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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00106-01

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00106-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 05001-23-33-000-2018-00106-01 (2352-2025) Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Segundo. Se condena en costas en segunda instancia a la parte demandada conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-00106-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00106-01 (2352-2025)
Demandante: Manuel Antonio Pérez Puerta.
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Temas: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegro de mayores valores pagados por
concepto de retroactivo pensional. Ámbito de la autotutela
administrativa. Principio de legalidad. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Manuel Antonio Pérez Puerta, instauró demanda contra
Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a
las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 9286 del 13 de enero de
2016, GNR 160065 del 27 de mayo de 2016 y DIR 7901 del 12 de junio de 2017,
por medio de las cuales Colpensiones ordenó reintegrar la suma de
$128.747.7341 derivada de «(…) los valores pagados por concepto de pensión
de vejez que corresponden a los períodos de enero a junio de 2014»2.

1 Página 38 vuelto del expediente físico.
2 Página 36 vuelto del expediente físico.

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3. A título de restablecimiento del derecho i) se ordene a la demandada
abstenerse de iniciar y/o continuar el proceso de cobro coactivo en contra del
actor; ii) se dé plena validez y eficacia al reconocimiento y pago de la pensión de
vejez efectuado por orden de la resolución GNR 5628 del 10 de enero de 2014,
iii) restituir y pagar el valor deducido de la mesada pensional el cual viene siendo
aplicado por valor de $1.507.487 por 86 cuotas mensuales desde el mes de
noviembre de 20173, y iv) indexar las sumas de dinero resultantes de la condena.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que laboró para la Universidad de Antioquia, prestando sus servicios por más
de 32 años desde el 22 de octubre de 1981 hasta el 1 de julio de 2014.

6. Que cumplió con los requisitos de edad y tiempo de servicios de acuerdo con
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de
1985. Para el 1 de febrero de 2009 cumplió 55 años y contaba con más de 20
años de servicio al Estado, por lo que el 6 de agosto de 2009 solicitó su pensión
de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales – ISS.

7. Que en Resolución 005472 del 26 de marzo de 2010 el ISS le reconoció la
pensión de vejez en cuantía mensual de $2.575.417 para el año 2010, pero dejó
en reserva el pago de la prestación hasta tanto se aportara la constancia de retiro
definitivo del servicio público.

8. Que el 30 de junio de 2010 se retiró definitivamente de su labor y solicitó la
inclusión en nómina de pensionados ante Colpensiones, por lo que dicho ente
emitió la Resolución GNR 5628 del 10 de enero de 2014, en la que se incluyó en
nómina de pensionados al demandante.

9. Que Colpensiones reconoció y pagó la pensión causada a partir del 1 de julio
de 2010, ―día siguiente al reportado como novedad de retiro por su empleador―
pagando un retroactivo de $113.291.074.

10. Que el 12 de febrero de 2016 se le notificó la Resolución GNR 9286 del 13
de enero de 2016, por la cual Colpensiones le ordenó reintegrar $128.747.734
que le habían sido pagados por concepto de pensión de vejez, correspondientes
a los períodos de enero a junio de 2014. Decisión frente a la cual interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación, por lo que se emitieron los actos

3 Página 5 del expediente físico.

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GNR 160065 del 27 de mayo de 2016 y DIR 7901 del 12 de junio de 2017,
respectivamente.

11. Que el 29 de junio de 2017 se le notificó la Resolución DIR 7901 del 12 de
junio de 2017, confirmando la decisión relativa al cobro de los dineros pagados
por concepto de mesada pensional durante el período de enero a junio de 2014.

12. Que Colpensiones no tiene la competencia para ordenar el cobro coactivo
sobre un dinero que ya no tiene en su haber, sino que debió haber agotado el
procedimiento administrativo de revocatoria directa y haber acudido ante la
jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar la nulidad de la Resolución
GNR 5628 del 10 de enero de 2014.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

13. Citó como vulnerados los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48, 29, 53, 58 de la
Constitución Política, los artículos 88, 93, 97 y 99 de la Ley 1437 de 2011.

14. Como concepto de violación, explicó que los actos fueron expedidos en
contravía de las normas superiores invocadas puesto que cuando a un
funcionario público se le reconoce una pensión con cargo al sistema de seguridad
social, la misma no es incompatible con el salario que perciba de la entidad
pública que funge como empleadora.

15. Que previo a revocar el acto se debió haber solicitado el consentimiento
escrito del demandante y, en caso de no recibirlo, acudir a la jurisdicción. Resaltó
que como no fue este el proceder, es claro que se vulneró el debido proceso
puesto que Colpensiones no puede descontar de una mesada pensional el dinero
que el demandante ya no tiene en su poder y que recibió de buena fe.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

16. Una vez admitida4, y notificada5 la demanda, Colpensiones6 manifestó que
sí tenía la competencia para emitir los actos administrativos demandados, porque
una vez comprobado que el actor había recibido dos asignaciones del erario,
―en contravía del artículo 128 constitucional―, debía garantizar la devolución
del dinero.

17. Como excepciones propuso las de falta de causa para demandar, pago de lo
no debido, cumplimiento de las obligaciones a cargo de Colpensiones,

4 Páginas 71 a 72 del expediente físico.
5 Página 81 del expediente físico.
6
Página 86 a 98 del expediente físico

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improcedencia de la indexación, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

18. Se dio traslado de las excepciones y la audiencia inicial tuvo lugar el 12 de
julio de 20187, en la que se corrió traslado para alegar de conclusión y al
Ministerio público para aportar su concepto.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

19. Mediante sentencia del 18 de julio de 2.025 el Tribunal Administrativo de
Antioquia, accedió a las pretensiones. Indicó que la controversia del caso no
versaba sobre el derecho que le asiste al actor de percibir los emolumentos por
pensión y/o salarios durante un mismo período, sino que el demandante había
enfocado el litigio para que se determinara si Colpensiones tenía la competencia
para la expedición de los actos impugnados, con los cuales, se modificaba la
situación jurídica particular del accionante.

20. Consideró el Tribunal que el ente demandado no tenía facultades
exorbitantes que le permitieran, por vía administrativa, determinar de manera
unilateral el monto de los pagos realizados en exceso y la deuda que en virtud de
estos debe efectuar la parte demandante. Que hacerlo así implicaba incumplir lo
reglado en los cánones constitucionales y legales.

21. Que, ante la ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra
que la actuación transgredió el ordenamiento jurídico y comporta un abuso del
derecho, al trasladar al administrado cargas que no tiene por qué asumir, pues la
facultad de autotutela es reglada y si no está expresamente consagrada u
otorgada por la Constitución o la ley, resulta ser arbitraria.

22. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y determinó
que el señor Manuel Antonio Pérez Puerta, no tenía la obligación de devolver
suma alguna por concepto de las mesadas pensionales reconocidas y recibidas
de buena fe y que, en el evento de haberse efectuado alguna devolución o
descuento, éste debía ser reintegrado al demandante, debidamente indexado.

RECURSO DE APELACIÓN

23. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que expresó que
Colpensiones estaba en el deber de recuperar el saldo pagado al demandante,
en atención a la prohibición constitucional de doble erogación del erario y
atendiendo el postulado del enriquecimiento sin causa.

7 Páginas 107 a 112 del expediente físico.

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24. Que, por esa razón, es dable que la entidad mediante nota crédito realice la
recuperación de los dineros pagados en exceso y sean dirigidos a quien debió en
su momento percibir concurrentemente la pensión, en atención a las facultades
conferidas por el Acuerdo 131 del 26 de abril de 2018.

25. Que, con el propósito de salvaguardar los recursos públicos y evitar el
detrimento patrimonial definido en el artículo 6 de la ley 610 del año 2000,
Colpensiones dentro de la órbita de sus competencias legales, debía efectuar los
procedimientos pertinentes para determinar la deuda del pensionado y solicitar el
reintegro de los valores correspondientes.

26. Expuso que la decisión debía revocarse porque los artículos 53 de la ley 100
de 1993 y 99 de la Ley 633 de 2000, otorgan a las Administradoras del Régimen
de Prima Media con Prestación Definida, la facultad de fiscalización e
investigación sobre los aportantes.

27. Que, además, el artículo 57 de la Ley 100 de 1993, otorgó a las
Administradoras del Régimen de Prima Media la facultad de adelantar cobro
coactivo para hacer efectivos los créditos a su favor y que el artículo 2 de la Ley
1066 de 2006 le daba la competencia para realizar el recaudo.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

28. El 08 de septiembre de 2025 se admitió el recurso8. Las partes guardaron
silencio.

29. El Ministerio Público emitió concepto9 en el cual consideró que Colpensiones
no tiene la competencia para ordenar pagos a sus afiliados porque sus funciones
no le dan dicha facultad y el cobro coactivo se refiere a la existencia de una
obligación clara, expresa, exigible y proveniente del deudor; por tanto, lo primero
que se debía hacer era adelantar un cobro persuasivo y, en caso de fallar, debió
haber acudido a la autoridad laboral competente para que fuera ésta quien
declarara el derecho y, con tal título, ejercer el cobro coactivo o la acción ejecutiva
correspondiente en la que debía establecerse la temeridad del deudor.

30. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

31. El problema jurídico que debe resolver la Subsección es definir si los actos
administrativos demandados están viciados de nulidad o si por el contrario, la

8 SAMAI, índice 09.
9 Samai, índice 08.

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entidad si tenía competencia para expedirlos, como se afirma en el recurso de
apelación.

32. Dado que, tanto en la demanda como en el pronunciamiento del Ministerio
Público se afirma que los actos administrativos fueron expedidos sin
competencia, se estudiará en primer lugar dicho cargo, pues de encontrarse
probado, no sería necesario estudiar los demás.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

33. Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras
condiciones, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía
constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es
lo que en la teoría del acto administrativo se conoce como competencia o
elemento subjetivo del acto, que se refiere tanto a la institución, entidad u órgano,
como al individuo que lo profiere.

34. La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares
que ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el
campo de acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad
administrativa.

35. De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar
la competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos.10

36. La falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo, debido a
que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide.
Ahora, es importante tener en consideración que la asignación de competencias
a la administración pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse
como el funcional o jerárquico,11 el material,12 el territorial13 y en algunos casos

10 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la

valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos
vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan
la regularidad de su ejercicio. [...]».
11 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional

de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.
Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
12Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a

la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
13 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en

el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.

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el temporal.14

37. En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo
estará viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto
que carece de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por
el ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables
al artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como
un vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia
de esta Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser
saneado.15

El principio de autotutela administrativa

38. En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales.
Se trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar
particular debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las
entidades públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las
decisiones que tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses
públicos.

39. Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el
interés general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas
a cada autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de
Derecho es que las autoridades públicas o los particulares que cumplan
funciones públicas o administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda
conducta que deseen desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.

40. Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123
y 209 superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra
proscrita la admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido
y que sea ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales
del Estado.

41. La primera de tales normas dispone que los servidores públicos, además
de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también por

14 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de

tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.
15 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como

la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).

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omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido
por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.

42. Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo
empleo público debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que
pueda ejercerse el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la
Constitución, así como desempeñar los deberes que le incumben. En la misma
línea, el artículo 123 de la misma normativa dispone que «(…) [l]os servidores
públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones
en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento».

43. Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como los recursos
administrativos, la revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de
cobro coactivo de las entidades públicas tienen una consagración legal expresa
que habilita en cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse.16

Resolución al caso concreto

44. Tras revisar el caso expuesto, se concluye inicialmente que, al emitir los actos
administrativos objeto de controversia, Colpensiones actuó de manera autónoma
en defensa de sus intereses legales. Por consiguiente, resulta fundamental
determinar si la entidad contaba con la competencia normativa necesaria para
adoptar y ejecutar las medidas de autotutela en cuestión.17

45. El marco normativo que creó a Colpensiones, establecido inicialmente en el
artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, la concibió como una entidad vinculada al
Ministerio de la Protección Social -hoy Ministerio del Trabajo-, dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
Seguidamente, el Decreto 4121 de 2011, modificó la naturaleza jurídica de
Colpensiones en los siguientes términos: «(…) cámbiese la naturaleza jurídica de
la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, Empresa Industrial
y Comercial del Estado, al de Empresa Industrial y Comercial del Estado
organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio
de Trabajo».

46. A esta entidad se le atribuyó como objeto la administración estatal del

16 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado:

25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los
casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos
a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la
administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica».
17 Igual análisis se llevó a cabo en el asunto de esta Subsección fallado el 25 de abril de 2024, radicado 25000-

23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)

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régimen de prima media con prestación definida, incluyendo la de los beneficios
económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual
adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, donde se establece el sistema
general de la seguridad social.

47. Es importante destacar que el artículo 5° del Decreto 309 de 2017 (que
modificó la estructura de Colpensiones), desarrolló el objeto de la entidad,
señalando sus funciones; dentro de las cuales, se le facultó para determinar los
derechos pensionales y prestaciones económicas en favor de sus afiliados y, en
concordancia con el artículo 16 del Decreto, gestionar y dirigir procesos de
jurisdicción coactiva.

48. Por su parte, la Ley 1066 de 2006 otorgó la facultad de ejercer jurisdicción
coactiva a las entidades públicas que, de manera permanente, tienen a su cargo
el ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios
del Estado colombiano y que, en virtud de estas, tengan que recaudar rentas o
caudales públicos, del nivel nacional y territorial.

49. Sin embargo, encuentra la Subsección que ninguna de las disposiciones
mencionadas otorgó a Colpensiones facultades exorbitantes que le permitieran,
por vía administrativa, determinar de manera unilateral el monto de los pagos
realizados en exceso y la deuda que en virtud de estos está a cargo de la parte
demandante, sin el cumplimiento reglado de los cánones constitucionales y
legales dispuestos.

50. Al efecto, aunque la Ley 1066 de 2006 otorga facultades de cobro coactivo a
las entidades del Estado, esto se aplica únicamente a aquellas encargadas de
recaudar rentas o caudales públicos a nivel nacional o territorial y, además, esta
acción está intrínsecamente ligada a la naturaleza administrativa propia de la
autotutela declarativa y ejecutiva, la cual se fundamenta en la legalidad.

51. En lo que respecta al artículo 16 del Decreto 309 de 2017, es relevante
subrayar que la facultad de «(…) dirigir los procesos de jurisdicción coactiva,
gestión y recuperación de cartera» no implica que la entidad entre en el ámbito
de la tutela declarativa y cuente con la capacidad para reconocer o declarar
acerca de algún derecho u obligación preexistente, sino más bien, se refiere al
despliegue de las gestiones necesarias para que, mediante la vía judicial, se
declare la existencia del pago indebido.

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52. En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha resaltado en diversas
ocasiones18 la obligación de contar con una normativa que respalde la autoridad
de una entidad estatal para requerir el pago de una suma de dinero a un individuo,
así como para asegurar el debido proceso en el contexto de los cobros
efectuados19:

«(…) 7.2.2. El ejercicio de potestades administrativas exige de una norma
expresa que las consagre y de un debido proceso administrativo.

(…) De conformidad con lo anterior, cuando quiera que una entidad estatal
pretenda imponer el pago de una suma de dinero a cargo de un particular,
deberá existir en la normatividad la tipificación legal que le permita
proceder en tal sentido, so pena de sufrir la sanción judicial por la
ilegalidad de su proceder. En ese orden de ideas y sólo para exponer dos
casos paradigmáticos, han sido las normas legales las que han conferido a las
entidades estatales la facultad de proceder con el cobro coactivo de las deudas
existentes a su favor, entre otras normas, en el artículo 5 de la ley 1066 de
200620; y también ha sido la norma legal, en el caso del artículo 17 de la Ley
1150 de 200721, la fuente para la atribución a las entidades estatales de la
facultad para imponer las multas que hayan sido pactadas contractualmente,
como medio de conminación al cumplimiento de las obligaciones del
contratista.

“Es bueno advertir que en las normas referidas se atribuye expresamente a las
entidades del Estado la competencia para proceder con los cobros referidos,
pero también se indica, de manera inequívoca, que hay un debido proceso
que debe seguirse frente al particular. Es decir, la facultad unilateral que se
viene refiriendo demanda para su ejecución tanto de la consagración legal
respectiva como del respeto por los derechos de los particulares y de ello se
sigue que deba observarse siempre un procedimiento justo, en el cual
quienes reciben la coerción de la Administración puedan presentar los
argumentos para la defensa de sus intereses. El artículo 29 de la
Constitución Política indica que: “[E]l debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas”, disposición ésta que en lo que al
procedimiento administrativo corresponde, encuentra desarrollo específico en

18 Con relación al problema jurídico que se plantea en la sentencia de 30 de julio de 2008, en proceso radicado

núm. 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), con ponencia del H. Magistrado Saavedra Becerra, se hizo
referencia a los excesos en la facultad de autotutela de la administración generados por la extralimitación del
ejercicio de la función administrativa por fuera de los límites específicamente establecidos por la ley.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, radicación número: 25000-23-26-

000-1996-07474- 01(16816). C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez,
20 “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas

que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
21 “Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia

sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”

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el Código Contencioso Administrativo y que ha sido descrito por la Sección
Tercera en los siguientes términos

(…) Observa la Sala en este punto, que la existencia de un procedimiento
previo, enderezado a la expedición de un acto administrativo, se ha entendido
tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que se dirigen a
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y
concreto, es decir, con efectos que recaen sobre intereses o derechos
individuales, personales, particulares, de manera directa; y es por ello que aún
en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio
constitucional del debido proceso (art. 29), que implica para las
autoridades el deber de obrar en virtud de competencias legalmente
otorgadas, conforme a leyes preexistentes, y con la plenitud de las
formas propias de cada procedimiento, con miras a garantizar a los
destinatarios de sus decisiones el derecho de audiencia y de defensa,
mediante la posibilidad de participar en las actuaciones previas a la
expedición de la respectiva decisión, permitiéndoles aportar y
controvertir pruebas y hacer las manifestaciones que consideren
necesarias para la correcta formación del juicio de la Administración
antes de decidir.”22

53. “De lo anterior resulta diáfano que en todos aquellos casos en los
cuales la Administración advierta que ha realizado un pago de lo no debido
deberá proceder a la obtención de la declaración judicial correspondiente,
previa aportación de las pruebas al proceso respectivo, puesto que la
simple aseveración de que tal evento ha ocurrido no encuentra en norma
alguna, de índole administrativa o civil, el sustento que le permita expedir un
acto mediante el cual pueda ordenar de manera unilateral y con fuerza
vinculante el reintegro de las sumas de dinero que supuestamente hubiere
pagado en exceso» (negrillas y subrayas fuera de texto).

54. Estos privilegios derivados de la autotutela administrativa deben
fundamentarse en la legislación correspondiente. En este sentido, la autotutela
se sustenta en la legalidad, como una condición necesaria y obligatoria.

55. En ese orden, no se advierte que Colpensiones tuviera competencia para
proferir actos administrativos con el fin de obtener el reintegro de un dinero que
recibió la parte demandante por concepto de retroactivo pensional y mucho
menos se encuentra habilitada por ley o por el texto constitucional para iniciar el
proceso previo que conduzca a la creación del acto administrativo que se
constituya en título ejecutivo, máxime cuando ningún fallo judicial ha ordenado el
reintegro de suma de dinero a la entidad.

56. Colpensiones cuenta con facultades expresas en materia de seguridad
social, otorgadas por la Ley 100 de 1993, para ejercer la jurisdicción coactiva en
relación con las obligaciones pendientes de pago por parte de aquellos sujetos
legalmente obligados a realizar aportes parafiscales, tal como lo establece el
artículo 57 de dicha Ley. El texto señala que «(…) de acuerdo con el artículo 79
del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992,

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de

2009, Radicación No. 27832, Actor: Consuelo Acuña Traslaviña, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra

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las entidades administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida tienen la facultad de establecer el cobro coactivo para hacer efectivos
sus créditos»

57. Por tanto, es cierto que Colpensiones, en virtud de disposiciones legales
específicas sí tiene la capacidad de ejercer la autotutela declarativa, pero esta se
fundamenta, únicamente, en normas claras y precisas que le confiere dicha
facultad, y no simplemente en una interpretación extensiva de normativas
generales de competencia.

58. Esta posición ha sido sostenida por esta Subsección en ocasión precedente,
específicamente en relación con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL). En la sentencia emitida el 28 de septiembre de 2023,23 se examinó la
situación de un empleado que, al ser reintegrado al servicio activo, le fue
notificada una resolución por parte del director general de CREMIL que exigía la
devolución de los montos recibidos en calidad de asignación de retiro durante un
período determinado.24

59. También ha sido aplicada por esta Subsección en reiteradas sentencias en
las que se resolvió sobre contextos similares al que se estudia hoy, en los que la
entidad demandada ordenó el reintegro de mayores valores pagados por
concepto de pensión25.

60. Es imperativo recordar que en el ámbito administrativo, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, ha señalado que los principios generales que advierten
el derecho fundamental al debido proceso se deben aplicar a todas las
actuaciones administrativas que lleve a cabo la administración pública con
observancia de sus funciones y la ejecución de sus objetivos y fines, de manera
tal que se garantice «(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio
de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los
principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de
los asociados».26

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicado

25000-23-42-000-2014-01633-01 (6503-2022).
24 En este contexto, se llegó a la conclusión de que CREMIL carecía de la competencia necesaria para pretender

al empleado la restitución de los fondos desembolsados por concepto de asignaciones de retiro. La
argumentación se fundamentó en que «las leyes que previeron [sus] funciones […] la facultaron principalmente
para el reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro, pensiones y sustituciones, pero no la habilitaron
para ordenar el descuento o reintegro de haberes pagados por concepto de dichas prestaciones» y que el
Consejo Directivo de la entidad había delegado esta facultad al director general sin contar con la debida
autorización legal, apoyándose en una disposición normativa que no otorgaba dicho poder.
25Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 20 de febrero de 2025. Exp. 08001-23-

33-000-2017-01345-01 (2275-2022) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 29 de mayo de 2025. Exp. 08001-23-33-000-2019-00615-01 (3406-2024) C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 05 de junio de
2025. Exp. 05001-23-33-000-2018-00237-01 (4774-2024) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, entre otros.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-00106-01 (2352-2025)

61. Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se
encuentra que, la actuación de Colpensiones transgredió el ordenamiento jurídico
y comporta un abuso del derecho, al trasladar al administrado unas cargas que
no tiene por qué asumir, pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si
no está expresamente consagrada u otorgada por la Constitución o la ley resulta
ser arbitraria. De allí que la Subsección confirmará la sentencia que accedió a las
pretensiones.

De la condena en costas en segunda instancia

62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

65. En consecuencia, se impondrán costas a Colpensiones, por cuanto se niega
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-00106-01 (2352-2025)

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

Segundo. Se condena en costas en segunda instancia a la parte demandada
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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