Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02109-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02109-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-02109-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023)
Demandante: Mariela de Jesús Montoya de González
Demandada: UGPP
Temas: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegro de mayores valores pagados por
concepto de pensión. Ámbito de la autotutela administrativa.
Principio de legalidad. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
por el Tribunal Administrativo del Antioquia, que declaró la nulidad parcial de las
resoluciones demandadas.
ANTECEDENTES
La señora Mariela de Jesús Montoya de González, instauró demanda contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 003479 del 5 de febrero de
2019 y RDP 008762 del 16 de marzo de 2019, por medio de las cuales la UGPP
ordenó reintegrar al Tesoro Público la suma de $344.308.284 «(…) por concepto de
mayores valores recibidos por mesadas pensionales».
A título de restablecimiento del derecho se ordene la devolución de cualquier suma
de dinero cancelada con ocasión de la orden contenida en las resoluciones
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declaradas nulas y se ordene la extinción de cualquier proceso de cobro en contra
de la demandante.
Como pretensión subsidiaria que, en caso de declararse la nulidad de las
resoluciones sólo por encontrarse probada la prescripción extintiva de la obligación,
se ordene a la UGPP suscribir con la demandante un acuerdo de reembolso en
relación con la suma no afectada por prescripción, de forma que no se ponga en
condiciones de indignidad a la actora.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Mariela de Jesús Montoya de González contrajo matrimonio con el
señor Jorge González González, a quien la Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Minero le reconoció pensión de jubilación mediante Resolución J-150 del 01 de junio
de 1979 en cuantía de $3.707,84 efectiva a partir del 2 de enero de 1970 según los
parámetros de la Ley 95 de 1946.
Que, en el artículo 7 de la Resolución de reconocimiento pensional de su esposo,
se indicó que «(…) el valor de la pensión quedaría sujeto al otorgamiento de la
pensión que el Instituto de Seguros sociales hiciera al beneficiario en virtud del
seguro de invalidez, vejez y muerte»1.
Que, la pensión fue ajustada en las Resoluciones 2436 del 01 de septiembre de
1980, 00972 del 31 de marzo de 1981, 00090 del 29 de enero de 1982, 0164 del 31
de enero de 1983, 0129 del 31 de enero de 1984 y 3445 del 12 de junio de 1985.
En la Resolución 8707 del 15 de agosto de 1996 el ISS reconoció la pensión de
vejez de carácter compartida a favor del señor Jorge González González efectiva a
partir del 1 de octubre de 1995.
Que, el señor Jorge González González, falleció el día 10 de diciembre de 1996,
por lo que la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero reconoció la sustitución
pensional a favor de la demandante, en calidad de cónyuge supérstite, en un 100%,
mediante Resolución 502 del 25 de noviembre 1997.
Que, en la Resolución RDP 027903 del 12 de julio de 2018 se decidió ajustar la
mesada pensional reconocida a favor de la señora Mariela de Jesús Montoya de
González, en el mayor valor a cargo del Fondo de Pensiones Públicas FOPEP, en
la cuantía que resultara de la diferencia del valor de la mesada reconocida por la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y ordenó la liquidación del valor
correspondiente a las mesadas cobradas en exceso a partir del 11 de diciembre de
1996.
1 Expediente físico, página 2.
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Que, en la Resolución RDP 003479 del 5 de febrero de 2019, la UGPP determinó
que la demandante adeudaba al Sistema General de Pensiones la suma de
$344.308.284 porque se había venido pagando un mayor valor y, por la Resolución
RDP 008762 del 16 de marzo de 2019, se resolvió el recurso de reposición
confirmando la decisión.
Finalmente, resaltó que la demandante es mayor de 90 años, no cuenta con
estudios ni formación profesional, ni con un medio de subsistencia diferente al de la
mesada pensional.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados los artículos 1, 2, 5, 29, 46 y 83 de la Constitución Política y
los artículos 3, 5, 8, 10 y 164 de la Ley 1437 de 2011.
Sostuvo que el régimen de prescripción de las obligaciones que se pretenden cobrar
por la UGPP mediante las resoluciones demandadas es el determinado en el
artículo 817 numeral 4 del Estatuto Tributario que establece que el término de
prescripción de la acción de cobro debe contarse a partir de la fecha de ejecutoria
del respectivo acto administrativo de determinación.
Que, se vulneró el derecho al debido proceso administrativo porque antes de
suspenderse el pago de la mesada pensional debía comunicarse a la beneficiaria
de la prestación, el inicio de una actuación administrativa con dicha finalidad,
debiéndose, además, surtir todas las etapas correspondientes. Resaltó que para el
caso de la demandante esto no sucedió.
Que las decisiones atacadas desconocen el principio de buena fe de la demandante,
puesto que nunca antes le había sido informado que debía restituir suma alguna por
concepto de mesadas pensionales pagadas en exceso.
Que, además, la UGPP no había tenido en cuenta que en la señora Montoya de
González concurrían circunstancias de vulnerabilidad manifiesta por tratarse de un
adulto mayor de 90 años que no cuenta con un medio de subsistencia distinto al
que recibe como mesada pensional.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Antioquia, quien la
admitió y notificó 2.
Al contestar la demandada, la UGPP señaló que en el acto administrativo por el que
2 Página 69 del expediente físico.
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se reconoció la pensión al señor Jorge González González se estableció que dicha
prestación tendría el carácter de compartida, por lo que el derecho estaba
supeditado a una condición resolutoria en virtud del mismo ordenamiento jurídico
porque «(…) la pensión de jubilación se concede hasta tanto pueda cumplirse la
condición, esto es, hasta que el beneficiario cause el derecho a adquirir la pensión
de vejez, puesto que posteriormente, solo será de cargo del empleador que ha
seguido cotizando el mayor valor si lo hubiere»3
Por lo tanto, resaltó que la pensión de jubilación y la pensión de vejez no son
compatibles o sumables, sino compartibles. Expuso que, en virtud de la
compatibilidad de la pensión, la UGPP determinó los mayores valores que fueron
pagados a la demandante, pero defendió que ese procedimiento administrativo se
había surtido respetando el debido proceso y que, para el caso, no operaba la
prescripción.
Luego del traslado de las excepciones, el 6 de febrero de 2023 se dio trámite de
sentencia anticipada y se dispuso correr traslado para alegar 4.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Antioquia, accedió parcialmente a las pretensiones.
Indicó que el caso se trataba de una pensión compartida, en los términos del artículo
18 del decreto 758 de 1990, en donde el pensionado continuó recibiendo pagos del
empleador y del asegurador desde el 1 de octubre de 1995, mes a mes, hasta el 10
de diciembre de 1996, cuando falleció.
Explicó que si bien se concedió una pensión de jubilación por parte de la Caja
Agraria mediante la Resolución J-150 del 1 de junio de 1979, esta quedó supeditada
a la compartibilidad pensional que efectuara el ISS en virtud de la asegurabilidad, al
momento de acreditarse los requisitos legales para adquirir la pensión de vejez.
Condición que igualmente quedó consagrada en el acto administrativo de
sustitución pensional a favor de la demandante como cónyuge supérstite.
Así, determinó que la pensión convencional reconocida por la Caja Agraria
(actualmente a cargo de la UGPP) quedó subrogada completamente con la
reconocida por el ISS (actualmente Colpensiones), en la medida en que ésta última
es significativamente superior a la otorgada a partir del 10 de diciembre de 1996.
Sostuvo que la subrogación opera de manera automática, no sólo porque así lo
estableció el acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación primigenia,
sino porque la figura de la compartibilidad está sujeta por la ley y la convención a
una condición que ya aconteció, esto es, el reconocimiento de la pensión de vejez
3
Páginas 79 a 84 del expediente físico.
4
Índice 20 de SAMAI, Gestión en otras corporaciones.
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a cargo del administrador del fondo pensional.
Que, en el caso no se evidenciaba vulneración alguna al derecho al debido proceso
y que, si bien no existía norma legal que determinarla la obligación de informar al
antiguo empleador acerca del reconocimiento de la pensión por parte de la entidad
de seguridad social, lo cierto era que el pensionado no podía pretender acumular
los beneficios, por lo que se esperaría que se actuara en el marco de la buena fe
avisando al empleador; razón por la que consideró que el actuar de la UGPP se
ajustó a derecho.
Expuso que no se encontraba vulnerado el mínimo vital de la demandante porque
devengaba una mesada pensional equivalente a 10 veces el salario mínimo legal al
momento de su reconocimiento, por lo que resultaba procedente ordenar la
devolución de las sumas de dinero recibidas en exceso. Finalmente, consideró que
se encontraban prescritas las sumas pagadas entre el 11 de diciembre de 1996 y el
11 de julio de 2013, por lo que concedió las pretensiones en relación a este punto.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación en la que reiteró los
argumentos contenidos en la demanda y destacó que los actos administrativos
demandados debieron declararse nulos, no sólo por la prescripción sino porque no
se surtió un procedimiento administrativo para definir la existencia de la obligación
en cabeza de la actora, con la posibilidad de que ella interviniera en dicho
procedimiento para ejercer su defensa y, en segundo lugar, que no se respetó la
presunción de buena fe reconocida constitucionalmente como principio regulativo
de las relaciones entre los particulares y la administración pública.
Indicó que durante el período en que se pagó en exceso la pensión no existió
ninguna comunicación o información relativa a las condiciones del pago, su revisión
o alguna mutación de las condiciones en que sustituyó a su cónyuge como
beneficiaria; resaltando que cuando se le informó la obligación de devolver las
sumas pagadas en exceso -por un error imputable a los funcionarios encargados-,
inmediatamente constituyó apoderado para intervenir en el trámite correspondiente
y dio cuenta de que nunca tuvo conocimiento de esta situación.
La demandada UGPP, expresó que los actos demandados fueron expedidos por
autoridad competente, observando las formalidades legales y con la debida
motivación.
Se opuso la decisión de declarar la prescripción de las mesadas pensionales
pagadas en exceso entre el 11 de diciembre de 1996 y el 11 de julio de 2013,
expresando que se genera un detrimento del patrimonio público y un
enriquecimiento ilícito en favor de la demandante.
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TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 20 de febrero de 2024 se admitió el recurso.5 Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si los actos
administrativos demandados que determinaron que la señora Mariela de Jesús
Montoya de González adeudaba la suma de $344.308.284 a favor del Sistema
General del Pensiones por concepto de mayores valores de mesadas pensionales
recibidas, están viciados de nulidad.
Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) la legalidad de los
actos administrativos y el principio de justicia rogada, ii) la labor interpretativa del
juez y el derecho al debido proceso, iii) el debido proceso administrativo, iv) la
competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos, v) el
principio de autotutela administrativa y finalmente, iii) se resolverá el caso concreto.
De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada
La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que,
mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue
proferido conforme a derecho y que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese
sentido, esta figura, consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva
que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga
sobre quien la alega, 6 pues como presunción legal admite prueba en contrario.
En relación con dicha presunción, existe una regla que indica al juez que debe
denegar la pretensión de nulidad de un acto administrativo cuando quien lo
demanda no cumple con la carga de demostrar que está viciado. Por ello, la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, encargada de juzgar la validez de esa
clase de actos, ha sido caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene
que ver con esta particular materia.
En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser
valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser
tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-
197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el
numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
5 Índice 9 de SAMAI.
6 Providencia citada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de
2022, radicado:11001-03-25-000-2019-00601-00 (4727-2019).
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1984), que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación
judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas
y el concepto de violación.
En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de
simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de
derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos
administrativos acusados, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o
argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es decir, se puede
flexibilizar el principio de justicia rogada 7 con el fin de dar protección al ordenamiento
superior.
De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso
Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General
del Proceso y sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia 8 ha señalado que:
«(…) [a]l encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión
ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial,
a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al
formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa
petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder
precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela
efectiva de sus derechos».
En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación, 9 al indicar que dicho deber
tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente
pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la
controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial, se le dé el
sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin
desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales.
Así entonces, considera la Subsección que en virtud de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procedimental es dable acudir al deber interpretativo del juez y
desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación
inmediata en la actuación administrativa que produjo los actos administrativos
demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la
omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.
7 Sobre la justicia rogada se puede revisar Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia
de unificación SUJ-010-S2 del 21 de abril de 2018, radicado: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-
SUJ2-010-18.
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019, expediente SL 960-
2019.
9 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de
agosto de 2021, radicado: 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).
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Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 superior se desprenden
diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a
ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce
en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga
una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se atienda el
procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido proceso del
administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia constitucional.
Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del
derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha
versado sobre la posibilidad o no de que la demandante tenga la obligación de
restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.
El debido proceso administrativo
En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido
denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso administrativo,
que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos
por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación
administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.
En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que
sus actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el
legislador, para garantizar a los ciudadanos, la protección de sus derechos de
contradicción y defensa, sin embargo, no toda irregularidad dentro del
procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos, sino cuando aquella implique el
desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado
con su expedición.
La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos
Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.
La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
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competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos.10
Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico,11 el material,12 el territorial 13 y
en algunos casos el temporal.14
En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta
Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado.15
El principio de autotutela administrativa
En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que tomen
las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.
Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés
10 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la
valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos
vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan
la regularidad de su ejercicio. [...]».
11 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional
de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.
Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
12Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a
la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
13 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en
el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
14 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de
tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.
15 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como
la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).
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general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada
autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es
que las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o
administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen
desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.
Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea
ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.
De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos,
además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por
la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público
debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse
el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como
desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la
misma normativa dispone que «(…) [l]os servidores públicos están al servicio del
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento».
Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como los recursos
administrativos, la revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de
cobro coactivo de las entidades públicas tienen una consagración legal expresa que
habilita en cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse. 16
Resolución al caso concreto
Es indispensable, analizar si al emitir los actos demandados, la UGPP contaba con
la competencia normativa necesaria para adoptar y ejecutar las medidas de
autotutela en cuestión. 17
El marco normativo que creó la UGPP, establecido inicialmente en el artículo 156
de la Ley 1151 de 2007, la consagró como una entidad adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa
16 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado:
25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los
casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos
a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la
administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica».
17 Igual análisis se llevó a cabo en el asunto de esta Subsección fallado el 25 de abril de 2024, radicado 25000-
23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)
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y patrimonio independiente. Esta entidad fue asignada con dos negocios misionales:
el pensional y el parafiscal.
En relación con el negocio pensional — que es el que nos incumbe para este medio
de control —, el aludido artículo 156 precisó que le corresponde, en general, «(…)
[e]l reconocimiento de derechos pensionales (…) causados a cargo de
administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades
públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de
pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación».
Igualmente, en el artículo 156, el legislador invistió por seis (6) meses de facultades
extraordinarias al presidente de la República, conforme a lo establecido en el
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, para que expidiera normas
con fuerza de ley en las que determinara las funciones de la UGPP.
En virtud de dicha facultad extraordinaria, se emitió el Decreto Ley 169 del 23 de
enero de 2008, el cual atribuyó a la entidad unas responsabilidades en cuanto al
reconocimiento de derechos pensionales y el Decreto 575 de 2013 amplió las
concedidas a la UGPP, otorgándole la capacidad de llevar a cabo acciones
administrativas y judiciales en caso de encontrar discrepancias en la información
relacionada con el trabajo o las pensiones.
El artículo 6 del decreto estableció funciones adicionales para la UGPP, dentro de
las cuales se incluye aquella que constituyó una de las bases para dictar los actos
atacados, a saber, «10. Adelantar las acciones administrativas y judiciales
pertinentes en el caso en que se detecten inconsistencias en la información laboral
o pensional o en el cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando
fuere necesario, los pagos e iniciar el proceso de cobro de los mayores dineros
pagados». (Subrayado fuera del texto original)
Es importante destacar que en los actos administrativos impugnados se invocó la
facultad conferida por la Ley 1066 de 2006 18 de ejercer jurisdicción coactiva a las
entidades públicas que, de manera permanente, tienen a su cargo el ejercicio de
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial.
Sin embargo, encuentra la Subsección que ninguna de las disposiciones normativas
mencionadas otorgó a la UGPP facultades exorbitantes que le permitieran, por vía
administrativa, determinar de manera unilateral el monto de los pagos realizados en
exceso y la deuda que en virtud de estos debe efectuar la parte demandante, sin el
cumplimiento reglado de los cánones constitucionales y legales, dispuestos.
18 Página 44 del expediente digital.
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Al efecto, se destaca que la entidad ha interpretado de manera incorrecta las
normativas mencionadas anteriormente. Por un lado, aunque la Ley 1066 de 2006
otorga facultades de cobro coactivo a las entidades del Estado, esto se aplica
únicamente a aquellas encargadas de recaudar rentas o caudales públicos a nivel
nacional o territorial y, además, esta acción está intrínsecamente ligada a la
naturaleza administrativa propia de la autotutela declarativa y ejecutiva, la cual se
fundamenta en la legalidad.
Por el otro lado, en lo que respecta al artículo 10 del Decreto 575 de 2013 es
relevante subrayar que la facultad de «(…) iniciar el proceso de cobro de los
mayores dineros pagados» no implica que la entidad entre en el ámbito de la tutela
declarativa y cuente con la capacidad para reconocer o declarar acerca de algún
derecho u obligación preexistente sino más bien, se refiere al despliegue de las
gestiones necesarias para que, mediante la vía judicial, se declare la existencia del
pago indebido.
En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha resaltado en diversas
ocasiones 19 la importancia de contar con una normativa que respalde la autoridad
de una entidad estatal para requerir el pago de una suma de dinero a un individuo,
así como para asegurar el debido proceso en el contexto de los cobros efectuados.
Al respecto, tenemos la sentencia del H. Consejo de Estado, Sección Tercera,
consejero ponente (E): Mauricio Fajardo Gómez, del cuatro (4) de febrero de dos
mil diez (2010), radicación número: 25000-23-26-000-1996-07474- 01(16816),
actor: Consorcio Nacional de Ingenieros y Contratistas CONIC S.A., demandado:
Instituto Nacional de Vías, en la cual se señaló:
«(…) 7.2.2. El ejercicio de potestades administrativas exige de una norma
expresa que las consagre y de un debido proceso administrativo.
(…) De conformidad con lo anterior, cuando quiera que una entidad estatal
pretenda imponer el pago de una suma de dinero a cargo de un particular,
deberá existir en la normatividad la tipificación legal que le permita
proceder en tal sentido, so pena de sufrir la sanción judicial por la
ilegalidad de su proceder. En ese orden de ideas y sólo para exponer dos
casos paradigmáticos, han sido las normas legales las que han conferido a las
entidades estatales la facultad de proceder con el cobro coactivo de las deudas
existentes a su favor, entre otras normas, en el artículo 5 de la ley 1066 de
200620; y también ha sido la norma legal, en el caso del artículo 17 de la Ley
19 Con relación al problema jurídico que se plantea en la sentencia de 30 de julio de 2008, en proceso radicado
núm. 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), con ponencia del H. Magistrado Saavedra Becerra, se hizo
referencia a los excesos en la facultad de autotutela de la administración generados por la extralimitación del
ejercicio de la función administrativa por fuera de los límites específicamente establecidos por la ley.
20 “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas
que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
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1150 de 200721, la fuente para la atribución a las entidades estatales de la
facultad para imponer las multas que hayan sido pactadas contractualmente,
como medio de conminación al cumplimiento de las obligaciones del contratista.
“Es bueno advertir que en las normas referidas se atribuye expresamente a las
entidades del Estado la competencia para proceder con los cobros referidos,
pero también se indica, de manera inequívoca, que hay un debido proceso
que debe seguirse frente al particular. Es decir, la facultad unilateral que se
viene refiriendo demanda para su ejecución tanto de la consagración legal
respectiva como del respeto por los derechos de los particulares y de ello se
sigue que deba observarse siempre un procedimiento justo, en el cual
quienes reciben la coerción de la Administración puedan presentar los
argumentos para la defensa de sus intereses. El artículo 29 de la
Constitución Política indica que: “[E]l debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas”, disposición ésta que en lo que al
procedimiento administrativo corresponde, encuentra desarrollo específico en
el Código Contencioso Administrativo y que ha sido descrito por la Sección
Tercera en los siguientes términos
(…) Observa la Sala en este punto, que la existencia de un procedimiento
previo, enderezado a la expedición de un acto administrativo, se ha entendido
tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que se dirigen a
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y
concreto, es decir, con efectos que recaen sobre intereses o derechos
individuales, personales, particulares, de manera directa; y es por ello que aún
en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio
constitucional del debido proceso (art. 29), que implica para las
autoridades el deber de obrar en virtud de competencias legalmente
otorgadas, conforme a leyes preexistentes, y con la plenitud de las formas
propias de cada procedimiento, con miras a garantizar a los destinatarios
de sus decisiones el derecho de audiencia y de defensa, mediante la
posibilidad de participar en las actuaciones previas a la expedición de la
respectiva decisión, permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer
las manifestaciones que consideren necesarias para la correcta formación
del juicio de la Administración antes de decidir.”22
“De lo anterior resulta diáfano que en todos aquellos casos en los cuales la
Administración advierta que ha realizado un pago de lo no debido deberá
proceder a la obtención de la declaración judicial correspondiente, previa
aportación de las pruebas al proceso respectivo, puesto que la simple
aseveración de que tal evento ha ocurrido no encuentra en norma alguna, de
índole administrativa o civil, el sustento que le permita expedir un acto mediante
el cual pueda ordenar de manera unilateral y con fuerza vinculante el reintegro
de las sumas de dinero que supuestamente hubiere pagado en exceso»
(negrillas y subrayas fuera de texto)
21 “Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mi entras se
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de
2009, Radicación No. 27832, Actor: Consuelo Acuña Traslaviña, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra
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En consecuencia, cuando una entidad estatal busca exigir el pago de una suma de
dinero a un particular, es necesario que exista un respaldo legal claro y específico
para tal acción. Estos privilegios derivados de la autotutela administrativa deben
fundamentarse en la legislación correspondiente. En este sentido, la autotutela se
sustenta en la legalidad, como una condición necesaria y obligatoria.
En ese orden, de las normas invocadas en los actos acusados, no se advierte que
la UGPP tuviera competencia para proferir actos administrativos con el fin de
obtener el reintegro de un dinero que recibió la parte demandante por concepto de
mesadas pensionales y mucho menos se encuentra habilitada por ley o por el texto
constitucional para iniciar el proceso previo que conduzca a la creación del acto
administrativo que se constituya en título ejecutivo, máxime cuando ningún fallo
judicial ha ordenado el reintegro de suma de dinero a la entidad.
Ante la ausencia de un fundamento normativo es evidente que el subdirector de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP no tenía la competencia
requerida para calcular la deuda y ordenar la devolución de los pagos
supuestamente realizados en exceso a la parte demandante. Incluso el título mismo
del cargo de quien emite los actos demandados hace referencia únicamente a la
«determinación de derechos pensionales», lo cual no le otorga la facultad de
autotutela por parte de la autoridad administrativa que ha ser atribuida únicamente
por la ley.
La UGPP cuenta con facultades expresas en materia de seguridad social, otorgadas
por la Ley 100 de 1993, para ejercer la jurisdicción coactiva en relación con las
obligaciones pendientes de pago por parte de aquellos sujetos legalmente obligados
a realizar aportes parafiscales, tal como lo establece el artículo 57 de dicha ley. El
texto señala que «(…) de acuerdo con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida tienen la facultad de
establecer el cobro coactivo para hacer efectivos sus créditos»
Por tanto, es evidente que la UGPP, en virtud de disposiciones legales específicas
sí tiene la capacidad de ejercer la autotutela declarativa, pero esta se fundamenta
únicamente en normas claras y precisas que le confiere dicha facultad, y no
simplemente en una interpretación extensiva de normativas generales de
competencia.
Esta posición ha sido sostenida por esta Subsección en ocasión precedente,
específicamente en relación con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL). En la sentencia emitida el 28 de septiembre de 2023, 23 se examinó la
situación de un empleado que, al ser reintegrado al servicio activo, le fue notificada
una resolución por parte del director general de CREMIL que exigía la devolución
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicado
25000-23-42-000-2014-01633-01 (6503-2022).
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de los montos recibidos en calidad de asignación de retiro durante un periodo
determinado. 24
También ha sido aplicada por esta subsección en sentencia del 20 de febrero de
2025, dentro de un caso similar al que se estudia hoy, en el que la UGPP ordenó el
reintegro de mayores valores pagados por concepto de pensión 25.
Es imperativo recordar que en el ámbito administrativo, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, específicamente, ha señalado que los principios generales que
advierten el derecho fundamental al debido proceso se debe aplicar a todas las
actuaciones administrativas que lleve a cabo la administración pública con
observancia de sus funciones y la ejecución de sus objetivos y fines, de manera tal
que se garantice «(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de
legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios
de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los
asociados».26
Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra que,
la actuación de la UGPP transgredió el ordenamiento jurídico y comporta un abuso
del derecho, al trasladar al administrado unas cargas que no tiene por qué asumir,
pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no está expresamente
consagrada u otorgada por la Constitución o la ley resulta ser arbitraria.
De allí que la Subsección revocará la sentencia, declarará la nulidad de los actos
demandados y ordenará, a título de restablecimiento del derecho, que la parte
interesada no tenga que devolver suma alguna por concepto de mesadas
pensionales devengadas, hasta tanto la entidad demandada ejerza las acciones
legales correspondientes.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 27 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
24 En este contexto, se llegó a la conclusión de que CREMIL carecía de la competencia necesaria para pretender
al empleado la restitución de los fondos desembolsados por concepto de asignaciones de retiro. La
argumentación se fundamentó en que «las leyes que previeron [sus] funciones […] la facultaron principalmente
para el reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro, pensiones y sustituciones, pero no la habilitaron
para ordenar el descuento o reintegro de haberes pagados por concepto de dichas prestaciones» y que el
Consejo Directivo de la entidad había delegado esta facultad al director general sin contar con la debida
autorización legal, apoyándose en una disposición normativa que no otorgaba dicho poder.
25Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 20 de febrero de 2025. Exp. 08001-23-
33-000-2017-01345-01 (2275-2022) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
27 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
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considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de septiembre de dos
mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Antioquia. En su lugar:
Segundo. DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 003479 del 05 de
febrero de 2019, por medio de la cual se determinó unos mayores valores recibidos
por concepto de mesadas pensionales a favor del Sistema de Seguridad Social en
Pensiones y a cargo de la señora Mariela de Jesús Montoya de González; y RDP
008762 del 16 de marzo de 2019, que resolvió de forma negativa el recurso de
reposición interpuesto en contra del primer acto.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que el señor Mariela
de Jesús Montoya de González no tiene la obligación de reintegrar la suma de
dinero correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
$344.308.284 mcte. por concepto de las mesadas pensionales que percibió, hasta
tanto la entidad demandada ejerza las acciones legales correspondientes.
Cuarto. Sin condena en costas de segunda instancia.
Quinto. Se reconoce personería al abogado Omar Trujillo Polania con tarjeta
profesional 201.792 del CS de la J, representante legal de la firma de abogados
Trujillo Poliania & Asociados S.A.S., para que represente los intereses de la UGPP,
en calidad de apoderado principal. Se reconoce también personería al abogado
Jonhatan Zabaleta Ramírez, adscrito a dicha firma, en calidad de apoderado
sustituto.28
Sexto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
28 Índice 08 de SAMAI.
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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