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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00941-01

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00941-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 20 de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda. Segundo. Modificar el ordinal primero de la sentencia del 20 de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así: «SEGUNDO. Declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la actuación administrativa, por las razones expuestas.» 31 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 25000-23-42-000-2021-00941-01 (3536-2024) Demandante: Alexandra Viloria Cárdenas y otros Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara el voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Aclara el voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KBV Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00941-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00941-01 (3536-2024)
Demandante: Alexandra Viloria Cárdenas y otros1
Demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares2

Tema: Reajuste de la asignación de retiro de acuerdo con el IPC.
Falta de agotamiento de la actuación administrativa.

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia del 20 de septiembre de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada de oficio la
prescripción extintiva del derecho y negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda3

1.1.1. Las pretensiones

1. Alexandra, Janeth Patricia y Elizabeth Viloria Cárdenas en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo4
acudieron a esta jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad del oficio
44596 del 23 de junio de 2011, expedido por Cremil, mediante el cual se le negó
el reajuste de la asignación de retiro a Cecilia Cárdenas de Viloria como
beneficiaria -en calidad de cónyuge- del coronel de la Fuerza Aérea, José
Domingo Viloria Mier.

1 Janeth Patricia Viloria Cárdenas y Elizabeth Viloria Cárdenas.
2 En adelante Cremil.
3 Samai, índice 2, archivo «1_ED_EXPEDIENTE_01DEMANDA08112021_12»
4 En adelante CPACA.

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Demandante: Alexandra Viloria Cárdenas y otros

2. A título de restablecimiento del derecho pidieron -como hijas del causante- (i)
el reajuste de la asignación de retiro desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de
diciembre de 2004 con base en IPC5 certificado por el DANE, siempre que el
incremento realizado con fundamento del principio de oscilación hubiera sido
menor y a partir del 1 de enero de 2005 en la cuantía que resultara de la aplicación
del Decreto 4433 de 2004 que derogó tácitamente la Ley 238 de 1995; (ii) el pago
de la diferencia de los valores efectivamente pagados entre el «1° de enero de 2005
y la fecha en que qued[ara] ejecutoriada la respectiva Sentencia, teniendo en cuenta la
base reajustada hasta el 31 de diciembre de 2004, proveniente de la aplicación de la Ley
238 de 1995 y desde esta fecha, hasta la fecha de pago, más la indexación e intereses.»;
(iii) el reajuste de las 56 mesadas no prescritas, contadas a partir de la solicitud
del reajuste de la asignación de retiro hasta el 24 de junio de 2015, fecha del
fallecimiento de la beneficiaria «y desde la fecha de ejecutoria de la respectiva
sentencia, y hasta la fecha de pago».

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

4. José Domingo Viloria Mier laboró en la Fuerza Aérea Colombiana por más de
20 años, pues ingresó en 1953 y se retiró del servicio activo en 1983.

5. Mediante Resolución 0542 de 1984 Cremil le reconoció y pagó la asignación
de retiro a partir del 9 de abril de 1984.

6. El excoronel falleció el 30 de diciembre de 1996, razón por la cual mediante
Resolución 0181 del 3 de febrero de 1997 la entidad demandada ordenó el
reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro a Cecilia Cárdenas de
Viloria, su cónyuge.

7. El 2 de junio de 2011 Cecilia Cárdenas de Viloria solicitó a Cremil el reajuste
de la asignación de retiro, en razón a que entre los años 1997 a 2004 no se había
tenido en cuenta el IPC. Sin embargo, por medio del oficio 44596 del 23 de junio
de 2011 se negó la petición.

8. Cecilia Cárdenas de Viloria falleció el 24 de junio de 2015.

9. Se adelantó el respectivo proceso de sucesión en el que se determinó que las
únicas herederas eran las demandantes como hijas legitimas de José Domingo
Viloria Mier y Cecilia Cárdenas de Viloria.

5 Índice de Precios al Consumidor.

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10. El 15 de noviembre de 2016 se entregó a Cremil copia autentica de la escritura
de sucesión en la que se podía establecer la calidad de únicas herederas, asunto
al cual se le asignó el radicado 10160097715.

11. El 9 de mayo de 2017 se adelantó ante la Procuraduría 125 Judicial II para
Asuntos Administrativos conciliación extrajudicial entre las demandantes y la
entidad demandada. Sin embargo, la fórmula conciliatoria presentada por Cremil
fue improbada con auto del 9 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca debido a un error en la liquidación de los valores correspondientes
al reconocimiento del reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC.

12. Por lo anterior, el 7 de febrero de 2018 las demandantes y Cremil presentaron
nuevamente una conciliación ante la Procuraduría 37 Judicial II para Asuntos
Administrativos. En esta oportunidad también fue improbada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a través de auto del 6 de marzo de 2018, pues
se evidenció un error en la liquidación de los valores correspondientes al
reconocimiento del reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC por parte
de Cremil.

13. Mediante petición del 4 de abril de 2018 [radicado 20254825] las demandantes
solicitaron a Cremil que aclarara las inconsistencias advertidas en los autos que
improbaron las conciliaciones antes mencionadas.

14. El 18 de abril de 2018 la entidad demandada dio respuesta a la anterior petición
en el sentido de aclarar los emolumentos que debía recibir Cecilia Cárdenas de
Viloria por concepto de reajuste de la asignación de retiro.

15. El 31 de julio de 2018, por tercera vez, se adelantó el proceso de conciliación
ante la Procuraduría 37 Judicial II para Asuntos Administrativos. No obstante, esta
fue improbada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del
7 de julio de 2021, pues se encontró que era errada la liquidación.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

16. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 42, 46, 48, 53, 220 y 230 de
la Constitución Política; 14 y 279, parágrafo 4 de la Ley 100 de 1993, adicionado
por la Ley 238 de 1995; 169 del Decreto Ley 211 de 1990; 2, numeral 2.4. de la
Ley 923 de 2004; 42 del Decreto 4433 de 2004; y el Acto legislativo 1 del 22 de
julio de 2005, en su concepto, porque:

17. El artículo 169 del Decreto 1211 de 1990 permitió que los ajustes
prestacionales de otros sectores se aplicaran al personal retirado de los oficiales,
suboficiales y sus beneficiarios cuando así lo estableciera expresamente la ley;
sin embargo, la entidad demandada no aplicó el artículo en comento en su

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integridad como tampoco desarrolló el mecanismo de la remisión legal del artículo
1 de la Ley 238 de 1995 que introdujo el parágrafo 4 al artículo 279 de la Ley 100
de 1993.

18. Si bien en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 se dispuso que el sistema
integral de la seguridad social no sería aplicable a los miembros de las Fuerzas
Militares, lo cierto era que el legislador, al advertir la pérdida del poder adquisitivo
de las mesadas pensionales de las personas exceptuadas de dicha norma,
expidió la Ley 238 de 1995, por lo que se hizo la salvedad en cuanto a la
interpretación de esa disposición y expresamente se dijo que «[l]as excepciones
consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos
determinados en los artículos 14 y 142 de esta Ley para los pensionados de los sectores
aquí contemplados.»

19. Se pidió la reliquidación de los años posteriores a 2004, en consideración a
que la base acumulada como resultado de la aplicación del IPC para los años
1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 resultaba superior para el cálculo de los
futuros ajustes, esto es de 2005 a 2015.

20.En sentencias del 15 de noviembre de 20126 y 29 de noviembre de 20127 se
consignó que era aplicable a las asignaciones de retiro el reajuste con base en el
IPC, comoquiera que la base pensional había sido modificada desde 1997 por lo
que era claro que este incremento incidiría directamente en los pagos futuros.
Respecto de la prescripción se dispuso que debía ser cuatrienal.

1.2. Contestación de la demanda8

21.La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se opuso a las pretensiones de la
demanda con sustento en lo que sigue:

22. La competencia para establecer el régimen prestacional de los miembros de
la Fuerza Pública se encontraba en cabeza del gobierno nacional, de acuerdo con
los parámetros que fijó el legislador en la Ley 4 de 1992 y el artículo 150 de la
Constitución Política.

23. El régimen prestacional del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares se regía por las disposiciones especiales vigentes al momento de los
hechos, las cuales prevalecían sobre las de carácter general, de conformidad con
el artículo 5 de la Ley 57 de 1887. Dicho régimen especial dispuso que las
asignaciones de retiro pagadas a los militares retirados debían ajustarse
anualmente en virtud del principio de oscilación. En consecuencia, el gobierno

6 Expediente 25000-23-25-000-2010-005111-01 (0907-2011).
7 Expediente 25000-23-25-000-2011-00071-01(1651-2012).
8 Samai, índice 32, archivo «24_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIONDEMANDA»

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nacional fijó los incrementos de los sueldos básicos del personal en actividad y, a
su vez, reajustó las asignaciones de retiro, actuación que estaba ajustada al
ordenamiento jurídico.

24. Se efectuó el reajuste que por ley correspondía, pues estaba prohibida la
aplicación de un régimen diferente para efectos de la asignación de retiro. En línea
con lo anterior los decretos 612 de 1997, 089 de 1984, 095 de 1989 previeron que
«[l]os oficiales y suboficiales o sus beneficiarios, no [podían] acogerse a normas que
regul[aran] ajustes prestacionales en otros sectores de la administración pública, a menos
que así lo [dispusiera] expresamente la ley».

25. Desde la expedición de la Ley 238 de 1998 los incrementos efectuados fueron
más favorables que los realizados por el gobierno nacional en cumplimiento del
principio de oscilación que regía para la fuerza pública, razón por la cual sí era
aplicado el IPC para todo el personal militar retirado.

26.Se debía atender el principio de sostenibilidad financiera del sistema de
pensiones «de modo que el adoptar una de ellas en la que [impusiera] una carga al
sistema pensional que no resulta[ra] claramente determinada en la ley o que super[ara]
las previsiones de la misma, supon[ía] una transgresión del mandato constitucional con
una clara y contundente responsabilidad social».

27.No se configuró la causal de falsa motivación, por cuanto las actuaciones
adelantadas por Cremil se ajustaron a las normas vigentes y aplicables a los
miembros de la Fuerzas Militares.

1.3. La sentencia apelada9

28.En sentencia anticipada proferida el 20 de septiembre de 2023 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió:

«PRIMERO. - Se Declara Probada de oficio la excepción de prescripción, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda solicitadas por la señora
Janeth Patricia Viloria Cárdenas y Otros contra la Nación - Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que
anteceden.

TERCERO. - Sin condena en costas.»

29. Los argumentos que sustentaron la decisión fueron los siguientes:

30. Para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 el reajuste de la
asignación de retiro aplicado a la parte demandante fue inferior al IPC, por lo que

9 Samai, índice 42, archivo «33_SENTENCIA_SENTENCIA»

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en principio el extremo activo tenía derecho a que se le reconociera el reajuste
con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, para 1998
y 2000 los incrementos fueron iguales a aquel, por lo tanto, no se observó
detrimento alguno.

31. Por regla general, las pensiones y las asignaciones de retiro eran
imprescriptibles, comoquiera que el derecho se reconocía a título vitalicio; no
obstante, operaba la prescripción respecto de las mesadas pensionales o su
reliquidación cuando no se hubiesen solicitado dentro de los 4 años anteriores al
momento en que se presentó la reclamación del derecho, de conformidad con lo
establecido en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, norma vigente al
momento de la presentación de la solicitud de reajuste de la asignación de retiro,
esto es, el 16 de mayo de 2011.

32. En principio, la reliquidación debía efectuarse a partir del 8 de noviembre de
2017 por virtud de la prescripción cuatrienal establecida en el artículo 174 del
Decreto 1211 de 1990, en razón a que la petición con la que se pretendía obtener
dicho reajuste se presentó el 16 de mayo de 2011 y la demanda se radicó solo
hasta el 8 de noviembre del año 2021, cuando ya había operado el fenómeno
prescriptivo.

33. No obstante, la prestación objeto de reajuste fue devengada solo hasta el 24
de junio de 2015, fecha en que falleció Cecilia Cárdenas de Viloria. Desde
entonces no podía considerarse como una prestación periódica que pudiera ser
demandada en cualquier tiempo, pues se trataba de un pago único sujeto a los
términos de caducidad y prescripción establecidos en el ordenamiento legal.

34. Desde el 25 de junio de 2015, fecha de fallecimiento de Cecilia Cárdenas de
Viloria, las demandantes tenían la obligación de iniciar las acciones
administrativas y judiciales correspondientes; sin embargo intentaron en 3
oportunidades la conciliación extrajudicial, las cuales fueron improbadas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los años 2017, 2018 y 2021. El
fenómeno prescriptivo se interrumpió por una sola vez, luego entonces desde la
fecha en que surgió el derecho a las demandantes de reclamar (2015) a la fecha
de presentación de la demanda (2021) transcurrieron más de los 4 años
establecidos en la ley.

35. En razón a que el reajuste reclamado se convirtió en un pago único de dinero
a partir del año 2015, no les era posible a las interesadas demandar en cualquier
tiempo. En gracia de discusión, aunque se ordenara el pago del reajuste a partir
del 8 de noviembre del año 2017, no habría suma alguna que reconocerles,
comoquiera que la prestación se extinguió en el año 2015.

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1.4. El recurso de apelación

36. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así:

37. El proceso de reclamación se inició diligentemente en el año 2011 por Cecilia
Cárdenas de Viloria, quien ostentaba la calidad de cónyuge sobreviviente y falleció
el 24 de junio de 2015, de ahí que fueran sus hijas quienes solicitaron el reajuste
de la asignación de retiro. Sin embargo, Cremil no accedió a dichas peticiones
hasta que se adelantara el proceso de sucesión en el que se les acreditara su
calidad para poder reclamar los emolumentos que le adeudaba el Estado a la
beneficiaria de la pensión y «que a la postre t[enían] derecho como herencia.»

38. El 9 de mayo de 2017 se llegó a un acuerdo conciliatorio con la entidad
demandada ante la Procuraduría 125 Judicial II para Asuntos Administrativos, el
cual fue improbado mediante auto del 25 de octubre de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con sustento en un «error por parte del ESTADO»
en la liquidación de los recursos como reconocimiento del reajuste por IPC.

39. El 7 de febrero de 2018 se surtió nuevamente conciliación entre las partes
antes señaladas ante la Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos,
acuerdo conciliatorio que fue improbado por el mismo tribunal el 6 de marzo de
2018. En esta oportunidad también se expuso un error en la liquidación de los
valores correspondientes al reajuste de la asignación de retiro.

40. Mediante oficio con radicado 20254825 y consecutivo 20180036990 del 4 de
abril de 2018 se radicó petición ante Cremil con el fin de que se aclararan las
inconsistencias presentadas en las conciliaciones anteriores, las cuales fueron
improbadas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al momento
de ejercer el debido control de legalidad.

41. Recibida la aclaración efectuada por Cremil y «confiados y convencidos» el 31
de julio de 2018 adelantaron por tercera vez el proceso de conciliación ante
Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos, el cual fue nuevamente
improbado con auto del 7 de julio de 2021 dictado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. En esta providencia se expuso que era errada la liquidación
presentada por la entidad demandada, con lo cual se causó un perjuicio y
desgaste moral.

42. Cremil reconoció la deuda con la familia Viloria Cárdenas y así se demostró
con las 3 actas de conciliación antes señaladas y las decisiones en las que se
expusieron los errores en la cifra exacta a pagar y no por desconocer el derecho
o alegar prescripción alguna.

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43. No existió negligencia alguna, pues adelantaron los trámites respectivos para
la sucesión por el fallecimiento de su madre. Las conciliaciones se hubieran
aprobado de no ser por los errores matemáticos en la liquidación que presentó el
comité de conciliación de Cremil ante la Procuraduría.

44. Cecilia Cárdenas de Viloria solicitó el reajuste de la sustitución pensional en
el año 2011 y falleció el 2015, lo que quería decir que no solo la pidió en vida, sino
que se debía reliquidar hasta el último día, esto es el 24 de junio de 2015.

45. El a quo al considerar que con el fallecimiento de Cecilia Cárdenas de Viloria
se extinguió todo lo relacionado con la sustitución pensional, sus características
de imprescriptibilidad y título vitalicio «[las] llev[ó] al ámbito de las obligaciones [...] de
dar». En ese orden, se equivocó al aplicar la normativa de la Fuerza Pública porque
«ya estaba en terrenos de derecho civil referente al reconocimiento y pago de
obligaciones, como dice en la sentencia. “… un pago único de dinero sujeto a los términos
de caducidad y prescripción, establecidos en nuestro ordenamiento legal”».

46. El artículo 2539 del Código Civil dispuso que la prescripción se interrumpía
cuando el deudor reconocía la obligación expresa o tácitamente. Es decir que la
interrupción natural surgía por la acción del deudor más no por la del acreedor.

1.5. Trámite en segunda instancia10

47. En auto del 30 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia del 20 de septiembre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca11.

48. En concepto del 8 de noviembre de 202412 el Ministerio Público consideró que
debía confirmarse la sentencia de primera instancia, comoquiera que no se
evidenciaban reparos concretos contra la decisión del tribunal. En el escrito de
impugnación se afirmó -sin sustento- que debía inaplicarse la normativa especial
prestacional de la Fuerza Pública, además se refirió a la «prescripción de acciones»,
lo que comportaba una confusión entre las instituciones procesales relativas a la
caducidad y prescripción.

49. Sobre la aplicación del Código Civil solo se argumentó la existencia de una
obligación de pago único en dinero sin realizar análisis alguno que permitiera
establecer (i) las razones por las cuales no debía aplicarse el término de
prescripción dispuesto en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990; (ii) si contaba
con alguna otra fecha específica de la interrupción de la prescripción distinta de la
reclamación del 16 de mayo de 2011; o (iii) si se reclamaban incrementos de

10 Samai, expediente 05001-23-33-000-2019-00232-01 (3065-2024).
11 Samai, índice 4.
12 Samai, índice 8.

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mesadas distintas de los años 1997, 1999 y 2001 a 2004. Por consiguiente, era
insuficiente la apelación interpuesta.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

50. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

Previo a resolver los argumentos del recurso de apelación la Sala considera
necesario examinar si el acto acusado definió la situación jurídica de las
demandantes, razón por la cual se plantea el siguiente interrogante:

50.1. ¿El oficio 44596 del 23 de junio de 2011 definió la situación jurídica de
Alexandra, Janeth Patricia y Elizabeth Viloria Cárdenas?

50.2. Si la respuesta al anterior interrogante es positiva, ¿se configuró la
prescripción extintiva del derecho reclamado?

51. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
sobre la actuación administrativa y la proposición jurídica; y segundo, se resolverá
el caso concreto.

2.3. El agotamiento de la actuación administrativa y la proposición jurídica
completa

52. La actuación administrativa tiene como fin que, antes de la controversia
judicial, la entidad pueda examinar las reclamaciones radicadas por los
interesados. Ello implica que el interesado presente, de manera concreta y clara,
la petición en la que se consigne cuál es el derecho que se considera vulnerado.

53.Ciertamente, este es un requisito para acudir ante esta jurisdicción, pues lejos
de ser una exigencia formal del derecho de acción, es un presupuesto que le
permite al Estado efectuar un pronunciamiento previo al proceso judicial que, a su

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vez, le genera la confianza de que no será condenada por razones no discutidas13.

54. Al respecto esta Subsección ha señalado que «[e]s obligatorio para quien
pretenda demandar un acto administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, agotar la actuación administrativa antes de acceder a la
jurisdicción contenciosa; dicha reclamación debe tramitarse ante la entidad pública
llamada a reconocer o extinguir el derecho que sea invocado por el administrado, es decir,
aquella entidad que tenga la competencia o atribución legal para crear o modificar
situaciones jurídicas a través de la expedición de actos administrativos de contenido
particular y concreto.»14

55. En igual sentido la subsección A de esta Sección explicó que se trata de un
presupuesto procesal de carácter obligatorio para quien pretenda demandar la
legalidad de un acto administrativo de contenido particular y concreto y considere
que se lesionó su derecho subjetivo15. Asimismo, que la actuación constituye: «i)
una garantía de los derechos al debido proceso y defensa de los ciudadanos frente al
actuar de la administración, porque permite debatir sus decisiones, ii) una oportunidad
para que la administración reevalúe sus actos administrativos y corrija las equivocaciones
contenidas en estos y, iii) un presupuesto procesal para presentar la demanda a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho»16.

56. Ciertamente, está estrechamente relacionado con el principio de la autotutela
toda vez que en virtud de este «[s]e le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se trata
pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular debido a
que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades públicas y los
administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu propio tomen las
primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos»17. No obstante,

«[...] esa facultad de autotutela de la administración no es irrestricta ya que
encuentra límites en el interés general y en las competencias que explícitamente
le han sido asignadas a cada autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del
Estado Social de Derecho es que las autoridades públicas o los particulares que
cumplan funciones públicas o administrativas no gozan de plena autonomía ya
que toda conducta que deseen desplegar debe estar consagrada en una norma
habilitante. El poder público es heterónomo porque la normativa que regula dichas
funciones establece deberes y prohibiciones, es decir, un variopinto de
permisiones y restricciones a los destinatarios para que se garantice el
cumplimiento de los fines públicos.

13 Sentencias de 15 de julio de 2010, expediente 0426-2009; y del 18 de noviembre de 2010

expediente 2292-2008.
14 Sentencia del 11 de abril de 2018. Expediente 05001-23-33-000-2013-01104-01 (3931-15).
15 Sentencia del 16 de septiembre de 2021. Expediente 20001-23-33-000-2014-00134-01(4526-

15)
16 Sentencia de 22 de noviembre 2018. Expediente 080012333000201500845 01.
17 Sentencia del 15 de marzo de 2018. Expediente 25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14).

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[…] Establecido lo anterior es importante precisar que según la naturaleza de las
prerrogativas que se le concedan a la administración, la autotutela puede ser de
tipo declarativa o ejecutiva. En el primero de los casos, los actores públicos, en
ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos a
través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia
de un derecho y su correlativa obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude
a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a
hacer efectiva una determinada situación jurídica»18.

57. Entonces, la autotutela no solo le otorga la facultad a la entidad de realizar un
pronunciamiento frente a una situación jurídica particular, sino que además le
permite corregir sus errores a través de los recursos procedentes. Una vez
agotada las etapas correspondientes, «los administrados podrán recurrir a los medios
de control previstos en la Ley 1437 de 2011, que ponen en marcha el funcionamiento de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este engranaje de instituciones,
administrativas y judiciales, depura los actos de la Administración de desaciertos e
infracciones al ordenamiento»19.

58. Ahora bien, con el fin de ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, los artículos 162, 163 y 166 del CPACA establecen
─entre otros─ el requisito consistente en que la parte actora individualice con
precisión aquellos actos administrativos objeto de reproche y particularmente
aquel que contiene la declaración de voluntad que produce efectos jurídicos
directos o definitivos, es decir, aquel que crea, modifica o extingue una situación
jurídica particular, junto a los que con él constituyan toda la unidad porque
contienen la voluntad unánime de la administración sobre un tema particular y
definen un solo aspecto.

59. Ciertamente, es necesario establecer el requisito procedimental y sustantivo
de demandar la totalidad de la unidad jurídica conformada por distintos
pronunciamientos que contienen la voluntad unánime de la administración, por
cuanto ese va a ser el universo en el cual se va a desarrollar la actividad judicial y
el campo de decisión del operador, de suerte que ante una futura anulación
desaparezca integralmente del ámbito jurídico.

60.En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación 20, ha
señalado:

«(…) la proposición jurídica incompleta ocurre en aquellos casos en los cuales no
se individualiza con toda precisión los actos acusados de acuerdo con los
lineamientos que están señalados en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
Significa, entonces, que es requisito indispensable demandar el acto que contiene
la manifestación de la voluntad de la administración respecto de la situación

18 Ibidem.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 26 de junio de

2020, radicado 73001-23-33-000-2018-00454-01 (3805-2014). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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jurídica particular y concreta; y, además, las decisiones que en el procedimiento
administrativo constituyan la unidad jurídica, pues, en tal sentido gira la decisión
que se deba adoptar en la sentencia, en lo relacionado con las pretensiones de la
demanda.

14. En síntesis de lo anterior, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, se debe
tener en cuenta que el acto o los actos administrativos que contienen íntegramente
la manifestación de voluntad de la administración, frente a una situación jurídica
particular, son los que deben ser objeto de impugnación, junto con aquellos que
en la vía gubernativa o administrativa constituyan una unidad jurídica con el
mismo, esto es, aquellos que resuelven los recursos interpuestos, de conformidad
con el artículo 163 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que ellos determinan la órbita
que delimita la decisión del juzgador, en lo relacionado con la pretensión de
anulación de los mismos. Por ende, si no se observan tales aspectos, esto es, la
proposición jurídica o individualización de la actuación administrativa acusada, de
forma completa, se vicia de manera sustancial el contenido de la pretensión del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y con ello se impide
un pronunciamiento de fondo frente a lo pretendido por el actor».

61. Aunado a lo anterior, de tiempo atrás, la jurisprudencia de esta Corporación21
previó que la proposición jurídica incompleta se configura cuando:

«(…) el acto acusado torna lógicamente imposible la decisión de fondo debido a
una irreparable ruptura de su relación con la causa pretendí, o ii) cuando el acto
demandado no es autónomo por encontrarse en una inescindible relación de
dependencia con otro u otros no impugnados que determinan su contenido,
validez o su eficacia, eventos en los que come se expresó resulta imposible emitir
una decisión de fondo para el juez».

62. En suma, cuando se pretende la nulidad de actos administrativos que por su
contenido se encuentren integrados por una unidad jurídica, es requisito
indispensable demandar su anulación conjuntamente con los demás actos
decisorios que contienen la voluntad unánime de la administración frente a un
mismo aspecto jurídico para que opere correctamente su anulación y así evitar
decisiones contradictorias.

2.4. Caso concreto

63. A efectos de resolver los problemas jurídicos del caso bajo examen, la Sala
procederá a exponer los hechos relevantes que se encuentran probados en el
proceso de la referencia así:

63.1. El 21 de julio de 1953 José Domingo Viloria Mier ingresó como soldado al
Ejército Nacional y ascendió hasta el grado de coronel. La última unidad donde
laboró fue en el Comando Aéreo de la Fuerza Aérea de Bogotá22 y fue retirado del

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2011 radicado: 76001-23-

31-000-2006-02409-01 (1282-10) M.P. Gustado Eduardo Gómez Aranguren.
22 Samai, índice 2, archivo «3_ED_EXPEDIENTE_03ANEXOS08112021_122» página 25.

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servicio el 13 de diciembre de 198323 para un total de 39 años, 6 meses y 28 días
de servicios a la Fuerza Aérea Colombiana24.

64. José Domingo Viloria Mier contrajo matrimonio con Cecilia Cárdenas de
Viloria el 27 de septiembre de 195825. De esa unión nacieron sus 3 hijas: Elizabeth,
Janeth Patricia y Alexandra Viloria Cárdenas26.

64.1. Luego, mediante la Resolución 0542 de 1984, la entidad demandada ordenó
el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al coronel José Domingo Viloria
Mier a partir del 27 de abril de 1984 en cuantía del 95% del sueldo básico de
actividad, de acuerdo con los artículos 151 y 155 del Decreto Ley 089 de 198427.

64.2. En razón a que el excoronel falleció el 30 de diciembre de 1996 28, Cecilia
Cárdenas de Viloria -en su calidad de cónyuge- solicitó el reconocimiento y pago
de la sustitución de la asignación de retiro, la cual fue reconocida mediante la
Resolución 0181 del 3 de febrero de 199729, a partir del 30 de diciembre de 1996.

64.3. El 2 de junio de 2011 Cecilia Cárdenas de Viloria solicitó a Cremil lo siguiente:

«CECILIA CÁRDENAS DE VILORIA, identificada con C.C. N° 20.010.680
expedida en Bogotá D.C., esposa del fallecido Coronel JOSÉ DOMINGO VILORIA
MIER, funcionario de la Fuerza Aérea Colombiana, de la manera más atenta, me
permito solicitarles una revisión, y por ende el ajuste al valor de la Mesada
Pensional comprendida entre 1997 y 2004.

Lo anterior teniendo en cuenta que me fue sustituida la pensión mediante
Certificación N.° 242/CREMIL 1105, de la cual anexo copia, ya que para ese
periodo de liquidación no se tuvo en cuenta el IPC.» [se subraya]

64.4. En respuesta a la anterior petición, la entidad demandada expidió el oficio
44596 -con consecutivo 30863- del 23 de junio de 2011 que negó el reajuste
reclamado, por las siguientes razones:

«El régimen prestacional del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares, se rige actualmente por las disposiciones contenidas en el Decreto Ley
1211 de 1900, derogado parcialmente por el decreto 4433 de 31 de diciembre de
2004, normas de carácter especial, que prevalecen sobre las disposiciones de
carácter general. (Artículo 5°. Ley 57 de 1887).

Vale la pena señalar, que para efectos de reajuste de las asignaciones de retiro,
el régimen prestacional especial de los miembros de las Fuerzas Militares desde

23 Samai, índice 32, archivo «22_RECIBEMEMORIALES_PODER20210094100» página 25.
24 Samai, índice 2, archivo «3_ED_EXPEDIENTE_03ANEXOS08112021_122» páginas 27 y 28.
25 Samai, índice 32, archivo «22_RECIBEMEMORIALES_PODER20210094100» folio 31.
26 Samai, índice 32, archivo «22_RECIBEMEMORIALES_PODER20210094100» folios 32 a 34.
27 Samai, índice 2, archivo «3_ED_EXPEDIENTE_03ANEXOS08112021_122» páginas 33 a 35.
28 Samai, índice 32, archivo «22_RECIBEMEMORIALES_PODER20210094100» folio 51.
29 Samai, índice 32, archivo «22_RECIBEMEMORIALES_PODER20210094100» folios 56 a 58.

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1945 y aún en la normatividad vigente, contempla el principio de oscilación en los
siguientes términos: “Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el
presente decreto se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo
tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado.

El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a
normas que regían ajustes en otros sectores de la Administración publica, a menos
que así lo disponga expresamente la ley”. (Resaltado fuera del texto)

Por consiguiente, el reajuste de las asignaciones de retiro se aplica únicamente
con sujeción al principio de oscilación conforme lo dispone la normatividad
especial que rige para los miembros de las fuerzas militares. Sobre el sueldo
básico en cada vigencia.

Teniendo en cuenta lo anterior su solicitud de reajuste de la primera mesada
pensional resulta improcedente como quiera que la misma resulta aplicable sonreí
pensiones reconocidas dentro del régimen general de pensiones, al cual
expresamente nos encontramos exceptuados.

Adicionalmente, el principio de oscilación antes citado, implica que la base de
liquidación de la asignación de retiro es el sueldo básico de un activo equivalente
a su grado vigente a la fecha de liquidación, de donde se infiere que no hay lugar
a indexaciones del ingreso base de liquidación, siendo liquidado sobe valores
presentes o actuales.» [sic] [se subraya]

65. Cecilia Cárdenas de Viloria falleció el 24 de junio de 2015.

66. Pues bien, el artículo 138 del CPACA previó que «[t]oda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho [...]».

67. Al revisar la demanda, la Sala observa que Alexandra, Janeth Patricia y
Elizabeth Viloria Cárdenas solicitaron la anulación del oficio 44596 del 23 de junio
de 2011. Sin embargo, este acto administrativo únicamente definió la situación
jurídica de su progenitora quien, para ese momento, era beneficiaria de la
sustitución de la asignación de retiro de su cónyuge.

68. De ese modo, la relación jurídica de Cecilia Cárdenas de Viloria era distinta,
en razón a que fungía como acreedora de la asignación de retiro sustituida,
mientras que las demandantes, aunque pretenden la prestación unitaria
[retroactivo], lo hacen como herederas de la beneficiaria.

69.De ahí que tuvieran la obligación de agotar la actuación administrativa para
que la entidad examinara si era procedente o no el pago del retroactivo por
concepto del reajuste de la asignación de retiro que en vida le fue pagada a Cecilia
Cárdenas de Viloria.

70. Al revisar el expediente, la Sala encuentra que las demandantes otorgaron

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poder al abogado Mario Fernando Ramos Mora el 2 de noviembre de 2017 para
que las representara «en todo lo relacionado a la reclamación de reconocimiento y
reajuste de [su] asignación de retiro de acuerdo con el IPC»; asimismo, en el párrafo
siguiente, se anotó que este se confería para «solicitar el reconocimiento, pago,
reajuste e incremento del sueldo de retiro con base en el I.P.C., a partir del año 1997
hasta la fecha y la correspondiente re-liquidación de la asignación de retiro y el pago de
las mesadas dejadas de cancelar en forma indexada» [sic].

71. Sin embargo, el profesional del derecho se limitó a presentar el 13 de agosto
de 2015 una petición de documentación e información; obsérvese:

«[…]
Referencia; DERECHO DE PETICIÓN- Art.23 C.N. y ART, 13 y siguientes del
C.C.A.

Asunto: Solicitud Documentación e Información.

MARIO FERNANDO RAMOS MORA, […] obrando como apoderado de las
señoras JANETH PATRICIA VILORIA CARDENAS […], ELIZABETH VILORIA
CARDENAS […] Y ALEXANDRA VILORIA CARDENAS […] me dirijo a ese
despacho en petición respetuosa de que se sirva proceder de conformidad,
teniendo en cuenta los siguientes:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

1) El señor Coronel JOSE DOMINGO VILORIA MIER (fallecido) laboro en la
Fuerza Aérea Colombiana por más de 20 años y la señora CECILIA
CARDENAS DE VILORIA era su cónyuge sobreviviente.

2) Como razones de Derecho invoco el artículo 23 de a Constitución Política de
Colombia, los artículos 13 y siguientes del Código Contencioso Administrativo
y todas las demás normas pertinentes con el derecho de petición del
ordenamiento jurídico colombiano.

Con fundamento en las anteriores situaciones fácticas y de derecho, solicito
respetuosamente se acceda a las siguientes peticiones:

PETICIONES

a) Se expida Copia autentica de la Resolución o Decreto mediante la cual le
fue reconocida y pagado el derecho de asignación de retiro en la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares al señor Coronel JOSE DOMINGO VILORIA
MIER y la señora CECILIA CARDENAS DE VILORIA.

b) Se informe la relación de asignación (en una hoja o máximo dos hojas)
básicos de retiro e incrementos anuales reconocidos en los diferentes años
de conformidad con los Decretos expedidos por el Gobierno para cada
vigencia fiscal desde el año 1997 hasta el año 2014; mencionando el
porcentaje aumentado y con base en que decreto del gobierno nacional.

c) Se informe el último sitio de labores cuando estaba en actividad, de
acuerdo a lo que entrego la oficina de prestaciones sociales de la fuerza aérea

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colombiana en su momento, en el expediente prestacional.

d) Se adjunte copia de la Hoja de Servicios del señor Coronel JOSE DOMINGO
VILORIA MIER.» [sic]

72. Y, si bien es cierto que al dar respuesta a la petición la entidad se refirió al
«reconocimiento y pago del IPC», también lo es que no definió su situación jurídica,
en razón a que se consignó que previamente debían demostrar su calidad de
herederas. El contenido del acto en mención es el siguiente30:

«[…] En atención a su derecho de petición radicado en esta Entidad mediante
consecutivo No. 72701 de fecha agosto 13 de 2015, mediante el cual usted solicita
obrando como apoderado de las señoras JANETH PATRICIA VILORIA
CÁRDENAS […], ELIZABETH VILORIA CÁRDENAS […] y ALEXANDRA VILORIA
CÁRDENAS […] en calidad de Herederas del señor CR. FAC. JOSÉ DOMINGO
VILORIA MIER (Q.E.P.D.), el reconocimiento y pago del IPC, al respecto me
permito informar lo siguiente:

Para acceder al reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC, las señoras
deberán acreditar la calidad de herederas, por lo tanto tendrán que suministrar,
Escritura Pública o Sentencia Judicial ejecutoriada (autenticada) del respectivo
proceso de sucesión.

Una vez acreditada la calidad de herederas, podrán solicitar a la Entidad el
reconocimiento y pago del reajuste de la asignación con base en el IPC y
posteriormente la Entidad le informará el procedimiento a seguir para adelantar el
trámite conciliatorio ante la procuraduría delegada.

Teniendo en cuenta lo anterior y hasta tanto no aporte los documentos solicitados,
esta Entidad no podrá pronunciarse a lo requerido puesto que lo que existe en
estos momentos es una mera expectativa del derecho sucesoral, tal como lo
señala el ARTÍCULO 1299 del Código Civil...“ADQUISICIÓN DEL TÍTULO DE
HEREDERO”. Se entiende que alguien toma el título de heredero, cuando lo hace
en escritura pública o privada, obligándose como tal heredero, o en un acto de
tramitación judicial….

Cordialmente,

[…]» [sic]

73. Con todo, la Sala concluye que en el sub examine no puede efectuarse un
análisis de fondo porque las actoras no agotaron en debida forma la actuación
administrativa, lo cual conlleva ─indiscutiblemente─ a la inexistencia de la
proposición jurídica, esto es el acto administrativo que defina su situación como
herederas.

74.A lo anterior debe agregarse que, como el oficio 44596 del 23 de junio de 2011
negó el derecho a la acreedora de la prestación, es decir, a Cecilia Cárdenas de

30 Samai, índice 2, archivo «3_ED_EXPEDIENTE_03ANEXOS08112021_122», páginas 1 y 2.

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Viloria, las actoras no estaban legitimadas para solicitar su anulación, comoquiera
que no fueron las directamente afectadas con la decisión. Distinto sería si la
beneficiaria hubiera acudido al juez para solicitarla, pues con ocasión de su
fallecimiento, sus hijas ─aquí demandantes─ habrían adquirido la calidad de
sucesoras procesales.

75.La Sala no desconoce que la entidad demandada presentó 3 fórmulas
conciliatorias que fueron improbadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, razón suficiente para que, en cumplimiento del acto que resolvió
su petición, provocaran el pronunciamiento sobre el pago del retroactivo por
concepto del reajuste de la asignación de retiro sustituida a su progenitora.

76. Así las cosas, como el artículo 187 del CPACA ordena que en «la sentencia se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada», se revocará el ordinal segundo que negó las pretensiones de
la demanda y se modificará el primero de la sentencia de primera instancia para
declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda por falta de
agotamiento de la actuación administrativa.

77. Por último, es del caso precisar que con esta decisión no se vulnera el
principio de non reformatio in pejus, en tanto en primera instancia, en razón de la
prescripción declarada [que será modificada], no se ordenó pago alguno a las aquí
demandantes.

2.5. Conclusión

78. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala revocará el ordinal segundo
que negó las pretensiones y modificará el primero que declaró la excepción de
prescripción para, en su lugar, declarar la de inepta demanda por falta de
agotamiento de la actuación administrativa. Ello, por cuanto las demandantes, en
calidad de herederas de Cecilia Cárdenas de Viloria, no acudieron ante la entidad
para solicitar el pago del retroactivo por concepto del reajuste de la asignación de
retiro que le fue reconocida a su progenitora.

2.6. Costas

79.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.

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En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

80. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

81. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma31.

82. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

83. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponer la condena en
esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 20 de diciembre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones de la demanda.

Segundo. Modificar el ordinal primero de la sentencia del 20 de diciembre de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará
así:

«SEGUNDO. Declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda por
falta de agotamiento de la actuación administrativa, por las razones
expuestas.»

31 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara el voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara el voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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