Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00397-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00397-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00397-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00397-02 (6061-2024)
Demandante: Universidad de Cartagena
Demandado: Álvaro Villarraga Martínez
Temas: Lesividad. Bonificación por inhabilidad legal. Noción de derecho
adquirido y situación jurídica aparentemente consolidada.
Competencia como elemento esencial de validez del acto.
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia proferida el veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La Universidad de Cartagena instauró demanda1 en contra del señor Álvaro
Villarraga Martínez en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modalidad de lesividad, con el fin
de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 262 del 12 de marzo de 1992, por medio
de la cual se reconoció al señor Álvaro Villarraga Martínez la bonificación por
inhabilidad consagrada en el Acuerdo 022 de 1991.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene dejar sin efectos el
1 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 01CUADERNO 1.
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acto acusado y que no se siga pagando la bonificación desde que quede
ejecutoriada la decisión.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el 13 de agosto de 1991 se profirió el Acuerdo 022 de 1991 por el cual el
Consejo Superior de la Universidad de Cartagena reconoció a los docentes de
tiempo completo de la facultad de derecho de la institución, una bonificación por
inhabilidad legal en un valor equivalente al 30% del sueldo más los gastos de
representación pagados mensualmente.
Que mediante Resolución 262 del 12 de marzo de 1992 se le reconoció dicho
emolumento al docente Álvaro Villarraga Martínez.
Que, en proceso de nulidad simple el Tribunal Administrativo de Bolívar por medio
de sentencia 045 del 27 de abril de 2012 declaró la nulidad del Acuerdo 022 del 13
de agosto de 1991.
Que, al presentarse el fenómeno del decaimiento del acto administrativo la
universidad dejó de pagarle a los docentes la bonificación por inhabilidad legal por
considerar que la sentencia que declaró la nulidad se encontraba ejecutoriada.
Que, en fallo de tutela de segunda instancia del 26 de octubre de 2012, el Tribunal
Administrativo de Bolívar ordenó reestablecer el pago de la bonificación a los
docentes de la facultad de derecho de la Universidad de Cartagena que se
desempeñaran con dedicación de tiempo completo, esto bajo el argumento de que
la institución vulneró el debido proceso, pues la sentencia que declaró la nulidad no
se encontraba ejecutoriada por estar pendiente resolver un recurso de queja
presentado por los docentes.
Que el 12 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado resolvió el recurso de queja
y estimó bien denegado el recurso de apelación contra la sentencia del 27 de abril
de 2012.
Que con la constancia de ejecutoria de la sentencia 045, la Universidad de
Cartagena expidió la Resolución 03411 del 30 de septiembre de 2014, por medio
de la cual resolvió acatar la sentencia de fecha del 27 de abril de 2012 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, decisión que fue objeto de reposición por parte de varios
docentes, y la misma fue confirmada por la entidad.
Que el demandado actualmente tiene una vinculación legal y reglamentaria con la
universidad y devenga la bonificación objeto de discusión, por lo cual, se le solicitó
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el consentimiento por escrito para revocar el acto administrativo que le otorgó la
prestación, sin embargo, no fue conferido.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Afirmó que con los actos administrativos demandados se transgredió: el artículo 29
de la Constitución Política; el numeral 1.° del artículo 3, el numeral 6.° del artículo 9
y el inciso 2 del artículo 137 del CPACA.
Que el acto acusado es lesivo del ordenamiento jurídico desde su creación, ya que
el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena no tenía la competencia para
crear o reglamentar situaciones de carácter salarial de los empleados públicos,
siendo esta materia de exclusiva regulación por parte del Congreso, situación que
se confirmó con la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar.
Que, con la expedición del estatuto del abogado, se facultó a los docentes de tiempo
completo a ejercer la profesión de abogado, por lo que desaparecieron los
fundamentos de hecho que sustentaban el Acuerdo 002 de 1993.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 25 de junio de 20182 y en la misma fecha se corrió
traslado3 al accionado para que se pronunciara sobre la solicitud de medida
cautelar, quien manifestó estar en desacuerdo4. El tribunal de origen decretó la
suspensión del acto acusado el 29 de abril de 20215, decisión que fue apelada y
confirmada por esta corporación en providencia del 10 de noviembre de 2022.
La parte demandada se opuso6 a las pretensiones expresando que la nulidad del
acto general encuentra límites en la institución de los derechos adquiridos, pues la
Ley 4ª de 1992 fue expedida de manera posterior a la Resolución 262 del 12 de
marzo de 1992, por lo que no se deben afectar situaciones particulares y concretas
nacidas con anterioridad, y que en ese sentido se le debe seguir garantizando al
docente el pago de la bonificación adquirida.
El 1.° de septiembre de 20227 el tribunal de origen, en consideración al artículo 182A
de la Ley 1437 de 2011, fijó el litigio, corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión por escrito en orden de dictar sentencia
anticipada, esto al tratarse de un asunto de puro derecho.
2 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 01CUADERNO 1, páginas 193 y 194.
3 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 02CUADERNO 2, páginas 8 a 9.
4 Ibid., páginas 10 a 29.
5 Ibid., páginas 73 a 84.
6 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 03ContestacionDemanda.
7 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 12AutoSentenciaAnticipada.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia el veintidós (22) de marzo
de dos mil veinticuatro (2024), accedió a las pretensiones al señalar que, con la
ejecutoria de la sentencia de nulidad del Acuerdo 22 de 1991, el acto demandado
perdió fuerza ejecutoria, ya que los fundamentos de hecho y derecho que lo
sustentaron desaparecieron, lo cual implica la extinción de sus efectos jurídicos.
Expresó que, la expedición del acto demandado fue irregular por la falta de
competencia de la Universidad de Cartagena para regular el régimen salarial y
prestacional de sus servidores públicos, y en ese sentido, para crear situaciones
jurídicas particulares en virtud de una bonificación por inhabilidad creada por un acto
administrativo ilegal.
Que, respecto a los principios de seguridad jurídica, derechos adquiridos e
intangibilidad del salario alegados por el demandado, para que un derecho se
considere como adquirido e intangible su causa debe ser legal y no debe adolecer
de vicios.
Que en cuanto al sustento del acto en el Decreto 1221 del 8 de junio de 1990, lo
cierto es que la resolución demandada no se profirió en atención a la aprobación
del Acuerdo 60 del 24 de mayo de 1990, sino que, dicho reconocimiento se
fundamentó únicamente en el Acuerdo 022 de 1991.
Sin condena en costas.
RECURSO DE APELACIÓN9
El demandado interpuso recurso de apelación argumentando que la bonificación
mensual constituye factor salarial por ser de carácter habitual, pues se pagó por
más de 20 años contados a partir de 1991, y que no había un argumento jurídico
claro que señalara que dicho pago no hiciera parte del salario.
Que desconocer lo anterior, va en contravía de los principios constitucionales de la
seguridad jurídica, la igualdad material y la confianza legítima en cuanto a los
derechos laborales adquiridos.
Que no se tuvo en cuenta el argumento relacionado con la inviabilidad de declarar
la nulidad del acto demandado, considerando que el mismo no se fundamentó
únicamente en el Acuerdo 022 de 1991 sino también en el Decreto 1221 del 8 de
junio de 1990, pues en el encabezado de la resolución demandada se observa la
8 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 20SentenciaPrimeraInstancia.
9 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 22RecursoApelacion.
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leyenda «en especial las conferidas en el artículo 22 del 13 de agosto de 1991»
(sic).
Que con la sentencia de primera instancia se desconocen los principios
constitucionales de la primacía de la realidad sobre las formas y el de los derechos
adquiridos.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 11 de diciembre de 2024 se admitió el recurso y por no haber pruebas que
decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.
Ni las partes ni el Ministerio Público intervinieron segunda instancia.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si ante la declaratoria
de nulidad del Acuerdo 022 de 1991 por medio del cual se creó la bonificación por
inhabilidad legal, también se afecta la validez del acto administrativo acusado
mediante el cual se le reconoció el referido beneficio al demandado, y si pese a lo
anterior, ello constituye un derecho adquirido.
Marco normativo y jurisprudencial
La competencia como elemento esencial de validez de los actos
administrativos
La validez de un acto administrativo hace alusión a la conformidad que este tiene
con el ordenamiento jurídico, consecuencia del respeto a la legalidad o del
sometimiento a las exigencias del derecho vigente, o, en otras palabras, se refiere
al valor que tiene el acto administrativo cuando es confrontado con los preceptos
legales, los cuales generan acatamiento por parte de los administrados en la medida
en que rigen las relaciones entre ellos y el Estado10.
Respecto a los elementos del acto, Roberto Dromi11 los clasifica según su impacto
en la validez o en la eficacia del mismo, por una parte, define como elementos
esenciales para la existencia del acto administrativo aquellos que afectan la validez
y que necesariamente deben concurrir de manera simultánea, entre estos se
encuentran: i) competencia, ii) objeto, iii) voluntad y iv) forma. Por otro lado,
categoriza como requisitos accidentales o eventuales aquellos que, si bien no
10 Carlos Ariel Sánchez Flores. Acto Administrativo. Teoría General. Editorial Legis. 2004. Pág. 98.
11 Dromi, R. (2000). El acto administrativo. Ediciones Ciudad Argentina.
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afectan su existencia, sí son determinantes para que el acto tenga trascendencia
jurídica. Los definió como: i) la condición, ii) el modo y iii) el término.
Para la solución del problema jurídico en cuestión, es determinante la competencia
como elemento esencial de validez del acto; para definirla, se resalta el concepto
planteado por el referido autor, quien lo precisa como la esfera de atribuciones de
los entes y órganos, y que es determinada por el ordenamiento jurídico; es decir,
como el conjunto de facultades que una entidad estatal puede y debe legítimamente
ejercer.
Competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos
La constitución política en su artículo 150, numeral 19, literal e, prevé:
«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:
(…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;(…)»
En el caso en concreto, fue en virtud de dicha atribución exclusiva del Congreso de
la República que el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia 045 del 27 de
abril de 2012 (debidamente ejecutoriada), declaró la nulidad del Acuerdo 022 de
1991, esto es, por la falta de competencia de la Universidad de Cartagena para
crear conceptos salariales y prestacionales extralegales.
Necesaria observancia del ordenamiento jurídico para consolidar un derecho
adquirido
La Constitución Política de 1991, sobre la protección de los derechos adquiridos
establece:
«Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de
una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida,
el interés privado deberá ceder al interés público o social. (…)»
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Dicha disposición sujetó tal garantía al cumplimiento del marco legal aplicable al
momento de reconocerse el derecho, y en ese sentido, la Corte Constitucional12 en
cuanto a la definición de derechos adquiridos señaló lo siguiente.
«La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples
oportunidades al alcance de la protección a los derechos adquiridos,
diferenciándolos de las expectativas legítimas. A este respecto, ha sostenido
que los derechos adquiridos constituyen derechos que son (i) subjetivos; (ii)
concretos y consolidados; (iii) cumplen con los requisitos de ley; (iv) se pueden
exigir plenamente; (v) se encuentran jurídicamente garantizados; (vi) se
incorporan al patrimonio de la persona; (vii) son intangibles y en consecuencia,
el legislador al expedir una nueva ley no los puede lesionar o desconocer; y (viii)
se diferencian de las expectativas legítimas.» (Subrayado fuera de texto).
A partir de una interpretación adecuada frente al alcance y naturaleza jurídica del
concepto de derecho adquirido, se puede concluir que aquel exige como requisito
indispensable para su estructuración, que su ingreso al patrimonio de una persona
se derive de un reconocimiento automático o en vía administrativa por el
cumplimiento de los requisitos legales previstos para tal fin, tanto en lo que a la
autoridad legitimada para decidir el asunto se refiere, como a las circunstancias de
hecho y de derecho que acrediten la titularidad de la prerrogativa solicitada.
Solo el cumplimiento de lo anterior permitiría que el referido derecho se encuentre
debidamente garantizado por el ordenamiento vigente al momento de validar dichos
presupuestos, y del mismo modo lo haría plenamente exigible y oponible a terceros,
sin que pueda ser objeto de desconocimiento por parte de los agentes estatales con
fundamento en un marco normativo posterior que modifique las condiciones para su
configuración. Esto se diferencia de una simple expectativa legítima sobre la cual el
administrado solo creía posible llegar a adquirir un derecho en algún momento, o
incluso disímil a una situación jurídica aparentemente consolidada que el Consejo
de Estado13 ha desarrollado de la siguiente forma.
«[…] En cuanto a este último fenómeno en mención, se puede afirmar que se
diferencia de un derecho adquirido en la medida en que si bien puede hablarse
de una prerrogativa reconocida por alguna autoridad estatal mediante acto
administrativo normativo o particular que ha generado en el implicado una
creencia o confianza de que el referido reconocimiento fue legal y que por lo
tanto no habría posibilidad de modificación o extinción por haber ingresado
supuestamente a su patrimonio (derivada de la buena fe en el proceder de los
organismos públicos), lo cierto es que en punto a este concepto, lo que se
configura efectivamente es la creación de una situación jurídica en razón de una
decisión administrativa que surte plenos efectos, pero que en algunos casos por
mala fe del particular y en otros por desconocimiento de ambas partes, adolece
de serios vicios de ilegalidad como aquellos contemplados como causales de
nulidad del artículo 137 del CPACA, los cuales hacen del acto una manifestación
que cumple requisitos de existencia y eficacia, pero no de validez.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-983 de 2010. M.P Luís Ernesto Vargas Silva.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp. 25000-
23-42-000-2017-04665-01 (2815-2020). C.P. William Hernández Gómez.
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Ahora, si se tiene como supuesto que un derecho es concedido por una
autoridad administrativa con fundamento en un acto viciado de ilegalidad, es
decir, sin validez jurídica (por ejemplo, expedido sin competencia), y esta
condición no ha sido revisada en vía judicial, es claro que al momento de ser
sometida la decisión al juicio de legalidad propiamente dicho, esa prerrogativa
creada para el particular en ningún momento se habría constituido como un
derecho adquirido como lo prevé el artículo 58 constitucional, y por lo tanto la
administración podrá e incluso deberá dejar de reconocer su eficacia. […]».
(Subrayado fuera de texto).
Como se extrae de este lineamiento jurisprudencial, quien ha estructurado a su favor
un derecho bajo las condiciones referidas anteriormente, efectivamente tendrá
creada una situación jurídica consolidada, pero necesariamente de forma aparente,
ello por cuanto para que exista un derecho adquirido inmutable ante nuevas
regulaciones normativas, es indispensable que su causa o fuente haya sido legal,
así como su origen y medio de reconocimiento (acto administrativo), pues de no
serlo se atentaría contra su misma esencia jurídica y en tal sentido los efectos que
este produzca avalarían una ilegalidad que afectaría otras garantías que priman
sobre el interés particular que se hubiese materializado de manera irregular.
Resolución del caso concreto
Para resolver el presente litigio, resulta necesario traer a colación los argumentos
aducidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar para declarar la nulidad del
Acuerdo 22 de 1991, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad de
Cartagena decidió «crear la bonificación por inhabilidad legal, por un valor
equivalente al treinta por ciento (30%) de la suma del sueldo más los gastos de
representación, que se pagará mensualmente a los profesionales con título de
Abogado que se desempeñen con dedicación de Tiempo Completo en la Facultad
de Derecho (…)», esto por ser proferido por una autoridad que no era el órgano
competente para crear conceptos salariales y prestacionales extralegales, siendo
esta facultad exclusiva del Congreso.
En virtud del referido acuerdo, el rector de la mentada entidad profirió la Resolución
0262 de 1992, por medio de la cual le otorgó la bonificación por inhabilidad legal al
señor Álvaro Villarraga Martínez, a lo cual, se estima adecuado incorporar los
argumentos invocados por el tribunal que declaró la nulidad del acto general y en
ese sentido concluir que en el juicio de legalidad que se realiza en esta instancia,
debe declararse de la misma forma la falta de competencia de la Universidad de
Cartagena para expedir un acto de carácter particular que otorgó un emolumento
sin contar con la competencia para concederlo.
A partir de lo expuesto, es evidente la irregularidad con la que fue expedido el acto
al no satisfacer los requisitos esenciales para su validez, esto por la falta de
competencia para proferirlo. Sin perjuicio de lo anterior, expuso el demandado en
su recurso de apelación que se desconoce que la bonificación objeto de discusión
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constituyó un factor salarial como derecho laboral adquirido y que se omite tener en
cuenta que el acto demandado no tiene como único sustento normativo el acuerdo
declarado nulo.
Respecto al derecho adquirido alegado, no encuentra respaldo la tesis del
demandado, quien fundamentó obtener dicha calidad por la habitualidad con la que
el mismo fue pagado y el tiempo considerable durante el cual recibió el beneficio.
Se puntualiza que, no se ha previsto en el ordenamiento jurídico que tales derechos
adquieran el carácter de absolutos frente a un eventual control de legalidad en sede
judicial en lo atinente a su causa y origen, toda vez que lo que sucede en eventos
como el particular, no es un cambio en la regulación por expedición de una nueva
normativa o línea jurisprudencial, sino la anulación por ilegalidad de la decisión que
concedió irregularmente el beneficio al no haberse acreditado en debida forma los
requisitos exigidos en la ley para el efecto.
Por lo tanto, no sería viable estimar que por haberse reconocido el pago de la
bonificación por inhabilidad legal por varios años, esta situación no pueda ser
sometida a control de legalidad para determinar su validez jurídica, más aún cuando
no se ha configurado en este caso el fenómeno de la caducidad del medio de control
por tratarse de un asunto en el que se debate una prestación periódica.14
De este modo, si se asumiera la posición del docente sobre la consolidación de una
situación jurídica inmutable, dicho argumento solo sería adecuado si se evidenciara
que su derecho fue obtenido en vigencia de una norma específica que ha cambiado
o que ha sido derogada por otra posterior, la cual no podría ser aplicada de manera
retroactiva y desfavorable a sus intereses ya materializados o configurados.
Es decir, aquella argumentación de la parte pasiva no encuentra respaldo en esta
oportunidad ante una circunstancia completamente diferente a la descrita, como lo
es en este caso la declaratoria de nulidad del acto administrativo en el que se
sustentó el reconocimiento de la bonificación, por crearse sin contar con la
competencia para ello.
En conclusión, el pago de la bonificación por inhabilidad legal al señor Villarraga
Martínez no equivalía a un derecho adquirido, sino a una situación jurídica
aparentemente consolidada que era perfectamente verificable a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad como
lo hizo la Universidad de Cartagena.
14 De acuerdo con el artículo 164, numeral 1.°, literal c) del CPACA.
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Ahora, mencionó también el accionado que debe tenerse en cuenta que el acto
demandado también se fundamentó en el Decreto 1221 del 8 de junio de 1990, y
que su sustento no dependió únicamente de Acuerdo 22 de 1991.
Sobre el particular, se corrobora lo manifestado por el tribunal de origen en tanto el
acto acusado sí se sustenta exclusivamente en el acuerdo nulo, sin embargo, se
precisa que, si bien el Acuerdo 22 de 1991 en el numeral 1. ° y 2. ° de sus
consideraciones cita el Decreto 1221 del 8 de junio de 1990, que aprueba el Acuerdo
60 del 24 de mayo de 1990 de la Junta Directiva del ICFES, esta disposición
normativa sirvió como motivación del acto expedido, esto en cuanto al
funcionamiento de los programas de derecho y a los requisitos que deben cumplir
los docentes que hagan parte del cuerpo docente de tiempo completo, a quienes
finalmente iba dirigida la bonificación creada, pero dicha referencia legal en nada
afectó la nulidad declarada en virtud de la falta de competencia.
En vista de todo lo anterior, deberá confirmarse la sentencia de primera instancia
que declaró la nulidad del acto administrativo acusado.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202115 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual
accedió a las pretensiones.
15 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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