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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00026-02

Fecha
27 de julio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00026-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALL A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete (2017) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra el señor Ismael Enrique Herrera Bohórquez, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Wildemar Alfonso Lozano Barón, identificado con cédula de ciudadanía n.° 79.746.608 y portador de la tarjeta profesional 98.891 del Consejo Superior de la Judicatura, esto como apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura pública, visible en el índice 54 de la plataforma SAMAI. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a ambas partes, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2015-00026-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2015-00026-02 (3304-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ismael Enrique Herrera Bohórquez

Temas: Lesividad. Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de
servicio docente en plaza del orden nacional. Noción de derecho
adquirido y situación jurídica aparentemente consolidada. No
procede devolución de mesadas percibidas de buena fe.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete (2017) por el
Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
instauró demanda en contra del señor ISMAEL ENRIQUE HERRERA
BOHÓRQUEZ en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, ello bajo la modalidad de lesividad, con el fin de
que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones 18960 del 10 de octubre de 1997 y
03283 del 20 de febrero de 2003, por medio de las cuales la UGPP reconoció y

1 Folios 1 vuelto a 2, C1.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00026-02 (3304-2017)

reliquidó respectivamente una pensión gracia a favor del demandado. Que a título
de restablecimiento del derecho se condene al señor Ismael Enrique Herrera
Bohórquez a restituir a la entidad de manera indexada, la suma correspondiente a
las mesadas pensionales pagadas a las cuales no tenía derecho.

Que se reconozcan los intereses comerciales y moratorios a que haya lugar desde
la fecha de causación de la prestación y hasta que se haga efectivo el pago de lo
reclamado, así como las costas y agencias en derecho.

HECHOS 2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.

Que el demandado nació el 12 de junio de 1945 y durante su vida laboral tuvo dos
vinculaciones en calidad de docente, una como nacionalizado desde el 1° de febrero
de 1964 hasta el 30 de marzo de 1973, y otra como nacional del 8 de mayo de 1973
al 29 de abril de 2002.

Que mediante Resolución 18960 del 10 de octubre de 1997, la extinta Cajanal le
reconoció al señor Herrera Bohórquez una pensión gracia en cuantía de $234.868,
efectiva a partir del 12 de junio de 1995, la cual fue reliquidada por retiro definitivo
del servicio conforme a la Resolución 03283 del 20 de febrero de 2003.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 20 de enero de 2015 y notificada al
señor Ismael Enrique Herrera Bohórquez 3, ello con solicitud de medida cautelar
que fue decretada y confirmada según autos del 21 de septiembre de 2018 y del 21
de enero de 2021. Por su parte, el demandado presentó memorial de contestación 4,
en el cual manifestó que la prestación en debate es un derecho adquirido a su favor
que fue reconocido por la entidad demandante con base en la normativa aplicable
a su caso, por lo que no se genera ninguna ilegalidad respecto de los actos
reprochados, más aún en el entendido de que como su ingreso a la labor oficial fue
desde el 1 de febrero de 1964, este ya había cumplido los 20 años de servicio en
1984, es decir, antes de 1995 cuando adquirió el estatus y además no recibía
pensión a cargo de la Nación.

Propuso las excepciones que denominó inexistencia del derecho reclamado,
inexistencia de violación de normas legales y buena fe.

2 Folio 1 vuelto, C1.
3 Folios 136 a 137 y 171, C1.
4 Folios 174 a 184, C1.

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En la audiencia inicial 5 se declararon no probadas las excepciones propuestas, se
fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las
cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se
efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437
de 2011. Finalmente, en esta misma diligencia se dictó sentencia.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN 6

El Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia oral el 28 de marzo de 2017,
a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, esto al
declarar la nulidad de los actos reprochados, pero al mismo tiempo denegar el
reintegro de las sumas de dinero reclamadas.

Para ello aseguró que si bien el señor Herrera Bohórquez había acreditado el
cumplimiento de los requisitos para consolidar el derecho a la pensión gracia, lo
cierto era que al momento del reconocimiento prestacional, la entonces Cajanal no
había evaluado cuál había sido la vinculación del demandado a lo largo de su tiempo
de servicio, pues según se desprende del material probatorio, su nombramiento
entre el 8 de mayo de 1973 y el 30 de abril de 2002, fue de carácter nacional.

Que en tal sentido, sin la sumatoria de dicho lapso, el docente tampoco habría
colmado la exigencia legal de los 20 años de labor educativa en el orden territorial
o nacionalizado y por lo tanto no podría otorgársela la prestación debatida. Que en
todo caso, si lo que aquel aseguraba es que había fungido bajo una vinculación
diferente a la nacional que alegaba la entidad accionante, era su carga procesal
demostrarlo, no de la autoridad que finalmente demostró su hecho alegado.

Que en el presente proceso se hicieron múltiples requerimientos para encontrar la
prueba que el accionado denomina "reina", esto es, el acto administrativo de
nombramiento. Sin embargo, dicho medio de convicción no fue allegado al
expediente, y por eso era necesario basarse en una inferencia o prueba indiciaria
bajo los hechos demostrados a través de múltiples certificaciones que indican la
referida calidad de docente nacional.

Que sobre el particular debe tenerse en cuenta el hecho de que, por ejemplo, del
acta de posesión del educador pensionado, se desprende que el nombramiento
efectuado en 1973 se hizo en virtud de la Resolución 4106 del 2 de mayo del mismo
año, respecto de la cual se debe excluir, por sentido común, que se haya tratado de
una vinculación territorial, porque en ese mismo documento, el alcalde municipal de
Málaga registra que el nombramiento le fue "comunicado (...) por medio de
Telegrama de fecha mayo 5 del presente año...", es decir, de allí se infiere que la

5 Folios 231 a 233, C1.
6 Folios 232 a 233, C1.

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decisión administrativa no fue de su autoría.

Que como no fue demostrada la mala fe del demandado en lo que respecta al
reconocimiento de las mesadas que le fueron canceladas, debe presumirse la
buena fe de aquel, y por lo tanto no es procedente ordenar a favor de la entidad la
devolución de ninguna suma de dinero por dicho concepto, ello a pesar de tener
que declararse la nulidad de su propio acto.

LOS RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandada7 en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia por considerar que el señor Herrera Bohórquez es
un adulto mayor que goza de especial protección constitucional, quien además ha
disfrutado de la pensión gracia por más de 20 años, lo cual hace inviable desconocer
ahora su derecho prestacional, pues se atentaría contra su mínimo vital al reducir
sus ingresos en un 50%, y adicionalmente, se afectaría un derecho adquirido solo
con base en cambios interpretativos, lo cual es inconstitucional por violación de los
principios de progresividad y no regresividad, así como del respeto por el acto propio
y la confianza legítima.

Que si en gracia de discusión se acepta el hecho de que los docentes nacionales
no tienen derecho a percibir la pensión en litigio, debe tenerse en cuenta que en el
expediente no obra la prueba fundamental de la calidad de vinculación del docente,
la cual no es otra que el acto administrativo de nombramiento. Que en tal sentido,
no es viable que se traslade la carga de la prueba al demandado, cuando era la
entidad accionante quien debía acreditar cuál era el orden de la plaza ocupada por
el docente.

La parte demandante 8 presentó recurso de apelación parcial contra la sentencia
de primera instancia, a fin de que también se acceda a la pretensión de
restablecimiento del derecho atinente a la devolución de las sumas pagadas al
accionado por concepto de pensión gracia. Sobre el punto adujo que en este caso
resulta procedente el reintegro de la totalidad de las sumas canceladas en virtud del
reconocimiento y reliquidación pensional, teniendo en cuenta que no es posible
inferir que tales valores fueron percibidos por el señor Herrera Bohórquez de buena
fe, teniendo en cuenta que no le asistía la prerrogativa en los términos reclamados.

Que al tratarse el presente caso de una pensión de gracia, era claro que el
demandado devengó conjuntamente la mesada y el sueldo por los servicios
prestados, razón por la cual, al no ser legal el reconocimiento prestacional
mencionado, se generó un daño patrimonial al Estado que debe ser resarcido, en la

7 Folios 234 a 240, C1.
8 Folios 241 a 245, C1.

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medida en que prima el bien general públicamente tutelado por el legislador en lugar
del particular, ello a fin de salvaguardar el erario.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Ambas partes presentaron alegatos de conclusión en los cuales ratificaron los
argumentos de sus recursos de apelación.9

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El agente del Ministerio Público no rindió concepto. 10

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección, es el de determinar si el período de
labor oficial del demandado como docente oficial entre el 8 de mayo de 1973 y el 30
de abril de 2002, lo fue bajo una vinculación del orden nacional que no pueda ser
tenida en cuenta para consolidar la pensión gracia, y si ello es así, verificar si tal
prestación constituía un derecho adquirido inmodificable. Adicionalmente, tendrá
que precisarse si resultaría procedente el reintegro a favor de la UGPP de las sumas
de dinero percibidas por el accionado por tal concepto.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados,

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:

9 Folios 269 a 274, C1.
10 Ver constancia secretarial obrante a folio 311.

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1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Asimismo, con la
expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los
maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, sin embargo, no se
efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente previstos para
el efecto.

Aunado a ello, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(…)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 12 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 13
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
13 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

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En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual
dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación del
Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de
1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022 14 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento» .

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial, tal como sucede con el asunto bajo examen en esta
oportunidad.

Sobre la devolución de mesadas percibidas de buena fe

El artículo 83 de la Constitución Política prevé que «Las actuaciones de los particulares
y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

Por su parte, el artículo 768 del Código Civil, en relación con el principio de buena
fe, prescribe:

14 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00026-02 (3304-2017)

«ARTICULO 768. BUENA FE EN LA POSESIÓN. La buena fe es la conciencia de
haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y
de todo otro vicio.

Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de
haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber
habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.

Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe.

Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no
admite prueba en contrario.»

Sobre el particular, esta Corporación15 ha sostenido lo siguiente:

«[Este] Principio […] no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites
demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia
del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función
administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y
economía, entre otros. En este sentido, no podemos entender al principio de la
buena fe de manera aislada y como un fin en sí (sic) mismo, por cuanto se debe
concebir el ordenamiento jurídico no como una pura acumulación de preceptos
concretos encerrados en sí mismos, o como una simple mescolanza de normas,
sino como un sistema coherente, ordenado, según el principio de no contradicción»

Por su parte, la Corte Constitucional 16 señaló:

«[…] En los debates al interior de la Asamblea Nacional Constituyente se señaló
que tanto los particulares como las autoridades están sujetos a los mandatos de
honestidad, lealtad y sinceridad, integradores del principio de la buena fe. Para los
primeros, como una barrera que evita el abuso del derecho; y para los segundos,
como un límite a los excesos y a la desviación del poder. Allí también se explicó que
el reconocimiento de la presunción de buena fe pretendía superar la desconfianza
hacia el particular en sus actuaciones ante la administración pública, con el fin de
humanizar las relaciones jurídicas y reducir los requisitos y procedimientos exigidos
por las autoridades.

4.2.- Desde sus inicios la Corte ha examinado el significado y alcance de la buena
fe, que ha dejado de ser considerada únicamente un principio general del derecho
para constituirse en un verdadero postulado constitucional que cumple un papel
integrador del ordenamiento y de las relaciones entre particulares, y entre estos y
el Estado.

La sentencia C-840 de 2001 define la buena fe como la pieza fundamental de todo
el ordenamiento jurídico, que incorpora el valor de la confianza como un
presupuesto de las relaciones sociales que trascienden en la vida jurídica. Al mismo
tiempo, señala, funge como criterio para valorar el comportamiento de los sujetos
de derecho y regla de conducta que debe ser observada tanto en el ejercicio de sus
derechos como en el ámbito de los deberes y obligaciones […]»

15 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-23-25-000-

2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE en Liquidación - Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz Mery Melo Melo.
16 Sentencia C-527 de 2013.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00026-02 (3304-2017)

De lo anterior se colige que el principio de buena fe es aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una persona correcta.

Bajo el anterior razonamiento, y según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
disposición que reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, no
habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe.

Al respecto, esta sección 17 en los casos en que las prestaciones periódicas, tales
como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la administración,
ha mantenido una posición pacífica, en cuanto a que no procederá la devolución de
las mesadas por haber sido estas percibidas de buena fe. Específicamente se ha
sostenido:

«La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el derecho al
reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada pensional a partir
del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos diez mil novecientos
cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos ($610.959,91) cuando por este
concepto le correspondía solamente la suma de quinientos sesenta y cinco mil
novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($565.965,64).
Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir del
1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo 143 de
la Ley 100 de 1993.
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por
equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa
medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque
fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la
legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración
no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la
obtención de los reajustes pagados». (Negrita de la Sala)

Por lo tanto, dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de
legalidad, que admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de menos,
probar que el peticionario actuó de mala fe. Sin embargo, repárese que al hablarse

17 Sentencia de 17 de mayo de 2007. Número interno: 3287-05.

Véanse también: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-
23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, hoy Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz
Mery Melo Melo.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007. Número interno: 0950-2006. Actora: Univ.
Distrital Francisco José de Caldas. Demandado: Arturo Spin Ramírez.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008. Radicado: 68001-23-15-000-2001-03370-
01 (0488-07). Actor: Universidad Industrial de Santander. Demandado: Ismael Pinto Rincón.
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016. Radicado: 130012333000201300149
01 (2677-2015). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Manuel Baquero Nova.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00026-02 (3304-2017)

de un error de la administración (reconocer la pensión a quien no reúne los
requisitos), esta no puede con posterioridad alegar a su favor su propia culpa, a fin
de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe 18. No obstante,
en aquellos casos en que esta situación no se consolide, es decir, que el error no
devenga de la administración, se deberá analizar cada caso particular, para
determinar si hay lugar o no a la devolución de los dineros.

Resolución del caso concreto

En primer lugar, es destacable el hecho de que, para definir el presente litigio, se
torna innecesario efectuar un análisis integral de los requisitos legales para acceder
a la pensión gracia, toda vez que el centro de discusión frente al reconocimiento de
la prestación a favor del demandado, radica en verificar la pertinencia o no de
computar un tiempo de servicio que la entidad accionante asegura que es de
carácter nacional.

Pues bien, de acuerdo con los preceptos legales y el criterio jurisprudencial
expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, para esta Subsección es claro
que se ha mantenido la tesis de que los docentes nacionales no tienen derecho a
beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley 114 de 1913, y
ampliada en sus beneficiarios a partir de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

En efecto, si bien las tres normas citadas disponen que, además de los maestros
de escuelas primarias oficiales, también se debe reconocer el derecho a profesores
de escuelas normales, inspectores de instrucción pública y maestros que hubiesen
completado el tiempo de servicio señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria, dicho reconocimiento solo se predica de aquel grupo de
docentes, siempre que tengan la connotación de haber sido vinculados en una plaza
nacionalizada o territorial.

Luego, aun si se trata de un docente vinculado por el Ministerio de Educación
Nacional que prestó sus servicios en educación primaria, secundaria o normalista,
este no tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, puesto que,
se reitera, dicha prestación fue concebida por el legislador para reconocerle a los
docentes territoriales o nacionalizados un beneficio económico que equilibrara los
ingresos de estos respecto de los docentes nacionales, lo anterior, ante el déficit
fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago de salarios y
prestaciones de los educadores que laboraban en el magisterio.

Así las cosas, la Sala advierte que al señor Ismael Enrique Herrera Bohórquez le
fue reconocida la pensión gracia a través de la Resolución 18960 del 10 de octubre

18 En este sentido, se pronunció recientemente la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del

17 de noviembre de 2016, número interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00026-02 (3304-2017)

de 199719, la cual fue reliquidada posteriormente en virtud de la Resolución 03283
del 20 de febrero de 2003. 20 Para el efecto, se encuentra demostrado que la
entonces Cajanal tuvo en cuenta los tiempos laborados por aquel como docente
entre el 1° de febrero de 1964 y el 30 de marzo de 1973, así como del 8 de mayo
de 1973 al 18 de octubre de 1995, esto es, por un tiempo aproximado de 31 años,
lo cual permitiría, en principio, inferir que el docente cumplía uno de los requisitos
esenciales para ser beneficiario de la prestación en comento.

No obstante, al analizar el tipo de vinculaciones que tuvo el accionado a lo largo de
su historia laboral, se desprende que este únicamente tuvo una vinculación
nacionalizada entre el 1° de febrero de 1964 y el 30 de marzo de 1973, pues de ello
da cuenta la copia auténtica del acta de posesión del mencionado educador 21, en la
que se verifica que su nombramiento tuvo lugar en virtud del Decreto 84 del 21 de
enero de 1964 emanado de la Secretaría de Educación del municipio de Pinchote
(Santander), para lo cual fue posesionado por el mismo alcalde, sin que se advierta
delegación o intervención del Ministerio de Educación Nacional.

De hecho, lo propio se ratifica a partir del Oficio 01006-2015-000216-00SBV suscrito
el 9 de septiembre de 2016 por la coordinadora de historias laborales de la
Gobernación del departamento de Santander 22, al igual que del certificado de
tiempo de servicio emitido en la misma fecha, pues en tales documentos se ind ica
con claridad que el vínculo sostenido durante el referido lapso fue de carácter
nacionalizado.

De igual forma, contrario a lo manifestado por la parte pasiva al aducir que la entidad
demandante no cumplió su carga probatoria, del material probatorio obrante en el
expediente, sí es posible inferir lógica y válidamente que la relación legal y
reglamentaria del señor Herrera Bohórquez a partir del 8 de mayo de 1973 y hasta
el 30 de abril de 2002 lo fue en calidad de docente nacional, pues, como ha
planteado la Sección, dichos educadores son aquellos que fueron nombrados
directamente por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, o por
los gobernadores y alcaldes del país en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades podían administrar las plantas del personal docente de las
instituciones educativas nacionales y nacionalizadas conforme al artículo 9 de la
Ley 29 de 1989.

Lo anterior se afirma en la medida en que, si bien no se encuentra en el proceso la
copia del acto administrativo de nombramiento del demandado como maestro oficial
desde el 8 de mayo de 1973 (el cuál este asegura que es la única prueba para
demostrar su tipo de vínculo), lo cierto es que la naturaleza de dicha relación legal

19 Folios 48 a 49, C1.
20 Folios 58 a 59, C1.
21 Folio 217, C1.
22 Folio 212, C1.

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y reglamentaria sí es posible extraerla y determinarla como nacional en el presente
caso, ello a partir de otros medios probatorios como certificaciones, constancias y
su respectiva valoración bajo elementos propios de la sana crítica, pues tal
posibilidad incluso fue contemplada por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018 cuando se señaló lo siguiente.

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial. […]»

En tal sentido, al verificar la certificación suscrita el 18 de octubre de 1995 por el
coordinador de hojas de vida del propio Ministerio de Educación Nacional, 23 así
como la constancia laboral emitida por el rector y el pagador del Colegio Nacional
Custodio García Rovira de Málaga (Santander) el 26 de enero de 1996, 24 al igual
que el Oficio 01006-2015-000216-00SBV firmado el 9 de septiembre de 2016 por la
coordinadora de historias laborales de la Gobernación del departamento de
Santander 25, junto con el certificado de tiempo de servicio de la misma fecha 26; se
logra establecer sin lugar a duda que la vinculación del docente demandado fue del
orden nacional.

De hecho, tal como lo estimó el tribunal de origen, lo propio se extrae mediante una
inferencia lógica del solo hecho de que el plantel educativo en el que ejerció
funciones el señor Ismael Enrique Herrera corresponde a un «Colegio Nacional»,
esto es, una institución del mismo nivel; aunado a que, a partir de la copia del acta
de posesión de aquel a partir del 8 de mayo de 1973, 27 se observa que el alcalde
municipal de Málaga (Santander) efectuó la mentada diligencia, pero no por haber
proferido el acto administrativo de nombramiento directamente, sino al haberle sido
comunicado tal decisión por telegrama el 5 de mayo del mismo año, lo cual
efectivamente permite deducir que la vinculación no fue por mandato de la propia
entidad territorial, sino en virtud de la referida autorización legal prevista en la Ley
29 de 1989.

Esto se verifica en la siguiente imagen tomada de la aludida acta de posesión.

23 Folios 39 a 40, C1.
24 Folio 42, C1.
25 Folio 212, C1.
26 Folio 214, C1.
27 Folio 221, C1.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00026-02 (3304-2017)

En suma, es posible deducir con base en el material probatorio practicado en la
actuación (el cual a la vez satisface la carga de la prueba de la entidad demandante),
que, el accionado efectivamente fue vinculado desde el 8 de mayo de 1973 como
docente del orden nacional y que si bien su posesión fue ante el alcalde del
municipio de Málaga, y este aceptó su renuncia, ello tuvo lugar en virtud de la
delegación que el Ministerio de Educación Nacional hacía a las entidades
territoriales para administrar su personal de instituciones educativas nacionales
conforme a la autorización de los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

En tal sentido, el único tiempo computable para ser beneficiario de la pensión gracia
sería el comprendido entre el 1° de febrero de 1964 y el 30 de marzo de 1973, de
modo que, aun si hubiese cumplido el requisito de edad y el de haber laborado como
docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, lo cierto es que el tiempo de
servicios bajo dichas vinculaciones resultaba insuficiente para consolidar el
derecho.

Ahora, la parte pasiva adujo en su recurso de apelación que, si eventualmente se
consideraba que existían pruebas de su vinculación como docente nacional, debía
tenerse en cuenta que ya se había generado un derecho adquirido a su favor en
cuanto al reconocimiento de la pensión gracia, pues esta la había devengado por
más de 20 años, con lo cual, desconocer tal situación afectaría el principio de
respeto por el acto propio y la confianza legítima.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00026-02 (3304-2017)

Al respecto, resulta necesario precisar que la noción de derechos adquiridos como
la presenta la parte demandada, dista en cuanto a la verdadera naturaleza y esencia
de tales prerrogativas, en razón a que el reconocimiento y pago de la pensión gracia
a favor del accionado se configuró más como una situación jurídica aparentemente
consolidada 28 y no como un derecho adquirido en sí mismo, tal como puede
diferenciarse a partir de las definiciones y conceptos que en lo atinente a la materia
ha desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Sobre el punto, la Corte Constitucional 29 en cuanto a la definición de derechos
adquiridos señaló lo siguiente.

«La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples oportunidades
al alcance de la protección a los derechos adquiridos, diferenciándolos de las
expectativas legítimas. A este respecto, ha sostenido que los derechos adquiridos
constituyen derechos que son (i) subjetivos; (ii) concretos y consolidados; (iii)
cumplen con los requisitos de ley; (iv) se pueden exigir plenamente; (v) se
encuentran jurídicamente garantizados; (vi) se incorporan al patrimonio de la
persona; (vii) son intangibles y en consecuencia, el legislador al expedir una nueva
ley no los puede lesionar o desconocer; y (viii) se diferencian de las expectativas
legítimas.» (Subrayado fuera de texto).

Pues bien, a partir de una interpretación adecuada frente al alcance y naturaleza
jurídica del concepto de derecho adquirido, se puede inferir que aquel exige como
requisito indispensable para su estructuración, que su ingreso al patrimonio de una
persona se derive de un reconocimiento automático o en vía administrativa por el
cumplimiento de los requisitos legales previstos para tal fin, tanto en lo que a la
autoridad legitimada para decidir el asunto se refiere, como a las circunstancias de
hecho y de derecho que acrediten la titularidad de la prerrogativa solicitada.

Solo el cumplimiento de lo anterior permitiría que el referido derecho se encuentre
debidamente garantizado por el ordenamiento vigente al momento de validar dichos
presupuestos, y del mismo modo lo haría plenamente exigible y oponible a terceros,
sin que pueda ser objeto de desconocimiento por parte de los agentes estatales con
fundamento en un marco normativo posterior que modifique las condiciones para su
configuración. Esto se diferencia de una simple expectativa legítima sobre la cual el
administrado solo creía posible llegar a adquirir un derecho en algún momento, o
incluso disímil a una situación jurídica aparentemente consolidada que el Consejo
de Estado30 ha desarrollado de la siguiente forma.

28 La tesis sobre las situaciones jurídicas aparentemente consolidadas ha sido desarrollada por esta Subsección

en providencias que resuelven recursos de apelación en contra de decisiones que decretaron medidas
cautelares de suspensión provisional, tal como se planteó en auto del 4 de junio de 2020 dictado en el proceso
con radicado: 23001-23-33-000-2013-00163-01 (4754-2018); así como en sentencias dictadas por esta misma
Sala como las del 25 de febrero de 2021 (4417-2017) y del 9 de junio de 2022 (0327-2020).
29 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-983 del 1.° de diciembre de 2010. Expediente: D-8171.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

17 de noviembre de 2022. Radicado 25000-23-42-000-2017-04665-01 (2815-2020).

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00026-02 (3304-2017)

«[…] En cuanto a este último fenómeno en mención, se puede afirmar que se
diferencia de un derecho adquirido en la medida en que si bien puede hablarse de
una prerrogativa reconocida por alguna autoridad estatal mediante acto
administrativo normativo o particular que ha generado en el implicado una creencia
o confianza de que el referido reconocimiento fue legal y que por lo tanto no habría
posibilidad de modificación o extinción por haber ingresado supuestamente a su
patrimonio (derivada de la buena fe en el proceder de los organismos públicos), lo
cierto es que en punto a este concepto, lo que se configura efectivamente es la
creación de una situación jurídica en razón de una decisión administrativa que surte
plenos efectos, pero que en algunos casos por mala fe del particular y en otros por
desconocimiento de ambas partes, adolece de serios vicios de ilegalidad como
aquellos contemplados como causales de nulidad del artículo 137 del CPACA, los
cuales hacen del acto una manifestación que cumple requisitos de existencia y
eficacia, pero no de validez.

Ahora, si se tiene como supuesto que un derecho es concedido por una autoridad
administrativa con fundamento en un acto viciado de ilegalidad, es decir, sin validez
jurídica (por ejemplo, expedido sin competencia), y esta condición no ha sido
revisada en vía judicial, es claro que al momento de ser sometida la decisión al juicio
de legalidad propiamente dicho, esa prerrogativa creada para el particular en ningún
momento se habría constituido como un derecho adquirido como lo prevé el artículo
58 constitucional, y por lo tanto la administración podrá e incluso deberá dejar de
reconocer su eficacia. […]».

Como se extrae de este lineamiento jurisprudencial, quien ha estructurado a su favor
un derecho bajo las condiciones referidas anteriormente, efectivamente tendrá
creada a su favor una situación jurídica consolidada, pero necesariamente de forma
aparente, ello por cuanto para que exista un derecho adquirido inmutable ante
nuevas regulaciones normativas, es indispensable que su causa o fuente haya sido
legal, así como su origen y medio de reconocimiento (acto administrativo), pues de
no serlo se atentaría contra su misma esencia jurídica y en tal sentido los efectos
que este produzca avalarían una ilegalidad que afectaría otras garantías que priman
sobre el interés particular que se hubiese consolidado de manera irregular.

Incluso, no encuentra respaldo la tesis del demandado cuando aseguró que la
pensión gracia que le ha sido pagada es un derecho adquirido por haber sido
concedida conforme a los preceptos de la Ley 114 de 1913, y que por lo tanto no
podría desconocerse su abono por la declaratoria de nulidad de los actos que
otorgaron la prestación, dado que esto se contrapone al sentido del artículo 58 de
la Constitución Política que hace alusión a que las situaciones reconocidas o
configuradas en vigencia de determinado régimen aplicable, deben seguir
sometidas a aquel por irretroactividad de la Ley posterior, seguridad jurídica y
confianza legítima.

Ello se asegura en la medida en que, en ningún momento dicha norma superior, ni
los lineamientos de la Corte Constitucional, han previsto que tales derechos
adquieran el carácter de absolutos frente a un eventual control de legalidad en sede
judicial en lo atinente a su causa y origen, toda vez que lo que sucede en eventos

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00026-02 (3304-2017)

como el particular, no es un cambio en la regulación por expedición de una nueva
normativa o línea jurisprudencial, sino la anulación por ilegalidad de la decisión que
concedió irregularmente la prestación al no haberse acreditado en debida forma los
requisitos exigidos en la ley para el efecto.

Por lo tanto, no sería viable estimar que por haberse reconocido el pago de una
pensión gracia por varios años, esta situación no pueda ser sometida a control de
legalidad para determinar su validez jurídica, más aún cuando no se ha configurado
en este caso el fenómeno de la caducidad del medio de control por tratarse de un
asunto en el que se debate una prestación periódica 31.

De este modo, si se asumiera la posición del docente sobre la consolidación de una
situación jurídica inmutable, dicho argumento solo sería adecuado si se evidenciara
que su derecho fue obtenido en vigencia de una norma específica que ha cambiado
o que ha sido derogada por otra posterior, la cual no podría ser aplicada de manera
retroactiva y desfavorable a sus intereses ya materializados o configurados.

Es decir, aquella argumentación de la parte pasiva no encuentra respaldo en esta
oportunidad ante una circunstancia completamente diferente a la descrita, como lo
es en este caso la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo que le otorgó la
pensión gracia por no haber colmado una de las exigencias fundamentales para su
concesión, puntualmente la de haber laborado como educador oficial por 20 años
bajo vinculaciones territoriales o nacionalizadas, pero de ninguna manera nacional.

En conclusión, el pago de la pensión gracia a favor del señor Herrera Bohórquez no
era un derecho adquirido, sino una situación jurídica aparentemente consolidada
que era perfectamente verificable a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad como lo hizo la UGPP.

Por otra parte, una vez confirmado el hecho de que el reconocimiento de la
prestación en litigio a favor del accionado efectivamente era ilegal, se hace
necesario determinar si como lo solicita la UGPP, debe ordenarse el reintegro de
las sumas de dinero abonadas a aquel por concepto de mesadas pensionales.

Sobre el punto debe recordarse que, por regla general, al declarar la nulidad de un
acto de carácter particular y concreto, las cosas deben volver al estado en el que se
encontraban antes de que este naciera a la vida jurídica. No obstante, en aquellas
demandas donde se pretenda la nulidad de un acto que reconoció una pr estación
periódica, como es el caso de la pensión gracia, y como restablecimiento se solicite
la devolución de las sumas de dinero pagadas y no debidas, dicho precepto no
puede aplicarse de forma absoluta, dado que el numeral 1, literal c) del artículo 164

31 De acuerdo con el artículo 164, numeral 1.°, literal c) del CPACA.

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del CPACA, previó que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe […]».

Así, para la Subsección el hecho de que el señor Ismael Enrique Herrera Bohórquez
hubiese reclamado el reconocimiento de una pensión gracia en su favor, no denota
a partir de esa sola situación, un actuar de mala fe dirigido a defraudar a la
administración.

Así, por ejemplo, la mala fe tiene lugar cuando se despliegan otras actividades,
como cuando se acude a la acción de tutela en un lugar diferente al domicilio, y pese
a que por la vía administrativa se le había negado expresamente el reconocimiento
a dicho derecho al interesado.32

De acuerdo con lo expuesto, el actuar del demandado no se apartó del postulado
de la buena fe, es decir, no realizó afirmaciones engañosas, ni se probó que hubiese
aportado documentos falsos encaminados a demostrar que prestó sus servicios
docentes en entidades territoriales, tan es así, que el reconocimiento de la
prestación se confirió aun sabiendo que el tiempo laborado lo fue en calidad de
docente del Ministerio de Educación Nacional.

Tampoco se advierte que hubiera actuado de mala fe al solicitar la reliquidación de
la pensión gracia a él reconocida, por el contrario, se colige que este, al presentar
la petición actuó con la convicción de que le asistía el derecho a ello.

En ese orden de ideas, ante la falta de elementos de juicio que permitan corroborar
las afirmaciones de la entidad demandante, la Sala no accederá a su solicitud
presentada en su recurso de apelación, por lo que finalmente deberá confirmarse
en su totalidad la sentencia apelada.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, es de destacar que el Consejo
de Estado en sentencia del 7 de abril de 2016 33 determinó el criterio objetivo-
valorativo para la imposición de dicha carga. Bajo tal contexto, la determinación
sobre este punto implica una valoración que excluye como criterio de decisión la
mala fe o la temeridad de las partes.

En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que, tratándose de costas en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la
obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en

32 Sobre el particular se puede revisar la sentencia de esta Subsección del 23 de mayo de 2019, con radicación

76001233100020090029501 (3106-16). ISS contra Luis Alberto Valencia Rodríguez
33 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario

Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00026-02 (3304-2017)

los que se ventile un interés público34, tal como sucede en el presente, donde la
propia entidad pública instaura una demanda contra su propio acto por considerarlo
ilegal, esto en búsqueda de la protección del erario. Por ello, la Sala se abstendrá
de condenar en costas a las partes apelantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALL A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil
diecisiete (2017) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra el señor Ismael Enrique Herrera Bohórquez, según lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Wildemar Alfonso
Lozano Barón, identificado con cédula de ciudadanía n.° 79.746.608 y portador de
la tarjeta profesional 98.891 del Consejo Superior de la Judicatura, esto como
apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante
escritura pública, visible en el índice 54 de la plataforma SAMAI.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a ambas
partes, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

34 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil […].»

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Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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