Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2017-01918-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2017-01918-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-008-2017-01918-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-008-2017-01918-01 (4579-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Olga Hercilia Cuartas Ruiz
Tema: Demanda contra el acto propio. Compartibilidad pensional.
Improcedencia de la devolución de dineros recibidos de
buena fe.
Decisión: CONFIRMA la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la
sentencia de primera instancia del 31 de mayo de 2024 dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones
por medio de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad presentó
demanda en contra de Olga Hercilia Cuartas Ruiz1 con el propósito de que se
declare la nulidad de la Resolución GNR 60112 del 26 de febrero de 2014, por
medio de la cual reconoció y pagó una pensión de vejez en favor de la señora
Cuartas en los términos del Acuerdo 049 de 1990, en cuantía inicial de $
2.417.060, efectiva a partir del 1 de marzo de 2014, liquidada sobre 1.727 sema-
nas de cotización y con una tasa de reemplazo equivalente al 90%.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el recono-
cimiento pensional y pago de manera compartida en virtud del artículo 18 del
Acuerdo 049 de 1990, indicando la fecha de causación, los factores salariales, la
tasa de reemplazo, el monto y el responsable del retroactivo pensional. Igual-
mente, pretendió que se ordene a la demandada la devolución de lo pagado a
partir de la fecha de inclusión en nómina pensional hasta la suspensión provisio-
nal o declaratoria de nulidad del acto demandado, así como los valores producto
del reconocimiento. Por último, reclamó que las sumas a pagar en su favor debían
1 Según el acta de reparto, la demanda fue presentada el 15 de diciembre de 2017. Expediente
físico No. 76001-23-33-008-2017-01918-00, folio 17.
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ser indexadas o en su lugar reconocer los correspondientes intereses a efectos
de mitigar la pérdida de poder adquisitivo.
3. Explicó que a través de la Resolución No. 7357 del 28 de diciembre de
2006, a la señora Cuartas le fue reconocida una pensión de jubilación a partir del
30 de noviembre de 2006 por su entonces patrono, el Instituto de Seguros Socia-
les (ISS), con la expectativa de ser compartida una vez cumpliera los requisitos
legales de pensión de vejez. No obstante, mediante la Resolución GNR 60112
del 26 de febrero de 2014, Colpensiones le reconoció a la demandada una pen-
sión de vejez ordinaria a partir del 1 de marzo de 2014.
4. Una vez la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contri-
buciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante la UGPP, asumió los
pasivos del ISS como empleador2, ajustó la mesada pensional de la demandada
en el mayor valor a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional
(FOPEP) mediante Resolución RDP 037732 del 15 de diciembre de 2014. Luego,
a través de comunicaciones externas del 22 de diciembre de 2014, la UGPP le
solicitó a Colpensiones estudiar y modificar la Resolución GNR 60112 del 26 de
febrero de 2014 para (i) aclarar que la pensión era de carácter compartido y (ii)
determinar el retroactivo correspondiente.
5. Tras solicitar el consentimiento expreso de la señora Cuartas para revocar
la Resolución GNR 60112 del 26 de febrero de 2014, Colpensiones expidió la
Resolución GNR No. 352055 del 23 de noviembre de 2016 y determinó que la
mesada pensional era de carácter compartido. Así, con base en el Acuerdo 049
de 1990, ajustó el valor por $ 2.228.695 y fijó como fecha de efectividad el 8 de
noviembre de 2011. Contra esta decisión, la pensionada presentó recursos de
reposición y apelación argumentando que el IBL debía ser mayor y, en esa misma
medida, la mesada. Sin embargo, Colpensiones confirmó integralmente el acto
administrativo a través de las resoluciones GNR 40026 del 2 de febrero de 2017
y DIR 2048 del 22 de marzo de 2017.
6. Como concepto de la violación, alegó que el acto administrativo descono-
ció el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 758 de 1990, el Decreto 813
de 1994 y la Ley 1437 de 2011.
Contestación de la demanda
7. La señora Olga Hercilia Cuartas contestó la demanda y se opuso a todas
las pretensiones. Alegó que la inclusión en nómina de la Resolución GNR 60112
2 Decreto 2013 de 2012. Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena
su liquidación, y se dictan otras disposiciones. “ARTÍCULO 27. Obligaciones pensionales del Ins-
tituto de Seguros Sociales en Liquidación en su calidad de empleador. La Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
asumirá en un plazo no mayor a nueve (9) meses a la fecha de expedición del presente decreto,
la administración en los términos de los artículos 1° y 2° del Decreto número 169 de 2008 de los
derechos pensionales legalmente reconocidos por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación
en su calidad de empleador”.
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del 26 de febrero de 2014 ocurrió hasta abril de 2015, por lo que durante el 2014
y hasta el 31 de marzo de 2015 solo recibió el pago de la mesada pensional de
jubilación, pero no el pago de la pensión de vejez a cargo de Colpensiones. En
respaldo de lo anterior, indicó que la UGPP dio aplicación al carácter compartido
de la pensión a partir de febrero de 2015 y pagó un valor de $ 651.354.
8. Por otro lado, relató una serie de hechos en sede administrativa entre Col-
pensiones y la UGPP con el propósito de explicar que el acto administrativo de-
mandado fue revocado a través de la Resolución GNR 352055 del 23 de noviem-
bre de 2016, luego de que Colpensiones solicitara su autorización el 22 de agosto
de 2016.
9. También manifestó que la pensión de vejez inicialmente reconocida se dio
luego de que acreditara el cumplimiento de los requisitos legales del Acuerdo 049
de 1990 y que, siendo la compartibilidad pensional un trámite a cargo de Colpen-
siones, los pagos que recibió fueron de buena fe, máxime cuando (i) solicitó el
reconocimiento de la pensión de vejez sin omitir que se encontraba disfrutando
de una pensión de jubilación otorgada por su antiguo empleador y que por ello
reclamó el “cambio” de pensión y (ii) canceló $ 20.000.000 ante la Dirección del
Tesoro Nacional por concepto de deuda por compartibilidad en favor de la UGPP,
luego de que esta la requiriera por los mayores valores pagados entre el 1 de
marzo de 2014 y el 31 de enero de 2015, sin que en ese período hubiese recibido
pago alguno por parte de Colpensiones a título de pensión de vejez.
10. Aseguró que, si bien Colpensiones solicitó su autorización para revocar el
acto demandado y ella prestó su consentimiento, dicha solicitud versó única-
mente sobre el carácter compartido inicialmente omitido, sin que la entidad pre-
cisara cuál sería su situación pensional una vez el acto administrativo dejara de
existir. En esa medida, alegó haber aceptado la derogatoria de la resolución res-
pecto del carácter compartido de la pensión, más no la disminución de la mesada
que finalmente se vio reflejada en la Resolución 352055 del 23 de noviembre de
20163.
11. En consecuencia, argumentó que el IBL de los últimos 10 años en realidad
correspondía a $ 2.476.298 y el valor de la mesada pensional a partir del 8 de
noviembre de 2011, correspondía a $ 2.228.668; valor que al ser indexado a 2014
arrojaba la suma de $ 2.424.148.
12. Por último, manifestó que el objeto de la demanda resultaba en un des-
conocimiento y violación de sus derechos adquiridos como beneficiaria del régi-
men de transición y pensionada bajo el Acuerdo 049 de 1990, especialmente al
considerar que los fundamentos de la demanda no desvirtuaron su estatus pen-
sional.
3 A través de este acto administrativo, Colpensiones le reconoció tener derecho a una pensión de
vejez de carácter compartido por un valor de $ 2.228.695 efectiva a partir del 8 de noviembre de
2011.
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13. Como excepciones de mérito, formuló la falta de legitimación en la causa
por pasiva, ineptitud de la demanda y la genérica.
14. Por su parte, la UGPP contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas en su contra. Confirmó que Colpensiones (i) le otorgó a la demandada
una pensión de jubilación el 28 de diciembre de 2006, (ii) le reconoció y ordenó
el pago de una pensión de vejez el 26 de febrero de 2014 y (iii) a través del acto
administrativo del 23 de noviembre de 2016, reconoció el carácter compartido de
la pensión de vejez de la señora Cuartas. En esa medida, argumentó que no
había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, como quiera que la
compartibilidad ya había sido identificada y la UGPP expidió los actos adminis-
trativos pertinentes para el pago de los dineros a los que tenía derecho la deman-
dada.
15. Por otro lado, sostuvo que el mayor valor de la mesada pensional ya había
sido ajustado conforme el criterio de compartibilidad. Para ello citó las Resolucio-
nes 037732 del 15 de diciembre de 2014, RDP 002899 del 30 de enero de 2017
y RDP 006072 del 20 de febrero de 2017, con las cuales fijó que la diferencia a
cargo del FOPEP debía ser conforme la diferencia entre la mesada otorgada por
el empleador en cuantía de $ 2.247.050 a partir del 30 de noviembre de 2006 y
el valor de la mesada reconocida por Colpensiones en cuantía de $ 2.38.695 a
partir del 8 de noviembre de 2011.
16. Como excepciones de mérito, alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva, la inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de vicios
en el acto demandado y la prescripción.
Sentencia apelada
17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pre-
tensiones de la demanda mediante sentencia del 31 de mayo de 2024.
18. Para adoptar la decisión tuvo en cuenta que la Resolución GNR 60112 del 26
de febrero de 2014 fijó como mesada pensional el valor de $ 2.417.060 con fecha
de efectividad del 1 de marzo de 2014, luego de que la entidad calculara el IBL
hasta el 2014 y con base en las cotizaciones efectuadas hasta el 31 de octubre
de 2011 por un valor de $ 2.685.622. Dentro del trámite administrativo, también
encontró que la UGPP le comunicó a Colpensiones que la pensión de jubilación
otorgada a la demandada era de carácter compartido, por lo que el mayor valor
de la mesada que se encontraba pagando para 2014 – $ 3.045.416 sería asumida
por ella, esto es, $ 628.356.
19 Bajo este panorama fáctico, el Tribunal arribó a dos conclusiones. En primer
lugar, estableció que Colpensiones advirtió el error en la liquidación de la presta-
ción, consistente en haber contabilizado la liquidación del IBL hasta el año 2014,
cuando dada la compartibilidad de la pensión, debía haberse determinado hasta
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el año 2011, fecha en que la demandada adquirió el estatus pensional, circuns-
tancias que fue advertida con ocasión del reporte de la UGPP. En segundo lugar,
concluyó que la entidad demandante no asumió ningún valor mayor pensional ni
tampoco cubrió ninguna suma que le correspondiera a la Unidad.
20.También advirtió que la entidad corrigió el error identificado mediante la Re-
solución GNR 352055 del 23 de noviembre de 2016, que fue confirmada en sede
de reposición y apelación a través de las Resoluciones GNR 40026 del 03 de
febrero de 2017 y DIR 2048 del 22 de marzo de 2017. En los respectivos actos
administrativos, se precisó que Colpensiones: (i) determinó un IBL calculado
hasta 2011 por valor a $ 2.476.298, al que aplicó una tasa de reemplazo del 90%
lo que arrojó una mesada de $ 2.228.668 y (ii) actualizó dicha prestación al año
2014, obteniendo como resultado una mesada pensional de $ 2.414.148.
21. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal sostuvo que la diferencia econó-
mica objeto de reclamación por parte de Colpensiones ascendía únicamente a
$ 2.912, suma obtenida de confrontar el valor de la mesada pensional liquidada
hasta 2014 mediante Resolución GNR 60112 del 26 de febrero de 2014 ($
2.417.060) con el monto de la prestación calculada con fundamento en el IBL
determinado hasta el hasta el año 2011 y posteriormente actualizado a 2014 me-
diante la Resolución GNR 352055 del 23 de noviembre de 2016 ($ 2.414.148).
Esta circunstancia evidenciaba una diferencia mínima entre ambos valores.
22.De esta manera, el a quo consideró que la figura de compartibilidad sí debió
ser aplicada desde el reconocimiento inicial de la pensión de vejez y, por ende,
el acto demandado debía ser declarado nulo parcialmente solo respecto de su
carácter pensional, sin afectar la verificación de los requisitos legales para acce-
der a la pensión.
23. No obstante, conforme las pruebas allegadas al proceso, estimó que no había
lugar al restablecimiento del derecho reclamado, toda vez que (i) la entidad de-
mandante ajustó la pensión y liquidación en sede administrativa sin que dichos
actos administrativos hubiesen sido cuestionados ante la administración de justi-
cia y (ii) en concordancia con el literal c) del numeral 1° del artículo 164 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 4,
la demandada actuó de buena fe al recibir la diferencia dineraria reprochada.
24. En virtud de los artículos 365 del Código General del Proceso (CGP) y 188
del CPACA, aplicó un criterio objetivo y se abstuvo de condenar en costas a al-
guna de las partes, pues las pretensiones de la demanda fueron acogidas de
manera parcial.
Recurso de apelación
4 Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. “ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La de-
manda deberá ser presentada: 1. En cualquier tiempo, cuando: c) Se dirija contra actos que re-
conozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;”.
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25. Colpensiones apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria
para, en su lugar, acceder de manera absoluta a sus pretensiones. Aseguró que
la negativa de devolución de los dineros va contra de la estabilidad financiera del
Sistema General de Pensiones, la cual se configura en la medida en que este
debe de disponer de un flujo permanente de recursos que permita su manteni-
miento y adecuado funcionamiento. Precisó que el no recuperar los dineros pa-
gados de más afecta gravemente su capacidad de otorgar y pagar las prestacio-
nes a los afiliados que si tienen derecho a su reconocimiento.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
26. Mediante auto del 5 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador ad-
mitió el recurso de apelación presentado por Colpensiones y dio traslado del
mismo a las partes y al Ministerio Público, este último para rendir concepto al
respecto.
27. La Procuraduría Delegada de Intervención ante el Consejo de Estado so-
licitó confirmar la decisión de primera instancia. Reprochó que la parte ape-
lante se limitó a alegar la vulneración del principio de sostenibilidad financiera,
pero no explicó de manera concreta cómo se desconoció dicho parámetro de
conformidad con la sentencia SU-273 de 2022 de la Corte Constitucional ni
aportó ninguna argumentación sólida sobre la mala fe con la que actuó la de-
mandada.
28. Las partes procesales guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
29. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, en
concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso y el 26 de la
Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de
apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los tribunales
administrativos.
Problema jurídico
30. Con ocasión de la declaratoria de nulidad la Resolución GNR 60112 del 26
de febrero de 2014, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a restablecer
o no el derecho de Colpensiones mediante la devolución de las sumas pagadas
de más a la señora Olga Hercilia Cuartas Ruiz o si, por el contrario, tal restitución
resulta improcedente al haber sido percibidas de buena fe por la pensionada.
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Análisis del problema jurídico
31. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 31 de mayo de 2024
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al considerar que la
pensión de vejez reconocida era de carácter compartido y, pese a ello, el ajuste
motu proprio realizado por Colpensiones y la ausencia de mala fe en el compor-
tamiento de la demandada tornan improcedente restablecer el derecho recla-
mado.
32. El Consejo de Estado5 ha explicado que la figura de compartibilidad pensional
permite a los empleadores compartir el pago de la pensión con el extinto ISS, hoy
Colpensiones, siempre y cuando aquellos continúen realizando las respectivas
cotizaciones por el tiempo adicional que el trabajador requiera para cumplir con
los requisitos legales de pensión. Así, acreditada esa condición, el afiliado tiene
derecho al reconocimiento pensional ante Colpensiones, quien entonces se su-
broga en la posición del empleador y asume el pago. Es decir, una vez Colpen-
siones reconoce la pensión legal de vejez, el empleador queda relevado de seguir
pagando la pensión de jubilación inicialmente otorgada, a menos que exista un
mayor valor a cancelar entre la pensión que solía pagar y la que finalmente reco-
noce la entidad administradora.
33. Por su parte, la Corte Constitucional ha establecido que la compartibili-
dad consiste en una medida de protección sobre el monto del ingreso pensio-
nal durante el interregno en que el afiliado cumple con los requisitos para acce-
der a la pensión de vejez por parte de la entidad administradora de tales recur-
sos6. En reiteración de la sentencia T-167 de 2004, la Corte indicó que esta figura
es utilizada cuando, por ejemplo, la entidad empleadora prevé condiciones mu-
cho más favorables en materia pensional que las que consagra la ley, caso en el
cual “la empresa empleadora asume el pago de las mesadas hasta tanto el em-
pleado cumpla la edad y el tiempo de cotización exigidos por la ley para todas las
personas”. En esa medida, concluyó que es posible aplicar esta figura jurí-
dica solo respecto de los
“(…) “trabajadores que a la fecha en que el Instituto haya comenzado a cubrir el
riesgo de vejez reúnan los siguientes requisitos: 1) Diez o más años de labranza,
2) Tiempo y edad requeridos para la pensión de jubilación, y 3) Seguir cotizando
a los seguros hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por su normati-
vidad para otorgar la pensión de vejez." y por lo tanto solamente serían estos
trabajadores los acreedores de la obligación pensional íntegra y total a cargo del
5 Ver las sentencias dictadas dentro de los radicados: 08001-23-33-000-2014-00318-01 del 25 de
septiembre de 2020, 19001-23-33-000-2013-00357-0 del 12 de septiembre de 2019 y 11001-03-
15-000-2022-00033-00 del 3 de marzo de 2022.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-438 de 2010.
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empleador "hasta tanto el Instituto de Seguridad Social, de acuerdo a su regla-
mentación, reconozca y empiece a pagar la de vejez”7.
34. En el caso en concreto, se tiene que el antiguo empleador de la señora Cuar-
tas, el extinto ISS, le otorgó una pensión de jubilación mediante la Resolución
No. 7357 del 28 de diciembre de 2006 por el valor de $ 2.247.050 efectiva a partir
del 30 de noviembre de 20068. Sin perjuicio de lo anterior, el ISS continuó reali-
zando los respectivos aportes de pensión en nombre de la demandada hasta el
1 de noviembre de 2011, días antes de cumplir con el requisito de edad exigido
por el Acuerdo 049 de 1990 para las mujeres9.
35. La señora Cuartas solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez el 25 de enero de 2014, fecha para la cual expresamente solicitó
“cambiar” de pensión de jubilación por una de vejez, como quiera que se encon-
traba disfrutando de una asignación otorgada por su antiguo empleador10. Pro-
ducto de ello, Colpensiones expidió el acto demandado y accedió a lo solicitado,
fijando una cuantía inicial de $ 2.417.060, efectiva a partir del 1 de marzo de
2014, liquidada sobre 1.727 semanas de cotización y con una tasa de reemplazo
equivalente al 90%11.
36. Con ocasión de múltiples comunicaciones entre (i) la UGPP y la demandada,
(ii) Colpensiones y la demandada y (iii) Colpensiones y la UGPP, Colpensiones
advirtió haber cometido un error en la Resolución GNR 60112 del 26 de febrero
de 201412, pues omitió conceder el derecho bajo la figura de compartibilidad, de
manera que entre ella y la UGPP se asumiera el pago de la asignación. En con-
secuencia, solicitó su autorización para revocar el acto administrativo a efectos
de reconocer el derecho en consonancia con las reglas de compartibilidad13. Una
vez obtuvo respuesta afirmativa de la señora Cuartas, Colpensiones expidió la
Resolución GNR 352055 del 23 de noviembre de 2016 y le reconoció tener dere-
cho a una pensión de vejez de carácter compartido por un valor de $ 2.228.695
efectiva a partir del 8 de noviembre de 2011. La decisión fue confirmada mediante
las Resoluciones GNR 40026 del 3 de febrero de 201714 y DIR 2048 del 22 de
marzo de 201715.
37. Bajo estas consideraciones y contexto fáctico, se observa que la entidad de-
mandante tiene razón en alegar la nulidad de la Resolución GNR 60112 del 26
de febrero de 2014, como quiera que desde un inicio debió concederse el dere-
cho pensional de manera compartida con la UGPP. Ahora, respecto de los demás
elementos fácticos y jurídicos que dieron lugar a conceder el derecho pensional
7 Corte Constitucional. Sentencia T-462 de 2003 reiterada en la Sentencia T-438 de 2010.
8 Expediente físico, folio 144.
9 La demandada nació el 8 de noviembre de 1956, por lo que para 2011 cumplió 55 años.
10 Expediente físico, folio 96.
11 Expediente físico, folios 100 – 102.
12 Expediente físico, folios 103 – 105, 107, 108, 111, 112, 118, 119, 121.
13 Expediente físico, folios 123 – 124.
14 Expediente físico, folios 147 – 152.
15 Expediente físico, folios, 166 – 171.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
a la señora Cuartas por acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Acuerdo 049 de 1990, la Sala se abstendrá de pronunciarse al respecto
porque no fue objeto de debate. Por lo tanto, se coincide con el Tribunal Admi-
nistrativo del Valle del Cauca en declarar la nulidad parcial del acto demandado
únicamente respecto de la figura de compartibilidad.
38. Ahora bien, también se advierte que al contrastar la Resolución GNR 60112
del 26 de febrero de 2014 con la Resolución GNR 352055 del 23 de noviembre
de 2016, se tiene que la liquidación de la primera fue calculada hasta el 2014,
mientras que la segunda hasta 2011, fecha en la que efectivamente la deman-
dada cumplió con todos los requisitos pensionales.
39. De esta forma, la mesada inicialmente reconocida por Colpensiones por $
2.417.060 pasó a ser de $ 2.228.695 que, al ser indexada a 2014, ascendió a $
2.414.148. En aplicación de un criterio riguroso, Colpensiones pagó de más $
2.912 a la señora Cuartas entre el 1 de marzo de 2014 y enero de 2015, última
fecha de pago antes de advertir el error anteriormente explicado.
40. Al estudiar la devolución de mesadas pagadas de más y percibidas bajo la
buena fe, el Consejo de Estado ha explicado que esta última se trata de un prin-
cipio con límites demarcados por la prevalencia del interés general, un orden justo
y los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía de la función pú-
blica16. Por ende, la buena fe exige a los particulares y las autoridades públicas
ajustar sus acciones según la honestidad, lealtad y el deber ser17 y presupone la
existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica por la confianza, y
seguridad18.
41. En los casos de prestaciones periódicas percibidas con ocasión de un error
por parte de la administración, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
reiterado de manera pacífica que no procede la devolución de estos dineros
cuando son percibidos de buena fe por quien obtuvo el reconocimiento pensio-
nal19. En específico, la Corporación ha establecido que las administradoras no
podrán recuperar las sumas de dinero que por error cancelan cuando estas son
percibidas de buena fe20, en la medida que se entiende que dichas transacciones
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 1 de septiembre de 2014, rad. 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 9 de mayo de 2024, rad. 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 1 de septiembre de 2014, rad. 25000-23-25-000-2011-00609-02(3130-13).
19 Ver sentencias: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014. Ra-
dicación: 25000- 23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013); Sección Segunda, Subsección A, sen-
tencia de 21 de junio de 2007, rad. Interno 0950- 2006; Sección Segunda, Subsección A, senten-
cia del 6 de marzo de 2008. Radicado: 68001-23-15-000-2001-03370-01 (0488-07); Sección Se-
gunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016. Radicado:
130012333000201300149 01 (2677-2015); Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de
mayo de 2024, rad. 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 9 de mayo de 2024, rad. 25000-23-42-000-2013-06782-01 (6222-2019).
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
cuentan con el amparo legal de la entidad aun cuando posteriormente se declara
la legalidad del acto en virtud de la presunción de legalidad con la cual fue reves-
tido el acto administrativo que justifica la convicción legítima del ciudadano21.
42. En atención a lo anterior y de conformidad con el artículo 83 de la Constitución
Política, el principio de buena fe admite prueba en contrario, lo que implica que
quien alega su opuesto – la mala fe – tiene el deber procesal de demostrarlo y
no basta con que simplemente la administración alegue su propia culpa para ar-
gumentar la devolución de lo pagado de más.
43. En ese orden, tal como lo identificó el a quo, la señora Cuartas actuó de
buena fe a la hora de aceptar el pago de las mesadas pensionales a las que tenía
derecho en virtud de la Resolución GNR 60112 del 26 de febrero de 2014, pues
(i) en la solicitud del 25 de enero de 2014 expresamente solicitó “cambiar” de
pensión de jubilación por una de vejez22 y (ii) cuando la UGPP le reclamó el pago
de una deuda de $ 25.892.049 por concepto de compartibilidad23, el 16 de junio
de 2015 la demandada efectuó un pago parcial ante el Banco Popular por $
20.000.000 que después fue confirmado por la UGPP en oficio No.
20155026768111 del 26 de junio de 201524.
44. Para la Sala es claro que estas acciones demuestran sin lugar a duda la
buena fe bajo la cual actuó la señora Cuartas durante toda la actuación adminis-
trativa ante Colpensiones y la UGPP, sin que en transcurso de la primera instan-
cia ni en sede de apelación la entidad demandante lograra desvirtuar la presun-
ción de buena fe en el comportamiento de la pensionada. De ahí que no haya
lugar a ordenar la devolución de los dineros pagados en exceso por Colpensio-
nes. En tal sentido, se confirmará la sentencia de primera instancia.
Condena en costas
45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corpo-
ración frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de
una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de nin-
guna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que go-
bierna esta materia.
46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiesta-
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 1 de septiembre de 2014, rad. 25000-23-25-000-2011-00609-02(3130-13).
22 Expediente físico, folio 96.
23 Expediente físico, folio 108 y reverso.
24 Expediente físico, folio 118.
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mente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés pú-
blico; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
47. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirán conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión conte-
nida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
48. En consecuencia, se impondrán costas a Colpensiones dado que la apelante
resultó vencida en esta instancia y se negaron totalmente las peticiones del re-
curso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la pri-
mera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Ad-
ministrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
29- RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2024 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió par-
cialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por Colpensiones en contra de Olga Hercilia Cuartas Ruiz.
Lo anterior, con fundamento en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a Colpensiones, por cuanto se negaron de
manera absoluta los cargos de inconformidad formulados en el recurso de ape-
lación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, de conformidad con esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori-
gen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integri-
dad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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