Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03936-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03936-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-03936-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)
Demandante: Luz Amparo Orozco de Velásquez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegros de mayores valores pagados por
concepto de pensión gracia. Ámbito de la autotutela
administrativa. Principio de legalidad. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el cuatro (4) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora LUZ AMPARO OROZCO VELÁSQUEZ instauró demanda en contra de
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la
UGPP: (i) Resolución RDP 011295 del 11 de marzo de 2016, por medio de la cual
se determinaron unos mayores valores recibidos por concepto de mesadas
pensionales a favor del Sistema de Seguridad Social en Pensiones y a cargo de la
señora Orozco Velásquez y; (ii) Resolución RDP 020564 del 26 de mayo de 2016,
que resolvió de forma negativa el recurso de reposición interpuesto en contra del
anterior acto administrativo.
1 Folios 20 a 21, Cuaderno principal.
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A título de restablecimiento del derecho solicitó se declare que la señora Luz
Amparo Orozco Velázquez no le adeuda a la UGPP suma de dinero alguno por
concepto de mayores mesadas recibidas, y, por lo tanto, la autoridad demandada
ordene el levantamiento de cualquier medida cautelar que haya sido aplicada, retire
cualquier anotación realizada sobre la deuda y proceda a reintegrar las sumas de
dinero que haya retenido, congelado, embargado, secuestrado o recibido en
relación con este asunto.
Igualmente, que la autoridad demandada sea condenada en costas y agencias en
derecho.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Luz Amparo Orozco de Velásquez instauró acción de tutela contra la
Caja Nacional de Previsión Social EICE (CAJANAL), a fin de que se ordenara el
reconocimiento y pago de su pensión gracia y mediante sentencia del 28 de febrero
de 2005, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá amparó sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, ordenó a la demandada reconocer y pagar a
favor de la actora la pensión gracia.
Que CAJANAL, hoy liquidada, en cumplimiento del aludido fallo de tutela, emitió la
Resolución 11022 del 31 de marzo de 2005, a través de la cual reconoció a favor
de la señora Orozco de Velásquez la pensión gracia y ordenó su inclusión en nómina
de pensionados.
Que la demandante recibió sus mesadas pensionales de manera constante y
continua desde la fecha de reconocimiento de la pensión hasta el 30 de junio de
2015.
Que el 6 de abril de 2016, la señora Orozco de Velásquez fue notificada de la
Resolución 011295 del 11 de marzo de 2016, la cual determinaba unos mayores
valores recibidos por concepto de mesadas pensionales en beneficio del Sistema
de Seguridad Social en pensiones, basándose en la revocación del fallo de tutela
de primera instancia por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Que en esa misma resolución, se hacía referencia a la Resolución 28634 del 13 de
julio de 2015, la cual había decretado el decaimiento del acto administrativo que
reconocía la prestación periódica. Este acto fue expedido como consecuencia de la
revocatoria anteriormente mencionada por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá en providencia fechada el 28 de febrero de 2005.
Que pese a la importancia de la Resolución 28634 del 13 de julio de 2015, que
ordenaba el decaimiento del acto administrativo que reconocía la pensión periódica,
esta nunca fue notificada a la señora Orozco de Velásquez. La falta de notificación
2 Folios 177 a 178.
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se debió a que fue enviada a una dirección física incorrecta, lo que resultó en una
omisión en el debido proceso que afectó a la parte demandante.
Que contra el acto que determinaba el supuesto exceso en los valores recibidos por
la demandante por concepto de mesadas pensionales, se interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto negativamente mediante Resolución RDP 020564
del 26 de mayo de 2016.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 14 de julio de 20173 y notificada a la
UGPP4, ello con solicitud de medida cautelar que fuere denegada por auto del 27
de octubre de 2017.
La entidad demandada contestó la demanda5, expresando que la Resolución 11022
del 31 de marzo de 2005, que reconocía la pensión gracia a la señora Luz Amparo
Orozco de Velásquez, perdió ejecutoria según lo estipulado en el artículo 91,
numeral 2 de la Ley 1437 de 2011. Esto se debe a que el fallo de tutela que la
respaldaba, emitido el 28 de febrero de 2005, fue revocado por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá el 4 de agosto del mismo año.
En consecuencia, la señora Orozco de Velásquez tenía conocimiento de que su
pensión estaba sujeta a la condición de presentar la acción pertinente ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en un plazo de 4 meses desde la
notificación del fallo de tutela. Por lo tanto, los cobros que realizó y que excedían el
monto legítimo de su pensión no están respaldados por el principio de buena fe,
sino que constituyen un aprovechamiento del error de la administración. En este
contexto, las resoluciones emitidas por la entidad se ajustan a derecho, ya que están
en concordancia con los fallos de la jurisdicción ordinaria y del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado, (ii) inexistencia de la obligación y cobro de lo debido, (iii)
inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, (iv)
imposibilidad de condena en costas, (v) imposibilidad de indexación, (vi) no pago de
los intereses moratorios y (vii) genérica.
En la audiencia inicial6 el tribunal advirtió que las excepciones propuestas no podían
ser consideradas como previas, por tanto, postergó el estudio de estas al momento
de proferir sentencia. Adicionalmente, en esta diligencia se fijó el litigio, se declaró
la falta de ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas y se dispuso a fijar
fecha para para la audiencia de que trata el artículo 180 del CPACA.
Se incorporaron las pruebas documentales decretadas y se dio traslado a las partes
3 Folios 59 a 61, Cdno. Ppal.
4 Folio 64, Cdno. Ppal.
5 Folios 74 a 91, Cdno. Ppal.
6 Folios 99 a 105, Cdno. Ppal.
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para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera su concepto de considerarlo necesario.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 4 de septiembre de 2019, negó las pretensiones de la
demanda, considerando que los actos administrativos demandados fueron
expedidos conforme al ordenamiento jurídico debido a que la demandante no
cumplió con la obligación de presentar el medio de control correspondiente para
continuar recibiendo los pagos de la prestación y su actuación no estuvo guiada por
el principio de buena fe.
Para arribar a esta conclusión tuvo como fundamento las siguientes
consideraciones:
A pesar de que la Resolución 11022 del 31 de marzo de 2005 fijó un plazo de cuatro
meses para el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora Luz Amparo
Orozco de Velásquez, sujeto a la presentación de la acción correspondiente ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y la demandante fue notificada sobre
estos términos y la necesidad de seguir procedimientos legales para asegurar su
derecho, no cumplió con esta obligación legal, lo que evidencia su conciencia sobre
la negación del derecho pensional especial y la necesidad de recurrir a la vía judicial
para obtenerlo.
Que la actora se enfocó en la interpretación previa de las normas que regulan la
pensión gracia para los docentes, sin discriminar entre su carácter territorial,
nacional o nacionalizado y por ello, se examinaron los requisitos establecidos en las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, subrayando que la elegibilidad para
la prestación dependía únicamente de tener 20 años de servicio en colegios
departamentales, distritales o municipales, sin contar períodos del orden nacional.
Que quedó debidamente acreditado que la demandante fue vinculada y permaneció
en el servicio como docente nacional, lo que la excluía de ser beneficiaria de la
pensión gracia; situación que evidencia una actuación de mala fe por parte de la
demandante, ya que no solo era consciente de su vinculación nacional en lugar de
territorial, sino que también, a pesar de un fallo judicial que le otorgaba derechos de
manera temporal, no cumplió con la obligación de recurrir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo e incluso después de que este fallo fuera revocado,
continuó recibiendo pagos indebidos.
Que el error de la entidad no puede ser excusa para que la actora percibiera dineros
respecto de los cuales tenía conocimiento que no le asistía derecho, por lo que no
es posible acceder a las pretensiones, ya que está demostrado que los actos
administrativos en cuestión cumplen con el ordenamiento jurídico vigente.
7 Folios 158 a 176, Cdno Ppal.
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EL RECURSO DE APELACIÓN8
La parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque la
sentencia de primera instancia al indicar que la señora Luz Amparo Orozco no actuó
de mala fe y contaba con sólidos argumentos para el reconocimiento de la pensión
gracia que se encontraban respaldados por un fallo judicial que reconocía su
derecho en ese sentido.
Que aunque la jurisprudencia actual no favorece sus pretensiones, el fallo de tutela
le proporcionó una base legal legítima y que además, la notificación de la sentencia
que revocó la tutela en ningún momento se realizó directamente a la demandante
sino a su apoderada y en todo caso, independientemente de las circunstancias de
este acto procesal, era CAJANAL a quien le correspondía realizar para el año 2005
las acciones correspondientes para haber dado cumplimiento inmediato a la
decisión judicial de tutela de segunda instancia.
Que la demandada fue negligente al demorar casi una década la revocatoria de una
resolución que otorgaba una pensión gracia, lo que llevó a que la señora Orozco de
Velásquez iniciara un proceso en contra de la Resolución RDP 028634 del 13 de
julio de 2015, el cual en el momento se encuentra en etapa de alegatos.
Que la UGPP busca recuperar los fondos únicamente haciendo responsable de la
actora, pero el derecho de cobro ha prescrito según el artículo 817 del Estatuto
Tributario, ya que la entidad no inició el proceso de cobro coactivo en el plazo
establecido, sin que pueda entonces atribuírsele a la entidad facultad de cobro de
valores, cuando por su propia negligencia e ineficacia las que hicieron posible el
pago.
Que resulta contrario a los principios del derecho que la actora se vea en la
obligación de pagar los dineros devengados, además de las actualizaciones e
intereses moratorios, a causa de las faltas graves cometidas por la entidad
demandada.
Que la actora estuvo legítimamente convencida del derecho que le asistía al cobro
de la pensión y el origen de los pagos fue la inoperancia administrativa que ocurrió
diez años antes a que se persiguiera la actuación demandada, por lo que se
configura además la prescripción del cobro.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido el 3 de marzo de 2020, y posteriormente,
mediante auto del 19 de noviembre de 2020, se corrió traslado para presentar
alegatos de conclusión.
8 Folios 341 a 357.
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante9 reiteró los argumentos expuestos en la demanda,
especialmente en lo que respecta a la falta de obligación de reintegrar a la UGPP
las sumas de dinero devengadas y pagadas por concepto de pensión gracia,
enfatizando la buena fe y convicción de la señora Luz Orozco del derecho que le
asistía respaldada por un fallo de tutela provisional del 28 de febrero de 2005.
Resalta que el proceso con radicado núm. 25000-23-25-000-2005-06160-0110,
presentado el 21 de julio de 2005 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
fue rechazado debido a defectos en la demanda. Además, el expediente identificado
con el radicado núm. 25000-23-42-000-2015-06484-0011, también ante el mismo
tribunal, está activo, y su última acción registrada, el 12 de junio de 2020, indica un
proyecto de sentencia de primera instancia.
Que es injusto que la señora Luz Amparo Orozco deba devolver dinero que
CAJANAL y la UGPP pagaron durante más de 10 años debido a un simple descuido
de estas entidades ya que, teniendo en su favor el fallo de tutela del 4 de agosto de
2005, deberían haber suspendido el pago de la pensión de inmediato, contando con
todos los recursos y mecanismos a su disposición. Sin embargo, no lo hicieron y
ahora pretenden que sea la ciudadana quien asuma una carga que no le
corresponde.
La UGPP presentó alegatos de conclusión a través de los cuales reiteró los
argumentos de defensa esbozados en el escrito de contestación de la demanda, las
excepciones presentadas, y las resoluciones emitidas por la entidad.
POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.12
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si los actos
administrativos demandados que ordenaron el reintegro de unos valores que fueron
pagados por concepto de pensión gracia entre el 1.° de junio de 2005 y el 30 de
junio de 2015, se encuentran viciados de nulidad por falta de competencia.
Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) la legalidad de los
actos administrativos y el principio de justicia rogada, ii) la labor interpretativa del
9 Índice 12 de SAMAI.
10 Si bien no lo menciona en su escrito la demandante, una vez verificado el Sistema de Gestión Judicial se
advierte que el proceso mencionado fue adelantado en contra de la Resolución 7101 del 22 de abril de 2002, la
cual de acuerdo a los documentos aportados al trámite corresponde a la que negó el reconocimiento de la
pensión gracia.
11 Aunque en el escrito no se dilucida contra que acto se adelanta el proceso, verificado el Sistema de Gestión
Judicial SAMAI, se advierte que se persigue la nulidad de la Resolución RDP 028634 del 13 de julio de 2015, a
través de la cual se revocó la Resolución 11022 del 31 de marzo de 2005 que en cumplimiento a un fallo judicial
reconoció la pensión gracia.
12 Según constancia secretarial que obra a folio 197 del Cdno. Ppal.
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juez y el derecho al debido proceso, iii) el debido proceso administrativo, iv) la
competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos, v) el
principio de autotutela administrativa y finalmente, iii) se resolverá el caso concreto.
De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada
La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que,
mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue
proferido conforme a derecho y que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese
sentido, esta figura, consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva
que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga
sobre quien la alega13, pues como presunción legal admite prueba en contrario.
En esta figura hay una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de
nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga
de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido
caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta
particular materia.
Esta presunción se ve reflejada en algunas normas como la prevista en el numeral
4 del artículo 162 del CPACA, que frente a los requisitos del contenido de la
demanda consagra que, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo,
deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación. Dicha
exigencia se enmarca en la defensa del debido proceso del demandado, pues limita
los aspectos de los que tendrá que defenderse y los términos en que se expusieron
los problemas jurídicos al juez y, por lo tanto, su campo de decisión.
En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser
valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser
tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-
197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el
numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984), que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación
judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas
y el concepto de violación.
El alto tribunal consideró que la exigencia se justifica en la presunción de legalidad
del acto administrativo y en la inviabilidad que el juez busque oficiosamente las
posibles causas de nulidad, máxime por las dificultades prácticas que implicaría.
Sin embargo, condicionó la constitucionalidad del precepto en estudio bajo el
entendido de que «cuando el juez administrativo advierta la violación de un
derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder
a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el
requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente,
13 Providencia citada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de
2022, radicado:11001-03-25-000-2019-00601-00 (4727-2019).
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cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma
jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución».
En similar sentido se ha pronunciado esta Corporación14 al exponer que:
«[…] conviene anotar que el principio de la jurisdicción rogada tiene fundamento en
la presunción de legalidad de los actos administrativos en los términos indicados por
el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, pero debe precisarse que aquel no puede
entenderse como absoluto en esta jurisdicción y menos aún en materia laboral,
especialidad dentro de la cual se conciben derechos mínimos e irrenunciables, que
obligan al juez a dar aplicación a normas superiores, tal y como sucede cuando se
acude a las excepciones de convencionalidad, inconstitucionalidad, de ilegalidad,
como tampoco si se está en presencia de eventos como el descrito en la sentencia
C-197 de 1999, la cual prevé la obligación del juez contencioso administrativo de
atender la norma constitucional cuando se encuentre frente a derechos
fundamentales de aplicación inmediata o cuando debe decidir de oficio sobre
excepciones previas o de fondo, solo para señalar algunas excepciones que se
pueden presentar al carácter restrictivo del marco impuesto por los argumentos de
las partes. […]».
En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de
simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de
derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos
administrativos acusados, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o
argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es decir, se puede
flexibilizar el principio de justicia rogada con el fin de dar protección al ordenamiento
superior.
De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso
Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General
del Proceso, en el sentido de precisar que al juez le corresponde «[…] adoptar las
medidas […] para […] interpretar la demanda de manera que permita decidir el
fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y
el principio de congruencia. […]».
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia15 ha señalado que «[…] [a]l
encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible
interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de
desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus
súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre
una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración
de quien procura una tutela efectiva de sus derechos. […]».
En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación16, al indicar que dicho deber
tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente
14 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-010-S2 del 21 de abril
de 2018, radicado: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019, expediente SL
960-2019.
16 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de
agosto de 2021, radicado: 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).
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pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la
controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial, se le dé el
sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin
desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales.
Ahora, en el caso bajo estudio se encuentra que en la sentencia objeto del recurso
de alzada solo se analizó la imposibilidad de que la actora continuara percibiendo
los dineros por concepto de pensión gracia ante la revocatoria del fallo tutelar que
reconoció el derecho que dejó sin vigencia la orden impartida, sin que se haya
referido al debido proceso alegado por el demandante en el libelo17.
En efecto, en el acápite del concepto de violación de la demanda, la interesada
manifestó que los actos administrativos demandados vulneraron el debido proceso,
pues aquel debe ser aplicado a toda clase de actuaciones administrativas y
judiciales y a pesar de que no profundizó en este aspecto, la inconformidad se
reafirma en el recurso de apelación, donde se indica que es contrario a los principios
del derecho que la demandante se vea obligada a pagar los montos devengados,
así como las actualizaciones e intereses moratorios, debido a las graves faltas
cometidas por la entidad demandada.
Así entonces, considera la Sala que en virtud de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procedimental es dable acudir al deber interpretativo del juez y
desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación
inmediata en la actuación administrativa que produjo los actos administrativos
demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la
omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.
Al respecto, el derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 superior
consagra que: «se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio. […]».
De él se desprenden diferentes garantías para las actuaciones administrativas,
entre ellas, el derecho a ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo
administrativo se traduce en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación
y emita el acto, tenga una asignación previa del ordenamiento, y que para su
expedición se atienda el procedimiento establecido por el legislador para garantizar
el debido proceso del administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de
relevancia constitucional.
17 Tal como lo expuso en la página 23 del expediente. «El artículo 29 Constitucional que consagra el derecho
fundamental al Debido Proceso, también fue violado por la demandada, por cuanto para revocar de oficio, dejar
sin efectos o proclamar el decaimiento como lo hizo la UGPP con la Resolución No. 11022 del 31 de marzo de
2005, que le había reconocido la pensión gracia a la educadora, debió agotar el procedimiento establecido en
el artículo 93 del CPACA, por tratarse de un derecho, era una situación jurídica particular y concreta creada
para un persona específica, sin embargo no cumplió con la orden que le dio el legislador, sino que actúa en
forma autoritaria, propia de una dictadura y no de un estado social de derecho trazado por nuestra C. P.»
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Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del
derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha
versado sobre la posibilidad o no de que la demandante tenga la obligación de
restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales, al haberse
revocado la decisión de primer grado que emitió la orden de reconocer y pagar la
pensión gracia.
El debido proceso administrativo
En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido
denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso administrativo,
que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos
por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación
administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional18 y del Consejo de Estado19, en
reiteradas oportunidades han sostenido que el debido proceso administrativo está
constituido por las siguientes prerrogativas:
• Ser oído durante toda la actuación,
• A la notificación oportuna y de conformidad con la ley,
• A que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas,
• A que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su
culminación,
• A que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico,
• A gozar de la presunción de inocencia,
• Al ejercicio del derecho de defensa y contradicción,
• A solicitar, aportar y controvertir pruebas, y
• A impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con
violación del debido proceso.
En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que
sus actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el
legislador, para garantizar a los ciudadanos, la protección de sus derechos de
contradicción y defensa, sin embargo, no toda irregularidad dentro del
procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos, sino cuando aquella implique el
desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado
con su expedición.
La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos
Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
18 Corte Constitucional, sentencia C-980 del 1° de diciembre de 2010, referencia: expediente D-8104. Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 22 (parcial) de la Ley 1383 de 2010.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2019, radicado: 05001-23-
33-000-2014-02189-01(1171-18).
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acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.
La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos20.
Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico21, el material22, el territorial23 y
en algunos casos el temporal24.
En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de
esta Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado25.
El principio de autotutela administrativa
En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
20 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la
valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos
vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan
la regularidad de su ejercicio. [...]».
21 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional
de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.
Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
22 Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a
la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
23 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en
el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
24 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de
tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.
25 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como
la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).
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intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu
proprio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.
En palabras del autor Jaime Orlando Santofimio Gamboa26, este concepto está
vinculado «al de la capacidad que el ordenamiento jurídico le reconoce a la
administración pública para la realización autónoma de los bienes jurídicos que se
le han atribuido y que se concreta en la materialización, sin injerencia judicial, de
sus decisiones a través de operaciones tendientes al cumplimiento de los cometidos
estatales, […]».
Sin embargo, esta facultad de autotutela de la administración no es irrestricta ya
que encuentra límites en el interés general y en las competencias que
explícitamente le han sido asignadas a cada autoridad. Así, uno de los postulados
esenciales del Estado Social de Derecho es que las autoridades públicas o los
particulares que cumplan funciones públicas o administrativas no gozan de plena
autonomía ya que toda conducta que deseen desplegar debe estar consagrada en
una norma habilitante.
Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea
ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.
De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos,
además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por
la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público
debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse el
cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como
desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la
misma normativa dispone que «[l]os servidores públicos están al servicio del Estado
y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución,
la ley y el reglamento […]».
Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como la vía gubernativa, la
revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de cobro coactivo de
las entidades públicas deben tener una consagración legal expresa que habilita en
cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse.
26 Cfr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Compendio de derecho administrativo, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, p. 267.
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Al respecto, el Consejo de Estado27 ha precisado que según la naturaleza de las
prerrogativas que se le concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo
declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los casos, los actores públicos, en
ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos a
través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de
un derecho y su correlativa obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las
operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a hacer
efectiva una determinada situación jurídica».
Resolución del caso concreto
La UGPP al percatarse que la señora Luz Amparo Orozco de Velásquez percibió
mesadas pensionales luego de ejecutoriada la sentencia de tutela de segunda
instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 4 de agosto de 2005, que
revocó el amparo constitucional al reconocimiento y pago de la pensión gracia,
expidió la Resolución RDP 028634 del 13 de julio de 2015, por la cual se revocó el
acto administrativo que dio cumplimiento al fallo de primera instancia que reconoció
el derecho —Resolución 11022 del 31 de marzo de 2005 — y ordenó al área de
nómina de la entidad efectuar la exclusión de nómina y solicitó a la Subdirección de
nómina de pensionados calcular los valores adeudados a la nación por concepto de
la prestación graciosa.
Posteriormente, la UGPP mediante Resolución RDP 011295 de 11 de marzo de
2016, determinó unos mayores valores recibidos por concepto de mesadas
pensionales y ordenó a la actora la devolución de $362.359.337 a favor del Sistema
General de Pensiones, suma que debía pagarse a la Dirección del Tesoro Nacional,
acorde con lo que se indica a continuación:
«Que con base en el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, media un deber de recaudo
en cabeza de la […] UGPP, como entidad pública de que trata el artículo 104
ibidem, quedando revestida de la prerrogativa de cobro coactivo.
Que el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 […], faculta el ejercicio de la
jurisdicción coactiva hoy prerrogativa de cobro coactivo, a las entidades públicas
que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y
funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y
que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel
nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen
especial otorgado por la Constitución Política.
Que la UGPP es una entidad administrativa del orden nacional con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Art. 1 Decreto 575 de 2013), que tiene
como objeto, en los términos establecidos por el artículo 156 de la Ley 1151 de
2007 y el Decreto Ley 169 de 2008, entre otros, el del reconocimiento y
administración de los derechos pensionales y prestaciones económicas a
cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional o de
las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado: 25000-
23-25-000-2011-01239-01(3870-14).
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liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad
por quien la esté desarrollando (Art. 2, Decreto 575 de 2013).
Que dentro de las funciones a cargo de la UGPP, el numeral 10 del artículo
6 del citado Decreto 575 de 22 de marzo de 2013 Por el cual se modifica la
estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las
funciones de sus dependencias, establece:
10. Adelantar las acciones administrativas y judiciales pertinentes en el caso en
que se detecten inconsistencias en la información laboral o pensional o en el
cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando fuere necesario,
los pagos e iniciar el proceso de cobro de los mayores dineros pagados. (Se
resalta)
[…]
Que en esas condiciones, la señora OROZCO DE VELASQUEZ LUZ AMPARO,
CONTINUÓ COBRANDO la(s) mesada(s) pensionales subsiguientes al
acontecimiento de la referida de fecha 04 de agosto de 2005, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; tal como da cuenta el Resumen
de Mayores valores pagados según la certificación del histórico de pagos de
Fopep, suscrito por la Subdirección de Nómina de Pensionados de la UGPP
anexo al oficio Radicado 201680030378752 de fecha 10 de febrero de 2016, que
hace parte integral del presente acto administrativo, y que da certeza de los
cobros efectuados por la señora OROZCO DE VELASQUEZ LUZ AMPARO;
entendidos dichos cobros como mesadas recibidas en abono en cuenta o por
ventanilla, sin tener derecho a ellas, cuando era conocedor de la situación que
daba origen a la desaparición del derecho, y en modo alguno rechazó el pago
por ventanilla o el abono en cuenta, según el caso.
[…]
Que […] la señora OROZCO DE VELASQUEZ LUZ AMPARO adeuda al Sistema
General de Pensiones por conducto del Tesoro Público, […] la suma de
$362.359.337 M/Cte (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS CON 00/100 M/CTE).
Que conforme al artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, las anteriores sumas
periódicas, causarán intereses a la tasa del DTF para cada mes de mora, en
forma separada, contados a partir de la fecha de pago de la respectiva
mesada.[…]». (Negrillas fuera del texto original)
Dicho acto administrativo fue objeto de recurso de reposición, que se desató de
forma negativa mediante Resolución RDP 020546 de 26 de mayo de 2016 al
confirmar el acto administrativo recurrido.
Tras revisar el caso expuesto, se concluye inicialmente que, al emitir los actos
administrativos objeto de controversia, la UGPP actuó de manera autónoma en
defensa de sus intereses legales. Por consiguiente, resulta fundamental determinar
si la UGPP contaba con la competencia normativa necesaria para adoptar y ejecutar
las medidas de autotutela en cuestión.
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El marco normativo que creó la UGPP, establecido inicialmente en el artículo 156
de la Ley 1151 de 200728, la consagró como una entidad adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente. Esta entidad fue asignada con dos negocios misionales:
el pensional y el parafiscal.
En relación con el negocio pensional — que es el que nos incumbe para este medio
de control —, el aludido artículo 156 precisó que le corresponde, en general, «[e]l
reconocimiento de derechos pensionales […] causados a cargo de administradoras
del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del
orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones,
respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación […]».
A reglón seguido, en el artículo 156 ibidem, el legislador invistió por seis (6) meses
de facultades extraordinarias al presidente de la República, conforme a lo
establecido en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, para que
expidiera normas con fuerza de ley en las que determinara las funciones de la
UGPP.
En virtud de dicha facultad extraordinaria, se emitió el Decreto Ley 169 del 23 de
enero de 2008, el cual atribuyó a la entidad las siguientes responsabilidades:
«A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones
económicas
1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a
cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su
cesación de actividades como administradoras; así como el de aquellos
servidores públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la
ley para acceder a su reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad
señalado, con anterioridad a su cesación de actividades como administradoras.
De igual manera, le corresponderá la administración de los derechos y
prestaciones que reconocieron las mencionadas administradoras y los que
reconozca la Unidad en virtud de este numeral.
2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a
cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso
de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por
quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los
derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los
que reconozca la UGPP en virtud de este numeral.
[…]
3. La UGPP podrá adelantar las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
4. Las demás gestiones y funciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en
este artículo tales como la administración de bases de datos, nóminas, archivos
28 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
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y todo lo relacionado con la defensa judicial de la entidad y las demás que
establezca la ley.»
El Decreto 575 de 2013 amplió las responsabilidades y facultades de la UGPP
(Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales), otorgándole la capacidad de llevar a
cabo acciones administrativas y judiciales en caso de encontrar discrepancias en la
información relacionada con el trabajo o las pensiones.
El artículo 6 del decreto estableció funciones adicionales para la UGPP, dentro de
las cuales se incluye aquella que constituyó una de las bases para dictar los actos
atacados, a saber, «10. Adelantar las acciones administrativas y judiciales
pertinentes en el caso en que se detecten inconsistencias en la información laboral
o pensional o en el cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando
fuere necesario, los pagos e iniciar el proceso de cobro de los mayores dineros
pagados». (Subrayado fuera del texto original)
Además, es importante destacar que en el acto administrativo impugnado se invocó
la facultad conferida por la Ley 1066 de 2006 de ejercer jurisdicción coactiva a las
entidades públicas que, de manera permanente, tienen a su cargo el ejercicio de
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial.
Sin embargo, encuentra la Sala que ninguna de las disposiciones normativas
mencionadas otorgó a la UGPP facultades exorbitantes que le permitieran, por vía
administrativa, determinar de manera unilateral el monto de los pagos realizados en
exceso y la deuda que en virtud de estos debe efectuar la actora, sin el cumplimiento
reglado de los cánones constitucionales y legales, dispuestos para el efecto.
Al efecto, se destaca que la entidad ha interpretado de manera incorrecta las
normativas mencionadas anteriormente. Por un lado, aunque la Ley 1066 de 2006
otorga facultades de cobro coactivo a las entidades del Estado, esto se aplica
únicamente a aquellas encargadas de recaudar rentas o caudales públicos a nivel
nacional o territorial y, además, esta acción está intrínsecamente ligada a la
naturaleza administrativa propia de la autotutela declarativa y ejecutiva, la cual se
fundamenta en la legalidad.
Por el otro lado, en lo que respecta al artículo 10 del Decreto 575 de 2013 es
relevante subrayar que la facultad de «[…] iniciar el proceso de cobro de los
mayores dineros pagados» no implica que la entidad entre en el ámbito de la tutela
declarativa y cuente con la capacidad para reconocer o declarar acerca de algún
derecho u obligación preexistente sino más bien, se refiere al despliegue de las
gestiones necesarias para que, mediante la vía judicial, se declare la existencia del
pago indebido.
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En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha resaltado en diversas
ocasiones29 la importancia de contar con una normativa que respalde la autoridad
de una entidad estatal para requerir el pago de una suma de dinero a un individuo,
así como para asegurar el debido proceso en el contexto de los cobros efectuados.
Al respecto, tenemos la sentencia del H. Consejo de Estado, Sección Tercera,
consejero ponente (E): Mauricio Fajardo Gómez, del cuatro (4) de febrero de dos
mil diez (2010), radicación número: 25000-23-26-000-1996-07474- 01(16816),
actor: Consorcio Nacional de Ingenieros y Contratistas CONIC S.A., demandado:
Instituto Nacional de Vías, en la cual se señaló:
«7.2.2. El ejercicio de potestades administrativas exige de una norma expresa que
las consagre y de un debido proceso administrativo.
El principio de legalidad en la actuación de las Ramas del Poder Público encuentra
indiscutible y acendrado fundamento en los Estados democráticos desde la
modernidad y en tal condición impone a los funcionarios de la Administración la
sujeción a la Constitución y a las leyes en sus actuaciones. La condición
exorbitante de los poderes del Estado en relación con su actuación frente a los
particulares es algo que demanda de la legalidad, para su legitimidad. El apego y
obediencia a las leyes, el desarrollo de las competencias que éstas de manera
expresa conceden a los funcionarios constituye, de principio a fin, una de las bases
de la obligación que tienen los ciudadanos de obedecer lo que éstos ordenan.
“De conformidad con lo anterior, cuando quiera que una entidad estatal
pretenda imponer el pago de una suma de dinero a cargo de un particular,
deberá existir en la normatividad la tipificación legal que le permita proceder
en tal sentido, so pena de sufrir la sanción judicial por la ilegalidad de su
proceder. En ese orden de ideas y sólo para exponer dos casos paradigmáticos,
han sido las normas legales las que han conferido a las entidades estatales
la facultad de proceder con el cobro coactivo de las deudas existentes a su
favor, entre otras normas, en el artículo 5 de la ley 1066 de 200630; y también ha
sido la norma legal, en el caso del artículo 17 de la Ley 1150 de 200731, la fuente
para la atribución a las entidades estatales de la facultad para imponer las multas
que hayan sido pactadas contractualmente, como medio de conminación al
cumplimiento de las obligaciones del contratista.
“Es bueno advertir que en las normas referidas se atribuye expresamente a las
entidades del Estado la competencia para proceder con los cobros referidos, pero
también se indica, de manera inequívoca, que hay un debido proceso que debe
29 Con relación al problema jurídico que se plantea en la sentencia de 30 de julio de 2008, en proceso radicado
núm. 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), con ponencia del H. Magistrado Saavedra Becerra, se hizo
referencia a los excesos en la facultad de autotutela de la administración generados por la extralimitación del
ejercicio de la función administrativa por fuera de los límites específicamente establecidos por la ley.
30 “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas
que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
31 “Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)
seguirse frente al particular. Es decir, la facultad unilateral que se viene
refiriendo demanda para su ejecución tanto de la consagración legal respectiva
como del respeto por los derechos de los particulares y de ello se sigue que deba
observarse siempre un procedimiento justo, en el cual quienes reciben la
coerción de la Administración puedan presentar los argumentos para la
defensa de sus intereses. El artículo 29 de la Constitución Política indica que:
“[E]l debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”, disposición ésta que en lo que al procedimiento administrativo
corresponde, encuentra desarrollo específico en el Código Contencioso
Administrativo y que ha sido descrito por la Sección Tercera en los siguientes
términos:
[…]
Observa la Sala en este punto, que la existencia de un procedimiento previo,
enderezado a la expedición de un acto administrativo, se ha entendido
tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que se dirigen a
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y concreto,
es decir, con efectos que recaen sobre intereses o derechos individuales,
personales, particulares, de manera directa; y es por ello que aún en el ámbito de
la actuación administrativa, resulta aplicable el principio constitucional del
debido proceso (art. 29), que implica para las autoridades el deber de obrar
en virtud de competencias legalmente otorgadas, conforme a leyes
preexistentes, y con la plenitud de las formas propias de cada
procedimiento, con miras a garantizar a los destinatarios de sus decisiones
el derecho de audiencia y de defensa, mediante la posibilidad de participar
en las actuaciones previas a la expedición de la respectiva decisión,
permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer las manifestaciones
que consideren necesarias para la correcta formación del juicio de la
Administración antes de decidir.”32
“De lo anterior resulta diáfano que en todos aquellos casos en los cuales la
Administración advierta que ha realizado un pago de lo no debido deberá
proceder a la obtención de la declaración judicial correspondiente, previa
aportación de las pruebas al proceso respectivo, puesto que la simple
aseveración de que tal evento ha ocurrido no encuentra en norma alguna, de
índole administrativa o civil, el sustento que le permita expedir un acto mediante
el cual pueda ordenar de manera unilateral y con fuerza vinculante el reintegro de
las sumas de dinero que supuestamente hubiere pagado en exceso.» (negrillas y
subrayas fuera de texto)
En consecuencia, cuando una entidad estatal busca exigir el pago de una suma de
dinero a un particular, es necesario que exista un respaldo legal claro y específico
para tal acción. Estos privilegios derivados de la autotutela administrativa deben
fundamentarse en la legislación correspondiente. En este sentido, la autotutela se
sustenta en la legalidad, como una condición necesaria y obligatoria.
En ese orden, de las normas invocadas en el acto acusado, no se advierte que la
UGPP tuviera competencia para proferir un acto administrativo con el fin de obtener
el reintegro de un dinero que recibió la demandante por concepto de mesadas
pensionales y mucho menos se encuentra habilitada por ley o por el texto
constitucional para iniciar el proceso previo que conduzca a la creación del acto
administrativo que se constituya en título ejecutivo, máxime cuando ningún fallo
judicial ha ordenado el reintegro de suma de dinero a la entidad.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de
2009, Radicación No. 27832, Actor: Consuelo Acuña Traslaviña, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)
Ante la ausencia de un fundamento normativo es evidente que la subdirectora de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP no tenía la competencia
requerida para calcular la deuda y ordenar la devolución de los pagos
supuestamente realizados en exceso a la demandante. Incluso el título mismo del
cargo de quien emite los actos demandados hace referencia únicamente a la
«determinación de derechos pensionales», lo cual no le otorga la facultad de
autotutela por parte de la autoridad administrativa que ha ser atribuida únicamente
por la ley.
A contrario sensu, la UGPP cuenta con facultades expresas en materia de seguridad
social, otorgadas por la Ley 100 de 1993, para ejercer la jurisdicción coactiva en
relación con las obligaciones pendientes de pago por parte de aquellos sujetos
legalmente obligados a realizar aportes parafiscales, tal como lo establece el
artículo 57 de dicha ley. El texto señala:
«De acuerdo con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el
artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen
de Prima Media con Prestación Definida tienen la facultad de establecer el cobro
coactivo para hacer efectivos sus créditos.»
Por tanto, es evidente que la UGPP, en virtud de disposiciones legales específicas
sí tiene la capacidad de ejercer la autotutela declarativa, pero esta se fundamenta
únicamente en normas claras y precisas que le confiere dicha facultad, y no
simplemente en una interpretación extensiva de normativas generales de
competencia.
Esta posición ha sido sostenida por esta Subsección en ocasión precedente,
específicamente en relación con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL). En la sentencia emitida el 28 de septiembre de 2023, con número de
radicado interno 6503-202233, se examinó la situación de un empleado que, al ser
reintegrado al servicio activo, le fue notificada una resolución por parte del director
general de CREMIL que exigía la devolución de los montos recibidos en calidad de
asignación de retiro durante un periodo determinado. En este contexto, se llegó a la
conclusión de que CREMIL carece de la competencia necesaria para demandar al
empleado la restitución de los fondos desembolsados por concepto de asignaciones
de retiro. La argumentación se fundamentó en que «las leyes que previeron [sus]
funciones […] la facultaron principalmente para el reconocimiento y pago de las
asignaciones de retiro, pensiones y sustituciones, pero no la habilitaron para
ordenar el descuento o reintegro de haberes pagados por concepto de dichas
prestaciones» y que el consejo directivo de la entidad había delegado esta facultad
al director general sin contar con la debida autorización legal, apoyándose en una
disposición normativa que no otorgaba dicho poder.
Es imperativo recordar que en el ámbito administrativo, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, específicamente, ha señalado que los principios generales que
advierten el derecho fundamental al debido proceso se debe aplicar a todas las
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
28 de septiembre de 2023, radicado núm. 25000234200020140163301 (6503-2022).
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)
actuaciones administrativas que lleve a cabo la administración pública con
observancia de sus funciones y la ejecución de sus objetivos y fines, de manera tal
que se garantice «(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de
legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios
de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los
asociados»34.
Ahora, si bien la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó
la providencia del 28 de febrero de 2015 proferida por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Bogotá que reconoció la pensión gracia y con ello la actuación realizada
por la UGPP de revocar el acto que dio cumplimiento del fallo, dicha situación de
ninguna manera la autoriza automáticamente para iniciar de forma directa el
proceso de determinación de deuda y creación del título ejecutivo, que podría servir
de fundamento para un eventual proceso de jurisdicción coactiva, pues ello atenta
contra el principio del debido proceso administrativo, ya que afecta directamente los
derechos subjetivos de la administrada, quien únicamente está sujeta o sometida a
las potestades de la administración que tienen su fuente en la Constitución, en la
ley o en normas de inferior jerarquía, hecho que no se verificó en el caso bajo
estudio.
Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra que,
la actuación de la UGPP transgredió el ordenamiento jurídico y comporta un abuso
del derecho, al trasladar a la administrada unas cargas que no tiene porqué asumir,
pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no está expresamente
consagrada u otorgada por la Constitución o la ley resulta ser arbitraria.
De allí que la Sala procederá a declarar la nulidad de los actos demandados por ser
violatorios de las normas que establecen competencias y ordenará, a título de
restablecimiento del derecho, que la interesada no tenga que devolver suma alguna
por concepto de mesadas pensionales devengadas entre el 1.° de junio de 2001 y
el 30 de junio de 2015, hasta tanto la entidad demandada no ejerza las acciones
legales correspondientes.
De la condena en costas en segunda instancia
Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Sección A del Consejo de Estado
venía aplicando el criterio objetivo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, según el cual en toda sentencia el Juez procederá a su reconocimiento
cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
34 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
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Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos del recurso de apelación y de su oposición, no se presenta una
carencia de fundamentación que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello,
ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el cuatro (4) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C. En su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución RDP 011295 del 11 de
marzo de 2016, por medio de la cual se determinó unos mayores valores recibidos
por concepto de mesadas pensionales a favor del Sistema de Seguridad Social en
Pensiones y a cargo de la señora Orozco Velásquez, así como la Resolución RDP
020564 del 26 de mayo de 2016, que resolvió de forma negativa el recurso de
reposición interpuesto en contra del anterior acto primigenio.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE DECLARA que la señora
Luz Amparo Orozco de Velásquez no tiene la obligación de reintegrar la suma de
dinero correspondiente a TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS M/CTE $362.359.337 mcte. por concepto de las mesadas pensionales que
percibió entre el 1.° de julio de 2001 y el 30 de junio de 2015, hasta tanto la entidad
demandada no ejerza las acciones legales correspondientes.
CUARTO: Sin condena en costas de segunda instancia.
QUINTO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Marcela Patricia
Ceballos Osorio, portadora de la tarjeta profesional 214.303 del Consejo Superior
de la Judicatura, en calidad de apoderada general de la UGPP conforme al poder
conferido mediante escritura pública visible en el índice 24 de la plataforma SAMAI.
SEXTO: ACEPTAR LA SUSTITUCIÓN de poder que realiza la abogada Marcela
Patricia Ceballos Osorio al abogado Carlos Alfonso Tache Rodríguez. En
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)
consecuencia, para que represente a la parte demandante se reconoce personería
adjetiva al abogado Carlos Alfonso Tache Rodríguez, portador de la tarjeta
profesional 292.122 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y con las
facultades a él conferidas en la sustitución.
SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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