RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2020-03753-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03753-02

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03753-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 24 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por Martha Libia Montoya de Mejía en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.- Se condena en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP- a favor de la parte demandada, en la modalidad de agencias en derecho, según las consideraciones señaladas. En firme esta providencia serán fijadas de conformidad con el artículo 366 del CGP. TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en esta providencia se decide el fondo del asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-03753-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)
Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-
Temas: Revocatoria Directa de Administrativos – Violación del
derecho al debido proceso administrativo
Decisión: Confirma la decisión que accede a las pretensiones de la
demanda.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte accionada en contra de la sentencia del 24 de julio de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Decisión 1, que accedió
a las súplicas de la demanda instaurada por la señora Martha Libia Montoya de
Mejía, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2.

2.1.1. Pretensiones.

2. La señora Martha Libia Montoya de Mejía, por intermedio de apoderada judicial
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, solicitó la nulidad de la
Resolución RDP 25799 del 29 de agosto de 2019, por medio de la cual «[…]se
revocan unas resoluciones y se ordena una compartibilidad pensional de
sobrevivientes», expedida por el subdirector de Determinación de Derechos

1 Con ponencia de la magistrada Susana Nelly Acosta Prada.
2 Expediente digitalizado. Archivo 1. Índice 1 de la primera instancia
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

Pensionales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, en adelante
UGPP.

3. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, solicitó ordenar «[…]
que se siga pagando las mesadas pensionales como se venían pagando antes
de las resoluciones, y que el valor de las mayores cantidades pagadas, esto es
la suma de QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA
Y UN MIL ONCE PESOS ($516.461.011), no sean ejecutadas conforme lo
ordena el artículo 164 numeral 1, inciso c del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». (Sic para toda la cita).

2.1.2. Hechos.

4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

5. Según la demanda, el señor Francisco de Paula Mejía Arango, nació el 23 de
octubre de 1935 y contrajo matrimonio católico con la señora Martha Libia
Montoya de Mejía el 21 de julio de 1962 en la ciudad de Medellín.

6. El señor Francisco de Paula Mejía Arango laboró como médico especialista en
oftalmología en el Instituto de Seguros Sociales y en el Hospital Pablo Tobón
Uribe durante más de 20 años.

7. Mediante Resolución 0165 del 29 de enero de 1991, el Instituto de Seguros
Sociales Seccional Antioquia, empleador, le reconoció la pensión de jubilación al
señor Francisco de Paula Mejía Arango, en cuantía de $410.405, efectiva a partir
del 1.° de noviembre de 1990.

8. Lo anterior al acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos
por la ley y al verificar que no recibía ninguna otra pensión. Por tanto, como nació
el 29 de octubre de 1935 estimó la entidad que contaba con la edad exigida por
la Ley 1653 de 1977, artículo 19, para el reconocimiento de la pensión; además
laboró en esa seccional del 1.° de marzo de 1965 al 18 de enero de 1974 y desde
el 26 de junio de 1986 continúo laborando en el Instituto de Seguros Sociales
Antioquia hasta el 30 de octubre de 1990.

9. Mediante Resolución 6562 del 17 de junio de 1997, el Instituto de Seguros
Sociales – ISS-, como asegurador, reconoció una pensión de vejez al señor
Francisco de Paula Mejía Arango, en cuantía mensual de $1´268.062, a partir del
1.° de julio de 1997.

10. Por Resolución 10734 del 15 de septiembre de 1997, el Instituto de Seguros
Sociales modificó la Resolución 6562 del 17 de junio de 1997 en el sentido de
indicar que la mesada pensional era de $1´405.832, y que esta empezaría desde
el día 1.° de julio de 1997.
835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

11. El señor Francisco de Paula Mejía Arango, falleció el 8 de octubre de 2003 y
mediante Resolución 1696 del 24 de febrero de 2004 el Instituto de Seguros
Sociales le concedió la sustitución, en calidad de cónyuge sobreviviente, a la
señora Martha Libia Montoya de Mejía, para lo cual, según su dicho,
equivocadamente tuvo en cuenta la Resolución 6562 del 17 de junio de 1997 y
no en la Resolución 10734 del 15 de septiembre de 1997.

12. Mediante la Resolución 652 del 28 de abril de 2004 el Instituto de Seguros
Sociales otorgó la sustitución de la pensión de jubilación a la señora Martha Libia
Montoya de Mejía en calidad de cónyuge supérstite del señor Francisco de Paula
Mejía Arango, en cuantía de $2´357.549, a partir del 8 de octubre de 2003; esto
es, la pensión que le había sido reconocida al causante a través de la Resolución
165 de 29 de enero de 1991.

13. A través de la Resolución 18549 del 22 de agosto de 2007 el Instituto de
Seguros Sociales otorgó pensión de sobrevivientes al joven Alejandro Mejía
Betancur, en calidad de hijo del causante, en cuantía mensual de $1´625.430,
efectiva a partir del 1.° de octubre de 2007. Esta mesada se extendió hasta el
año 2014 y por consiguiente durante estos 7 años la pensión de sobrevivientes
de la señora Martha Libia Montoya de Mejía se vio reducida en un 50%.

14. El 8 de mayo de 2017, la accionante solicitó ante COLPENSIONES la
reliquidación de la sustitución pensional, lo que le fue denegado mediante la
Resolución SUB 103113 del 20 de junio de 2017.

15. A través de la Resolución RDP 013123 del 16 de abril de 2018 la UGPP
modificó la mesada pensional establecida en la Resolución 6562 del 17 de junio
de 1997 por compartibilidad y ordenó el pago de un mayor valor de la pensión de
sobrevivientes. Según la demanda, nuevamente se forma errónea se basó en la
Resolución 6562 del 17 de junio de 1997 y no en la Resolución 10734 del 15 de
septiembre de 1997. En esta decisión ordenó a la señora Montoya de Mejía la
devolución de las sumas que según la entidad percibió en exceso.

16. Por la Resolución RDP 020710 del 6 de junio de 2018, la UGPP modificó la
Resolución RDP 013123 del 16 de abril de 2018 y fijó la pensión de
sobrevivientes en $1´611.257.00 a partir del 8 de octubre de 2003. Lo anterior al
disponer lo siguiente:

«[…] Ajustar la mesada pensional en el mayor valor a cargo de EL FONDO DE
PENSIONES PUBLICAS FOPEP, de la pensión de sobrevivientes del señor
FRANCISCO DE PAULA MEJÍA ARANGO ya identificado, reconocida a favor de
la señora MARTHA LIBIA MONTOYA DE MEJÍA ya identificada en la cuantía que
resulte entre la diferencia del valor de la mesada pensional otorgada por la ISS
empleador en cuantía de $2.337.549 M/CTE efectiva a partir del 09 de octubre
de 2003 día siguiente al fallecimiento del causante, referente al reconocimiento
835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

de la pensión de sobrevivientes y el valor de la mesada reconocida por el ISS hoy
COLPENSIONES en cuantía de $1.611.257 M/CTE a partir del 08 de octubre de
2003 […]».

17. Mediante Oficio 201814207042731 del 8 de agosto de 2018, la UGPP le
informó a la demandante que había emitido un acto administrativo que ordenó la
compartibilidad de su pensión y la devolución de unas sumas:

«Es pertinente informarle que acorde con el Acto administrativo emitido por la
Unidad, en el cual se ordena la aplicación de la compartibilidad de su prestación,
existen sumas a favor de la Nación y a su cargo, en cuantía de Quinientos
Dieciséis Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Once Pesos Con Cero
Centavos ($516.461,011.00) M/cte.; acto administrativo procesado con novedad
de nómina de Julio 2018… Así las cosas, el área financiera de la Unidad ha
dispuesto la siguiente cuenta para el efecto: Entidad Financiera: Banco Popular,
Número de Cuenta: 110-050-25359-0, Denominación de la cuenta: DTN-
Recaudo Cuotas partes pensionales, Tipo: Corriente, Código Rentístico: 131401.
Por consiguiente, La Unidad, mediante su página Web, en la ruta
https://www.ugpp.gov.co/parafiscales/guias-para-el-pago-de obligaciones.htm/
dispuso la información correspondiente al diligenciamiento del formato de
consignación, que se debe diligenciar en este proceso. Conforme a lo anterior, le
agradecemos remitir en un plazo máximo de 30 días, la copia legible de la
consignación por usted efectuada, a través del link: [….]».

18. En esa comunicación sólo se le informó de la existencia de un acto
administrativo que no le fue notificado ni entregado, por lo que a través de petición
solicitó que se realizara la notificación en debida forma.

19. El acto adjunta una liquidación detallada de dobles pagos por compartibilidad;
pero sin aplicar lo establecido en el artículo 97 del CPACA para poder realizar la
revocatoria de los actos administrativos, aunado a que modificó su derecho
pensional.

20. El 3 de septiembre de 2018 la parte actora solicitó a la UGPP realizar
nuevamente todo el proceso de notificación de las Resoluciones RDP 13123 del
16 de abril de 2018 y RDP 020710 del 20 de junio de 2018, en razón a que su
procedimiento no se efectúo de conformidad con los postulados constitucionales
y legales.

21. La Resolución RDP 13123 del 16 de abril de 2018, sólo fue notificada por
correo electrónico el 2 de noviembre de 2018, como consta en la copia auténtica
del expediente pensional entregado a la señora Martha Libia Montoya de Mejía
con radicado 201850052911742.

22. El director de Servicios Integrados de Atención de la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales –UGPP-, el 2 de noviembre de 2018 con radicado
201818009844241, notificó a través de correo electrónico la Resolución 20710
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

del 6 de junio de 2018, por la cual modificó la Resolución RDP 013123 del 16 de
abril de 2018.

23. El 4 de octubre de 2018, la señora Montoya de Mejía, radicó ante la
subdirectora de Nómina de Pensionados de la UGPP, solicitud de aplicación y
extensión de jurisprudencia, frente a lo cual la entidad profirió la Resolución RDP
047388 del 17 de diciembre de 2018, con radicado SOP 201801044650, por
medio de la cual le negó su solicitud.

24. La UGPP expidió la Resolución RDP 047955 del 20 de diciembre de 2018,
«Por la cual se determinan unos mayores valores recibidos, por concepto de
mesadas pensionales con cargo a Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones por conducto del Tesoro Público, dentro del expediente
pensional del Señor MEJIA ARANGO FRANCISCO DE PAULA». Acto
administrativo que fue notificado el 9 de enero de 2019.

25. El subdirector de Determinación de Derechos Pensionales Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales –UGPP, expidió la Resolución número RDP 005738 del
22 de febrero de 2019, con radicado SOP201901001855 «Por la cual se resuelve
un Recurso de Reposición, se revoca las Resoluciones 20710 de 06 de junio de
2018 y RDP047955 del 20 de diciembre de 2018 y se MODIFICA la Resolución
No. RDP 013123 del 16 de abril de 2018», donde señaló:

«ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar la mesada pensional en el mayor valor a cargo
de EL FONDO DE PENSIONES PUBLICAS FOPEP, de la pensión del señor
FRANCISCO DE PAULA MEJIA ARANGO, ya identificado, sustituida a favor de
la señora MARTHA LIBIA MONTOYA DE MEJIA, ya identificada en la cuantía
que resulte entre la diferencia del valor de la mesada pensional otorgada por la
ISS PATRONO hoy en cuantía de $410.403 M/CTE, a partir del 01 de noviembre
de 1990 y el valor de la mesada reconocida por el ISS ASEGURADOR hoy
COLPENSIONES en cuantía de $1.405.832 M/CTE a partir del 01 de julio de
1997».

26. El director de Pensiones de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –
UGPP, expidió la Resolución RDP 007949 del 11 de marzo de 2019, por la que
«[…] se resuelve recurso de apelación en contra de la resolución 47388 del 17
de diciembre de 2018» y en el artículo primero, resolvió confirmar en todas y cada
una de las partes la Resolución 47388 del 17 de diciembre de 2018, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la resolución.

27. El subdirector de Determinación de Derechos Pensionales Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales –UGPP, expidió la Resolución RDP 025799 del 29 de
agosto de 2019, mediante la cual revocó las Resoluciones RDP 13123 del 16 de
abril de 2018, 20710 del 06 de junio de 2018, 47388 del 17 de diciembre de 2018,
47955 del 20 de diciembre de 2018, 5738 del 22 de febrero de 2019 y ajustó la
mesada pensional en el mayor valor a cargo del Fondo de Pensiones Públicas
FOPEP, esto es:
835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

«[…] en la cuantía que resulte de la diferencia del valor de la mesada pensional
otorgada por el ISS PATRONO hoy UGPP en cuantía de $410.403 M/CTE, a
partir del 01 de noviembre de 1990 y el valor de la mesada reconocida por la ISS
ASEGURADOR hoy COLPENSIONES en cuantía del 61% de $1.405.832
M/CTE, es decir en cuantía de $857.557 a partir del 01 de julio de 1997. Que el
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado las
diferencias que resulten de aplicar el artículo anterior, teniendo especial cuidado
en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa, con los ajustes
correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley. El valor de las
mesadas cobradas de más por el pensionado entre el periodo comprendido entre
el 08 de octubre de 2003 y la fecha de inclusión en nómina de esta resolución,
en la cuantía que se determine por la Subdirección de Nomina, deberá ser
reintegrado por la señora MARTHA LIBIA MONTOYA DE MEJIA, quien para el
efecto deberá autorizar expresamente los descuentos respectivos sobre las
mesadas pensional a cargo de FOPEP, en caso contrario se remitirá al área
competente para el cobro correspondiente».

28. Dicha resolución le fue notificada personalmente el 10 de septiembre de 2019.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

29. Como normas vulneradas citó los artículos 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 29, 83, 123 y
209 de la Constitución Política y los artículos 45, 97, 138 y 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

30. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos demandados
incurrieron en violación directa de la Constitución, infracción de las normas en
que debían fundarse porque se desconocieron los derechos fundamentales a la
igualdad y la dignidad humana.

31. Según la apoderada, el actuar ilegal de la UGPP se evidencia en que se han
proferido siete actos administrativos: 13123 del 16 de abril de 2018, 20710 del 6
de junio de 2018, 47388 del 17 de diciembre de 2018, 47955 del 20 de diciembre
de 2018, 5738 del 22 de febrero de 2019, 7949 del 11 de marzo de 2019, y el
025799 del 29 de agosto de 2019, que modificaron su mesada pensional sin que
se hubiese surtido el debido proceso pues no solicitaron su autorización para
revocar los actos administrativos por medio de los cuales se aumentó la mesada
pensional y que fueron expedidos en su momento por el Instituto de Seguros
Sociales- ISS-.

32. En ese sentido, si la UGPP hubiese solicitado la autorización de revocatoria,
ante una respuesta negativa de la pensionada, la entidad podía acudir ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los
artículos 138 y 164 del CPACA.

835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

33. Según lo indicó la apoderada, la Resolución RDP 025799 presenta
expedición de forma irregular, violación del derecho de audiencia y defensa y
falta de motivación.

34. En la parte motiva de la Resolución RDP 025799, se cita el artículo 45 del
CPACA, que permite a las autoridades administrativas corregir en cualquier
tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores simplemente formales
contenidos en los actos administrativos, con la salvedad de que la corrección no
puede modificar el sentido material de la decisión. No obstante, el error aritmético
se refiere a aquellas equivocaciones derivadas de una operación matemática que
no altere los fundamentos ni las pruebas que sirvieron de base para adoptar la
decisión, por lo que su uso es restrictivo y limitado.

35. En este caso no son simples correcciones aritméticas, comoquiera que se
modificó sustancialmente el reconocimiento de las mesadas pensionales
establecido en las Resoluciones RDP 013123 del 16 de abril de 2018 y 020710
del 6 de junio de 2018 a favor de la señora MARTHA LIBIA MONTOYA DE MEJÍA,
en su calidad de cónyuge supérstite, bajo el disfraz una “corrección de errores
formales”, cuando en realidad lo que sucedió es la revocatoria de actos de
carácter particular y concreto.

36. Sin embargo, para ello, la norma le impone previamente a la Unidad, solicitar
la autorización para cambiar la mesada pensional y hasta que no obtenga dicha
autorización, no puede proceder a la revocatoria y mucho menos cobrarle a la
pensionada la suma de $517´000.000 como lo pretende hacer con el acto
administrativo de revocatoria.

37. En caso de que la demandante no autorice revocar los actos administrativos
que pretenden reajustar su mesada pensional, la Unidad puede demandar
conforme lo establece el artículo 164 del CPACA.

38. Concluyó así que el acto demandado incurrió en falsa motivación y violación
del derecho al debido proceso, toda vez que no es una corrección aritmética, sino
una revocatoria directa de carácter particular, negándole el derecho de defensa
y de contradicción de los actos, y pasando por alto la obligación de solicitarle
autorización para expedir dichos actos.

2.2. Contestación de la demanda 4.

39. La UGPP a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
indicando que «[…] las resoluciones acusadas no contienen vicio alguno que
conlleve a su anulación, ya que fueron expedidas por la autoridad competente,
observando la ritualidad exigida para su creación y ejecutoria, tanto los motivos

4 Expediente digitalizado primera instancia. Archivo « 025 30-sep-21 ContestaciónUGPP.pdf».
835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

en los que se funda como la motivación que en ellos se lee son consistentes y
congruentes con las normas superiores en las que se erige, por lo tanto los vicios
que se le imputan carecen de fundamento de acuerdo a los preceptos de nuestro
ordenamiento jurídico; debiéndose en todo caso, absolver a la UGPP de todo
cargo y condenar en costas al actor.»

40. Propuso como excepciones las que denominó: i) pleito pendiente, ii)
incumplimiento al requisito de procedibilidad - indebido agotamiento de la vía
gubernativa; iii) inexistencia de la obligación; ii) presunción de legalidad del acto
acusado; iii) Prescripción y iv) Imposibilidad de condena en costas.

2.3. Medida cautelar

41. A través de auto de 7 de octubre 2021 el Tribunal Administrativo de Antioquia
decretó la medida cautelar solicitada por la accionante consistente en la
suspensión provisional de la Resolución RDP 025799 del 29 de agosto de 2019
que revocó las Resoluciones RDP 13123 de 2018, 2070 de 2018, 47388 de 2018,
47955 de 2018, 5738 de 2019, 7949 de 2019. Esto al considerar que trasgredió
los artículos 45, 97 y 164 del CPACA y los artículos 29 y 83 de la Constitución
Política en la medida que, la entidad demandada no solicitó el consentimiento de
la demandante para la revocatoria los actos administrativos señalados en
precedencia, configurándose la violación de los derechos al debido proceso y la
defensa.

42. Esta Subsección, en auto de 22 de septiembre de 2022 5 resolvió el recurso
de apelación interpuesto, confirmando la decisión inicial por cuanto estimó que
era menester para la entidad accionada otorgarle la oportunidad a la demandante
para que se manifestara de manera previa, expresa y por escrito sobre el acto de
revocación y ajuste de su derecho pensional, por recaer sobre actos de contenido
particular y concreto que afectaban su situación pensional; circunstancia que a
todas luces atenta contra los derechos fundamentales de la accionante al debido
proceso y al mínimo vital.

2.4. La sentencia apelada 6.

43. El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Decisión mediante
sentencia del 24 de julio de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la entidad accionada.

44. Para ello se refirió a la compartibilidad pensional y con ello trajo a colación
que antes de la creación del Instituto de Seguros Sociales – ISS, coexistían en
Colombia dos tipos de pensiones, una de carácter legal que tenía su fundamento

5 Radicado 05001233300020200375301, índice 4, expediente digital aplicativo SAMAI.
6 Ïndice38 de la primera instancia.
835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

normativo en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y otra, de carácter
extralegal reconocida en virtud de convenciones colectivas, pactos colectivos o
laudos arbitrales. Citó el Decreto 3041 de 1966 por el cual el ISS asumió el
reconocimiento y pago de las pensiones de vejez de carácter legal, sin embargo,
nada se dijo sobre las pensiones extralegales; por lo que se permitió su
coexistencia, es decir, se le otorgó al pensionado el derecho percibir
simultáneamente ambas prestaciones de manera integral, bajo el fenómeno de
la compatibilidad de la pensión.

45. Luego se refirió al Decreto 2879 de 1985 que reguló el tema respecto a las
pensiones extralegales, y creó la figura de la compartibilidad pensional, donde el
empleador concede una pensión extralegal, pero con la condición de que será
compartida con el ISS una vez se cumplan los requisitos, y éste último, conceda
la pensión legal de vejez. Se refirió igualmente al Decreto 758 de 1990 que
derogó el Decreto 2879 de 1985 y mantuvo vigente la figura de la compartibilidad,
en su artículo 18.

46. Luego analizó la figura de la revocatoria directa de los actos administrativos
establecida en el artículo 93 del CPACA y analizó el trámite administrativo surtido
ante el ISS y posteriormente por la UGPP.

47. Citó las Resoluciones 1696 de 24 de febrero de 2004, 652 de 28 de abril de
2004, modificada a través de Resolución 18549 de 22 agosto de 2007, RDP
013123 del 16 de abril de 2018 esta última por la cual la UGPP modificó la
mesada pensional de la señora Martha Libia Montoya de Mejía, señalando como
valores, de la mesada otorgada por el ISS empleador por cuantía de $2´337.549
y, referente a la pensión de vejez reconocida por el ISS asegurador en cuantía
de $2´641.407, ambas a partir del 8 de octubre de 2003.

48. Igualmente citó la Resolución RDP 020710 del 6 de junio de 2018, por la que
la UGPP modificó la Resolución RDP 013123 del 16 de abril de 2018, en el
sentido de corregir el valor de la mesada pensional reconocida por el ISS
asegurador, en cuantía de $1´611.257 a partir del 8 de octubre de 2003; la
Resolución RDP 005738 del 22 de febrero de 2019 por la que la UGPP revocó
las Resoluciones RDP 020710 del 06 de junio de 2018 y RDP 047955 del 20 de
diciembre de 2018 y adicionalmente, modificó la Resolución RDP 013123 del 16
de abril de 2018, por estimar que se desconoció la condición de la compartibilidad
señalada en la Resolución 10734 del 15 de septiembre de 1997 y, dispuso ajustar
la mesada pensional otorgada por el ISS patrono en cuantía $410.403, a partir
del 1.° de noviembre de 1990, y el valor de la mesada reconocida por el ISS-
asegurador en cuantía de $1´405.832, a partir del 1.° de julio de 1997.

49. Citó la Resolución RDP 025799 del 29 de agosto de 2019 de la UGPP, que
revocó las Resoluciones RDP 013123 del 16 de abril de 2018, RDP 020710 del
6 de junio de 2018, RDP 047388 del 17 de diciembre de 2018, RDP 047955 del
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

20 de diciembre de 2018, RDP 005738 del 22 de febrero de 2019 y RDP 7949
del 11 de marzo de 2019 y, dispuso ajustar la mesada pensional en el mayor
valor a cargo del FOPEP de la pensión sustituida a favor de la actora en la cuantía
que resulte de la diferencia del valor de mesada pensional otorgada por el ISS
patrono en cuantía $410.403, a partir del 1.° de noviembre de 1990, y el valor de
la mesada reconocida por el ISS-asegurador en cuantía de $1´405.832, a partir
del 1.° de julio de 1997.

50. Estableció el Tribunal que la Administración debe de acudir a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, ante la eventual imposibilidad jurídica de revocar los
actos administrativos, bien porque i) no se presenta ninguna de las causales que
habilitan su aplicación o porque ii) el respectivo titular no brinda su consentimiento
expreso y escrito en los casos en que este requisito resulta jurídicamente
necesario.

51. En el caso la entidad, no podía proceder a revocar los actos directamente sin
antes obtener el consentimiento previo y expreso del respectivo titular y al no
conseguirlo, debía acudir a esta Jurisdicción, invocando la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho impugnando el acto propio, esto como se advirtió
desde la suspensión provisional del acto demandado, sin que se haya aportado,
algún medio de prueba que permita verificar que se obtuvo el consentimiento del
administrado, que permitiera a la entidad proferir los actos administrativos que
modificaron su mesada pensional.

52. Estimó entonces que, conforme a las pretensiones de la demanda, la solicitud
de nulidad se limitó a la Resolución RDP 025799 del 29 de agosto de 2019, toda
vez, que actualmente cursan otros procesos en los que se estudia la nulidad de
los demás actos administrativos surgidos en el presente trámite prestacional,
pero que no impiden el pronunciamiento de fondo en el proceso de la referencia.

53. Por ello, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó a la
entidad continuar cancelando la mesada pensional de la señora Martha Libia
Montoya de Mejía de conformidad con las Resoluciones RDP 013123 del 16 de
abril de 2018, RDP 020710 del 06 de junio de 2018, RDP 047388 del 17 de
diciembre de 2018, RDP 047955 del 20 de diciembre de 2018, RDP 005738 del
22 de febrero de 2019 y RDP 7949 del 11 de marzo de 2019, toda vez, que su
legalidad aún no había sido desvirtuada.

54. Finalmente condenó en costas y agencias en derecho a la entidad accionada.

55. La anterior decisión fue objeto de salvamento parcial de voto de parte del
magistrado Jhon Jairo Álzate López quien manifestó que en el presente caso no
se debió condenar en costas a la parte vencida, al no demostrarse que el
apoderado hubiere realizado actuaciones temerarias o dilatorias que dificultaren
el curso normal del proceso, ni tampoco la causación de gastos ordinarios.
835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

Además, la sentencia se profiere en vigencia de la Ley 2080 de 2021, que
establece que se debe valorar la conducta de las partes.

2.5. Recurso de apelación 7

56. El apoderado la entidad demandada presentó escrito de disenso donde
manifestó que el acto no corresponde a una revocatoria directa sino a la
corrección de un error en la liquidación de la prestación económica comoquiera
que se desconoció la condición de compartibilidad señalada en la Resolución
10734 del 15 de septiembre de 1997 que estableció que en virtud de esta figura
se tendrá para el cálculo aritmético en cuenta únicamente el (61%) del valor
reconocido por el ISS asegurador, por tanto, el valor de la mesada pensional
reconocida por el asegurador que debe tenerse en cuenta no es $1´405.832 sino
$857.557, que corresponde al 61%, esto a la luz del artículo 45 de la Ley 1437
de 2011.

57. Insistió en que existe pleito pendiente, pues se encuentra en curso otro
proceso judicial con el radicado 05001233300020190195500 con identidad de
partes y si bien en uno y otro proceso se persigue la nulidad de actos
administrativos diferentes, lo cierto es que ambos procesos finalmente pretenden
el mismo restablecimiento del derecho.

2.6. Alegatos de segunda instancia

58. En esta oportunidad las partes guardaron silencio.

2.7. Concepto del Ministerio Público

59. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado solicitó 8
confirmar la sentencia apelada toda vez que, de la revisión del contenido y
sustento de la Resolución RDP 025799 del 29 de agosto de 2019 se advierte que
no contiene un error en la aplicación de una operación matemática para fijar la
cuantía de la compartibilidad pensional, sino que es fruto de la omisión por parte
de la Administración quien en la propia contestación de la demanda manifestó
que se le había olvidado tener en cuenta los efectos de la Resolución 10734 del
15 de septiembre de 1997 elemento que debió prever al momento de liquidar la
prestación económica.

60. Por esto, el acto demandado efectuó toda una nueva liquidación que arroja
un guarismo disímil al inicialmente reconocido y lleva consigo una condición
contraria a la inicialmente creada, pues se disminuyó sustancialmente el derecho
económico del cual era titular la demandante e incluso paso a imponérsele una

7 Índice 40 de la primera instancia.
8 Índice 11 correspondiente a la segunda instancia.
835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

obligación dineraria que la volvió deudora de la administración al ordenar el cobro
de las mesadas cobradas de más desde el 8 de octubre de 2003 y la fecha de
inclusión en nómina del acto administrativo demandado, lo cual dista
abruptamente de una simple corrección formal.

61. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

62. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 9 de la Ley 1437 de 2011.

63. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

64. En el asunto objeto de estudio la demandada es apelante única, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en el
recurso de apelación.

3.2. Problema jurídico

65. Con fundamento en lo anterior, en esta oportunidad la controversia se contrae
a establecer si en este caso, el acto administrativo demandado, Resolución RDP
025799 del 29 de agosto de 2019, por medio de la cual la UGPP revocó las
Resoluciones RDP 13123 de 2018, 20710 de 2018, 47388 de 2018, 47955 de
2018, 5738 de 2019, 7949 de 2019, y ordenó ajustar la pensión de sobreviviente
de la accionante, evidencia un procedimiento de revocatoria directa o de simple
corrección formal y si dicho procedimiento se ajustó a las norma que lo consagran
y a las pautas jurisprudenciales impartidas frente a actos de reconocimiento
pensional?.

66. Para tal efecto, la Sala se referirá a la figura de la revocatoria directa, a las
reglas jurisprudenciales sobre su interpretación establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia SU - 182 de 8 de mayo de 2019, así como el

9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

procedimiento del artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 referente a la corrección de
actos administrativos; con posterioridad, verificará las pruebas que reposan en el
expediente para determinar si a la demandada le asiste la razón en lo que
pretende.

67. Con ese propósito, la Sala se referirá al marco normativo y jurisprudencial y
establecerá si le asiste razón a la apelante quien pretende se revoque la decisión
de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.

3.3.1. De la revocatoria directa y sus efectos en el sub lite

68. Tal como ya lo ha señalado esta Subsección 10, la revocatoria directa, se trata
de una prerrogativa de la administración sobre sus actos, que le permite volver a
decidir sobre asuntos ya decididos en procura de corregir en forma directa o a
petición de parte, las actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de la legalidad,
o de derechos fundamentales11. Procede frente a los actos administrativos de
carácter general y a los de carácter particular, de acuerdo con los artículos 9312
y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

10 Sentencia de 21 de enero de 2021, dictada dentro del proceso 25000-23-42-000-2014-00045-01 con

ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero
ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011),
Radicación número: 11001-03-25-000-2005-00114-00(4983-05), Actor: HENRY RAMIREZ DAZA.
12 «Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas

autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no
procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los
recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad
para su control judicial.
Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando
se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado
auto admisorio de la demanda.
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos
(2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.

Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de
segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas
podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité
de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma
y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los
actos demandados.
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en conocimiento del
demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale para tal efecto, evento en
el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el que se
especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria.
Artículo 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán
los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán
lugar a la aplicación del silencio administrativo.
835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

69.La Ley 1437 de 2011, artículo 93 13, establece, en forma precisa las causales
que imponen a la Administración la revocatoria directa de los actos
administrativos de carácter general, al igual que ocurre con los particulares, de
oficio o a petición de parte. Tales causales son las siguientes:

• Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es, que la oposición sea grosera, de bulto, es
decir, cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional
de los actos administrativos, por parte de esta Jurisdicción.

• Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses
generales, causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el
retiro de un acto legalmente válido por la propia administración que lo
había expedido, en razón de la inoportunidad o inconveniencia de aquél 14,
vinculándose a la noción del mérito del acto administrativo.

• Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a
una persona.

70. En cuanto a la revocación de los actos de carácter particular y concreto, se
ha establecido en el ordenamiento jurídico colombiano 15 la regla general

Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas
en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado
sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la
ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir
al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa.»
13 «ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por

las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales,
de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.»
14 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia de mayo 5 de 1.981.
15 El artículo 24 del Decreto 2733 de 1.959 ya establecía: “Cuando el acto administrativo haya creado una

situación jurídica individual, o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular”.
835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

contenida en el artículo 97 16 del CPACA 17, según la cual, tales actos no podrán
ser revocados sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo
titular, pues implican la creación, modificación o reconocimiento de derechos de
naturaleza individual y determinada, esto en en desarrollo del principio de
inmutabilidad de los actos administrativos -especialmente de los favorables18-,
estrechamente relacionado con la presunción de legalidad, la seguridad jurídica,
la confianza legítima y la protección de los derechos adquiridos.

71. Respecto a la figura de la revocatoria directa, a la luz de la Ley 1437 de 2011
esta Corporación en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado sobre la
prohibición de revocar actos administrativos que hayan creado o modificado una
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de
igual categoría, salvo que, de manera previa, expresa y escrita medie el
consentimiento del titular del respectivo derecho, en los siguientes términos19:

«[…]
Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de
un acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto
administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos,
categoría esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del
Decreto 01 de 1984.

En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos
administrativos que: “hayan creado o modificado una situación jurídica de
carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría” salvo
que de manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del
respectivo derecho.

Advierte la Sala que, en lo que respecta a la posibilidad con que contaba la
administración para revocar actos administrativos de carácter particular, en los

16«ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las

excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la
ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir
al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa».
17 Anteriormente se encontraba en el artículo 73, inciso 1.° del Decreto 01 de 1984.
18 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio jurídico

del destinatario, esto es, “crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica”, como los nombramientos,
las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la Administración responde de
manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho constitucional fundamental de petición, v.
gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone
a los de gravamen en los cuales se incluyen aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del
destinatario, es decir “tienen un efecto desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de
obligaciones, de sanciones, la revocación de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las
peticiones. Ver Consejo de Estado. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-
1994-10227-01(10227).
19 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo Arenas

Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.
835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

eventos en los que concurría alguna de las causales de revocatoria ya citadas,
para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere evidente la ilegalidad en su
expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011
preceptúan que en los casos en que la administración considere la
inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto administrativo, o que su expedición
tuvo lugar por medios ilegales o fraudulentos, deberá acudir ante esta
jurisdicción, para demandarlos, siempre que no cuente con el consentimiento,
previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos en el respectivo
acto administrativo. […]».

72. Conforme a la normativa y jurisprudencia en cita, en principio, la
administración solo podrá revocar un acto administrativo de carácter particular,
en los eventos en que se cuente con el consentimiento del administrado. En caso
contrario, deberá cuestionar su constitucionalidad o legalidad a través del
respectivo medio de control.

73. De otra parte, a través de la Ley 797 de 2003 «por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993»,
se consagró una de las excepciones a la prohibición de revocatoria unilateral,
cuando ocurre justamente en el marco del sistema pensional, tal como se indica
en su artículo 19:

«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones
económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la
adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte
para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a
cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales
pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación
económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento
del particular y compulsar copias a las autoridades competentes».

74. Esta norma fue analizada por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de
2003 20, en la cual declaró su exequibilidad condicionada «[…] en el entendido
que el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base
en documentación falsa, se refiere siempre a conductas que estén tipificadas
como delito por la ley penal», esto al considerar que los dos supuestos que trae
la norma deben entenderse como el resultado de conductas u omisiones
especialmente graves, al punto que pudieran enmarcarse en algún tipo penal; y
no simplemente tratarse de discrepancias jurídicas, o inconsistencias menores
en el cumplimiento de los requisitos.

20 MP. Jaime Araujo Rentería.
835
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

75. En la citada decisión, la Corte estableció que la revocatoria directa, debe
sujetarse a las reglas básicas del debido proceso, con lo cual la administración
no puede suspender el pago de las mesadas mientras se surte el proceso, en el
cual, además, la carga de la prueba recae sobre la administración, a quien
corresponde demostrar, con suficiencia, la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional.

76. Ahora bien, en cuanto al procedimiento de corrección de errores formales en
actos administrativos la Ley 1437 de 2011, consagra:

«ARTÍCULO 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar
a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales
para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o
comunicada a todos los interesados, según corresponda».

77. De la anterior previsión normativa se desprende que, los actos administrativos
-aún los de trámite-, solamente pueden modificarse, de oficio o a petición de
parte, en relación con errores simplemente formales que contengan (aritméticos,
de digitación, de transcripción o de omisión de palabras, entre otros), sin que en
ningún caso se pueda cambiar en sí, el «sentido material de la decisión».

78. En cuanto a la diferencia entre la revocatoria directa y las correcciones de
yerros simplemente formales, esta Subsección en sentencia del 15 de marzo de
2018 21 determinó lo siguiente:

«Es importante precisar que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o
ejecutiva. En el primero de los casos, los actores públicos, en ejercicio de las
facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos a través de los
cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho
y su correlativa obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las
operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a hacer
efectiva una determinada situación jurídica.»

79. En la citada providencia se precisó que la revocatoria directa hace referencia
a la potestad de las autoridades estatales para reconocer derechos, imponer
obligaciones o crear situaciones jurídicas (de manera declarativa) y al mismo
tiempo hacerlas efectivas o materializarlas (de forma ejecutiva o coactiva), ello
respecto de los particulares y sin necesidad automática y previa de acudir a una
instancia judicial, sino en pleno ejercicio del poder público que las reviste, todo
siempre y cuando se garantice el respeto pleno del principio de legalidad y
del debido proceso.

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

del 15 de marzo de 2018. Radicado: 25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14)
835
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

80. Por lo tanto, cambiar o modificar el sentido material de un acto administrativo,
ya sea total o parcialmente, implica revocarlo y no corregirlo. Una decisión de
revocar solamente puede adoptarse desde el punto de vista administrativo, por
las causales previstas taxativamente en el artículo 93 del CPACA, con los
requisitos y el procedimiento previsto de los artículos 94 a 97 Ibidem. Por su parte
la decisión de corregir no puede modificar parcial o totalmente en sentido material
de la decisión.

3.3. Caso concreto.

81. Ahora bien, establecido lo anterior, se analizarán las pruebas allegadas al
proceso, a efectos de verificar si le asiste razón a la apelante quien señaló que
en este caso solo se produjo una simple corrección formal del acto administrativo
demandado al tenor de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011,
diferente a la revocatoria directa del acto administrativo señalado en los artículos
93 y s.s. ibidem.

82. De acuerdo con las pruebas allegadas22, se encuentra acreditado que el
Instituto de Seguros Sociales reconoció a la señora Martha Libia Montoya de
Mejía en calidad de cónyuge supérstite del señor Francisco de Paula Mejía
Arango, las siguientes sustituciones pensionales, una como empleador y otra
como entidad de previsión. Esto a través de las siguientes resoluciones:

• Resolución 0165 del 29 de enero de 1991, dictada por el Instituto de
Seguros Sociales como patrono, en cuantía de $410.405,oo, a partir del
1.° de noviembre de 1990, por los servicios prestados en el ISS -seccional
Antioquia del 1.° de marzo de 1965 al 18 de enero de 1974, y del 26 de
junio de 1986 -con 227 días de interrupción- hasta el 30 de octubre de
1990, esto con base en el Decreto 1653 de 1977: ( ff. 6 a 10 del expediente
administrativo)

22 Expediente administrativo allegado en la primera instancia visible en el link:

https://etbcsj-
my.sharepoint.com/?id=%2Fpersonal%2Fsectribant%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocum
ents%2FSECRETAR%C3%8DA%20CARPETAS%2FARCHIVOS%20PROCESOS%2F050012333000202
00375300%2FEXPEDIENTE%20ADMINISTRATIVO%20MARTHA%20LIBIA%2Epdf&listurl=%2Fpersonal
%2Fsectribant%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments&parentview=1
835
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

• Resolución 6562 del 17 de junio de 1997, (ISS- asegurador) en cuantía
mensual de $1´268.062 a partir del 1.° de julio de 1997, por los servicios
prestados en el Hospital Pablo Tobón Uribe (1021 semanas) y el Instituto
de Seguros Sociales (ISS- patrón- 1.297 semanas). El acto administrativo
consideró lo siguiente: ( ff. 10 a 13 del expediente administrativo)

En el numeral segundo se indicó lo siguiente: «De la pensión antes
definida se compartirá con el ISS- patrón- la suma de $1’014.773,
correspondiéndole a dicha entidad empleadora el pago del mayor valor, si
lo hubiere, entre la pensión reconocida en esa Resolución y la pensión de
jubilación que venía percibiendo el asegurado».

• Este segundo reconocimiento pensional fue modificado mediante la
Resolución 10734 del 15 de septiembre de 1997 por la cual se modificó
835
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

la cuantía incrementándola, con base en las siguientes consideraciones:

Por lo anterior, en la parte resolutiva se dispuso establecer la cuantía
pensional en los siguientes términos:

«ARTICULO PRIMERO: Modificar la Resolución 06562 de junio 17 de 1997 en
el sentido de indicar que la pensión de vejez del señor FRANCISCO DE PAULA
MEJÍA ARANGO (23/10/35), identificado con c.c. N° 2’329.164, Afiliación
902329164 de la sección Antioquia, última empresa HOSPITAL PABLO TOBÓN
URIBE, patronal 02018203179, se reconoce en cuantía de $1’405.832, a partir
de julio 1 de 1997.
Por lo tanto, se adeuda por concepto de retroactivo el mayor valor de la pensión
liquidado por la suma de $363.713.oo. descontados los aporte por servicios de
salud, suma que será girada junto con la mesada pensional de octubre,
pagadera durante el mes de noviembre de 1997.

ARTICULO SEGUNDO: La pensión a compartir con el ISS – PATRÓN
corresponde al sesentaiuno (sic) porciento (sic) (61%) de la pensión total, esto es
$857.557,oo, de acuerdo con los aportes, la cuantía y el número de los mismos.
[…]».

83. Dado el fallecimiento del señor el 8 de octubre de 2003 ( f. 18 ibidem), el ISS
le otorgó a la demandante Martha Libia Montoya de Mejía la sustitución pensional
en calidad de cónyuge supérstite, a través de los siguientes actos administrativos:

835
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

• Resolución 652 del 28 de abril de 2004, en cuantía de $2.357.549, en
calidad de beneficiaria de la prestación reconocida por el ISS- patrono,
mediante la Resolución 165 del 29 de enero de 1991, con efectos a partir
del 8 de octubre de 2003. ( ff. 25 – 27 ibidem).

• Resolución 1696 del 24 de febrero de 2004, en cuantía inicial de
$2´641.407.oo, como beneficiaria de la pensión reconocida por el ISS -
asegurador, mediante la Resolución 6562 del 17 de junio de 1997 (Así
se indica a folio 35 en la Resolución 025799 de 29 de agosto de 2019).

• De igual manera se tiene que mediante Resolución 18549 de 22 de
agosto de 2007, el ISS como asegurador, sustituye a favor del joven
Alejandro Mejía Betancur, la pensión reconocida al señor Francisco de
Paula Mejía Arango en cuantía de $1´625.430, efectiva a partir del 1.° de
septiembre de 2007, en calidad de hijo, e igualmente, se modificó la
pensión que venía percibiendo la señora Martha Libia Montoya de Mejía a
la suma de $ 1´625.430 a partir del 1.° de abril de 2007. ( Así se indica en
la Resolución 013123 de 16 de abril de 2018 ( ff. 52 y s.s. idem)

84. Las anteriores resoluciones fueron modificadas por los siguientes actos
administrativos:

• Resolución RDP 013123 del 16 de abril de 2018 la UGPP modificó la
mesada pensional de la señora Martha Libia Montoya de Mejía, para lo
cual estableció la cuantía de la mesada otorgada por el ISS empleador en
$2´337.549 y, referente a la pensión sustituida reconocida por el ISS
asegurador en cuantía de $2´641.407, ambas a partir del 8 de octubre de
2003. (ff. 52 y s.s. Ibidem):
•
«PRIMERO: Ajustar la mesada pensional en el mayor valor a cargo de EL
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS FOPEP, de la pensión de
sobrevivientes del señor FRANCISCO DE PAULA MEJIA ARANGO ya
identificado, reconocida a favor de la señora MARTHA LIBIA MONTOYA
DE MEJÍA ya identificada en la cuantía de resulte entre la diferencia del
valor de la mesada pensional otorgada por la ISS empleador en cuantía
de $2.337.549 efectiva a partir del 08 de octubre de 2003 referente al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el valor de la mesada
reconocida por el ISS hoy COLPENSIONES en cuantía de $2.641.407, a
partir del 08 de octubre de 2003.[…]».

• Resolución RDP 020710 del 06 de junio de 2018, la UGPP modificó la
Resolución RDP 013123 del 16 de abril de 2018, en el sentido de corregir
el valor de la mesada pensional reconocida por el ISS asegurador, en
cuantía de $1´611.257 a partir del 08 de octubre de 2003. ( 236 y s.s.
ibidem):

835
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

• Por Resolución RDP 047955 del 20 de diciembre de 2018, se determinó
que la señora Martha Libia Montoya de Mejía, adeudaba a favor del
sistema general de pensiones la suma de $516.461.011 de acuerdo el
resumen de valores anexo al memorando Radicado No.
2018800303828872 de fecha 29 de noviembre de 2018, expedido por la
Subdirección de Nómina de Pensionados de la UGPP. (Así se indica a
folio 63 ibidem, en la Resolución 005738 de 22 de febrero de 2019).

• Mediante la Resolución RDP 005738 del 22 de febrero de 2019 la UGPP
revocó las Resoluciones RDP 020710 del 6 de junio de 2018 y RDP
047955 del 20 de diciembre de 2018; adicionalmente, modificó la
Resolución RDP 013123 del 16 de abril de 2018, por estimar que se
desconoció la condición de la compartibilidad señalada en la Resolución
10734 del 15 de septiembre de 1997 y, dispuso ajustar la mesada
pensional otorgada por el ISS patrono en cuantía $410.403, a partir del 1
de noviembre de 1990, y el valor de la mesada reconocida por el ISS-
asegurador en cuantía de $1´405.832, a partir del 1 de julio de 1997.

• Finalmente, a través de la Resolución demandada RDP 025799 del 29
de agosto de 2019, la UGPP revocó las Resoluciones RDP 13123 del 16
de abril de 2018, 20710 del 06 de junio de 2018, 47388 del 17 de diciembre
de 2018, 47955 del 20 de diciembre de 2018, 5738 del 22 de febrero de
2019, 7949 de 11 de marzo de 2019, además, ajustó la mesada pensional
con base en las siguientes consideraciones plasmadas en el acto
administrativo (ff. 956 y s.s. ibidem):

«Por medio de radicado No. 2019800302480832 de fecha 08 de agosto de 2019, la
Subdirección de Nómina de Pensionados solicitó la determinación de un mayor valor
a la señora MARTHA LIBIA MONTOYA DE MEJÍA identificada con la cédula de
ciudadanía No. 21.298.432, por compartibilidad pensional de sobrevivientes.

Sin embargo, al efectuar el estudio aritmético de la suma que se supone debería
cobrarse a la beneficiaria por compartibilidad de sobrevivientes, se estableció que se
ha incurrido reiteradamente en un error involuntario al establecer el valor de la
compartibilidad, como quiera que se desconoció la condición de compartibilidad
señalada en la Resolución No. 10734 del 15 de septiembre de 1997, que estableció
835
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

que en virtud de la compartibilidad se tendrá para el cálculo aritmético en cuenta
únicamente el 61% del valor reconocido por el ISS asegurador, por tanto el valor de
la mesada pensional reconocida por el asegurador que debe tenerse en cuenta no
es $1.405.832 M/CTE, sino $857.557, que como se señaló en el acto administrativo
señalado corresponde al 61%.

En consecuencia, se hace imposible determinar mayores valores adeudados por la
señora MARTHA LIBIA MONTOYA DE MEJIA, sin embargo, lo que impide determinar
adecuadamente los valores adeudados, de tal suerte, que previo a ello se
determinará adecuadamente la compartibilidad pensional, al tenor de lo expuesto en
la Resolución No. 10734 del 15 de septiembre de 1997 expedida por el Instituto de
Seguros Sociales Asegurador.

Que es necesario hacer las siguientes consideraciones de orden factico y legal:
Que la Ley 1437 de 2011 dispuso:
(...) Artículo 45. Corrección de errores formales. […]

Que la Resolución No. 10734 del 15 de septiembre de 1997 expedida por el Instituto
de Seguros Sociales Asegurador, estableció en su parte motiva:

“ARTICULO SEGUNDO: La pensión a compartir con el ISS – PATRON
corresponde al sesentaiuno(sic) por ciento (61%) de la pensión total, esto es,
$857.557,oo de acuerdo con los aportes, cuantía y el número de los mismos
“ (sic).

Así las cosas, habrán de revocarse las Resoluciones RDP No. 13123 del 16 de abril
de 2018, 20710 del 06 de junio de 2018, 47388 del 17 de diciembre de 2018, 47955
del 20 de diciembre de 2018, 5738 del 22 de febrero de 2019, 7949 del 11 de marzo
de 2019, y como quedará sentado en la parte resolutiva del presente acto
administrativo. […].

[…]

Que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS en calidad de empleador
otorgaba a sus trabajadores pensiones de jubilación reconocidas en Convenciones
Colectivas, pactos Colectivos, Laudos Arbitral y voluntariamente tenía afiliados a sus
trabajadores al Instituto de Seguros Social hoy COLPENSIONES, para los seguros
de Invalidez, Vejez, y Muerte, hasta cuando los asegurados cumpliera los requisitos
exigidos por el ISS para otorgar la pensión de vejez y a partir de este momento el
Instituto debe proceder a cubrir dicha pensión siendo a cargo de INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES ISS en calidad de empleador, hoy UGPP pagar únicamente
el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía
siendo pagada por el EMPLEADOR

Que COLPENSIONES remitió copia de la Resolución No. 10734 del 15 de septiembre
de 1997 mediante la cual reconoció una pensión de VEJEZ a favor del señor (a)
MEJIA ARANGO FRANCISCO DE PAULA, de $1.405.832 M/CTE a partir del 1 de
julio de 1997, señalándose que el valor de la compartibilidad corresponde al 61%, del
valor reconocido por ISS asegurador.

Que mediante Resolución No. 018549 del 22 de agosto de 2007 el ISS asegurador
reconoció una pensión de sobrevivientes a favor de ALEJANDRO MEJIA
BETANCUR identificada (sic) con la cédula de ciudadanía No. 1.039.449.171 en
cuantía de $1.625.430 M/CTE efectiva a partir del 01 de septiembre de 2007.

Que por lo anterior queda a cargo de FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL
NACIONAL FOPEP pagar únicamente el mayor valor si lo hubiera, entre la pensión
otorgada por el Instituto y/o COLPENSIONES y la que venía cancelando la entidad
patronal a partir de su reconocimiento con efectos fiscales a partir de la inclusión en
835
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

nómina de la presente resolución.

Que el artículo 142. De la Ley 100 de 1993 estableció que los pensionados por
jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, del sector público, oficial, semioficial, en
todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como
los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional tenían
derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le
corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la
mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994

[…]
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

“ARTÍCULO PRIMERO: Revocar las Resoluciones RDP No. 13123 del 16 de abril de
2018, 20710 del 6 de junio de 2018, 47388 del 17 de diciembre de 2018, 47955 del
20 de diciembre de 2018, 5738 del 22 de febrero de 2019, 7949 del 11 de marzo de
2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ajustar la mesada pensional en el mayor valor a cargo del
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS FOPEP, de la pensión del señor FRANCISCO
DE PAULA MEJÍA ARANGO, ya identificado, sustituida a favor de la señora MARTHA
LIBIA MONTOYA DE MEJÍA ya identificada en la cuantía que resulte entre la
diferencia del valor de la mesada pensional otorgada por la(sic) ISS hoy UGPP en
cuantía de $410.403 M/cte, a partir del 01 de noviembre de 1999 y el valor de la
mesada reconocida por el ISS ASEGURADOR hoy COLPENSIONES en cuantía del
61% de $1.405.832 M/CTE, es decir en cuantía de $857.557 a partir el 01 de julio
de 1997.

ARTÍCULO TERCERO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará
al interesado las diferencias que resultaren de aplicar el artículo anterior, teniendo
especial cuidado en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa, con los
reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley.

ARTÍCULO CUARTO: El valor de las mesadas cobradas de más por el pensionado
entre el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2003 y la fecha de inclusión
en nómina de esta resolución, en la cuantía que se determine por la Subdirección de
nómina, deberá ser reintegrado por la señora MARTHA LIBIA MONTOYA DE MEJIA,
quien para tal efecto deberá autorizar expresamente los descuentos respectivos
sobre las mesadas pensionales a cargo de FOPEP, en caso contrario se remitirá al
área competente para el cobro correspondiente.
[….]».

85. Este acto administrativo fue notificado el 10 de septiembre de 2019 como
aparece a folio 53, de los anexos de la demanda visible en el expediente
digitalizado de la primera instancia en el índice 1.

3.3.1. Análisis del caso concreto

86. Ahora bien, la parte demandada en el recurso de apelación insistió en que
las modificaciones realizadas en la Resolución demandada se adelantaron bajo
el procedimiento establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 al tratarse
de la corrección de un error aritmético, dado que no se calculó en debida forma
el valor resultante de la aplicación del porcentaje del monto de la mesada
835
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

pensional que le correspondía a la entidad por el fenómeno de la compartibilidad
de la prestación, como lo señaló la Resolución 10734 del 15 de septiembre de
1997 en un 61%.

87. La Sala considera que no le asiste razón a la apelante comoquiera que el
artículo 45 del CPACA sólo puede aplicarse en casos de corrección de simples
errores formales, lo que no ocurrió en este caso, pues lo que hubo fue un reajuste
de la mesada pensional aplicando un porcentaje distinto al que venía reconocido,
a favor de la señora Martha Libia Montoya de Mejía, en los actos revocados por
el acto demandado.

88. Como se advierte, lejos de corregir un valor aritmético, por omisión o cambio
involuntario de un número, lo que hizo la entidad fue crear una situación jurídica
específica, pues como ella misma lo estableció el acto demandado «[…] se hace
imposible determinar mayores valores adeudados por la señora MARTHA LIBIA
MONTOYA DE MEJIA, sin embargo, […] previo a ello se determinará
adecuadamente la compartibilidad pensional, al tenor de lo expuesto en la
Resolución No. 10734 del 15 de septiembre de 1997 expedida por el Instituto de
Seguros Sociales Asegurador.»

89. Ahora bien, en la citada Resolución 01734 de15 de septiembre de 1997 se
dio un parámetro claro, como fue el 61% para determinar la compartibilidad
pensional, por lo que ello no estaba en discusión, sin embargo, la UGPP
amparada en aplicar ese porcentaje «en debida forma» desconoció que el valor
de la mesada pensional había sido ajustado en un mayor valor.

90. En ese sentido, si lo que la entidad pretendía era corregir un error aritmético,
debía aplicar el porcentaje al valor de la mesada pensional, pero no debió, como
lo hizo, aprovechar la oportunidad para dejar sin efectos los ajustes que se le
habían aplicado a la mesada pensional, sin justificación legal alguna y mucho
menos, ignorando el procedimiento establecido por el legislador en los artículos
93 y siguientes de la Ley 1437 de 1994.

91. En este sentido, se dio una nueva interpretación en la forma en que se
aplicaría la compartibilidad de la pensión reconocida por el Instituto de Seguros
Sociales en su condición de patrono, producto de la aplicación del artículo 5 del
Decreto 2879 de 1985 y el artículo 18 del Decreto 758 de 1990.

92. Por ello, de advertirse una inconsistencia matemática en la determinación del
valor pensional, debió aplicarse el porcentaje establecido con anterioridad en la
Resolución 10734 de 15 de septiembre de 1997 sobre la suma que venía
percibiendo la demandante como mesada pensional, en aplicación del artículo 45
del CPACA.

835
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

93. Empero, lo que hizo la entidad fue eliminar los ajustes pensionales que se le
habían realizado a la pensión sustituida, sin autorización previa de la
administrada y que era necesaria dado que se estaba modificando una situación
jurídica adoptada previamente por la administración y que afectó de forma
onerosa el monto de la mesada pensional de la señora Montoya de Mejía, sin
justificación alguna y que lleva consigo una condición sustancial totalmente
contraria a la creada, pues la libelista pasó de ser la titular de un derecho
económico a imponérsele una obligación dineraria que la volvió deudora de la
administración, como se estableció en el acto demandado:

«ARTICULO CUARTO: El valor de las mesadas cobradas de más por el
pensionado entre el periodo comprendido entre el 08 de octubre de 2003 y la
fecha de inclusión en nómina de esta resolución, en la cuantía que se determine
por la Subdirección de Nomina, deberá ser reintegrado por la señora MARTHA
LIBIA MONTOYA DE MEJÍA, quien para tal efecto deberá autorizar
expresamente los descuentos respectivos sobre la mesadas pensional a cargo
de FOPEP, en caso contrario se remitirá al área competente para el cobro
correspondiente.
PARÁGRAFO: En el evento que exista sumas pendientes por cancelar
correspondientes a retroactivos derivados del reconocimiento pensional
efectuado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES, estos deberán ser cobrados directamente a esa entidad, para
la cual se remitirá al área competente para el cobro correspondiente».

94. Las anteriores condiciones advierten con claridad que la actuación de la
entidad dista de una simple corrección formal, pues materializa una revocatoria
parcial del reconocimiento de la sustitución pensional, ya que ajustó el monto de
la mesada que le había sido reajustado previamente a la demandante.

95. Como ya se indicó, para la procedencia de la revocatoria directa es
indispensable que la administración determine cuál es la causal de aquellas
contenidas en el artículo 93 del CPACA que la habilita para modificar una
situación jurídica consolidada, y que en el evento de tratarse de un acto de
contenido particular, solicite al administrado que autorice expresamente y por
escrito a la entidad, a fin de que modifique el derecho o la obligación que le había
sido determinada, esto por mandato del artículo 97 ibidem y su parágrafo, con
observancia del debido proceso y las garantías de defensa y contradicción.

96. Por lo anterior, no podía la UGPP proferir el acto de revocatoria sin antes
obtener el consentimiento previo y expreso de la titular del derecho y al no
conseguirlo, debía acudir ante la jurisdicción contenciosa a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo
97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

97. Como se aprecia del expediente administrativo, la entidad modificó en
numerosas ocasiones la mesada pensional de la accionante, de manera
835
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

improvisada, afectando el derecho pensional, pues como lo aceptan las partes,
se han formulado varios procesos judiciales con miras a efectuar el control judicial
de los actos administrativos proferidos por la UGPP.

98. En este sentido se insta a la entidad para que en las actuaciones posteriores
actúe de acuerdo con el ordenamiento jurídico, respetando el derecho al debido
proceso de los pensionados y en particular de la señora Montoya de Mejía quien
actualmente cuenta con más de 87 años de edad 23 y, por ende, es sujeto de
especial protección.

99. Finalmente estima la Sala que no es necesario pronunciarse acerca del
argumento referente a la existencia de un pleito pendiente, dado que la misma
entidad UGPP aceptó en el recurso de apelación que los actos que se discuten
en otros procesos judiciales son diferentes al que se encuentra en controversia
en esta oportunidad.

100. Por tanto, dado que en este caso sólo se discute el acto de revocatoria
directa Resolución RDP 25799 del 29 de agosto de 2019, sin mayores
disquisiciones la subsección confirmará la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

3.6. De la condena en costas en segunda instancia

101. En el caso concreto, se considera que hay lugar a condenar en costas. Si
bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, lo
cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación
jurídica.

102. En esos términos, de la revisión de los argumentos presentados por la parte
accionada, se observa que no hay fundamento normativo que justifique la
interpretación que dio la administración al error formal previsto en el artículo 45
de la Ley 1437 de 2011, por el contrario, en este caso, materialmente se
estructuró una revocatoria parcial del reconocimiento prestacional, ya que la
UGPP ajustó el monto de la mesada pensional de la demandante, modificando
en forma desfavorable su situación jurídica, sin solicitar su consentimiento
previo.

23 Nació el 8 de junio de 1937 como aparece en la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 24 del

expediente administrativo, digitalizado en la primera instancia.
835
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03753-02 (4851-2024)

Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía

103. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 24 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda interpuesta por Martha Libia Montoya de Mejía en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- Se condena en costas a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-
a favor de la parte demandada, en la modalidad de agencias en derecho, según
las consideraciones señaladas. En firme esta providencia serán fijadas de
conformidad con el artículo 366 del CGP.

TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

835
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.