Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00237-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00237-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-00237-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., cinco (05) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00237-01 (4774-2024)
Demandante: Gustavo Adolfo Tamayo Bedoya
Demandada: Colpensiones
Temas: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegro de mayores valores pagados por
concepto de retroactivo pensional. Ámbito de la autotutela
administrativa. Principio de legalidad. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Gustavo Adolfo Tamayo Bedoya, instauró demanda contra Colpensiones,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones SUB 185405 del 05 de septiembre
de 2017, SUB 220449 del 10 de octubre de 2017 y DIR 21281 del 23 de noviembre
de 2017, por medio de las cuales Colpensiones ordenó reintegrar la suma de
$246.485.8291 «(…) correspondientes al valor girado por concepto de retroactivo
desde el 01 de mayo de 2010 hasta el 28 de febrero de 2014 y las diferencias
correspondientes a los períodos de enero de 2014 a enero de 2015»2.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada abstenerse de
1 Página 4 del expediente físico.
2 Página 73 del expediente físico.
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adelantar el proceso de cobro coactivo en contra del actor. En caso de haberse
iniciado, se ordene terminarlo y levantar las medidas practicadas y, en caso de
haberse consumado, dejarlo sin efecto y ordenar el reintegro de los dineros
cobrados, debidamente indexados, e incluyendo la indemnización de los perjuicios3.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Gustavo Adolfo Tamayo Bedoya, laboró como trabajador oficial de
Empresas Públicas de Medellín ESP desde el 6 de marzo de 1989 hasta el 28 de
febrero de 2014, cuyo último cargo fue el de Profesional C Proyectos de Expansión.
Que cotizó al Instituto de Seguros Sociales – ISS (hoy Colpensiones) por los riesgos
de invalidez y muerte, hasta el 30 de abril de 2010, fecha en la que fue retirado
unilateral y definitivamente del Sistema Pensional por el empleador, al cumplir los
requisitos de la Ley 33 de 1985, por ser beneficiario del régimen de transición.
Que en Resolución GNR 369094 del 26 de diciembre de 2013 Colpensiones
reconoció la pensión de vejez que fue ajustada en su valor en la Resolución VPB
1512 del 16 de enero de 2015 y ordenó el retroactivo a partir del 1 de mayo de 2010,
día siguiente a su retiro.
Que, el 05 de septiembre de 2017 Colpensiones emitió Resolución SUB 185405
ordenando al demandante el reintegro de $246.485.829, por concepto de retroactivo
desde el 01 de mayo de 2010 hasta el 28 de febrero de 2014 y las diferencias de
los períodos de enero de 2014 a enero de 2015, dado que recibió mensualmente
dos asignaciones provenientes del Estado, una como servidor público pagada por
EPM y, otra, por concepto de pensión de vejez, contrariándose así el artículo 128
constitucional.
Que, en las Resoluciones SUB 220449 del 10 de octubre de 2017 y DIR 21281 del
23 de noviembre de 2017, se resolvieron los recursos de reposición y apelación,
respectivamente, confirmándose la decisión inicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados los artículos 6°., 29°., 48°., 83°. y 89°. de la Constitución
Política; los artículos 35°., 40°., 41°., 42°., 93°., 97°. de la Ley 1437 de 2011, y el
artículo 19°. de la Ley 797 de 2003.
Como concepto de violación, explicó que los actos fueron expedidos sin
competencia porque no podía desconocerse ni vulnerarse el contenido de la
3 Página 5 del expediente físico.
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Resolución VPB 1512 del 16 de enero de 2015, por la cual se ajustó el valor de la
mesada pensional y se ordenó el retroactivo, puesto que para ello era necesario,
primero, adelantar el procedimiento de revocatoria directa y contar con la
manifestación expresa y escrita del titular, lo que no ocurrió, razón por la que
sostuvo que los actos demandados constituyen una vía de hecho.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia4, quien la
admitió5. Pese a haberse notificado debidamente, no se contestó.
Se dio traslado de las excepciones, trámite de sentencia anticipada6 y, por último,
se corrió traslado para alegar.
Colpensiones, en los alegatos de conclusión, indicó que los actos demandados
fueron expedidos en aplicación del artículo 128 constitucional según el cual no es
posible recibir dos asignaciones del tesoro público, por lo que sostiene que son
actos legales7.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones. Indicó que, si bien el
demandante aseguró tener derecho al pago de retroactivo desde del 30 de abril de
2010, puesto que en tal fecha había adquirido los requisitos para acceder a la
pensión y había sido retirado del sistema pensional por el empleador, lo cierto es
que éste siguió vinculado con su empleador Empresas Públicas de Medellín, hasta
el 28 de febrero del 2014.
Que, en consecuencia, el hecho de que se encontrara activo en nómina de
pensionados desde el primero de mayo de 2010 implicó el pago de dos
asignaciones provenientes del erario: el salario que recibió en esa entidad y la
prestación pensional reconocida, por lo que consideró que este hecho se oponía a
al artículo 128 de la Constitución Política y al artículo 8 de la Ley 71 de 1988 y, en
consecuencia, definió que no se lograba desvirtuar la legalidad de los actos
demandados.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que con los
actos demandados se dejó sin efectos la Resolución VPB 1512 del 16 de enero de
2015, lo que se constituía en una revocatoria directa de aquel y, por ende, también
4 Primero fue desatado el conflicto negativo de competencia que fue dirimido mediante auto del 9 de mayo de
2018, por el que se ordenó remitir el expediente a la Jurisdicción Administrativa, Tribunal Administrativo de
Antioquia. Páginas 204 a 209 del cuaderno 2. Expediente físico.
5 Samai, índices 010. Gestión en otras Corporaciones.
6 Samai, índice 54. Gestión en otras corporaciones.
7 Samai, índices 036. Gestión en otras Corporaciones.
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se configuró una vía de hecho por no existir consentimiento del titular del derecho.
Que, además, los actos habían sido emitidos sin competencia de la entidad
demandada, puesto que «(…) la administración no puede recuperar los dineros que
haya girado en una maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que
debe acudir al juez administrativo, quien sí es competente para retrotraer las
consecuencias que ocasionó un acto administrativo contrario a derecho8», de
acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia SU - 182 del
2019.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 07 de octubre de 2024 se admitió el recurso9 y las partes guardaron silencio.
El Ministerio Público emitió concepto10, en el cual consideró que debía revocarse la
sentencia porque para modificarse de manera unilateral la Resolución VPB 1512 de
16 de enero de 2015, debió surtirse primero el trámite de la revocatoria directa de
los actos administrativos particulares y concretos, consagrado en el artículo 97 del
CPACA y, de esta forma, garantizar la buena fe, la confianza legítima y la seguridad
jurídica del demandante.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema jurídico que debe resolver la Subsección es definir si los actos
administrativos demandados están viciados de nulidad, por las razones expuestas
en la demanda y ratificadas en el recurso de apelación.
Dado que, tanto en la demanda como en el recurso de apelación se afirma que el
acto administrativo fue expedido sin competencia, se estudiará en primer lugar dicho
cargo, pues de encontrarse probado, no sería necesario estudiar los demás.
La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos
Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.
La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
8 Samai, índice 049. Gestión en otras Corporaciones.
9 Samai, índice 04.
10 Samai, índice 08.
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funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos.11
La falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo, debido a que no
se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide. Ahora, es
importante tener en consideración que la asignación de competencias a la
administración pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse como
el funcional o jerárquico,12 el material,13 el territorial14 y en algunos casos el
temporal.15
En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta
Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado.16
El principio de autotutela administrativa
En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
11 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la
valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos
vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan
la regularidad de su ejercicio. [...]».
12 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional
de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.
Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
13Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a
la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
14 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en
el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
15 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de
tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.
16 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como
la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).
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trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que tomen
las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.
Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés
general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada
autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es
que las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o
administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen
desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.
Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea
ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.
La primera de tales normas dispone que los servidores públicos, además de ser
responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están positivamente
limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución,
las leyes, los reglamentos, etc.
Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público
debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse
el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como
desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la
misma normativa dispone que «(…) [l]os servidores públicos están al servicio del
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento».
Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como los recursos
administrativos, la revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de
cobro coactivo de las entidades públicas tienen una consagración legal expresa que
habilita en cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse.17
Resolución al caso concreto
Tras revisar el caso expuesto, se concluye inicialmente que, al emitir los actos
17 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado:
25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los
casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos
a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la
administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica».
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administrativos objeto de controversia, Colpensiones actuó de manera autónoma en
defensa de sus intereses legales. Por consiguiente, resulta fundamental determinar
si la entidad contaba con la competencia normativa necesaria para adoptar y
ejecutar las medidas de autotutela en cuestión.18
El marco normativo que creó a Colpensiones, establecido inicialmente en el artículo
155 de la Ley 1151 de 2007, la concibió como una entidad vinculada al Ministerio
de la Protección Social -hoy Ministerio del Trabajo-, dotada de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente. Seguidamente, el Decreto
4121 de 2011, modificó la naturaleza jurídica de Colpensiones en los siguientes
términos: «(…) cámbiese la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones, Empresa Industrial y Comercial del Estado, al de
Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de
carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo».
A esta entidad se le atribuyó como objeto la administración estatal del régimen de
prima media con prestación definida, incluyendo la de los beneficios económicos
periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual adicionó el artículo 48
de la Constitución Política, donde se establece el sistema general de la seguridad
social.
Es importante destacar que el artículo 5° del Decreto 309 de 2017 (que modificó la
estructura de Colpensiones), desarrolló el objeto de la entidad, señalando sus
funciones; dentro de las cuales, se le facultó para determinar los derechos
pensionales y prestaciones económicas en favor de sus afiliados y, en concordancia
con el artículo 16 del Decreto, gestionar y dirigir procesos de jurisdicción coactiva.
Por su parte, la Ley 1066 de 2006 otorgó la facultad de ejercer jurisdicción coactiva
a las entidades públicas que, de manera permanente, tienen a su cargo el ejercicio
de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado
colombiano y que, en virtud de estas, tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional y territorial.
Sin embargo, encuentra la Subsección que ninguna de las disposiciones
mencionadas otorgó a Colpensiones facultades exorbitantes que le permitieran, por
vía administrativa, determinar de manera unilateral el monto de los pagos realizados
en exceso y la deuda que en virtud de estos está a cargo de la parte demandante,
sin el cumplimiento reglado de los cánones constitucionales y legales dispuestos.
Al efecto, aunque la Ley 1066 de 2006 otorga facultades de cobro coactivo a las
entidades del Estado, esto se aplica únicamente a aquellas encargadas de recaudar
rentas o caudales públicos a nivel nacional o territorial y, además, esta acción está
18 Igual análisis se llevó a cabo en el asunto de esta Subsección fallado el 25 de abril de 2024, radicado 25000-
23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)
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intrínsecamente ligada a la naturaleza administrativa propia de la autotutela
declarativa y ejecutiva, la cual se fundamenta en la legalidad.
En lo que respecta al artículo 16 del Decreto 309 de 2017, es relevante subrayar
que la facultad de «(…) dirigir los procesos de jurisdicción coactiva, gestión y
recuperación de cartera» no implica que la entidad entre en el ámbito de la tutela
declarativa y cuente con la capacidad para reconocer o declarar acerca de algún
derecho u obligación preexistente, sino más bien, se refiere al despliegue de las
gestiones necesarias para que, mediante la vía judicial, se declare la existencia del
pago indebido.
En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha resaltado en diversas
ocasiones19 la obligación de contar con una normativa que respalde la autoridad de
una entidad estatal para requerir el pago de una suma de dinero a un individuo, así
como para asegurar el debido proceso en el contexto de los cobros efectuados20:
«(…) 7.2.2. El ejercicio de potestades administrativas exige de una norma
expresa que las consagre y de un debido proceso administrativo.
(…) De conformidad con lo anterior, cuando quiera que una entidad estatal
pretenda imponer el pago de una suma de dinero a cargo de un particular,
deberá existir en la normatividad la tipificación legal que le permita
proceder en tal sentido, so pena de sufrir la sanción judicial por la
ilegalidad de su proceder. En ese orden de ideas y sólo para exponer dos
casos paradigmáticos, han sido las normas legales las que han conferido a las
entidades estatales la facultad de proceder con el cobro coactivo de las deudas
existentes a su favor, entre otras normas, en el artículo 5 de la ley 1066 de
200621; y también ha sido la norma legal, en el caso del artículo 17 de la Ley
1150 de 200722, la fuente para la atribución a las entidades estatales de la
facultad para imponer las multas que hayan sido pactadas contractualmente,
como medio de conminación al cumplimiento de las obligaciones del contratista.
“Es bueno advertir que en las normas referidas se atribuye expresamente a las
entidades del Estado la competencia para proceder con los cobros referidos,
19 Con relación al problema jurídico que se plantea en la sentencia de 30 de julio de 2008, en proceso radicado
núm. 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), con ponencia del H. Magistrado Saavedra Becerra, se hizo
referencia a los excesos en la facultad de autotutela de la administración generados por la extralimitación del
ejercicio de la función administrativa por fuera de los límites específicamente establecidos por la ley.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, radicación número: 25000-23-26-
000-1996-07474- 01(16816). C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez,
21 “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas
que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
22 “Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”
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pero también se indica, de manera inequívoca, que hay un debido proceso
que debe seguirse frente al particular. Es decir, la facultad unilateral que se
viene refiriendo demanda para su ejecución tanto de la consagración legal
respectiva como del respeto por los derechos de los particulares y de ello se
sigue que deba observarse siempre un procedimiento justo, en el cual
quienes reciben la coerción de la Administración puedan presentar los
argumentos para la defensa de sus intereses. El artículo 29 de la
Constitución Política indica que: “[E]l debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas”, disposición ésta que en lo que al
procedimiento administrativo corresponde, encuentra desarrollo específico en
el Código Contencioso Administrativo y que ha sido descrito por la Sección
Tercera en los siguientes términos
(…) Observa la Sala en este punto, que la existencia de un procedimiento
previo, enderezado a la expedición de un acto administrativo, se ha entendido
tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que se dirigen a
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y
concreto, es decir, con efectos que recaen sobre intereses o derechos
individuales, personales, particulares, de manera directa; y es por ello que aún
en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio
constitucional del debido proceso (art. 29), que implica para las
autoridades el deber de obrar en virtud de competencias legalmente
otorgadas, conforme a leyes preexistentes, y con la plenitud de las formas
propias de cada procedimiento, con miras a garantizar a los destinatarios
de sus decisiones el derecho de audiencia y de defensa, mediante la
posibilidad de participar en las actuaciones previas a la expedición de la
respectiva decisión, permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer
las manifestaciones que consideren necesarias para la correcta formación
del juicio de la Administración antes de decidir.”23
“De lo anterior resulta diáfano que en todos aquellos casos en los cuales la
Administración advierta que ha realizado un pago de lo no debido deberá
proceder a la obtención de la declaración judicial correspondiente, previa
aportación de las pruebas al proceso respectivo, puesto que la simple
aseveración de que tal evento ha ocurrido no encuentra en norma alguna, de
índole administrativa o civil, el sustento que le permita expedir un acto mediante
el cual pueda ordenar de manera unilateral y con fuerza vinculante el reintegro
de las sumas de dinero que supuestamente hubiere pagado en exceso»
(negrillas y subrayas fuera de texto)
Estos privilegios derivados de la autotutela administrativa deben fundamentarse en
la legislación correspondiente. En este sentido, la autotutela se sustenta en la
legalidad, como una condición necesaria y obligatoria.
En ese orden, no se advierte que Colpensiones tuviera competencia para proferir
actos administrativos con el fin de obtener el reintegro de un dinero que recibió la
parte demandante por concepto de retroactivo pensional y mucho menos se
encuentra habilitada por ley o por el texto constitucional para iniciar el proceso
previo que conduzca a la creación del acto administrativo que se constituya en título
ejecutivo, máxime cuando ningún fallo judicial ha ordenado el reintegro de suma de
dinero a la entidad.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de
2009, Radicación No. 27832, Actor: Consuelo Acuña Traslaviña, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-00237-01 (4774-2024)
Colpensiones cuenta con facultades expresas en materia de seguridad social,
otorgadas por la Ley 100 de 1993, para ejercer la jurisdicción coactiva en relación
con las obligaciones pendientes de pago por parte de aquellos sujetos legalmente
obligados a realizar aportes parafiscales, tal como lo establece el artículo 57 de
dicha Ley. El texto señala que «(…) de acuerdo con el artículo 79 del Código
Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades
administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida tienen la
facultad de establecer el cobro coactivo para hacer efectivos sus créditos»
Por tanto, es cierto que Colpensiones, en virtud de disposiciones legales específicas
sí tiene la capacidad de ejercer la autotutela declarativa, pero esta se fundamenta,
únicamente, en normas claras y precisas que le confiere dicha facultad, y no
simplemente en una interpretación extensiva de normativas generales de
competencia.
Esta posición ha sido sostenida por esta Subsección en ocasión precedente,
específicamente en relación con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL). En la sentencia emitida el 28 de septiembre de 2023,24 se examinó la
situación de un empleado que, al ser reintegrado al servicio activo, le fue notificada
una resolución por parte del director general de CREMIL que exigía la devolución
de los montos recibidos en calidad de asignación de retiro durante un período
determinado.25
También ha sido aplicada por esta Subsección en sentencia del 20 de febrero de
2025, dentro de un caso similar al que se estudia hoy, en el que la UGPP ordenó el
reintegro de mayores valores pagados por concepto de pensión26.
Es imperativo recordar que en el ámbito administrativo, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, ha señalado que los principios generales que advierten el derecho
fundamental al debido proceso se deben aplicar a todas las actuaciones
administrativas que lleve a cabo la administración pública con observancia de sus
funciones y la ejecución de sus objetivos y fines, de manera tal que se garantice «(i)
el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados».27
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicado
25000-23-42-000-2014-01633-01 (6503-2022).
25 En este contexto, se llegó a la conclusión de que CREMIL carecía de la competencia necesaria para pretender
al empleado la restitución de los fondos desembolsados por concepto de asignaciones de retiro. La
argumentación se fundamentó en que «las leyes que previeron [sus] funciones […] la facultaron principalmente
para el reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro, pensiones y sustituciones, pero no la habilitaron
para ordenar el descuento o reintegro de haberes pagados por concepto de dichas prestaciones» y que el
Consejo Directivo de la entidad había delegado esta facultad al director general sin contar con la debida
autorización legal, apoyándose en una disposición normativa que no otorgaba dicho poder.
26Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 20 de febrero de 2025. Exp. 08001-23-
33-000-2017-01345-01 (2275-2022) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-00237-01 (4774-2024)
Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra que,
la actuación del Colpensiones transgredió el ordenamiento jurídico y comporta un
abuso del derecho, al trasladar al administrado unas cargas que no tiene por qué
asumir, pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no está
expresamente consagrada u otorgada por la Constitución o la ley resulta ser
arbitraria.
De allí que la Subsección revocará la sentencia que negó las pretensiones,
declarará la nulidad de los actos demandados -en relación con la orden de reintegro
a cargo del demandante-, y ordenará, a título de restablecimiento del derecho, que
la parte interesada no tenga que devolver suma alguna por concepto de mesadas
pensionales devengadas, hasta tanto la entidad demandada ejerza las acciones
legales correspondientes.
Ahora, respecto a la pretensión invocada para que en caso de haberse iniciado el
proceso de cobro coactivo se ordene terminarlo y levantar las medidas practicadas,
o que, en caso de haberse consumado, se ordene dejarlo sin efecto y ordenar el
reintegro de los dineros cobrados debidamente indexados; en ninguna de las etapas
procesales las partes informaron que se hubiera adelantado cobro alguno en
relación con la suma en cuestión, razón por la que no hay lugar a pronunciarse al
respecto.
En relación con la solicitud de incluir en las ordenes de la sentencia, lo
correspondiente a la indemnización de los perjuicios causados al demandante, la
Subsección considera no hay lugar a acceder a esta, con fundamento en lo
siguiente:
El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, al consagrar el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, prevé que quien se crea lesionado en un derecho
amparado en una norma jurídica, podrá pedir la nulidad del acto administrativo y el
restablecimiento en su derecho y, agrega la misma disposición: «(…) también podrá
solicitar que se le repare el daño» Sobre esta última posibilidad esta Corporación
ha manifestado que «(…) No significa lo anterior que todo acto particular que sea
declarado nulo, conlleve simultáneamente restablecimiento de derechos de carácter
económico y moral».28
Atendiendo a lo anotado, se ha señalado que corresponde al juez en cada caso,
analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso y ordenar el restablecimiento de los derechos
28 Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de septiembre de 2012. Radicación número: 41001-23-
31-000-2004-01614-01(6538-05). Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón.
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-00237-01 (4774-2024)
económicos a que haya lugar y, previa determinación del grado de lesión moral que
resulte probado en el plenario, disponer la condena en tal sentido29.
En el presente asunto, la parte actora solicita el reconocimiento de los perjuicios
causados con ocasión del cobro realizado en los actos demandados, sin embargo,
no se aportaron pruebas documentales algunas que den certeza sobre los perjuicios
materiales reclamados, desconociendo que conforme al artículo 167 del CGP era
su deber acreditar lo solicitado en la demanda; razón por la que la Sala está
impedida para acceder a su reconocimiento.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202130 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintidós (22) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar:
Segundo. DECLARAR LA NULIDAD del artículo primero de la Resolución SUB
185405 del 05 de septiembre de 2017, por el cual Colpensiones ordenó reintegrar
al Tesoro Público la suma de $246.485.829, a cargo del señor Gustavo Adolfo
Tamayo Bedoya, por los motivos expuestos.
DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones SUB 220449 del 10 de octubre de
2017 y DIR 21281 del 23 de noviembre de 2017, por medio de las cuales
Colpensiones confirmó la Resolución SUB 185405 del 05 de septiembre de 2017.
29 Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de septiembre de 2012. Radicación número: 41001-23-
31-000-2004-01614-01(6538-05). Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón.
30 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-00237-01 (4774-2024)
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que el señor
Gustavo Adolfo Tamayo Bedoya no tiene la obligación de reintegrar la suma de
dinero correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS M/CTE $246.485.829 mcte, hasta tanto la entidad demandada ejerza las
acciones legales correspondientes.
Cuarto. NEGAR las demás pretensiones, por las razones expuestas.
Quinto. Sin condena en costas de segunda instancia.
Sexto. Se reconoce personería a la abogada Alejandra Hernández Sepúlveda con
tarjeta profesional 233.946 del CS de la J, representante legal de Unión Temporal
Fuerza Legal Técnica, para que represente los intereses de Colpensiones, en
calidad de apoderada principal. Se reconoce también personería al abogado Hugo
Idárraga Guerra, adscrito a dicha firma, en calidad de apoderado sustituto.31
Séptimo. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
31 Índice 51 de SAMAI. Gestión en otras Corporaciones.
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