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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00342-02

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00342-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A Primero: CONFIRMAR la sentencia apelada que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. Segundo: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a ambas partes, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. Tercero: RECONOCER personería a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón en calidad de representante de la firma LYDM CONSULTORÍA & ASESORÍA JURÍDICA S.A.S, portadora de la tarjeta profesional 10.254 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura pública visible en el índice 23 de la plataforma SAMAI. Cuarto: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00342-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN: 25000-23-42-000-2018-00342-02 (0429-2021)
DEMANDANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
DEMANDADO: Ligia Cecilia Prieto Beltrán

Tema: Lesividad. Tiempos de servicio docente en plaza del orden
nacional – Derecho adquirido. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el dos (2) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por
medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP),
instauró demanda en contra de la señora LIGIA CECILIA PRIETO BELTRÁN en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, (lesividad), con el fin de que se acceda a las siguientes.

PRETENSIONES2

Que se declare la nulidad de la Resolución 2414 del 4 de junio de 1993, por medio
de la cual, la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) reconoció y ordenó
el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la demandada.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a restituir a la entidad de
manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas sin
tener derecho.

1 En adelante UGPP.
2 Folio 2, C2.

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HECHOS3

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la demandada nació el 19 de junio de 1938 y durante su vida laboral se
desempeñó como docente en la secretaría de educación de Bogotá entre el 1. ° de
junio de 1962 y el 1. ° de marzo de 1964. Posteriormente, fue vinculada por la
Secretaría de Educación de Cundinamarca del 21 de febrero de 1964 al 3 de mayo
de 1970 y; nombrada por el Ministerio de Educación Nacional mediante la
Resolución 1598 de 1970, a partir de la cual prestó la labor desde el 17 de marzo
de 1970 hasta el 20 de abril de 2003, cuyo último cargo fue en la Institución
Educativa Andrés Bello en la ciudad de Bogotá D.C.

Que mediante la Resolución 2414 del 4 de junio de 1993, la extinta Cajanal otorgó
el reconocimiento de la pensión gracia, en una cuantía de $77.688,60 efectiva a
partir del 19 de junio de 1988, con efectos fiscales al 26 de julio de 1988 por
prescripción trienal.

Que, de igual manera, a la señora Ligia Cecilia Prieto Beltrán, le fue reconocida
pensión de vejez y en virtud a una orden judicial, le fue reliquidada la misma.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 5 de julio de 20184, notificada a la
señora Ligia Cecilia Prieto Beltrán5. La solicitud de medida cautelar fue concedida
en auto del 19 de septiembre de 20186. Por su parte, la demandada presentó
memorial de contestación7, en el cual se opuso a las pretensiones, al precisar que
el reconocimiento de la pensión gracia fue con fundamento en los parámetros
legales y jurisprudenciales vigentes.

Propuso como excepciones que las denominó: (i) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados; (ii) buena fe y confianza legítima.

En la audiencia inicial8, fijó el litigio estableciendo el objeto de la demanda y las
pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, consideró que las
excepciones serían resueltas con el fondo del asunto, ordenó incorporar las pruebas
allegadas, corrió traslado para alegatos en concordancia con los artículos 179 y 180

3 Folios 3 y 4.
4 Folio 489.
5 Folio 490.
6 Folios 35 a 44 del cuaderno de medidas cautelares.
7 Folios 503 a 511.
8 Del 6 de febrero de 2019. Folios 526 a 528.

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del CPACA.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dictó
sentencia del 2 de octubre de 2019 a través de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, esto es, declaró la nulidad de los actos reprochados y
negó la devolución de los dineros percibidos de buena fe, con fundamento en lo
siguiente:

Que, de conformidad con la normativa y jurisprudencia aplicable al caso, el beneficio
de la pensión gracia no puede extenderse a los docentes vinculados a los planteles
nacionales, sobre los cuales el Ministerio de Educación Nacional efectúo su
nombramiento y que no hayan cumplido 20 años de servicio territorial; dado que
dicha prestación fue un beneficio creado por el legislador para los maestros de
primaria y secundaria nacionalizados o territoriales.

Que, de acuerdo con el material probatorio allegado, la señora Ligia Prieto prestó
sus servicios de docente a favor del Distrito de Bogotá entre el 1. ° de junio de 1962
y el 1. ° de marzo de 1964 y con el Departamento de Cundinamarca como maestra
de primaria del 21 de febrero de 1964 al 20 de febrero de 1967 y de secundaria
desde el 21 de febrero de 1967 al 30 de mayo de 1970.

Que posteriormente, hizo parte del programa de los planteles nacionales según
certificado de la Dirección de Personal de Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación de Bogotá, donde se desempeñó como profesora de enseñanza
secundaria del Colegio Nacional Sergio Arboleda y en otras instituciones del mismo
orden entre el 17 de marzo de 1970 hasta la fecha de su retiro, 21 de abril de 2003.

Que ese último lapso no pudo ser incluido para acreditar los 20 años exigidos para
la pensión gracia dado que fue un servicio del orden nacional en atención a la
naturaleza del instituto donde laboró y acreditó la mayoría del tiempo.

Sobre el rembolso de las sumas de dinero percibidas por la demandada, consideró
que no había lugar, en virtud del artículo 83 de la Constitución Política de Colombia
donde se presume la buena fe de los particulares en sus actuaciones y al no haber
sido desvirtuada, consideró que la señora Ligia Cecilia Prieto no obró de mala fe al
reclamar el derecho.

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada10 presentó escrito de apelación en el que solicita revocar la

9 Folios 579 a 587.
10 Folios 591 a 608.

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sentencia en favor de la docente, al considerar que al momento en que la extinta
Cajanal reconoció el derecho, fue en aplicación al principio de favorabilidad al
acoger el criterio de incluir los tiempos desempeñados de carácter nacional, según
la interpretación que asumió del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, siendo un derecho
que ha percibido de manera legal, por más de 30 años.

Que el a quo al resolver la primera instancia, no previó las condiciones actuales de
la demandada, quién tiene 80 años y que, dado a las dolencias propias de su edad,
no puede desconocerse el principio de confianza legítima sobre un derecho
reconocido y obtenido sin intermediación de actuaciones fraudulentas ni de mala fe.

Por lo que debe ser analizada la situación como sujeto especial de protección
constitucional dado que no puede ser privada de su mesada pensional, afectando
sus garantías del mínimo vital, vida digna y salud, entre otros, configurándose un
perjuicio irremediable, porque no cuenta con el apoyo económico de sus familiares
ni amigos para su manutención ni los gastos médicos que requiere, dado que
depende únicamente del ingreso que sufraga en este momento de las mesadas
pensionales percibidas por concepto de pensión jubilación y gracia, mismas que
requiere debido a las condiciones actuales de su vida.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La UGPP presentó escrito de alegatos11 en el que reiteró los argumentos de la
demanda. Asimismo, la parte demandada a pesar de que advirtió en SAMAI allegar
los alegatos12,no fue aportado documento alguno.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto13, en el
que solicitó confirmar la sentencia apelada, porque no tiene vocación de prosperar
el argumento relacionado con el reconocimiento a la pensión gracia en los docentes
nacionales, puesto que no ha existo fundamento jurídico alguno que así lo
permitiera.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si los períodos de
labor de la demandada como docente desde el 17 de marzo de 1970 hasta el 21 de
abril de 2003, lo fue bajo una vinculación del orden nacional que no pueda ser tenida
en cuenta para consolidar la pensión gracia.

11 Índice 14 de SAMAI.
12 Índice 15 de SAMAI.
13 Índice 15 de SAMAI.

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Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados,

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»14. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de

14 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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establecimiento de enseñanza secundaria, sin embargo, no se efectuaron
modificaciones o adiciones a los requisitos previamente previstos para el efecto.

Por su parte, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos,

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(…)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su

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reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201816
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones,

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

15Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
16 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual
dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación del
Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de
1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 202217 la Sección Segunda también fijó como regla

17 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial, tal como sucede con el asunto bajo examen en esta
oportunidad.

Resolución del caso concreto

En primer lugar, se destaca que en esta instancia la única parte que recurrió es la
demandada quien, en su alzada, no pretende discutir sobre la vinculación nacional
que fue desempeñada por la mayoría del tiempo en que estuvo al servicio de la
docente; sino que pretende que se evalúe el reconocimiento de la prestación a su
favor en virtud a su edad y condición actual, esto es por la presunta existencia de
un derecho adquirido al percibir la pensión gracia, por más de 30 años. Por tal razón,
los reparos que pueden ser analizados por la Subsección en la presente
oportunidad, son exclusivamente los relacionados con dichas pretensiones, ello en
el entendido de que tanto la parte activa como pasiva se encuentran conformes con
la anulación de las manifestaciones censuradas.

En segundo lugar, pese a que el centro de discusión no radica en determinar si los
períodos de labor de la demandada como docente oficial bajo vinculación territorial
y nacionalizada equivale a 20 años, porque ella misma lo acepta, resulta necesario
aclararse para efectos de sustentar la improcedencia en el reconocimiento de dicha
pensión cuando no se cumplen los requisitos.

Pues bien, de acuerdo con los preceptos legales y el criterio jurisprudencial
expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, para esta Subsección es claro
que se ha mantenido la tesis de que los docentes nacionales no tienen derecho a
beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley 114 de 1913, y
ampliada en sus beneficiarios a partir de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

En efecto, si bien las tres normas citadas disponen que, además de los maestros
de escuelas primarias oficiales, también se debe reconocer el derecho a profesores
de escuelas normales, inspectores de instrucción pública y maestros que hubiesen
completado el tiempo de servicio señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria, dicho reconocimiento solo se predica de aquel grupo de

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docentes, siempre que tengan la connotación de haber sido vinculados en una plaza
nacionalizada o territorial.

Luego, aun si se trata de una docente vinculada por el Ministerio de Educación
Nacional que prestó sus servicios en educación primaria, secundaria o normalista,
este no tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Así las cosas, la Sala advierte que a la señora Ligia Cecilia Prieto le fue reconocida
la pensión gracia a través de la Resolución 2414 del 4 de junio de 1993.18 Para el
efecto, se encuentra demostrado que la entonces Cajanal tuvo en cuenta los
tiempos laborados por aquella como docente territorial entre el 1.° de junio de 1962
al 1.° de marzo de 1964; del 2 de marzo de 1964 al 3 de mayo de 1978 y con
vinculación nacional desde el 4 de mayo de 1978 hasta el 9 de octubre de 1998,
esto es, por un tiempo aproximado de 28 años, lo cual permitiría, en principio,
establecer que el educador cumplía uno de los requisitos esenciales para ser
beneficiario de la prestación en comento.

No obstante, al analizar el tipo de relaciones legales y reglamentarias que tuvo la
accionada a lo largo de su historia laboral, se desprende que esta, pese a que
acreditó una vinculación presuntamente territorial durante aproximadamente 6 años
(tiempo que no es objeto de discusión), también lo es que a partir de 1970 y hasta
la fecha de su retiro, ostentó la calidad de nacional, como procederá a señalarse:

• Vinculación nacional del 17 de marzo de 1970 hasta el 21 de abril de 2003

Como se destaca del plenario, conforme al Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral19 expedido por el jefe del grupo de hojas de vida el
1. ° de junio de 2005, advierte que fue vinculada mediante la Resolución 1598 de
1970, y se desempeñó como docente nacional entre el 17 de marzo de 1970 y el 21
de abril de 2003, siendo el último lugar donde se desempeñó, la Institución
Educativa Andrés de Bello de Bogotá, tal como se observa en la imagen:

18 Folios 56 a 58.
19 Folio 337.

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Lo anterior, Lo anterior se afirma aun en la medida en que, si bien no se encuentra
en el proceso la copia de los actos administrativos de nombramiento de la
demandada como maestra desde las aludidas fechas, lo cierto es que la naturaleza
de dicha relación legal y reglamentaria sí es posible extraerla y determinarla como
nacional en el presente caso, ello a partir de otros medios probatorios como
certificaciones, constancias y su respectiva valoración bajo elementos propios de la
sana crítica, pues tal posibilidad incluso fue contemplada por el Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 cuando se señaló lo
relacionado con la prueba de calidad de docente territorial, mismas circunstancias
que pueden adaptarse al validar la vinculación de docente nacional o nacionalizado,
pues la regla que dispuso permite adaptar otros medios de prueba para resolver el
caso, tal como lo advirtió en la regla que se relaciona:

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial. […]»

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Por ello, tal como lo afirman las partes la mayoría del tiempo desempeñado por la
maestra lo fue, con una vinculación nacional donde ocupó plazas que hacían parte
de instituciones educativas a nivel nacional y, por tanto, la docente ostentó tal
calidad.

Dichos educadores son aquellos que fueron nombrados directamente por el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, o por los gobernadores y
alcaldes del país en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas
autoridades podían administrar las plantas del personal docente de las instituciones
educativas nacionales y nacionalizadas conforme al artículo 9 de la Ley 29 de 1989.

Lo anterior, es suficiente para confirmar por este aspecto la sentencia impugnada,
pues es evidente que la demandada no cumplía con los requisitos para ser
beneficiaria de la pensión gracia.

Ahora, del escrito de apelación presentado por la parte demandada puede extraerse
que argumenta la existencia presuntamente de un derecho adquirido a su favor en
cuanto al reconocimiento de la pensión gracia, pues la ha devengado por más de
30 años, con lo cual, desconocer tal situación afecta el principio de respeto por el
acto propio y la confianza legítima e incurre en la vulneración de las garantías
constitucionales, configurando un perjuicio irremediable a la señora Ligia Cecilia
Prieto.

Al respecto, resulta necesario precisar que la noción de derechos adquiridos como
la presenta la parte demandada, dista en cuanto a la verdadera naturaleza y esencia
de tales prerrogativas, en razón a que el reconocimiento y pago de la pensión gracia
a favor de la accionada se configuró más como una situación jurídica aparentemente
consolidada20 y no como un derecho adquirido en sí mismo, tal como puede
diferenciarse a partir de las definiciones y conceptos que en lo atinente a la materia
ha desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Sobre el punto, la Corte Constitucional21 en cuanto a la definición de derechos
adquiridos señaló lo siguiente.

«La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples oportunidades
al alcance de la protección a los derechos adquiridos, diferenciándolos de las
expectativas legítimas. A este respecto, ha sostenido que los derechos adquiridos
constituyen derechos que son (i) subjetivos; (ii) concretos y consolidados; (iii)
cumplen con los requisitos de ley; (iv) se pueden exigir plenamente; (v) se
encuentran jurídicamente garantizados; (vi) se incorporan al patrimonio de la

20 La tesis sobre las situaciones jurídicas aparentemente consolidadas ha sido desarrollada por esta Subsección

en providencias que resuelven recursos de apelación en contra de decisiones que decretaron medidas
cautelares de suspensión provisional, tal como se planteó en auto del 4 de junio de 2020 dictado en el proceso
con radicado: 23001-23-33-000-2013-00163-01 (4754-2018); así como en sentencias dictadas por esta misma
Sala como las del 25 de febrero de 2021 (4417-2017) y del 9 de junio de 2022 (0327-2020).
21 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-983 del 1.° de diciembre de 2010. Expediente: D-8171.

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persona; (vii) son intangibles y en consecuencia, el legislador al expedir una nueva
ley no los puede lesionar o desconocer; y (viii) se diferencian de las expectativas
legítimas.» (Subrayado fuera de texto).

Pues bien, a partir de una interpretación adecuada frente al alcance y naturaleza
jurídica del concepto de derecho adquirido, se puede inferir que aquel exige como
requisito indispensable para su estructuración, que su ingreso al patrimonio de una
persona se derive de un reconocimiento automático o en vía administrativa por el
cumplimiento de los requisitos legales previstos para tal fin, tanto en lo que a la
autoridad legitimada para decidir el asunto se refiere, como a las circunstancias de
hecho y de derecho que acrediten la titularidad de la prerrogativa solicitada.

Solo el cumplimiento de lo anterior permitiría que el referido derecho se encuentre
debidamente garantizado por el ordenamiento vigente al momento de validar dichos
presupuestos, y del mismo modo lo haría plenamente exigible y oponible a terceros,
sin que pueda ser objeto de desconocimiento por parte de los agentes estatales con
fundamento en un marco normativo posterior que modifique las condiciones para su
configuración. Esto se diferencia de una simple expectativa legítima sobre la cual el
administrado solo creía posible llegar a adquirir un derecho en algún momento, o
incluso disímil a una situación jurídica aparentemente consolidada que el Consejo
de Estado22 ha desarrollado de la siguiente forma.

«[…] En cuanto a este último fenómeno en mención, se puede afirmar que se
diferencia de un derecho adquirido en la medida en que si bien puede hablarse de
una prerrogativa reconocida por alguna autoridad estatal mediante acto
administrativo normativo o particular que ha generado en el implicado una creencia
o confianza de que el referido reconocimiento fue legal y que por lo tanto no habría
posibilidad de modificación o extinción por haber ingresado supuestamente a su
patrimonio (derivada de la buena fe en el proceder de los organismos públicos), lo
cierto es que en punto a este concepto, lo que se configura efectivamente es la
creación de una situación jurídica en razón de una decisión administrativa que surte
plenos efectos, pero que en algunos casos por mala fe del particular y en otros por
desconocimiento de ambas partes, adolece de serios vicios de ilegalidad como
aquellos contemplados como causales de nulidad del artículo 137 del CPACA, los
cuales hacen del acto una manifestación que cumple requisitos de existencia y
eficacia, pero no de validez.

Ahora, si se tiene como supuesto que un derecho es concedido por una autoridad
administrativa con fundamento en un acto viciado de ilegalidad, es decir, sin validez
jurídica (por ejemplo, expedido sin competencia), y esta condición no ha sido
revisada en vía judicial, es claro que al momento de ser sometida la decisión al juicio
de legalidad propiamente dicho, esa prerrogativa creada para el particular en ningún
momento se habría constituido como un derecho adquirido como lo prevé el artículo
58 constitucional, y por lo tanto la administración podrá e incluso deberá dejar de
reconocer su eficacia. […]».

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

17 de noviembre de 2022. Radicado 25000-23-42-000-2017-04665-01 (2815-2020).

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Radicado: (25000-23-42-000-2018-00342-02 (0429-2021)

Como se extrae de este lineamiento jurisprudencial, quien ha estructurado a su favor
un derecho bajo las condiciones referidas anteriormente, efectivamente tendrá
creada a su favor una situación jurídica consolidada, pero necesariamente de forma
aparente, ello por cuanto para que exista un derecho adquirido inmutable ante
nuevas regulaciones normativas, es indispensable que su causa o fuente haya sido
legal, así como su origen y medio de reconocimiento (acto administrativo), pues de
no serlo se atentaría contra su misma esencia jurídica y en tal sentido los efectos
que este produzca avalarían una ilegalidad que afectaría otras garantías que priman
sobre el interés particular que se hubiese consolidado de manera irregular.

Además, en desarrollo a lo regulado en el artículo 58 de la Carta Superior, los
lineamientos de la Corte Constitucional, han previsto que tales derechos adquieran
el carácter de absolutos frente a un eventual control de legalidad en sede judicial en
lo atinente a su causa y origen, toda vez que lo que sucede en eventos como el
particular, no es un cambio en la regulación por expedición de una nueva normativa
o línea jurisprudencial, sino la anulación por ilegalidad de la decisión que concedió
irregularmente la prestación al no haberse acreditado en debida forma los requisitos
exigidos en la ley para el efecto.

Por lo tanto, no sería viable estimar que por haberse reconocido el pago de una
pensión gracia por varios años, esta situación no pueda ser sometida a control de
legalidad para determinar su validez jurídica, más aún cuando no se ha configurado
en este caso el fenómeno de la caducidad del medio de control por tratarse de un
asunto en el que se debate una prestación periódica23.

De este modo, si se asumiera la posición de la docente sobre la consolidación de
una situación jurídica inmutable, dicho argumento solo sería adecuado si se
evidenciara que su derecho fue obtenido en vigencia de una norma específica que
ha cambiado o que ha sido derogada por otra posterior, la cual no podría ser
aplicada de manera retroactiva y desfavorable a sus intereses ya materializados o
configurados.

Es decir, aquella argumentación de la parte pasiva no encuentra respaldo en esta
oportunidad ante una circunstancia completamente diferente a la descrita, como lo
es en este caso la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo que le otorgó la
pensión gracia por no haber colmado una de las exigencias fundamentales para su
concesión, puntualmente la de haber laborado como educadora por 20 años bajo
vinculaciones territoriales o nacionalizadas, pero de ninguna manera nacional.

En conclusión, el pago de la pensión gracia a favor del señor Torres Velásquez no
era un derecho adquirido, sino una situación jurídica aparentemente consolidada

23 De acuerdo con el artículo 164, numeral 1. ° literal c) del CPACA.

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que era perfectamente verificable a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad como lo hizo la UGPP.

Por los argumentos antes expuestos, tampoco hay lugar a considerar que dicha
declaratoria del acto reconocido ilegalmente genera una trasgresión a los derechos
fundamentales y configura un perjuicio irremediable a la accionada, porque se
reitera, el acto puede ser objeto de control de legalidad sin que el resultado
desfavorable para la parte genere afectación alguna, por el contrario, deben cesar
los efectos de dichos pagos que fueron percibidos sin haber tenido derecho.

En consecuencia, hay lugar a confirmar lo resuelto por el tribunal en primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 29 del art. 188 de la
Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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F AL L A

Primero: CONFIRMAR la sentencia apelada que concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda.

Segundo: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a ambas
partes, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

Tercero: RECONOCER personería a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón en
calidad de representante de la firma LYDM CONSULTORÍA & ASESORÍA
JURÍDICA S.A.S, portadora de la tarjeta profesional 10.254 del Consejo Superior de
la Judicatura, en calidad de apoderada general de la UGPP conforme al poder que
le fue otorgado mediante escritura pública visible en el índice 23 de la plataforma
SAMAI.

Cuarto: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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