Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00339-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00339-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2020-00339-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 70001-23-33-000-2020-00339-01 (2538-2025)
Demandante: Eliana Marcela Hernández Ruíz y Moisés Hernández Ruíz.
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Temas: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegro de mayores valores pagados por
concepto de retroactivo pensional. Ámbito de la autotutela
administrativa. Principio de legalidad. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el doce (12) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. Los señores Eliana Marcela Hernández Ruíz y Moisés Hernández Ruíz,
instauraron demanda contra Colpensiones, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones SUB-39458 del 12 de febrero
de 2020 y DPE 5432 del 07 de abril de 2020, por medio de las cuales
Colpensiones ordenó a los señores Eliana Marcela Hernández Ruíz y Moisés
Hernández Ruíz, reintegrar la suma de $57.086.482 y $2.895.6501,
1 Página 38 vuelto del expediente físico.
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respectivamente; derivada de los mayores valores correspondientes a las
mesadas de la sustitución pensional de la que fueron beneficiarios y a los
aportes a seguridad social en salud derivados de esta.
3. A título de restablecimiento del derecho i) se ordene a la demandada
abstenerse de pedir el reintegro o devolución de dineros y ii) se condene a la
entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho al tenor de
lo ordenado en el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del CGP.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que mediante Resolución 3170 de 19 de junio de 1997, el ISS reconoció
pensión de vejez al señor Marco Tulio Hernández Vergara, padre de los
demandantes.
6. Que el señor Marco Tulio falleció el 04 de noviembre de 2006, por lo que su
pensión se sustituyó a su favor en un 50% a cada uno, hasta que culminaron
sus estudios. Moisés Hernández, hasta octubre del año 2007 y, Eliana
Hernández, hasta marzo de 2016.
7. Que Colpensiones emitió la Resolución 39458 de 12 de febrero 2020, por la
cual les ordenó reintegrar la suma de $57.086.482 y $2.895.6502,
respectivamente; derivada de los valores correspondientes a las mesadas de
la sustitución pensional y sus aportes a seguridad social en salud.
8. Afirmaron que para fundamentar el cobro la demandada indicó que el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo, había proferido una
sentencia el 9 de noviembre de 2017, en la que reconoció, en un 100%, la
pensión de sobrevivientes a favor de Javier Antonio Hernández, en calidad
de hijo discapacitado del difunto Marco Tulio Hernández Vergara; decisión
que había sido confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sincelejo.
9. Que los señores Eliana Marcela Hernández Ruíz y Moisés Hernández Ruíz
nunca fueron vinculados a ese proceso ordinario laboral y no tuvieron
oportunidad de controvertirlo y, al revisar la sentencia de aquel proceso, se
observó que el juez laboral del circuito no ordenó devolución alguna de las
mesadas pensionales que habían sido pagadas a los hoy demandantes.
10. Que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, no se pronunció frente a la
existencia de otros beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, cuando esta
2 Página 38 vuelto del expediente físico.
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verdad estaba probada dentro del proceso, sino que profirió la sentencia a
favor de Javier Antonio Hernández Almario, en un 100%, sin analizar el
porcentaje y reconocimiento que ya pesaba sobre los otros hijos.
11. Que este argumento fue expuesto por los actores en el recurso interpuesto
contra la Resolución del 12 de febrero 2020 y, pese a ello, Colpensiones
confirmó la decisión mediante Resolución DPE 5432 de 07 de abril de 2020.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
12. Citaron como vulnerados los artículos 1, 2, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 58 y 209
de la Constitución Política, el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, artículos
74, 83, 88, 138, 152, 164 y 306 de la Ley 1437 de 2011; artículos 46 y 47 de
Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003 en sus artículos 12 y
13.
13. En el concepto de violación, se afirma que las resoluciones atacadas van en
contra de la constitución porque vulneran derechos fundamentales como la
seguridad social, el mínimo vital y el debido proceso de los actores.
14. Que la orden de devolución de las mesadas pensionales desconoce la
situación consolidada, particular, subjetiva y concreta que fue reconocida a
través de un acto administrativo emitido por Colpensiones, por lo que es un
derecho adquirido que no puede desconocerse a través de otro acto
administrativo, sin el consentimiento previo de los beneficiarios. Resaltó que
el Juez ordinario laboral no ordenó la devolución de mesadas pensionales
que habían sido sufragadas por los demandantes.
15. Que los actos demandados adolecen también de falsa motivación y
desviación del poder, puesto que están motivados en la culpa de
administración al recobrar dineros obtenidos de buena fe y porque de ellos
se puede inferir razones diferentes a las de lograr un buen servicio a la
seguridad social3.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
16. Una vez admitida4 y notificada5 la demanda, Colpensiones6 Afirmó que en
razón de la orden judicial por la que se otorgó el derecho a la pensión de
sobrevivientes del señor Javier Antonio Hernández Almario, se estaría
generando un doble pago del 100% de la pensión, y por ello era válido
ordenar el reintegro de los valores reconocidos en la sustitución pensional en
3 SAMAI, índice 002. Expediente digital, archivo 001 denominado demanda, página 12.
4 SAMAI, índice 002. Expediente digital, archivo 004 denominado acta de reparto.
5 SAMAI, índice 002. Expediente digital, archivos 006 y 007.
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SAMAI, índice 002. Expediente digital, archivos 011 a 025.
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favor de los demandantes.
17. Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas,
buena fe y prescripción.
18. Se dio traslado de las excepciones, se profirió auto para dictar sentencia
anticipada. Se fijó el litigio, se decretaron las pruebas y se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio público para aportar su
concepto7.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
19. Mediante sentencia del 25 de marzo de 2.025, el Tribunal Administrativo de
Sucre accedió a las pretensiones. Indicó que debía declararse la nulidad de
los actos demandados porque ordenaban la devolución de mesadas sin que
se hubiera acreditado mala fe por parte de los actores en el trámite pensional.
20. Que con su expedición no se respetó el derecho al debido proceso
administrativo de los demandantes porque no se les vinculó en calidad de
beneficiarios del pensionado en el trámite administrativo en el cual se realizó
la determinación y cuantificación de las sumas a reintegrar.
21. Que no le está dada la facultad a las entidades de recobrar sumas de dinero
de manera unilateral, omitiendo expedir el acto de determinación y pasando
por alto la vinculación del presunto deudor al trámite interno. Que debe
garantizarse la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción
y oponerse a los fundamentos del acto y la cuantía que se le pretende cobrar.
22. Que para enmendar los errores o modificar las decisiones emitidas a través
de actos administrativos que se consideraran contrarios a la Constitución
Política o a la ley, las entidades pueden hacer uso de la revocatoria directa
(artículos 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011) y es requisito fundamental,
contar con el consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho
y, en caso de no obtenerlo, acudir a la jurisdicción administrativa en acción
de lesividad.
23. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos por acreditarse la
vulneración del debido proceso administrativo de los demandantes y por
tratarse de particulares que recibieron su mesada pensional de buena fe.
Ordenó también abstenerse de realizar el cobro al ADRES, EPS COOMEVA
y EPS COMFASUCRE, de los recursos que fueron girados por concepto de
aportes en Seguridad Social en Salud a favor de los actores.
7 SAMAI, índice 002. Expediente digital, archivo 037.
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RECURSO DE APELACIÓN
24. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que expresó que
Colpensiones estaba en el deber de recuperar lo pagado porque lo que se
pretende es impedir una irregularidad de orden legal, consistente en que se
cause y se pague dos veces la misma pensión con cargo al tesoro público.
25. Que de permitirse que se siga pagando la pensión de sobreviviente a
personas que por disposición judicial no tienen derecho, (que es lo que la
entidad demandada percibió cuando se ordenó el pago de la pensión en un
porcentaje del 100% al señor Javier Antonio Hernández Almario), sería
permitir que se cause un detrimento al patrimonio público.
26. Que los actos acusados se expidieron en estricto cumplimiento de la ley y
por ende no hay lugar a declarar su nulidad, por cuanto todos los funcionarios
estatales y todas las personas, públicas y privadas, tenían el deber de acatar
los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos.
27. Que para este caso era procedente revocar los actos administrativos de
manera directa y sin el consentimiento de los interesados, pues la pensión
reconocida a los señores Eliana Marcela Hernández Ruíz y Moisés
Hernández Ruiz, era contraria a la ley, dado que la misma pensión fue
reconocida en un 100%, al señor Javier Antonio Hernández Almario, en
calidad de hijo discapacitado del señor Marco Tulio Hernández Vergara.
28. Que no era forzoso para Colpensiones demandar los actos a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues al ser una
prestación de índole pensional reconocida de manera ilegal, no era
obligatorio el consentimiento de los interesados.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
29. El 17 de septiembre de 2025 se admitió el recurso8. Las partes guardaron
silencio.
30. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
31. El problema jurídico que debe resolver la Subsección es definir si los actos
administrativos demandados están viciados de nulidad, por vulneración al
8 SAMAI, índice 004.
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debido proceso y violación de norma superior o si, por el contrario, debe
accederse a los argumentos del recurso de apelación.
32. Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) la legalidad
de los actos administrativos y el principio de justicia rogada, ii) la labor
interpretativa del juez y el derecho al debido proceso, iii) el debido proceso
administrativo, iv) la competencia como presupuesto de validez de los actos
administrativos, v) el principio de autotutela administrativa y finalmente, iii) se
resolverá el caso concreto.
De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia
rogada
33. La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica
que, mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse
que fue proferido conforme a derecho y que es obligatorio y puede
ejecutarse. En ese sentido, esta figura, consagrada legalmente en el artículo
88 del CPACA, conlleva que la carga de la prueba o de la argumentación
sobre la ilegalidad del acto recaiga sobre quien la alega, pues como
presunción legal admite prueba en contrario.
34. En relación con dicha presunción, existe una regla que indica al juez que
debe denegar la pretensión de nulidad de un acto administrativo cuando
quien lo demanda no cumple con la carga de demostrar que está viciado. Por
ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encargada de juzgar la
validez de esa clase de actos, ha sido caracterizada como una «jurisdicción
rogada» en lo que tiene que ver con esta particular materia.
35. En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de
ser valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello,
deben ser tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional
en la sentencia C-197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que
tuvo en su momento el numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso
Administrativo (Decreto 01 de 1984), que, al igual que el CPACA, dispone
como requisito de la impugnación judicial de un acto administrativo que se
indique en la demanda las normas violadas y el concepto de violación.
36. En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de
control de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la
vulneración de derechos fundamentales o normas de rango constitucional en
los actos administrativos acusados, le corresponde analizar de forma oficiosa
preceptos o argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es
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decir, se puede flexibilizar el principio de justicia rogada9 con el fin de dar
protección al ordenamiento superior.
a. De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso
37. Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código
General del Proceso y sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia 10 ha
señalado que:
38. «(…) [a]l encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión
ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin
de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular
sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando
siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico
sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos».
39. En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación,11 al indicar que dicho
deber tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo
materialmente pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea
para tramitar la controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito
inicial, se le dé el sentido y el alcance que se derive de la intención real del
demandante, sin desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales.
40. Así entonces, considera la Subsección que en virtud de la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procedimental se debe acudir al poder
interpretativo del juez y desentrañar o ahondar en el desarrollo de este
derecho fundamental de aplicación inmediata en la actuación administrativa
que produjo los actos administrativos demandados, más aún cuando se
puede advertir una falta de competencia y la omisión de aplicación del
procedimiento administrativo en su expedición.
41. Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 superior se
desprenden diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre
ellas, el derecho a ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para
lo administrativo se traduce en la necesidad de que el sujeto que adelante la
actuación y emita el acto, tenga una asignación previa del ordenamiento, y
que para su expedición se atienda el procedimiento establecido por el
legislador para garantizar el debido proceso del administrado, de allí que,
analizar estos requisitos es de relevancia constitucional. Sin que ello implique
9 Sobre la justicia rogada se puede revisar Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia
de unificación SUJ-010-S2 del 21 de abril de 2018, radicado: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-
SUJ2-010-18.
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019, expediente SL
960-2019.
11 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de
agosto de 2021, radicado: 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).
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trasgresión al principio de congruencia o vulneración del derecho de defensa
de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha versado sobre
la posibilidad o no de que la demandante tenga la obligación de restituir las
sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.
El debido proceso administrativo
42. En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental
ha sido denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso
administrativo, que hace referencia a la aplicación de los procedimientos
legalmente establecidos por parte de las entidades del Estado, en el curso
de cualquier actuación administrativa, con el propósito de garantizar los
derechos de los administrados.
43. En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración
que sus actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente
consagrados por el legislador, para garantizar a los ciudadanos, la protección
de sus derechos de contradicción y defensa, sin embargo, no toda
irregularidad dentro del procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos,
sino cuando aquella implique el desconocimiento de las garantías
fundamentales de quien pueda resultar afectado con su expedición.
La competencia como presupuesto de validez de los actos
administrativos
44. Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras
condiciones, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía
constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto
es lo que en la teoría del acto administrativo se conoce como competencia o
elemento subjetivo del acto, que se refiere tanto a la institución, entidad u
órgano, como al individuo que lo profiere.
45. La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los
particulares que ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede
delimitar el campo de acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una
autoridad administrativa.
46. De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
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unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos.12
47. La falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo, debido a
que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide.
Ahora, es importante tener en consideración que la asignación de
competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico,13 el material,14 el
territorial15 y en algunos casos el temporal.16
48. En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo
estará viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un
sujeto que carece de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia
atribuida por el ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA
(causales aplicables al artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta
de este elemento como un vicio invalidante de los actos administrativos, el
cual, según la jurisprudencia de esta Corporación, es uno de los más graves
y, por lo tanto, no puede ser saneado.17
El principio de autotutela administrativa
49. En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente
los intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias
judiciales. Se trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho
puede resultar particular debido a que denota claramente una relación de
desigualdad entre las entidades públicas y los administrados, a quienes
resultan oponibles las decisiones que tomen las primeras en aras de hacer
efectivos los intereses públicos.
12 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la
valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos
vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan
la regularidad de su ejercicio. [...]».
13 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional
de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.
Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
14Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a
la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
15 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en
el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
16 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de
tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.
17 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como
la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).
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50. Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el
interés general y en las competencias que explícitamente le han sido
asignadas a cada autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado
Social de Derecho es que las autoridades públicas o los particulares que
cumplan funciones públicas o administrativas no gozan de plena autonomía
ya que toda conducta que deseen desplegar debe estar consagrada en una
norma habilitante.
51. Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y
209 superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra
proscrita la admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien
definido y que sea ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los
fines esenciales del Estado.
52. La primera de tales normas dispone que los servidores públicos, además de
ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está
permitido por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
53. Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo
público debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que
pueda ejercerse el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la
Constitución, así como desempeñar los deberes que le incumben. En la
misma línea, el artículo 123 de la misma normativa dispone que «(…) [l]os
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento».
54. Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como los recursos
administrativos, la revocatoria directa de los actos administrativos y la
facultad de cobro coactivo de las entidades públicas tienen una consagración
legal expresa que habilita en cada caso su aplicación y las condiciones en
que debe ejercerse.18
Resolución al caso concreto
55. Tras revisar el caso expuesto, se concluye inicialmente que, al emitir los
actos administrativos objeto de controversia, Colpensiones actuó de manera
autónoma en defensa de sus intereses legales. Por consiguiente, resulta
18 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado:
25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los
casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos
a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la
administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica».
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fundamental determinar si la entidad contaba con la competencia normativa
necesaria para adoptar y ejecutar las medidas de autotutela en cuestión19,
previo a estudiar los cargos de violación de norma superior y vulneración al
debido proceso, pues, de ser así, no sería necesario pronunciamiento
adicional.
56. El marco normativo que creó a Colpensiones, establecido inicialmente en el
artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, la concibió como una entidad vinculada
al Ministerio de la Protección Social -hoy Ministerio del Trabajo-, dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
Seguidamente, el Decreto 4121 de 2011, modificó la naturaleza jurídica de
Colpensiones en los siguientes términos: «(…) cámbiese la naturaleza
jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones,
Empresa Industrial y Comercial del Estado, al de Empresa Industrial y
Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter
especial, vinculada al Ministerio de Trabajo».
57. A esta entidad se le atribuyó como objeto la administración estatal del
régimen de prima media con prestación definida, incluyendo la de los
beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005,
el cual adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, donde se establece
el sistema general de la seguridad social.
58. Es importante destacar que el artículo 5° del Decreto 309 de 2017 (que
modificó la estructura de Colpensiones), desarrolló el objeto de la entidad,
señalando sus funciones; dentro de las cuales, se le facultó para determinar
los derechos pensionales y prestaciones económicas en favor de sus
afiliados y, en concordancia con el artículo 16 del Decreto, gestionar y dirigir
procesos de jurisdicción coactiva.
59. Por su parte, la Ley 1066 de 2006 otorgó la facultad de ejercer jurisdicción
coactiva a las entidades públicas que, de manera permanente, tienen a su
cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación
de servicios del Estado colombiano y que, en virtud de estas, tengan que
recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional y territorial.
60. Sin embargo, encuentra la Subsección que ninguna de las disposiciones
mencionadas otorgó a Colpensiones facultades exorbitantes que le
permitieran, por vía administrativa, determinar de manera unilateral el monto
de los pagos realizados en exceso y la deuda que en virtud de estos está a
cargo de la parte demandante, sin el cumplimiento reglado de los cánones
19 Igual análisis se llevó a cabo en el asunto de esta Subsección fallado el 25 de abril de 2024, radicado 25000-
23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)
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constitucionales y legales dispuestos.
61. Al efecto, aunque la Ley 1066 de 2006 otorga facultades de cobro coactivo a
las entidades del Estado, esto se aplica únicamente a aquellas encargadas
de recaudar rentas o caudales públicos a nivel nacional o territorial y,
además, esta acción está intrínsecamente ligada a la naturaleza
administrativa propia de la autotutela declarativa y ejecutiva, la cual se
fundamenta en la legalidad.
62. En lo que respecta al artículo 16 del Decreto 309 de 2017, es relevante
subrayar que la facultad de «(…) dirigir los procesos de jurisdicción coactiva,
gestión y recuperación de cartera» no implica que la entidad entre en el
ámbito de la tutela declarativa y cuente con la capacidad para reconocer o
declarar acerca de algún derecho u obligación preexistente, sino más bien,
se refiere al despliegue de las gestiones necesarias para que, mediante la
vía judicial, se declare la existencia del pago indebido.
63. En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha resaltado en diversas
ocasiones20 la obligación de contar con una normativa que respalde la
autoridad de una entidad estatal para requerir el pago de una suma de dinero
a un individuo, así como para asegurar el debido proceso en el contexto de
los cobros efectuados21:
«(…) 7.2.2. El ejercicio de potestades administrativas exige de una norma
expresa que las consagre y de un debido proceso administrativo.
(…) De conformidad con lo anterior, cuando quiera que una entidad estatal
pretenda imponer el pago de una suma de dinero a cargo de un particular,
deberá existir en la normatividad la tipificación legal que le permita
proceder en tal sentido, so pena de sufrir la sanción judicial por la
ilegalidad de su proceder. En ese orden de ideas y sólo para exponer dos
casos paradigmáticos, han sido las normas legales las que han conferido a las
entidades estatales la facultad de proceder con el cobro coactivo de las deudas
existentes a su favor, entre otras normas, en el artículo 5 de la ley 1066 de
200622; y también ha sido la norma legal, en el caso del artículo 17 de la Ley
1150 de 200723, la fuente para la atribución a las entidades estatales de la
20 Con relación al problema jurídico que se plantea en la sentencia de 30 de julio de 2008, en proceso radicado
núm. 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), con ponencia del H. Magistrado Saavedra Becerra, se hizo
referencia a los excesos en la facultad de autotutela de la administración generados por la extralimitación del
ejercicio de la función administrativa por fuera de los límites específicamente establecidos por la ley.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, radicación número: 25000-23-26-
000-1996-07474- 01(16816). C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez,
22 “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas
que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
23 “Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales.
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facultad para imponer las multas que hayan sido pactadas contractualmente,
como medio de conminación al cumplimiento de las obligaciones del contratista.
“Es bueno advertir que en las normas referidas se atribuye expresamente a las
entidades del Estado la competencia para proceder con los cobros referidos,
pero también se indica, de manera inequívoca, que hay un debido proceso
que debe seguirse frente al particular. Es decir, la facultad unilateral que se
viene refiriendo demanda para su ejecución tanto de la consagración legal
respectiva como del respeto por los derechos de los particulares y de ello se
sigue que deba observarse siempre un procedimiento justo, en el cual
quienes reciben la coerción de la Administración puedan presentar los
argumentos para la defensa de sus intereses. El artículo 29 de la
Constitución Política indica que: “[E]l debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas”, disposición ésta que en lo que al
procedimiento administrativo corresponde, encuentra desarrollo específico en
el Código Contencioso Administrativo y que ha sido descrito por la Sección
Tercera en los siguientes términos
(…) Observa la Sala en este punto, que la existencia de un procedimiento
previo, enderezado a la expedición de un acto administrativo, se ha entendido
tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que se dirigen a
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y
concreto, es decir, con efectos que recaen sobre intereses o derechos
individuales, personales, particulares, de manera directa; y es por ello que aún
en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio
constitucional del debido proceso (art. 29), que implica para las
autoridades el deber de obrar en virtud de competencias legalmente
otorgadas, conforme a leyes preexistentes, y con la plenitud de las formas
propias de cada procedimiento, con miras a garantizar a los destinatarios
de sus decisiones el derecho de audiencia y de defensa, mediante la
posibilidad de participar en las actuaciones previas a la expedición de la
respectiva decisión, permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer
las manifestaciones que consideren necesarias para la correcta formación
del juicio de la Administración antes de decidir.”24
“De lo anterior resulta diáfano que en todos aquellos casos en los cuales la
Administración advierta que ha realizado un pago de lo no debido deberá
proceder a la obtención de la declaración judicial correspondiente, previa
aportación de las pruebas al proceso respectivo, puesto que la simple
aseveración de que tal evento ha ocurrido no encuentra en norma alguna, de
índole administrativa o civil, el sustento que le permita expedir un acto mediante
el cual pueda ordenar de manera unilateral y con fuerza vinculante el reintegro
de las sumas de dinero que supuestamente hubiere pagado en exceso»
(negrillas y subrayas fuera de texto).
64. Estos privilegios derivados de la autotutela administrativa deben
fundamentarse en la legislación correspondiente. En este sentido, la
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de
2009, Radicación No. 27832, Actor: Consuelo Acuña Traslaviña, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra
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autotutela se sustenta en la legalidad, como una condición necesaria y
obligatoria.
65. En ese orden, no se advierte que Colpensiones tuviera competencia para
proferir actos administrativos con el fin de obtener el reintegro de un dinero
que recibió la parte demandante por concepto de retroactivo pensional y
mucho menos se encuentra habilitada por ley o por el texto constitucional
para iniciar el proceso previo que conduzca a la creación del acto
administrativo que se constituya en título ejecutivo, máxime cuando ningún
fallo judicial ha ordenado el reintegro de suma de dinero a la entidad.
66. Colpensiones cuenta con facultades expresas en materia de seguridad
social, otorgadas por la Ley 100 de 1993, para ejercer la jurisdicción coactiva
en relación con las obligaciones pendientes de pago por parte de aquellos
sujetos legalmente obligados a realizar aportes parafiscales, tal como lo
establece el artículo 57 de dicha Ley. El texto señala que «(…) de acuerdo
con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de
la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida tienen la facultad de establecer el cobro
coactivo para hacer efectivos sus créditos»
67. Por tanto, Colpensiones, en virtud de disposiciones legales específicas sí
tiene la capacidad de ejercer la autotutela declarativa, pero esta se
fundamenta, únicamente, en normas claras y precisas que le confiere dicha
facultad, y no simplemente en una interpretación extensiva de normativas
generales de competencia.
68. Esta posición ha sido sostenida por esta Subsección en ocasión precedente,
específicamente en relación con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL). En la sentencia emitida el 28 de septiembre de 2023,25 se
examinó la situación de un empleado que, al ser reintegrado al servicio
activo, le fue notificada una resolución por parte del director general de
CREMIL que exigía la devolución de los montos recibidos en calidad de
asignación de retiro durante un período determinado.26
69. También ha sido aplicada por esta Subsección en reiteradas sentencias en
las que se resolvió sobre contextos similares al que se estudia hoy, en los
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicado
25000-23-42-000-2014-01633-01 (6503-2022).
26 En este contexto, se llegó a la conclusión de que CREMIL carecía de la competencia necesaria para pretender
al empleado la restitución de los fondos desembolsados por concepto de asignaciones de retiro. La
argumentación se fundamentó en que «las leyes que previeron [sus] funciones […] la facultaron principalmente
para el reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro, pensiones y sustituciones, pero no la habilitaron
para ordenar el descuento o reintegro de haberes pagados por concepto de dichas prestaciones» y que el
Consejo Directivo de la entidad había delegado esta facultad al director general sin contar con la debida
autorización legal, apoyándose en una disposición normativa que no otorgaba dicho poder.
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que la entidad demandada ordenó el reintegro de mayores valores pagados
por concepto de pensión27.
70. Es imperativo recordar que en el ámbito administrativo, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, ha señalado que los principios generales que
advierten el derecho fundamental al debido proceso se deben aplicar a todas
las actuaciones administrativas que lleve a cabo la administración pública con
observancia de sus funciones y la ejecución de sus objetivos y fines, de
manera tal que se garantice «(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii)
el principio de legalidad y las formas administrativas previamente
establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los
derechos fundamentales de los asociados».28
71. Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se
encuentra que, la actuación de Colpensiones transgredió el ordenamiento
jurídico y comporta un abuso del derecho, al trasladar al administrado unas
cargas que no tiene por qué asumir, pues se reitera, la facultad de autotutela
es reglada y si no está expresamente consagrada u otorgada por la
Constitución o la ley resulta ser arbitraria.
72. Ahora, en el recurso de apelación Colpensiones indicó que todos los
funcionarios y las personas públicas y privadas tienen el deber de acatar los
fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos.
Sobre esta afirmación, destaca la Sala que, en efecto, es deber de los
destinatarios de las órdenes judiciales obedecer lo que en ellas se dicte; sin
embargo, es importante destacar en este caso que los actos administrativos
demandados no fueron emitidos en cumplimiento de esa orden judicial, pues
eso se dio a través de la Resolución SUB-314522 del 18 de noviembre de
201929.
73. Se tiene entonces que los actos demandados fueron proferidos por
Colpensiones, después de dar cumplimiento a dicha orden y, además, en la
sentencia del 9 de noviembre de 2017 emitida por el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Sincelejo, no se emitió pronunciamiento alguno relacionado
con la devolución de las mesadas pagadas a los señores Eliana Marcela
Hernández Ruíz y Moisés Hernández Ruíz, tal como se observa del extracto
citado en la Resolución SUB 39458 del 12 de febrero de 2020, página 330.
27Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 20 de febrero de 2025. Exp. 08001-23-
33-000-2017-01345-01 (2275-2022) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 29 de mayo de 2025. Exp. 08001-23-33-000-2019-00615-01 (3406-2024) C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 05 de junio de
2025. Exp. 05001-23-33-000-2018-00237-01 (4774-2024) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, entre otros.
28 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
29
SAMAI, índice 002. Expediente digital, archivo 003. Página 4.
30
SAMAI, índice 002. Expediente digital, archivo 003. Página 3.
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Radicado: 70001-23-33-000-2020-00339-01 (2538-2025)
74. De allí que la Subsección confirmará la sentencia que accedió a las
pretensiones, pero por las razones aquí expuestas.
De la condena en costas en segunda instancia
75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile
un interés público; creando así una excepción a la regla general, según la
cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien,
tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo
en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.
78. En consecuencia, se impondrán costas a Colpensiones, por cuanto se niega
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Sucre.
Segundo. Se condena en costas en segunda instancia a la parte demandada
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
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el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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