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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00589-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00589-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas. Segundo: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a ambas partes, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. Tercero: RECONOCER personería al abogado Wildemar Alfonso Lozano Barón, representante legal de la firma LOZANO & ASOCIADOS SAS portador de la tarjeta profesional 98.891 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura pública visible en el índice 22 de la plataforma SAMAI. Cuarto: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2016-00589-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN: 15001-23-33-000-2016-00589-01 (0030-2023)
DEMANDANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
DEMANDADO: Ligia Isabel Vanegas de Chaparro

Tema: Lesividad. Reconocimiento pensión gracia. Tiempos de servicio
docente en plaza del orden nacional. Distinción entre docente
nacional y el proceso de Nacionalización, en virtud de la Ley 43
de 1975. Devolución de mesadas percibidas de buena fe.
Condena en costas. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el ocho (8) de junio de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP),
instauró demanda en contra de la señora LIGIA ISABEL VANEGAS DE
CHAPARRO en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, (lesividad), con el fin de que se acceda a las
siguientes

PRETENSIONES2

Que se declare la nulidad de la Resolución 36375 del 28 de julio de 2006, por medio
de la cual, en cumplimiento de un fallo de tutela, la UGPP, reconoció y ordenó el
pago de una pensión gracia a favor de la demandada. Que a título de
restablecimiento del derecho se condene a restituir a la entidad de manera indexada

1 En adelante UGPP.
2 Documento digitalizado 21_150012333000201600589001EXPEDIENTEDIGI20210820164907.pdf, visible a

índice 68 del Tribunal Administrativo de Boyacá.

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la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas sin tener derecho y,
condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.

HECHOS3

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la demandada nació el 3 de mayo de 1939 y durante su vida laboral tuvo una
vinculación en calidad de docente nacional, entre el 1. ° de febrero de 1963 y el 2
de mayo de 2004, con algunas interrupciones entre meses durante los años que se
destacan.

Que mediante la Resolución 00975 del 12 de febrero de 1999, la UGPP negó el
reconocimiento de la pensión gracia al considerar que no cumplió con el requisito
del tiempo de servicio en calidad de docente de carácter departamental, municipal
o distrital. Decisión confirmada en las Resoluciones 7729 del 16 de julio de 1999 y
04867 del 17 de diciembre de 1999, al resolver los recursos de apelación y
reposición.

Inconforme con lo anterior, la parte demandada presentó acción de tutela, que fue
resuelta de forma favorable en sentencia del 16 de junio de 2006 proferida por el
Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito Judicial de Bogotá. En cumplimiento del
anterior fallo, la UGPP mediante la Resolución 36375 del 28 de julio de 2006,
reconoció la pensión gracia en una cuantía de $112.753.20, efectiva a partir del 29
de diciembre de 1989.

Que la decisión proferida por el juez de tutela es contraria al ordenamiento jurídico.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida y notificada a la señora Ligia Isabel Vanegas de
Chaparro4, ello con solicitud de medida cautelar decretada según auto del 13 de
septiembre de 20175. Por su parte, la demandada presentó memorial de
contestación, en el cual manifestó que la pensión gracia fue reconocida con sustento
en los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales, por lo que no hay
lugar a la procedencia de las pretensiones.

Además, sostuvo que en virtud del proceso de nacionalización no habría lugar al

3 Ibidem.
4 Ibídem.
5 Documento digitalizado- documento
22_150012333000201600589002EXPEDIENTEDIGI20210820164907.pdf, visible a índice 68 del Tribunal
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reconocimiento del derecho a favor de los docentes vinculados entre 1975 y el 31
de diciembre de 1980, porque todos fueron financiados con «cargo al presupuesto
nacional» es decir, con los recursos del situado fiscal hoy Sistema General de
Participaciones SGP, por tanto, todos serían del carácter nacional y no podría
tenerse en cuenta la vinculación territorial.

Propuso las excepciones que denominó; legalidad del acto administrativo
demandado e improcedencia del control de legalidad contra actos administrativos
de ejecución.

En la audiencia inicial6, precisó que no había lugar a resolver las excepciones
propuestas, se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las
pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, incorporó las pruebas
allegadas y decretó de oficio la certificación de las mesadas canceladas por
concepto de pensión gracia, conforme a los artículos 169, 170, 180 y 213 de la Ley
1437 de 2011.

Mediante auto del 9 de julio de 2018 y conforme lo dispuesto en el artículo 181 del
CPACA, dio por agotada la etapa probatoria y prescindió de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento. Concedió a las partes y al agente del Ministerio Público
el traslado para la presentación de los alegatos de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo de Boyacá, dictó sentencia el 8 de junio de 2021 a través
de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en cuanto a la
declaratoria de nulidad del acto reprochado, con los siguientes argumentos:

De acuerdo con el material probatorio recaudado, pudo demostrarse que la señora
Ligia Isabel Vanegas, se desempeñó como docente nacional a partir del 24 de mayo
de 1963, nombramiento que efectuó el Ministerio de Educación y que
posteriormente fue trasladada a otras plazas de las instituciones del mismo orden
tales como: Colegio Nacional Magdalena Ortega de Nariño, INEM de
Bucaramanga8; Instituto Técnico Agropecuario de Paipa9; Colegio Nacional de
Bachillerato de Nobsa10 y; en el Instituto Gustavo Jiménez de Sogamoso donde
laboró hasta la fecha de su retiro definitivo11.

En ese orden, la demandada no tenía derecho al reconocimiento de la pensión

6 Celebrada el 23 de marzo de 2018. Ibídem.
7 Índice de Samai del Tribunal Ad.
8 Del 14 de marzo de 1972 al 13 de enero de 1980.
9 Del 14 de enero de 1980 al 15 de abril de 1982.
10 Del 16 de abril de 1982 al 26 de febrero de 1987.
11 Del 27 de febrero de 1987 al 3 de mayo de 2004.

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gracia, porque no cumplía con los requisitos legales previstos, pues los docentes
nacionales no podían adquirirla y, además, obtuvo la pensión ordinaria de jubilación
porque precisamente prestó sus servicios en el Ministerio de Educación Nacional,
durante todo el trascurso de su carrera como docente.

En consecuencia, no hay lugar a debate alguno sobre la imposibilidad de los
docentes nacionales para percibir la pensión gracia, situación que ha sido reiterada
de manera uniforme por la jurisprudencia al considerar que fue creada ante la
desigualdad que se presentaba en los regímenes laborales y prestacionales de los
docentes nacionales, quiénes tenían mayores beneficios en relación con los
territoriales, con el propósito de nivelar dichas condiciones.

Sobre la devolución de los dineros percibidos, advirtió que no había mérito para
ordenarla porque no se acreditó que la señora Ligia Vanegas realizó alguna
maniobra fraudulenta y, por lo tanto, su actuar fue de buena fe, porque en el ejercicio
de la confianza legítima consideró legal la mesada reconocida por la extinta Cajanal.

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada12 en su escrito de apelación, solicitó revocar el fallo y en su
lugar, negar lo pretendido, toda vez que la pensión gracia reconocida mediante
acción de tutela, fue resultado del análisis del estado de vulnerabilidad en el que se
encontraba la docente, presupuesto que ha sido desarrollado por la Corte
Constitucional en sentencia T-315 de 2017, donde procede para de garantizar las
condiciones mínimas de la persona, situación similar a la de la demandada que
actualmente cuenta con 83 años por lo que considera que en virtud de los principios
de igualdad, favorabilidad y buena fe, le asiste el derecho de la pensión gracia.

Señaló que con la expedición de la Ley 43 de 1975 se dio lugar a la nacionalización
de la educación primaria y secundaria de los departamentos, municipios, distritos,
intendencias y comisarías, donde la nación asumió con cargo al presupuesto los
gastos en materia de educación y como consecuencia de ello «la fuente de los
recursos con los que se ha vinculado la educación desde 1975 siempre son recursos de la
nación ya sea que el docente sea vinculado por una entidad territorial, sea nacionalizado o
fuese vinculado directamente por la nación».

Que, por lo tanto, ningún docente vinculado entre 1975 y 31 de diciembre de 1980
podría ser beneficiario de la pensión gracia porque todos fueron financiados con
recursos del situado fiscal, ahora Sistema General de Participaciones y de acuerdo
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, como los dineros nacionales pasaban
a ser de las entidades territoriales, está demostrado que la señora Ligia Vanegas

12 Índice 59 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.

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puede percibir las mesadas por dicho concepto.

La parte demandante13 por su parte, solicitó revocar parcialmente la decisión en el
sentido de ordenar el debido restablecimiento del derecho relacionada con la
devolución de los dineros percibidos por la señora Ligia Isabel Vanegas por
concepto de la pensión gracia y condenarla en costas en primera instancia.

Como sustento de lo anterior, alega que existe una «equivocación en la interpretación
de la norma aplicable al caso», porque la demandada actuó de mala fe ante la
administración al utilizar los mecanismos que no eran idóneos para la concesión del
derecho, y en atención a que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario debió
solicitarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con lo que le
hubiese permitido a la UGPP ejercer el derecho a la defensa.

Que pese a la existencia de las resoluciones que negaron el derecho, la accionada
a través de su actuar indujo en error al juez que ordenó la pensión, puesto que no
existió la oportunidad para controvertir de manera rigurosa la prueba, constituyendo
un comportamiento que desvirtúa el principio de la buena fe, sumado a que el
amparo constitucional procede ante la configuración de un perjuicio irremediable,
mismo que no se acreditó en el asunto donde la demandada solamente pretendía
el reconocimiento de un derecho pensional inobservando la vía ordinaria idónea.

Que independiente de la edad y las condiciones de la señora Ligia Vanegas en el
presente asunto no puede eximirse de la devolución de los dineros bajo una posición
de indefensión ni de buena fe, porque su situación no constituye un derecho
adquirido y tampoco puede sustentarse en la «inocencia o ignorancia de la ley».

Sobre la condena en costas, advierte que resulta procedente a la luz del artículo
188 del CPACA, por lo tanto, deben decretarse a favor de la UGPP quien obtiene
seguridad jurídica sobre los gastos procesales que deben ser sufragados con el
propósito de evitar un desgaste del presupuesto público; ello, al referir que, pese a
que la demandada conocía de la improcedencia de su derecho, instó a la
administración para incoar la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del
derecho bajo la contratación de profesionales del derecho y el correspondiente pago
de sus honorarios, así como los demás gastos administrativos en los que incurrió,
por lo que se configura lo regulado en los artículos 365 y 366 del CGP.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el
recurso14, las partes guardaron silencio.

13 Índice 61 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.
14 Mediante auto del 24 de febrero de 2023, visible a folio 1198.

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POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.15

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la demandada
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente, el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial
o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, en caso afirmativo, analizar
la procedencia de los recursos y su naturaleza o; si por el contrario procedía la
declaratoria de nulidad por el reconocimiento ilegal de la pensión y están dados los
presupuestos para ordenar la devolución de los pagos efectuados en virtud de dicha
prestación.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados,

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

15 Según constancia secretarial visible a índice 20 de SAMAI.

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6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»16. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, sin embargo, no se efectuaron
modificaciones o adiciones a los requisitos previamente previstos para el efecto.

Por su parte, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos,

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(…)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran

16 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199717 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201818
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones,

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
18 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de
las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el

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reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual
dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación del
Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de
1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 202219 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial, tal como sucede con el asunto bajo examen en esta
oportunidad.

Resolución del caso concreto

En primer lugar, es destacable el hecho de que, para definir el presente litigio, se
torna innecesario efectuar un análisis integral de los requisitos legales para acceder
a la pensión gracia, toda vez que el centro de discusión consiste en determinar si el
período de labor oficial de la demandada como docente desde el 1. ° de febrero de
1963 hasta el 3 de mayo de 2004, lo fue bajo una vinculación del orden nacional
que no puede ser tenida en cuenta para consolidar la pensión gracia.

Pues bien, de acuerdo con los preceptos legales y el criterio jurisprudencial
expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, para esta Subsección es claro
que se ha mantenido la tesis de que los docentes nacionales no tienen derecho a

19 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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Radicado: 15001-23-33-000-2016-00589-01 (0030-2023)

beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley 114 de 1913, y
ampliada en sus beneficiarios a partir de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

En efecto, si bien las tres normas citadas disponen que, además de los maestros
de escuelas primarias oficiales, también se debe reconocer el derecho a profesores
de escuelas normales, inspectores de instrucción pública y maestros que hubiesen
completado el tiempo de servicio señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria, dicho reconocimiento solo se predica de aquel grupo de
docentes, siempre que tengan la connotación de haber sido vinculados en una plaza
nacionalizada o territorial.

Luego, aun si se trata de una docente vinculada por el Ministerio de Educación
Nacional que prestó sus servicios en educación primaria, secundaria o normalista,
esta no tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Así las cosas, la Sala advierte que a la señora Ligia Isabel Vanegas de Chaparro le
fue reconocida la pensión gracia en cumplimiento del fallo de tutela del 16 de junio
de 2006 proferida por el Juzgado 31 Penal de Bogotá a través de la Resolución
36375 el 28 de julio de 200620. Para el efecto, se encuentra demostrado que la
UGPP tuvo en cuenta los tiempos laborados por aquella como docente desde el «24
de mayo de 1963 al 3 de diciembre de 1989», esto es, por un tiempo aproximado de 26
años, lo cual permitiría, en principio, inferir que cumplía uno de los requisitos
esenciales para ser beneficiaria de la prestación en comento.

No obstante, al analizar el tipo de vinculaciones que tuvo la accionada, se tiene que
solamente tuvo una del orden nacional, tal como se procede analizar:

• Del 1. ° de febrero de 1963 al 3 de mayo de 2004.

Pese a que no existen los documentos iniciales que dieron lugar al nombramiento y
posterior posesión del cargo de docente de la señora Ligia Vanegas, esto es, la
Resolución 681 del 26 de marzo de 1963 conforme al Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral, se indica con claridad que el vínculo
sostenido durante el tiempo laborado fue de carácter nacional, tal como se adjunta:

20 Expediente digitalizado
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Lo anterior, se afirma aún en la medida en que, si bien no se encuentra en el proceso
la copia de los actos administrativos de nombramiento ni de posesión de la
demandada como maestra desde las aludidas fechas, lo cierto es que la naturaleza
de dicha relación legal y reglamentaria sí es posible extraerla y determinarla como
nacional en el presente caso, ello a partir de otros medios probatorios como
certificaciones, constancias y su respectiva valoración bajo elementos propios de la
sana crítica, pues tal posibilidad incluso fue contemplada por el Consejo de Estado
en sentencia del 21 de junio de 2018 cuando se señaló lo relacionado con la prueba

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de calidad de docente territorial, mismas circunstancias que pueden adaptarse al
validar la vinculación de docente nacional o nacionalizado, pues la regla que dispuso
permite adaptar otros medios de prueba para resolver el caso, tal como lo advirtió
en la regla que se relaciona:

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial. […]»

Asimismo, obra en el plenario certificado laboral expedido por el Ministerio de
Educación, del que ratifica su vinculación, así:

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Por lo anterior, se concluye que la señora Ligia Isabel Vanegas tuvo una vinculación
nacional nombrada a partir de la Resolución 681 del 26 de marzo de 1963 y por lo
tanto, dichos educadores son aquellos que fueron nombrados directamente por el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, o por los gobernadores y
alcaldes del país en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas
autoridades podían administrar las plantas del personal docente de las instituciones
educativas nacionales y nacionalizadas conforme al artículo 9 de la Ley 29 de
1989.

Además, tal como fue expuesto por el Tribunal en primera instancia, las plazas en
donde prestó sus servicios en las instituciones educativas estaban adscritas al
Ministerio de Educación Nacional y, por tanto, fueron del orden nacional.

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Una vez aclarado que no le asistía el derecho pensional a la señora Ligia Isabel
Vanegas, se procede a resolver los otros aspectos de los recursos presentados por
las partes, así del escrito de apelación presentado por la parte demandada en uno
de sus argumentos expone que los dineros nacionales a través de los cuales se
sufragó la pensión gracia pasaron a ser del orden territorial en virtud del proceso de
nacionalización previsto en la Ley 43 de 1975, por lo tanto, como los recursos del
SGP fueron destinados a las entidades donde prestó sus servicios, le asistía el
derecho reconocido.

Sobre el particular, ha de aclararse en primer lugar que su nombramiento no tuvo
lugar como resultado del proceso de nacionalización dispuesto en la Ley 43 de
1975, concretado del 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980, dado
que esta figura fue prevista por el legislador con el fin de que fuera la Nación la que
asumiera la administración y financiamiento de la mayoría del servicio educativo del
país a través del entonces situado fiscal (hoy Sistema General de Participaciones),
mas no para cambiar la naturaleza de la relación legal y reglamentaria de quienes
antes de esta regulación ya eran nacionales.

De hecho, para concretar este proceso se advierte que conforme al artículo 10
ibidem, era precisamente la Nación por medio del Ministerio de Educación la que
intervenía en las entidades territoriales mediante sus delegados en el Fondo
Educativo Regional de cada departamento para certificar la disponibilidad
presupuestal necesaria en orden de crear u ocupar las plazas que esta misma
entidad autorizara.

Es decir, la nacionalización buscaba que la administración de la educación primaria
(y una parte de la secundaria) que estaba a cargo inicialmente de los
departamentos, pasara a ser una responsabilidad de la Nación, o por lo menos
compartida con las entidades territoriales bajo la figura de rentas exógenas que
entraban a formar parte del presupuesto del ente territorial.

Por lo tanto, con la nacionalización del servicio educativo solo se transformó la
naturaleza de las vinculaciones de quienes siendo maestros territoriales antes del
1º de enero de 1976 pasaron a ser cofinanciados con la Nación a través del SGP
en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, no así para los educadores
que ya eran nacionales desde su primera relación legal y reglamentaria como lo fue
la actora, pues esta había sido nombrada por el mismo Ministerio de Educación a
partir del 1.° de febrero de 1963, es decir, previo a la vigencia dicha normativa.

Además, tampoco obra en el plenario prueba alguna de la que pueda advertirse
alguna vinculación posterior a cargo de la entidad territorial bien sea por parte del
municipio o departamento a partir de la cual se efectuó tramite alguno que cumpliera
los requisitos para la nacionalización de la educación, esto es, la intervención del

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delegado de la cartera ministerial para la aprobación de los recursos para la
administración a través de los Fondos Educativos Regionales y la ocupación de las
plazas creadas con el mismo carácter, pues se reitera, solamente quedó
demostrado que la señora Ligia Isabel Vanegas siempre mantuvo una vinculación
nacional originada del nombramiento inicial, mismo que continúo hasta la
finalización de sus labores.

• Del derecho adquirido y la situación jurídica aparentemente
consolidada

De otra parte, la demandada también alega que, de conformidad con la línea
jurisprudencial de la Corte Constitucional, en aras de garantizar el principio de
favorabilidad, igualdad y buena fe, debe permanecer la decisión del reconocimiento
de la pensión gracia, en el sentido de garantizar las condiciones mínimas a la
docente quién actualmente tiene aproximadamente 83 años.

Al respecto, resulta necesario precisar que la noción de derechos adquiridos como
la presenta la parte demandada, dista en cuanto a la verdadera naturaleza y esencia
de tales prerrogativas, en razón a que el reconocimiento y pago de la pensión gracia
a favor de la accionada se configuró más como una situación jurídica aparentemente
consolidada21 y no como un derecho adquirido en sí mismo, tal como puede
diferenciarse a partir de las definiciones y conceptos que en lo atinente a la materia
ha desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Sobre el punto, la Corte Constitucional22 en cuanto a la definición de derechos
adquiridos señaló lo siguiente:

«La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples oportunidades
al alcance de la protección a los derechos adquiridos, diferenciándolos de las
expectativas legítimas. A este respecto, ha sostenido que los derechos adquiridos
constituyen derechos que son (i) subjetivos; (ii) concretos y consolidados; (iii)
cumplen con los requisitos de ley; (iv) se pueden exigir plenamente; (v) se
encuentran jurídicamente garantizados; (vi) se incorporan al patrimonio de la
persona; (vii) son intangibles y en consecuencia, el legislador al expedir una nueva
ley no los puede lesionar o desconocer; y (viii) se diferencian de las expectativas
legítimas.» (Subrayado fuera de texto).

Pues bien, a partir de una interpretación adecuada frente al alcance y naturaleza
jurídica del concepto de derecho adquirido, se puede concluir que aquel exige como
requisito indispensable para su estructuración, que su ingreso al patrimonio de una

21 La tesis sobre las situaciones jurídicas aparentemente consolidadas ha sido desarrollada por esta Subsección

en providencias que resuelven recursos de apelación en contra de decisiones que decretaron medidas
cautelares de suspensión provisional, tal como se planteó en auto del 4 de junio de 2020 dictado en el proceso
con radicado: 23001-23-33-000-2013-00163-01 (4754-2018); así como en sentencias dictadas por esta misma
Sala como las del 25 de febrero de 2021 (4417-2017) y del 9 de junio de 2022 (0327-2020).
22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-983 del 1.° de diciembre de 2010. Expediente: D-8171.

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Radicado: 15001-23-33-000-2016-00589-01 (0030-2023)

persona se derive de un reconocimiento automático o en vía administrativa por el
cumplimiento de los requisitos legales previstos para tal fin, tanto en lo que a la
autoridad legitimada para decidir el asunto se refiere, como a las circunstancias de
hecho y de derecho que acrediten la titularidad de la prerrogativa solicitada.

Solo el cumplimiento de lo anterior permitiría que el referido derecho se encuentre
debidamente garantizado por el ordenamiento vigente al momento de validar dichos
presupuestos, y del mismo modo lo haría plenamente exigible y oponible a terceros,
sin que pueda ser objeto de desconocimiento por parte de los agentes estatales con
fundamento en un marco normativo posterior que modifique las condiciones para su
configuración.

Esto se diferencia de una simple expectativa legítima sobre la cual el administrado
solo creía posible llegar a adquirir un derecho en algún momento, o incluso disímil
a una situación jurídica aparentemente consolidada que el Consejo de Estado23 ha
desarrollado y del cual se extrae que quien ha estructurado a su favor un derecho
bajo las condiciones referidas anteriormente, efectivamente tendrá creada a su favor
una situación jurídica consolidada, pero necesariamente de forma aparente, ello por
cuanto para que exista un derecho adquirido inmutable ante nuevas regulaciones
normativas, es indispensable que su causa o fuente haya sido legal, así como su
origen y medio de reconocimiento (acto administrativo), pues de no serlo se
atentaría contra su misma esencia jurídica y en tal sentido los efectos que este
produzca avalarían una ilegalidad que afectaría otras garantías que priman sobre el
interés particular que se hubiese consolidado de manera irregular.

Además, sobre lo regulado en el artículo 58 de la Carta Superior, los lineamientos
de la Corte Constitucional, han previsto que tales derechos adquieran el carácter de
absolutos frente a un eventual control de legalidad en sede judicial en lo atinente a
su causa y origen, toda vez que lo que sucede en eventos como el particular, no es

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

17 de noviembre de 2022. Radicado 25000-23-42-000-2017-04665-01 (2815-2020). «[…] En cuanto a este
último fenómeno en mención, se puede afirmar que se diferencia de un derecho adquirido en la medida en que
si bien puede hablarse de una prerrogativa reconocida por alguna autoridad estatal mediante acto administrativo
normativo o particular que ha generado en el implicado una creencia o confianza de que el referido
reconocimiento fue legal y que por lo tanto no habría posibilidad de modificación o extinción por haber ingresado
supuestamente a su patrimonio (derivada de la buena fe en el proceder de los organismos públicos), lo cierto
es que en punto a este concepto, lo que se configura efectivamente es la creación de una situación jurídica en
razón de una decisión administrativa que surte plenos efectos, pero que en algunos casos por mala fe del
particular y en otros por desconocimiento de ambas partes, adolece de serios vicios de ilegalidad como aquellos
contemplados como causales de nulidad del artículo 137 del CPACA, los cuales hacen del acto una
manifestación que cumple requisitos de existencia y eficacia, pero no de validez.

Ahora, si se tiene como supuesto que un derecho es concedido por una autoridad administrativa con fundamento
en un acto viciado de ilegalidad, es decir, sin validez jurídica (por ejemplo, expedido sin competencia), y esta
condición no ha sido revisada en vía judicial, es claro que al momento de ser sometida la decisión al juicio de
legalidad propiamente dicho, esa prerrogativa creada para el particular en ningún momento se habría constituido
como un derecho adquirido como lo prevé el artículo 58 constitucional, y por lo tanto la administración podrá e
incluso deberá dejar de reconocer su eficacia. […]».

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un cambio en la regulación por expedición de una nueva normativa o línea
jurisprudencial, sino la anulación por ilegalidad de la decisión que concedió
irregularmente la prestación al no haberse acreditado en debida forma los requisitos
exigidos en la ley para el efecto.

Por lo tanto, no sería viable estimar que por haberse reconocido el pago de una
pensión gracia por varios años, esta situación no pueda ser sometida a control de
legalidad para determinar su validez jurídica, más aún cuando no se ha configurado
en este caso el fenómeno de la caducidad del medio de control por tratarse de un
asunto en el que se debate una prestación periódica24.

De este modo, si se asumiera la posición de la docente sobre la consolidación de
una situación jurídica inmutable, dicho argumento solo sería adecuado si se
evidenciara que su derecho fue obtenido en vigencia de una norma específica que
ha cambiado o que ha sido derogada por otra posterior, la cual no podría ser
aplicada de manera retroactiva y desfavorable a sus intereses ya materializados o
configurados.

Es decir, aquella argumentación de la parte pasiva no encuentra respaldo en esta
oportunidad ante una circunstancia completamente diferente a la descrita, como lo
es en este caso la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo que le otorgó la
pensión gracia por no haber colmado una de las exigencias fundamentales para su
concesión, puntualmente la de haber laborado como educadora oficial por 20 años
bajo vinculaciones territoriales o nacionalizadas, pero de ninguna manera nacional.

En conclusión, el pago de la pensión gracia a favor de la señora Ligia Vanegas no
era un derecho adquirido, sino una situación jurídica aparentemente consolidada
que era perfectamente verificable a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad como lo hizo la UGPP.

Por los argumentos antes expuestos, tampoco hay lugar a considerar que dicha
declaratoria del acto reconocido ilegalmente genera una trasgresión a las garantías
y principios constitucionales de la accionada, porque se reitera, el acto puede ser
objeto de control de legalidad sin que el resultado desfavorable para la parte genere
afectación alguna, por el contrario, deben cesar los efectos de dichos pagos que
fueron percibidos sin haber tenido derecho.

• Devolución de dineros percibidos de buena fe

Por otra parte, una vez confirmado el hecho de que el reconocimiento de la
prestación en litigio a favor de la accionada efectivamente era ilegal, se hace

24 De acuerdo con el artículo 164, numeral 1. ° literal c) del CPACA.

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necesario determinar si como lo solicita la UGPP, debe ordenarse el reintegro de
las sumas de dinero abonadas a aquel por concepto de mesadas pensionales.

Sobre el punto debe recordarse que, por regla general, al declarar la nulidad de un
acto de carácter particular y concreto, las cosas deben volver al estado en el que se
encontraban antes de que este naciera a la vida jurídica. No obstante, en aquellas
demandas donde se pretenda la nulidad de un acto que reconoció una prestación
periódica, como es el caso de la pensión gracia, y como restablecimiento se solicite
la devolución de las sumas de dinero pagadas y no debidas, dicho precepto no
puede aplicarse de forma absoluta, dado que el numeral 1, literal c) del artículo 164
del CPACA, previó que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe […]».

Así, para la Subsección el hecho de que la señora Ligia Isabel Vanegas hubiese
reclamado el reconocimiento de una pensión gracia en su favor, no denota a partir
de esa sola situación, un actuar de mala fe dirigido a defraudar a la administración,
por ejemplo; la mala fe tiene lugar cuando se despliegan otras actividades,
como cuando se acude a la acción de tutela en un lugar diferente al domicilio, y pese
a que por la vía administrativa se le había negado expresamente el reconocimiento
a dicho derecho al interesado.32

De acuerdo con lo expuesto, el actuar de la demandada no se apartó del postulado
de la buena fe, es decir, no realizó afirmaciones engañosas, ni se probó que hubiese
aportado documentos falsos encaminados a demostrar que prestó sus servicios de
docente válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Tampoco se advierte que hubiera actuado de mala fe al solicitar la pensión gracia
reconocida, por el contrario, se colige que esta, al presentar la petición actuó con la
convicción de que le asistía el derecho a ello y posteriormente acudió en el ejercicio
de la acción de tutela radicada en su mismo lugar de domicilio, procedió a solicitar
el derecho, sin que está sola conducta pueda ser enmarcada en una situación
fraudulenta.

En ese orden de ideas, ante la falta de elementos de juicio que permitan corroborar
las afirmaciones de la entidad demandante, la Sala no accederá a su solicitud
presentada en su recurso de apelación, por lo que finalmente deberá confirmarse
en su totalidad la sentencia apelada.

Sobre la condena en costas de primera instancia

En lo que respecta a este punto de impugnación, la presente Sala en el caso
particular acudirá a la tesis que se había sostenido con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, pues se entiende que la decisión de primera

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instancia fue proferida en ejercicio de la autonomía propia del tribunal de origen,
previamente a las referidas circunstancias.

Es decir, resultaba acertado al momento de la expedición de la providencia apelada
(8 de junio de 2021), asumir en virtud el artículo 188 del CPACA que, si bien en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre la condena en costas,
dicha regla contempla una excepción puntual en los eventos en los que se ventile
un interés público32, tal como sucedía en el presente caso donde la misma entidad
oficial instaura una demanda contra su propio acto por considerarlo ilegal, esto en
búsqueda de la protección del erario.

Por ello, como efectivamente el a quo acudió a esta postura jurídica, no resultaba
viable la imposición de la referida carga en primera instancia, de manera que
también se deberá confirmar la sentencia apelada en este aspecto.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 29 del art. 188 de la
Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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F AL L A

Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

Segundo: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a ambas
partes, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

Tercero: RECONOCER personería al abogado Wildemar Alfonso Lozano Barón,
representante legal de la firma LOZANO & ASOCIADOS SAS portador de la tarjeta
profesional 98.891 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado
general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura
pública visible en el índice 22 de la plataforma SAMAI.

Cuarto: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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