Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00615-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00615-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00615-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00615-01 (3406-2024)
Demandante: Carlos Manuel Velilla Angulo
Demandada: UGPP
Temas: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegro de mayores valores pagados por
concepto de pensión. Ámbito de la autotutela administrativa.
Principio de legalidad. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el tres (03) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró la nulidad de las resoluciones
demandadas.
ANTECEDENTES
El señor Carlos Manuel Velilla Angulo, instauró demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 047577 del 18 de diciembre de
2018 y RDP 004123 del 12 de febrero de 2019, por medio de las cuales la UGPP
ordenó reintegrar al Tesoro Público la suma de $275.608.799 «(…) por concepto de
mayores valores recibidos por mesadas pensionales».
A título de restablecimiento del derecho se abstenga de iniciar proceso de cobro
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coactivo contra el demandante, se declare que no debe suma alguna a favor de la
UGPP y que, en caso de haberse descontado, se ordene la restitución de los
dineros.
Como pretensión subsidiaria, en caso negarse la nulidad, se ordene el cobro a partir
del 1°. de febrero de 2001 y no desde el 14 de agosto de 1997, según lo determine
un perito avaluador.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la UGPP determinó un crédito, por valor de $275.608.799, a cargo del señor
Carlos Manuel Velilla Angulo, originado en el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente en calidad de cónyuge supérstite de la señora Milagros del Socorro
Arrieta de Velilla.
Que el reconocimiento de esa mesada pensional debió ser compartida con la
pensión de jubilación convencional que recibía a cargo de la Caja Agraria a través
del FOPEP y, por ende, en los actos demandados la entidad indicó que ese dinero
debía ser reintegrado.
Que la liquidación efectuada por la UGPP, en caso de ser procedente, debió
realizarse desde el 1° de febrero de 2001, pues fue esta la fecha en la cual el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla otorgó los efectos fiscales a la
pensión de sobrevivientes reconocida, y no desde el 14 de agosto de 1997, como
se había definido en los actos demandados.
Que todas las mesadas recibidas por el actor fueron a título de buena fe y que éste
confió legítimamente en la legalidad del acto que le reconoció la mesada pensional.
Finalmente, destacó que el hecho de tener que pagar una cifra tan alta, le genera
un perjuicio irremediable.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados los artículos 83 de la Constitución Política y los artículos 488
del Código Sustantivo del Trabajo, el 151 del Código Procesal del Trabajo, artículo
2535 del Código Civil.
Sostuvo que los actos demandados adolecen de falsa motivación y desviación del
poder al pretender cobrar unas mesadas que no fueron recibidas por el demandante
dado que sobre algunas de ellas prosperó la excepción de prescripción, tal como lo
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definió el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla mediante sentencia
que reconoció la prestación.
Que los actos vulneran el principio de buena fe y confianza legítima que debe regir
la relación entre la administración y sus administrados dado que en ningún momento
se le advirtió sobre la compartibilidad de la pensión.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, quien la
admitió y notificó1.
Al contestar la demandada, la UGPP señaló que los actos están revestidos de
legalidad al dar aplicación a las reglas relativas a la compartibilidad pensional, que
además se presumen válidos hasta que no se demuestre lo contrario y que fueron
expedidos atendiendo el principio de buena fe.
Que se había verificado el pago de mayores valores de mesadas pensionales por
efecto de la compartibilidad pensional, entre el 14 de agosto de 1997 y el 30 de junio
de 2018, por lo que se comprobó un exceso del mayor valor correspondiente, razón
por la que, sostiene, procedía emitir las resoluciones de cobro.
Luego del traslado de las excepciones, el 16 de febrero de 2024 se dio trámite de
sentencia anticipada y se dispuso correr traslado para alegar2.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Atlántico, accedió a las pretensiones. Indicó que si
bien al demandante, le fue reconocida la pensión de vejez por el I.S.S. -hoy
Colpensiones- y además recibió las mesadas del Fondo de Pensiones Públicas –
FOPEP; lo cierto es que no existían pruebas que demostraran la mala fe del actor
ni de un actuar fraudulento o contrario a lo ético.
Que, además, los dineros que se pretendían recuperar correspondían a un actuar
negligente de la administración, puesto que solo el 2018 la UGPP se había
percatado del pago en exceso que hizo desde el 14 de agosto de 1997, bajo el
supuesto de la protección del erario público.
De acuerdo con este razonamiento, consideró procedente acceder a las
pretensiones.
1 Índice 03 de SAMAI. Gestión en otras corporaciones.
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Índice 20 de SAMAI, Gestión en otras corporaciones.
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RECURSO DE APELACIÓN
La UGPP, interpuso recurso de apelación por considerar que los actos demandados
se ajustan a la legalidad, pues ante el pago en exceso de las mesadas pensionales
por compartibilidad de la pensión, la UGPP estaba en el deber de garantizar la
sostenibilidad financiera del Sistema Pensional.
Que no es cierto que el demandante actuara de buena fe, puesto que continuó
cobrando las mesadas, en su totalidad, incluso luego de ser conocedor de las
resoluciones que hoy se demandan, y sin tener derecho a aquellas; por lo que
resaltó que se generó un enriquecimiento sin causa en relación con el mayor valor
pagado.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 29 de agosto de 2024 se admitió el recurso.3 Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema jurídico que debe resolver la Subsección es definir si los actos
administrativos demandados están viciados de nulidad, por las razones expuestas
en la demanda y ratificadas en el recurso de apelación.
Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) la legalidad de los
actos administrativos y el principio de justicia rogada, ii) la labor interpretativa del
juez y el derecho al debido proceso, iii) el debido proceso administrativo, iv) la
competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos, v) el
principio de autotutela administrativa y finalmente, iii) se resolverá el caso concreto.
De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada
La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que,
mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue
proferido conforme a derecho y que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese
sentido, esta figura, consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva
que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga
sobre quien la alega,4 pues como presunción legal admite prueba en contrario.
En esta figura hay una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de
3 Índice 4 de SAMAI.
4 Providencia citada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de
2022, radicado:11001-03-25-000-2019-00601-00 (4727-2019).
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nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga
de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido
caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta
particular materia.
En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser
valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser
tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-
197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el
numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984), que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación
judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas
y el concepto de violación.
En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de
simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de
derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos
administrativos acusados, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o
argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es decir, se puede
flexibilizar el principio de justicia rogada5 con el fin de dar protección al ordenamiento
superior.
De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso
Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General
del Proceso y sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia6 ha señalado que:
«(…) [a]l encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión
ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial,
a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al
formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa
petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder
precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela
efectiva de sus derechos».
En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación,7 al indicar que dicho deber
tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente
5 Sobre la justicia rogada se puede revisar Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia
de unificación SUJ-010-S2 del 21 de abril de 2018, radicado: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-
SUJ2-010-18.
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019, expediente SL 960-
2019.
7 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de
agosto de 2021, radicado: 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).
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pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la
controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial, se le dé el
sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin
desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales.
Así entonces, considera la Subsección que en virtud de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procedimental es dable acudir al deber interpretativo del juez y
desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación
inmediata en la actuación administrativa que produjo los actos administrativos
demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la
omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.
Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 superior se desprenden
diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a
ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce
en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga
una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se atienda el
procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido proceso del
administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia constitucional.
Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del
derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha
versado sobre la posibilidad o no de que la demandante tenga la obligación de
restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.
El debido proceso administrativo
En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido
denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso administrativo,
que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos
por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación
administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.
En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que
sus actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el
legislador, para garantizar a los ciudadanos, la protección de sus derechos de
contradicción y defensa, sin embargo, no toda irregularidad dentro del
procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos, sino cuando aquella implique el
desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado
con su expedición.
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La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos
Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.
La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos.8
Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico,9 el material,10 el territorial11 y en
algunos casos el temporal.12
En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta
8 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la valoración
del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad
con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo
en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad
de su ejercicio. [...]».
9 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional de
la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr. Luis
Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
10Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a
la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
11 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en
el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
12 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de
tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.
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Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado.13
El principio de autotutela administrativa
En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que tomen
las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.
Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés
general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada
autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es
que las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o
administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen
desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.
Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea
ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.
De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos,
además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por
la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público
debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse
el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como
desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la
misma normativa dispone que «(…) [l]os servidores públicos están al servicio del
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento».
Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como la vía gubernativa, la
revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de cobro coactivo de
las entidades públicas deben tener una consagración legal expresa que habilita en
13 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como
la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).
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cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse.14
Resolución al caso concreto
Tras revisar el caso expuesto, se concluye inicialmente que, al emitir los actos
administrativos objeto de controversia, la UGPP actuó de manera autónoma en
defensa de sus intereses legales. Por consiguiente, resulta fundamental determinar
si contaba con la competencia normativa necesaria para adoptar y ejecutar las
medidas de autotutela en cuestión.15
El marco normativo que creó la UGPP, establecido inicialmente en el artículo 156
de la Ley 1151 de 2007, la consagró como una entidad adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente. Esta entidad fue asignada con dos negocios misionales:
el pensional y el parafiscal.
En relación con el negocio pensional — que es el que nos incumbe para este medio
de control —, el aludido artículo 156 precisó que le corresponde, en general, «(…)
[e]l reconocimiento de derechos pensionales (…) causados a cargo de
administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades
públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de
pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación».
Igualmente, en el artículo 156, el legislador invistió por seis (6) meses de facultades
extraordinarias al presidente de la República, conforme a lo establecido en el
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, para que expidiera normas
con fuerza de ley en las que determinara las funciones de la UGPP.
En virtud de dicha facultad extraordinaria, se emitió el Decreto Ley 169 del 23 de
enero de 2008, el cual atribuyó a la entidad unas responsabilidades en cuanto al
reconocimiento de derechos pensionales y el Decreto 575 de 2013 amplió las
concedidas a la UGPP, otorgándole la capacidad de llevar a cabo acciones
administrativas y judiciales en caso de encontrar discrepancias en la información
relacionada con el trabajo o las pensiones.
El artículo 6 del decreto estableció funciones adicionales para la UGPP, dentro de
las cuales se incluye aquella que constituyó una de las bases para dictar los actos
14 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado:
25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los
casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos
a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la
administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica».
15 Igual análisis se llevó a cabo en el asunto de esta Subsección fallado el 25 de abril de 2024, radicado 25000-
23-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)
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atacados, a saber, «10. Adelantar las acciones administrativas y judiciales
pertinentes en el caso en que se detecten inconsistencias en la información laboral
o pensional o en el cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando
fuere necesario, los pagos e iniciar el proceso de cobro de los mayores dineros
pagados». (Subrayado fuera del texto original)
Es importante destacar que en los actos administrativos impugnados se invocó la
facultad conferida por la Ley 1066 de 200616 de ejercer jurisdicción coactiva a las
entidades públicas que, de manera permanente, tienen a su cargo el ejercicio de
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial.
Sin embargo, encuentra la Subsección que ninguna de las disposiciones normativas
mencionadas otorgó a la UGPP facultades exorbitantes que le permitieran, por vía
administrativa, determinar de manera unilateral el monto de los pagos realizados en
exceso y la deuda que en virtud de estos debe efectuar la parte demandante, sin el
cumplimiento reglado de los cánones constitucionales y legales, dispuestos.
Al efecto, se destaca que la entidad ha interpretado de manera incorrecta las
normativas mencionadas anteriormente. Por un lado, aunque la Ley 1066 de 2006
otorga facultades de cobro coactivo a las entidades del Estado, esto se aplica
únicamente a aquellas encargadas de recaudar rentas o caudales públicos a nivel
nacional o territorial y, además, esta acción está intrínsecamente ligada a la
naturaleza administrativa propia de la autotutela declarativa y ejecutiva, la cual se
fundamenta en la legalidad.
Por el otro lado, en lo que respecta al artículo 10 del Decreto 575 de 2013 es
relevante subrayar que la facultad de «(…) iniciar el proceso de cobro de los
mayores dineros pagados» no implica que la entidad entre en el ámbito de la tutela
declarativa y cuente con la capacidad para reconocer o declarar acerca de algún
derecho u obligación preexistente sino más bien, se refiere al despliegue de las
gestiones necesarias para que, mediante la vía judicial, se declare la existencia del
pago indebido.
En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha resaltado en diversas
ocasiones17 la importancia de contar con una normativa que respalde la autoridad
de una entidad estatal para requerir el pago de una suma de dinero a un individuo,
16 Página 13 del archivo contentivo de la demanda y sus anexos, denominado 01. -2019-00615 DEMANDA
COMPLETA.
17 Con relación al problema jurídico que se plantea en la sentencia de 30 de julio de 2008, en proceso radicado
núm. 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), con ponencia del H. Magistrado Saavedra Becerra, se hizo
referencia a los excesos en la facultad de autotutela de la administración generados por la extralimitación del
ejercicio de la función administrativa por fuera de los límites específicamente establecidos por la ley.
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así como para asegurar el debido proceso en el contexto de los cobros efectuados.
Sobre el particular esta Corporación señaló18:
«(…) 7.2.2. El ejercicio de potestades administrativas exige de una norma
expresa que las consagre y de un debido proceso administrativo.
(…) De conformidad con lo anterior, cuando quiera que una entidad estatal
pretenda imponer el pago de una suma de dinero a cargo de un particular,
deberá existir en la normatividad la tipificación legal que le permita
proceder en tal sentido, so pena de sufrir la sanción judicial por la
ilegalidad de su proceder. En ese orden de ideas y sólo para exponer dos
casos paradigmáticos, han sido las normas legales las que han conferido a las
entidades estatales la facultad de proceder con el cobro coactivo de las deudas
existentes a su favor, entre otras normas, en el artículo 5 de la ley 1066 de
200619; y también ha sido la norma legal, en el caso del artículo 17 de la Ley
1150 de 200720, la fuente para la atribución a las entidades estatales de la
facultad para imponer las multas que hayan sido pactadas contractualmente,
como medio de conminación al cumplimiento de las obligaciones del contratista.
“Es bueno advertir que en las normas referidas se atribuye expresamente a las
entidades del Estado la competencia para proceder con los cobros referidos,
pero también se indica, de manera inequívoca, que hay un debido proceso
que debe seguirse frente al particular. Es decir, la facultad unilateral que se
viene refiriendo demanda para su ejecución tanto de la consagración legal
respectiva como del respeto por los derechos de los particulares y de ello se
sigue que deba observarse siempre un procedimiento justo, en el cual
quienes reciben la coerción de la Administración puedan presentar los
argumentos para la defensa de sus intereses. El artículo 29 de la
Constitución Política indica que: “[E]l debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas”, disposición ésta que en lo que al
procedimiento administrativo corresponde, encuentra desarrollo específico en
el Código Contencioso Administrativo y que ha sido descrito por la Sección
Tercera en los siguientes términos
(…) Observa la Sala en este punto, que la existencia de un procedimiento
previo, enderezado a la expedición de un acto administrativo, se ha entendido
tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que se dirigen a
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y
concreto, es decir, con efectos que recaen sobre intereses o derechos
individuales, personales, particulares, de manera directa; y es por ello que aún
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, radicación número: 25000-23-26-
000-1996-07474- 01(16816). C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez,
19 “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas
que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
20 “Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”
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en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio
constitucional del debido proceso (art. 29), que implica para las
autoridades el deber de obrar en virtud de competencias legalmente
otorgadas, conforme a leyes preexistentes, y con la plenitud de las formas
propias de cada procedimiento, con miras a garantizar a los destinatarios
de sus decisiones el derecho de audiencia y de defensa, mediante la
posibilidad de participar en las actuaciones previas a la expedición de la
respectiva decisión, permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer
las manifestaciones que consideren necesarias para la correcta formación
del juicio de la Administración antes de decidir.”21
“De lo anterior resulta diáfano que en todos aquellos casos en los cuales la
Administración advierta que ha realizado un pago de lo no debido deberá
proceder a la obtención de la declaración judicial correspondiente, previa
aportación de las pruebas al proceso respectivo, puesto que la simple
aseveración de que tal evento ha ocurrido no encuentra en norma alguna, de
índole administrativa o civil, el sustento que le permita expedir un acto mediante
el cual pueda ordenar de manera unilateral y con fuerza vinculante el reintegro
de las sumas de dinero que supuestamente hubiere pagado en exceso»
(negrillas y subrayas fuera de texto)
En consecuencia, cuando una entidad estatal busca exigir el pago de una suma de
dinero a un particular, es necesario que exista un respaldo legal claro y específico
para tal acción. Estos privilegios derivados de la autotutela administrativa deben
fundamentarse en la legislación correspondiente. En este sentido, la autotutela se
sustenta en la legalidad, como una condición necesaria y obligatoria.
En ese orden, de las normas invocadas en los actos acusados, no se advierte que
la UGPP tuviera competencia para proferir actos administrativos con el fin de
obtener el reintegro de un dinero que recibió la parte demandante por concepto de
mesadas pensionales y mucho menos se encuentra habilitada por ley o por el texto
constitucional para iniciar el proceso previo que conduzca a la creación del acto
administrativo que se constituya en título ejecutivo, máxime cuando ningún fallo
judicial ha ordenado el reintegro de suma de dinero a la entidad.
Ante la ausencia de un fundamento normativo es evidente que el subdirector de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP no tenía la competencia
requerida para calcular la deuda y ordenar la devolución de los pagos
supuestamente realizados en exceso a la parte demandante. Incluso el título mismo
del cargo de quien emite los actos demandados hace referencia únicamente a la
«determinación de derechos pensionales», lo cual no le otorga la facultad de
autotutela por parte de la autoridad administrativa que ha ser atribuida únicamente
por la ley.
La UGPP cuenta con facultades expresas en materia de seguridad social, otorgadas
por la Ley 100 de 1993, para ejercer la jurisdicción coactiva en relación con las
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de
2009, Radicación No. 27832, Actor: Consuelo Acuña Traslaviña, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra
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obligaciones pendientes de pago por parte de aquellos sujetos legalmente obligados
a realizar aportes parafiscales, tal como lo establece el artículo 57 de dicha ley. El
texto señala que «(…) de acuerdo con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida tienen la facultad de
establecer el cobro coactivo para hacer efectivos sus créditos»
Esta posición ha sido sostenida por esta Subsección en anteriores oportunidades,
específicamente en relación con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL). En la sentencia emitida el 28 de septiembre de 2023,22 se examinó la
situación de un empleado que, al ser reintegrado al servicio activo, le fue notificada
una resolución por parte del director general de CREMIL que exigía la devolución
de los montos recibidos en calidad de asignación de retiro durante un periodo
determinado.23
También ha sido aplicada por esta subsección en sentencia del 20 de febrero de
2025, dentro de un caso similar al que se estudia hoy, en el que la UGPP ordenó el
reintegro de mayores valores pagados por concepto de pensión24.
Es imperativo recordar que en el ámbito administrativo, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, ha señalado que los principios generales que advierten el derecho
fundamental al debido proceso se debe aplicar a todas las actuaciones
administrativas que lleve a cabo la administración pública con observancia de sus
funciones y la ejecución de sus objetivos y fines, de manera tal que se garantice «(i)
el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados».25
Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra que,
la actuación de la UGPP transgredió el ordenamiento jurídico y comporta un abuso
del derecho, al trasladar al administrado unas cargas que no tiene por qué asumir,
pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no está expresamente
consagrada u otorgada por la Constitución o la ley resulta ser arbitraria.
De allí que la Subsección confirmará la sentencia, pero por las razones aquí
expuestas.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicado
25000-23-42-000-2014-01633-01 (6503-2022).
23 En este contexto, se llegó a la conclusión de que CREMIL carecía de la competencia necesaria para pretender
al empleado la restitución de los fondos desembolsados por concepto de asignaciones de retiro. La
argumentación se fundamentó en que «las leyes que previeron [sus] funciones […] la facultaron principalmente
para el reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro, pensiones y sustituciones, pero no la habilitaron
para ordenar el descuento o reintegro de haberes pagados por concepto de dichas prestaciones» y que el
Consejo Directivo de la entidad había delegado esta facultad al director general sin contar con la debida
autorización legal, apoyándose en una disposición normativa que no otorgaba dicho poder.
24Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 20 de febrero de 2025. Exp. 08001-23-
33-000-2017-01345-01 (2275-2022) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
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De la condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202126 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el tres (03) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, pero por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia
Tercero. Se reconoce personería a la abogada Rocío del Pilar Arena España con
tarjeta profesional 287.249 del CS de la J, representante legal de la firma de
abogados Conde Abogados Asociados S.A.S., para que represente los intereses de
la UGPP, en calidad de apoderado principal. Se reconoce también personería a la
abogada Mayra Alejandra Padilla Niviayo, adscrito a dicha firma, en calidad de
apoderada sustituto.27
Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
26 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
27 Índice 10 de SAMAI.
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LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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