Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04665-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04665-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04665-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de noviembre de 2022
1
Radicado: 25000-23-42-000-2017-04665-01 (2815-2020)
Demandante: José Joaquín Ortiz Perdomo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04665-01 (2815-2020)
Demandante: JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ PERDOMO
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA 1
Temas: Reanudación del pago de cuota parte reajustada
conforme a las Ordenanzas Departamentales 2 de
1976 y 18 de 1977, la cual había sido suspendida
por solicitud del propio demandante. Derechos
adquiridos y situaciones jurídicas aparentemente
consolidadas. Pérdida de fuerza ejecutoria de
actos basados en actos reglamentarios declarados
nulos.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-195-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor José Joaquín Ortiz Perdomo en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folio 184, C1)
1. Declarar la nulidad de los actos administrativos: i) Oficio 2016540451 del
1.° de julio de 2016 con el que la entidad demandada negó el reajuste de
1 En adelante UAEPC.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04665-01 (2815-2020)
Demandante: José Joaquín Ortiz Perdomo
la cuota parte pensional hasta el límite necesario para que la cuantía de la
prestación ascendiera al monto previsto en las Ordenanzas 2 de 1976 y 18
de 1977; y ii) Resolución 1028 del 12 de julio de 2017 a través de la cual la
UAEPC resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra
la decisión precitada.
2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la parte pasiva:
«[…] 3.1 La liquidación, reconocimiento y pago de la cuota parte de la pensión de
jubilación al demandante, teniendo en cuenta los documentos que se acompañan
a la demanda y que acreditan que el Dr. JOSÉ JOAQUIN ORTIZ PERDOMO al
1° de abril de 1994, cuando entró en vigencia la ley 100 de 1993, tenía más de 20
años de cotizaciones a entidades oficiales y más de 50 años de edad.
3.2 El pago de las mesadas atrasadas, teniendo en cuenta la fecha de solicitud
del demandante (20 de mayo del 2016), para que se reconociera el reajuste de la
cuota parte pensional de que tratan las ordenanzas mencionadas en la pretensión
primera.
3.4.- De conformidad con el artículo 141 de la Ley 100, se ordene el pago de los
intereses moratorios, por la no cancelación oportuna de las mesadas pensionales
atrasadas, y en concordancia con el art. 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]».
Supuestos fácticos relevantes (Folios 184 a 187, C1)
1. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República reconoció a
favor del señor José Joaquín Ortiz Perdomo una pensión de jubilación
conforme a la Resolución 1165 del 18 de septiembre de 1987.
2. El demandante prestó su servicio al departamento de Cundinamarca,
donde ocupó, entre otros, el cargo de secretario de salud de la referida
entidad por más de 1 año, así como la posición de diputado de la Asamblea
Departamental por más de 2 períodos.
3. La Caja de Previsión Social de Cundinamarca emitió la Resolución 3970
de 1994 con la que reconoció a su cargo la cuota parte pensional en
atención a las previsiones de las Ordenanzas 2 de 1976 y 18 de 1977.
4. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República profirió la
Resolución 1593 de 1994 en aplicación de la Ley 4.ª de 1992 y su Decreto
Reglamentario 1359 de 1993, mediante la cual reajustó la pensión del
libelista en el sentido de aumentar el monto de la prestación en un valor
mucho mayor al concedido por la referida entidad junto con la cuota parte
que asumió la Caja de Previsión Social de Cundinamarca. Por lo anterior,
el señor Ortiz Perdomo le solicitó a esta última que suspendiera el pago de
la respectiva parte de la prerrogativa, petición que fue aceptada de forma
inmediata.
5. El fondo precitado estimó que había liquidado erróneamente la pensión del
señor José Joaquín Ortiz, razón por la cual deprecó la anulación del aludido
acto administrativo a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, proceso en el cual efectivamente tanto en
primera como en segunda instancia se decidió acceder a tal pedimento, en
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Demandante: José Joaquín Ortiz Perdomo
el sentido de ordenar a Fonprecon que se realice el reajuste especial de la
prerrogativa con base en el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993,
modificado por el artículo 7.° del Decreto 1293 de 1993, pero solo en un
monto equivalente al 50% del ingreso mensual promedio que el libelista
devengaba como congresista para el año 1994.
6. Debido a la diferencia generada en virtud de aquel pronunciamiento
judicial, la parte activa radicó petición ante la UAEPC el 20 de mayo de
2016 con la que instó que dicha entidad asumiera el pago de la cuota parte
que se había fijado a cargo de la extinta Caja de Previsión Social de
Cundinamarca, esto con observancia de las previsiones de las Ordenanzas
2 de 1976 y 18 de 1977.
7. La autoridad demandada negó lo deprecado por medio del Oficio
2016540451 del 1.° de julio de 2016, al aducir que dichos actos
administrativos departamentales fueron declarados ilegales por parte del
Consejo de Estado. Contra tal pronunciamiento se interpuso recurso de
reposición que igualmente fue resuelto con la Resolución 1028 del 12 de
julio de 2017 en el sentido de confirmar la manifestación primigenia.
8. El demandante tenía más de 50 años de edad y 20 años de servicio antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las
partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 21 de septiembre de 2018.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] En el asunto bajo estudio se formuló la excepción de cosa juzgada, la cual se
sustenta en que las pretensiones y hechos de la presente acción fueron resueltas el
16 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección "F", decisión que fue confirmada por el H. Consejo de Estado
mediante providencia de 19 de junio de 2014. Agrega que así mismo, existe un
3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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Demandante: José Joaquín Ortiz Perdomo
pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que se declaró la
nulidad de las Ordenanzas 02 de 1976 y 018 de 1977.
Sobre el particular se advierte, que la entidad demandada no allegó ninguna prueba
que sustente la excepción propuesta, sin embargo, la parte actora allegó al
expediente copia de las sentencias proferidas por esta Corporación y el H. Consejo
de Estado, proferidas en virtud de la acción de lesividad interpuesta por el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República contra el demandante de la presente
acción.
De conformidad con lo expresado por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, el
fenómeno de la cosa juzgada se configura, cuando concurren los presupuestos de:
(i) identidad de partes, según la cual deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye
cosa juzgada, (ii) identidad de causa petendi, esto es, que la demanda y la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento y por último (iii) identidad de objeto, lo que implica que la demanda debe
versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa
juzgada. En el presente caso es posible concluir que no se cumplen los requisitos
para la configuración de la cosa juzgada por las siguientes razones:
(i) Identidad de partes: En la acción ordinaria que fue conocida por esta Corporación
(f. 227 s.), fue parte demandante el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República y demandado el señor José Joaquín Ortiz Perdomo y en el presente caso,
se tienen como extremos al señor José Joaquín Ortiz Perdomo como demandante y
a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de
Cundinamarca como demandada. En consecuencia, no se cumple el primer requisito
para que se configure la cosa juzgada.
(ii) La causa petendi: En el presente caso, el actor solicita que se declare la nulidad
de los actos por medio de los cuales se negó la reliquidación de la cuota parte
pensional que está a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del
Departamento de Cundinamarca, mientras que en el proceso adelantado ante esta
Corporación bajo el radicado 2008-0174, FONPRECON solicitó la declaratoria de
nulidad de sus propios actos administrativos por medio de los cuales se reconoció el
reajuste especial de la pensión del actor en su calidad de ex congresista, luego no
existe identidad de causa entre los dos procesos.
(iii) Identidad de objeto: En lo que concierne al objeto de las demandas, debe decirse
que las dos persiguen finalidades distintas, esto es, en la presente acción se pretende
la reliquidación de la cuota parte pensional que corresponde pagar a la Unidad
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, mientras
que en la acción de lesividad anterior, se discutió la legalidad de los actos por medio
de los cuales FONPRECON concedió un reajuste pensional especial al demandante,
de manera que no se advierte identidad entre lo pretendido entre las dos acciones
comparadas.
Así mismo, cabe advertir que si bien la demandada sostiene que existen
pronunciamientos sobre la legalidad de las Ordenanzas que la parte actora considera
se deben aplicar al presente caso, dicha circunstancia no configura cosa juzgada en
los términos que han sido expuestos. En consecuencia, se concluye que el presente
asunto puede ser sometido a discusión de esta jurisdicción, toda vez que se trata de
una controversia que no ha sido estudiada en sede judicial.
Por otra parte, la entidad demandada también propone la excepción de falta de
legitimación en la causa, por considerar que si existieren acreencias a favor de la
demandante, la encargada de responder por las mismas, es la última entidad a la que
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se hicieron cotizaciones para pensión, esto es, el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República.
Como quedó expuesto al resolver la excepción de cosa juzgada, en el presente caso,
el demandante discute la decisión negativa de la Unidad Administrativa Especial de
Pensiones del Departamento de Cundinamarca de reliquidar la cuota parte que está
a su cargo frente a la pensión a que tiene derecho el actor, quien considera que la
demandada debe liquidar su cuota correspondiente conforme a las normas
Ordenanzales que estaban vigentes al momento de la adquisición de su status
pensional. En consecuencia, es claro que la entidad demandada está legitimada
formalmente para comparecer al presente proceso. […]». (Negrilla del texto original.
Folios 327 a 328 y CD obrante a folio 332, C1).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] PROBLEMA JURÍDICO: Se contrae a determinar si el demandante tiene
derecho a que la accionada reliquide la cuota parte pensional que tiene a su cargo
conforme a lo dispuesto en las Ordenanzas 2 de 1976 y 18 de 1977 y de ser ello
posible, determinar si la entidad debe pagar los intereses de mora contemplados en
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. […]». (Folios 328 vuelto a 329 y CD que
reposa a folio 332, C1).
SENTENCIA APELADA
(Folios 521 a 529, C1)
El a quo profirió sentencia escrita el 27 de marzo de 2020, por medio de la cual
negó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:
El tribunal de origen inicialmente resaltó que las Ordenanzas 2 de 1976 y 18
de 1977 fijaron un beneficio económico adicional para quienes tenían una
pensión de jubilación reconocida con base en la remuneración del cargo de
diputado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, y que hubieran
ejercido dicho empleo en propiedad por un término no inferior a 1 período.
No obstante, aclaró que los artículos 2, 4 y 5 de la Ordenanza 2 de 1976 y 3
de la Ordenanza 18 de 1977, fueron declarados nulos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la sentencia del 14 de octubre de
2004, ello en consideración a que la Asamblea Departamental de
Cundinamarca excedió sus facultades legales al expedir tales actos, pues no
le estaba permitido determinar prestaciones sociales, sin embargo, precisó
que el Legislador había amparado las situaciones individuales definidas con
base en normas territoriales, según lo ordenado por el artículo 146 de la Ley
100 de 1993.
Sobre el punto adujo que con posterioridad a la expedición de la Constitución
de 1991, se advirtió que en el nivel territorial coexistían regímenes
prestacionales extralegales contrarios al ordenamiento superior y a la ley,
empero, se avalaron dichas situaciones atípicas como una expresión del
contenido del artículo 53 superior, con el fin de salvaguardar los derechos
pensionales consolidados. Añadió que como en el ámbito territorial la Ley 100
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de 1993 cobró vigencia el 30 de junio de 1995, ello implica que las situaciones
jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en regulaciones
municipales o departamentales antes de esa fecha, se deben garantizar de
conformidad con lo contemplado en el artículo 146 ibidem.
Con base en lo expuesto precisó que en el presente caso las dos partes
coinciden en afirmar que el demandante adquirió su derecho pensional antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que adicionalmente era
beneficiario de los presupuestos contenidos en las ordenanzas cuya aplicación
se reclama, pues ya existía un reconocimiento en ese sentido por parte de la
Caja de Previsión Social del Departamento de Cundinamarca.
Manifestó que el asunto materia de controversia recae en que para el libelista,
este conservó los beneficios consagrados en las Ordenanzas 2 de 1976 y 18
de 1977, los cuales tienen la calidad derecho adquirido en virtud de lo
desarrollado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y la Sentencia C-410 de
1997, mientras que la entidad demandada estima que ocurrió el fenómeno de
pérdida de fuerza ejecutoria de los actos que reconocieron la mentada
prerrogativa, toda vez que tales normas fueron declaradas nulas desde el año
2004.
Recordó que, en efecto, mediante sentencia del 14 de octubre de 2004, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de la normativa
territorial en cita, pero aun así el Consejo de Estado analizó un caso similar al
presente en el que dictó sentencia del 19 de julio de 2017 dentro del proceso
con número interno 1238-2014 en el que concluyó que efectivamente tenían
derecho a la aplicación de los referidos presupuestos quienes hubiesen
adquirido su derecho antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Sin perjuicio de lo anterior, señaló que si bien la jurisprudencia en comento
indica que es procedente el derecho a la reliquidación pensional con base en
las aludidas ordenanzas en casos como el de la parte activa, debe tenerse en
cuenta que en el presente caso, el señor Ortiz Perdomo solicitó la suspensión
de la prerrogativa que le había sido concedida por el departamento de
Cundinamarca, no obstante, al momento de solicitarle a esta entidad que
reanudara el pago de la cuota parte pensional en el año 2016, lo cierto es que
ya había operado la declaratoria de ilegalidad de dichas normas, lo cual
imposibilitó a la administración para reactivar la prerrogativa con base en una
regulación que desapareció del ordenamiento jurídico.
Finalmente puntualizó que en atención a la sentencia referida anteriormente,
el derecho adquirido protegido en virtud de lo consagrado en el artículo 146 de
la Ley 100 de 1993, solo produce efectos durante el lapso en que se encuentre
vigente el respectivo régimen ordenanzal, lo cual para el presente caso se
mantuvo hasta el 14 de octubre de 2004 cuando se declaró la nulidad del
marco jurídico respectivo. Por consiguiente, concluyó que para el 26 de mayo
de 2016, momento en que se realizó la solicitud de reanudación de pago de la
cuota parte pensional, es claro que ya no existía un fundamento legal para
solicitar el reajuste especial de la prestación, por lo que resultaba necesario
denegar las súplicas de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 534 a 542, C1)
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La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente para que en su lugar se acceda a sus pedimentos.
Al respecto señaló que el señor José Joaquín Ortiz Perdomo tiene derecho a
la aplicación del régimen especial de que tratan las Ordenanzas 2 de 1976 y
18 de 1977, porque antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y de ser
anuladas los mencionados actos, aquel ya había adquirido su estatus de
pensionado, en la medida en que ejerció el cargo de secretario de despacho
de la Gobernación de Cundinamarca por más de 1 año, fue diputado por más
de 2 períodos, tenía más de 50 años de edad y había cotizado por más de 20
años a la Caja Nacional de Previsión Social del Departamento de
Cundinamarca, así como al Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República. Es decir, la situación del libelista se ajustó a los preceptos de los
artículos 146 y 151 de la ley en comento que conllevan la estructuración de
derechos adquiridos a su favor.
Bajo tal entendido aseguró que el demandante en principio tendría derecho a
una pensión de jubilación cuyo monto sería el 75% de la asignación mensual
total que hubiese percibido como diputado a la Asamblea de Cundinamarca,
pero lo cierto es que en este proceso solo se pide que la UAEPC reasuma la
cuota parte ordenanzal, es decir, la diferencia entre el monto de la pensión que
le hubiese correspondido según las aludidas ordenanzas y lo que actualmente
recibe del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
Sobre el punto precisó que la entidad demandada al contestar la demanda,
aceptó que mediante la Resolución 1470 del 7 de abril de 1991, la extinta Caja
de Previsión Social del Departamento de Cundinamarca ya había reconocido
la cuota parte de que tratan las Ordenanzas 2 de 1976 y 18 de 1977, pero que
luego a solicitud expresa del pensionado, los efectos de dicho acto se habían
suspendido temporalmente, los cuales no fueron reactivados pese a haberse
deprecado lo propio.
Añadió que durante varios años la entidad encargada de pagar las pensiones
por parte del departamento de Cundinamarca modificó la cuota parte pensional
a favor de la parte activa, cuando Fonprecon hacía los respectivos reajustes
anuales, ello con el fin de no recibir más de lo que le correspondiera de
conformidad con los actos administrativos territoriales en comento. No
obstante, adujo que debido a la aplicación de la Ley 4.ª de 1992, el señor Ortiz
Perdomo quedó con una prestación que por su valor hizo inviable continuar en
su momento con el pago de la cuota parte aludida, razón por la cual este
mismo solicitó la suspensión de los efectos del acto que había otorgado lo
propio, a lo cual la Caja de Previsión Social de Cundinamarca accedió
conforme a la Resolución 7302 del 22 de septiembre de 1995.
Empero, destacó que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República consideró que se había equivocado al fijar el nuevo monto de la
pensión de jubilación del demandante, por lo que solicitó la nulidad de sus
propios actos administrativos, pedimento al que accedió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado bajo el entendido de
que ordenaron la disminución de la prerrogativa bajo estudio, al punto de que
el monto de la pensión volvió a quedar por debajo de lo que le hubiera
correspondido en su condición de diputado a la Asamblea de Cundinamarca.
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En virtud de lo anterior esgrimió que se hace necesario dar aplicación a las
Ordenanzas Departamentales 2 de 1976 y 18 de 1977, habida cuenta de que
la suspensión referida fue temporal, aunado a que el derecho a la observancia
de dicha reglamentación se consolidó antes de la vigencia de la Ley 100 de
1993, más aún cuando la Caja de Previsión Social de Cundinamarca ya había
concedido tal prerrogativa.
Finalmente aseguró que tanto la parte demandada como el a quo le dieron una
trascendencia que no tiene a la solicitud que el demandante presentó para que
se suspendiera la cuota parte ordenanzal, y posteriormente para su
reactivación. Al respecto señaló que debe tenerse en cuenta el hecho de que
si la renuncia a la pensión de jubilación no es posible jurídicamente, mucho
menos puede serlo una simple solicitud de interrupción de efectos de una
decisión ejecutoriada, tal como lo señaló la magistrada Beatriz Helena Escobar
Rojas en su salvamento de voto, dado que no se trata de un nuevo
reconocimiento pensional, sino de la reanudación del pago de una cuota parte
debidamente fijada con base en la normativa vigente en su momento.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante (índice 11 del registro en SAMAI): solicitó nuevamente
que se revoque el fallo apelado, para lo cual reprodujo en su totalidad los
argumentos expuestos en su recurso de alzada.
Parte demandada (índice 12 del registro en SAMAI): instó que se confirme
la decisión recurrida. Sobre el punto adujo que las Ordenanzas 2 de 1976 y 18
de 1977 previeron una especial forma de liquidación de pensión consistente
en fijar un monto equivalente al 75% de la asignación mensual de quienes
hubieran ocupado cargos tales como gobernador, diputado, entre otros a nivel
territorial. Dentro de los postulados de dicha regulación se consagró que
habría de realizarse una modificación del valor de la prestación de forma
automática, cada vez que se reajustara la asignación mensual del cargo tenido
en cuenta para la base de cálculo de la prerrogativa.
Destacó que conforme a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
se determinó que el ente territorial departamental al expedir dichas ordenanzas
invadió la órbita de competencia del Congreso de la República, habida cuenta
de que las Corporaciones Públicas Territoriales no están facultadas para
señalar el régimen prestacional de sus servidores, en el entendido de que esta
es una competencia exclusiva del Legislador.
Conforme a lo anterior adujo que los actos administrativos reglamentarios en
comento de ninguna manera se ajustan a los preceptos legales sobre la
materia, al punto de que su aplicación resultaría a todas luces inconstitucional
e impediría que se constituyan en fundamento para la consolidación de un
derecho como el reclamado. Señaló que según lo expuesto, es claro que en el
presente caso se configura el fenómeno jurídico de pérdida de fuerza
ejecutoria del acto particular, es decir, que está afectada la eficacia del acto
administrativo, entendida como la capacidad de producir efectos jurídicos.
Ello, aseveró que la UAEPC no puede aplicar en forma ultra activa las
Ordenanzas Departamentales invocadas por el libelista, toda vez que dichos
actos desaparecieron del tránsito jurídico.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04665-01 (2815-2020)
Demandante: José Joaquín Ortiz Perdomo
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según
constancia secretarial visible a folio 553 del cuaderno 1.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso únicamente fue formulada por
la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
las siguientes preguntas:
¿El señor José Joaquín Ortiz Perdomo tenía un derecho adquirido a que la
cuota parte pensional asumida por la Unidad Administrativa Especial de
Pensiones del Departamento de Cundinamarca respecto de la prestación
reconocida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República,
sea reajustada con fundamento en las previsiones de los artículos 2.° y 5.° de
la Ordenanza 2 de 1976 y parágrafo del canon 3.° de la Ordenanza 18 de
1977, a pesar de que dichos actos administrativos fueron declarados nulos
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 14 de
octubre de 2004?
En tal sentido,
¿La entidad demandada debía reanudar el pago de la cuota parte a su cargo,
reliquidada conforme a la referida regulación departamental, la cual había sido
suspendida por solicitud del propio libelista, ello ante la declaratoria de nulidad
de la Resolución 1583 del 30 de diciembre de 1994 proferida por Fonprecon,
que había ajustado la pensión de jubilación en el mismo monto concedido por
la UAEPC, ello en la medida en que finalmente se redujo la cuantía de la
prestación?
Debido a la correlación directa entre ambos cuestionamientos, estos se
resolverán como un solo problema jurídico frente al cual la Subsección
sostendrá como tesis la siguiente: el demandante no tenía un derecho
adquirido al pago de una cuota parte reajustada en un 75% con base en el
ordenamiento departamental anulado por esta jurisdicción, dado que ante
dicha decisión judicial, lo que aquel detentaba era una situación jurídica
aparentemente consolidada que permitía su variación, puntualmente a partir
de una pérdida de fuerza ejecutoria, la cual impedía reanudar dicha
prerrogativa a pesar de haber sido suspendida por solicitud directa del
reclamante, tal como se explica a continuación:
Sobre las Ordenanzas Departamentales 2 de 1976 y 18 de 1977 y
su declaratoria de nulidad
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En primer lugar, se destaca que la Asamblea Departamental de
Cundinamarca expidió la Ordenanza 2 del 28 de julio de 1976 «Por la cual se
dictan disposiciones sobre pensiones y otras prestaciones sociales» (visible a
folio 30, C1), en cuyo artículo 2 previó lo siguiente:
«Artículo 2°. La pensión de jubilación, de retiro por vejez o de invalidez de quien
hubiere ejercido en propiedad y por lapso no inferior a un (1) año, las funciones
de Gobernador, Contralor, Secretario de Despacho o Gerente de Instituto
Descentralizado del Departamento de Cundinamarca, o las de Diputado de la
Asamblea del mismo Departamento por un período completo por lo menos,
será igual al 75% de la asignación mensual total que corresponda al respectivo
cargo.».
Por su parte, los artículos 3.°, 4.° y 5.° ibidem contemplaron lo siguiente:
Artículo 3°. «Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará a quien hubiere sido
pensionado con base en la remuneración de alguno de los cargos mencionados
en dicho artículo. La revisión pensional a que dé origen esta norma, se
efectuará oficiosamente por la entidad departamental encargada de cubrir esta
prestación social».
Artículo 4°. Las pensiones a cuyo reconocimiento y revisión se refiere los
artículos anteriores serán reajustadas automáticamente, cada vez que
reajustada (sic) la asignación mensual del cargo que haya servido de base para
la respectiva liquidación o revisión, siempre que hayan transcurrido dos (2)
años por lo menos, desde la fecha del reajuste inmediatamente anterior.
[…]
Artículo 5°. Las normas consagradas en los artículos 2º y siguientes de esta
Ordenanza, se aplicarán a quienes llenen los requisitos establecidos por
disposiciones anteriores y hayan cumplido por lo menos cincuenta (50) años
de edad. [...]».
Se resalta además que la corporación departamental en comento profirió la
Ordenanza 18 de 19774 que en su artículo 3.° modificó el canon 3.° del acto
precitado en el sentido de ampliar el derecho al reajuste pensional a quienes
hubieran sido jubilados por cualquier entidad de derecho público, con base en
las asignaciones de alguno de los cargos enlistados en tal precepto como el
de diputado, o de cualquiera otro. Literalmente el precepto en mención señaló
lo siguiente:
«[…] Artículo 3°. El artículo 3° de la Ordenanza 2 de 1976, quedará así:
"Artículo 3º. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará a quien habiendo
desempeñado o desempeñare cualquiera de los cargos mencionados en dicho
artículo, por el tiempo allí previsto, hubiere sido pensionado por cualquier
entidad de derecho público con base en las asignaciones de alguno de esos
cargos o de cualquiera otro"
Parágrafo. En el caso de quien hubiere sido o fuere pensionado por entidad de
derecho público distinta al Departamento, éste reajustará oficiosamente su
cuota parte hasta el límite en que fuere necesario para que la cuantía total de
4 «Por la cual se autoriza al Gobierno Departamental para reajustar las asignaciones del personal de
planta de la administración departamental y se dictan otras disposiciones»
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la pensión ascienda al monto previsto en el artículo 2° de la Ordenanza número
2 de 1976 que por la presente se modifica parcialmente. […]».
Ahora, tal como lo precisó esta misma Subsección5 en sentencia del 19 de julio
de 2017, la regulación territorial en cita fue declarada nula por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 14 de octubre de 2004, «[…]
en consideración a que la Asamblea Departamental de Cundinamarca excedió sus
facultades legales al expedir dichos actos, pues no le estaba permitido establecer
prestaciones sociales, sin embargo precisó que el Legislador había amparado las
situaciones individuales definidas con base en normas territoriales, según lo ordenado
por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993. […]»6.
Pues bien, acerca de la prerrogativa que se había otorgado mediante las
ordenanzas en mención, es adecuado recordar que el Consejo de Estado 7 ha
sostenido que con dichos actos administrativos no se creó una prestación
social periódica, así como tampoco se fijó un régimen pensional especial para
los servidores que ocupaban altos cargos al interior del departamento de
Cundinamarca, sino que se consagró la posibilidad de reliquidar la cuantía de
una pensión ya reconocida a tales funcionarios, siempre que el reclamante
hubiese ejercido en propiedad alguna de las plazas enlistadas en el artículo
2.° de la Ordenanza 2 de 1976 por un lapso no inferior a 1 año, o por un período
completo en el caso de los diputados, y que adicionalmente acreditara por lo
menos 50 años de edad.
El referido reajuste en virtud de la modificación de la Ordenanza 18 de 1977,
implicaba que la tasa de reemplazo para quienes colmaran las exigencias en
comento, sería de un 75% sobre la asignación mensual total del último cargo
que se hubiese tenido en cuenta para definir el monto de la prestación por
parte de cualquier entidad de previsión pública.
De hecho, precisamente con base en lo anterior es que el parágrafo del artículo
3.° ibidem contempló que el departamento de Cundinamarca reajustaría
oficiosamente su cuota parte hasta el límite necesario para que la cuantía total
de la prerrogativa llegara al monto señalado en el artículo 2.° de la Ordenanza
2 de 1976, es decir, al aludido 75%.
Al respecto, en el asunto sub examine se advierte con claridad que mediante
Oficio del 31 de agosto de 1987 suscrito por el jefe de sección de liquidación
de la entonces Caja de Previsión Social de Cundinamarca (folio 24, C2), dicha
entidad aceptó expresamente la cuota parte asignada por valor de $63.562 en
virtud de la Resolución 1165 del 18 de septiembre de 1987 emitida por el
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (folios 26 a 27, C2),
con la que se reconoció a favor del señor José Joaquín Ortiz Perdomo una
pensión de jubilación liquidada en un 75% de la asignación percibida por este
como representante a la Cámara.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 19 de julio de 2017. Radicado: 25000-23-25-000-2011-01153-01 (1238-14).
6 Tribunal de Cundinamarca, Sala de Descongestión, Subsección D, sentencia del 14 de octubre de
2004, radicado: 3254-01. Se destaca que esta Sección en sentencia de 16 de febrero de 2006, radicado
25000 23 25 000 1988 9266 02, demandante: Esther Elena Mercado Jarava, demandado: Departamento
de Cundinamarca, resolvió estar a lo resuelto en esta sentencia del tribunal por estar demostrada la
excepción de cosa juzgada.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de junio de 2008, número interno 1049-2007,
demandante: Gloria Pinto Pacheco; y sentencia del 23 de abril de 2011, demandante: Servio Tulio Ruiz
número interno 1463-2011.
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Lo expuesto denota que, en efecto, la prementada caja de previsión territorial
(hoy Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de
Cundinamarca), asumió una cuota parte sobre el pago de la prerrogativa
otorgada al demandante.
Empero, lo cierto es que dicha entidad de previsión realizó respectivos
reajustes conforme a las Ordenanzas 2 de 1976 y 18 de 1977, a través de las
Resoluciones 1470 del 7 de abril de 1991 (folios 86 vuelto a 98, C2) y 3970 del
14 de septiembre de 1994 (folios 38 a 39, C1), a fin de asumir el monto faltante
para que la pensión del libelista fuera adecuada a dicha reglamentación, es
decir, con una tasa de reemplazo mayor, por lo que es evidente que en el
presente caso, el apelante disfrutó de los beneficios previstos en los aludidos
actos administrativos territoriales, por lo menos hasta el 22 de septiembre de
1995 cuando se expidió la Resolución 7302 (folio 47, C2), mediante la cual se
accedió a la solicitud de aquel (folio 48, C2), tendiente a que se suspendiera
el pago de dicha participación debido a la reliquidación efectuada en ese
mismo valor por parte de Fonprecon.
En suma, la regulación departamental en comento previó un derecho
económico adicional para quienes, como el libelista en calidad de pensionado,
hubiesen desempeñado, entre otros, la posición de diputado de la Asamblea
de Cundinamarca. Sin embargo, por falta de competencia de esta corporación
pública en lo referente a la determinación de elementos estructurales de
prestaciones sociales a favor de sus empleados, ello en desconocimiento de
la reserva constitucional y legal que para tal efecto se prevé entre el Congreso
de la República y el Gobierno Nacional, necesariamente debía declararse la
nulidad de las Ordenanzas 2 de 1976 y 18 de 1977, tal como lo definió el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de la sentencia del 14 de
octubre de 2004.
Ahora, sobre el particular debe tenerse en cuenta que los efectos de la referida
determinación judicial son erga omnes (frente a todos o de manera general) y
aplicables de manera ex tunc o desde el origen del acto administrativo
cuestionado, tal como se ratificó en sentencia del 3 de septiembre de 2020
dictada por esta Subsección8 y como se desprende del artículo 189 del
CPACA. Lo anterior implica que la declaratoria de nulidad de un acto
administrativo normativo como las ordenanzas en comento, lleva consigo el
entendimiento de su retiro definitivo del tránsito jurídico, a fin de que no
produzca los efectos que le eran inherentes, y que aquellos que se hubiesen
materializado, se asuman como ilegales o no ajustados a derecho.
Bajo este entendido, el enervar la presunción de legalidad de las
manifestaciones administrativas como las enunciadas, genera la supresión
inmediata del sustento jurídico de las decisiones de la administración que se
hubiesen proferido en virtud de estas, así como del reconocimiento automático
de derechos que se derivaran de tales actos.
No obstante, debe tenerse en cuenta que para asuntos como el presente
donde existía una reglamentación del orden territorial en materia pensional
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esta en su artículo 146
expresamente señaló lo siguiente:
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del 3 de septiembre de 2020. Radicado: 17001-23-33-000-2017-00100-02 (4103-2018).
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«[…] ARTICULO 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por
disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de
carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en
disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de
jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas
vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos
descentralizados, continuarán vigentes. […]». (Líneas intencionales).
Lo anterior implica que el legislador quiso darle vigencia, mas no validez
jurídica como situaciones consolidadas, a aquellas que se hubiesen definido
en virtud de actos administrativos reglamentarios como las ordenanzas bajo
estudio. Tal diferencia es esencial en el sub iudice, pues lo que se deriva de
aquel postulado es que no puede hablarse de derechos adquiridos en sentido
estricto respecto de las prerrogativas que se hubiesen concedido en aplicación
de dicha regulación territorial, sino que su eficacia perduraría aun ante la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, pero sin que se entiendan enervadas
las consecuencias propias de una declaratoria de nulidad como la explicada
con antelación.
En tal sentido, es dable estimar a fin de conciliar la divergencia expuesta
previamente, que los beneficios prestacionales que en su momento
contemplaron las Ordenanzas Departamentales 2 de 1976 y 18 de 1977, y que
se configuraron materialmente en aplicación de tales actos, solo estuvieron
vigentes desde el momento en que se hubiesen configurado, hasta el año 2004
cuando se profirió la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que declaró su nulidad, posición que fue avalada por esta misma Subsección9
en providencia del 19 de julio de 2017, citada por la misma parte activa en su
recurso, la cual sobre el particular indicó lo siguiente:
«[…] Como de acuerdo con lo ordenado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, se
deben avalar las situaciones atípicas que generaron derechos adquiridos conforme a
disposiciones territoriales preexistentes alusivas a las prestaciones extralegales
contrarias al ordenamiento superior y a la ley, claramente se encuentra habilitado el
reconocimiento del derecho que el actor ahora depreca.
Así las cosas, la sentencia objeto de apelación deberá ser revocada, en atención a
que el accionante sí es beneficiario, por el lapso en que estuvo vigente, del régimen
ordenanzal que invocó, pues está probado que cumplió con el tiempo completo de
servicio en el cargo de diputado establecido en el mismo, que le genera el derecho a
la reliquidación de su pensión de jubilación en el 75% de la asignación mensual total
que correspondía a dicho empleo, con los correspondientes ajustes legales. […]».
(Subrayado y negrilla fuera de texto).
Bajo esta línea de intelección sobre las consecuencias derivadas de una
declaratoria de nulidad, también es dable asegurar que, frente a los actos
administrativos basados en los mandatos anulados, ocurre la pérdida de
fuerza ejecutoria consagrada en el artículo 91, numeral 2.° del CPACA,
mientras que respecto de los derechos intrínsecos al precepto reglamentario
como tal, que no requieren declaración formal para su reconocimiento, opera
la ineficacia jurídica automática que conlleva la necesaria interrupción de su
reconocimiento. Estas consecuencias esbozadas se causan ipso iure o de
pleno derecho desde el mismo momento de la ejecutoria de la sentencia de
nulidad o en los términos diferidos que esta haya modulado según el caso y
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 19 de julio de 2017. Radicado: 25000-23-25-000-2011-01153-01 (1238-14).
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con efectos ex tunc a partir del momento en que se expidió la decisión
administrativa que otorgó el derecho10, o como sucede en el presente caso,
desde 2004 en adelante.
Lo anterior se acompasa entonces con el fenómeno del decaimiento de los
actos administrativos, que tal como esta misma Sala11 lo expuso en sentencia
del 10 de marzo de 2022, «[…] implica que a través de esta figura no se discute ni
se afecta la validez de la decisión proferida por una entidad, así como tampoco se
busca enmendar irregularidades modificables en virtud del principio de autotutela,
toda vez que tanto las causales enlistadas en la norma, como la finalidad de la
pérdida de ejecutoria del acto en sí misma, lo que configura en realidad es una
excepción a la firmeza y obligatoriedad de la manifestación estatal definitiva, la cual
opera ipso iure y solo conlleva como efecto, su ineficacia o imposibilidad material de
cumplimiento […]».
Acerca del referido concepto, se resalta que esta misma Subsección 12 ha
planteado que su alcance y diferenciación con otras figuras jurídicas, es el
siguiente:
«[…] El decaimiento del acto supone que el acto no podrá surtir efectos hacia
el futuro, desde el momento en que desaparecen sus fundamentos de derecho.
No obstante, ello no impide que pueda adelantarse el estudio de legalidad
respectivo, pues el juicio de nulidad del acto es diferente al de la ejecutoriedad
del acto. […] La pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo ocurre
cuando, después de su expedición, sobreviene la ausencia de obligatoriedad
de ejecución por alguna de las causales allí señaladas, entre ellas, por la
desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho. […] La jurisprudencia
y la doctrina, han desarrollado la institución del «decaimiento del acto
administrativo», haciéndola consistir en una «“extinción” del acto acusado, que
tiene ocurrencia cuando se presentan circunstancias que comportan la
desaparición de los fundamentos jurídicos del respectivo acto administrativo».
[…] La ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse
o impedirse por tres vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente
suspende provisionalmente o anula el acto administrativo por irregularidades
de tal magnitud que lo invalida. Su fundamento es, claramente, la ilegalidad o
inconstitucionalidad de la medida administrativa, pues nunca puede ser
apoyado en razones de conveniencia. ii) administrativa, mediante la revocatoria
directa de la decisión administrativa. En esta situación, la autoridad que expidió
el acto o su superior jerárquico lo deja sin efectos mediante un acto posterior
plenamente motivado y con base en las tres causales consagradas en el
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dentro de las cuales se
encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o la ley. iii) automática,
cuando se presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo, tal es el caso del decaimiento del acto administrativo o
desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho. […]».
Como se extrae de lo expuesto, es evidente que ante la declaratoria de nulidad
de actos departamentales como las Ordenanzas 2 de 1976 y 18 de 1977, en
10 Posición desarrollada por esta misma Subsección en un caso de contornos jurídicos similares al
presente, a través de la sentencia del 25 de febrero de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2015-00329-
01 (4417-2017).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 10 de marzo de 2022. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00669-01 (2922-2020).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 12 de noviembre de 2020. Radicado: 63001-23-33-000-2014-00244-01 (2991-2016).
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razón además de los efectos erga omnes y ex tunc de tal orden judicial que
conllevan la afectación sobre situaciones jurídicas previas que se hubiesen
determinado con base en dichos preceptos reglamentarios, y que a la vez no
gocen de firmeza absoluta por ser susceptibles de control judicial en cualquier
tiempo como los asuntos relacionados con prestaciones periódicas como el
sub examine, lo que ocurre sobre decisiones fundadas en aquellas
manifestaciones anuladas, es efectivamente un decaimiento o pérdida de
fuerza ejecutoria.
En el litigio bajo estudio se observa que los actos administrativos emitidos
conforme a la aludida regulación territorial retirada del ordenamiento jurídico,
son las Resoluciones 1470 del 7 de abril de 1991 y 3970 del 14 de septiembre
de 1994 que reajustaron la cuota parte pensional a cargo de la UAEPC, por lo
que es sobre estas donde recae la estructuración de la figura jurídica en
comento, la cual implica la imposibilidad material y jurídica de mantener lo
resuelto en tales pronunciamientos, al menos desde la fecha en que
desapareció el sustento de estos, es decir, desde 2004 en adelante para el
asunto de marras.
Ahora bien, la única excepción a esta regla sobre la variación de situaciones
definidas en su momento en virtud de una regulación posteriormente anulada,
sería la existencia de derechos adquiridos, por lo que será necesario verificar
si lo propio ocurre respecto del caso del señor Ortiz Perdomo, ello de acuerdo
con la siguiente intelección.
Sobre los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas
aparentemente consolidadas
Adicionalmente, como reparo puntual al fallo de primera instancia, el
recurrente afirmó que al margen de la declaratoria de nulidad de las
Ordenanzas 2 de 1976 y 18 de 1977 que consagraron un reajuste de cuota
parte para aumentar la tasa de reemplazo de su pensión de jubilación, lo cierto
es que por haber sido beneficiario de tal prerrogativa desde 1991 y asimismo
haber solicitado su suspensión motu proprio y no por orden judicial o
administrativa, había consolidado una situación a manera de derecho
adquirido que no podía ser desconocido por la autoridad demandada cuando
solicitó su reanudación.
Como primera reflexión, se hace indispensable precisar que la noción de
derechos adquiridos como la presenta la parte demandante, dista en cuanto a
la verdadera naturaleza y esencia de tales prerrogativas, en razón a que el
reconocimiento y pago de un reajuste sobre la tasa de reemplazo de una
pensión a manera de cuota parte creada en virtud de los actos administrativos
referidos, se dio en clave de una situación jurídica aparentemente
consolidada13 y no como un derecho adquirido en sí mismo, tal como puede
diferenciarse a partir de las definiciones y conceptos que en lo atinente a la
materia ha desarrollado la Corte Constitucional (en mayor medida para efectos
13 La tesis sobre las situaciones jurídicas aparentemente consolidadas ha sido desarrollada por esta
Subsección en providencias que resuelven recursos de apelación en contra de decisiones que
decretaron medidas cautelares de suspensión provisional, tal como se planteó en auto del 4 de junio de
2020 dictado en el proceso con radicado: 23001-23-33-000-2013-00163-01 (4754-2018); así como en
sentencias dictadas por esta misma Sala como las del 25 de febrero de 2021 (4417-2017) y del 9 de
junio de 2022 (0327-2020).
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tributarios) y el Consejo de Estado, esto con el mismo sentido y efectos a los
que en este caso se verificarán a continuación.
Sobre el punto, la Corte Constitucional14 en cuanto a la definición de derechos
adquiridos señaló lo siguiente:
«La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples
oportunidades al alcance de la protección a los derechos adquiridos,
diferenciándolos de las expectativas legítimas. A este respecto, ha sostenido
que los derechos adquiridos constituyen derechos que son (i) subjetivos; (ii)
concretos y consolidados; (iii) cumplen con los requisitos de ley; (iv) se pueden
exigir plenamente; (v) se encuentran jurídicamente garantizados; (vi) se
incorporan al patrimonio de la persona; (vii) son intangibles y en consecuencia,
el legislador al expedir una nueva ley no los puede lesionar o desconocer; y
(viii) se diferencian de las expectativas legítimas.» (Subrayado fuera de
texto).
Pues bien, a partir de una hermenéutica adecuada frente al alcance y
naturaleza jurídica del concepto de derecho adquirido, es dable inferir que
aquel exige como requisito sine qua non para su configuración, que su ingreso
al patrimonio de una persona se derive de un reconocimiento ipso iure o en vía
administrativa por el cumplimiento de los requisitos legales previstos para tal
fin, tanto en lo que a la autoridad legitimada para decidir el asunto se refiere,
como a las circunstancias de hecho y de derecho que acrediten la titularidad
de la prerrogativa solicitada.
Solo el cumplimiento de lo anterior permitiría que el referido derecho se
encuentre debidamente garantizado por el ordenamiento vigente al momento
de validar dichos presupuestos, y del mismo modo lo haría plenamente
exigible y oponible a terceros, sin que pueda ser objeto de desconocimiento
por parte de los agentes estatales con fundamento en un marco normativo
posterior que modifique las condiciones para su configuración. Esto se
diferencia de una simple expectativa legítima sobre la cual el administrado solo
creía posible llegar a adquirir un derecho en algún momento, o incluso disímil
a una situación jurídica aparentemente consolidada como se explica a
continuación.
En cuanto a este último fenómeno en mención, se puede afirmar que se
diferencia de un derecho adquirido en la medida en que si bien puede hablarse
de una prerrogativa reconocida por alguna autoridad estatal mediante acto
administrativo normativo o particular que ha generado en el implicado una
creencia o confianza de que el referido reconocimiento fue legal y que por lo
tanto no habría posibilidad de modificación o extinción por haber ingresado
supuestamente a su patrimonio (derivada de la buena fe en el proceder de los
organismos públicos), lo cierto es que en punto a este concepto, lo que se
configura efectivamente es la creación de una situación jurídica en razón de
una decisión administrativa que surte plenos efectos, pero que en algunos
casos por mala fe del particular y en otros por desconocimiento de ambas
partes, adolece de serios vicios de ilegalidad como aquellos contemplados
como causales de nulidad del artículo 137 del CPACA, los cuales hacen del
acto una manifestación que cumple requisitos de existencia y eficacia, pero no
de validez.
14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-983 del 1.° de diciembre de 2010. Expediente: D-8171.
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Ahora, si se tiene como supuesto que un derecho es concedido por una
autoridad administrativa con fundamento en un acto viciado de ilegalidad, es
decir, sin validez jurídica (por ejemplo, expedido sin competencia), y esta
condición no ha sido revisada en vía judicial, es claro que al momento de ser
sometida la decisión al juicio de legalidad propiamente dicho, esa prerrogativa
creada para el particular en ningún momento se habría constituido como un
derecho adquirido como lo prevé el artículo 58 constitucional, y por lo tanto la
administración podrá e incluso deberá dejar de reconocer su eficacia.
Al acontecer lo anunciado, en efecto se crea una situación jurídica consolidada
pero de forma aparente, puesto que tal como se planteó anteriormente, para
que exista un derecho adquirido intangible ante nuevas regulaciones
normativas, es indispensable que su causa o fuente haya sido legal, así como
su origen y medio de reconocimiento (acto administrativo), pues de no serlo se
atentaría contra su misma esencia jurídica y en tal sentido los efectos que este
produzca redundarían en una ilegalidad e incluso inconstitucionalidad circular
que afectaría otras garantías y eventualmente principios que prevalecen sobre
el interés particular que se hubiese consolidado de manera irregular.
En orden de sostener esta proposición jurídica, vale señalar en primer lugar
que el hecho de asegurar como lo hace el demandante, que al haber sido un
derecho adquirido el reconocimiento a su favor de la cuota parte reajustada
conforme a las previsiones de las Ordenanzas 2 de 1976 y 18 de 1977, no
podría desconocerse su pago por la declaratoria de nulidad de los actos que
sustentaban la prerrogativa, carece de cohesión jurídica en lo que respecta al
sentido y fin ulterior del artículo 58 superior, pues este hace alusión a que las
situaciones reconocidas o configuradas en vigencia de determinado régimen
aplicable, deben seguir sometidas a aquel por irretroactividad de la Ley
posterior, seguridad jurídica y confianza legítima.
Sin embargo, en ningún momento esta norma ni los lineamientos de la Corte
Constitucional han previsto que tales derechos adquieran el carácter de
absolutos frente a un eventual control de legalidad en sede judicial en lo
atinente a su causa y origen, toda vez que lo que sucede en tales eventos
como el particular, no es un cambio en la regulación por expedición de una
nueva normativa, sino la anulación de la que rigió en determinada oportunidad.
Esto quiere decir que en concordancia con uno de los principios jurídicos
básicos relativo a que ningún derecho es absoluto, mal podría considerarse
que por haberse reconocido el pago de una cuota parte reliquidada en virtud
de sendos actos administrativos reglamentarios del orden territorial, esta
situación no pueda ser sometida a control de legalidad para determinar su
validez jurídica, más aún cuando no se ha configurado en este caso el
fenómeno de la caducidad del medio de control por tratarse de un asunto en
el que se debate una prestación periódica15. Lo anterior con mayor razón
cuando se enerva la presunción de legalidad de aquella manifestación estatal,
pues se configura la pérdida de su fuerza ejecutoria en virtud del artículo 91
del CPACA, según lo esbozado con antelación.
Ello en mayor medida cuando en caso de que se asumiera la posición del
libelista sobre la consolidación de una situación jurídica inmutable, dicho
argumento solo sería adecuado si se evidenciara que su derecho fue obtenido
15 De acuerdo con el artículo 164, numeral 1.°, literal c) del CPACA.
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en vigencia de una norma específica que ha cambiado o que ha sido derogada
por otra posterior, la cual no podría ser aplicada de manera retroactiva y
desfavorable a sus intereses ya materializados o configurados. Es decir,
aquella argumentación de la parte activa no hallaría eco ante una circunstancia
completamente diferente a la descrita, como lo es la declaratoria de ilegalidad
del fundamento normativo que en el momento había sustentado el
reconocimiento de su prerrogativa.
En suma, no es viable afirmar que tales situaciones son inmodificables en
cualquier escenario y que por lo tanto no pueden ser discutidas en una
instancia judicial como la presente ante la anulación de la norma que
contemplaba el derecho reclamado. Bajo esta línea de intelección, tampoco
resulta adecuado el argumento impugnativo de la parte activa sobre la
configuración de un derecho adquirido, pues en realidad se trataba de una
situación jurídica aparentemente consolidada que habilitaba su revisión
judicial, la cual al resultar en una nulidad, obliga a la autoridad administrativa
como la demandada, a dejar de reconocer el derecho ante la desaparición del
fundamento jurídico que convalidada su eficacia.
Sobre la solicitud de suspensión del pago de la cuota parte
presentada por el mismo demandante y la reanudación de este
ante la declaratoria de nulidad de la Resolución 1583 del 30 de
diciembre de 1994 proferida por Fonprecon
Al respecto, tampoco es acertada la afirmación de la parte apelante sobre la
vigencia del derecho reclamado por haber sido suspendido en virtud de una
solicitud formulada por este mismo, es decir, por el señor José Joaquín Ortiz
Perdomo.
Si bien quedó demostrado que la falta de pago de la cuota parte reajustada
por parte de la UAEPC desde el 22 de septiembre de 1995, tuvo lugar en virtud
de la Resolución 7302 de la misma fecha (folio 47, C2), mediante la cual se
accedió a la aludida petición del propio pensionado radicada el 8 de febrero de
1995 (folio 48, C2), que además aquel radicó a fin de que Fonprecon
reliquidara su pensión en igual proporción a la que le había otorgado la primera
entidad en comento, ello no implica que ante una reclamación posterior para
reanudar los efectos de las Resoluciones 1470 del 7 de abril de 1991 y 3970
del 14 de septiembre de 1994 que habían otorgado dicho beneficio, la entidad
demandada hubiese estado en la obligación irrestricta y automática de acceder
a lo deprecado sin analizar nuevamente el caso del libelista, pues tal como se
adujo previamente, este no tenía un derecho adquirido, sino una situación
jurídica aparentemente consolidada.
Sobre el punto debe tenerse en cuenta que, aun en el entendido de que
efectivamente, como lo señaló la parte activa, los derechos pensionales son
irrenunciables, lo cierto es que ni la Unidad Administrativa Especial de
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ni el tribunal de primera
instancia consideraron que la suspensión instada por la parte activa hubiese
tenido tal efecto, pues en realidad solo tuvo como consecuencia la que le es
inherente por antonomasia, es decir, detener o dejar en suspenso el pago de
la cuota parte reajustada a cargo de la primera entidad, debido a que
Fonprecon asumiría ese porcentaje mayor.
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Es decir, en ningún momento se ha estimado que la petición precitada sea una
renuncia a una prerrogativa como la que es objeto de litigio, solo se ha
precisado que para la reanudación de los efectos de los actos que concedieron
lo propio, en efecto, era necesario volver a verificar la situación concreta del
demandante a la fecha del correspondiente reclamo de reactivación, esto es,
al 21 de julio de 2016 (ver folios 24 a 26, C1).
Pues bien, al revisar el plenario se advierte que conforme a la Resolución 1583
del 30 de diciembre de 1994 (folios 123 a 127, C1), el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República dio aplicación a la sentencia T-456 de la
misma anualidad emanada de la Corte Constitucional, ello en el sentido de
ordenar el reajuste especial previsto en la Ley 4.ª de 1992 y en el Decreto 1359
de 1993 para los excongresistas afiliados y pensionados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la ley en cita, esto en un monto equivalente al 75% del
ingreso mensual promedio que hubiese devengado el señor Ortiz Perdomo
como representante a la Cámara durante su último año de servicio como tal.
Debido a aquella modificación en el monto pensional, la cual implicaba un
aumento en las cuotas partes asumidas, entre otras, por la UAEPC, fue que el
recurrente solicitó el 8 de febrero de 1995 a esta última que suspendiera el
pago del reajuste de la participación de dicha entidad en un 75% como se
había previsto en aplicación de las Ordenanzas 2 de 1976 y 18 de 1977, pues
así se había condicionado en los actos de reconocimiento de la prerrogativa
(folios 38 a 39, C1 y 86 vuelto a 89, C2), a fin de que no se generara un mayor
valor abonado respecto de lo debido por ley a título de pensión de jubilación,
petición a la cual se accedió mediante la Resolución 7302 del 22 de septiembre
de 1995.
Empero, se pudo verificar que Fonprecon demandó la prementada Resolución
1583 del 30 de diciembre de 1994 que había reliquidado la prestación del
libelista, esto a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en la modalidad de lesividad ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el proceso con radicado 2008-00174.
Sobre el punto es de advertir que la referida autoridad judicial profirió sentencia
el 20 de febrero de 2012 (folios 41 a 85, C1), confirmada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B el 19 de junio de 2014 (folios 86 a
106, C1), en el sentido de acceder a lo deprecado por la entonces entidad
demandante en lo atinente a la anulación de aquel acto, no así frente a la
pretensión de devolución de lo reconocido en virtud de tal decisión. Como
argumentación para este fallo se planteó lo siguiente:
«[…] Si bien el Dr. Ortiz Perdomo, después de ser pensionado, suspendió el disfrute
de la pensión, lo hizo por haber reasumido las funciones de Senador de la República,
por lo que cumple con el requisito que en su momento fijó el inciso 2° del artículo 17
del Decreto 1359 de 1993.
Así las cosas, como ya se señaló líneas atrás, con fundamento en los artículos 17 de
la Ley 4° de 1992 y del Decreto 1359 de 1993, modificado por el artículo 7° del Decreto
1293 de 1994, el reajuste especial allí establecido, y al cual tienen derecho por una
sola vez los Ex - Congresistas pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 4° de 1992, debe equivaler al 50% del promedio de las pensiones
devengadas por los Congresistas en el año 1994, con efectos fiscales a partir del 1°
de enero de 1994.
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En ese sentido, dicho reajuste no puede ser equivalente al 75% de lo devengado por
un Congresista, como lo ordenó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República en las resoluciones acusadas, pues ello no resulta viable, dadas las
diferencias objetivas que existen entre uno y otro grupo - Congresistas y Ex -
Congresistas pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4º de
1992 - relacionadas especialmente, como se señaló líneas atrás, con el cambio del
ordenamiento jurídico que se originó como consecuencia de la entrada en vigencia
de la Constitución Política de 1991.
En ese orden de ideas, encuentra la Sala que le asistió razón a la entidad demandante
cuando solicitó la nulidad de las Resoluciones Nos. 1583 del 30 de diciembre de 1994
(fls. 2 a 6) y 00143 del 16 de febrero de 1996 (fls. 7 a 10), revocada parcialmente por
la Resolución No. 01069 del 09 de septiembre de 1996 (fls. 15 a 16) en cuanto las
mismas reconocieron el reajuste especial en un porcentaje superior al debido, esto
es, el 50% del promedio de las pensiones devengadas por los Congresistas en el año
1994. […]».
Como consecuencia de esta decisión judicial, es claro que la pensión de
jubilación del demandante redujo su monto de liquidación a un 50% de lo que
este hubiese percibido por concepto de pensión como excongresista en el año
1994, tal como se determinó en la Resolución 0732 del 20 de noviembre de
2015 (folios 131 a 133, C1), por medio de la cual Fonprecon dio cumplimiento
a la referida sentencia.
Debido a esta nueva modificación en el quantum de la prestación, la parte
activa estimó que era procedente solicitar ante la UAEPC que reanudara el
pago de la cuota parte reajustada con base en las Ordenanzas 2 de 1976 y 18
de 1977 (ver petición del 21 de julio de 2016 de folios 24 a 26, C1), la cual
implicaba el reconocimiento de la prestación en un 75% de lo percibido por
este en su último cargo, en este caso como ex representante a la Cámara, ello
por cuanto lo propio solo había sido suspendido en virtud de su propia solicitud,
mas no anulado o revocado por otra autoridad.
Frente a lo reclamado, la entidad demandada expidió el Oficio 2016540451 del
1.° de julio de 2016 (folios 22 a 23, C1), con el que denegó lo propio al aducir
que debido a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
reglamentarios en comento en atención a la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca proferida el 14 de octubre de 2004, era
inviable aplicar sus efectos a la fecha de la petición de reanudación, pues ese
fundamento había desaparecido del ordenamiento jurídico.
Bajo el aludido contexto, la Subsección estima que la decisión adoptada por la
parte pasiva y convalidada por el a quo por medio de la sentencia apelada, era
la adecuada en el presente caso. Esto se aduce en la medida en que si bien
se observa que hubo una disminución en el valor de la pensión del
demandante, con motivo de un fallo judicial que declaró la nulidad del acto con
el que Fonprecon había reliquidado la prestación, y que a la vez había
originado la suspensión de la cuota parte reajustada a cargo de la UAEPC, lo
cierto es que este último beneficio no era un derecho adquirido en cabeza del
señor Ortiz Perdomo que tuviese que permanecer incólume ante cualquier
controversia judicial, sino que se trataba de una situación jurídica
aparentemente consolidada que podía y debía variar ante la anulación del
sustento regulatorio que le había dado origen, el cual era ilegal y por lo tanto
impedía mantener el reconocimiento prestacional otorgado de manera
perenne.
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En suma, al margen de que no hubiese mediado una revocatoria directa o que
tampoco fueran anuladas propiamente las Resoluciones 1470 del 7 de abril de
1991 y 3970 del 14 de septiembre de 1994 con las que la entidad demandada
había otorgado a la parte activa el goce de una cuota parte reajustada de
conformidad con las Ordenanzas 2 de 1976 y 18 de 1977, debe tenerse en
cuenta que el retiro del tránsito jurídico de estos últimos actos en virtud de una
nulidad declarada, necesariamente afectó la eficacia de las primeras
decisiones en comento desde el punto de vista de su decaimiento o pérdida
de fuerza ejecutoria, la cual podía configurarse válidamente en el caso del
apelante, por cuanto aquel no tenía un derecho adquirido a tal pago, sino una
situación jurídica aparentemente consolidada que por esencia puede ser
objeto de control judicial o incluso susceptible de enervar sus efectos al
desaparecer su fundamento debido a la ilegalidad de este.
Ahora, sin perjuicio de lo anterior, es necesario destacar que como se precisó
en acápites anteriores, la regulación departamental aludida era aplicable y
debía observarse para configurar situaciones pensionales desde su
expedición y hasta que estuviera vigente, momento que en lo que respecta a
las referidas ordenanzas fue el año 2004 cuando fueron anuladas con base en
la sentencia del 14 de octubre de dicha anualidad proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Ello implica que el demandante tenía
derecho a que la UAEPC le reconociera y pagara el reajuste de su cuota parte
en un 75% desde que la concedió a través de las Resoluciones 1470 del 7 de
abril de 1991 y 3970 del 14 de septiembre de 1994 y al menos hasta el año
2004.
Empero, es de resaltar que la misma parte activa solicitó la suspensión de
aquella prerrogativa, lo cual se materializó con la Resolución 7302 del 22 de
septiembre de 1995, toda vez que ese mismo porcentaje que en su momento
había reconocido la autoridad demandada, fue asumido por Fonprecon con
base en la Resolución 1583 del 30 de diciembre de 1994, la cual pese a haber
sido anulada por esta jurisdicción según sentencias del 20 de febrero de 2012
y del 19 de junio de 2014, no conllevó la devolución de lo pagado por concepto
de reliquidación pensional desde 1994 hasta 2015 cuando se dio cumplimiento
a dicha decisión judicial.
Por consiguiente, resulta claro que el libelista tuvo garantizado el pago de su
prestación en un 75% del IBL durante el período que se encontraba vigente y
aplicable a su caso la reglamentación departamental retirada del ordenamiento
(1991 a 2004), así lo propio lo hubiese asumido otra entidad diferente a la
UAEPC desde 1994, por lo que no es posible que esta última sea condenada
a reconocer lo propio hasta 2004, dado que ello constituiría un doble pago
improcedente bajo el contexto en mención.
En conclusión: el señor José Joaquín Ortiz Perdomo no tenía un derecho
adquirido al pago de una cuota parte reajustada en un 75% con base en las
previsiones de los artículos 2.° y 5.° de la Ordenanza 2 de 1976 y parágrafo
del canon 3.° de la Ordenanza 18 de 1977.
Lo anterior por cuanto dichos actos administrativos fueron anulados en virtud
de la sentencia del 14 de octubre de 2004 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, cuyos efectos erga omnes y ex tunc implican
que el demandante solo detentaba una situación jurídica aparentemente
consolidada que permitía su variación, por haberse visto afectada la eficacia
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de las Resoluciones 1470 del 7 de abril de 1991 y 3970 del 14 de septiembre
de 1994, con las que la entidad demandada había reconocido la mentada
prerrogativa conforme a la aludida regulación territorial ilegal, ello desde el
punto de vista de su decaimiento o pérdida de fuerza ejecutoria, figura que
impedía reanudar el reconocimiento del beneficio económico en mención,
incluso a pesar de haber sido suspendido por solicitud directa del reclamante,
pues era del caso volver a analizar la reclamación del libelista con fundamento
en la normativa aplicable en su momento, la cual solo estuvo vigente hasta el
año 2004, fecha en la que aun así alcanzó a percibir el 75% del IBL pensional
por haberlo reconocido así Fonprecon mediante la Resolución 1583 del 30 de
diciembre de 1994.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada proferida el
27 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F que negó las pretensiones de la demanda, ello habida
cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación
formulado por el libelista.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta Subsección16 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA. En aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de dicha carga conforme al siguiente planteamiento:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea
la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
16 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Demandante: José Joaquín Ortiz Perdomo
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP17, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público18.
Bajo ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas al
demandante y a favor de la entidad demandada, en la medida que conforme
el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, el primero resultó vencido en segunda
instancia al confirmarse en su totalidad el fallo recurrido, y además la parte
pasiva intervino en el trámite de la apelación mediante la presentación de
alegatos de conclusión, ello conforme la constancia secretarial visible a folio
553 del cuaderno 1.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 27 de marzo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor
José Joaquín Ortiz Perdomo contra la Unidad Administrativa Especial de
Pensiones del Departamento de Cundinamarca (UAEPC).
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y
a favor de la entidad demandada, las cuales se liquidarán por el a quo.
Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de registro
SAMAI, y una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
17 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:[…]»
18 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Demandante: José Joaquín Ortiz Perdomo
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
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RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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