Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-01239-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2018 › Radicado 25000-23-25-000-2011-01239-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Devolución de sumas pagadas por fuera de la ley: procedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-01239-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2011-01239-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
15 de marzo de 2018
AUTOTUTELA DE LA ADMINISTRACIÓN – Tipos / AUTOTUTELA DECLARATIVA- Concepto / AUTOTUTELA EJECUTIVA - Concepto
Es importante precisar que según la naturaleza de las prerrogativas que se le concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. En el primero de los casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 123 / DECRETO LEY 1421 DE 1993 – ARTÍCULO 38
DEVOLUCIÓN DE SUMAS PAGADAS POR FUERA DE LA LEY – Procedencia / BUENA FE – Presunción legal
Con fundamento en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984 se ha considerado que las órdenes impartidas por el Estado a los administrados a efectos de que reintegren sumas de naturaleza laboral recibidas periódicamente resulta procedente solo en aquellos eventos en que el análisis conductual del sujeto permite desvirtuar la presunción de buena fe, para concluir que este recibió el dinero en desconocimiento del citado principio constitucional. (…). La buena fe, que ha trascendido de principio general del derecho a postulado constitucional, se presume en las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas, sin embargo se trata de una presunción simplemente legal como quiera que admite prueba en contrario. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 6 de mayo de 2015, rad.: 0377-13.
INSCRIPCIÓN Y ASCENSO EN EL ESCALAFÓN DOCENTE CON DOCUMENTOS FALSOS / DEVOLUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS SALARIALES / MALA FE - Prueba
En conclusión, como consecuencia de la revocatoria de los actos administrativos de inscripción y ascensos que había obtenido el demandante en el escalafón nacional docente, resulta viable que la Secretaría de Educación de Bogotá ordene el reintegro de la diferencia entre los salarios y prestaciones que efectivamente devengó y aquellos que se le debieron pagar de acuerdo al grado que le correspondía. Ello por cuanto se desvirtuó el hecho de que la actuación del mismo al solicitar la respectiva inscripción y ascensos hubiese estado precedida de buena fe.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2277 DE 1979 / DECRETO REGLAMENTARIO 259 DE 1981 – ARTÍCULO 2 / DECRETO REGLAMENTARIO 259 DE 1981 – ARTÍCULO 3
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., marzo quince (15) de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14)
Actor: ELIACID MARCELO ESCALANTE
Demandado: ALCALDÍA DE BOGOTÁ D.C., SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 1984
La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Eliacid Marcelo Escalante, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó a la Alcaldía de Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital.
Pretensiones
Se declare la nulidad de las Resoluciones 374 del 11 de febrero de 2011 y 1352 del 3 de mayo del mismo año, por medio de las cuales se ordenó y confirmó el reintegro de la suma de $136.155.412 como producto de la revocatoria de la inscripción y los ascensos que había obtenido el demandante en el escalafón docente.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la Alcaldía de Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital, revertir cualquier actuación encaminada a conseguir el pago de la suma en comento y, en caso de que se llegare a descontar algún valor de su salario o prestaciones sociales, se ordene el reembolso del mismo así como el levantamiento de cualquier medida cautelar que se hubiere dispuesto en un eventual cobro coactivo.
Que se condene en costas a la entidad demandada y al pago de los demás daños y perjuicios causados.
Que se ordene la indexación de la condena conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
Condenar a la Alcaldía de Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital, a reconocer y pagar a favor del demandante intereses moratorios en caso de no dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que prevé el artículo 176 ibidem.
Fundamentos fácticos
En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:
El señor Eliacid Marcelo Escalante fue inscrito en el escalafón nacional docente al grado 4 a través de la Resolución 48111 del 27 de febrero de 1991 y fue ascendido a los grados 9, 10, 11 y 12 mediante las Resoluciones 010088 del 6 de noviembre de 1998, 03622 del 24 de marzo de 2000, 12178 del 4 de diciembre de 2000 y 16478 del 22 de diciembre de 2005, respectivamente.
En el año 2010, la demandada verificó la documentación que aportó el señor Eliacid Marcelo Escalante a efectos de lograr la inscripción y ascenso en el escalafón docente, encontrando que el certificado de registro del 21 de mayo de 1990 no era válido, por lo que puso en conocimiento de esta situación a la Oficina de Control Disciplinario Interno, a la Contraloría Distrital y a la Fiscalía General de la Nación.
Estos hechos dieron lugar a investigaciones de naturaleza disciplinaria, fiscal y penal.
El hoy actor fue sancionado disciplinariamente con suspensión en el cargo por 90 días, sin que en materia penal ni fiscal haya sido notificado de un fallo en contra.
Por medio de la Resolución 11858 del 27 de septiembre de 2010, la entidad demandada, aduciendo el uso de medios ilegales, decidió revocar la inscripción al grado 4 y los ascensos a los grados 9, 10, 11 y 12 del demandante. Dicho acto administrativo es objeto de controversia actualmente dentro de otro proceso judicial.
A través de los actos administrativos demandados, la Secretaría de Educación Distrital ordenó y confirmó el reintegro de $136.155.412 como producto de la revocatoria de ascensos en el escalafón.
En comunicación S-2010-044298 del 19 de marzo de 2010, la entidad dio respuesta a un derecho de petición en el que sesenta y dos docentes solicitaron la revocatoria de actos administrativos de igual naturaleza, a lo que se accedió. Dicho escrito también aclaró que a otros catorce educadores que habían elevado el mismo requerimiento se les resolvió negativamente.
No obstante haber revocado algunas de las órdenes de reintegro del dinero, la entidad demandada insiste en el pago por parte del señor Eliacid Marcelo Escalante, desconociendo su derecho a la igualdad.
La Secretaría de Educación Distrital no obtuvo el consentimiento del actor para revocar los actos de inscripción y ascenso en el escalafón nacional docente, tampoco demandó sus propios actos ni obtuvo una orden judicial que habilitara el reintegro del dinero en cuestión.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 13 y 29 de la Constitución Política; 85 y 73 del Código Contencioso Administrativo; la Ley 1066 de 2006; el Decreto Distrital 066 de 2007 y la Resolución 1960 del 14 de mayo de 2007, expedida por la Secretaría de Educación Distrital.
Como concepto de violación explicó que, en su caso, debía respetarse el derecho a la igualdad de trato en relación con los sesenta y dos educadores a quienes se les revocaron los actos mediante los cuales se ordenó el reintegro de dineros como producto de haber quedado sin efectos los ascensos en el escalafón. Sobre el particular, adujo que en su caso debía procederse de tal forma, debido a que se encontraba en la misma situación de hecho y condición laboral de aquellos.
De otro lado, el demandante agregó que no existía ninguna decisión en la que se le responsabilizara de haber usado un medio ilegal ya que él no había radicado el documento en cuestión. Adujo que en ese orden de ideas, no existía motivo para que se revocare su inscripción ni sus ascensos en el escalafón docente y mucho menos para reintegrar un dinero que recibió de buena fe como consecuencia de la prestación efectiva de sus servicios, cuando los actos administrativos de inscripción y ascensos gozaban de presunción de legalidad.
Seguidamente, reprochó el desconocimiento de las normas del Código Contencioso Administrativo relativas a la revocatoria directa pues en su caso no hubo ni consentimiento ni prueba del uso de medios ilegales que permitiese revocar los actos de inscripción y ascenso ya referidos. En armonía con ello, estimó que la entidad demandada debió haber acudido a la acción de lesividad y no a la revocatoria directa.
De igual forma, consideró que la liquidación de la suma pretendida por la administración olvida que su formación profesional es de licenciado y especializado, sin embargo aquella se hace teniendo en cuenta la diferencia entre lo devengado por un bachiller y un licenciado que ascendió a los grados 9, 10, 11 y 12 del escalafón nacional docente.
Además, precisó que las órdenes de reintegro del dinero se encuentran viciadas porque la Secretaría de Educación Distrital carecía de facultad legal para configurar un título ejecutivo y porque los actos demandados deducen consecuencias que aquellos que revocaron la inscripción y ascensos no establecieron.
Sobre la falta de competencia, expresó que la Ley 1066 de 2006 le otorga a las entidades públicas la facultad de recaudo de cartera cuando entre sus funciones están las de recaudar rentas o caudales públicos de nivel nacional o territorial, calidad de la que no gozan los dineros que la demandada pretende le sean reintegrados.
En el mismo sentido, adujo que el Decreto 066 de 2007, por el cual se establece el reglamento interno del recaudo de cartera del distrito capital, no le otorga competencia en su artículo 2 a la Secretaría de Educación para ejercer tal facultad, como tampoco lo hacen las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001.
Finalmente, precisó que el fundamento de la orden de reintegro de dinero contenida en los actos acusados era el de evitar o resarcir un eventual detrimento del patrimonio público, olvidando que la Contraloría Distrital, al conocer casos similares al suyo, concluyó que en los ascensos afectados por la presentación de documentos inexactos la conducta de los docentes no era constitutiva de detrimento patrimonial.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El apoderado de la entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, lo que hizo al indicar que la administración estaba facultada para revocar los actos de ascenso en el escalafón sin consentimiento del señor Eliacid Marcelo Escalante. Con tal fin, se refirió a la sentencia proferida el 16 de julio de 2002 por la Sala Plena del Consejo de Estado, de la que destacó que la formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado.
A continuación, afirmó que en lo que tiene que ver con los ascensos en el escalafón docente con documentos presuntamente inexactos, la Secretaría de Educación Distrital había expedido un comunicado de prensa el 9 de septiembre de 2004.
Asimismo, formuló como excepciones las que denominó:
Inepta demanda. La fundamentó en el hecho de que la parte actora, a pesar de nombrar como desconocidos los artículos 6, 25, 29 y 53 de la Constitución Política, no explicó en el concepto de violación respecto de los mismos.
Inexistencia de la violación de los derechos alegados. Indicó que la Secretaría de Educación bien podía revocar los ascensos en el escalafón docente sin consentimiento del demandante y que este último pasó de largo la veracidad de los documentos aportados por él y su correspondencia con la realidad a pesar de que ello fue lo que produjo la irregularidad por la que se declaró la nulidad de los actos de inscripción y ascenso.
Buena fe (sic). Señaló que por mandato legal el fallador, de manera general, puede declarar de oficio las demás excepciones que encuentre probadas.
Insuficiencia de poder, la cual no sustentó.
Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. Reprochó que los hechos de la demanda no se encontraban determinados, clasificados, numerados ni seguían un orden cronológico.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
Demandante
Insistió en que la administración distrital carecía de competencia para disponer el reintegro del dinero pretendido y que, en todo caso, el artículo 136, numeral 3, del Código Contencioso Administrativo prohíbe la recuperación de prestaciones periódicas pagadas a particulares de buena fe.
Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en la demanda relativos a la improcedencia de fundamentar los actos acusados bajo el argumento de que se expedían para evitar un posible detrimento patrimonial. Igualmente insistió en la necesidad de que la Secretaría de Educación Distrital demandase sus propios actos.
Demandada
Como argumentos de defensa, expuso que la buena fe alegada por el demandante debía desvirtuarse en la medida en que este tenía conocimiento de que los documentos que aportó para ascender en el escalafón docente eran apócrifos.
De otro lado, se refirió a la sentencia proferida dentro del proceso penal respecto del señor Eliacid Marcelo Escalante para señalar que lo dispuesto en ella no podía incidir en el resultado del presente proceso.
Adicionalmente, aludió a los artículos 1524, 2313 y 2318 del Código civil para indicar que concederle la razón al demandante, sería favorecer su enriquecimiento sin justa causa y el consecuente detrimento de la entidad, quien se encontraba facultada para solicitar la devolución del pago de lo no debido.
MINISTERIO PÚBLICO
Se abstuvo de emitir concepto en esta instancia.
SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia proferida el 15 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en el siguiente razonamiento.
Las excepciones propuestas fueron desestimadas pues consideró el a quo que ninguna de las irregularidades que denunció la Secretaría de Educación Distrital se configuró. Al respecto, la sentencia precisó que el demandante explicó en debida forma el concepto de violación, que satisfizo los requisitos de que trata el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo y que otorgó el poder con las formalidades legalmente exigidas y para los fines del presente proceso.
Respecto del fondo del asunto, estimó que al expedir la Resolución 374 del 11 de febrero de 2011 la demandada desconoció el derecho al debido proceso del señor Eliacid Marcelo Escalante ya que no siguió el procedimiento legal previsto en los artículos 7, 14, 28, 34, 35 y concordantes del Código Contencioso Administrativo, al cual debía sujetarse a efectos de crear la obligación de reintegro de una suma de dinero, máxime cuando no mediaba una condena de autoridad competente en ese sentido y cuando los actos que revocaron la inscripción y ascensos del actor guardaron silencio con relación al reintegro del dinero.
Además, consideró que las normas que invocó la administración para expedir los actos acusados no la facultaban para tales efectos pues las mismas aluden al manejo, administración y recaudo de obligaciones ya existentes.
Con base en ello, concluyó que las resoluciones demandadas fueron expedidas por la Secretaría de Educación Distrital sin que le asistiera competencia funcional, lo que en virtud del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo constituye una causal para declarar su nulidad. Agregó que también se vio vulnerado el principio de legalidad y el objeto de la actuación administrativa.
Por tales motivos, el Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, en consecuencia, ordenó a la Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Educación Distrital, que efectuase los trámites para revertir cualquier actuación encaminada a conseguir el reintegro de la referida suma y, en caso de que ya se hubiese realizado algún pago, efectuar su devolución y levantar cualquier medida cautelar que se hubiese ordenado como consecuencia de un cobro coactivo.
ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN
La entidad demanda sustentó su inconformidad con la sentencia de primera instancia en los mismos términos en que formuló sus alegatos de cierre.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Demandante
No alegó de conclusión en esta instancia, tal y como se constata en el informe secretarial que obra en el folio 307 del expediente.
Demandada
Reprodujo el contenido del recurso de apelación, el cual, como se indicó, es a su vez la reivindicación de los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión presentados en primera instancia.
MINISTERIO PÚBLICO
La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Como fundamento, explicó que si bien la Secretaría de Educación Distrital gozaba de competencia para revocar los actos de ascenso en el escalafón nacional docente del demandante, no la tenía para expedir los actos a través de los cuales se ordenó el reintegro de la suma de $136.155.412 por concepto de salarios y prestaciones, ya que dicha entidad carece de facultades de cobro coactivo y tampoco existía una condena fiscal por los hechos materia de la revocatoria.
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se resumen en las siguientes preguntas:
¿La Alcaldía de Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital, tenía competencia para expedir los actos administrativos demandados?
En caso afirmativo, producto de la revocatoria de actos de inscripción y ascensos que había obtenido el demandante en el escalafón nacional docente ¿Resulta procedente el reintegro de la diferencia entre los salarios y prestaciones que efectivamente devengó y aquellos que se le debieron pagar de acuerdo con el grado que le correspondía?
Primer problema jurídico
¿La Alcaldía de Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital, tenía competencia para expedir los actos administrativos demandados?
El principio de autotutela administrativa
En virtud del mismo se le concede a la administración una serie de potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu propio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.
Sobre el particular, el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa expone:
[…] El concepto de autotutela está vinculado al de la capacidad que el ordenamiento jurídico le reconoce a la administración pública para la realización autónoma de los bienes jurídicos que se le han atribuido y que se concreta en la materialización, sin injerencia judicial, de sus decisiones a través de operaciones tendientes al cumplimiento de los cometidos estatales. Se trata de una figura que surge de los trabajos de la doctrina española, expuesta principalmente en los trabajos de Eduardo García de Enterría […] De acuerdo con los trabajos del citado autor,
… la administración no necesita someter sus pretensiones a un juicio declarativo para hacerlas ejecutorias; sus decisiones son ejecutorias por propia autoridad (arts. 59 y 94 LPC), de modo que las mismas imponen por sí solas el cumplimiento, sin que resulte oponible al mismo una excepción de ilegalidad, sino sólo la anulación efectiva lograda en un proceso impugnatorio, cuya apertura, a su vez, tampoco interrumpe por sí sola esa ejecutoriedad. Pero tampoco si ese cumplimiento es desatendido por quienes resulten obligados al mismo necesita la administración recabar respaldo judicial para imponer coactivamente dicho cumplimiento (juicio ejecutivo), sino que ella misma puede imponer con sus propios medios coactivos de ejecución forzosa […]
No obstante lo anterior, esa facultad de autotutela de la administración no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es que las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante. El poder público es heterónomo porque la normativa que regula dichas funciones establece deberes y prohibiciones, es decir, un variopinto de permisiones y restricciones a los destinatarios para que se garantice el cumplimiento de los fines públicos.
Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209 superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado. Así, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos, además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es decir que están positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
Por su parte, a voces del artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 ibidem dispone que «[…] Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento […]».
Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como la vía gubernativa, la revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de cobro coactivo de las entidades públicas tienen una consagración legal expresa que habilita su existencia y las condiciones en que debe ejercerse.
Establecido lo anterior es importante precisar que según la naturaleza de las prerrogativas que se le concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. En el primero de los casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica.
Caso concreto
Las pruebas que militan en el expediente permiten tener por acreditados los hechos relevantes que se enuncian a continuación:
El 21 de marzo de 1990, la División de Registro y Control de Diplomas de la Secretaría de Educación de Bogotá, certificó que el señor Eliacid Marcelo Escalante tenía registrado su título de «técnico docente industrial: Esp. Diseño y Construcción» expedido por el Instituto Técnico Central de fehca 16 de agosto de 1989, anotado a folio 72, M del libro 88 del 14 de marzo de 1990.
La Resolución 48111 del 27 de febrero de 1991, dispuso la inscripción del hoy demandante en el grado 4 del escalafón nacional docente en el título de técnico docente industrial con especialidad en diseño y construcción.
El señor Eliacid Marcelo Escalante fue ascendido en el escalafón nacional docente a los grados 9, 10, 11 y 12 a través de las Resoluciones 10088 del 6 de noviembre de 1998, 03622 del 24 de marzo de 2000, 12178 del 4 de diciembre de 2000 y 16478 del 22 de diciembre de 2005, respectivamente.
La Resolución 11858 del 27 de septiembre de 2010 expedida por la Secretaría de Educación Distrital revocó las resoluciones mediante las cuales se decidió la inscripción y ascenso en el escalafón nacional docente del hoy demandante.
Mediante la Resolución 374 del 11 de febrero de 2011, proferida por el secretario de educación del distrito capital, se ordenó al señor Eliacid Marcelo Escalante reintegrar la suma de ciento treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setenta y seis pesos m/l ($138.442.076), producto de la revocatoria de ascensos en el escalafón.
Resolución 1352 del 3 de mayo de 2011, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto administrativo, confirmando la orden de reintegro del dinero con una modificación en su cuantía equivalente a ciento treinta y seis millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos doce pesos m/l ($136.155.412).
Mediante fallo 0300 del 28 de abril de 2009 emitido por la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Educación Distrital, se sancionó disciplinariamente al actor con suspensión por el término de 90 días en el ejercicio del cargo. En este acto administrativo se indicó:
[…] Efectivamente, con el material probatorio recaudado (la solicitud de inscripción, la certificación expedida por la Gerencia de Servicio al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito, la Visita a la Unidad de Servicio al Ciudadano, el oficio donde consta la vinculación como docente de la SED desde julio de 1993), está demostrado en el proceso que su accionar volitivo no se encuentra justificado, ya que es claro que conocía la no participación en la carrera de Técnico Docente Industrial que aportó para su inscripción en el escalafón y dicha inscripción le sirvió para su posterior vinculación como docente en julio de 1993, y a pesar de ello allegó el documento que contenía los datos inexactos, el día 9 de noviembre de 1990, evidenciando así su accionar doloso […]
Establecido lo anterior, lo primero que hay que concluir es que, al expedir los actos administrativos demandados, la Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Educación Distrital, motu proprio, actuó en procura de sus intereses jurídicos, lo que impone la necesidad de establecer si gozaba de una competencia normativa que le permitiera adoptar tales medidas de autotutela.
El Decreto Ley 1421 de 1993, «por el cual se dicta el régimen especial para el distrito capital de Santafé de Bogotá», dispuso en su artículo 38 las atribuciones del alcalde mayor, entre las que se encuentra la de «Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas».
El Acuerdo 257 de 2006, «por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones», se ocupó en su capítulo 6 del sector educación, señalando que se encuentra encabezado por la Secretaría de Educación del Distrito (Art. 81) y estableciendo la naturaleza y objeto de sus funciones.
A su vez, el Decreto 330 de 2008, expedido por el alcalde mayor de Bogotá, «por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones», dispuso lo siguiente en su artículo 3:
[…] Artículo 3º Funciones. Corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito ejercer de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, las siguientes funciones:
A. Formular, orientar y coordinar las políticas y planes del Sector Educación, en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás normas legales del orden nacional.
B. Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades.
C. Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del servicio educativo en la ciudad.
D. Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación.
E. Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los currículos, los métodos de enseñanza y la utilización de medios educativos.
F. Definir, orientar y ejecutar las políticas de formación y actualización del personal docente y administrativo al servicio de la SED.
G. Impulsar la investigación educativa y pedagógica que adelanta el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico- IDEP, con la participación de las instituciones de educación superior y las facultades de educación.
H. Promover estrategias de articulación de la educación con las demandas de la ciudad y las necesidades de sus habitantes.
I. Fomentar la investigación y su relación con los procesos de docencia, en coordinación con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en articulación con las instituciones de educación superior radicadas en la ciudad de Bogotá.
J. Fomentar la formación en el conocimiento científico técnico y tecnológico en los colegios de la ciudad.
K. Fomentar el desarrollo del conocimiento a través de alianzas estratégicas con el sector productivo.
L. Formular, orientar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente, la política de educación ambiental del Distrito Capital.
M Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo y formación de la niñez y la juventud.
N. Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos atendiendo sus características socio culturales y el fomento de la interculturalidad.
O. Diseñar e impulsar estrategias y programas para atender la educación de las personas con necesidades especiales.
P. Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no formal, a que se refiere la Ley General de Educación.
Q. Consolidar, analizar y entregar la información sobre el comportamiento del Sistema educativo, para uso de los organismos nacionales y distritales de dirección y control.
R. Administrar y controlar los recursos propios del Distrito y los provenientes del Sistema General de Participaciones con destino a la educación […] (Subraya la Sala)
De acuerdo con lo anterior, en criterio de la Sala, la Secretaría de Educación Distrital sí gozaba de la facultad legal para dictar los actos administrativos demandados bajo el entendido de que los mismos se profirieron dentro del marco de competencias que le fueron asignadas en el literal r) del artículo 3 del Decreto 330 de 2008 para administrar y controlar los recursos propios y los provenientes del Sistema General de Participaciones.
Según el Diccionario de la Lengua Española administrar es «3. tr. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes», mientras que controlar es «ejercer el control sobre alguien o algo. Comprobación, inspección, fiscalización, intervención». Visto lo anterior, se estima que, por medio de las Resoluciones 374 del 11 de febrero de 2011 y 1352 del 3 de mayo del mismo año, la entidad estaba ejerciendo control sobre la destinación de los recursos con los que pagó los salarios y prestaciones sociales del demandante en su calidad de docente. Así, teniendo en cuenta que le fueron revocados los actos de inscripción y ascensos que había obtenido en el escalafón nacional docente al establecerse que los mismos se habían basado en un documento irregular, la administración distrital procedió a solicitar el reintegro de la diferencia entre lo efectivamente percibido (grados 4, 9, 10, 11 y 12) y lo que le hubiere correspondido de no haber aportado el documento irregular (bachiller).
En conclusión, la Alcaldía de Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital, tenía competencia para expedir los actos administrativos demandados en virtud de la facultad de administración y control de recursos que le concede expresamente el artículo 3, literal r), del Decreto 330 de 2008.
Segundo Problema jurídico
Producto de la revocatoria de actos de inscripción y ascensos que había obtenido el demandante en el escalafón nacional docente, ¿Resulta procedente el reintegro de la diferencia entre los salarios y prestaciones que efectivamente devengó y aquellos que se le debieron pagar de acuerdo al grado que le correspondía?
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, al ocuparse de la caducidad de las acciones, dispone en su numeral 2 que «[…] los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe […]» (Subraya la Sala).
Con fundamento en esta norma, se ha considerado que las órdenes impartidas por el Estado a los administrados a efectos de que reintegren sumas de naturaleza laboral recibidas periódicamente resulta procedente solo en aquellos eventos en que el análisis conductual del sujeto permite desvirtuar la presunción de buena fe, para concluir que este recibió el dinero en desconocimiento del citado principio constitucional.
Sobre el particular, en sentencia del 6 de mayo de 2015, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, señaló:
[…] El criterio que se sigue en esta Corporación a efecto de ordenar devolver sumas de dinero por parte de los particulares a las entidades del Estado que se han pagado por conceptos de carácter laboral, es el que está sujeto a la verificación del aspecto subjetivo con que actuó el particular para recibir tales emolumentos; tal consideración está intrínsecamente relacionada con la garantía prevista en el artículo 83 Constitucional en virtud de la cual la buena fe se presume en todas las gestiones adelantadas tanto por los particulares como por las autoridades en las actuaciones que ante estas últimas se adelanten […]
En ese orden de ideas, cabe señalar que el concepto de buena fe, exigible tanto de los particulares como de las autoridades públicas, se entiende como la necesidad de que toda conducta activa u omisiva que pueda tener trascendencia jurídica se adelante con entera lealtad, rectitud, honradez e integridad, «[…] conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)” […]».
La buena fe, que ha trascendido de principio general del derecho a postulado constitucional, se presume en las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas, sin embargo se trata de una presunción simplemente legal como quiera que admite prueba en contrario.
Caso concreto
Por lo anterior, en las siguientes líneas la Sala se ocupará de establecer si el dinero cuyo reintegro persigue la entidad demandada fue recibido por el señor Eliacid Marcelo Escalante de buena fe. Con tal fin, resulta pertinente hacer alusión al contexto normativo que se ocupa de regular la profesión docente.
El Decreto 2277 de 1979, contentivo del Estatuto Docente, en su artículo 5, previó como condiciones para ser nombrado en el ejercicio de la docencia en planteles oficiales de educación poseer título docente o acreditar estar inscrito en el escalafón nacional docente, último que de acuerdo con el artículo 8 ibidem consiste en el sistema de clasificación de los educadores según su preparación académica, experiencia y méritos reconocidos, y es el que habilita al educador para ejercer cargos de carrera docente.
De conformidad con esta disposición, el escalafón nacional docente se encuentra integrado por 14 grados en orden ascendente (artículo 9) que determinan el ingreso y los ascensos de los educadores en la carrera docente, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de las exigencias que establece el artículo 10 de la referida norma para cada uno de ellos, así
El parágrafo 1 del citado artículo 10, definió algunos de los títulos académicos de la siguiente manera:
[…] a) Perito o experto en educación: es el bachiller en cualquier modalidad con título docente adquirido con un (1) año de estudios regulares de nivel intermedio o superior.
b) Técnico o experto en educación: es el bachiller en cualquier modalidad con título docente adquirido con dos (2) años de estudios regulares de nivel intermedio o superior.
c) Tecnólogo en educación es el bachiller en cualquier modalidad con título docente adquirido con tres (3) años de estudios de nivel intermedio o superior.
d) El acta de ordenación sacerdotal equivalente a título profesional en teología y filosofía y ciencias religiosas.
e) Los títulos de normalista, institutor, maestro superior, maestro, normalista rural con título de bachiller académico o clásico, son equivalentes al de bachiller pedagógico […]
De otro lado, es importante señalar que lo relativo a la inscripción y ascenso en el escalafón fue objeto de regulación en el Decreto Reglamentario 259 de 1981, cuyo artículo 2 estableció el siguiente procedimiento de ingreso:
[…] Artículo 2º. Procedimiento para ingreso. El educador no escalafonado que de conformidad con el Decreto 2277 de 1979 tenga derecho a inscribirse en el Escalafón Nacional Docente, deberá presentar en la Oficina Seccional de Escalafón los siguientes documentos:
a. Formulario oficial o solicitud de inscripción debidamente diligenciado.
b. Certificado de registro civil de nacimiento o partida de bautismo si es nacido antes de 1938.
c. La copia auténtica del acta de graduación o la constancia de registro del título certificada por la respectiva Secretaría de Educación.
d. Certificado del curso de capacitación cuando sea requerido para el ingreso, debidamente refrendado por la Dirección General de Capacitación o del Centro Experimental Piloto […]
Por su parte, el artículo 3 ejusdem precisó que la documentación en que se soporte la inscripción, el ascenso o la reinscripción puede ser entregada (i) directa y personalmente por el docente, (ii) por medio del director o rector de la institución educativa donde aquel preste sus servicios y (iii) por intermedio del supervisor de la zona. Si aquella estuviere completa, la Oficina de Escalafón respectiva debe otorgar una constancia de recibido con indicación de la fecha y la relación de los documentos entregados.
En el caso que nos ocupa, se tiene que, el 9 de noviembre de 1990, el señor Eliacid Marcelo Escalante presentó directamente la solicitud de inscripción en el escalafón nacional docente ante la Oficina Seccional de Escalafón del Distrito Especial de Bogotá, asignándosele el número de radicación 018096. En ella manifestó ser técnico en educación y aportar 3 folios anexos, así:
Certificado expedido el 21 de marzo de 1990 por la División de Registro y Control de Diplomas de la Alcaldía de Bogotá D.C., Secretaría de Educación, en el que consta que el hoy demandante «[…] tiene registrado su título de Técnico Docente Industrial: Esp. Diseño y Construcción expedido por el Instituto Técnico Central de fecha 16 agosto 1989 y anotado al folio no. 72.M del libro no. 88 de fecha 14 marzo 1990 […]»
Registro civil de nacimiento.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
En efecto, el demandante, al diligenciar el formato de «documentación completa para inscripción en el escalafón», el cual lleva la firma tanto del funcionario de la Oficina Seccional de Escalafón Nacional que la recibió como la de aquel, indica que hace entrega de 3 folios en los que consta el formulario de solicitud o carta, el registro del diploma y el registro civil de nacimiento.
En virtud de esta solicitud, el señor Eliacid Marcelo Escalante sería inscrito en el grado 4 del escalafón nacional docente como técnico docente industrial con especialidad en diseño y construcción, según la Resolución 48111 del 27 de febrero de 1991.
Igualmente, se observa que en la solicitud de ascenso 000693 a través de la cual el actor pidió ser promocionado del grado 4 al 9, en el capítulo III correspondiente a la información del escalafón, señaló como «último título académico: Tecnólogo docente industrial».
No obstante lo anterior, con posterioridad, al verificarse el certificado de registro del título en la Secretaría de Educación de Bogotá que presentó el demandante se encontraron inconsistencias que condujeron a indagar por su veracidad, lográndose establecer que dicho documento era irregular como quiera que su contenido no daba cuenta de la realidad consignada en él, es decir, el demandante no había adelantado estudios técnicos en docencia industrial con especialización en diseño y construcción en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.
Así, en comunicación del 5 de septiembre de 2005, el gerente de servicio al ciudadano de la Secretaría de Educación de Bogotá le informó a la Unidad de Escalafón Docente que «[…] los datos suministrados en su solicitud no concuerdan con nuestros registros; es de aclarar que el señor ELIACID MARCELO ESCALANTE, no aparece registrado en el folio ni en la fecha que indica el registro […]» para lo cual allegó copia del folio 72.M del libro 88 en el que efectivamente no registra el actor.
Por su parte, el secretario general de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en comunicación del 16 de marzo de 2010 con radicado 20-542 dirigida a la jefe de Oficina de Escalafón Docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, indicó que:
[…] consultados los libros de Actas de Graduación, se constató, que el señor ELIACID MARCELO ESCALANTE, identificado con Cédula de Ciudadanía número 91430020 NO es egresado de nuestra Institución. Por otra parte, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central nunca ha ofrecido el programa de «Técnico Docente Industrial especialidad Diseño y Construcción […]
Establecido lo anterior, la Sala considera que el comportamiento desplegado por el demandante no se ajustó al postulado constitucional de la buena fe toda vez que, a sabiendas de que no cumplía el requisito de ser técnico en educación industrial con especialidad en diseño y construcción, aportó un documento irregular acreditando tal circunstancia, lo que le habría permitido su inscripción en el escalafón nacional docente y, de ahí en adelante, la obtención de los ascensos subsiguientes.
Esta forma de proceder pugna con el comportamiento esperado de un ciudadano íntegro y virtuoso, que en sus tratos con la administración debe actuar con intensiones rectas y honestas, lo que excluye de tajo la posibilidad de amparar jurídicamente comportamientos que se sustenten en engaños o faltas a la verdad en aras de obtener beneficios del Estado, como en este caso de índole laboral.
Por lo anterior, la orden impartida por la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá para que el demandante reintegre la diferencia entre lo efectivamente percibido (grados 4, 9, 10, 11 y 12) y lo que le hubiere correspondido (bachiller) resulta procedente pues su actuar desleal aportando un documento con un contenido falso permite desvirtuar la presunción de buena fe que amparaba su actuación dentro de los procesos de inscripción y ascensos en el escalafón nacional docente.
Ahora bien, no está llamado a prosperar el argumento que expone la demanda en el acápite de concepto de violación, consistente en que la liquidación de la administración es errónea porque establece el valor de la diferencia con base en lo devengado por un bachiller, olvidando que su formación profesional es de licenciado y especializado.
Este razonamiento carece de soporte ya que el acto de inscripción o ascenso en el escalafón nacional docente que se funde en la utilización de mecanismos fraudulentos o irregulares queda viciado, como también lo hacen los ascensos que se puedan presentar en el futuro, pues a todos ellos se extiende la carencia de validez del trámite originalmente anómalo. En ese orden de ideas, dado que lo ilícito no crea derecho alguno, el cumplimiento posterior de los requisitos no convalida la irregularidad y, por consiguiente, no merece el amparo del ordenamiento jurídico.
Así, que el demandante hubiese acreditado la realización de otros estudios con base en los cuales fue promovido en el escalafón nacional docente, no purga el vicio que se generó con la irregularidad en su acto de inscripción, de manera que los actos de ascenso posteriores corrieron la misma suerte, lo que justifica que la diferencia entre el mayor valor pagado y lo que se le debió pagar al docente se liquide con base en el grado que en efecto le correspondía.
En conclusión, como consecuencia de la revocatoria de los actos administrativos de inscripción y ascensos que había obtenido el demandante en el escalafón nacional docente, resulta viable que la Secretaría de Educación de Bogotá ordene el reintegro de la diferencia entre los salarios y prestaciones que efectivamente devengó y aquellos que se le debieron pagar de acuerdo al grado que le correspondía. Ello por cuanto se desvirtuó el hecho de que la actuación del mismo al solicitar la respectiva inscripción y ascensos hubiese estado precedida de buena fe.
Reconocimiento de personería
Se reconocerá personería a la abogada Rosalba Lucía Tovar Dukuara, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 41.643.446 y es portadora de la tarjeta profesional 15.176 del C. S. de la J., para actuar en representación de la Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Educación Distrital, en los términos y para los efectos del poder que obra en el folio 347 del cuaderno principal.
Decisión de segunda instancia
Por lo expuesto la Subsección considera que se impone revocar los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia proferida el 15 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revóquense los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 15 de mayo de 2014 que accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En su lugar, deniéguense las pretensiones de la demanda.
Segundo: Sin condena en costas por las razones expuestas.
Tercero: Reconózcase personería a la abogada Rosalba Lucía Tovar Dukuara, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 41.643.446 y es portadora de la tarjeta profesional 15.176 del C. S. de la J., para actuar en representación de la Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Educación Distrital, en los términos y para los efectos del poder que obra en el folio 347 del cuaderno principal.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
F. 82.
F. 83-84.
Ff. 84-86 y 106-112.
Ff. 129-137.
Ff. 232-233.
Ff. 228-231.
Ff. 235-249.
Ff. 250-253.
Ff. 280-282.
Ff. 301-306.
F. 9, cuaderno 2.
F. 1, cuaderno 2.
F. 30.
F. 31.
F. 32.
F. 33.
Ff. 34-41.
Ff. 8-11.
Ff. 17-24.
Ff. 127-142, cuaderno 2.
Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016.
Sentencia del 6 de mayo de 2015, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Radicación 25000-23-25-000-2010-01098-01; expediente 0377-13.
Sentencia C- 1194 del 3 de diciembre de 2008, Corte Constitucional, expediente D-7379.
F. 8, cuaderno 2.
F. 9, cuaderno 2.
F. 6, cuaderno 2.
F. 5, cuaderno 2.
F. 16, cuaderno 2.
F. 47, cuaderno 2.
F. 48, cuaderno 2.
F. 149, cuaderno 2.
PAGE
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.