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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01345-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01345-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FA L L A Primero. REVOCAR la sentencia proferida el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En su lugar: Segundo. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución RDP 002445 del 26 de enero de 2017, por medio de la cual se determinó unos mayores valores recibidos por concepto de mesadas pensionales a favor del Sistema de Seguridad Social en Pensiones y a cargo del señor Alberto Emilio Escolar Batista, así como la Resolución RDP 011228 del 21 de marzo de 2017, que resolvió de forma negativa el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto primigenio. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicado: 08001-23-33-000-2017-01345-01 (2275-2022) Tercero. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que el señor Alberto Emilio Escolar Batista no tiene la obligación de reintegrar la suma de dinero correspondiente a CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESETA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $494.960.464 mcte. por concepto de las mesadas pensionales que percibió entre el 1.° de diciembre de 2001 y el 17 de junio de 2005, hasta tanto la entidad demandada ejerza las acciones legales correspondientes Cuarto. Sin condena en costas de segunda instancia. Quinto. Se reconoce personería a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con tarjeta profesional 214.303 del CS de la J para que represente los intereses de la UGPP. Asimismo, se acepta la sustitución de poder hecha en la abogada Evelyn María Molina Padilla con tarjeta profesional 338.949 del CS de la J. 24 Sexto. En firme esta decisión, realizar las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2017-01345-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2017-01345-01 (2275-2022)
Demandante: Alberto Emilio Escolar Batista
Demandada: UGPP

Temas: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegro de mayores valores pagados por
concepto de pensión. Ámbito de la autotutela administrativa.
Principio de legalidad. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Alberto Emilio Escolar Batista, instauró demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 002445 del 26 de enero de 2017
y RDP 011228 de fecha marzo 21 de 2017, por medio de las cuales la UGPP ordenó
reintegrar al Tesoro Público la suma de $494.960.464 «por concepto de mayores
valores recibidos por mesadas pensionales», que se suman a otros $8.949.843 que
ya habían sido retenidos unilateralmente en las mesadas pensionales de los meses
de noviembre y diciembre de 2016

También pretende se declare «que los oficios números (1420 de diciembre 27, 1420

1 Expediente digital índice 2 de SAMAI.

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de 2016, 1420 de 17 marzo de 2017 y 04025417658367854) 2, no producirán efectos
lesivos a los derechos patrimoniales de éste, porque fueron adquiridos con arreglo
a las leyes existentes al momento de su concreción y dentro del marco
constitucional y administrativo competente para declararlos».

A título de restablecimiento del derecho: i) se ordene a la UGPP que reliquide la
pensión del actor conforme a la ley y la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2005
del Tribunal Administrativo del Atlántico que está ejecutoriada y es de obligatorio
cumplimiento, ii) se le ordene a la demandada devolver al actor las sumas de
$5.322.609, $3.164.399, $462.895, $4.120.720, $4.121.000 para un total de
$17.191.563 más los intereses y cargos de ley hasta el momento de su efectiva
devolución, más las cantidades que lleguen a descontarle de su pensión en razón
de la Resolución 002445 del 26 enero de 2017 y 011228 del 21 de marzo de 2017
emitidas por la UGPP.

Como pretensión subsidiaria, se declare que el monto respectivo para afiliado y
empleador de los aportes por factores salariales no cotizados para pensión que la
demandada pretende situar como justificante para ordenar reintegros al Estado a
cargo del actor, no pueden pretenderse ni ejecutarse por cuanto: i) dichos dineros
fueron recibidos a título de indemnización en cumplimiento de la sentencia del 30
de noviembre de 2005 y fueron efectivamente pagados por la Procuraduría General
de la Nación en el mes de febrero del año 2008, es decir (8) años más tarde, ii) el
actor no estaba obligado a efectuar aportes al sistema de acuerdo a lo establecido
por el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y, iii) los dineros recibidos en el año 2005
por concepto de bonificación por compensación le correspondió lo atinente a los
años 1999- 2000, porque a partir del 4 de agosto de 2000 ya estaba separado del
servicio activo, para el año 2005 ya era pensionado y por esta razón, no estaba
obligado a cotizar al sistema, porque además la prima en cuestión no constituyó
factor salarial.
HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Alberto Emilio Escolar Batista se desempeñó como procurador judicial
II durante más de 15 años, siendo declarado insubsistente mediante Decreto 0380
del 18 de julio de 2000 y en consecuencia retirado del servicio a partir de esa fecha.

Que procedió a demandar el Decreto 0380 del 18 de julio de 2000 en acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que fue fallado favorablemente por
el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 30 de noviembre de
2005 donde se condenó a la Procuraduría General de la Nación a pagar a título de
restablecimiento del derecho la indemnización correspondiente.

2 Emitidos por funcionarios de la UGPP como interpretación errada de los ordenamientos contenidos en la
Resolución RDP 033173 de 8 septiembre de 2016 que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del
suscrito reclamante.

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Que el pago de dicha indemnización fue ordenada por la Procuraduría General de
la Nación mediante Resolución 3492 del 31 de diciembre de 2007 y se materializó
en el mes de febrero de 2008, previa deducción de los aportes de pensión, salud y
parafiscales.

Que cuando fue declarada la insubsistencia tenía el tiempo legalmente requerido de
servicio y la edad de 60 años, por lo que solicitó a la extinta Cajanal el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, la cual fue reconocida
mediante Resolución 29088 del 8 de octubre de 2002 efectiva a partir del 1º de
agosto de 2000.

Que la UGPP expidió la Resolución RDP 002445 del 26 de enero de 2017, por
medio de la cual se determinan unos mayores valores recibidos por concepto de
mesadas pensionales, con cargo a recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, contra la cual interpuso recurso de reposición que fue resuelto
desfavorablemente mediante Resolución 011228 del 21 de marzo de 2017.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 2, 3, 4, 6, 29, 46, 53, 58 y 128 de la Constitución
Política.

Sostuvo que la UGPP desconoció la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado
que ha declarado que la pensión, indemnización y salarios son conceptos de
contenido y alcance jurídico diferentes.

Que la pensión sí puede ser compatible con la indemnización porque la primera es
un derecho adquirido con arreglo a la ley, la segunda es el resarcimiento monetario
que le corresponde a quien recibe un perjuicio.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla el 7 de julio de 2017 y por auto del 31 de octubre de 2017 se ordenó
remitir el proceso al Tribunal Administrativo del Atlántico, quien avocó conocimiento
y notificó a la demandada.

Al contestar la demandada señaló que se encontraba acreditado que el demandante
laboró hasta el 17 de junio de 2005 y que se hicieron pagos de $494.960.464 por
concepto de mesada pensional desde el 1° de agosto de 2000 en atención a las
Resoluciones 29088 de 2002 y 6939 de 2003.

Que el demandante estaba imposibilitado para percibir mesada pensional de vejez
y salario en calidad de funcionario público, toda vez que la normativa no lo excluye
de la prohibición del artículo 128 constitucional, ya que se estaría afectando el

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erario, contraviniendo la prohibición respecto de recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público.

Se realizó audiencia inicial el 12 de diciembre de 2018 y por auto del 15 de marzo
de 2021 dispuso correr traslado para alegar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Atlántico, negó las pretensiones indicando que ante la
incompatibilidad respecto de lo pagado en virtud de una condena judicial, por
concepto de salarios y prestaciones dejados de recibir por el retiro ilegal del servicio,
con lo recibido durante el lapso de la desvinculación por alguna causa laboral de
carácter público, debía acogerse lo expresado por el Consejo de Estado en
sentencia del 21 de mayo de 2020.3

Que resulta razonable la actuación de la entidad demandada al ordenar el
descuento de lo que se le sufragó al accionante por mesadas pensionales, de
acuerdo con el mandato contenido en el artículo 128 superior, toda vez que aquella
condena procede a título de restablecimiento del derecho, por lo que se crea una
ficción jurídica consistente en que el trabajador nunca fue retirado del servicio por
causa ilegal y, en ese orden, tampoco le es dable recibir más de una asignación que
provenga del erario.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en la que reiteró que lo
percibido fue a título de indemnización y no de salarios, además bajo el principio de
buena fe recibió lo que creyó justo y legal.

Que en cuanto al cambio de jurisprudencia en lo que atañe a pensión e
indemnización es muy visible el cambio acogido en la sentencia apelada puesto que
es de reciente expedición en el año 2020; siendo que los derechos adquiridos por
el demandante fueron en los años (2002-2003) pensión y (2005) indemnización que
le fue pagada (8) años después de su insubsistencia, en (2008); vale decir, que se
aplicó a este caso una jurisprudencia muy ulterior, en forma retroactiva, para valorar
y justificar los derechos adquiridos muy anteriormente con arreglo a las leyes
vigentes al tiempo de su concreción.

Que en reiteradas sentencias unificadoras expedidas por la Corte Constitucional se
actualizan los conceptos de precedencia fáctica, derechos adquiridos y la
inaplicabilidad de normas que afecten derechos adquiridos y concretados bajo el
imperio de normas vigentes al tiempo de su aplicación. Porque un cambio no tiene

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, expediente

08001-23-33-000-2014-00328-01 (2445-2017), demandante: Orlando Fidel Osorio Argote contra la UGPP, CP.
Carmelo Perdomo Cuéter

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efecto retroactivo.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 31 de mayo de 2022 se admitió el recurso.4 Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si los actos
administrativos demandados que determinaron que el señor Alberto Emilio Escolar
Batista adeudaba la suma de $494.960.464 a favor del Sistema General del
Pensiones por concepto de mayores valores de mesadas pensionales recibidas,
están viciados de nulidad.

Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) la legalidad de los
actos administrativos y el principio de justicia rogada, ii) la labor interpretativa del
juez y el derecho al debido proceso, iii) el debido proceso administrativo, iv) la
competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos, v) el
principio de autotutela administrativa y finalmente, iii) se resolverá el caso concreto.

De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que,
mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue
proferido conforme a derecho y que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese
sentido, esta figura, consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva
que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga
sobre quien la alega, 5 pues como presunción legal admite prueba en contrario.

En esta figura hay una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de
nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga
de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido
caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta
particular materia.

En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser
valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser

4 Índice 4 de SAMAI.
5 Providencia citada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de

2022, radicado:11001-03-25-000-2019-00601-00 (4727-2019).

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tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-
197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el
numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984), que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación
judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas
y el concepto de violación.

En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de
simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de
derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos
administrativos acusados, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o
argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es decir, se puede
flexibilizar el principio de justicia rogada 6 con el fin de dar protección al ordenamiento
superior.

De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso

Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General
del Proceso y sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia 7 ha señalado que
«[…] [a]l encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible
interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar
el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas,
lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una
afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de
quien procura una tutela efectiva de sus derechos. […]».

En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación, 8 al indicar que dicho deber
tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente
pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la
controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial, se le dé el
sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin
desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales.

Así entonces, considera la Subsección que en virtud de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procedimental es dable acudir al deber interpretativo del juez y
desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación
inmediata en la actuación administrativa que produjo los actos administrativos
demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la
omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.

6 Sobre la justicia rogada se puede revisar Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia

de unificación SUJ-010-S2 del 21 de abril de 2018, radicado: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-
SUJ2-010-18.
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019, expediente SL 960-

2019.
8 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de

agosto de 2021, radicado: 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).

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Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 superior se desprenden
diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a
ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce
en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga
una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se atienda el
procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido proceso del
administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia constitucional.

Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del
derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha
versado sobre la posibilidad o no de que la demandante tenga la obligación de
restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.

El debido proceso administrativo

En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido
denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso administrativo,
que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos
por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación
administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.

En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que
sus actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el
legislador, para garantizar a los ciudadanos, la protección de sus derechos de
contradicción y defensa, sin embargo, no toda irregularidad dentro del
procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos, sino cuando aquella implique el
desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado
con su expedición.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

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De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos.9

Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico,10 el material,11 el territorial 12 y
en algunos casos el temporal.13

En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta
Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado.14

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu
proprio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

9 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la valoración

del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad
con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo
en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad
de su ejercicio. [...]».
10 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional

de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.
Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
11Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asign ada a

la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
12 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en

el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
13 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de

tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.
14 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como

la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).

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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01345-01 (2275-2022)

Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés
general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada
autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es
que las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o
administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen
desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.

Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea
ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.
De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos,
además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por
la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.

Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público
debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse
el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como
desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la
misma normativa dispone que «[l]os servidores públicos están al servicio del Estado
y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución,
la ley y el reglamento […]».

Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como la vía gubernativa, la
revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de cobro coactivo de
las entidades públicas deben tener una consagración legal expresa que habilita en
cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse. 15

Resolución del caso concreto

La UGPP mediante Resolución RDP 002445 del 26 de enero de 2017, determinó
unos mayores valores recibidos por concepto de mesadas pensionales y ordenó al
actor la devolución de $494.960.464 a favor del Sistema General de Pensiones,
suma que debía pagarse a la Dirección del Tesoro Nacional, acorde con lo que se
evidencia en el expediente.

Dicho acto administrativo fue objeto de recurso de reposición, que se desató de

15 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado:

25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los
casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos
a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la
administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica».

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forma negativa mediante Resolución RDP 011228 del 21 de marzo de 2017 al
confirmar el acto administrativo recurrido.

Tras revisar el caso expuesto, se concluye inicialmente que, al emitir los actos
administrativos objeto de controversia, la UGPP actuó de manera autónoma en
defensa de sus intereses legales. Por consiguiente, resulta fundamental determinar
si la UGPP contaba con la competencia normativa necesaria para adoptar y ejecutar
las medidas de autotutela en cuestión. 16

El marco normativo que creó la UGPP, establecido inicialmente en el artículo 156
de la Ley 1151 de 2007, la consagró como una entidad adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente. Esta entidad fue asignada con dos negocios misionales:
el pensional y el parafiscal.

En relación con el negocio pensional — que es el que nos incumbe para este medio
de control —, el aludido artículo 156 precisó que le corresponde, en general, «[e]l
reconocimiento de derechos pensionales […] causados a cargo de administradoras
del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del
orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones,
respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación […]».

Igualmente, en el artículo 156, el legislador invistió por seis (6) meses de facultades
extraordinarias al presidente de la República, conforme a lo establecido en el
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, para que expidiera normas
con fuerza de ley en las que determinara las funciones de la UGPP.

En virtud de dicha facultad extraordinaria, se emitió el Decreto Ley 169 del 23 de
enero de 2008, el cual atribuyó a la entidad unas responsabilidades en cuanto al
reconocimiento de derechos pensionales y el Decreto 575 de 2013 amplió las
concedidas a la UGPP, otorgándole la capacidad de llevar a cabo acciones
administrativas y judiciales en caso de encontrar discrepancias en la información
relacionada con el trabajo o las pensiones.

El artículo 6 del decreto estableció funciones adicionales para la UGPP, dentro de
las cuales se incluye aquella que constituyó una de las bases para dictar los actos
atacados, a saber, «10. Adelantar las acciones administrativas y judiciales
pertinentes en el caso en que se detecten inconsistencias en la información laboral
o pensional o en el cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando
fuere necesario, los pagos e iniciar el proceso de cobro de los mayores dineros
pagados». (Subrayado fuera del texto original)

16 Igual análisis se llevó a cabo en el asunto de esta Subsección fallado el 25 de abril de 2024, radicado 25000-

23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)

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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01345-01 (2275-2022)

Es importante destacar que en el acto administrativo impugnado se invocó la
facultad conferida por la Ley 1066 de 2006 de ejercer jurisdicción coactiva a las
entidades públicas que, de manera permanente, tienen a su cargo el ejercicio de
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial.

Sin embargo, encuentra la Subsección que ninguna de las disposiciones normativas
mencionadas otorgó a la UGPP facultades exorbitantes que le permitieran, por vía
administrativa, determinar de manera unilateral el monto de los pagos realizados en
exceso y la deuda que en virtud de estos debe efectuar la parte demandante, sin el
cumplimiento reglado de los cánones constitucionales y legales, dispuestos.

Al efecto, se destaca que la entidad ha interpretado de manera incorrecta las
normativas mencionadas anteriormente. Por un lado, aunque la Ley 1066 de 2006
otorga facultades de cobro coactivo a las entidades del Estado, esto se aplica
únicamente a aquellas encargadas de recaudar rentas o caudales públicos a nivel
nacional o territorial y, además, esta acción está intrínsecamente ligada a la
naturaleza administrativa propia de la autotutela declarativa y ejecutiva, la cual se
fundamenta en la legalidad.

Por el otro lado, en lo que respecta al artículo 10 del Decreto 575 de 2013 es
relevante subrayar que la facultad de «[…] iniciar el proceso de cobro de los
mayores dineros pagados» no implica que la entidad entre en el ámbito de la tutela
declarativa y cuente con la capacidad para reconocer o declarar acerca de algún
derecho u obligación preexistente sino más bien, se refiere al despliegue de las
gestiones necesarias para que, mediante la vía judicial, se declare la existencia del
pago indebido.

En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha resaltado en diversas
ocasiones 17 la importancia de contar con una normativa que respalde la autoridad
de una entidad estatal para requerir el pago de una suma de dinero a un individuo,
así como para asegurar el debido proceso en el contexto de los cobros efectuados.
Al respecto, tenemos la sentencia del H. Consejo de Estado, Sección Tercera,
consejero ponente (E): Mauricio Fajardo Gómez, del cuatro (4) de febrero de dos
mil diez (2010), radicación número: 25000-23-26-000-1996-07474- 01(16816),
actor: Consorcio Nacional de Ingenieros y Contratistas CONIC S.A., demandado:
Instituto Nacional de Vías, en la cual se señaló:

«7.2.2. El ejercicio de potestades administrativas exige de una norma expresa que las
consagre y de un debido proceso administrativo.

17 Con relación al problema jurídico que se plantea en la sentencia de 30 de julio de 2008, en proceso radicado

núm. 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), con ponencia del H. Magistrado Saavedra Becerra, se hizo
referencia a los excesos en la facultad de autotutela de la administración generados por la extralimitación del
ejercicio de la función administrativa por fuera de los límites específicamente establecidos por la ley.

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(…)

“De conformidad con lo anterior, cuando quiera que una entidad estatal pretenda
imponer el pago de una suma de dinero a cargo de un particular, deberá existir
en la normatividad la tipificación legal que le permita proceder en tal sentido,
so pena de sufrir la sanción judicial por la ilegalidad de su proceder. En ese
orden de ideas y sólo para exponer dos casos paradigmáticos, han sido las normas
legales las que han conferido a las entidades estatales la facultad de proceder con el
cobro coactivo de las deudas existentes a su favor, entre otras normas, en el artículo
5 de la ley 1066 de 200618; y también ha sido la norma legal, en el caso del artículo
17 de la Ley 1150 de 200719, la fuente para la atribución a las entidades estatales de
la facultad para imponer las multas que hayan sido pactadas contractualmente, como
medio de conminación al cumplimiento de las obligaciones del contratista.

“Es bueno advertir que en las normas referidas se atribuye expresamente a las
entidades del Estado la competencia para proceder con los cobros referidos, pero
también se indica, de manera inequívoca, que hay un debido proceso que debe
seguirse frente al particular. Es decir, la facultad unilateral que se viene refiriendo
demanda para su ejecución tanto de la consagración legal respectiva como del
respeto por los derechos de los particulares y de ello se sigue que deba observarse
siempre un procedimiento justo, en el cual quienes reciben la coerción de la
Administración puedan presentar los argumentos para la defensa de sus
intereses. El artículo 29 de la Constitución Política indica que: “[E]l debido proceso
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, disposición ésta
que en lo que al procedimiento administrativo corresponde, encuentra desarrollo
específico en el Código Contencioso Administrativo y que ha sido descrito por la
Sección Tercera en los siguientes términos:
(…)

Observa la Sala en este punto, que la existencia de un procedimiento previo,
enderezado a la expedición de un acto administrativo, se ha entendido
tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que se dirigen a crear,
modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, es decir,
con efectos que recaen sobre intereses o derechos individuales, personales,
particulares, de manera directa; y es por ello que aún en el ámbito de la actuación
administrativa, resulta aplicable el principio constitucional del debido proceso
(art. 29), que implica para las autoridades el deber de obrar en virtud de
competencias legalmente otorgadas, conforme a leyes preexistentes, y con la
plenitud de las formas propias de cada procedimiento, con miras a garantizar a
los destinatarios de sus decisiones el derecho de audiencia y de defensa,
mediante la posibilidad de participar en las actuaciones previas a la expedición
de la respectiva decisión, permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer

18 “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas

que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
19 “Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia

sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cump lir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”

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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01345-01 (2275-2022)

las manifestaciones que consideren necesarias para la correcta formación del
juicio de la Administración antes de decidir.”20

“De lo anterior resulta diáfano que en todos aquellos casos en los cuales la
Administración advierta que ha realizado un pago de lo no debido deberá
proceder a la obtención de la declaración judicial correspondiente, previa
aportación de las pruebas al proceso respectivo, puesto que la simple aseveración
de que tal evento ha ocurrido no encuentra en norma alguna, de índole administrativa
o civil, el sustento que le permita expedir un acto mediante el cual pueda ordenar de
manera unilateral y con fuerza vinculante el reintegro de las sumas de dinero que
supuestamente hubiere pagado en exceso.» (negrillas y subrayas fuera de texto)

En consecuencia, cuando una entidad estatal busca exigir el pago de una suma de
dinero a un particular, es necesario que exista un respaldo legal claro y específico
para tal acción. Estos privilegios derivados de la autotutela administrativa deben
fundamentarse en la legislación correspondiente. En este sentido, la autotutela se
sustenta en la legalidad, como una condición necesaria y obligatoria.

En ese orden, de las normas invocadas en el acto acusado, no se advierte que la
UGPP tuviera competencia para proferir un acto administrativo con el fin de obtener
el reintegro de un dinero que recibió la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales y mucho menos se encuentra habilitada por ley o por el texto
constitucional para iniciar el proceso previo que conduzca a la creación del acto
administrativo que se constituya en título ejecutivo, máxime cuando ningún fallo
judicial ha ordenado el reintegro de suma de dinero a la entidad.

Ante la ausencia de un fundamento normativo es evidente que el subdirector de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP no tenía la competencia
requerida para calcular la deuda y ordenar la devolución de los pagos
supuestamente realizados en exceso a la parte demandante. Incluso el título mismo
del cargo de quien emite los actos demandados hace referencia únicamente a la
«determinación de derechos pensionales», lo cual no le otorga la facultad de
autotutela por parte de la autoridad administrativa que ha ser atribuida únicamente
por la ley.

Contrario sensu, la UGPP cuenta con facultades expresas en materia de seguridad
social, otorgadas por la Ley 100 de 1993, para ejercer la jurisdicción coactiva en
relación con las obligaciones pendientes de pago por parte de aquellos sujetos
legalmente obligados a realizar aportes parafiscales, tal como lo establece el
artículo 57 de dicha ley. El texto señala:

De acuerdo con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112
de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida tienen la facultad de establecer el cobro coactivo para hacer
efectivos sus créditos

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de

2009, Radicación No. 27832, Actor: Consuelo Acuña Traslaviña, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra

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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01345-01 (2275-2022)

Por tanto, es evidente que la UGPP, en virtud de disposiciones legales específicas
sí tiene la capacidad de ejercer la autotutela declarativa, pero esta se fundamenta
únicamente en normas claras y precisas que le confiere dicha facultad, y no
simplemente en una interpretación extensiva de normativas generales de
competencia.

Esta posición ha sido sostenida por esta Subsección en ocasión precedente,
específicamente en relación con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL). En la sentencia emitida el 28 de septiembre de 2023, 21 se examinó la
situación de un empleado que, al ser reintegrado al servicio activo, le fue notificada
una resolución por parte del director general de CREMIL que exigía la devolución
de los montos recibidos en calidad de asignación de retiro durante un periodo
determinado. 22

Es imperativo recordar que en el ámbito administrativo, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, específicamente, ha señalado que los principios generales que
advierten el derecho fundamental al debido proceso se debe aplicar a todas las
actuaciones administrativas que lleve a cabo la administración pública con
observancia de sus funciones y la ejecución de sus objetivos y fines, de manera tal
que se garantice «(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de
legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios
de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los
asociados».23

Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra que,
la actuación de la UGPP transgredió el ordenamiento jurídico y comporta un abuso
del derecho, al trasladar al administrado unas cargas que no tiene por qué asumir,
pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no está expresamente
consagrada u otorgada por la Constitución o la ley resulta ser arbitraria.

De allí que la Subsección revocará la sentencia y declarará la nulidad de los actos
demandados y ordenará, a título de restablecimiento del derecho, que la parte
interesada no tenga que devolver suma alguna por concepto de mesadas
pensionales devengadas entre el 1.° de diciembre de 2002 y el 17 de junio de 2005,
hasta tanto la entidad demandada ejerza las acciones legales correspondientes.

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicado

25000-23-42-000-2014-01633-01 (6503-2022).
22 En este contexto, se llegó a la conclusión de que CREMIL carecía de la competencia necesaria para pretender

al empleado la restitución de los fondos desembolsados por concepto de asignaciones de retiro. La
argumentación se fundamentó en que «las leyes que previeron [sus] funciones […] la facultaron principalmente
para el reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro, pensiones y sustituciones, pero no la habilitaron
para ordenar el descuento o reintegro de haberes pagados por concepto de dichas prestaciones» y que el
Consejo Directivo de la entidad había delegado esta facultad al director general sin contar con la debida
autorización legal, apoyándose en una disposición normativa que no otorgaba dicho poder.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

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De la condena en costas en segunda instancia

Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Sección A del Consejo de Estado
venía aplicando el criterio objetivo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, según el cual en toda sentencia el Juez procederá a su reconocimiento
cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe.

No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual,
se deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme
al inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya
ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, de la revisión del recurso de apelación, se observa que no hay
lugar a la condena en costas, pues no carece de fundamentación jurídica, por el
contrario, se expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de los intereses
de la parte. En consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FA L L A

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el nueve (9) de diciembre de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En su lugar:

Segundo. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución RDP 002445 del 26 de
enero de 2017, por medio de la cual se determinó unos mayores valores recibidos
por concepto de mesadas pensionales a favor del Sistema de Seguridad Social en
Pensiones y a cargo del señor Alberto Emilio Escolar Batista, así como la
Resolución RDP 011228 del 21 de marzo de 2017, que resolvió de forma negativa
el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto primigenio.

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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01345-01 (2275-2022)

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que el señor Alberto
Emilio Escolar Batista no tiene la obligación de reintegrar la suma de dinero
correspondiente a CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SESETA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE $494.960.464 mcte. por concepto de las mesadas pensionales que percibió
entre el 1.° de diciembre de 2001 y el 17 de junio de 2005, hasta tanto la entidad
demandada ejerza las acciones legales correspondientes

Cuarto. Sin condena en costas de segunda instancia.

Quinto. Se reconoce personería a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con
tarjeta profesional 214.303 del CS de la J para que represente los intereses de la
UGPP. Asimismo, se acepta la sustitución de poder hecha en la abogada Evelyn
María Molina Padilla con tarjeta profesional 338.949 del CS de la J. 24

Sexto. En firme esta decisión, realizar las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

24 Índice 26 de SAMAI.

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