Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06208-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06208-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-06208-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-06208-02 (3124-2024)
Demandante: José Elberth Vera Angulo
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Vinculado: Luis Raúl Acero Pinto
Temas: No procede reintegro por supresión de un empleo ocupado por
un servidor nombrado en provisionalidad debido al cambio de su
vínculo en cumplimiento de la sentencia SU-446 de 2011.
Reestructuración funcional de la entidad en virtud del
cumplimiento del Acuerdo Final para la Implementación de una
Paz Estable y Duradera. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el primero (1.°) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor José Elberth Vera Angulo instauró demanda,1 la cual reformó,2 contra la
Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) parcialmente
o subsidiariamente de manera total de las Resoluciones 2358 y 2386 de 2017, en la
medida en que con estas decisiones no fue vinculado a la planta de personal de la
FGN luego de la reestructuración de la entidad, y (ii) Oficio 300 del 30 de junio de
1 Ver expediente digital en el índice 86 de SAMAI – Tribunales.
2 Ibid.
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2017 por medio del cual se le comunicó el 5 de julio de 2017 la supresión del cargo
que ocupaba y su desvinculación del ente acusador.
3. A título de restablecimiento, se ordene reintegrarlo al empleo que venía
desempeñando al momento de la terminación de su vínculo o a uno de igual o
superior categoría, sin solución de continuidad, junto con el pago actualizado de los
salarios, prestaciones sociales y demás haberes laborales como aportes a la
seguridad social integral dejados de percibir durante el período en que se encuentre
desvinculado.
4. Que se dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del CPACA y que
se condene en costas a la parte accionada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que mediante la Resolución 0076 del 1.° de junio de 2010 fue vinculado en
propiedad como fiscal especializado, posteriormente como fiscal delegado ante
Tribunal de Distrito por medio de la Resolución 0-1829 del 12 de agosto de 2010.
Luego, la Dirección Seccional de la Fiscalía de Bogotá a través de la Resolución
002006 del 29 de septiembre de 2010 lo nombró como fiscal delegado ante el
Tribunal de Distrito en periodo de prueba a partir del 3 de marzo de 2011; y por
medio de la Resolución 0615 de la misma anualidad tomó posesión del cargo en
propiedad el 16 de marzo de 2011.
6. Que en virtud de la Resolución 909 del 13 de junio de 2012, la Fiscalía General
de la Nación modificó el carácter de la mencionada vinculación en propiedad a
provisionalidad en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia SU-446 de 2011
proferida por la Corte Constitucional. Sin embargo, aseguró que este acto nunca le
fue notificado y que tampoco se ha emitido decisión de revocatoria de su inscripción
en el Registro Único de Carrera.
7. Que tanto en el cargo de fiscal delegado ante los jueces especializados como en
el de fiscal delegado ante tribunal de distrito, las calificaciones obtenidas
correspondieron siempre al nivel superior.
8. Que el Gobierno nacional a través del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017
modificó parcialmente la estructura y planta de cargos de la Fiscalía General de la
Nación, por lo que se suprimieron varios empleos, entre estos el que ocupaba el
actor en la planta global del área administrativa de la institución. En atención a lo
expuesto, a través de las Resoluciones 2358 del 29 de junio de 2017 y 02386 de
2017, se realizó la redistribución, traslado y reubicación de plazas al interior de la
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entidad, con lo cual, mediante el Oficio 300 del 30 de junio del mismo año le fue
comunicada la decisión de su retiro del servicio en virtud del proceso anterior.
9. Que por medio de la Resolución 02329 del 23 de junio de 2017 fue nombrado en
provisionalidad el señor Luis Raúl Acero Pinto en el cargo de fiscal delegado ante
tribunales de distrito, quien finalmente con posterioridad a la aludida redistribución
logró permanecer en dicho empleo, quedando a cargo de los asuntos que tenía bajo
su responsabilidad el demandante. Que, en iguales condiciones, la FGN sin haber
realizado estudios técnicos trasladó y mantuvo en sus plazas a algunos fiscales
nombrados en provisionalidad, con preferencia sobre quienes tenían vinculación
con derechos de carrera administrativa.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Considera vulnerados: los artículos 1, 2, 13, 29, 125, 209 y 253 de la
Constitución Política; 63 y 64 del Decreto Ley 898 de 2017; 103 del Decreto Ley 020
de 2014; 28 del Decreto 760 de 2005; 2, 3, 4, 34, 36, 37, 38, 40 y 42 de la Ley 1437
de 2011; y 2, 3, 44 y 46 de la Ley 909 de 2014.
11. Expresa que los actos demandados se encuentran viciados por falsa motivación
porque no existen planes, programas o estrategias que indiquen la necesidad de
suprimir 73 cargos de fiscal delegado ante el tribunal de distrito, lo cual contraría las
funciones establecidas en la ley, por cuanto el cargo que ocupaba no fue suprimido,
sino que, por el contrario, fue reemplazado por alguien nombrado horas antes de la
expedición de las resoluciones cuestionadas.
12. Manifiesta que tales decisiones también son nulas por infracción de las normas
en que debían fundarse, ya que el 13 de junio de 2012 se expidió la Resolución 0-
0909, por la cual se modificó unilateralmente la naturaleza de su vinculación al
sostener que a partir de la fecha sería un servidor vinculado en provisionalidad, sin
embargo, este acto administrativo nunca le fue comunicado o notificado, por lo cual
perdió su fuerza de ejecutoria. Al respecto señala que el artículo 64 del Decreto Ley
898 de 2017 contempla que las incorporaciones y movimientos de personal no
generarían para los servidores que ostenten derechos de carrera su pérdida o
desmejora, como era su caso.
13. Asegura que también adolecen de desviación de poder por cuanto el fiscal
general utilizó la competencia que le confirió el Decreto Ley 898 de 2017 para
suprimir su cargo con el propósito de satisfacer intereses particulares,
específicamente al haber nombrado al señor Luis Raúl Acero Pinto quien se
posesionó el 27 de junio de dicha anualidad y fue ratificado en la Resolución 02358
del 29 de junio 2017, para posteriormente hacerle entrega del Despacho 67 de la
Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y
posteriormente aducir la supresión de esa misma plaza.
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14. Plantea que adolecen de expedición irregular por falta de estudios técnicos,
pues la FGN estaba en la obligación de basar la selección de las personas que
permanecieron en el cargo en un análisis del perfil, experiencia, competencias
laborales y académicas que superaran las suyas, lo cual no ocurrió en este caso,
por cuanto la entidad no contaba con discrecionalidad absoluta para determinar qué
servidores continuaban y cuáles no.
15. Por último, indica que se presenta un desconocimiento del derecho de audiencia
y de defensa, pues el ente acusador debió informar sobre el inicio de la actuación
administrativa que adelantaría para definir las personas que se incorporarían a la
planta de personal reestructurada según el Decreto Ley 898 de 2017, así como los
criterios, estudios y análisis que se tendrían para dicho fin, lo cual, al no haber hecho
le impidió ejercer su derecho al debido proceso.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
16. El 11 de abril de 2018 fue admitida la demanda,3 y el 10 de abril de 2018 (sic)
su reforma.4 El 23 de junio de 2021 se repuso el primer auto respecto de la
vinculación de múltiples personas como terceros interesados, y en su lugar se
ordenó vincular como litisconsorte necesario de la parte demandada al señor Luis
Raúl Acero Pinto.
17. La Fiscalía General de la Nación5 planteó que actuó en cumplimiento de un
deber legal, por tanto, la supresión del cargo del accionante obedeció a las
facultades otorgadas al fiscal general en el Decreto Ley 898 de 2017, el cual fue
declarado exequible por la Corte Constitucional, por lo que se encuentra
demostrado que no incurrió en ninguna clase de violación de normas superiores.
Expuso que los actos demandados no carecen de motivación y tampoco es falsa,
pues contrario a ello, en estos se señaló claramente que su expedición fue el
resultado de lo establecido en el artículo 59 del Decreto 898 de 2017 que ordenó la
supresión de cargos al interior de la entidad, de manera que fue debidamente
motivada, pues adicionalmente, tuvo como sustento el estudio técnico denominado
“Organización de la Fiscalía para la Gente”, en el que también se encuentran las
razones técnicas que conllevaron a la eliminación de empleos, entre ellos, el que
ocupaba el actor.
18. Adicionalmente afirmó que, frente a la causal de nulidad por desviación de
poder, el reclamante no aportó pruebas que demostraran la configuración de
acciones con fines diferentes al buen servicio público, sino que se limitó a formular
apreciaciones subjetivas. Finalmente explicó que el nombramiento del señor Luis
Raúl Acero Pinto se realizó en cumplimiento de un contrato de transacción producto
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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de un proceso de nulidad y restablecimiento que cursó en el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Bogotá.
19. Propuso como excepciones las de inepta demanda parcial, cumplimiento de un
deber legal y genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 1.º de
marzo de 2024 declaró probada la excepción de acto no susceptible de control
judicial respecto del Oficio 300 del 30 de junio de 2017, negó las pretensiones y
condenó en costas a la parte demandante.
21. Sobre el Oficio 300 del 30 de junio de 2017, dijo que se limitó a comunicar al
actor la decisión de supresión del cargo que ejercía, decisión que en realidad fue
tomada por la administración a través de la Resolución 02358 de 29 de junio de
2017, de modo que el primer acto en mención no creó, modificó o extinguió su
situación jurídica, lo que hace que no pueda ser objeto de control judicial.
22. Sobre la falsa motivación expresó que las simples afirmaciones del accionante
no son suficientes para determinar el cargo, pues lo planteado en la demanda no
fue acompañado del respaldo probatorio que permitiera establecer una razón
distinta para la incorporación de los empleados a la nueva planta de personal, más
aún porque su desvinculación se fundamentó tanto en el Decreto Ley 898 de 2017
como en el estudio técnico elaborado con base en el marco jurídico correspondiente
en razón de la necesidad de realizar la reforma a la planta de personal de la FGN
en virtud del postconflicto.
23. Frente a la causal de desviación de poder manifestó que esta no se configuró,
pues era necesario que el demandante demostrara que el motivo que llevó a la FGN
a la supresión del cargo que ocupaba era contrario al interés general o al
mejoramiento del servicio público, por lo que debía acreditar comportamientos del
funcionario que expidió ese acto, y “que lo hayan llevado a un determinado proceder
para que quede claramente definida la relación de causalidad entre el acto
administrativo y el motivo que lo produjo”, lo cual no ocurrió más allá de la exposición
de algunas afirmaciones subjetivas.
24. Añadió que el reclamante tampoco comprobó que se encontraba en las
circunstancias expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia C-013 de 2018,
y en los artículos 103 y 104 del Decreto 20 del 9 de enero de 2014, es decir, que
tenía un mejor derecho a ser incorporado en el cargo por ser padre cabeza de
familia, o que le faltaban tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener
6 Ver índice 113 de SAMAI – Tribunales.
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la pensión, o que tenía alguna condición de discapacidad en los términos de la
jurisprudencia en mención.
25. Consideró necesario indicar que las normas especiales de la FGN no regulan la
manera en la cual se debe proceder para reformar su planta de personal, por lo que
conforme al artículo 3.º de la Ley 909 de 2004, las disposiciones allí contenidas se
deben aplicar a este asunto, pues se presenta un vacío al respecto.
26. Indicó que, contrario al planteamiento del demandante, está demostrado a partir
del «Documento técnico organización de la fiscalía de la gente, para la gente y por
la gente», de fecha 5 de enero de 2017, que en este asunto sí se realizó el estudio
técnico establecido en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, en el que se determinó
la supresión, entre otros, de 73 cargos de fiscal delegado ante tribunal de distrito
judicial al interior de la FGN como el que este ocupaba, sin que fuera necesario otra
clase de estudio adicional, pues el aludido ya cumplía con las especificaciones para
lo propio. Por lo anterior sostuvo que los actos acusados no infringieron las normas
señaladas en el acápite de fundamentos de derecho de la demanda, pues la FGN
dio cumplimiento a la normativa que regula la función pública y al procedimiento
para reformar la planta de personal.
27. En todo caso, precisó que el actor no demostró estar en alguna de las
circunstancias descritas en el Decreto 20 del 9 de enero de 2014 para tener un
derecho preferencial puesto que no se trataba de un servidor en período de prueba
ni con derechos de carrera como lo indica, debido a que a través de la Resolución
909 de 13 de junio de 2012 se modificó el carácter de la vinculación de algunos
servidores de la FGN, entre ellos del accionante, cuya relación legal pasó a ser
provisional en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia SU-446 de 2011, por
encontrarse por fuera del número de cargos ofertados en la convocatoria del
concurso 2007.
28. Sobre el punto destacó que si bien se alega que este acto nunca le fue notificado
o comunicado y que por tanto perdió su fuerza de ejecutoria, lo cierto es que en este
proceso judicial no se puede estudiar la legalidad de dicha resolución, en la medida
en que tal decisión no se encuentra demandada, y, aun así, la falta de notificación
no torna ilegal el acto administrativo, pues si bien afecta su eficacia, en ningún caso
vicia su existencia y validez, pues el acto existe y es válido desde cuando se expide,
esto es, desde cuando lo suscribe la autoridad administrativa correspondiente.
29. Frente a la supuesta vulneración del derecho de audiencia y de defensa señaló
que en el proceso de reestructuración de una entidad y de la supresión de cargos
no son aplicables las reglas de la primera parte de la Ley 1437 de 2011, pues solo
se requiere cumplir las pautas señaladas en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004,
modificado por el artículo 228 del Decreto 19 de 2012, y el Decreto 1083 de 2015,
esto es, sin ninguna clase de trámite administrativo adicional en relación con los
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empleados a los que se les elimina el cargo, dado que estas normas no lo
dispusieron de otra manera, y por tanto, tampoco podría dárseles el alcance que no
tienen solo para acomodar el caso a las reglas del debido proceso, porque tal
garantía no estuvo en riesgo.
RECURSO DE APELACIÓN7
30. La parte demandante interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
sí se encuentra configurada la causal de nulidad por falsa motivación, pues no es
cierto que se hubiese suprimido el cargo de fiscal 67 de la Unidad Delegada ante el
Tribunal Superior de Bogotá, sino que, por el contrario, fue reemplazado por un
funcionario nombrado tan solo 6 días antes a la fecha de expedición de la
Resolución 02358 de 2017, pese a que demostró tener un mejor derecho al haber
sido vinculado desde el 12 de agosto de 2010 y haber ejercido la plaza en mención
con calificación de nivel superior, lo que implicaba para la entidad la obligación de
suplir ese empleo con quien ya venía ejerciendo tales funciones y no con alguien
designado a solo horas de la reestructuración organizacional.
31. Que lo anterior se refuerza con el hecho comprobado de que el cargo en
apariencia suprimido tenía una carga laboral a través de una serie de expedientes
que fueron entregadas con exactitud al recién nombrado, el señor Raúl Acero Pinto,
los cuales incluso no fueron sometidos a reparto entre los que habían quedado en
la estructura de la planta de personal.
32. Adicionalmente afirmó que para la época de la expedición de las Resoluciones
02358 y 2386 de 2017 y el Oficio 300 del mismo año, todavía estaba nombrado en
propiedad e inscrito en carrera por acto administrativo de la Comisión Nacional de
Administración de la Carrera de la FGN, lo cual le generaba una estabilidad laboral
superior, pues si bien la entidad demandada pretende asegurar que hubo un cambio
en la naturaleza jurídica de su nombramiento a provisionalidad conforme la
Resolución 0-0909 del 13 de junio de 2012, lo cierto es que ese acto nunca le fue
notificado y por tanto perdió fuerza de ejecutoria porque se debieron adelantar las
actuaciones administrativas que se derivan de tales modificaciones como la
autorización del particular dentro de los 5 años siguientes, lo cual no se llevó a cabo.
33. En virtud de lo expuesto señaló que este último acto en mención perdió su
firmeza en la medida en que con su expedición se desconocieron principios como
los del debido proceso, transparencia, publicidad y celeridad; porque conforme al
artículo 91, numeral 3 del CPACA, la entidad no realizó los actos necesarios para
ejecutar la decisión dentro de los 5 años siguientes, principalmente al no haberle
permitido conocer dicho acto y poderlo controvertir. En consecuencia, concluyó que
debían mantenerse sus condiciones iniciales, esto es, las derivadas de un
7 Ver índice 118 de SAMAI – Tribunales.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-06208-02 (3124-2024)
nombramiento en propiedad que le permitían tener preferencia para una reubicación
al momento de la reestructuración del ente fiscal.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
34. El 10 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación,8 y las partes y el
Ministerio Público se abstuvieron de intervenir.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
35. Deberá resolver la Subsección si la sentencia de primera instancia debe ser
revocada, porque los actos demandados están viciados de nulidad conforme a las
razones expuestas en la demanda y en el recurso.
Marco normativo y jurisprudencial
Sobre el régimen de las plantas de personal y las reestructuraciones
funcionales de las entidades del Estado (en particular, de la FGN)
36. El artículo 125 de la Constitución Política9 estableció una cláusula general
acerca del sistema de carrera administrativa, entendido como la base de la
estructura organizacional del Estado sustentada en el mérito y en la legalidad como
principios fundamentales.
37. Para la Fiscalía General de la Nación, la Constitución Política en su artículo
25310 estableció que sería la ley la que determinaría su estructura y funcionamiento,
8 Ver índice 4 de SAMAI.
9 «ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine
la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán
nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. […]».
10 «ARTÍCULO 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la
Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación,
calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su
dependencia.».
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lo cual fue ratificado en el artículo 159 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia (Ley 270 de 1996).11
38. Ahora, hasta que no fuera expedido dicho régimen especial de la FGN, debe
tenerse en cuenta que la norma aplicable en materia organizacional era la Ley 909
de 2004,12 especialmente en sus artículos 41, 44 y 46.
39. Al margen de lo anterior, en virtud del artículo 253 constitucional se expidió la
Ley 1654 de 2013 «Por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al
Presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y situaciones administrativas», y
con base en este, se expidió el Decreto Ley 20 de 2014 «Por el cual se clasifican los
empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y
de sus entidades adscritas».
40. En esta norma se contempló que los empleos al interior de dicha institución
serían de carrera y de libre nombramiento y remoción.13 Igualmente, se diferenció
que tales cargos serían ocupados mediante diferentes clases de vinculaciones
según el artículo 11, dentro de los cuales se encuentra la modalidad de
provisionalidad, en la cual el servidor no ostentará derechos de carrera ni podrá ser
considerado como tal, pero, aun así, se entenderá que ocupa una plaza de esa
naturaleza de manera temporal mientras esta se cubre con un nombramiento en
propiedad.
41. Aclarado lo anterior, se observa que esta norma en su artículo 96 consagró la
supresión del empleo como una causal válida de retiro del servicio para los
servidores de la FGN (cualquiera que sea su clasificación y tipo de nombramiento),
lo cual se ajusta al diseño del régimen general, en el entendido de que no es posible
mantener de manera indefinida un esquema institucional, en los eventos en los que
se hagan necesarias una serie de transformaciones organizacionales a fin de
asegurar el avance y modernización del servicio público oficial.
42. Acerca de los efectos de estos procesos de reestructuración, el artículo 87 del
Decreto 1227 de 200514 consagró lo pertinente de manera general; pero, en el caso
11 «[…] ARTÍCULO 159. REGIMEN DE CARRERA DE FISCALIA. La Fiscalía General de la Nación tendrá su
propio régimen autónomo de carrera sujeto a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios,
orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de
los funcionarios y empleados que la conforman.
Los cargos de libre nombramiento y remoción, así como los de carrera, serán los previstos en la ley.
Con el objeto de homologar los cargos de la Fiscalía con los restantes de la Rama Judicial, aquélla observará
la nomenclatura y grados previstos para éstos. […]»
12 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones.
13 «ARTÍCULO 5°. Clasificación de los empleos. Los empleos de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto
Nacional de Medicina Legal y de la Institución de Educación Superior son de carrera, con excepción de los
siguientes cargos que se clasifican como de libre nombramiento y remoción, dada la especial confianza y la
prestación in tuitu personae que conlleva el desarrollo de sus funciones […]»
14 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998». Actualmente
compilado en el Decreto Reglamentario Único del Sector Función Pública 1083 de 2015.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-06208-02 (3124-2024)
particular de la entidad demandada, el artículo 10315 del mencionado Decreto Ley
20 de 2014 fue el que singularizó la situación.
43. Incluso, sobre el punto, el Consejo de Estado16 ha planteado que, al margen de
que deben respetarse las garantías de los funcionarios con derechos de carrera,
estas no pueden generar una petrificación de las entidades públicas, pues dichos
servidores tendrán las alternativas desarrolladas en la normativa precitada, bien sea
por su vinculación permanente y en propiedad, o porque se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad que ameriten la constitución de fueros de estabilidad
laboral reforzada, en los que deberá analizarse además su mejor derecho para
permanecer en servicio activo.
Frente a la reorganización de la FGN debido a la implementación del Acuerdo
Final de Paz
44. El acuerdo firmado el 12 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y la
entonces guerrilla de las FARC-EP consagró una serie de objetivos para diferentes
entidades del Estado, los cuales implicaron cambios estructurales en su interior, ello
con el ánimo de alcanzar los propósitos fijados para consolidar una paz estable y
duradera. En lo que respecta a la FGN, se acordó que se debería implementar una
Unidad Especial de Investigación para desmantelar organizaciones criminales.17
15 «ARTÍCULO 103. Supresión del empleo. Los servidores con derechos de carrera a quienes se les supriman
los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o
equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible tendrán derecho a recibir una indemnización.
Cuando la incorporación se realice en un empleo igual, no podrán exigirse requisitos distintos de los acreditados
por los empleados de carrera al momento de su inscripción o actualización en el Registro Público de Inscripción
de Carrera. Una vez efectuada la incorporación, será actualizada la inscripción en el Registro y el servidor
continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo.
Para los efectos de reconocimiento y pago de la indemnización de que trata el presente artículo, el tiempo de
servicios continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión como servidor público de la Fiscalía General
de la Nación o de sus entidades adscritas.
[…] PARÁGRAFO 2. No se considera que hubo supresión efectiva del empleo si como producto de la
modificación de la planta, los cargos de carrera de la nueva planta son iguales, equivalentes o se distinguen,
respecto de los que conformaban la planta anterior, solamente por su denominación o nivel. En este evento, los
titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados directamente en la
situación en que se encontraban, no se les exigirán requisitos superiores para su desempeño y se actualizará
su inscripción en el escalafón de la carrera.
El Gobierno Nacional reglamentará el alcance del empleo equivalente para efectos de la incorporación de los
empleados de carrera administrativa cuando su empleo se suprima como consecuencia de un proceso de
reestructuración, o modificación de la planta de empleos. […]».
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
3 de junio de 2021 (2855-2019), y Subsección A. Sentencia del 23 de septiembre de 2021 (4801-2019).
17 Dicho acuerdo previó expresamente lo siguiente: «[…] implementar la Unidad Especial de Investigación para
el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres,
que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo. […]».
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45. Para dar cumplimiento a lo anterior, el legislador profirió el Acto Legislativo 01
de 2016 «Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar
la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», el cual en su artículo 2.° le
confirió facultades al presidente de la República a fin de materializar la normativa
que regularía estos cambios estructurales derivados de la terminación del
conflicto.18
46. En desarrollo de esa norma, el Ejecutivo expidió el Decreto Ley 898 del 29 de
mayo de 2017 que creó la Unidad Especial de Investigación al interior de la entidad
demandada, con la que se modificó la estructura de su planta de personal,
suprimiendo y creando para el efecto, entre otras, las siguientes plazas:
«ARTÍCULO 59. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal de la
Fiscalía General de la Nación los siguientes cargos:
NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS
FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL
73 DISTRITO
[…] ARTÍCULO 61. Creación de cargos para la Unidad Especial de Investigación. Crear
los siguientes cargos en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, así:
NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL
3 DISTRITO
PARÁGRAFO. Los empleos creados en el presente artículo, son de dedicación
exclusiva para cumplir las funciones de la Unidad Especial de Investigación y, en
consecuencia, en estos cargos no procederá la incorporación de servidores cuyos
empleos sean efectivamente suprimidos en el presente Decreto Ley. […]». (Líneas
de la Sala).
18 «ARTÍCULO 2o. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:
Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en
vigencia del presente acto legislativo, facultase al Presidente de la República para expedir los decretos con
fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes
orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para
decretar impuestos.
Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad
automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas
disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su
expedición.».
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47. Por su parte, los artículos 62 a 6419 contemplaron las reglas sobre la continuidad
del servicio, la estructuración de la planta global y flexible de la FGN, así como la
forma en que se harían las incorporaciones y movimientos al interior de la entidad
con motivo del proceso de reorganización institucional.
48. Esta normativa estableció que la planta de personal de la entidad sería global y
flexible, por lo que el fiscal general de la Nación estaría habilitado para reubicar los
cargos suprimidos y creados en función de las necesidades del servicio, pero en
todo caso, garantizando los beneficios propios de los funcionarios con derechos de
carrera, tal como el marco jurídico tanto general como especial lo han previsto.
49. Seguidamente, en aplicación del artículo transitorio de la Constitución Política
añadido por el Acto Legislativo 01 de 2016, la Corte Constitucional mediante la
sentencia C-013 del 14 de marzo de 2018 se pronunció sobre la exequibilidad del
mencionado Decreto Ley 898 de 2017, precisando que este precepto se ajustaba a
la norma superior, pero condicionando lo propio sobre el artículo 62 a que los
derechos laborales de los servidores retirados de la institución por supresión del
cargo debían prevalecer en el caso de aquellos sujetos a los presupuestos del retén
social.20
Resolución del caso concreto
19 «ARTÍCULO 62. Continuidad en el servicio. Los servidores continuarán desempeñando las funciones del
empleo en el cual están nombrados y devengando la remuneración asignada a éstos, hasta tanto se produzca
su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la supresión de sus cargos, según el caso.
La supresión efectiva de los cargos de los servidores que tienen causada la pensión, se efectuará una vez
ingresen en nómina de pensionados.
ARTÍCULO 63. Planta global y flexible de la Fiscalía General de la Nación. La planta de cargos adoptada para
cada área de la Fiscalía General de la Nación es global y flexible y, por lo tanto, el Fiscal General de la Nación
se encuentra facultado para distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de éstas, de conformidad con las
necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la Entidad.
ARTÍCULO 64. Incorporaciones y movimientos de personal. Las incorporaciones y movimientos de personal
que se realicen como resultado de la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación,
no generarán para los servidores que ostenten derechos de carrera su pérdida o desmejora.
Cuando haya lugar a la actualización en el Registro Único de Carrera, la misma se efectuará de oficio por la
Subdirección de la Comisión de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación
o quien haga sus veces.
A los servidores que se les suprima el empleo de Asistente de Fiscal I y sean nombrados en cargos de Técnico
II, no se les exigirán requisitos adicionales a los acreditados al momento de su posesión y devengarán la
remuneración que se establezca para el empleo en el cual sean nombrados.».
20 Al respecto la Corte indicó: «[…] El retén social, como garantía de estabilidad laboral de los trabajadores
vinculados a una planta de personal que es objeto de reestructuración, ha tenido aplicación en diversos
escenarios institucionales, entre los que se cuenta la Fiscalía General de la Nación, como se deriva de lo
resuelto en la Sentencia SU-446 de 2011, que amparó los derechos de trabajadores que ocupaban cargos
específicos que serían provistos con el registro de elegibles. En aquella ocasión la Corte precisó, que la Fiscalía,
a pesar de la discrecionalidad de la que gozaba, “sí tenía la obligación de dar un trato preferencial, como medida
de acción afirmativa a: i) las madres y padres cabeza de familia; ii) las personas que estaban próximas a
pensionarse, entiéndase a quienes (…) les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener
la respectiva pensión; y iii) las personas en situación de discapacidad”. […]».
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50. Frente al reproche del apelante, quien insiste en la configuración de la causal
de falsa motivación de los actos demandados por el supuesto reemplazo en lugar
de la supresión material de su cargo, la Sala estima que, en realidad, el sustento de
hecho y de derecho de tales manifestaciones administrativas fue la aplicación del
Decreto Ley 898 de 2017, esto con sujeción al resultado del análisis realizado para
determinar cuál sería la reorganización más adecuada de la FGN, en aplicación de
los artículos 96 del Decreto 1227 de 200521 y 94 de la Ley 270 de 1996.22
51. Incluso, por mandato constitucional a través del Acto Legislativo 01 de 2016, y
en acatamiento del Decreto Ley 898 de 2017 (que además tuvo respaldo de
exequibilidad por parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-013 de
2018), es que se adoptaron las decisiones acusadas en esta causa judicial.
52. Por tal motivo, no es cierto que los actos de distribución de personal
(Resoluciones 2358 del 29 de junio de 2017 y 2386 de 2017)23 tuvieran que haberse
fundamentado en un examen de verificación y comparación de las cualidades,
capacidades, logros o experiencia del actor respecto de las de los demás
funcionarios, a fin de determinar quiénes seguirían vinculados.24
53. Sobre el particular, el reclamante sostiene que la motivación de dichos actos es
falsa en la medida en que la verdadera intención de la entidad demandada nunca
fue la de suprimir la plaza que ocupaba como fiscal 67 delegado ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá a partir del 30 de junio de 2017, sino, en su
lugar, cambiar al titular del despacho por haber nombrado en esa misma posición
solo unos días antes al señor Luis Raúl Acero Pinto a través de la Resolución 2329
del 23 de junio de 2017, de quien afirmó que no había desempeñado dicho cargo
con anterioridad y cuyo perfil no fue comparado con el suyo pese a haber ejercido
el empleo durante un largo período con calificaciones de servicio superiores, lo cual,
en su sentir, justificaba su permanencia en la institución.
54. Pues bien, al margen de estas afirmaciones que solo encuentran respaldo
probatorio en los actos de nombramiento del mencionado señor Acero Pinto en
calidad de fiscal 95 delegado ante el Tribunal del Distrito de Bogotá desde el 27 de
junio de 2017,25 quien luego fue reubicado en la Fiscalía 67 Delegada desde el 5 de
julio del mismo año;26 lo cierto es que de los actos reprochados no se desprende
ningún planteamiento que permita inferir que la expresión de voluntad de la entidad
desconoció el marco jurídico y los hechos que rodearon el proceso de
21 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.».
22 Estatutaria de Administración de Justicia.
23 Ver archivo en CD que reposa en uno de los traslados.
24 Este planteamiento ha sido precisado por esta Subsección en sentencias del 18 de agosto de 2022 en el
proceso con radicado 25000-23-42-000-2017-06166-01 (3006-2020), y del 25 de agosto de 2022, en el proceso
con radicado 25000-23-42-000-2017-05270-01 (1723-2020).
25 Ver expediente digital en el en el índice 86 de SAMAI – Tribunales.
26 Ibid.
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reestructuración de la entidad con base en el estudio técnico efectuado para el
mismo efecto.
55. Por el contrario, siempre se hizo alusión al cumplimiento exacto de la regulación
aplicable, sin que dentro de la motivación de las Resoluciones 2358 y 2386 de 2017
se exigiera efectuar un análisis comparativo entre funcionarios para decidir en esos
actos quién sería reubicado y quién sería retirado del servicio por la supresión del
empleo, ya que, en virtud del Decreto Ley 898 de 2017, lo único requerido era que
el pronunciamiento de la FGN fuera el relativo a la redistribución del personal con la
indicación de los movimientos internos necesarios para ocupar los nuevos cargos
creados por esta misma normativa.
56. Al respecto basta con precisar que, contrario al argumento del apelante, no es
cierto que no se haya suprimido el empleo de fiscal delegado ante tribunal de distrito,
pues esa posición sí estaba contemplada dentro de las 73 eliminadas de la
estructura funcional del ente acusador según el artículo 59 del decreto en mención,
dentro de las cuales se encontraba la que ejercía el accionante.
57. Ahora, tal hecho no significa que también haya desaparecido el despacho de la
Fiscalía 67 Delegada Ante el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá al que se
encontraba adscrito el demandante, así como su inventario y carga laboral, pues
una unidad funcional nominada (despacho) como la anterior solo es la
denominación de una dependencia institucional, sin que sea lo mismo que la plaza
propiamente dicha que ocupa un servidor en calidad de fiscal delegado, la cual
corresponde al cargo en sí mismo que es el que en realidad se suprime de la planta
de personal.
58. Por tanto, no resulta irregular que en razón de la creación de 3 cargos de fiscal
delegado ante tribunal de la Unidad Especial de Investigación (conforme el artículo
61 de la referida norma), a uno de estos se le asignara ese despacho en especial y
que precisamente se nombrara en el nuevo empleo a otra persona distinta a la fue
retirada del servicio, tal como lo dispone el parágrafo de esta última disposición, lo
que significa que no se trató de un reemplazo, sino de una verdadera supresión y
reubicación por reestructuración institucional.
59. Por consiguiente, no es cierto que los actos cuestionados se expidieron con
falsa motivación, es decir, apartándose de la realidad de la situación jurídica creada
en virtud de la reorganización de la FGN, pues ciertamente dicha autoridad acató
las normas que les eran aplicables, y, en todo caso, los hechos que constituyeron
el sustento de sus pronunciamientos fueron los definidos técnicamente para
reformar la entidad, sin que resultara necesario hacer alusión a las condiciones
particulares de cada empleado respecto de su hoja de vida en orden de determinar
una supuesta superioridad entre estos.
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60. Ahora, si el criterio bajo el que se alega la nulidad por parte del actor era una
distorsión del interés general de la autoridad para el mejoramiento del servicio, a fin
de satisfacer en su lugar unos intereses particulares de algún funcionario con la
decisión de retirar del servicio al demandante y reubicar en uno de los cargos
creados al señor Luis Raúl Acero Pinto, resultaría que la causal alegada no sería la
de falsa motivación, sino la de desviación de poder.
61. Sobre este presupuesto debe tenerse en cuenta que aquel debe estar
suficientemente demostrado con el fin de conducir al juez a la convicción de que la
entidad pública actuó bajo su propia arbitrariedad o intencionalidad apartada de los
fines constitucional o legalmente previstos, lo cual, si bien es complejo corroborarlo,
no exonera de la carga al reclamante para acreditar tales supuestos de hecho,
según lo ha planteado esta corporación.27
62. No obstante, el actor no allegó más pruebas que las documentales enunciadas
previamente en lo relativo a la vinculación del señor Acero Pinto, al punto de que,
ante el incumplimiento de la carga probatoria contemplada en el artículo 167 del
CGP, tampoco podría tenerse configurado este vicio de ilegalidad.
63. En todo caso, debe tenerse en cuenta que la terminación del vínculo legal y
reglamentario de un funcionario en provisionalidad como lo fue el reclamante,28
derivada de un proceso como el que sufrió la parte demandada, es una potestad del
nominador que se entiende discrecional, y en tal medida, genera una estabilidad
laboral precaria para tal servidor, la cual solo se ve limitada por las garantías
mínimas laborales de orden constitucional que prevalecen sobre el aludido criterio.
64. Es por eso que, tales limitantes se establecen bajo los siguientes supuestos: (i)
que el empleado tenga derechos de carrera, (ii) que sea titular de las prerrogativas
propias del retén social, y (iii) que a la administración le está prohibido transgredir
situaciones jurídicas mediante decisiones arbitrarias que únicamente busquen
beneficiar intereses particulares del funcionario nominador en detrimento de los
fines generales del Estado, todo en franca afectación de la calidad del servicio, o lo
que es lo mismo, con desviación de poder.
65. Precisamente, sobre el primer postulado en mención es que el demandante
también alega la ilegalidad de los actos demandados, pues aseguró que para la
fecha de expedición de las Resoluciones 2358 y 2386 de 2017, este seguía
vinculado en propiedad en el cargo de fiscal delegado ante tribunales, inscrito y con
derechos de carrera administrativa en virtud del nombramiento efectuado
inicialmente en período de prueba conforme la Resolución 01829 del 12 de agosto
de 2010, luego adscrito bajo esa misma modalidad a la Fiscalía 67 Delegada ante
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Exped:
17001233100020030141202 (0734-10).
28 Ver certificado de tiempos de servicio e información general del accionante aportado con la contestación de
la demanda, obrante en el expediente digital del índice 86 de SAMAI – Tribunales.
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el Tribunal Superior de Bogotá de acuerdo con la Resolución 002006 del 29 de
septiembre de 2010,29 y finalmente nombrado en propiedad a partir del 16 de marzo
de 2011 en atención a la Resolución 0-0615 del 3 de marzo de 2011.30
66. Para sustentar lo anterior manifestó que, sin desconocer que la entidad
demandada expidió la Resolución 0-0909 del 13 de junio de 201231 con la que
modificó el carácter de la vinculación de varios servidores en cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia SU-446 de 2011 (entre estos la derivada de su
nombramiento en propiedad que pasó a ser provisional), consideró que dicho acto
administrativo no produjo efectos ni le es oponible al no habérsele notificado, y
además, estimó que perdió fuerza ejecutoria al haber pasado 5 años sin que la FGN
hubiese ejecutado esa decisión.
67. Al respecto lo primero que debe precisarse es que la mencionada resolución no
fue demandada en esta causa y por consiguiente no puede emitirse
pronunciamiento alguno sobre su legalidad. Sin embargo, como los argumentos del
demandante son relativos a su eficacia y no a su validez, la Sala estima adecuado
precisar que en realidad este solo es un acto de ejecución derivado del acatamiento
de una providencia judicial que dispuso el cambio de naturaleza jurídica de algunas
relaciones legales y reglamentarias de servidores de la fiscalía. Es decir, no se trató
de una manifestación autónoma de voluntad de la autoridad demandada que
modificaba situaciones jurídicas previas, sino que solo consistió en la
materialización de una disposición judicial que no podía desconocer.
68. Pues bien, como se observa de los actos de nombramiento del accionante en
período de prueba y luego en propiedad, junto con su inscripción en el Registro
Único de Inscripción en Carrera,32 este fue designado como fiscal delegado ante
tribunales de distrito por haber ocupado uno de los puestos en el registro definitivo
de elegibles generado con el Acuerdo 007 de 2008, derivado de los resultados
obtenidos en el concurso de méritos 004-2007 de la Fiscalía General de la Nación.
69. Ahora, según la parte motiva del acto bajo análisis, estas vinculaciones en
propiedad de algunos servidores como el actor que ocupó el puesto 90, en una clara
superación de las únicas 52 vacantes disponibles al interior de la institución, se
consolidó con motivo de las sentencias de tutela del 27 de mayo y 17 de junio de
2010 proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. No
obstante, también se indicó que estas decisiones judiciales fueron objeto de revisión
por parte de la Corte Constitucional, quien mediante sentencia SU-446 del 26 de
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
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mayo de 2011 (la cual tiene efectos inter comunis según su ordinal primero33),
dispuso con total precisión lo siguiente en su ordinal segundo:
«[…] Como consecuencia de lo anterior, ENTIÉNDASE como servidores en
provisionalidad, además de los que no concursaron y se mantienen en provisionalidad
en la Fiscalía General de la Nación, todas aquellas personas que fueron nombradas
por hacer parte del registro de elegibles contenido en el Acuerdo 007 de 2008 y actos
complementarios, pero sin sujeción a la regla del número de plazas a proveer, en los
términos de cada una de las convocatorias. Estos servidores seguirán vinculados a la
entidad hasta tanto sus cargos sean provistos en propiedad mediante el sistema de
carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia
constitucional, contenidos, entre otras, en la sentencia SU-917 de 2010, es decir, que
se requerirá resolución motivada para su desvinculación. […]» (Subrayado fuera de
texto).
70. Al revisar el contenido de esta providencia de obligatorio cumplimiento en
comparación con la situación del demandante que obtuvo un puesto en la lista de
elegibles del Acuerdo 007 de 2008 superior al de las vacantes disponibles, lo que
se concluye es que la modificación de la naturaleza de su vínculo en propiedad a
uno en provisionalidad se derivó necesariamente de esta sentencia y no de la
Resolución 0-0909 del 13 de junio de 2012 emitida por la FGN, pues esta solo sería
la materialización de una orden superior. En tal sentido, los efectos jurídicos que
pretende desconocer el reclamante son los del fallo en mención que son generales
(inter comunis) y automáticos, no así los del acto citado anteriormente.
71. Por lo mismo, el hecho de que el recurrente asegure que no le fue notificada
dicha resolución (lo cual se entiende como cierto porque la parte demandada no
demostró lo contrario), y que por tanto esta no le sea oponible, resulta inane en esta
oportunidad, pues en este caso debe primar la decisión judicial que es la que
modificó su situación jurídica primigenia, la cual, debido a esta ilegalidad advertida
por la Corte Constitucional, no puede entenderse como un derecho adquirido o
consolidado, sino como una situación aparentemente consolidada.
72. Sobre el punto, la Corte Constitucional34 en cuanto a la definición de derechos
adquiridos señaló lo siguiente:
«La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples oportunidades
al alcance de la protección a los derechos adquiridos, diferenciándolos de las
expectativas legítimas. A este respecto, ha sostenido que los derechos adquiridos
constituyen derechos que son (i) subjetivos; (ii) concretos y consolidados; (iii)
cumplen con los requisitos de ley; (iv) se pueden exigir plenamente; (v) se
encuentran jurídicamente garantizados; (vi) se incorporan al patrimonio de la
33 En esta providencia se dispuso: «[…] En razón del efecto inter comunis de este fallo, ENTIÉNDASE como
servidores de carrera de la Fiscalía General de la Nación y en virtud de las convocatorias que efectuó la entidad
en el año 2007, sólo aquellas personas que fueron nombradas según el registro de elegibles contenido en el
Acuerdo 007 de 2008 y actos complementarios, con observancia estricta de la regla referente al número de
plazas por proveer, según cada una de las convocatorias. […]»
34 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-983 del 1.° de diciembre de 2010. Expediente: D-8171.
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persona; (vii) son intangibles y en consecuencia, el legislador al expedir una nueva
ley no los puede lesionar o desconocer; y (viii) se diferencian de las expectativas
legítimas.» (Subrayado fuera de texto).
73. Pues bien, a partir de una interpretación adecuada frente al alcance y naturaleza
jurídica del concepto de derecho adquirido, se puede inferir que aquel exige como
requisito indispensable para su estructuración, que su ingreso al patrimonio de una
persona se derive de un reconocimiento automático o en vía administrativa por el
cumplimiento de los requisitos legales previstos para tal fin, tanto en lo que a la
autoridad legitimada para decidir el asunto se refiere, como a las circunstancias de
hecho y de derecho que acrediten la titularidad de la prerrogativa solicitada.
74. Solo el cumplimiento de lo anterior permitiría que el referido derecho se
encuentre debidamente garantizado por el ordenamiento vigente al momento de
validar dichos presupuestos, y del mismo modo lo haría plenamente exigible y
oponible a terceros, sin que pueda ser objeto de desconocimiento por parte de los
agentes estatales con fundamento en un marco normativo posterior que modifique
las condiciones para su configuración. Esto se diferencia de una simple expectativa
legítima sobre la cual el administrado solo creía posible llegar a adquirir un derecho
en algún momento, o incluso disímil a la referida situación jurídica aparentemente
consolidada que el Consejo de Estado35 ha desarrollado de la siguiente forma:
«[…] En cuanto a este último fenómeno en mención, se puede afirmar que se
diferencia de un derecho adquirido en la medida en que si bien puede hablarse de
una prerrogativa reconocida por alguna autoridad estatal mediante acto
administrativo normativo o particular que ha generado en el implicado una creencia
o confianza de que el referido reconocimiento fue legal y que por lo tanto no habría
posibilidad de modificación o extinción por haber ingresado supuestamente a su
patrimonio (derivada de la buena fe en el proceder de los organismos públicos), lo
cierto es que en punto a este concepto, lo que se configura efectivamente es la
creación de una situación jurídica en razón de una decisión administrativa que surte
plenos efectos, pero que en algunos casos por mala fe del particular y en otros por
desconocimiento de ambas partes, adolece de serios vicios de ilegalidad como
aquellos contemplados como causales de nulidad del artículo 137 del CPACA, los
cuales hacen del acto una manifestación que cumple requisitos de existencia y
eficacia, pero no de validez.
Ahora, si se tiene como supuesto que un derecho es concedido por una autoridad
administrativa con fundamento en un acto viciado de ilegalidad, es decir, sin validez
jurídica (por ejemplo, expedido sin competencia), y esta condición no ha sido
revisada en vía judicial, es claro que al momento de ser sometida la decisión al juicio
de legalidad propiamente dicho, esa prerrogativa creada para el particular en ningún
momento se habría constituido como un derecho adquirido como lo prevé el artículo
58 constitucional, y por lo tanto la administración podrá e incluso deberá dejar de
reconocer su eficacia. […]».
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
17 de noviembre de 2022. Radicado 25000-23-42-000-2017-04665-01 (2815-2020).
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75. Como se extrae de este lineamiento jurisprudencial, quien ha estructurado a su
favor un derecho bajo las condiciones referidas anteriormente, efectivamente tendrá
creada a su favor una situación jurídica, pero necesariamente de forma aparente,
ello por cuanto para que exista un derecho adquirido inmutable ante nuevas
regulaciones normativas o jurisprudenciales, es indispensable que su causa o
fuente haya sido legal, así como su origen y medio de reconocimiento (acto
administrativo), pues de no serlo se atentaría contra su misma esencia jurídica y en
tal sentido los efectos que este produzca avalarían una ilegalidad que afectaría otras
garantías que priman sobre el interés particular que se hubiese consolidado de
manera irregular.
76. De este modo, si se asumiera la posición del actor sobre la consolidación de
una situación jurídica inmutable en razón de la falta de notificación del acto que
modificó su nombramiento a provisionalidad, dicho argumento solo sería adecuado
si se evidenciara que su vínculo fue obtenido en vigencia de una norma específica
que ha cambiado o que ha sido derogada por otra posterior, la cual no podría ser
aplicada de manera retroactiva y desfavorable a sus intereses ya materializados o
configurados.
77. Es decir, aquella argumentación no encuentra respaldo en esta oportunidad
ante una circunstancia completamente diferente a la descrita, como lo es en este
caso el hecho de que, ante una revisión de tutela, la Corte Constitucional haya
proferido una decisión con efectos inter comunis, que afectaba directamente al
reclamante, bajo una orden general que solo señaló que debía entenderse que su
nombramiento (entre otros), era efectivamente en provisionalidad.
78. Esta sola orden por sí sola surte plenos efectos jurídicos al no haber estado
condicionada a iniciar actuaciones administrativas de revocatoria de actos previos,
al punto de que tales consecuencias no pueden estar sometidas a que la entidad
demandada hubiese proferido o no el acto de ejecución, o incluso que, habiéndolo
hecho, no lo notificara, lo que descarta el planteamiento de impugnación de que no
haya mutado el tipo de vínculo del accionante a provisionalidad.
79. Ahora, es por esa misma razón que tampoco se configuró la alegada pérdida
de fuerza ejecutoria de la Resolución 0-0909 del 13 de junio de 2012, ya que luego
de su expedición no se requería el inicio de actuaciones posteriores dentro de los 5
años siguientes como lo prevé el artículo 91, numeral 3.º del CPACA, puesto que
ese mismo acto es la propia ejecución de una decisión previa y superior como lo es
la referida sentencia de unificación constitucional dictada el 26 de mayo de 2011.
80. En consecuencia, dado que el demandante para la fecha de expedición de las
Resoluciones 2358 y 2386 de 2017 se entendía como un funcionario en
provisionalidad en virtud del cumplimiento de la sentencia SU-446 de 2011, tal como
la propia entidad accionada lo reconoció en la certificación laboral aportada con su
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-06208-02 (3124-2024)
contestación, se concluye que no es cierto que tuviera derechos de carrera
administrativa que le generaran una estabilidad laboral reforzada para ser
incorporado en la nueva planta de personal, más aún porque tampoco alegó que se
encontrara en una condición propia del retén social, y tampoco se demostró la
configuración de una desviación de poder en la decisión de suprimir su cargo y
retirarlo del servicio por esa causal.
81. Las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia apelada que
negó las pretensiones.
Condena en costas de segunda instancia
82. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
83. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
84. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
85. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto ante la confirmación de la providencia censurada, no prosperan los
argumentos de su recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el primero (1.°) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
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cual se negaron las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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