Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00035-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00035-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2017-00035-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2017-00035-01 (0994-2023)
Demandante: Álvaro Luis Cruz Buelvas
Demandada: Colpensiones
Temas: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegro de mayores valores pagados por
concepto de mesadas pensionales. Ámbito de la autotutela
administrativa. Principio de legalidad. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 1 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
decisión en la que se negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda y pretensiones
1. El señor Álvaro Luis Cruz Buelvas promovió demanda contra Colpensiones,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo1, con el fin de que se acceda a las siguientes
pretensiones:
PRIMERO. Declárese la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1) Artículo segundo de la Resolución GNR 35812 del 2 de febrero de 2016, en
virtud de la cual el Gerente Nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia
de Beneficios y prestaciones de COLPENSIONES ordena al señor demandante
reintegrar la suma de $875.028.080.00 por concepto de pensión de vejez.
2) Artículo primero de la Resolución GNR 155627 del 25 de mayo de 2016 en
virtud de la cual el Gerente Nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia
de Beneficios y prestaciones de COLPENSIONES confirma en todas sus partes
1 En adelante CPACA.
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Demandante: Álvaro Luis Cruz Buelvas
la Resolución GNR 35812 del 2 de febrero de 2016.
3) Artículo segundo de la Resolución VPB 30609 de 28 de julio de 2016, en
virtud de la cual la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de
COLPENSIONES confirma el cobro efectuado al señor demandante mediante
la Resolución GNR 35812 del 2 de febrero de 2016.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho
A) Se ordene a COLPENSIONES cesar todo procedimiento administrativo y/o
judicial encaminado al cobro de la suma de $875.028.080.00 señalada en los
actos acusados.
B) Se condene a COLPENSIONES a pagar y/o devolver al señor demandante
una suma no inferior a $875.028.080.00 debidamente indexada en el evento de
haber obtenido pago por vía coactiva.
C). Se condene a COLPENSIONES a pagar al señor demandante una suma no
inferior a 100 SMLMV por concepto de perjuicios inmateriales en su modalidad
de morales subjetivos, derivados de la angustia permanente padecida por el Dr.
Álvaro Luis Cruz Buelvas padecida por el cobro del valor de $875.028.080.00.
Hechos
2. El 30 de noviembre de 2005, mediante Resolución 0-4072, se declaró
insubsistente al señor Álvaro Luís Cruz Buelvas del cargo de Fiscal de Distrito de la
Dirección Seccional de Fiscalías de Montería. Contra la anterior decisión, el
demandante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso
que se identificó con el número de radicado 23001-23-31-000-2006-00411-00/1.
3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia
de segunda del 21 de noviembre de 2013, declaró la nulidad del acto de
insubsistencia y, en consecuencia, ordenó reintegrar al demandante a su cargo y
pagar los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el retiro y hasta
cuando sea reintegrado a la entidad demandada. Es importante poner de presente
que esa providencia se ordenó lo siguiente:
«CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar al demandante los
sueldos y prestaciones dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el
retiro del servicio y hasta cuando sea reintegrado al mismo.
(...)
No hay lugar a descontar suma alguna por el desempeño de otro cargo que
pueda haber tenido durante el tiempo en que el señor Álvaro Luis Cruz Buelvas
estuvo separado del servicio».
4. En cumplimiento de la anterior decisión judicial, la Fiscalía General de Nación
reintegró al demandante al cargo de Fiscal Delegado ante Distrito, mediante
Resolución No. 01228 de 28 de julio de 2014.
5. Por otra parte, paralelo a los anteriores hechos, el Instituto de Seguros
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Demandante: Álvaro Luis Cruz Buelvas
Sociales, mediante Resolución 4884 de 2009, reconoció pensión de jubilación al
señor Cruz Buelvas, efectiva desde el 5 de septiembre de 2007.
6. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), mediante la
Resolución GNR 35812 de 2 de febrero de 2016, ordenó al demandante reintegrar
la suma de $875.028.080 canceladas por concepto de mesadas de jubilación entre
los años 2007 a 2014. Lo anterior con fundamento en que por expreso mandato del
artículo 128 de la Constitución Política no se puede recibir dos asignaciones
provenientes del Estado.
7. Contra la resolución que ordenó el reintegro del dinero, se interpuso recursos
de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmar la
Resolución GNR 35812 de 2 de febrero de 2016.
Normas violadas y concepto de violación
8. Se sostiene que Colpensiones no era competente para expedir lo actos
demandados y al hacerlo se desconoció el precedente de la Sala Plena del Consejo
de Estado2. Se alega que en la decisión invocada como desconocida esta
corporación estableció que, en los casos de reintegro de servidores públicos
desvinculados ilegalmente, los dineros dejados de percibir se reconocen a título
indemnizatorio por el daño causado y no como fruto de la prestación del servicio3.
9. Por otra parte, se sostiene que los actos censurados incurrieron en infracción
de las normas en que debían fundarse, en particular los artículos 1, 3 y 10 del
CPACA. Lo anterior porque Colpensiones sostiene que el actor devengó sueldos
entre septiembre de 2007 a septiembre de 2014, sin haberlos percibido, pues la
Fiscalía General de la Nación no había pagado suma alguna al demandante
conforme lo dispuso la sentencia del 21 de noviembre de 2013 del Consejo de
Estado.
10. En el tercer cargo se invocó la falsa motivación de los actos demandados
porque no se tuvo en cuenta que el pago de los salarios dejados de percibir
ordenada en la sentencia del Consejo de Estado es una ficción legal, sin que
efectivamente los haya recibido y en el evento de recibirlo será a título de
indemnización por los daños causados por el retiro ilegal. Finalmente, la parte actora
propuso como último cargo de anulación el de desviación de poder al estimar que
Colpensiones no podía asumir que el actor recibió el pago ordenado en la Sentencia
del Consejo de Estado sin aun haberlo recibido.
2 El demandante señaló como desconocida la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero del 2008, Rad. N0. 76001-23-31-000-
2000-02046-02.
3 El demandante señaló como desconocida la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero del 2008, Rad. N0. 76001-23-31-000-
2000-02046-02.
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Demandante: Álvaro Luis Cruz Buelvas
Trámite de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda mediante auto del
31 de mayo del 2017, providencia en la que ordenó notificar a Colpensiones como
autoridad demandada. La entidad contestó la demanda mediante escrito en el que
solicitó negar las pretensiones porque los actos demandados fueron expedidos en
aplicación del artículo 128 constitucional, disposición según la cual no es posible
recibir dos asignaciones del tesoro público, por lo que sostiene que son actos
legales y conforme a derecho.
12. Luego del traslado de las excepciones, el 01 de noviembre de 2018 se
celebró audiencia inicial, en la que se decretó unos testimonios solicitados por la
parte demandante. Después, se realizó la audiencia de pruebas, diligencia en la que
se corrió traslado para alegar.
13. Finalmente, tanto la parte demandante y la entidad demandada presentaron
alegatos de conclusión, en lo que reiteraron lo expuesto en la demanda y en la
contestación de la demanda.
Sentencia objeto de impugnación
14. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 1 de julio de
2021, negó las pretensiones de la demanda. Para fundamentar su decisión explicó
que el actor si incurrió en la prohibición del articulo 128 superior porque esta aplica
tanto para salarios como para pensiones, por lo que existe una clara
incompatibilidad entre salario y pensión con cargo al tesoro público. Asimismo,
explicó que el restablecimiento ordenado al declarar la ilegalidad del acto de
desvinculación es un efecto propio de la nulidad, volviendo las cosas a su estado
anterior, por lo que los dineros que se le cancelarán son a título de salario.
Recurso de apelación
15. La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que la
prohibición de percibir doble asignación solo se configura cuando de manera
simultánea se reciben dos remuneraciones a cargo del Estado, situación que no
ocurrió en este caso porque al momento de expedirse las resoluciones demandadas
ni siquiera se había pagado la indemnización ordenada por la sentencia del Consejo
de Estado.
16. Adicionalmente, sostuvo que el Tribunal desconoció que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección en sentencia de segunda del 21 de
noviembre de 2013 ordenó el reintegro total de los salarios dejados de percibir, sin
descuento alguno. Por lo tanto, sostiene que Colpensiones no tenía competencia
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para recobrar lo percibido a título de pensión de jubilación cuando en la pluricitada
sentencia del Consejo de Estado no se ordenó este recobro.
Trámite en segunda instancia
17. El 4 de mayo de 2024 se admitió el recurso4 y como quiera que no se
presentó solicitud de pruebas, se corrió traslado para alegar en conclusión en
segunda instancia. Solo la parte demandada presentó alegatos, en lo que solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia porque los actos censurados tienen
fundamento en la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política.
II. CONSIDERACIONES
18. La Sala debe resolver como problema jurídico si los actos administrativos
demandados están viciados de nulidad, por las razones expuestas en la demanda
y ratificadas en el recurso de apelación. Previo a realizar el anterior análisis, se
deberá abordar un argumento transversal a todos los cargos y el recurso de
apelación sobre la competencia de Colpensiones para expedir los actos
demandados.
La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos
19. Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras
condiciones, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional,
legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría
del acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto,
que se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo
profiere.
20. La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
21. De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos5.
4 Samai, índice 03.
5 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la valoración
del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad
con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo
en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad
de su ejercicio. [...]».
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22. Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico,6 el material,7 el territorial8 y en
algunos casos el temporal9.
23. En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta
Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado 10.
La autotutela administrativa
24. A la administración se le concede una serie de potestades y prerrogativas
que le permiten defender directa y unilateralmente los intereses jurídicos que le
asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se trata pues de una figura
que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular debido a que denota
claramente una relación de desigualdad entre las entidades públicas y los
administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que tomen las primeras
en aras de hacer efectivos los intereses generales.
25. Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el
interés general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a
cada autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho
es que las autoridades o los particulares que cumplan funciones públicas o
administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen
desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.
6
Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional de
la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr. Luis
Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
7Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a la
autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
8 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en el
que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
9 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de
tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.
10 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como
la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).
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26. Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y
209 superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra
proscrita la admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y
que sea ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del
Estado. De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores
públicos, además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son
también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que
están positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está
permitido por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
27. Por ello, mecanismos de autotutela de la administración, la revocatoria
directa de los actos administrativos y la facultad de cobro coactivo de las entidades
públicas tienen una consagración legal expresa que habilita en cada caso su
aplicación y las condiciones en que debe ejercerse11.
Resolución al caso concreto
28. Tras revisar el caso expuesto, se concluye inicialmente que, al emitir los actos
administrativos objeto de controversia, Colpensiones actuó de manera autónoma en
defensa de sus intereses legales. Por consiguiente, resulta fundamental determinar
si la entidad contaba con la competencia normativa necesaria para adoptar y
ejecutar las medidas de autotutela en cuestión12.
29. El marco normativo que creó a Colpensiones, establecido inicialmente en el
artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, la consagró como una entidad vinculada al
Ministerio de la Protección Social -hoy Ministerio del Trabajo-, dotada de personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Seguidamente, el
Decreto 4121 de 2011, modificó la naturaleza jurídica de Colpensiones en los
siguientes términos: «(…) cámbiese la naturaleza jurídica de la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, Empresa Industrial y Comercial del
Estado, al de Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad
financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo».
30. A esta entidad se le atribuyó como objeto la administración estatal del
régimen de prima media con prestación definida, incluyendo la de los beneficios
económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual adicionó
el artículo 48 de la Constitución Política, donde se establece el sistema general de
11 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado:
25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los
casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos
a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la
administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica».
12 Igual análisis se llevó a cabo en el asunto de esta Subsección fallado el 25 de abril de 2024, radicado 25000-
23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)
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la seguridad social.
31. Para el asunto que nos ocupa, es importante destacar que el artículo 5° del
Decreto 309 de 2017 (que modificó la estructura de Colpensiones), desarrolló el
objeto de la entidad, señalando sus funciones; dentro de las cuales, se le facultó
para determinar los derechos pensionales y prestaciones económicas en favor de
sus afiliados y, en concordancia con el artículo 16 del Decreto, gestionar y dirigir
procesos de jurisdicción coactiva.
32. Por su parte, la Ley 1066 de 2006 otorgó la facultad de ejercer jurisdicción
coactiva a las entidades públicas que, de manera permanente, tienen a su cargo el
ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del
Estado colombiano y que, en virtud de estas, tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional y territorial.
33. Es oportuno resaltar que, en los actos controvertidos, Colpensiones
únicamente invocó como fundamento de su actuación el artículo 128 de la
Constitución Política y la prohibición que establece esa disposición.
34. Así las cosas, la Subsección considera que ninguna de las disposiciones
normativas mencionadas otorgó a Colpensiones facultades exorbitantes que le
permitieran, por vía administrativa, determinar de manera unilateral el monto de los
pagos realizados en exceso y la deuda que en virtud de estos debe efectuar la parte
demandante, sin el cumplimiento reglado de los cánones constitucionales y legales
dispuestos.
35. En efecto, aunque la Ley 1066 de 2006 otorga facultades de cobro coactivo
a las entidades del Estado, esto se aplica únicamente a aquellas encargadas de
recaudar rentas o caudales públicos a nivel nacional o territorial y, además, esta
acción está intrínsecamente ligada a la naturaleza administrativa propia de la
autotutela declarativa y ejecutiva, la cual se fundamenta en la legalidad.
36. Por otro lado, en lo que respecta al artículo 16 del Decreto 309 de 2017, es
relevante subrayar que la facultad de «(…) dirigir los procesos de jurisdicción
coactiva, gestión y recuperación de cartera» no implica que la entidad entre en el
ámbito de la tutela declarativa y cuente con la capacidad para reconocer o declarar
acerca de algún derecho u obligación preexistente, sino más bien, se refiere al
despliegue de las gestiones necesarias para que, mediante la vía judicial, se declare
la existencia del pago indebido.
37. En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha resaltado en diversas
8
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ocasiones13 la importancia de contar con una normativa que respalde la autoridad
de una entidad estatal para requerir el pago de una suma de dinero a un individuo,
así como para asegurar el debido proceso en el contexto de los cobros efectuados.
Sobre el particular esta Corporación señaló14:
«(…) 7.2.2. El ejercicio de potestades administrativas exige de una norma
expresa que las consagre y de un debido proceso administrativo.
(…) De conformidad con lo anterior, cuando quiera que una entidad estatal
pretenda imponer el pago de una suma de dinero a cargo de un particular,
deberá existir en la normatividad la tipificación legal que le permita
proceder en tal sentido, so pena de sufrir la sanción judicial por la
ilegalidad de su proceder. En ese orden de ideas y sólo para exponer dos
casos paradigmáticos, han sido las normas legales las que han conferido a las
entidades estatales la facultad de proceder con el cobro coactivo de las deudas
existentes a su favor, entre otras normas, en el artículo 5 de la ley 1066 de
200615; y también ha sido la norma legal, en el caso del artículo 17 de la Ley
1150 de 200716, la fuente para la atribución a las entidades estatales de la
facultad para imponer las multas que hayan sido pactadas contractualmente,
como medio de conminación al cumplimiento de las obligaciones del contratista.
“Es bueno advertir que en las normas referidas se atribuye expresamente a las
entidades del Estado la competencia para proceder con los cobros referidos,
pero también se indica, de manera inequívoca, que hay un debido proceso
que debe seguirse frente al particular. Es decir, la facultad unilateral que se
viene refiriendo demanda para su ejecución tanto de la consagración legal
respectiva como del respeto por los derechos de los particulares y de ello se
sigue que deba observarse siempre un procedimiento justo, en el cual
quienes reciben la coerción de la Administración puedan presentar los
argumentos para la defensa de sus intereses. El artículo 29 de la
Constitución Política indica que: “[E]l debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas”, disposición ésta que en lo que al
procedimiento administrativo corresponde, encuentra desarrollo específico en
el Código Contencioso Administrativo y que ha sido descrito por la Sección
Tercera en los siguientes términos
13 Con relación al problema jurídico que se plantea en la sentencia de 30 de julio de 2008, en proceso radicado
núm. 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), con ponencia del H. Magistrado Saavedra Becerra, se hizo
referencia a los excesos en la facultad de autotutela de la administración generados por la extralimitación del
ejercicio de la función administrativa por fuera de los límites específicamente establecidos por la ley.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, radicación número: 25000-23-26-
000-1996-07474- 01(16816). C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez.
15 “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas
que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
16 “Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”
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(…) Observa la Sala en este punto, que la existencia de un procedimiento
previo, enderezado a la expedición de un acto administrativo, se ha entendido
tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que se dirigen a
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y
concreto, es decir, con efectos que recaen sobre intereses o derechos
individuales, personales, particulares, de manera directa; y es por ello que aún
en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio
constitucional del debido proceso (art. 29), que implica para las
autoridades el deber de obrar en virtud de competencias legalmente
otorgadas, conforme a leyes preexistentes, y con la plenitud de las formas
propias de cada procedimiento, con miras a garantizar a los destinatarios
de sus decisiones el derecho de audiencia y de defensa, mediante la
posibilidad de participar en las actuaciones previas a la expedición de la
respectiva decisión, permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer
las manifestaciones que consideren necesarias para la correcta formación
del juicio de la Administración antes de decidir.”17
“De lo anterior resulta diáfano que en todos aquellos casos en los cuales la
Administración advierta que ha realizado un pago de lo no debido deberá
proceder a la obtención de la declaración judicial correspondiente, previa
aportación de las pruebas al proceso respectivo, puesto que la simple
aseveración de que tal evento ha ocurrido no encuentra en norma alguna, de
índole administrativa o civil, el sustento que le permita expedir un acto mediante
el cual pueda ordenar de manera unilateral y con fuerza vinculante el reintegro
de las sumas de dinero que supuestamente hubiere pagado en exceso»
(negrillas y subrayas fuera de texto).
38. En consecuencia, cuando una entidad estatal busca el pago de una suma de
dinero a un particular, es necesario que exista un respaldo legal claro y específico
para tal acción. Estos privilegios derivados de la autotutela administrativa deben
fundamentarse en la legislación correspondiente. En este sentido, la autotutela se
sustenta en la legalidad, como una condición necesaria y obligatoria.
39. En ese orden, no se advierte que Colpensiones tuviera competencia para
proferir actos administrativos con el fin de obtener el reintegro de un dinero que
recibió la parte demandante por concepto de pensión de jubilación y mucho menos
se encuentra habilitada por ley o por el texto constitucional para iniciar el proceso
previo que conduzca a la creación del acto administrativo que se constituya en título
ejecutivo, máxime cuando ningún fallo judicial ha ordenado el reintegro de suma de
dinero a la entidad.
40. Colpensiones cuenta con facultades expresas en materia de seguridad
social, otorgadas por la Ley 100 de 1993, para ejercer la jurisdicción coactiva en
relación con las obligaciones pendientes de pago por parte de aquellos sujetos
legalmente obligados a realizar aportes parafiscales, tal como lo establece el
artículo 57 de dicha Ley. El texto señala que «(…) de acuerdo con el artículo 79 del
Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de
2009, Radicación No. 27832, Actor: Consuelo Acuña Traslaviña, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra
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entidades administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
tienen la facultad de establecer el cobro coactivo para hacer efectivos sus créditos».
41. Por tanto, es cierto que Colpensiones, en virtud de disposiciones legales
específicas tenga la capacidad de ejercer la autotutela declarativa, pero esta se
fundamenta, únicamente, en normas claras y precisas que le confiere dicha facultad,
y no simplemente en una interpretación extensiva de normativas generales de
competencia.
42. Esta posición ha sido sostenida por esta Subsección en sentencia del 20 de
febrero de 2025, dentro de un caso similar al que se estudia hoy, en el que la UGPP
ordenó el reintegro de mayores valores pagados por concepto de pensión 18.Es
imperativo recordar que en el ámbito administrativo, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, específicamente, ha señalado que los principios generales que
advierten el derecho fundamental al debido proceso se debe aplicar a todas las
actuaciones administrativas que lleve a cabo la administración pública con
observancia de sus funciones y la ejecución de sus objetivos y fines, de manera tal
que se garantice «(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de
legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios
de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los
asociados».19
43. Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se
encuentra que, la actuación del Colpensiones transgredió el ordenamiento jurídico
y comporta un abuso del derecho, al trasladar al administrado unas cargas que no
tiene por qué asumir, pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no
está expresamente consagrada u otorgada por la Constitución o la ley resulta ser
arbitraria.
44. Por lo tanto, la Subsección revocará la sentencia que negó las pretensiones
y, en su lugar, declarará la nulidad de los actos demandados y ordenará, a título de
restablecimiento del derecho, que la parte interesada no tenga que devolver suma
alguna por concepto de mesadas pensionales devengadas, hasta tanto la entidad
demandada ejerza las acciones legales correspondientes.
45. Ahora, respecto a la pretensión invocada para que en caso de haberse
iniciado el proceso de cobro coactivo se ordene terminarlo y levantar las medidas
practicadas, o que, en caso de haberse consumado, se ordene dejarlo sin efecto y
ordenar el reintegro de los dineros cobrados debidamente indexados; en ninguna
de las etapas procesales las partes informaron que se hubiera adelantado cobro
alguno en relación con la suma en cuestión, razón por la que no hay lugar a
18Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 20 de febrero de 2025. Exp. 08001-23-
33-000-2017-01345-01 (2275-2022) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
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pronunciarse al respecto.
46. En relación con la solicitud de incluir en las ordenes de la sentencia, lo
correspondiente a la indemnización de los perjuicios causados al demandante, la
Subsección considera no hay lugar a acceder a esta porque el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011, al consagrar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
prevé que quien se crea lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica,
podrá pedir la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento en su derecho y,
agrega la misma disposición: «(…) también podrá solicitar que se le repare el daño»
Sobre esta última posibilidad esta Corporación ha manifestado que «(…) No
significa lo anterior que todo acto particular que sea declarado nulo, conlleve
simultáneamente restablecimiento de derechos de carácter económico y moral»20.
47. Atendiendo a lo anotado, se ha señalado que corresponde al juez en cada
caso, analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso y ordenar el restablecimiento de los derechos
económicos a que haya lugar y, previa determinación del grado de lesión moral que
resulte probado en el plenario, disponer la condena en tal sentido21.
48. En el presente asunto, la parte actora solicita el reconocimiento de los
perjuicios causados con ocasión del cobro realizado en los actos demandados, sin
embargo, no se aportaron pruebas documentales algunas que den certeza sobre
los perjuicios materiales reclamados, desconociendo que conforme al artículo 167
del CGP era su deber acreditar lo solicitado en la demanda; razón por la que la Sala
está impedida para acceder a su reconocimiento.
De la condena en costas
49. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso). Asimismo, en
virtud de la modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021, dispone
que, en todo caso, se condenará en costas «cuando se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
50. En principio, la interpretación literal del apartado normativo transcrito
derivaría en un alcance restringido de la ley, por cuanto el análisis que se exige
recaería únicamente sobre el escrito de la demanda, con lo cual, la aludida condena
solamente procedería en los trámites de única instancia o en la primera instancia, y
específicamente en contra de la parte demandante.
20 Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de septiembre de 2012. Radicación número: 41001-23-
31-000-2004-01614-01(6538-05). Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón.
21 Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de septiembre de 2012. Radicación número: 41001-23-
31-000-2004-01614-01(6538-05). Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón.
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51. Pues bien, en aras de garantizar el efecto útil de la norma y la igualdad de
todas las partes en el proceso, se entenderá que la expresión «demanda» empleada
por el legislador hace referencia a la actuación procesal que corresponda según la
instancia procesal que se trate. De esta manera, en punto de establecer la condena
en costas en segunda instancia, en todo caso, se condenará en costas cuando se
establezca que el recurso de apelación fue presentado con manifiesta carencia de
fundamento legal.
52. En el presente asunto, la Sala considera que pese a revocarse la decisión de
primera instancia, no hay lugar a condenar en costas en ninguna de las dos
instancias porque tanto los argumentos de la parte demandante, extremo vencedor,
como de la entidad demandada no carecieron de fundamento legal, todo lo
contrario, dichos alegatos dieron lugar a decisiones diferentes en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
I I I. FA L L A
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 1 de julio de 2021 de por el Tribunal
Administrativo de Córdoba. En su lugar:
Segundo. DECLARAR LA NULIDAD del artículo segundo de la Resolución GNR
35812 del 2 de febrero de 2016, en virtud de la cual Colpensiones ordenó al señor
Álvaro Luis Cruz Buelvas reintegrar la suma de $875.028.080.00.
DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones SGNR 155627 de 25 de mayo de
2016 y VPB 30609 del 28 de julio de 2016, por medio de las cuales Colpensiones
confirmó la Resolución 35812 del 2 de febrero de 2016.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que el señor Álvaro
Luís Cruz Buelvas no tiene la obligación de reintegrar la suma de dinero
correspondiente a $875.028.080.00, hasta tanto la entidad demandada ejerza las
acciones legales correspondientes.
Cuarto. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
Quinto. Sin condena en costas en ambas instancias.
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Sexto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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