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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06782-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06782-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la presente providencia en cuanto a la viabilidad de estudiar la legalidad del acto demandado. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. TERCERO: ACEPTAR la renuncia como mandatario general de la UGPP al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina con tarjeta profesional 131.246, conforme al memorial obrante en el índice 30 de SAMAI. En su lugar, SE RECONOCE PERSONERÍA como apoderada general de la referida entidad a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón, portadora de la tarjeta profesional 10.254, ello en virtud del poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 32 de SAMAI. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Radicado: 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-06782-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Armando Zuluaga García

Temas: Lesividad. Reconocimiento de pensión gracia. La revocatoria de
un acto administrativo no resuelve su legalidad, puede ser
demandado por la administración o por el particular ante el juez
competente. Tiempos de servicio docente en plaza del orden
nacional. Noción de derecho adquirido y situación jurídica
aparentemente consolidada. No procede devolución de
mesadas percibidas de buena fe. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “C”, por
medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
instauró demanda en contra del señor ARMANDO ZULUAGA GARCÍA en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, ello bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las
siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resolución 6285 del 24 de junio de 1996, por medio

1 Folio 150, C1.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019)

de la cual la extinta Cajanal (hoy UGPP) reconoció una pensión gracia a favor del
demandado.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene al accionado a restituir a
la entidad de manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales
canceladas a las cuales no tenía derecho, así como al pago de las costas a que
haya lugar.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.

Que el demandado nació el 28 de julio de 1945 y durante su vida laboral tuvo
inicialmente una vinculación como docente oficial al servicio del distrito capital de
Bogotá desde el 5 de abril de 1974 hasta el 2 de febrero de 1975. Que luego fue
nombrado por parte de la Universidad Pedagógica Nacional para que prestara el
servicio como educador de tiempo completo en el nivel secundaria del Instituto
Pedagógico Nacional a partir del 3 de febrero de 1975 hasta el 9 de octubre de
1995.

Que el 12 de diciembre de 1993, el señor Zuluaga García solicitó ante la entonces
Cajanal el reconocimiento y pago de una pensión gracia. Que mediante la
Resolución 6285 del 24 de junio de 1996, dicha entidad concedió la referida
prerrogativa en cuantía de $745.309 efectiva a partir del 28 de julio de 1995.

Que en noviembre de 2000, el mencionado docente radicó petición para obtener el
pago de una pensión ordinaria de jubilación con base en los mismos tiempos de
servicio acreditados para la pensión gracia. Que tal reclamación fue negada a través
de la Resolución 013844 del 29 de mayo de 2001, por lo que el accionado interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por medio de la Resolución 05792 del 3
de diciembre de 2001 en el sentido de revocar el acto anterior para conceder
finalmente la prestación en comento.

Que la extinta Cajanal EICE en Liquidación de manera autónoma profirió la
Resolución 33905 del 27 de diciembre de 2002 con la que revocó directamente la
Resolución 6285 del 24 de junio de 1996 que había otorgado la pensión gracia a
favor del demandado, ello al asegurar que tal derecho se había adquirido sin cumplir
los requisitos, especialmente el no haber laborado mediante una vinculación del
orden nacional.

2 Folios 150 a 152, C1.

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Que el referido maestro interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación
contra la anterior decisión, la cual fue confirmada en ambas oportunidades a través
de las Resoluciones 07141 del 2 de abril de 2003 y 04686 del 17 de junio de 2004
respectivamente.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

La parte activa asegura que con el acto administrativo demandado se transgreden
los artículos: 25 y 128 de la Constitución Política; y las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1993, 33 y 62 de 1985, y 91 de 1989.

Que si bien la entonces Cajanal EICE profirió la Resolución 6285 del 24 de junio de
1996, lo cierto es que esta resulta violatoria de la Constitución Nacional y la Ley,
toda vez que el señor Armando Zuluaga García laboró la mayor parte de su vida en
una institución de carácter nacional y no de naturaleza departamental, municipal,
distrital o nacionalizado como lo exige la Ley 114 de 1913 y su regulación
complementaria.

Que, por esa razón, el tiempo de servicio del demandado es claramente excluyente
para sumarse o computarse a fin de acceder a una pensión de gracia, de manera
que se torna ilegal el acto administrativo reprochado que sí tuvo en cuenta dicho
período.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 1.º de abril de 20144 y notificada por
emplazamiento al señor Armando Zuluaga García5, a quien se le designó un
curador ad litem según auto del 4 de octubre de 2018.6 A pesar de lo anterior, el
accionado finalmente confirió poder a un abogado quien presentó memorial de
contestación,7 manifestando que, para la fecha de la causación del derecho se
entendía de manera común y corriente que si la Ley 37 de 1933, que extendió el
beneficio de la pensión gracia para los docentes de secundaria, no estableció
ninguna distinción sobre la naturaleza del vínculo del docente (nacional o territorial),
ello obedecía al hecho de que al legislador le interesaba premiar a los maestros de
secundaria con la misma dádiva que tenían los de primaria, más aun cando la Corte
Constitucional en sentencia C-479 de 1998 dispuso que ese tipo de educación de
bachillerato estaría a cargo de la Nación.

Propuso como excepciones que las denominó: (i) inepta demanda por elección
errada del medio de control, (ii) inepta demanda por falta de legitimación en la causa

3 Folios 152 a 160, C1.
4 Folios 193 a 194, C1.
5 Folio 213, C1.
6 Folio 258, C1.
7 Folios 265 a 280, C1.

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por pasiva, (iii) inepta demanda por acumulación indebida de pretensiones, (iv)
inepta demanda por inexistencia de la solicitud de consentimiento para revocar la
resolución, (v) cobro de lo no debido, e (vi) inexistencia de la ilegalidad alegada
respecto de la pensión gracia reconocida al causante.

En la audiencia inicial8 el tribunal declaró no probadas las excepciones previas
propuestas por la parte pasiva relacionadas con una supuesta ineptitud de la
demanda. Adicionalmente, en esta diligencia se fijó el litigio estableciéndose el
objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión,
se señaló que no existía ánimo conciliatorio entre las partes, se efectuó el decreto
de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, y se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “C”
mediante sentencia del 11 de septiembre de 2019 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, para lo cual declaró la nulidad del acto administrativo
demandado, pero a la vez negó el restablecimiento del derecho respecto de la
devolución de las mesadas por haber sido percibidas de buena fe por parte del
accionado.

Al respecto, inicialmente advirtió que, la extinta Cajanal expidió la Resolución 33905
de 27 de diciembre de 2002 con la que revocó directamente la Resolución 006285
de 24 de junio de 1996, y en su artículo segundo ordenó la exclusión del beneficiario
de la nómina general de pensionados, por lo que, a partir del 25 de junio de 2004,
fecha en que fue notificada personalmente al interesado dicha decisión el actual
acto administrativo demandado salió del ordenamiento jurídico, sin embargo, lo
cierto es que tal revocación se surtió a futuro, por lo que sí resultaba procedente
estudiar la legalidad del acto que reconoció la pensión gracia por el tiempo en que
irradió efectos jurídicos.

Que frente a la eventual discriminación que la Ley 114 de 1913 pudo generar entre
los docentes designados por el Gobierno Nacional (nacionales) y los nombrados por
las entidades territoriales (nacionalizados) que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980, debe destacarse que sobre la circunstancia de que el
otorgamiento de esa prestación quedaría supeditada a la exigencia de no recibir
otra recompensa de la Nación, la Corte consideró que esta diferencia encontraba
un claro fundamento en el principio de libre configuración legislativa y en la causa
que inicialmente inspiró la consagración legal de la mencionada prerrogativa.

8 Folios 312 a 314, C1.
9 Folios 334 a 342, C1.

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Que, en tal sentido, no puede extenderse el beneficio del derecho en litigio a los
docentes que solo han estado vinculados a planteles nacionales o en virtud de
nombramiento realizado por el Ministerio de Educación, o que en todo caso no
hayan cumplido 20 años de servicio en el ámbito territorial.

Que, conforme a las pruebas documentales, se observa que Armando Zuluaga
García tenía una vinculación del orden nacional, pues ejerció su cargo como
profesor de tiempo completo de secundaria en el Instituto Pedagógico Nacional
desde el 3 de febrero de 1975 hasta el 31 de enero de 2006, el cual es una unidad
académica administrativa que hace parte de la Universidad Pedagógica Nacional,
por lo que su nombramiento comparte su misma naturaleza, esto es, la de un ente
del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional, de manera que, el
tiempo en comento no resulta apto para acreditar los 20 años de labor oficial
docente.

Que, acerca del reembolso de las sumas de dinero recibidas por concepto
reconocimiento de la pensión de jubilación gracia que le fue otorgada al accionado,
es claro que de conformidad con el literal c) del numeral 1.º del artículo 164 del
CPACA, la administración puede demandar en cualquier tiempo los actos que
reconozcan prestaciones periódicas, pero en todo caso no habrá lugar a recuperar
las prestaciones pagadas a particulares de buena fe, lo cual ocurrió en el presente
caso al no haberse demostrado lo contrario respecto del actuar del docente.

RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandada10 en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia por considerar que, en ningún momento se ha puesto
en duda el carácter de la vinculación del accionado con la educación oficial. Lo que
se ha sostenido es que, para la época en que este adquirió su derecho a la pensión
gracia y le fue reconocida, los tiempos nacionales que acumulaba si servían y eran
válidos para adquirir esta prerrogativa.

Que, el propio Consejo de Estado fue el que reconoció de manera expresa que
antes del 26 de agosto de 1997, los docentes nacionales si tenían derecho a la
pensión gracia, es decir, el derecho dejó de existir, para los docentes nacionales a
partir de esa fecha, y como el señor Zuluaga García lo adquirió años antes, su
situación quedó protegida y amparada, no solo por el principio de favorabilidad, la
confianza legítima, el de la cosa juzgada, sino también por el del respeto a los
derechos adquiridos con justo título.

Que el fallo recurrido pasó por alto que el cambio de criterio jurisprudencial no afecta
situaciones consolidadas bajo la anterior corriente jurisprudencial, pues de lo

10 Folios 347 a 357, C1.

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contrario se generaría una inestabilidad jurídica que reñiría con el principio de la
cosa juzgada.

Que, antes del cambio de criterio jurisprudencial, se aceptaba que ese especial
derecho pensional de los docentes había sido establecido como un reconocimiento
por la importancia social e histórica de la labor de los educadores y como una
compensación por la baja remuneración que recibían y que aún hoy reciben muchos
maestros sin diferenciar el lugar de trabajo, ni la naturaleza del vínculo laboral, pues
lo que se recompensaba era la función docente y no la clase de nombramiento del
servidor.

Que la normativa aplicable a este caso nunca excluyó del beneficio a los profesores
del orden nacional, más aún porque las excepciones a los derechos prestacionales
y laborales deben constar de manera clara en la ley y no crearse del producto de
interpretaciones desfavorables a los intereses de los trabajadores.

La parte demandante11 presentó apelación adhesiva de manera parcial contra la
sentencia de primera instancia, a fin de que también se acceda a la pretensión de
restablecimiento del derecho atinente a la devolución de las sumas pagadas al
accionado por concepto de pensión gracia.

Que, para la fecha de reconocimiento de la pensión del demandado, le era aplicable
la Ley 114 de 1993, la cual incluye una serie de requisitos para acceder a la pensión
gracia. Uno de ellos, relevante para el caso en discusión, es que se haya ejercido
la docencia en primaria o secundaria, con vinculación municipal, distrital,
departamental o con carácter nacionalizado; requisito que jamás cumplió el señor
Armando Zuluaga García, quien ejerció su labor educativa con un vínculo nacional,
por lo cual queda desvirtuada la manifestación de un supuesto derecho adquirido.

Que, en estas condiciones, resulta evidente que los valores percibidos por el
accionado, que según se han demostrado, lo fueron sin causa legal y debido a su
actuar malicioso frente a la UGPP, desvirtúan por completo, la presunción de buena
fe del educador y permiten la orden de restitución de los dineros pagados por la
entidad.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Los recursos de apelación fueron admitidos el 24 de febrero de 2020,12 y
posteriormente, mediante auto del 25 de septiembre de 202013 se corrió traslado a
las partes para alegar.

11 Folios 358 a 365, C1.
12 Folio 379, C1.
13 Ver índice 8 de SAMAI.

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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada presentó escrito de alegaciones,14 en el cual reiteró y
profundizó con jurisprudencia los argumentos expuestos en su recurso de apelación
sobre el respeto por los derechos adquiridos.

La parte demandante radicó sus alegatos de conclusión,15 con los cuales reprodujo
la totalidad de los planteamientos de su impugnación.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección, es el de determinar si alguno de los
períodos de labor del demandado como docente oficial, lo fue bajo una vinculación
del orden nacional que no pueda ser tenida en cuenta para consolidar la pensión
gracia. Si ello es así, se tendrá que establecer si es procedente el reintegro a favor
de la UGPP de las sumas de dinero percibidas por el accionado por tal concepto.

Cuestión previa

Observa la Sala inicialmente que, según las pruebas documentales practicadas, y
tal como lo expuso el tribunal de primera instancia, la extinta Cajanal EICE profirió
de oficio la Resolución 33905 del 27 de diciembre de 2002,16 por medio de la cual
revocó directamente la Resolución 6285 del 24 de junio de 1996, 17 con la que
inicialmente se había reconocido la pensión gracia a favor del señor Armando
Zuluaga García, y que, en esencia, corresponde precisamente a la decisión
demandada en esta causa judicial.

Pues bien, tal situación implicaría, en principio, la imposibilidad de realizar un
examen de legalidad contra este último acto administrativo. Lo anterior en razón
que, la consecuencia lógica de la configuración de la mencionada revocatoria
directa, es que la resolución ahora censurada y sus efectos desaparecerían a futuro
del ordenamiento jurídico. En consecuencia, bajo dicha perspectiva, podría
pensarse que resulta inane cualquier estudio sobre su validez en un escenario
judicial como el actual, pues la manifestación de la administración original habría
sido reemplazada por la de la Resolución 33905 del 27 de diciembre de 2002 que

14 Ver índice 12 de SAMAI.
15 Ver índice 14 de SAMAI.
16 Folios 102 a 104, C1.
17 Folios 30 a 32, C1.

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creó una nueva y diferente situación jurídica, la cual, en todo caso, no fue objeto de
demanda en este proceso.

A pesar de lo expuesto, lo cierto es que la Resolución 6285 del 24 de junio de 1996
sí podía ser demandada para que se examinara su legalidad (como en efecto se
hizo), incluso al margen de la revocación de la cual fue objeto, pues para efectos
pensionales, la Corte Constitucional18 en la sentencia SU-182 del 8 de mayo de
2019 fijó unas reglas jurisprudenciales específicas frente a la aplicación de dicha
figura, las cuales permiten lo propio, así:

«[…] 172. A partir del análisis realizado en los capítulos anteriores, se concluye que
es necesario precisar el alcance del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, así como
reiterar los principios y criterios trazados por la Sentencia C-835 de 2003; y
complementarlos para superar las diferencias que se han producido entre las salas
de revisión, de la siguiente manera:

[…]
(i) Efectos de la revocatoria. La revocatoria directa solo tiene efectos hacia el
futuro (ex nunc)19. La administración no puede recuperar los dineros que haya girado
en una maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que debe acudir al
juez administrativo, quién sí es competente para retrotraer todas las consecuencias
que ocasionó un acto administrativo contrario a derecho20.

(ii) Alcance de la revocatoria y recurso judicial. La revocatoria unilateral es
un mecanismo de control excepcional promovido por la propia administración. Esta
no resuelve definitivamente sobre la legalidad de un acto administrativo, ni tiene la
competencia para expulsar del ordenamiento un acto pensional y retrotraer sus
efectos. Tanto la administración como los particulares podrán acudir ante el juez
competente para resolver de forma definitiva las diferencias que surjan en torno a
un reconocimiento pensional.

172. En los términos descritos, la Sala Plena unifica su jurisprudencia en relación
con la figura de la revocatoria directa para asuntos pensionales, según el marco
normativo dispuesto por la Ley 797 de 2003, y demás normas relevantes. […]».
(Líneas de la Sala).

De hecho, el Consejo de Estado también había precisado que la revocatoria directa
no tiene los mismos efectos de la nulidad, es decir, no implica retrotraer la situación
a su estado inicial para restablecer el derecho, sino que solo conlleva la terminación
de los efectos de la decisión inicial hacia el futuro, tal como se expuso en sentencia
del 10 de marzo de 202221 con base en el siguiente planteamiento:

18 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-182 del 8 de mayo de 2019. Expediente T-6.796.815. M.P.

Diana Fajardo Rivera.
19 Sentencia C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

CP: Ana Margarita Olaya Forero. Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000-
1997- 8732-02 (IJ 029).
20 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Arts. 138 y

164, núm. 1º, literal c.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

10 de marzo de 2022. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00669-01 (2922-2020).

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019)

«[…] Pues bien, en efecto, entre las tres figuras jurídicas en comento resaltadas
existen sendas diferencias derivadas de sus propias naturalezas y teleologías. En
primer lugar, la revocatoria directa constituye una herramienta de las autoridades
para materializar el principio de la autotutela, el cual hace referencia a la potestad
del Estado para reconocer derechos, imponer obligaciones o crear y modificar
situaciones jurídicas (de manera declarativa) y al mismo tiempo hacerlas efectivas
o materializarlas (de forma ejecutiva o coactiva).

[…] No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el legislador previó esta
posibilidad bajo el entendido de que dicha autonomía en el control extra o prejudicial
de los propios actos de la administración, no implica la facultad de los organismos
públicos para declarar la nulidad de sus decisiones con efectos propios de una
sentencia, sino que aquella posibilidad subsanatoria debe someterse a ciertas reglas
como las consagradas en los cánones 93 a 97 del CPACA, las cuales no derivan en
un restablecimiento del derecho conculcado, sino en la terminación de los efectos
de la decisión.

[…] Por último, sobre la nulidad de los actos administrativos, debe tenerse en
cuenta que este mecanismo corresponde a un medio de control eminentemente
judicial, por medio del cual se examina la validez de la manifestación estatal, desde
el punto de vista de los elementos esenciales para consolidar el principio de
legalidad que le es inherente. Dichos supuestos son los previstos como causales en
el artículo 137 del CPACA, relativos a: i) la competencia de la autoridad que expide
la decisión, ii) la sujeción estricta a las normas que la sustentan, iii) la observancia
del procedimiento administrativo regularmente previsto para proferirla, iv) el respeto
por el derecho al debido proceso en punto a las prerrogativas de audiencia y de
defensa, v) la motivación o justificación fáctica y jurídica de lo resuelto y vi) la
verificación de que lo adoptado por la entidad se circunscriba únicamente a los fines
de la administración y no a arbitrariedades de sus funcionarios.

Como se observa, la anulación de un acto administrativo lleva consigo el análisis
estructural de aquel, es decir, un juicio sobre las bases que le dieron origen, de
manera que el hecho de declarar su nulidad, trae como resultado el retiro de dicha
manifestación expresa del tránsito jurídico, a fin de mantener incólume el
ordenamiento. Ahora, ello a su vez implica asumir que esta nunca existió y que por
lo tanto deben retrotraerse sus efectos al momento previo a su expedición, en orden
de restablecer el derecho afectado por la decisión mientras estuvo vigente. […]»
(Subrayado intencional).

Sin perjuicio de estas afirmaciones, y pese a que, como se expuso anteriormente,
el motivo para poder estudiar la legalidad del acto demandado en este proceso, es
la habilitación jurídica derivada de la mencionada regla jurisprudencial, lo cierto es
que dicho acto también es demandable en este caso particular en razón a que tal
decisión recobró su vigencia en el ordenamiento jurídico como si nunca hubiese
desaparecido, en atención a que mediante sentencia judicial ejecutoriada se declaró
la nulidad de la Resolución 33905 del 27 de diciembre de 2002 que había revocado
directamente el reconocimiento de la pensión gracia, es decir, restableció la
situación jurídica a su estado primigenio, incluyendo la existencia y eficacia del
primer acto.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019)

Al respecto, una vez verificada la plataforma de consulta interna de la presente
jurisdicción (SAMAI), se encuentra que mediante sentencia del 14 de diciembre de
2011 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en
el proceso de nulidad y restablecimiento radicado 2004-06961-01 (0882-11),
promovido en su momento por el señor Armando Zuluaga García, se confirmó el
fallo de primera instancia dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
5 de agosto de 2010, en el que se declaró la nulidad de las Resoluciones 33905 del
27 de diciembre de 2002, 7141 del 2 de abril de 2003 y 4686 del 17 de junio de
2004, con las que se había revocado directamente la Resolución 6285 del 24 de
junio de 1996 que inicialmente le había concedido la pensión gracia al actual
demandado.

Como se observa, ante la anulación de las decisiones de revocación en comento, y
con motivo de los efectos propios de la nulidad, es evidente que desde la ejecutoria
de la aludida sentencia del 14 de diciembre 2011, el actual acto administrativo
demandado, que en su momento había sido revocado, volvió a cobrar vigor en el
ordenamiento jurídico desde que fue expedido, es decir, tuvo lugar el fenómeno de
la reviviscencia de los actos22, como si nunca hubiese sido revocado, por lo que,
ante la radicación por parte de la UGPP del presente medio de control el 6 de
diciembre de 2013, es totalmente viable emitir un pronunciamiento de fondo que
defina la legalidad de dicha manifestación y el consecuente reconocimiento o no de
la pensión gracia en litigio, tal como se hará a continuación.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

22 Concepto desarrollado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 28 de

enero de 2015 bajo el radicado: 11001-03-06-000-2015-00002-00 (2243).

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«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»23. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que

23 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(…) 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, aquella solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales
de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199724 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, acerca de la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201825
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
25 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos

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educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,26 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

En suma, conforme a la anterior normativa, se concluye que para consolidar el
derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes
requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

26 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Sobre la devolución de mesadas percibidas de buena fe

El artículo 83 de la Constitución Política prevé que: «Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

Sobre el particular, esta Corporación27 ha planteado lo siguiente:

«[Este] Principio […] no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites
demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia
del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función
administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y
economía, entre otros. En este sentido, no podemos entender al principio de la
buena fe de manera aislada y como un fin en sí (sic) mismo, por cuanto se debe
concebir el ordenamiento jurídico no como una pura acumulación de preceptos
concretos encerrados en sí mismos, o como una simple mescolanza de normas,
sino como un sistema coherente, ordenado, según el principio de no contradicción»

Por su parte, la Corte Constitucional28 señaló que:

«[…] En los debates al interior de la Asamblea Nacional Constituyente se señaló
que tanto los particulares como las autoridades están sujetos a los mandatos de
honestidad, lealtad y sinceridad, integradores del principio de la buena fe. Para los
primeros, como una barrera que evita el abuso del derecho; y para los segundos,
como un límite a los excesos y a la desviación del poder. Allí también se explicó que

27 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-23-25-000-

2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE en Liquidación - Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz Mery Melo Melo.
28 Sentencia C-527 de 2013.

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el reconocimiento de la presunción de buena fe pretendía superar la desconfianza
hacia el particular en sus actuaciones ante la administración pública, con el fin de
humanizar las relaciones jurídicas y reducir los requisitos y procedimientos exigidos
por las autoridades.

4.2.- Desde sus inicios la Corte ha examinado el significado y alcance de la buena
fe, que ha dejado de ser considerada únicamente un principio general del derecho
para constituirse en un verdadero postulado constitucional que cumple un papel
integrador del ordenamiento y de las relaciones entre particulares, y entre estos y
el Estado.

La sentencia C-840 de 2001 define la buena fe como la pieza fundamental de todo
el ordenamiento jurídico, que incorpora el valor de la confianza como un
presupuesto de las relaciones sociales que trascienden en la vida jurídica. Al mismo
tiempo, señala, funge como criterio para valorar el comportamiento de los sujetos
de derecho y regla de conducta que debe ser observada tanto en el ejercicio de sus
derechos como en el ámbito de los deberes y obligaciones […]»

De lo anterior se colige que el principio de buena fe es aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una persona correcta.

Bajo el anterior razonamiento, y según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
disposición que reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, no
habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe.

Al respecto, esta Sección29 en los casos en que las prestaciones periódicas, tales
como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la administración,
ha mantenido una posición pacífica en punto a que no procederá la devolución de
las mesadas por haber sido percibidas de buena fe. Específicamente se ha
sostenido lo siguiente:

«La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el derecho al
reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada pensional a partir
del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos diez mil novecientos
cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos ($610.959,91) cuando por este
concepto le correspondía solamente la suma de quinientos sesenta y cinco mil
novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($565.965,64).

29 Sentencia de 17 de mayo de 2007. Número interno: 3287-05.

Véanse también: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-
23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, hoy Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz
Mery Melo Melo. Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007. Número interno: 0950-
2006. Actora: Univ. Distrital Francisco José de Caldas. Demandado: Arturo Spin Ramírez. Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008. Radicado: 68001-23-15-000-2001-03370-01 (0488-07). Actor:
Universidad Industrial de Santander. Demandado: Ismael Pinto Rincón. Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de noviembre de 2016. Radicado: 130012333000201300149 01 (2677-2015). Demandante:
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP. Demandado: Manuel Baquero Nova.

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Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir del
1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo 143 de
la Ley 100 de 1993.
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por
equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa
medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque
fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la
legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración
no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la
obtención de los reajustes pagados». (Negrita de la Sala)

Por tanto, dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de
legalidad, que admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de menos,
probar que el peticionario actuó de mala fe. Sin embargo, repárese que al hablarse
de un error de la administración (reconocer la pensión a quien no reúne los
requisitos), esta no puede con posterioridad alegar a su favor su propia culpa, a fin
de recuperar un dinero que fue recibido por una persona sin ningún tipo de dolo o
actuación malintencionada.30 No obstante, en aquellos casos en que esta situación
no se consolide, es decir, que el error no devenga de la administración, se deberá
analizar cada caso particular, para determinar si hay lugar o no a la devolución de
los dineros.

Resolución del caso concreto

Al respecto, se destaca el hecho de que en la medida en que ambas partes apelaron
la totalidad de la sentencia, la competencia en segunda instancia se torna ilimitada
en lo referente al estudio de todos los puntos objeto del litigio, sin que pueda
alegarse la afectación injustificada en perjuicio de alguno de los extremos
procesales con la decisión que deba adoptarse por esta Corporación. Lo anterior se
deriva del artículo 328, inciso 2° del Código General del Proceso.

Pues bien, para definir el presente litigio, se torna innecesario efectuar un análisis
integral de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, toda vez que el
centro de discusión frente al reconocimiento de la prerrogativa a favor del
demandado, radica en verificar la pertinencia o no de computar un tiempo de
servicio que la entidad accionante asegura que es de carácter nacional.

Ahora, de acuerdo con los preceptos legales y el criterio jurisprudencial expuesto
en el acápite del marco normativo aplicable, para esta Subsección es claro que se
ha mantenido la tesis de que los docentes nacionales no tienen derecho a
beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley 114 de 1913, y
ampliada en sus beneficiarios a partir de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

30 En este sentido, se pronunció recientemente la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del

17 de noviembre de 2016, número interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.

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En efecto, si bien las tres normas en mención disponen que, además de los
maestros de escuelas primarias oficiales, también se debe reconocer el derecho a
profesores de escuelas normales, inspectores de instrucción pública y maestros que
hubiesen completado el tiempo de servicio señalado por la ley en establecimientos
de enseñanza secundaria, dicho reconocimiento solo se predica de aquel grupo de
docentes, siempre que tengan la connotación de haber sido vinculados en una plaza
nacionalizada o territorial.

Luego, aun si se trata de un docente vinculado por el Ministerio de Educación
Nacional que prestó sus servicios en educación primaria, secundaria o normalista,
este no tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, puesto que,
se reitera, dicha prestación fue concebida por el legislador para reconocerle a los
docentes territoriales o nacionalizados un beneficio económico que equilibrara los
ingresos de estos respecto de los docentes nacionales, lo anterior, ante el déficit
fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago de salarios y
prestaciones de los educadores que laboraban en el magisterio.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que al señor Armando Zuluaga García le fue
reconocida la pensión gracia a través de la Resolución 6285 del 24 de junio de
1996.31 Para el efecto, se encuentra demostrado que la entonces Cajanal tuvo en
cuenta los tiempos laborados por aquel como docente entre el 5 de abril de 1974 y
el 2 de febrero de 1975, así como del 3 de febrero de 1975 hasta el 9 de octubre de
1995, esto es, por un tiempo aproximado de 21 años, lo cual permitiría, en principio,
inferir que el docente cumplía uno de los requisitos esenciales para ser beneficiario
de la prestación en comento (acreditar un mínimo de 20 años de labor oficial).

Sin embargo, al analizar el tipo de vinculaciones que tuvo el accionado a lo largo de
su historia laboral, se desprende con claridad que este siempre se desempeñó como
docente del orden nacional, pues así se deriva de la certificación del 25 de
septiembre de 1995 emanada de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá,32
en la que se indica que su nombramiento a través de la Resolución 1126 del 8 de
marzo de 1974, fue para ejercer el cargo de docente de secundaria en planteles
nacionales.

De hecho, también obran dos certificados laborales expedidos por la jefe de la
división de personal de la Universidad Pedagógica Nacional el 9 de octubre de
199533 y el 15 de agosto de 2000,34 en las que con claridad se precisa que, a partir
del 3 de febrero de 1975, el demandado había sido nombrado y posesionado por
esta misma entidad para ejercer el cargo de educador de secundaria del Instituto

31 Folios 30 a 32, C1.
32 Folio 19, C1.
33 Folios 20 a 21, C1.
34 Folios 37 a 41, C1.

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Pedagógico Nacional, adscrito a la referida autoridad, tal como se aprecia en las
siguientes imágenes:

Incluso, de la referida certificación del año 2000 se extrae que el accionado no solo
había ejercido el cargo de docente de secundaria, sino que también laboró mediante
contratos de trabajo, pero como profesor catedrático universitario de la referida
institución de educación superior entre los meses de septiembre de 1975 y mayo de
1976, y luego, desde el 5 de agosto de 1976 hasta junio de 1979. Pues bien, tales
tiempos evidentemente por haber sido acumulados en un ente universitario, no
permiten ser computados para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, no
solo porque lo fueron a través de vínculos con un ente del orden nacional, sino
esencialmente porque la referida prerrogativa solo fue concebida desde su
naturaleza jurídica para recompensar a los maestros de primaria y secundaria del
orden territorial y nacionalizado.

Ahora bien, pese a que los demás tiempos acreditados como educador en el
Instituto Pedagógico Nacional fueron cumplidos en el nivel de secundaria, lo cierto
es que aquella relación siempre tuvo un origen nacional en razón a que, si bien no
se encuentran en el proceso las copias de los respectivos actos administrativos de
nombramiento, dicha afirmación sí es posible extraerla y determinarla a partir de
otros medios probatorios como las aludidas certificaciones analizadas bajo
elementos propios de la sana crítica, toda vez que esa posibilidad fue contemplada
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
cuando se señaló lo siguiente:
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019)

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial. […]»

En tal sentido, al verificar las referidas certificaciones expedidas por una universidad
de naturaleza nacional, quien actuaba como empleadora del señor Zuluaga García,
se logra establecer sin lugar a duda que la designación del docente demandado fue
de la misma calidad del referido ente educativo, más aún porque el propio accionado
así lo reconoce en su recurso de apelación al asegurar que: «[…] en ningún momento
se ha puesto en duda el carácter de la vinculación de mi mandante con la educación oficial,
lo que se ha sostenido es que, para la época en que el causante adquirió su derecho a la
pensión gracia y le fue reconocida, los tiempos nacionales sí servían y eran válidos […]»35.

De hecho, tal como lo estimó el tribunal de origen, lo propio se extrae mediante una
inferencia lógica del solo hecho de que el plantel educativo en el que ejerció
funciones el demandado, y por consiguiente la plaza ocupada en la que no se
advierte intervención de alguna entidad territorial, corresponde a un «Instituto
Pedagógico Nacional», esto es, un organismo del mismo nivel al de su entidad de
adscripción que es la Universidad Pedagógica Nacional, tal como lo sostuvo esta
corporación36 al afirmar tal planteamiento en un caso similar al presente en el que
se señaló que:

«[…] De acuerdo con la providencia parcialmente transcrita y los artículos en cita del
Decreto 2902 de 1994 no hay duda que el instituto Pedagógico Nacional: i) ostenta
el carácter de unidad académica administrativa de la Universidad Pedagógica
Nacional; ii) en tal sentido se considera una dependencia administrativa del referido
centro de educación superior; ii) carece de personería jurídica ni autonomía
patrimonial y iii) hace parte de una institución de educación superior de orden
nacional.

Respecto a este último punto, la Universidad Pedagógica Nacional creada mediante
Decreto Legislativo 197 de 1995 es un ente universitario autónomo estatal con
régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional con carácter
docente e investigativo, con personería jurídica, autonómica académica,
administrativa y financiera y con patrimonio independiente. […]».

En consecuencia, dado el carácter nacional de la vinculación como educador del
señor Armando Zuluaga García entre el 5 de abril de 1974 y el 9 de octubre de 1995,
es claro que este no cumplió con el requisito esencial para acceder a la pensión
gracia que le había sido reconocida a través de la Resolución 6285 del 24 de junio
de 1996, esto es, haber ejercido la educación únicamente como maestro territorial

35 Ver folio 348, C1.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del

15 de septiembre de 2016. Radicado: 25000-23-42-000-2012-02061-01 (4779-2013).

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019)

o nacionalizado, de manera que efectivamente dicho acto administrativo adolece de
nulidad y por ello debe ser retirado del ordenamiento jurídico junto con sus efectos.

Ahora, la parte pasiva adujo en su recurso de apelación que, si eventualmente se
consideraba que existían pruebas de su vinculación como docente nacional, debía
tenerse en cuenta que ya se había generado un derecho adquirido a su favor en
cuanto al reconocimiento de la pensión gracia, pues esta la había consolidado en
vigencia de la postura jurisprudencial del Consejo de Estado que permitía acceder
a aquel derecho incluyendo tiempos nacionales. Sostuvo que desconocer tal
situación afectaría el principio de respeto por el acto propio y la confianza legítima.

Al respecto, resulta necesario precisar que la noción de derechos adquiridos como
la presenta la parte demandada, dista en cuanto a la verdadera naturaleza y esencia
de tales prerrogativas, en razón a que el reconocimiento y pago de la pensión gracia
a favor del accionado se configuró más como una situación jurídica aparentemente
consolidada37 y no como un derecho adquirido en sí mismo, tal como puede
diferenciarse a partir de las definiciones y conceptos que en lo atinente a la materia
ha desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Sobre el punto, la Corte Constitucional38 en cuanto a la definición de derechos
adquiridos señaló lo siguiente:

«La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples oportunidades
al alcance de la protección a los derechos adquiridos, diferenciándolos de las
expectativas legítimas. A este respecto, ha sostenido que los derechos adquiridos
constituyen derechos que son (i) subjetivos; (ii) concretos y consolidados; (iii)
cumplen con los requisitos de ley; (iv) se pueden exigir plenamente; (v) se
encuentran jurídicamente garantizados; (vi) se incorporan al patrimonio de la
persona; (vii) son intangibles y en consecuencia, el legislador al expedir una nueva
ley no los puede lesionar o desconocer; y (viii) se diferencian de las expectativas
legítimas.» (Subrayado fuera de texto).

Pues bien, a partir de una interpretación adecuada frente al alcance y naturaleza
jurídica del concepto de derecho adquirido, se puede inferir que aquel exige como
requisito indispensable para su estructuración, que su ingreso al patrimonio de una
persona se derive de un reconocimiento automático o en vía administrativa por el
cumplimiento de los requisitos legales previstos para tal fin, tanto en lo que a la
autoridad legitimada para decidir el asunto se refiere, como a las circunstancias de
hecho y de derecho que acrediten la titularidad de la prerrogativa solicitada.

37 La tesis sobre las situaciones jurídicas aparentemente consolidadas ha sido desarrollada por esta Subsección

en providencias que resuelven recursos de apelación en contra de decisiones que decretaron medidas
cautelares de suspensión provisional, tal como se planteó en auto del 4 de junio de 2020 dictado en el proceso
con radicado: 23001-23-33-000-2013-00163-01 (4754-2018); así como en sentencias dictadas por esta misma
Sala como las del 25 de febrero de 2021 (4417-2017) y del 9 de junio de 2022 (0327-2020).
38 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-983 del 1.° de diciembre de 2010. Expediente: D-8171.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019)

Solo el cumplimiento de lo anterior permitiría que el referido derecho se encuentre
debidamente garantizado por el ordenamiento vigente al momento de validar dichos
presupuestos, y del mismo modo lo haría plenamente exigible y oponible a terceros,
sin que pueda ser objeto de desconocimiento por parte de los agentes estatales con
fundamento en un marco normativo posterior que modifique las condiciones para su
configuración. Esto se diferencia de una simple expectativa legítima sobre la cual el
administrado solo creía posible llegar a adquirir un derecho en algún momento, o
incluso disímil a una situación jurídica aparentemente consolidada que el Consejo
de Estado39 ha desarrollado de la siguiente forma:

«[…] En cuanto a este último fenómeno en mención, se puede afirmar que se
diferencia de un derecho adquirido en la medida en que si bien puede hablarse de
una prerrogativa reconocida por alguna autoridad estatal mediante acto
administrativo normativo o particular que ha generado en el implicado una creencia
o confianza de que el referido reconocimiento fue legal y que por lo tanto no habría
posibilidad de modificación o extinción por haber ingresado supuestamente a su
patrimonio (derivada de la buena fe en el proceder de los organismos públicos), lo
cierto es que en punto a este concepto, lo que se configura efectivamente es la
creación de una situación jurídica en razón de una decisión administrativa que surte
plenos efectos, pero que en algunos casos por mala fe del particular y en otros por
desconocimiento de ambas partes, adolece de serios vicios de ilegalidad como
aquellos contemplados como causales de nulidad del artículo 137 del CPACA, los
cuales hacen del acto una manifestación que cumple requisitos de existencia y
eficacia, pero no de validez.

Ahora, si se tiene como supuesto que un derecho es concedido por una autoridad
administrativa con fundamento en un acto viciado de ilegalidad, es decir, sin validez
jurídica (por ejemplo, expedido sin competencia), y esta condición no ha sido
revisada en vía judicial, es claro que al momento de ser sometida la decisión al juicio
de legalidad propiamente dicho, esa prerrogativa creada para el particular en ningún
momento se habría constituido como un derecho adquirido como lo prevé el artículo
58 constitucional, y por lo tanto la administración podrá e incluso deberá dejar de
reconocer su eficacia. […]».

Como se extrae de este lineamiento jurisprudencial, quien ha estructurado a su favor
un derecho bajo las condiciones referidas anteriormente, efectivamente tendrá
creada a su favor una situación jurídica consolidada, pero necesariamente de forma
aparente, ello por cuanto para que exista un derecho adquirido inmutable ante
nuevas regulaciones normativas, es indispensable que su causa o fuente haya sido
legal, así como su origen y medio de reconocimiento (acto administrativo), pues de
no serlo se atentaría contra su misma esencia jurídica y en tal sentido los efectos
que este produzca avalarían una ilegalidad que afectaría otras garantías que priman
sobre el interés particular que se hubiese consolidado de manera irregular.

Incluso, no encuentra respaldo la tesis del demandado cuando aseguró que la
pensión gracia que le ha sido pagada es un derecho adquirido por haber sido

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

17 de noviembre de 2022. Radicado 25000-23-42-000-2017-04665-01 (2815-2020).

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019)

concedida conforme a los preceptos de la Ley 114 de 1913, y que por lo tanto no
podría desconocerse su abono por la declaratoria de nulidad de los actos que
otorgaron la prestación, dado que esto se contrapone al sentido del artículo 58 de
la Constitución Política que hace alusión a que las situaciones reconocidas o
configuradas en vigencia de determinado régimen aplicable, deben seguir
sometidas a aquel por irretroactividad de la Ley posterior, seguridad jurídica y
confianza legítima.

Ello se asegura en la medida en que, en ningún momento dicha norma superior, ni
los lineamientos de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado han previsto
que tales derechos adquieran el carácter de absolutos frente a un eventual control
de legalidad en sede judicial en lo atinente a su causa y origen, toda vez que lo que
sucede en eventos como el particular, no es un cambio en la regulación por
expedición de una nueva normativa, sino la anulación por ilegalidad de la decisión
que concedió irregularmente la prestación al no haberse acreditado en debida forma
los requisitos exigidos en la ley para el efecto.

Por tanto, no sería viable estimar que por haberse reconocido el pago de una
pensión gracia por varios años en vigencia de una línea jurisprudencial reevaluada,
esta situación no pueda ser sometida a control de legalidad para determinar su
validez jurídica, más aún cuando no se ha configurado en este caso el fenómeno de
la caducidad del medio de control por tratarse de un asunto en el que se debate una
prestación periódica40.

De este modo, si se asumiera la posición del docente sobre la consolidación de una
situación jurídica inmutable, dicho argumento solo sería adecuado si se evidenciara
que su derecho fue obtenido en vigencia de una norma específica que ha cambiado
o que ha sido derogada por otra posterior, la cual no podría ser aplicada de manera
retroactiva y desfavorable a sus intereses ya materializados o configurados.

Es decir, aquella argumentación de la parte pasiva no encuentra respaldo en esta
oportunidad ante una circunstancia completamente diferente a la descrita, como lo
es en este caso la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo que le otorgó la
pensión gracia por no haber colmado una de las exigencias fundamentales para su
concesión, puntualmente la de haber laborado como educador oficial por 20 años
bajo vinculaciones territoriales o nacionalizadas, pero de ninguna manera nacional.

En conclusión, el pago de la pensión gracia a favor del señor Zuluaga García no era
un derecho adquirido, sino una situación jurídica aparentemente consolidada que
era perfectamente verificable a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad como lo hizo la UGPP.

40 De acuerdo con el artículo 164, numeral 1.°, literal c) del CPACA.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019)

Por otra parte, una vez confirmado el hecho de que el reconocimiento de la
prestación en litigio a favor del accionado efectivamente era ilegal, se hace
necesario determinar si como lo solicita la UGPP, debe ordenarse el reintegro de
las sumas de dinero abonadas a aquel por concepto de mesadas pensionales.

Sobre el punto debe recordarse que, por regla general, al declarar la nulidad de un
acto de carácter particular y concreto, las cosas deben volver al estado en el que se
encontraban antes de que este naciera a la vida jurídica. Sin embargo, en aquellas
demandas donde se pretenda la nulidad de un acto que reconoció una prestación
periódica, como es el caso de la pensión gracia, y como restablecimiento se solicite
la devolución de las sumas de dinero pagadas y no debidas, dicho precepto no
puede aplicarse de forma absoluta, dado que el numeral 1, literal c) del artículo 164
del CPACA, previó que: «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe […]».

Así, para la Subsección el hecho de que el accionado hubiese reclamado el
reconocimiento de una pensión gracia en su favor, no denota a partir de esa sola
situación un actuar de mala fe dirigido a defraudar a la administración.

Así, por ejemplo, la mala fe tiene lugar cuando se despliegan otras actividades,
como cuando se acude a la acción de tutela en un lugar diferente al domicilio, y pese
a que por la vía administrativa se le había negado expresamente el reconocimiento
a dicho derecho al interesado.41

De acuerdo con lo expuesto, el actuar del demandado no se apartó del postulado
de la buena fe, es decir, no realizó afirmaciones engañosas, ni se probó que hubiese
aportado documentos falsos encaminados a demostrar que prestó sus servicios
docentes en entidades territoriales, tan es así, que el reconocimiento de la
prestación se confirió aun sabiendo que el tiempo laborado lo fue en calidad de
docente del Ministerio de Educación Nacional.

En ese orden de ideas, ante la falta de elementos de juicio que permitan corroborar
las afirmaciones de la entidad demandante, la Sala no accederá a su solicitud
presentada en su recurso de apelación, por lo que finalmente deberá confirmarse
en su totalidad la sentencia apelada.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez

41 Sobre el particular se puede revisar la sentencia de esta Subsección del 23 de mayo de 2019, con radicación

76001233100020090029501 (3106-16). ISS contra Luis Alberto Valencia Rodríguez

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019)

procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación y de los alegatos de conclusión presentados
por la parte demandada no presentan una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio
manifestaron planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus intereses.
En consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F AL L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la presente
providencia en cuanto a la viabilidad de estudiar la legalidad del acto demandado.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

TERCERO: ACEPTAR la renuncia como mandatario general de la UGPP al
abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina con tarjeta profesional 131.246, conforme al
memorial obrante en el índice 30 de SAMAI. En su lugar, SE RECONOCE
PERSONERÍA como apoderada general de la referida entidad a la abogada Lucía
Arbeláez de Tobón, portadora de la tarjeta profesional 10.254, ello en virtud del
poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 32 de SAMAI.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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