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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01060-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01060-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia Tercero. Se reconoce personería a la abogada Rocío del Pilar Arena España con tarjeta profesional 287.249 del CS de la J, representante legal de la firma de abogados Conde Abogados Asociados S.A.S., para que represente los intereses de la UGPP, en calidad de apoderado principal. Se reconoce también personería a la 33 Esta posición ha sido sostenida por esta Subsección en anteriores oportunidades: Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 14 de mayo de 2025. Exp. 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; sentencia del 14 de mayo de 2025. Exp. 76-001-23-33-000- 2019-01208-01 (5659-2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez y sentencia del 22 de mayo de 2025. Exp. 76001- 23-33-004-2016-01118-01 (0204-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. 34 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 25000-23-42-000-2020-01060-01 (6226-2024) abogada Mayra Alejandra Padilla Niviayo, adscrito a dicha firma, en calidad de apoderada sustituto.35 Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-01060-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-01060-01 (6226-2024)
Demandante: Patricia Rodríguez Gutiérrez
Demandada: UGPP

Temas: Sustitución pensional. Convivencia en calidad de compañera
permanente. Ley 12 de 1975. Carga de la prueba para desvirtuar
la legalidad del acto que negó reconocimiento pensional.
Reintegro de mayores valores pagados por concepto de
pensión. Ámbito de la autotutela administrativa. Principio de
legalidad. Falta de competencia para expedir los actos
administrativos demandados. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la nulidad parcial de las
resoluciones demandadas.

ANTECEDENTES

La señora Patricia Rodríguez Gutiérrez, instauró demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 010603 del 30 de abril de 2020,
RDP 013659 del 12 de junio de 2020 y ADP 003259 del 1 de julio de 2020, por
medio de las cuales la UGPP ordenó reintegrar al Tesoro Público la suma de
$707.686.774 «(…) por concepto de mayores valores recibidos por mesadas

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pensionales» y se niega la sustitución pensional a favor de la demandante.

A título de restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional a favor de la parte actora en calidad de compañera permanente, a partir
de que cesó el derecho de sus hijas, o a partir de la suspensión del pago de la
mesada a favor de estas.

Que se abstenga de cobrar el reintegro del dinero y, en cambio, se pague lo retenido
de forma indexada, junto con los intereses corrientes causados desde la fecha de
suspensión del pago hasta el momento en el que se reanude.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 28 de agosto de 1983 falleció el señor Faiver Álvarez Bermeo, quien convivió
con la demandante por más de dos años previos a su deceso1. Al momento de su
muerte la actora se encontraba en embarazo de sus hijas Yessica y Tatiana Álvarez
Rodríguez.

Que en el año 1986 presentó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de
sustitución ante Cajanal, para lo cual aportó declaraciones extra juicio con la
finalidad de acreditar la convivencia por más de dos años hasta el momento del
fallecimiento, copia de la sentencia del 2 de septiembre de 1987 emitida por el
Tribunal Superior de Bogotá2 y, aclaró, que si bien no existía sentencia de
separación de cuerpos entre el causante y su esposa -señora Cecilia Salamanca de
Álvarez-, ésta nunca había reclamado la pensión sustitutiva3.

Que en la Resolución 469 del 15 de febrero de 1991 Cajanal reconoció la prestación
a favor de las menores, representadas legalmente por su madre, pero excluyó a
esta última en calidad de compañera permanente.

Que cuando cesó el derecho que tenían las beneficiarias a recibir la pensión, la
UGPP continuó pagando la mesada pensional; sin embargo, el día 25 de febrero de
2020 fue suspendido el pago, por lo que la actora radicó una solicitud para que se
dieran a conocer las razones por las cuales había sido excluida de nómina.

El FOPEP indicó que la UGPP había remitido oficio el día 4 de marzo de 2020, en
el cual se informó que debía suspenderse el pago a la señora Patricia Rodríguez

1 SAMAI, gestión en otras corporaciones, gestión de documentos, hechos 1 y 12 de la demanda.
2 En los hechos citó una parte de la sentencia de la cual se lee que los testimonios obtenidos en ese proceso, -

de las señoras Graciela Álvarez de Moreno y Ana Arcelia Prieto-, se habían recibido «(…) en orden de ameritar
las relaciones sexuales que existieran entre Patricia Rodríguez y Faiver Álvarez». SAMAI, gestión en otras
corporaciones, gestión de documentos, hechos 6 y 7 de la demanda.
3 SAMAI, gestión en otras corporaciones, gestión de documentos, hechos 10 y 11 de la demanda.

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Gutiérrez porque ésta no fue reconocida como beneficiaria sino en calidad de
representante de sus hijas.

Que el 18 de mayo de 2020 elevó solicitud ante la UGPP para solicitar que se
continuara con el pago porque a pesar de haber sido excluida en la Resolución 469
de febrero 15 de 1991, sí había acreditado los requisitos legales para ser
beneficiaria4 y, pese a ello, dicho requerimiento no fue resuelto. En cambio, el 19 de
mayo de 2020 fue notificada de la Resolución RDP 010603 del 30 de abril de 2020,
por la cual se le ordenó reintegrar al Tesoro Público la suma de $707.686.774 por
concepto de mayores valores recibidos por mesadas pensionales.

Que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación y pidió, además, el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en
calidad de compañera permanente del señor Faiver Álvarez Bermeo, a partir de que
cesó el derecho de sus hijas, o desde la suspensión del pago de la mesada a favor
de estas5.

Que mediante Resolución RDP 013659 del 12 de junio de 2020 no se repuso la
decisión y tampoco hubo pronunciamiento sobre el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional en calidad de compañera permanente, lo que hizo que se
presentara nueva petición, la cual fue resuelta mediante Resolución ADP 0032599
del 1 de julio de 2020, por la que se negó el reconocimiento pensional dado que
para la fecha de fallecimiento del causante era necesario aportar copia de la
sentencia de divorcio del causante en razón de la vigencia de la Ley 12 de 1975.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 4°., 6° y 29°. de la Constitución Política, artículos
3°, 93° de la Ley 1437 de 2011, artículos 1°, 2° de la Ley 12 de 1975 y el artículo
19° de la Ley 797 de 2003.

Sostuvo que los actos demandados adolecen de violación al debido proceso porque
suspendieron el pago de la mesada pensional sin haber puesto en conocimiento o
informado de forma previa a la parte actora y por no haber tenido en cuenta el
material probatorio aportado al expediente administrativo pues, de ser así, se habría
reconocido el derecho a la sustitución pensional de la demandante en aplicación de
la sentencia de la Corte suprema de Justicia del 26 de octubre de 2016 (44200) SL
16573-2016, cuyo magistrado ponente es el Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán6.

Que el hecho de haber suspendido el pago de manera unilateral constituye también
una violación al mínimo vital y a la seguridad social de la demandante, causándole
un agravio injustificado y violentando las normas superiores.

4 SAMAI, gestión en otras corporaciones, gestión de documentos, hecho 25 de la demanda.
5 SAMAI, gestión en otras corporaciones, gestión de documentos, hechos 29 y 30 de la demanda.
6 SAMAI, gestión en otras corporaciones, gestión de documentos, página 13 y14 de la demanda.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien
la admitió y notificó7.

Al contestar la demandada, la UGPP señaló que en la Resolución 469 del 05 de
febrero de 1991, Cajanal reconoció la pensión sustitutiva en favor de las hijas del
causante, representadas por su madre, la señora Patricia Rodríguez Gutiérrez, en
un 50% a cada una hasta el cumplimiento de su mayoría de edad o 25 años siempre
y cuando acreditaran estudios.

Que al momento en que las beneficiaras de la pensión perdieron el derecho, no se
debió seguir haciendo el pago y, en virtud del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, y
el numeral 10 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013, la UGPP tenía el deber de
hacer el recobro.

Que la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión en calidad de compañera,
no procedía, pues para la fecha del fallecimiento del causante estaba vigente la Ley
12 de 1975 y existía una sociedad conyugal vigente con la señora Cecilia
Salamanca Álvarez, por lo que al ser los beneficiarios excluyentes y no obrar
sentencia de divorcio entre los cónyuges, no podía otorgarse el derecho.

Se surtió el trámite de sentencia anticipada y, estando el proceso para fallo, se
vinculó a la cónyuge, la cual fue representada por curador, quien contestó la
demanda sin exponer en detalle argumentos de derecho; y se corrió traslado para
alegar8.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió parcialmente a las
pretensiones. Indicó que la normatividad aplicable para el reconocimiento de la
pensión de jubilación y la sustitución es la Ley 12 de 1975, teniendo en cuenta que
el causante falleció el 28 de agosto de 1983.

Que correspondía a la demandante probar su calidad de compañera permanente,
lo que no se logró en sede administrativa ni en sede judicial, puesto que la existencia
de hijos en común no es un hecho que, por sí mismo, acredite la calidad de
compañera y no se aportaron pruebas adicionales para ser valoradas, razón por la
que negó el reconocimiento de la sustitución pensional.

En relación con el cobro de los mayores valores pagados, consideró que no era

7 Índice 08 de SAMAI. Gestión en otras corporaciones.
8 Índice 89 de SAMAI, Gestión en otras corporaciones.

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posible ordenar la devolución de las mesadas cuando estas habían sido percibidas
de buena fe, por lo que declaró la nulidad de las resoluciones en cuanto a este
punto, destacando que la decisión de suspender el pago de la mesada se ajustaba
al ordenamiento por haberse extinguido el derecho de las beneficiarias.

RECURSO DE APELACIÓN

La UGPP, interpuso recurso de apelación por considerar que los actos demandados
se ajustan a la legalidad, pues ante el pago de las mesadas pensionales sobre las
cuales el derecho ya se había extinguido, debían recuperarse, atendiendo lo
ordenado en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el deber de protección del dinero
público.

La demandante explicó que era cierta la convivencia que había tenido con el
causante y que de ello daban razón las declaraciones extra juicio aportadas en sede
administrativa y judicial. Que los actos demandados vulneran el debido proceso
porque suspendieron el pago de la mesada pensional sin surtirse el trámite de la
revocatoria directa y por omitir las pruebas.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 22 de abril de 2025 se admitieron los recursos.9 Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Sala debe determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes con ocasión a la muerte del señor Faiver Álvarez
Bermeo; y principalmente si acreditó el requisito de convivencia previsto en la Ley
12 de 1975 para ser beneficiaria de la sustitución de la pensión de jubilación que en
vida ostentaba el causante.

Además, si la orden de reintegro de mayores valores pagados por concepto de
pensión debe mantenerse por estar amparada en lo ordenado en el artículo 5 de la
Ley 1066 de 2006 y en el deber de protección del dinero público.

Sobre la pensión de sobrevivientes y el régimen aplicable

La Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 25 de abril de
201310, recordó que la ley que resulta aplicable es la que se encuentre vigente al

9 Índice 12 de SAMAI.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 25 de abril de 2013. Exp. 76001 23 31 000 2007 01611

01 (1605-09). M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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momento en que se estructura el derecho, esto es, en el caso de la pensión de
sobreviviente, la fecha en la que se produjo el fallecimiento del pensionado.

La Ley 12 de 1975, por la cual se dictaron algunas disposiciones sobre el régimen
de pensiones de jubilación, aplicable al caso, definió:

«(…) Artículo 1º. El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un
trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus
hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro
cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta
prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para
ella en la Ley, o en convenciones colectivas.

Artículo 2º. Este derecho lo pierde el cónyuge sobreviviente cuando por su
culpa no viviere unido al otro en el momento de su fallecimiento (…)11 y los hijos
por llegar a la mayoría de edad o cesar la incapacidad».

Conforme a la normativa en cita, se observa que para que la compañera
permanente o cónyuge supérstite sea beneficiaria de la sustitución pensional, se
debe probar que la demandante hizo vida marital con el causante.

Respecto al requisito de la convivencia, la Sección Segunda12 ha señalado que
«(…) el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello para
salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar
provecho económico».

Debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, por lo tanto, no se
tienen en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales,
ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el fallecido
pensionado.

De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que,
mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue
proferido conforme a derecho y que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese
sentido, esta figura, consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva
que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga
sobre quien la alega,13 pues como presunción legal admite prueba en contrario.

En esta figura hay una regla que indica al juez que debe negar la pretensión de
nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga

11 La Corte Constitucional en sentencia C-309 de 1996, declaró inexequible la expresión «o cuando contraiga

nuevas nupcias o haga vida marital», del artículo 2 de la Ley 12 de 1975.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de noviembre de 2017. Exp.

25000234200020130520101 (0286-2015). C.P. William Hernández Gómez.
13 Providencia citada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de

2022, radicado:11001-03-25-000-2019-00601-00 (4727-2019).

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de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido
caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta
particular materia.

En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser
valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser
tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-
197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el
numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984), que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación
judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas
y el concepto de violación.

En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de
simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de
derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos
administrativos acusados, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o
argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es decir, se puede
flexibilizar el principio de justicia rogada14 con el fin de dar protección al
ordenamiento superior.

De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso

Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General
del Proceso y sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia15 ha señalado que:

«(…) [a]l encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible
interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de
desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus
súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando
siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico
sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos».

En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación,16 al indicar que dicho deber
tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente
pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la
controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial, se le dé el
sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin
desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales.

14 Sobre la justicia rogada se puede revisar Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia

de unificación SUJ-010-S2 del 21 de abril de 2018, radicado: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-
SUJ2-010-18.
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019, expediente SL

960-2019.
16 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de

agosto de 2021, radicado: 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).

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Así entonces, considera la Subsección que en virtud de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procedimental es dable acudir al deber interpretativo del juez y
desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación
inmediata en la actuación administrativa que produjo los actos administrativos
demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la
omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.

Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 superior se desprenden
diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a
ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce
en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga
una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se atienda el
procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido proceso del
administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia constitucional.

Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del
derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha
versado sobre la posibilidad o no de que la demandante tenga la obligación de
restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.

El debido proceso administrativo

En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido
denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso administrativo,
que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos
por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación
administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.

En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que
sus actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el
legislador, para garantizar a los ciudadanos, la protección de sus derechos de
contradicción y defensa, sin embargo, no toda irregularidad dentro del
procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos, sino cuando aquella implique el
desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado
con su expedición.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del

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acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos.17

La falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo, debido a que no
se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide. Ahora, es
importante tener en consideración que la asignación de competencias a la
administración pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse como
el funcional o jerárquico,18 el material,19 el territorial20 y en algunos casos el
temporal.21

En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta
Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado.22

17 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la

valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos
vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan
la regularidad de su ejercicio. [...]».
18 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional

de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.
Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
19Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a

la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
20 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en

el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
21 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de

tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.
22 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como

la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).

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El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que tomen
las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés
general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada
autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es
que las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o
administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen
desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.

Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea
ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.

De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos,
además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por
la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.

Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público
debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse
el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como
desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la
misma normativa dispone que «(…) [l]os servidores públicos están al servicio del
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento».

Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como la vía gubernativa, la
revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de cobro coactivo de
las entidades públicas deben tener una consagración legal expresa que habilita en
cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse.23

23 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado:

25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los

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Resolución al caso concreto

Como primer punto, en relación con la solicitud de reconocimiento y pago de la
sustitución pensional de la señora Patricia Rodríguez Gutiérrez, se recuerda que
toda persona que se crea con derecho a reclamar el traspaso de titularidad de un
derecho pensional consolidado -en calidad de cónyuge o compañera permanente-
necesariamente deberá demostrar la convivencia con el pensionado fallecido, pero
no solo con la acreditación de un vínculo formal y la cohabitación en un mismo lugar
de residencia, sino con todos los elementos que conlleva crear un lazo de unión
familiar con vocación de estabilidad.

Pues bien, la accionante aportó las declaraciones extra juicio usadas dentro del
proceso declarativo que definió a las menores Yessica y Tatiana Álvarez Rodríguez,
como hijas del causante, y que terminó con sentencia del 2 de septiembre de 1987
del Tribunal Superior de Bogotá, no obstante, dicho material prueba el parentesco
de las menores con su padre, no la convivencia de la demandante con aquel.

De las declaraciones anticipadas rendidas el 20 de enero de 1984 ante el Juzgado
36 Civil Municipal de Bogotá por parte de las señoras Graciela Álvarez de Viuda de
Moreno, Felisa Gómez de Ávila e Irene Álvarez de Patiño24, se prueba que el
causante y la señora Cecilia Salamanca Medina -cónyuge- vivieron juntos por
período de 6 años y, posteriormente, se rompió la relación. Sin embargo, no se
acreditó la convivencia que se hubiere podido dar entre la demandante y el señor
Faiver Álvarez.

De las declaraciones anticipadas rendidas el 21 de noviembre de 1983 ante el
Juzgado 36 Civil Municipal de Bogotá por parte de los señores Dagoberto Quiroga
Collazos, Miguel Antonio Castañeda Casanova y Gladys Nayibe Villamizar
Contreras25, sí se predica que entre el señor Faiver Álvarez Bermeo y la señora
Patricia Rodríguez existió vida marital al momento del fallecimiento, sin embargo
no se especifica de manera uniforme el tiempo de convivencia y nada se dice en
relación con los demás elementos que conlleva crear un lazo de unión familiar con
vocación de estabilidad.

Así, el referido material probatorio no ofrece ninguna certeza ni claridad respecto
de los elementos propios de la convivencia en pareja entre la demandante y el titular
fallecido, tales como serían el apoyo mutuo y constante, la comprensión, la
vocación de estabilidad, el correlativo respeto, y el soporte económico, emocional

casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos
a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la
administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica».
24 SAMAI. Gestión en otras corporaciones. Gestión de documentos. Archivo denominado: 10_ED_expediente

digital_08Anexo3.pdf(.PDF) NroActua 4.
25 SAMAI. Gestión en otras corporaciones. Gestión de documentos. Archivo denominado: 12_ED_expediente

digital_10Anexo5.pdf(.PDF) NroActua 4.

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y espiritual requeridos para profesar una convivencia.

En consecuencia, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia en cuanto
a este asunto.

Como segundo punto, esto es respecto de la devolución de los dineros, se concluye
inicialmente que, al emitir los actos administrativos objeto de controversia, la UGPP
actuó de manera autónoma en defensa de sus intereses legales. Por consiguiente,
resulta fundamental determinar si contaba con la competencia normativa necesaria
para adoptar y ejecutar las medidas de autotutela referidas a la devolución de
mayores valores pagados por concepto de mesada pensional26 al haber cesado el
derecho de las menores Yessica y Tatiana Álvarez Rodríguez.

El marco normativo que creó la UGPP, establecido inicialmente en el artículo 156
de la Ley 1151 de 2007, la consagró como una entidad adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente. Esta entidad fue asignada con dos negocios misionales:
el pensional y el parafiscal.

En relación con el negocio pensional — que es el que nos incumbe para este medio
de control —, el aludido artículo 156 precisó que le corresponde, en general, «(…)
[e]l reconocimiento de derechos pensionales (…) causados a cargo de
administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades
públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de
pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación».

Igualmente, en el artículo 156, el legislador invistió por 6 meses de facultades
extraordinarias al presidente de la República, conforme a lo establecido en el
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, para que expidiera normas
con fuerza de ley en las que determinara las funciones de la UGPP.

En virtud de dicha facultad extraordinaria, se emitió el Decreto Ley 169 del 23 de
enero de 2008, el cual atribuyó a la entidad unas responsabilidades en cuanto al
reconocimiento de derechos pensionales y el Decreto 575 de 2013 amplió las
concedidas a la UGPP, otorgándole la capacidad de llevar a cabo acciones
administrativas y judiciales en caso de encontrar discrepancias en la información
relacionada con el trabajo o las pensiones.

El artículo 6 del decreto estableció funciones adicionales para la UGPP, dentro de
las cuales se incluye aquella que constituyó una de las bases para dictar los actos
atacados, a saber, «(…) 10. Adelantar las acciones administrativas y judiciales
pertinentes en el caso en que se detecten inconsistencias en la información laboral

26 Igual análisis se llevó a cabo en el asunto de esta Subsección fallado el 25 de abril de 2024, radicado 25000-

23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)

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o pensional o en el cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando
fuere necesario, los pagos e iniciar el proceso de cobro de los mayores dineros
pagados». (Subrayado fuera del texto original).

Es importante destacar que en los actos administrativos impugnados se invocó la
facultad conferida por la Ley 1066 de 200627 de ejercer jurisdicción coactiva a las
entidades públicas que, de manera permanente, tienen a su cargo el ejercicio de
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial.

Sin embargo, encuentra la Subsección que ninguna de las disposiciones normativas
mencionadas otorgó a la UGPP facultades exorbitantes que le permitieran, por vía
administrativa, determinar de manera unilateral el monto de los pagos realizados en
exceso y la deuda que en virtud de estos debe efectuar la parte demandante, sin el
cumplimiento reglado de los cánones constitucionales y legales dispuestos.

Al efecto, se destaca que la entidad ha interpretado de manera incorrecta las
normativas mencionadas anteriormente. Por un lado, aunque la Ley 1066 de 2006
otorga facultades de cobro coactivo a las entidades del Estado, esto se aplica
únicamente a aquellas encargadas de recaudar rentas o caudales públicos a nivel
nacional o territorial y, además, esta acción está intrínsecamente ligada a la
naturaleza administrativa propia de la autotutela declarativa y ejecutiva, la cual se
fundamenta en la legalidad.

Por el otro lado, en lo que respecta al artículo 10 del Decreto 575 de 2013 es
relevante subrayar que la facultad de «(…) iniciar el proceso de cobro de los
mayores dineros pagados» no implica que la entidad entre en el ámbito de la tutela
declarativa y cuente con la capacidad para reconocer o declarar acerca de algún
derecho u obligación preexistente sino más bien, se refiere al despliegue de las
gestiones necesarias para que, mediante la vía judicial, se declare la existencia del
pago indebido.

En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha resaltado en diversas
ocasiones28 la obligación de contar con una normativa que respalde la autoridad de
una entidad estatal para requerir el pago de una suma de dinero a un individuo, así
como para asegurar el debido proceso en el contexto de los cobros efectuados29:

27 SAMAI, gestión en otras corporaciones, gestión de documentos, Resolución RDP 010603 del 30 de abril de

2020 y RDP 013659 del 12 de junio de 2020.
28 Con relación al problema jurídico que se plantea en la sentencia de 30 de julio de 2008, en proceso radicado

núm. 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), con ponencia del H. Magistrado Saavedra Becerra, se hizo
referencia a los excesos en la facultad de autotutela de la administración generados por la extralimitación del
ejercicio de la función administrativa por fuera de los límites específicamente establecidos por la ley.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, radicación número: 25000-23-26-

000-1996-07474- 01(16816). C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez,

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«(…) 7.2.2. El ejercicio de potestades administrativas exige de una norma
expresa que las consagre y de un debido proceso administrativo.

(…) De conformidad con lo anterior, cuando quiera que una entidad estatal
pretenda imponer el pago de una suma de dinero a cargo de un particular,
deberá existir en la normatividad la tipificación legal que le permita
proceder en tal sentido, so pena de sufrir la sanción judicial por la
ilegalidad de su proceder. En ese orden de ideas y sólo para exponer dos
casos paradigmáticos, han sido las normas legales las que han conferido a las
entidades estatales la facultad de proceder con el cobro coactivo de las deudas
existentes a su favor, entre otras normas, en el artículo 5 de la ley 1066 de
200630; y también ha sido la norma legal, en el caso del artículo 17 de la Ley
1150 de 200731, la fuente para la atribución a las entidades estatales de la
facultad para imponer las multas que hayan sido pactadas contractualmente,
como medio de conminación al cumplimiento de las obligaciones del contratista.

“Es bueno advertir que en las normas referidas se atribuye expresamente a las
entidades del Estado la competencia para proceder con los cobros referidos,
pero también se indica, de manera inequívoca, que hay un debido proceso
que debe seguirse frente al particular. Es decir, la facultad unilateral que se
viene refiriendo demanda para su ejecución tanto de la consagración legal
respectiva como del respeto por los derechos de los particulares y de ello se
sigue que deba observarse siempre un procedimiento justo, en el cual
quienes reciben la coerción de la Administración puedan presentar los
argumentos para la defensa de sus intereses. El artículo 29 de la
Constitución Política indica que: “[E]l debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas”, disposición ésta que en lo que al
procedimiento administrativo corresponde, encuentra desarrollo específico en
el Código Contencioso Administrativo y que ha sido descrito por la Sección
Tercera en los siguientes términos

(…) Observa la Sala en este punto, que la existencia de un procedimiento
previo, enderezado a la expedición de un acto administrativo, se ha entendido
tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que se dirigen a
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y
concreto, es decir, con efectos que recaen sobre intereses o derechos
individuales, personales, particulares, de manera directa; y es por ello que aún
en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio
constitucional del debido proceso (art. 29), que implica para las
autoridades el deber de obrar en virtud de competencias legalmente
otorgadas, conforme a leyes preexistentes, y con la plenitud de las formas
propias de cada procedimiento, con miras a garantizar a los destinatarios
de sus decisiones el derecho de audiencia y de defensa, mediante la

30 “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas

que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
31 “Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia

sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”

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posibilidad de participar en las actuaciones previas a la expedición de la
respectiva decisión, permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer
las manifestaciones que consideren necesarias para la correcta formación
del juicio de la Administración antes de decidir.”32

“De lo anterior resulta diáfano que en todos aquellos casos en los cuales la
Administración advierta que ha realizado un pago de lo no debido deberá
proceder a la obtención de la declaración judicial correspondiente, previa
aportación de las pruebas al proceso respectivo, puesto que la simple
aseveración de que tal evento ha ocurrido no encuentra en norma alguna, de
índole administrativa o civil, el sustento que le permita expedir un acto mediante
el cual pueda ordenar de manera unilateral y con fuerza vinculante el reintegro
de las sumas de dinero que supuestamente hubiere pagado en exceso»
(negrillas y subrayas fuera de texto).

Estos privilegios derivados de la autotutela administrativa deben fundamentarse en
la legislación correspondiente. En este sentido, la autotutela se sustenta en la
legalidad, como una condición necesaria y obligatoria.

En ese orden, de las normas invocadas en los actos acusados, no se advierte que
la UGPP tuviera competencia para proferir actos administrativos con el fin de
obtener el reintegro de un dinero que recibió la parte demandante por concepto de
mesadas pensionales y mucho menos se encuentra habilitada por ley o por el texto
constitucional para iniciar el proceso previo que conduzca a la creación del acto
administrativo que se constituya en título ejecutivo, máxime cuando ningún fallo
judicial ha ordenado el reintegro de suma de dinero a la entidad.

Ante la ausencia de un fundamento normativo es evidente que el subdirector de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP no tenía la competencia
requerida para calcular la deuda y ordenar la devolución de los pagos
supuestamente realizados en exceso a la parte demandante. Incluso el título mismo
del cargo de quien emite los actos demandados hace referencia únicamente a la
«determinación de derechos pensionales», lo cual no le otorga la facultad de
autotutela por parte de la autoridad administrativa que ha ser atribuida únicamente
por la ley.

La UGPP cuenta con facultades expresas en materia de seguridad social, otorgadas
por la Ley 100 de 1993, para ejercer la jurisdicción coactiva en relación con las
obligaciones pendientes de pago por parte de aquellos sujetos legalmente obligados
a realizar aportes parafiscales, tal como lo establece el artículo 57 de dicha ley. El
texto señala que «(…) de acuerdo con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida tienen la facultad de
establecer el cobro coactivo para hacer efectivos sus créditos»

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de

2009, Radicación No. 27832, Actor: Consuelo Acuña Traslaviña, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra

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Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados -en cuanto al
segundo punto analizado- se encuentra que, la actuación de la UGPP transgredió
el ordenamiento jurídico y comporta un abuso del derecho, al trasladar al
administrado unas cargas que no tiene por qué asumir, pues se reitera, la facultad
de autotutela es reglada y si no está expresamente consagrada u otorgada por la
Constitución o la ley, resulta ser arbitraria33.

De allí que la Subsección confirmará la sentencia, pero por las razones aquí
expuestas.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202134 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por las partes recurrentes en sus distintas
intervenciones, no se presenta tal supuesto, por el contrario, trajeron argumentos
en defensa de sus intereses, por lo que no hay lugar a condenar en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el trece (13) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las
razones expuestas en la parte motiva.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia

Tercero. Se reconoce personería a la abogada Rocío del Pilar Arena España con
tarjeta profesional 287.249 del CS de la J, representante legal de la firma de
abogados Conde Abogados Asociados S.A.S., para que represente los intereses de
la UGPP, en calidad de apoderado principal. Se reconoce también personería a la

33 Esta posición ha sido sostenida por esta Subsección en anteriores oportunidades: Consejo de Estado.
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 14 de mayo de 2025. Exp. 05001-23-33-000-2019-02109-01
(7797-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; sentencia del 14 de mayo de 2025. Exp. 76-001-23-33-000-
2019-01208-01 (5659-2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez y sentencia del 22 de mayo de 2025. Exp. 76001-
23-33-004-2016-01118-01 (0204-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
34 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.

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abogada Mayra Alejandra Padilla Niviayo, adscrito a dicha firma, en calidad de
apoderada sustituto.35

Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

35 Índice 10 de SAMAI.

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