalidad de los elementos allí señalados.

51. Lo anterior, justificó que la Ugpp a través de la Resolución UGM 054859 del 23
de agosto de 2012 le reconociera la pensión de jubilación en cuantía del 75% de la
asignación básica mensual más elevada devengada durante el último año de
servicio, y le incluyera la asignación básica mes, las bonificaciones por actividad
judicial y por servicios prestados, y las primas de navidad, de servicios, de
vacaciones y especial de servicios.

52. En este punto, resulta necesario resaltar que i) el derecho se consolidó [o el
estatus pensional lo adquirió] el 28 de abril de 2009, y ii) el acto de reconocimiento
pensional se profirió el 23 de agosto de 2012; esto es, ambas situaciones se
consolidaron en vigencia de la tesis expuesta en las referidas sentencias del 4 de
agosto de 2010 y del 25 de febrero de 2016, estas decisiones se constituían en el
precedente que debía seguirse en sede administrativa y judicial, claro está, para
esa época.

53. Ese precedente al que se hace alusión es la regla de derecho que define la
jurisprudencia de las altas cortes para aplicar en casos con supuestos fácticos y
jurídicos similares, lo que le permite al juez definir el asunto sometido a su
consideración con parámetros de medida similares, a partir de una previa
interpretación de la norma. En otras palabras, constituyen precedente aquellas
decisiones en las que el juez fija el alcance de la norma, y este debe ser acatado
por los jueces de inferior jerarquía y por las autoridades en sede administrativa, por
su carácter vinculante y obligatorio.

54. No puede olvidarse que la finalidad del precedente es garantizar la seguridad
jurídica, proteger la igualdad ante la ley y la confianza en el sistema judicial, de
manera que se asegure que casos similares se resuelvan con igual criterio jurídico.

55. De manera que la decisión por la cual la administración reconoció la pensión a
Álvaro Eduardo Cuartas García generó en él la confianza legítima de cómo sería
liquidada la prestación; este principio consiste «en la expectativa genuina que alberga
el particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el ejercicio de una actividad

79 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23

25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
80 Consejo de Estado, sentencia del 25 de febrero de 2016, radicado 2500023-42-000-2013-01541-

01 (4683-2013). MP Gerardo Arenas Monsalve.

26

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

o el reconocimiento de un derecho no sean variadas súbitamente»81 el que se vio
defraudado cuando la autoridad produjo un cambio abrupto en su decisión.

56. Esto produjo una vulneración del artículo 83 constitucional que establece que las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe y, a su vez, una violación de los derechos mínimos
irrenunciables, pues lo que se discute es un tema relativo a la seguridad social que
además de erigirse como un derecho fundamental irrenunciable es un servicio
público que exige al Estado dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución82.

57. Por lo anterior, Álvaro Eduardo Cuartas García cuestionó que los actos
administrativos demandados desconocieron el reconocimiento realizado a través de
esta última resolución pues se negaron a reliquidar la prestación con la asignación
más elevada del último año de servicio y la inclusión de todos los factores salariales.

58. En efecto, del análisis de cada uno de los actos proferidos por la administración
en torno a la pensión reconocida al demandante [en particular las resoluciones RDP
003722 del 29 de enero de 2015, RDP 11714 del 25 de marzo de 2015; RDP 029194
del 15 de julio de 2015 y RDP 043748 del 22 de octubre de 2015], la Sala advierte
que aun cuando la Ugpp mantuvo incólume los elementos de la liquidación inicial
que permitió incluir en ella la asignación salarial más elevada durante el último año
de servicio, omitió reliquidar la prestación acorde con los factores devengados por
el demandante entre el 2 de febrero de 2013 y el 2 de febrero de 2014, esto es, con
la asignación salarial más elevada en el último año de servicio activo, bajo el
argumento de que si bien «una vez efectuadas las operaciones aritméticas […] el valor
arrojado e[ra] inferior al anteriormente reconocido» en aplicación del principio de
favorabilidad revocaría la Resolución 003722 del 29 de enero de 2015, pero
negaría la reliquidación solicitada «toda vez que el status jurídico de pensionado lo
adquirió en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo tanto se le respeta el tiempo de servicio
y la liquidación se debe efectuar con los factores salariales contemplados en el Decreto
1158 de 1994».

59. De manera que la Ugpp sí modificó las condiciones en las que efectuó el
reconocimiento de la pensión y, de contera, desconoció la firmeza del acto
administrativo que le permitió acceder a la prestación bajo unos parámetros de
liquidación, lo cual se constituía en una situación jurídica creada a favor del
interesado e inmodificable en sede administrativa, pues aun cuando evidenció que
en su liquidación no se habían atendido las disposiciones contenidas en el artículo

81 Consejo de Estado, Sección Primera Sentencia del 7 de mayo de 2015 C.P. Guillermo Vargas

Ayala. Rad. 11001-03-24-000-2014-00108-00
82 Ver, entre otras, sentencias T-414 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-642 de 2010, M.P.

Luis Ernesto Vargas Silva, y T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

27

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

36 de la Ley 100 de 1993 que señalaba los aspectos que estaban sometidos a
transición, ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero que la liquidación con
estos presupuestos significaba una disminución de la prestación, lo cierto es que
negó la reliquidación con el último año de servicio, esto es con la consideración de
que en el último año de servicio los valores de cada uno de los factores percibidos
habrían aumentado, en perjuicio del pensionado.

60. Es así que en la Resolución UGM 054859 del 23 de agosto de 2012 se tuvo en
cuenta el periodo comprendido «entre 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010»; pero
lo cierto es que Álvaro Eduardo Cuartas García se retiró el 2 de febrero de 2014. De
manera que, sin duda alguna, con la expedición de las resoluciones RDP 003722
del 29 de enero de 2015, RDP 11714 del 25 de marzo de 2015; RDP 029194 del 15
de julio de 2015 y RDP 043748 del 22 de octubre de 2015 desconoció las
particularidades en que fue reconocida la prestación en aquella otra decisión, en
especial los factores efectivamente devengados en el año inmediatamente anterior
al retiro definitivo y con ello, modificó las condiciones en que se había reconocido la
prestación.

61. Lo anterior es así, pues los factores percibidos en los años 2009 a 2010 en
contraste con los de los años 2013 a 2014 resultan esencialmente diferentes, tal y
como se evidenció en el acápite anterior, lo que permite concluir que la base de
liquidación ordenada en la Resolución UGM 054859 del 23 de agosto de 2012 tuvo
en consideración unos factores sustancialmente inferiores a los del último año de
servicio lo que imponía que al retiro del servicio se tuvieran en cuenta unos valores
diferentes, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:

Año Factores Valor Año Factores Valor
Sueldo mensual $ 3.964.686 Sueldo básico $ 4.553.696
Serv. Autor. x Ley $ 7.997 Serv. Autor. x Ley $ 13.038
Prima especial $ 1.189.406 Prima especial $ 1.366.109
Prima de navidad $ 4.435.764 Vacaciones $ 3.580.110
2009
Prima de vacaciones $ 2.129.166 2013 Prima de vacaciones $ 2.440.948
Prima de servicios $ 2.040.161 Prima de servicios $ 2.345.465
Bonif Servicios Pre $ 1.387.640 Bonif Servicios Pre $ 1.540.790
Bonificación Act. Judicial $ 13.593.478 Bonificación judicial $ 539.991
Sueldo mensual $ 4.063.804 Prima de navidad $ 5.085.383
Serv. Autor. x Ley $ 12.037 Sueldo básico $ 3.035.797
Prima especial $ 1.219.141 Prima especial $ 910.739
2010 Prima de navidad $ 4.550.659 Prima de servicios $ 1.040.330
2014
Prima de vacaciones $ 2.184.317 Bonif Servicios Pre $ 1.593.794
Prima de servicios $ 2.091.166 Bonificación judicial $ 706.243
Bonif Servicios Pre $ 1.422.331 Prima de navidad $ 582.073

28

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

Bonificación Act. Judicial $ 13.865.348

62. Sobre el particular, valga precisar que a través de la Resolución UGM 054859
del 23 de agosto de 2012 se profirió una decisión definitiva que culminó la actuación
administrativa tendiente al reconocimiento de la pensión y, en consecuencia, creó
una situación jurídica particular que aunque estaba sujeta a una condición [la
acreditación del retiro definitivo del servicio] esto no le restaba fuerza vinculante a
su disposición. Allí se reconoció el derecho, se indicó el régimen aplicable y,
únicamente, condicionó su efectividad «una vez se demuestre el retiro definitivo del
servicio» por lo que la modificación de cualquier aspecto allí contenido implicaba su
revocatoria y para ello se hacía necesario agotar el procedimiento descrito en la ley
y expuesto en el marco normativo de esta decisión, por tratarse de uno que
reconocía una prestación periódica, a la que accedió sin el uso de documentos
falsos o maniobras delictivas.

63. La sala insiste en que las condiciones del derecho pensional reconocido a Álvaro
Eduardo Cuartas García se encontraban contenidas en la Resolución UGM 054859
del 23 de agosto de 2012, según la cual la prestación se liquidaría «aplicando un
75.00% sobre un ingreso base de liquidación conformado por la asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicio»; de manera que las resoluciones RDP
003722 del 29 de enero de 2015 [al considerar los últimos 10 años de servicios],
RDP 11714 del 25 de marzo de 2015 [por confirmar la decisión anterior]; RDP
029194 del 15 de julio de 2015 [por negar la reliquidación solicitada en
consideración al último año de servicios] y RDP 043748 del 22 de octubre de 2015
[al incluir en nómina la Resolución UGM 54859 del 23 de agosto de 2012 sin acceder
a la reliquidación solicitada] se apartaron de la situación particular consolidada en
otra decisión de la administración.

64. Así, si bien como consecuencia de una solicitud de reliquidación pensional, la
entidad puede variar las condiciones en que se reconoció la prestación, para ello
debe considerar que tal modificación fuera más favorable para el pensionado y lo
cierto es que, para el caso en concreto, la situación jurídica creada no podía ser
desconocida en las decisiones posteriores que únicamente estaban supeditadas a
una cuestión accesoria al derecho: el retiro del servicio. Valga precisar que luego
de reconocida la prestación, las particularidades de su liquidación bajo el régimen
del Decreto 546 de 1971 [esto es, con la asignación salarial más elevada del último
año] no estaban en discusión en sede administrativa ni judicial, pues lo que se
pretendía con las nuevas peticiones era la consideración de que por el tiempo
servido luego de alcanzado el estatus y de reconocida la pensión, debía tenerse en
cuenta unos nuevos valores.

65. En efecto, el acto analizado era un acto condición, es decir, estaba sujeto a la

29

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

verificación de unos elementos circunstanciales para que el contenido de su
decisión produjera efectos jurídicos, esto es, la prestación reconocida estaría
suspendida a efectos de que se alcanzara ese presupuesto accidental: el retiro del
servicio83.

66. Así, la condición contenida en el acto estaba dirigida a subordinar sus efectos
hasta que se produjera un acontecimiento futuro e incierto, pues de su
materialización dependía que empezara a disfrutar de la pensión. Y, comoquiera
que la condición es un elemento no esencial del acto, sino accidental no era
necesario para su existencia, por lo que este nació a la vida jurídica y creó un
derecho para el demandante.

67. En ese orden, no puede olvidarse que el acto administrativo se caracteriza por
producir efectos jurídicos, es decir, lo que en él se determina es capaz de crear,
modificar o extinguir una situación jurídica particular que, en este caso, implicó el
reconocimiento de una prestación periódica a favor de Álvaro Eduardo Cuartas
García, bajo unos presupuestos de exigibilidad que no podían ser modificados por
la administración sin agotar el trámite previsto para ello por la ley.

68. De acuerdo con lo anterior, la administración tiene prohibido revocar actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y por escrito medie el consentimiento del titular del
respectivo derecho, en caso contrario, deberá cuestionar su constitucionalidad o
legalidad a través del respectivo medio de control; salvo que se trate de los casos
previstos en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, en los que previamente se debe
agotar una actuación administrativa en la que se compruebe la irregularidad.

69. Lo anterior resulta coherente con el deber que tiene la administración de respetar
sus propios actos, pero, esencialmente con la garantía de la inmutabilidad e
invariabilidad de la decisión que protege derechos reconocidos y, la buena fe con la
que se accedió a la prestación que le implicó respetar los compromisos que adquirió
y generó estabilidad a la situación creada, salvo autorización expresa del
beneficiario o decisión judicial.

70. Ciertamente, como se expuso, los actos acusados [en particular las resoluciones
RDP 003722 del 29 de enero de 2015, RDP 11714 del 25 de marzo de 2015; RDP
029194 del 15 de julio de 2015 y RDP 043748 del 22 de octubre de 2015]
modificaron los elementos propios del reconocimiento pensional pues, se insiste, si

83 En igual sentido lo ha señalado esta Subsección. Al efecto puede consultarse la sentencia del 19

de septiembre de 2024, radicado 17001-23-33-000-2017-00348-01 (5199-2022)

30

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

bien mantuvieron esa decisión inicial [la de la Resolución UGM 054859 del 23 de
agosto de 2012] a la que se pide volver con la demanda que originó este medio de
control lo cierto es que dicha afirmación no tuvo en cuenta los factores
efectivamente devengados por el demandante durante su último año de prestación
de servicios, lo cual afectó el monto pensional.

71. Es importante precisar que con esta decisión no se desconoce lo dispuesto en la
sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, en la que se
dispuso que el IBL debía determinarse teniendo en cuenta los artículos 21 y 36,
inciso 3, de la Ley 100 de 1993, y que esas reglas serían vinculantes en los asuntos
similares que se estuvieran tramitando en sede judicial, pues como se expuso, el
reconocimiento de la pensión y los parámetros para su liquidación se definieron con
anterioridad a aquella decisión.

72. En consecuencia, la Sala concluye que, contrario a lo señalado por el tribunal, la
entidad desconoció la situación jurídica particular creada con la Resolución UGM
054859 del 23 de agosto de 2012, por no estar de acuerdo con la interpretación
realizada en cuanto a la aplicación del IBL sobre el 75% de la asignación mensual
más elevada percibida en el último año de servicio en la rama judicial, en armonía
con el Decreto 541 de 1971.

73. Valga precisar que aun cuando se solicitó la nulidad de las resoluciones PAP
004531 del 18 de mayo de 2010 y UGM 054859 del 23 de agosto de 2012 expedidas
por Cajanal EICE, estas no están afectadas de vicio de nulidad alguno, pues lo cierto
es que allí se reconoció la prestación en los términos señalados por la jurisprudencia
vigente para la época. No ocurre igual con las resoluciones RDP 003722 del 29 de
enero de 2015, RDP 11714 del 25 de marzo de 2015; RDP 029194 del 15 de julio
de 2015; y RDP 043748 del 22 de octubre de 2015 pues, con estas decisiones la
entidad modificó las condiciones en que fue reconocida la prestación, lo que
desconoció el imperativo según el cual debía solicitar autorización previa al
beneficiario de la prestación para lograr la revocatoria del acto.

74. Así entonces, la Sala revocará la sentencia proferida el 27 de junio de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, que negó las
pretensiones de la demanda, y en su lugar declarará la nulidad de las resoluciones
RDP 003722 del 29 de enero de 2015, RDP 11714 del 25 de marzo de 2015; RDP
029194 del 15 de julio de 2015; y RDP 043748 del 22 de octubre de 2015, por medio
de las cuales la Ugpp le negó la reliquidación de su pensión de vejez.

75. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho ordenará a la Ugpp
que reliquide la pensión de jubilación de Álvaro Eduardo Cuartas García de acuerdo

31

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

con los términos previstos en la Resolución UGM 054859 del 23 de agosto de 2012
proferida por Cajanal, es decir en monto del 75% del salario mensual más elevado
devengado en el último año de servicio, teniendo en consideración los factores
percibidos por sus servicios en la rama judicial.

76. Valga precisar que Álvaro Eduardo Cuartas García se retiró del servicio el 2 de
febrero de 2014 y el 1 de octubre de 201484 solicitó la reliquidación de la prestación,
por lo que se advierte que no operó el fenómeno de la prescripción del derecho.

2.4. Costas

77. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

78. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

79. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma85.

80. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

81. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte

84 Así se indicó en la Resolución RDP 003722 del 29 de enero de 2015.
85En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

32

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

82. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que con la expedición de las
resoluciones RDP 003722 del 29 de enero de 2015, RDP 11714 del 25 de marzo de
2015; RDP 029194 del 15 de julio de 2015; y RDP 043748 del 22 de octubre de
2015, la Ugpp desconoció la situación jurídica particular creada con la Resolución
UGM 054859 del 23 de agosto de 2012 y, en consecuencia, aplicó una normativa
mucho más gravosa que la que gobernó el reconocimiento del derecho y, con ello,
desconoció la garantía de la inmutabilidad e invariabilidad de la decisión creadora
de un derecho adquirido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, que negó las pretensiones de
la demanda interpuesta por Álvaro Eduardo Cuartas García en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
En su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 003722 del 29 de enero de
2015, RDP 11714 del 25 de marzo de 2015; RDP 029194 del 15 de julio de 2015; y
RDP 043748 del 22 de octubre de 2015, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social le negó a Álvaro Eduardo Cuartas García la reliquidación de su
pensión de vejez.

Tercero. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reliquidar la pensión de
jubilación de Álvaro Eduardo Cuartas García de acuerdo con los términos previstos
en la Resolución UGM 054859 del 23 de agosto de 2012 proferida por el Cajanal,
es decir en monto del 75% del salario mensual más elevado devengado en el último
año de servicio.

33

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

Cuarto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a pagar con efectos retroactivos
las sumas dejadas de percibir por Álvaro Eduardo Cuartas García como
consecuencia de las diferencias reconocidas en esta decisión, desde que comenzó
a disfrutar de su pensión.

Quinto. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social hacer la actualización sobre las
sumas adeudadas, según lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA,
en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Sexto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA.

Séptimo. No condenar en costas en esta instancia.

Octavo. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Noveno. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

34

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01897-01 (4875-2024)
Demandante: Álvaro Eduardo Cuartas García

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA

35

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.