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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01820-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01820-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. REVOCAR la sentencia proferida el trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar: Segundo. DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones 0517 del 31 de marzo de 2015 y 1338 del 13 de agosto de 2015, por medio de las cuales el departamento de Cundinamarca ordenó reintegrar al Tesoro Público la suma de $92.820.150, a cargo de la señora Jenny Gisela Álvarez Diaz, pero por los motivos expuestos. Tercero. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la señora Jenny Gisela Álvarez Diaz no tiene la obligación de reintegrar la suma de dinero correspondiente a NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE $92.820.150 mcte, hasta tanto la entidad demandada ejerza las acciones legales correspondientes. Cuarto. NEGAR las demás pretensiones, por las razones expuestas. Quinto. Sin condena en costas de segunda instancia. Sexto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01820-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01820-01 (4121-2024)
Demandante: Jenny Gisela Álvarez Diaz
Demandada: Departamento de Cundinamarca

Temas: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegro de mayores valores pagados por
concepto de salario. Ámbito de la autotutela administrativa.
Principio de legalidad. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Jenny Gisela Álvarez Diaz, instauró demanda contra el Departamento de
Cundinamarca, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones 0517 del 31 de marzo de 2015 y 1338
del 13 de agosto de 2015, por medio de las cuales el departamento de
Cundinamarca ordenó reintegrar a su favor la suma de $92.820.150 «(…) por
concepto de salarios cancelados en el período comprendido entre el 13 de junio de
2012 y 30 de septiembre de 2014, sin tener derecho a ello, más los intereses legales
y moratorios que se causen hasta la fecha en la que se efectúe el pago»1.

A título de restablecimiento del derecho, se anule el cobro de la suma referida y se

1 Página 31 del expediente físico.

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ordene el pago de 40 SMLMV por daños morales, $24’099.304 por concepto de
lucro cesante pasado y también los intereses moratorios sobre los valores de
prestaciones sociales no pagadas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Jenny Gisela Álvarez Diaz, fue vinculada como asesora Código 105,
Grado 10 de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca
mediante Resolución 0414 del 13 de septiembre de 2010, cuya posesión tuvo lugar
el 4 de octubre de 2010.

Que, por quebrantos de salud, fue incapacitada por 975 días y, posteriormente,
valorada por pérdida de capacidad laboral en un 55,96%; razón por la que Porvenir
S.A. le otorgó pensión por invalidez. El departamento la retiró del servicio mediante
Resolución 1449 del 29 de septiembre de 2014.

Que, la gobernación dejó de tramitar el recobro de las incapacidades y «(…) fruto
de lo anterior (…) ha procedido a cobrarle a la señora Jenny Gisela supuestos pagos
que no debió haberle realizado»2. Ante esta situación, la actora presentó derechos
de petición, obteniendo respuestas en las que se le indicó que los pagos recibidos
por concepto de incapacidades médicas eran ilegales y, por ende, debían ser
reembolsados al ente territorial.

Que solo había recibido un pago, no tres, como afirmaba el departamento, sin
embargo, esa entidad profirió la Resolución 0517 del 31 de marzo de 2015, por la
que ordenó el reintegro de $118’810.213 y la Resolución 1383 del 13 de agosto de
2015, por la que se repuso la decisión, disminuyendo el valor a $92’820.150.

Que, en desarrollo de las actuaciones administrativas, mediante comunicación del
04 de mayo de 2015 se indicó que la actuación de la señora Jenny Gisela Álvarez
Diaz «(…) configuraría un presunto delito de fraude procesal contra persona
determinada», lo que, aseguró, le ha generado perjuicios de orden moral.3

Que, luego de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial previo a
presentar la demanda, dentro del proceso de cobro coactivo, el departamento
embargó las prestaciones sociales y los bienes de la parte actora, causándose así
perjuicios materiales e inmateriales4.

2 Página 3 del expediente físico.
3 Así se indicó en la demanda en la página 5 del expediente físico.
4 Página 5 del expediente físico.

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 2°., 4°., 6°., 13°., 15°., 25°., 29°., 47°., 48°., 53°.,
89°., 90°., 91°., 209°., 211°., 228°., 229°., 230°. de la Constitución Política. Los
artículos 18°., 63°., 768°., 1494°., 1613°., 1614°., 1615°. y 1616°. del Código Civil;
artículos 1°., 3°., 5, 43°., 66°., 74°., 87°., 88°., 91°., 137°., 138°., 162°., 163°., 164°.,
y 166°. de la Ley 1437 de 2011; y los decretos 0066 de 2015 y 166 de 2010
proferidos por el departamento de Cundinamarca.

Como concepto de violación, explicó que dentro del procedimiento administrativo
que dio lugar a los actos impugnados no se permitió la contradicción, ni medió
pronunciamiento sobre las excepciones propuestas, por lo que se vulneró el debido
proceso.

Que, los actos demandados adolecen de indebida motivación puesto que no se
cumplen los requisitos del artículo 422 del CGP dado que el supuesto título ejecutivo
no consta en ningún documento suscrito por la demandante; no se cumple lo
estipulado en el artículo 297 del CPACA porque no existe acto administrativo alguno
proferido por autoridad competente que cree o reconozca la obligación, destacando
que «(…) la sentencia 11001-03-27-000-00025-00 hace referencia (…) a la
capacidad de la que goza la administración – y específicamente las autoridades
tributarias- para declarar compensaciones o devoluciones pendientes. Se trata de
una competencia establecida de manera clara por la Ley (…) específicamente de lo
regulado por el Decreto 1000 de 1997, que es una norma de carácter tributario»5.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien
la admitió y notificó6. Al contestar la demandada, el departamento de
Cundinamarca señaló que los actos demandados respetan las normas superiores
indicadas y que la actora desconoce que el departamento le efectuó unos pagos por
concepto de salarios, en el período del 13 de junio de 2012 al 30 de septiembre de
2014, sin que tuviera el derecho a percibirlos porque ya había recibido el pago de
las incapacidades y ostentaba la condición de pensionada7.

Consideró que se había respetado el debido proceso administrativo y que la actora
obró de mala fe al haber recibido el pago de la incapacidad y mesadas pensionales
con retroactividad desde el 15 de mayo de 2013, percibiendo doble erogación, sin
informar al ente territorial.

Que, la entidad si tenía competencia para proferir los actos, más aún cuando los

5 Página 12 del expediente físico.
6 Páginas 155 del expediente físico.
7 Para respaldar su afirmación, cita algunas pruebas visibles en las páginas 185 a 192 del expediente físico.

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mismos están encaminados a la protección del tesoro público y los intereses del
departamento8.

Se negó la medida cautelar solicitada9, se dio traslado de las excepciones, la
audiencia inicial tuvo lugar el 27 de octubre de 202110 y, agotado el período
probatorio, se corrió traslado para alegar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones. Indicó que
había logrado determinarse que la demandante sí percibió durante varios meses
doble remuneración: una por reconocimiento y pago de incapacidades y asignación
básica y, otra, por el reconocimiento de la pensión de invalidez y su retroactivo.

Que el departamento de Cundinamarca liquidó y pagó a Porvenir S.A. las sumas
correspondientes a los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones y que,
dado el doble pago hecho a la actora, ésta tenía la carga de, «(…) restituir la suma
indebidamente recibida, porque no puede asumirse que percibió de buena fe el
segundo pago realizado»11.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que se logró
probar que la entidad territorial estaba facultada para recobrar de Porvenir S.A. los
valores que le había pagado a la señora Jenny Gisela Álvarez Diaz, pero, por su
propia negligencia, dejó de hacerlo.

Que, no es cierto que se haya recibido doble pago del tesoro público, porque, si bien
en algunos meses llegó a percibir un ingreso simultáneo en cabeza de Porvenir S.A.
y de la Gobernación de Cundinamarca, lo cierto es que, Porvenir es una entidad de
naturaleza privada y, en consecuencia, no es viable señalar que el doble ingreso
que durante algunos meses percibió, sea ilegal.

Sostuvo que no se realizó una valoración universal, seria y real de la prueba
allegada y que esto constituye un defecto fáctico12

Que, la sentencia omitió valorar los alegatos de conclusión aportados por la
demandante en los que se expuso las razones por las que debía concederse las
pretensiones, dentro de las cuales destacó la vulneración al debido proceso
administrativo, tergiversación de los hechos, falta de legitimación en pasiva en
relación con los pagos alegados por la Gobernación, indebida motivación de los
8 Página 193 del expediente físico.
9 Páginas 217 a 220 del expediente físico.
10 Samai, índice 54. Gestión en otras corporaciones.
11 Página 456 del expediente físico.
12 Recurso de apelación, índice SAMAI, gestión en otras corporaciones.

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actos y falta de competencia para la emisión de los actos demandados13.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 07 de octubre de 2024 se admitió el recurso.14 Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema jurídico que debe resolver la Subsección es definir si los actos
administrativos demandados están viciados de nulidad, por las razones expuestas
en la demanda y ratificadas en el recurso de apelación.

Dado que, tanto en la demanda como en el recurso de apelación se afirma que el
acto administrativo fue expedido sin competencia, se estudiará en primer lugar dicho
cargo, pues de encontrarse probado, no sería necesario estudiar los demás.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos.15

Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto

13 Página 432 vuelto, del expediente físico.
14 SAMAI, índice 4.
15 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la

valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos
vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan
la regularidad de su ejercicio. [...]».

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administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico,16 el material,17 el territorial18 y
en algunos casos el temporal.19

En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta
Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado.20

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que tomen
las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés
general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada
autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es
que las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o
administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen
desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.

Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea

16 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional

de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.
Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
17Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a

la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
18 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en

el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
19 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de

tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.
20 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como

la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).

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ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.
De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos,
además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por
la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.

Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público
debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse
el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como
desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la
misma normativa dispone que «(…) [l]os servidores públicos están al servicio del
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento».

Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como los recursos
administrativos, la revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de
cobro coactivo de las entidades públicas tienen una consagración legal expresa que
habilita en cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse.21

Resolución al caso concreto

Tras revisar el caso expuesto, se concluye inicialmente que, al emitir los actos
administrativos objeto de controversia, el departamento de Cundinamarca actuó de
manera autónoma en defensa de sus intereses legales. Por consiguiente, resulta
fundamental determinar si la entidad territorial contaba con la competencia
normativa necesaria para adoptar y ejecutar las medidas de autotutela en
cuestión.22

El marco normativo por el que se regula el régimen político y administrativo que rige
a los departamentos como entidades territoriales, autónomas y descentralizadas,
está determinado en la Ley 2200 de 202223, donde se definió que estos actúan bajo
el principio de autonomía dentro de los límites legales y constitucionales24.

Los departamentos se constituyen como parte de la organización territorial del
Estado y, como tales, tienen «(…) autonomía para la administración de los asuntos

21 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado:

25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los
casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos
a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la
administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica».
22 Igual análisis se llevó a cabo en el asunto de esta Subsección fallado el 25 de abril de 2024, radicado 25000-

23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)
23 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

departamentos.
24 Inciso 2 del artículo 2 de la Ley 2200 de 2022.

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seccionales, la planificación, promoción, coordinación del desarrollo económico,
ambiental y social en los asuntos seccionales. Son instrumento de
complementariedad de la acción municipal y enlace de las actividades y servicios
que prestan los municipios y la Nación»25.

En el artículo 3°., se define que dichas entidades territoriales tienen la capacidad de
dirección y gestión de sus propios intereses y poseen autonomía para ejercer las
competencias que le correspondan, siempre, dentro de los límites de la Constitución
y la ley. A su vez, el artículo 6 superior, dispone a los servidores públicos la carga
de responder ante las autoridades por infringir la Constitución, las leyes y por la
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Los actos administrativos demandados fueron proferidos por el Departamento de
Cundinamarca, firmados por la Secretaría de la Función Pública26. En ellos se
ordenó reintegrar al Tesoro Público la suma de $92.820.150 por concepto de
salarios cancelados en el período comprendido entre el 13 de junio de 2012 y 30 de
septiembre de 2014, más los intereses legales y moratorios que se causen hasta la
fecha en que se efectúe el pago.

En la Resolución 0517 del 31 de marzo de 2015 no se invocó fundamento normativo
alguno para sustentar la competencia del departamento para determinar el cobro,
pues la administración se limitó a describir las normas por las cuales pretendía
evidenciar que la señora Jenny Gisela Álvarez Diaz no tenía derecho al pago de los
salarios cancelados en el período comprendido entre el 13 de junio de 2012 y 30 de
septiembre de 201427.

Por su parte, en la Resolución 1338 del 13 de agosto de 2015 se sostuvo que la
decisión se fundó a partir de situaciones de facto que afectaban clara y
expresamente los intereses de dicho ente al cancelar unas sumas de dinero que no
le correspondían a la recurrente, y que, mediante el Decreto 0166 del 21 de octubre
de 2010 el Gobernador de Cundinamarca había delegado en la secretaría de la
Función Pública la competencia de «(…) 5. conferir y expedir los actos
administrativos relacionados con situaciones administrativas establecidas en el
ordenamiento legal, respecto de todos los funcionarios de planta»28.

Argumentó que el caso se trató de una situación administrativa y, por ende, podía
proferir el acto con el fin de crear una obligación en cabeza de la actora, a favor del
departamento, para preservar los intereses económicos del ente territorial29.

25 Artículo 2 de la Ley 2200 de 2022 y artículo 297 de la Constitución Política.
26 Páginas 25 a 32 y 34 a 38 del expediente físico.
27 Como fundamento de lo que consideró una clara evidencia de la inexistencia de la obligación, el pago de lo

no debido, y un consecuente enriquecimiento sin causa por parte de la administrada, citó el artículo 5 de la Ley
1562 de 2012, parágrafo 3 y 4; el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 y, el Decreto 2943 de 2013; relativos al
procedimiento para el pago de las incapacidades médicas del trabajador y las entidades encargadas para
asumirlo.
28 Página 36 vuelto del expediente físico.
29 Página 37 del expediente físico.

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Pese a esta fundamentación, advierte esta Sala de decisión que no asiste razón al
ente territorial, dado que los actos demandados fueron expedidos sin competencia,
pues, como se vio, los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que les está
permitido por la Constitución y las leyes respectivas y, ni el Gobernador ni sus
secretarios, están habilitados para determinar el cobro de valores provenientes del
pago en exceso, o pago indebido, de los salarios de sus empleados públicos.
Veamos:

El artículo 305 constitucional, establece de manera general las atribuciones del
gobernador y en ellas no se encuentra una competencia expresa para expedir actos
administrativos relacionados con el cobro de acreencias en favor de la entidad.

Tampoco la Ley 2200 de 2022, atribuye la potestad a los gobernadores para la
determinación de los cobros objeto de revisión en esta decisión.

Al efecto, se destaca que la entidad ha interpretado de manera incorrecta las
normativas mencionadas anteriormente.

La Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan disposiciones para la normalización de
la cartera pública, determinó que las entidades públicas encargadas de recaudar
rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial, deben realizarlo de manera
ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público
pero, en su articulado, no se dispone competencia alguna que permita al ente
departamental para proferir actos administrativos en los que se determine el cobro
de valores relacionados con el pago de salarios a cargo del departamento.

Así, encuentra la Subsección que ninguna de las disposiciones normativas
mencionadas otorgó a los departamentos las facultades exorbitantes que le
permitieran, por vía administrativa, determinar de manera unilateral el monto de los
pagos realizados en exceso.

Ahora, aunque la Ley 1066 de 2006 otorga facultades de cobro coactivo a las
entidades del Estado, esto se aplica únicamente a aquellas encargadas de recaudar
rentas o caudales públicos a nivel nacional o territorial y, además, esta acción está
intrínsecamente ligada a la naturaleza administrativa propia de la autotutela
declarativa y ejecutiva, la cual se fundamenta en la legalidad.

Por otro lado, en lo que respecta al aparte del Decreto 0166 del 21 de octubre de
2010 citado como fundamento de la competencia en la Resolución 1338 del 13 de
agosto de 2015; debe destacarse que el hecho de poder conferir actos relacionados
con situaciones administrativas de los funcionarios de planta, no implica, bajo
ningún entendido, que la entidad departamental entre en el ámbito de la tutela
declarativa y que, en ese contexto, cuente con la capacidad para reconocer o
declarar acerca de algún derecho u obligación preexistente.

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En estos casos, la entidad debe desplegar las gestiones necesarias para que,
mediante la vía judicial, se declare la existencia del pago indebido, dado que se trata
del cobro de valores relacionados con los salarios de los empleados del
departamento. Así las cosas, la definición de aquella situación compete,
únicamente, al Juez natural de la controversia.

En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha resaltado en diversas
ocasiones30 la importancia de contar con una normativa que respalde la autoridad
de una entidad estatal para requerir el pago de una suma de dinero a un individuo,
así como para asegurar el debido proceso en el contexto de los cobros efectuados.
Sobre el particular esta Corporación señaló31:

«(…) 7.2.2. El ejercicio de potestades administrativas exige de una norma
expresa que las consagre y de un debido proceso administrativo.

(…) De conformidad con lo anterior, cuando quiera que una entidad estatal
pretenda imponer el pago de una suma de dinero a cargo de un particular,
deberá existir en la normatividad la tipificación legal que le permita
proceder en tal sentido, so pena de sufrir la sanción judicial por la
ilegalidad de su proceder. En ese orden de ideas y sólo para exponer dos
casos paradigmáticos, han sido las normas legales las que han conferido a las
entidades estatales la facultad de proceder con el cobro coactivo de las deudas
existentes a su favor, entre otras normas, en el artículo 5 de la ley 1066 de
200632; y también ha sido la norma legal, en el caso del artículo 17 de la Ley
1150 de 200733, la fuente para la atribución a las entidades estatales de la
facultad para imponer las multas que hayan sido pactadas contractualmente,
como medio de conminación al cumplimiento de las obligaciones del contratista.

“Es bueno advertir que en las normas referidas se atribuye expresamente a las
entidades del Estado la competencia para proceder con los cobros referidos,
pero también se indica, de manera inequívoca, que hay un debido proceso
que debe seguirse frente al particular. Es decir, la facultad unilateral que se
viene refiriendo demanda para su ejecución tanto de la consagración legal
respectiva como del respeto por los derechos de los particulares y de ello se

30 Con relación al problema jurídico que se plantea en la sentencia de 30 de julio de 2008, en proceso radicado

núm. 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), con ponencia del H. Magistrado Saavedra Becerra, se hizo
referencia a los excesos en la facultad de autotutela de la administración generados por la extralimitación del
ejercicio de la función administrativa por fuera de los límites específicamente establecidos por la ley.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, radicación número: 25000-23-26-

000-1996-07474- 01(16816). C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez,
32 “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas

que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
33 “Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia

sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”

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sigue que deba observarse siempre un procedimiento justo, en el cual
quienes reciben la coerción de la Administración puedan presentar los
argumentos para la defensa de sus intereses. El artículo 29 de la
Constitución Política indica que: “[E]l debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas”, disposición ésta que en lo que al
procedimiento administrativo corresponde, encuentra desarrollo específico en
el Código Contencioso Administrativo y que ha sido descrito por la Sección
Tercera en los siguientes términos

(…) Observa la Sala en este punto, que la existencia de un procedimiento
previo, enderezado a la expedición de un acto administrativo, se ha entendido
tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que se dirigen a
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y
concreto, es decir, con efectos que recaen sobre intereses o derechos
individuales, personales, particulares, de manera directa; y es por ello que aún
en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio
constitucional del debido proceso (art. 29), que implica para las
autoridades el deber de obrar en virtud de competencias legalmente
otorgadas, conforme a leyes preexistentes, y con la plenitud de las formas
propias de cada procedimiento, con miras a garantizar a los destinatarios
de sus decisiones el derecho de audiencia y de defensa, mediante la
posibilidad de participar en las actuaciones previas a la expedición de la
respectiva decisión, permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer
las manifestaciones que consideren necesarias para la correcta formación
del juicio de la Administración antes de decidir.”34

“De lo anterior resulta diáfano que en todos aquellos casos en los cuales la
Administración advierta que ha realizado un pago de lo no debido deberá
proceder a la obtención de la declaración judicial correspondiente, previa
aportación de las pruebas al proceso respectivo, puesto que la simple
aseveración de que tal evento ha ocurrido no encuentra en norma alguna, de
índole administrativa o civil, el sustento que le permita expedir un acto mediante
el cual pueda ordenar de manera unilateral y con fuerza vinculante el reintegro
de las sumas de dinero que supuestamente hubiere pagado en exceso»
(negrillas y subrayas fuera de texto)

En consecuencia, cuando una entidad estatal busca el pago de una suma de dinero
a un particular, es necesario que exista un respaldo legal claro y específico para tal
acción. Estos privilegios derivados de la autotutela administrativa deben
fundamentarse en la legislación correspondiente. En este sentido, la autotutela se
sustenta en la legalidad, como una condición necesaria y obligatoria.

Ante la ausencia de un fundamento normativo es evidente que el departamento de
Cundinamarca no tenía la competencia requerida para calcular la deuda y ordenar
la devolución de los pagos supuestamente realizados en exceso a la parte
demandante.

Esta posición ha sido sostenida por esta Subsección en ocasión precedente,
específicamente en relación con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de

2009, Radicación No. 27832, Actor: Consuelo Acuña Traslaviña, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra

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(CREMIL). En la sentencia emitida el 28 de septiembre de 2023,35 se examinó la
situación de un empleado que, al ser reintegrado al servicio activo, le fue notificada
una resolución por parte del director general de CREMIL que exigía la devolución
de los montos recibidos en calidad de asignación de retiro durante un período
determinado.36

También ha sido aplicada por esta Subsección en sentencia del 20 de febrero de
2025, dentro de un caso similar al que se estudia hoy, en el que la UGPP ordenó el
reintegro de mayores valores pagados por concepto de pensión37.

Es imperativo recordar que en el ámbito administrativo, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, específicamente, ha señalado que los principios generales que
advierten el derecho fundamental al debido proceso se debe aplicar a todas las
actuaciones administrativas que lleve a cabo la administración pública con
observancia de sus funciones y la ejecución de sus objetivos y fines, de manera tal
que se garantice «(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de
legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios
de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los
asociados».38

Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra que,
la actuación del departamento de Cundinamarca transgredió el ordenamiento
jurídico y comporta un abuso del derecho, al trasladar al administrado unas cargas
que no tiene por qué asumir, pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada y
si no está expresamente consagrada u otorgada por la Constitución o la ley resulta
ser arbitraria.

De allí que la Subsección revocará la sentencia que negó las pretensiones,
declarará la nulidad de los actos demandados y ordenará, a título de
restablecimiento del derecho, que la parte interesada no tenga que devolver suma
alguna por concepto de mesadas pensionales devengadas, hasta tanto la entidad
demandada ejerza las acciones legales correspondientes.

Ahora, respecto a las demás pretensiones invocadas; esto es, el reconocimiento y
pago de 40 SMLMV por daños morales, $24’099.304 por concepto de lucro cesante
pasado y también los intereses moratorios sobre los valores de prestaciones

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicado

25000-23-42-000-2014-01633-01 (6503-2022).
36 En este contexto, se llegó a la conclusión de que CREMIL carecía de la competencia necesaria para pretender

al empleado la restitución de los fondos desembolsados por concepto de asignaciones de retiro. La
argumentación se fundamentó en que «las leyes que previeron [sus] funciones […] la facultaron principalmente
para el reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro, pensiones y sustituciones, pero no la habilitaron
para ordenar el descuento o reintegro de haberes pagados por concepto de dichas prestaciones» y que el
Consejo Directivo de la entidad había delegado esta facultad al director general sin contar con la debida
autorización legal, apoyándose en una disposición normativa que no otorgaba dicho poder.
37Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 20 de febrero de 2025. Exp. 08001-23-

33-000-2017-01345-01 (2275-2022) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez
38 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

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sociales no pagadas, la Subsección considera no hay lugar a acceder a ellas con
fundamento en lo siguiente:

El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, al consagrar la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevé que quien se crea lesionado en un derecho
amparado en una norma jurídica, podrá pedir la nulidad del acto administrativo y el
restablecimiento en su derecho y, agrega la misma disposición: «(…) también podrá
solicitar que se le repare el daño» Sobre esta última posibilidad esta Corporación
ha manifestado que «(…) No significa lo anterior que todo acto particular que sea
declarado nulo, conlleve simultáneamente restablecimiento de derechos de carácter
económico y moral».39

Atendiendo a lo anotado, se ha señalado que corresponde al juez en cada caso,
analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso y ordenar el restablecimiento de los derechos
económicos a que haya lugar y, previa determinación del grado de lesión moral que
resulte probado en el plenario, disponer la condena en tal sentido40.

En el presente asunto, la parte actora menciona en los hechos de la demanda que,
dentro del proceso de cobro coactivo, el departamento embargó las prestaciones
sociales y los bienes, causándose así perjuicios materiales e inmateriales. Sin
embargo, no se allegaron pruebas que acrediten tales perjuicios, lo que impide
acceder a su reconocimiento.

La demandante trajo unos testimonios que no resultan suficientes para probar el
perjuicio moral, puesto que estuvieron enfocados en la gestión del procedimiento
administrativo que dio lugar a los actos demandados41. En igual sentido, no se
aportaron pruebas documentales que den certeza sobre los perjuicios materiales
reclamados, desconociendo que conforme al artículo 167 del CGP42 era su deber
acreditar los hechos descritos en la demanda.

39
Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de septiembre de 2012. Radicación número: 41001-23-
31-000-2004-01614-01(6538-05). Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón.
40 Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de septiembre de 2012. Radicación número: 41001-23-

31-000-2004-01614-01(6538-05). Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón.
41
Tal como se observa en la página 18 del expediente físico.
42
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares»

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De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202143 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el trece (13) de julio de dos mil veintitrés
(2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar:

Segundo. DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones 0517 del 31 de marzo
de 2015 y 1338 del 13 de agosto de 2015, por medio de las cuales el departamento
de Cundinamarca ordenó reintegrar al Tesoro Público la suma de $92.820.150, a
cargo de la señora Jenny Gisela Álvarez Diaz, pero por los motivos expuestos.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la señora Jenny
Gisela Álvarez Diaz no tiene la obligación de reintegrar la suma de dinero
correspondiente a NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE $92.820.150 mcte, hasta tanto la entidad
demandada ejerza las acciones legales correspondientes.

Cuarto. NEGAR las demás pretensiones, por las razones expuestas.

Quinto. Sin condena en costas de segunda instancia.

Sexto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

43 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.

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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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