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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00228-02

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00228-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión N°4, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, portador de la tarjeta profesional N°131.246 del C.S. de la J, esto como apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura pública, visible en el índice 27 de la plataforma SAMAI. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-00228-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

31 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00228-02 (2446-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Esperanza Zúñiga Escobar y otros

Temas: Lesividad. Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de
servicio docente en plaza del orden nacional. Noción de derecho
adquirido y situación jurídica aparentemente consolidada.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte demandante
como por la demandada contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
instauró demanda en contra de la señora ESPERANZA ZÚÑIGA ESCOBAR en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, ello bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: i) N°22669 del 13 de agosto de 1998
y ii) N°43849 del 21 de septiembre de 2007, por medio de las cuales la extinta Caja
Nacional de Previsión Social (CAJANAL), hoy UGPP, reconoció una pensión gracia
a favor de la demandada. Que a título de restablecimiento del derecho se condene
a la accionada a restituir a la entidad de manera indexada, la suma correspondiente

1
Folio 117.

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a las mesadas pensionales pagadas a las cuales no tenía derecho.

Que la condena respectiva atienda lo previsto en el artículo 187 del CPACA y se
imponga el pago de las costas a la parte pasiva.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la demandada nació el 12 de marzo de 1948 y durante su vida laboral tuvo
varias vinculaciones como docente al servicio del departamento del Valle de Cauca,
así desde el 18 de enero de 1966 al 22 de septiembre de 1972 y en el Ministerio de
Educación Nacional desde el 26 de septiembre de 1972 por un espacio aproximado
de 25 años y 5 meses; desempeñado como último cargo el de docente de idiomas
en la ciudad de Cali en la Institución Educativa INEM Jorge Isaac.

Que mediante Resolución N°22669 del 13 de agosto de 1998, la extinta CAJANAL
le reconoció a la demandada una pensión gracia en cuantía de $637.031,10,
efectiva a partir del 12 de marzo de 1998, la cual fue objeto de reliquidación a través
de las Resolución N°43849 del 21 de septiembre de 2007, elevando la cuantía a la
suma de $724.170,98, a partir del 12 de marzo de 1998 pero con efectos fiscales a
partir del 16 de noviembre de 2003, por prescripción trienal.

A través de la Resolución N°029265 del 16 de julio de 2015, la UGPP resolvió negar
la reliquidación de la pensión gracia al considerar que se habían computado los
tiempos del orden nacional para su reconocimiento.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 2 de mayo de 20163 y notificada a la
señora Esperanza Zúñiga el 23 de junio de 2023, quien presentó memorial de
contestación4, oponiéndose a las pretensiones elevadas por la actora, al considerar
que desconocer la legalidad de los actos administrativos demandados, implica una
amenaza al principio de seguridad jurídica y el desconocimiento al principio de
buena fe, como quiera que se modificaría injustamente una situación jurídica
consolidada por la misma administración en beneficio de la demandada a partir del
12 de marzo de 1998.

Al respecto, señaló que CAJANAL luego de la expedición de la sentencia C-497 del
9 de septiembre de 1998, a partir de la cual la Corte Constitucional estableció que
la pensión gracia únicamente cubría a los docentes nacionalizados, cambió el

2 Folios 118 a 119.
3 Folios 139 a 140.
4 Folios 149 a 154, C1.

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criterio que sostenía previamente sobre la posibilidad de acumular tiempos de
vinculación nacional para obtener la prestación periódica.

Por lo anterior, consideró que no podía aplicarse la jurisprudencia de manera
retroactiva, pues ello atentaría contra el principio de confianza legítima más cuando
adquirió su derecho con antelación a la expedición de la mencionada sentencia.

Igualmente adujo que no es dable el reintegro de los dineros pagados a la actora
toda vez que ha obrado de buena fe y en la medida que no existe prueba alguna
que demuestre lo contrario.

Posteriormente, mediante auto del 2 de agosto de 20165 se decretó la medida
cautelar de suspensión provisional solicitada por la UGPP, ello respecto de los
efectos del acto administrativo censurado; decisión que fue apelada por la parte
pasiva y que a través de providencia del 15 de agosto de 2019 dictada por esta
Corporación fue confirmada6.

En la audiencia inicial7 fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las
pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión; señaló que no existía
ánimo conciliatorio y efectuó el decreto de pruebas. En la misma diligencia se corrió
traslado para presentar alegatos de conformidad al artículo 181 del CPACA, de lo
cual hizo uso la parte demandada.

El señor agente del Ministerio Público rindió concepto solicitando nulitar los actos
administrativos demandados por cuanto no se acreditó el cumplimiento del requisito
exigido por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, especialmente, el relativo a los 20
años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial o
nacionalizado.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia el 28 de noviembre
de 2019, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
esto al declarar la nulidad de los actos reprochados, pero al mismo tiempo denegar
el reintegro de las sumas de dinero reclamadas.

Para ello aseguró que, de acuerdo con las certificaciones de tiempo de servicios, la
señora Esperanza Zúñiga se desempeñó la mayor parte del tiempo mediante
vinculación del orden nacional pues, prestó servicios a favor de la Institución
Educativa INEM- Jorge Isaac de Cali, durante 25 años, 5 meses y 25 días y al
Departamento del Valle del Cauca únicamente por un lapso de 6 años, 8 meses y 5
días.

5 Folios 22 a 37, C2.
6 Según anotación obrante en el aplicativo web SAMAI del 13 de septiembre de 2019.
7 Folios 168 a 171, C1.
8 Folios 188 a 201.

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Que en tal sentido, la docente demandada no demostró plenamente los requisitos
necesarios para acceder a la referida prestación, porque si bien fue nombrada antes
del 31 de diciembre de 1980, su vinculación posterior como docente nacional no
puede tenerse en cuenta para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, pues
el carácter de nacional de la misma se torna incompatible con la naturaleza
excepcional de dicha prestación, como quiera que fue creada como retribución
exclusiva para los docentes territoriales y nacionalizados.

Que aunque en la Resolución N°029265 del 16 julio 2015, se consignó que la
pensión gracia fue reconocida a la demandada, cuando CAJANAL manejaba el
criterio de la procedencia del reconocimiento del tal prestación a los docentes
nacionales, interpretación que fue modificada a partir de la sentencia C-479 de
1998, dicho criterio no se encontraba acorde con la normatividad que regulaba la
pensión gracia, ni con la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado sobre el
tema; por tanto, el mismo configura sin duda alguna, una motivación falsa.

Consideró que los principios de seguridad jurídica y confianza legítima tampoco se
desconocieron al efectuarse el estudio de legalidad de los actos administrativos
demandados porque la actora no tiene un derecho adquirido en su favor, al no haber
cumplido los requisitos previstos para devengar la prestación y por ello, el
reconocimiento y la reliquidación de la pensión gracia a favor de la señora Zúñiga
Escobar son contrarias a las normas que regulan la materia, v. gr. Leyes 114 de
1913, 137 de 1988 y 91 de 1989.

Así pues, al realizar un juicio de ponderación entre los intereses que persigue la
UGPP y la protección al principio de confianza legítima que alega la demandada,
estableció que existe una causa constitucionalmente aceptable que legitima la
variación de la situación pensional inicialmente reconocida a la señora Esperanza
Zúñiga, en la medida que resultaría más gravoso para el interés general de
protección de los intereses públicos contemplados en el artículo 128 constitucional,
que la demandante continuara asumiendo el pago de una prestación económica
que legalmente no se encuentra obligada a cubrir.

Que en lo que respecta a la solicitud de reintegro de las sumas de dinero pagadas
a la accionada, señaló que debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 168 del CPACA y la línea interpretativa del Consejo de Estado,
el principio de la buena fe incorpora una presunción legal que admite prueba en
contrario, razón por la cual, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el
reclamante actuó de mala fe. Que en tal sentido al observar que, el presente asunto
se trata de un error de la administración por haber concedido el derecho a quien no
reunía los requisitos legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa
para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe.

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LOS RECURSOS DE APELACIÓN9

La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia
de primera instancia por considerar que la jurisprudencia establecida en la sentencia
C-479 de 1998 no puede aplicarse de forma retroactiva ya que el derecho pensional
se configuró con anterioridad a la misma, esto es, cuando CAJANAL era del criterio
de reconocer la pensión gracia, acumulando los tiempos de vinculación nacional
con los de carácter local.

Que dar aplicación al efecto retroactivo a una norma equivale a destruir la confianza
y seguridad que se tiene sobre el ordenamiento legal, especialmente, cuando se
trata de la reglamentación de toda una institución jurídica; esto en la medida que las
actuaciones de la Administración que generen un cambio súbito en las condiciones
que regulan las relaciones con los administrados, en donde exista una expectativa
justificada, deben estar precedidas de un periodo de transición donde se brinde a
los particulares el tiempo y los medios necesarios para que se ajusten a la nueva
situación jurídica.

Que, en todo caso, la pensión gracia de la demandada se constituye como un
derecho adquirido al haber sido devengada durante un largo periodo de tiempo, y
que la suspensión de la mesada pensional afecta el derecho al mínimo vital y móvil
de la señora Zúñiga, quien es una adulta mayor pues cuenta con más de 71 años.

La parte actora presentó recurso de apelación adhesiva10, en los términos del
artículo 322 del Código General del Proceso, la cual fue admitida y tenida en cuenta
por el Despacho en virtud de auto del 23 de agosto de 2021.

La UGPP disiente del fallo en lo relativo a la negativa de ordenar el reintegro de los
dineros pagados por el reconocimiento de la pensión gracia a la señora Zúñiga
Escobar, por cuanto, a su juicio, el principio de buena fe no es absoluto y los actos
administrativos demandados se profirieron con ocasión a solicitudes efectuadas por
la demanda, respecto de las cuales era improcedente su reconocimiento.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, a través de
providencia del 9 de noviembre de 202111se corrió a las partes y al Agente del
Ministerio Público traslado para alegar de conclusión, etapa en la que intervino
únicamente la demandante para solicitar que se accediera a las pretensiones de
restablecimiento del derecho.

9 Folios 212 a 214.
10 Folios 215 a 2016.
11
Índice 9 de la plataforma SAMAI.

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En apoyo de su petición, señaló que la actuación de la señora Esperanza Zúñiga
Escobar no se rigió por el principio de la buena fe ya que ella tenía conocimiento de
la improcedencia de su solicitud pues, las normas se presumen conocidas y, en
consecuencia, dicha situación contraviene el principio jurídico de la doctrina de los
actos propios, de acuerdo a la cual nadie puede legítimamente alegar su propio
dolo.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La señora Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación no rindió
concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si alguno de los
períodos de labor de la demandada como docente oficial lo fue bajo una vinculación
del orden nacional que no pueda ser tenida en cuenta para consolidar la pensión
gracia, y si ello es así, verificar si tal prestación constituía un derecho adquirido
inmodificable.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.

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5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 12. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio» .

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(..)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de

12 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201814
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
14 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué

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competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento» .

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

Resolución del caso concreto

En primer lugar, es destacable el hecho de que, para definir el presente litigio, se
torna innecesario efectuar un análisis integral de los requisitos legales para acceder
a la pensión gracia, toda vez que el centro de discusión frente al reconocimiento de
la prestación a favor de la demandada radica en verificar la pertinencia o no de
computar un tiempo de servicio que la entidad accionante asegura que es de
carácter nacional.

Pues bien, de acuerdo con los preceptos legales y el criterio jurisprudencial
expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, para esta Subsección es claro
que se ha mantenido la tesis de que los docentes nacionales no tienen derecho a
beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley 114 de 1913, y
ampliada en sus beneficiarios a partir de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

En efecto, si bien las tres normas citadas disponen que, además de los maestros
de escuelas primarias oficiales, también se debe reconocer el derecho a profesores
de escuelas normales, inspectores de instrucción pública y maestros que hubiesen
completado el tiempo de servicio señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria, dicho reconocimiento solo se predica de aquel grupo de

15 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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docentes, siempre que tengan la connotación de haber sido vinculados en una plaza
nacionalizada o territorial.

Luego, aun si se trata de un docente vinculado por el Ministerio de Educación
Nacional que prestó sus servicios en educación primaria, secundaria o normalista,
este no tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Así las cosas, la Sala advierte que a la señora Esperanza Zúñiga Escobar le fue
reconocida y reliquidada la pensión gracia a través de la Resolución Nº22669 del
13 de agosto de 199816 y la N°43849 del 21 de septiembre de 2007,
respectivamente17. Para el efecto, se encuentra demostrado que CAJANAL tuvo en
cuenta los tiempos laborados por aquella como docente entre el 18 de enero de
1966 y el 22 de septiembre de 1972 y del 26 de septiembre de 1972 al 17 de abril
de 1998, esto es, por un tiempo aproximado de 31.8 años, lo cual permitiría, en
principio, inferir que la educadora cumplía uno de los requisitos esenciales para ser
beneficiaria de la prestación en comento.

No obstante, al analizar el tipo de relaciones legales y reglamentarias que tuvo la
accionada a lo largo de su historia laboral, se desprende que esta únicamente
acreditó como vinculación territorial del orden departamental la ocurrida durante el
18 de enero de 1966 y el 22 de septiembre de 1972, tal como se señaló en el
certificado laboral emitido el 31 de abril de 1998 por el jefe de la división de recursos
humanos de la Secretaría de Educación del Departamento de Valle del Cauca en el
que se indica lo siguiente:

16
Fls. 100 a 101.
17 Fls. 87 a 86.

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A tal conclusión se llega también luego de verificar el acto de reconocimiento
pensional efectuado por la UGPP – Resolución N°43849 del 21 de septiembre de
2007- a través del cual se indicó que el tiempo se prestó a favor del Departamento
del Valle de Cauca (fl. 87); así como el memorando expedido en respuesta a la
petición N°201547220312733 en el cual al hacer referencia a las instituciones a las
que prestó el servicio desde el 18 de enero de 1966 al 22 de septiembre de 1972
señaló expresamente que el tipo de vinculación fue «departamental», es decir,
territorial.

Igualmente, se puede establecer que la educadora en mención laboró bajo un
vínculo del orden nacional por un período de 25 años, 5 meses y 25 días,
comprendido entre el 26 de septiembre de 1972 y el 17 de abril de 1998, ello
desempeñándose como profesora II-B Español en el Instituto Nacional de
Educación Media Diversificada “INEM” Jorge Isaacs de Cali.

Lo anterior se afirma aun en la medida en que, si bien no se encuentra en el proceso
la copia del acto administrativo de nombramiento de la demandada como maestra
oficial desde la aludida fecha, lo cierto es que la naturaleza de dicha relación legal
y reglamentaria sí es posible extraerla y determinarla como nacional en el presente
caso, a partir de otros medios probatorios como certificaciones, constancias y su
respectiva valoración bajo elementos propios de la sana crítica.

En tal sentido, al verificar la certificación emitida el 17 de abril de 1998 por la
Secretaría de Educación del departamento del Cauca18, se advierte que en este se
indica precisamente que la demandada ejerció labores como docente oficial, en
virtud del respectivo nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación
Nacional, tal como se extrae de la siguiente imagen.

18 Folio 73.

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En efecto, lo expuesto se confirma en razón de otro certificado de tiempo de
servicios suscrito el 23 de abril de 1998 por el pagador del Instituto Nacional de
Educación Media Diversificada “INEM” Jorge Isaacs de Cali, con visto bueno del
rector del mismo centro educativo19, mediante el cual se logra establecer sin lugar
a duda que la vinculación de la docente demandada, fue del orden nacional, pues
con claridad se observa del sello de dicho documento, que la autoridad que lo expide
lo hace en representación y por autorización del Ministerio de Educación Nacional,
según se logra apreciar seguidamente.

19 Folio 74.

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Así pues, el tipo de vinculación respecto del periodo en mención se extrae incluso
mediante una inferencia lógica del solo hecho de que el plantel educativo en el que
ejerció funciones la accionada corresponde a un «Instituto Nacional», esto es, un
plantel del mismo nivel. Aunado a ello, se tiene que la señora Zuñiga Escobar con
la contestación de la demanda efectuó pronunciamiento expreso y concreto sobre
las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de que admitía
el segundo de estos últimos relativo a la relación de tiempo prestado, según el cual
«[la] peticionari[a] [laboró] en el Ministerio de Educación Nacional en la Institución
Educativa INEM Jorge Issac»; enfocando su defensa a la vigencia de la posibilidad
de sumar tiempos nacionales con otro tipo para efectos de adquirir la pensión gracia,
con lo que esta Sala puede confirmar su vinculación de carácter nacional.

En suma, es posible deducir con base en el material probatorio practicado en la
actuación, que el único tiempo computable para que la señora Esperanza Zúñiga
Escobar hubiese podido ser beneficiaria de la pensión gracia, sería el acreditado
durante el periodo comprendido entre el 18 de enero de 1966 al 22 de septiembre
de 1972; para un total de 6 años, 8 meses y 5 días de servicio como educadora
territorial.

Por lo que, aun si la accionada hubiese cumplido el requisito de edad y el de haber
laborado bajo dichas calidades antes del 31 de diciembre de 1980, lo cierto es que
el referido tiempo de labor educativa estatal resultaba insuficiente para completar el
requisito de los 20 años como docente territorial o nacionalizado y, por tanto, para
consolidar el derecho que le había sido reconocido por CAJANAL

Ahora, la parte pasiva adujo en su recurso de apelación que, si eventualmente se
consideraba que existía mérito para no tener en cuenta su servicio a la Nación,
debía resaltarse que ya se había generado un derecho adquirido a su favor en
cuanto al otorgamiento de la pensión gracia, pues esta la había devengado por un
prolongado periodo de tiempo.

Al respecto, resulta necesario precisar que la noción de derechos adquiridos como
la presenta la parte demandada, dista en cuanto a la verdadera naturaleza y esencia
de tales prerrogativas, en razón a que el reconocimiento y pago de la pensión gracia
a favor de la accionada se configuró más como una situación jurídica aparentemente
consolidada20 y no como un derecho adquirido en sí mismo, así como puede
diferenciarse a partir de las definiciones y conceptos que en lo atinente a la materia
ha desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

20
La tesis sobre las situaciones jurídicas aparentemente consolidadas ha sido desarrollada por esta Subsección
en providencias que resuelven recursos de apelación en contra de decisiones que decretaron medidas
cautelares de suspensión provisional, tal como se planteó en auto del 4 de junio de 2020 dictado en el proceso
con radicado: 23001-23-33-000-2013-00163-01 (4754-2018); así como en sentencias dictadas por esta misma
Sala como las del 25 de febrero de 2021 (4417-2017) y del 9 de junio de 2022 (0327-2020).

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Sobre el punto, el máximo tribunal constitucional21 en cuanto a la definición de
derechos adquiridos señaló:

«La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples oportunidades
al alcance de la protección a los derechos adquiridos, diferenciándolos de las
expectativas legítimas. A este respecto, ha sostenido que los derechos adquiridos
constituyen derechos que son (i) subjetivos; (ii) concretos y consolidados; (iii)
cumplen con los requisitos de ley; (iv) se pueden exigir plenamente; (v) se
encuentran jurídicamente garantizados; (vi) se incorporan al patrimonio de la
persona; (vii) son intangibles y en consecuencia, el legislador al expedir una nueva
ley no los puede lesionar o desconocer; y (viii) se diferencian de las expectativas
legítimas.» (Subrayado fuera de texto).

Pues bien, a partir de una interpretación adecuada frente al alcance y naturaleza
jurídica del concepto de derecho adquirido, se puede colegir que aquel exige como
requisito indispensable para su estructuración, que su ingreso al patrimonio de una
persona se derive de un reconocimiento automático o en vía administrativa por el
cumplimiento de los requisitos legales previstos para tal fin, tanto en lo que a la
autoridad legitimada para decidir el asunto se refiere, como a las circunstancias de
hecho y de derecho que acrediten la titularidad de la prerrogativa solicitada.

Solo el cumplimiento de lo anterior permitiría que el referido derecho se encuentre
debidamente garantizado por el ordenamiento vigente al momento de validar dichos
presupuestos, y del mismo modo lo haría plenamente exigible y oponible a terceros,
sin que pueda ser objeto de desconocimiento por parte de los agentes estatales con
fundamento en un marco normativo posterior que modifique las condiciones para su
configuración. Esto se diferencia de una simple expectativa legítima sobre la cual el
administrado solo creía posible llegar a adquirir un derecho en algún momento, o
incluso disímil a una situación jurídica aparentemente consolidada que el Consejo
de Estado22 ha desarrollado de la siguiente forma:

«[…] En cuanto a este último fenómeno en mención, se puede afirmar que se
diferencia de un derecho adquirido en la medida en que si bien puede hablarse de
una prerrogativa reconocida por alguna autoridad estatal mediante acto
administrativo normativo o particular que ha generado en el implicado una creencia
o confianza de que el referido reconocimiento fue legal y que por lo tanto no habría
posibilidad de modificación o extinción por haber ingresado supuestamente a su
patrimonio (derivada de la buena fe en el proceder de los organismos públicos), lo
cierto es que en punto a este concepto, lo que se configura efectivamente es la
creación de una situación jurídica en razón de una decisión administrativa que surte
plenos efectos, pero que en algunos casos por mala fe del particular y en otros por
desconocimiento de ambas partes, adolece de serios vicios de ilegalidad como
aquellos contemplados como causales de nulidad del artículo 137 del CPACA, los
cuales hacen del acto una manifestación que cumple requisitos de existencia y
eficacia, pero no de validez.

Ahora, si se tiene como supuesto que un derecho es concedido por una autoridad
administrativa con fundamento en un acto viciado de ilegalidad, es decir, sin validez

21 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-983 del 1° de diciembre de 2010. Expediente: D-8171.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

17 de noviembre de 2022. Radicado 25000-23-42-000-2017-04665-01 (2815-2020).

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jurídica (por ejemplo, expedido sin competencia), y esta condición no ha sido
revisada en vía judicial, es claro que al momento de ser sometida la decisión al juicio
de legalidad propiamente dicho, esa prerrogativa creada para el particular en ningún
momento se habría constituido como un derecho adquirido como lo prevé el artículo
58 constitucional, y por lo tanto la administración podrá e incluso deberá dejar de
reconocer su eficacia. […]».

Como se extrae de este lineamiento jurisprudencial, quien ha estructurado a su favor
un derecho bajo las condiciones referidas anteriormente, efectivamente tendrá
creada una situación jurídica consolidada, pero necesariamente de forma aparente,
ello por cuanto para que exista un derecho adquirido inmutable ante nuevas
regulaciones normativas, es indispensable que su causa o fuente haya sido legal,
así como su origen y medio de reconocimiento (acto administrativo), pues de no
serlo se atentaría contra su misma esencia jurídica y en tal sentido los efectos que
este produzca avalarían una ilegalidad que afectaría otras garantías que priman
sobre el interés particular que se hubiese materializado de manera irregular.

Incluso, no encuentra respaldo la tesis del demandado cuando aseguró que la
pensión gracia que le ha sido pagada es un derecho adquirido por haber sido
concedida conforme a los preceptos de la Ley 114 de 191323, y que por lo tanto no
podría desconocerse su abono por la declaratoria de nulidad del acto que otorgó la
prestación, dado que esto se contrapone al sentido del artículo 58 de la Constitución
Política que hace alusión a que las situaciones reconocidas o configuradas en
vigencia de determinado régimen aplicable, deben seguir sometidas a aquel por
irretroactividad de la Ley posterior, seguridad jurídica y confianza legítima.

Ello se asegura en la medida en que, en ningún momento dicha norma superior, ni
los lineamientos de la Corte Constitucional, han previsto que tales derechos
adquieran el carácter de absolutos frente a un eventual control de legalidad en sede
judicial en lo atinente a su causa y origen, toda vez que lo que sucede en eventos
como el particular, no es un cambio en la regulación por expedición de una nueva
normativa o línea jurisprudencial, sino la anulación por ilegalidad de la decisión que
concedió irregularmente la prestación al no haberse acreditado en debida forma los
requisitos exigidos en la ley para el efecto.

Por lo tanto, no sería viable estimar que por haberse reconocido el pago de una
pensión gracia por varios años, esta situación no pueda ser sometida a control de
legalidad para determinar su validez jurídica, más aún cuando no se ha configurado
en este caso el fenómeno de la caducidad del medio de control por tratarse de un
asunto en el que se debate una prestación periódica24.

23
La Corte Constitucional en la Sentencia C-479 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), declaró exequible el
numeral 3° del artículo 4° de la Ley 114 de 1913, norma que contiene la prohibición legal consistente en exigirle
al interesado, como requisito previo para acceder a la pensión gracia, demostrar “Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.”
24 De acuerdo con el artículo 164, numeral 1°, literal c) del CPACA.

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De este modo, si se asumiera la posición de la docente sobre la consolidación de
una situación jurídica inmutable, dicho argumento solo sería adecuado si se
evidenciara que su derecho fue obtenido en vigencia de una norma específica que
ha cambiado o que ha sido derogada por otra posterior, la cual no podría ser
aplicada de manera retroactiva y desfavorable a sus intereses ya materializados o
configurados.

Es decir, aquella argumentación de la parte pasiva no encuentra respaldo en esta
oportunidad ante una circunstancia completamente diferente a la descrita, como lo
es en este caso la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo que le concedió
el goce la pensión gracia por no haber colmado una de las exigencias
fundamentales para su concesión, puntualmente la de haber laborado como
educadora oficial por 20 años bajo vinculaciones territoriales o nacionalizadas, pero
de ninguna manera nacional.

En conclusión, el pago de la pensión gracia a favor de la señora Esperanza Zúñiga
no equivalía a un derecho adquirido, sino a una situación jurídica aparentemente
consolidada que era perfectamente verificable a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad como lo hizo la
UGPP. Por lo tanto, deberá confirmarse la sentencia de primera instancia que
declaró la nulidad del acto administrativo censurado.

Por otra parte, una vez confirmado el hecho de que el reconocimiento de la
prestación en litigio a favor de la accionada efectivamente era ilegal, se hace
necesario determinar si como lo solicita la UGPP, debe ordenarse el reintegro de
las sumas de dinero abonadas a aquel por concepto de mesadas pensionales.

Devolución de sumas pagadas y no debidas por reconocimiento de pensión
de gracia

Sobre el punto debe recordarse que, por regla general, al declarar la nulidad de un
acto de carácter particular y concreto, las cosas deben volver al estado en el que se
encontraban antes de que este naciera a la vida jurídica. No obstante, en aquellas
demandas donde se pretenda la nulidad de un acto que reconoció una prestación
periódica, como es el caso de la pensión gracia, y como restablecimiento se solicite
la devolución de las sumas de dinero pagadas y no debidas, dicho precepto no
puede aplicarse de forma absoluta, dado que el numeral 1, literal c) del artículo 164
del CPACA (reproducido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, aplicable al
presente caso), previó que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe […]».

Así, para la Subsección el hecho de que la señora Esperanza Zúñiga hubiese
reclamado el reconocimiento de una pensión gracia en su favor, no denota a partir
de esa sola situación un actuar de mala fe dirigido a defraudar a la administración.

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Así, por ejemplo, la mala fe tiene lugar cuando se despliegan otras actividades,
como cuando se acude a la acción de tutela en un lugar diferente al domicilio, y
pese a que por la vía administrativa se le había negado expresamente el
reconocimiento a dicho derecho al interesado25.

De acuerdo con lo expuesto, el actuar de la demandada no se apartó del postulado
de la buena fe, es decir, no realizó afirmaciones engañosas, ni se probó que hubiese
aportado documentos falsos encaminados a demostrar que prestó sus servicios
docentes en entidades territoriales, tan es así, que el reconocimiento de la
prestación se confirió aun sabiendo que el tiempo laborado lo fue en calidad de
docente del Ministerio de Educación Nacional.

Tampoco se advierte que hubiera actuado de mala fe al solicitar la reliquidación de
la pensión gracia a ella reconocida, por el contrario, se colige que este, al presentar
la petición actuó con la convicción de que le asistía el derecho a ello.

En ese orden de ideas, ante la falta de elementos de juicio que permitan corroborar
las afirmaciones de la entidad accionante, la Sala no accederá a su solicitud
presentada en su recurso de apelación, por lo que finalmente deberá confirmarse
en su totalidad la sentencia apelada.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre
y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 29 del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de

25 Revisar la sentencia de esta Subsección del 23 de mayo de 2019, con radicación
76001233100020090029501 (3106-16). ISS contra Luis Alberto Valencia Rodríguez.

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fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de noviembre de
dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
de Decisión N°4, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Cristian Felipe Muñoz
Ospina, portador de la tarjeta profesional N°131.246 del C.S. de la J, esto como
apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante
escritura pública, visible en el índice 27 de la plataforma SAMAI.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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