Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00915-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00915-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2015-00915-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00915-01 (2889-2022)
Demandante: Luis Enrique Viveros Sánchez
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Temas: Reintegro de sumas de dinero por concepto de diferencias de la
bonificación por compensación reconocida vía fallos de tutela
revocados en sede de revisión por la Corte Constitucional.
Principio de autotutela de la administración y competencia de
esta para adoptar dicha clase de decisiones de devolución
pagos. Derecho al debido proceso. REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el primero (1.º) de marzo de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Luis Enrique Viveros Sánchez instauró demanda,1 la cual reformó,2
contra la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución
719 del 16 de septiembre de 2010, por medio de la cual la Fiscalía General de la
Nación le ordenó reintegrar y pagar el valor de $82.585.324 por concepto de la
bonificación por compensación que le había sido reconocida vía sentencia de tutela,
que posteriormente fue revocada por la Corte Constitucional; (ii) Oficio DESAF-1921
del 4 de agosto de 2014 con la que se resolvió negativamente el recurso de
1 Folios 2 a 28, C1.
2 Folios 227 a 251, C2.
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Radicado: 41001-23-33-000-2015-00915-01 (2889-2022)
reposición interpuesto, y (iii) Resolución 2-1240 del 10 de octubre de 2014 mediante
la cual se confirmó al definir el recurso de apelación.
3. A título de restablecimiento, se declare que no está obligado a reintegrar ninguna
suma de dinero por haber correspondido al reconocimiento de un derecho salarial y
prestacional adquirido.
4. Que se condene en costas a la parte accionada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que se desempeñó como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de
Villavicencio del 1 de marzo de 2005 al 2 de junio de 2008, y ante el Tribunal
Superior de Pasto del 3 de junio al 31 de octubre de 2008.
6. Que mediante los fallos de tutela del Tribunal Administrativo del Meta del 28 de
marzo de 2009 en primera instancia, y del Consejo de Estado del 27 de mayo de
2009 en segunda instancia obtuvo el reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación por los períodos en los que laboró en los referidos empleos titulares
de este emolumento.
7. Que, en cumplimiento de estas sentencias, la entidad demandada a través de las
Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras de Villavicencio y de Pasto
dictó los actos administrativos con los que ordenó el pago de $82.585.324 y
$11.962.316 respectivamente a título de retroactivo del haber laboral en mención.
Sin embargo, la Corte Constitucional por medio de la sentencia T-860 de 2009
(ejecutoriada el 18 de febrero de 2010), en sede de revisión de tutela revocó las
aludidas providencias.
8. Que, en virtud de lo anterior, el director seccional administrativo y financiero de
Pasto revocó dichos actos y a su vez le ordenó pagar en un término de 5 días los
mismos valores en mención, pero luego, con la Resolución DSAF-0705 del 28 de
julio de 2010 también se revocó esta última disposición.
9. Que, al margen de estas decisiones, la autoridad demandada finalmente expidió
la Resolución 719 del 16 de septiembre de 2010 a manera de un nuevo título
ejecutivo, en la que, sin revocar ningún acto previo, se limitó a generarle un cobro
directo a título de reintegro por las diferencias pagadas por concepto de bonificación
por compensación por una suma de $82.585.324, por lo que interpuso recursos de
reposición y apelación que fueron resueltos negativamente con el Oficio DESAF-
1921 del 4 de agosto de 2014 y la Resolución 2-1240 del 10 de octubre de 2014
respectivamente.
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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Considera vulnerados: los artículos 25, 53, 58, 122, 123, 128 y 215, numeral 9
de la Constitución política; 2 literales a) y j) y 14 parágrafo de la Ley 4.ª de 1992; 9,
14, 15, 142 del Código Sustantivo del Trabajo; 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1997;
35 del Decreto Ley 546 de 1971; y el Decreto 610 de 1998.
11. Expresa que la sentencia del 14 de diciembre de 2011 proferida por el Consejo
de Estado es el título de restablecimiento del derecho salarial y prestacional a la
bonificación por compensación por tratarse de una sentencia constitutiva del mismo,
con la cual recobró vigencia el Decreto 610 de 1998, ya que dicho fallo anuló el
sistema de la bonificación de gestión judicial del 70% regulado en el Decreto 4040
2004 con efectos ex tunc, lo que implicó que dicho beneficio tuviera que volver a
reconocerse en el 80% de lo devengado por los magistrados de las altas cortes.
12. Manifiesta que con la decisión reprochada se transgredió su derecho
fundamental al debido proceso, pues esencialmente se desconocieron preceptos
como los de la prescripción para el reclamo sobre dineros ya abonados, el cobro de
lo no debido, buena fe y la inversión de la carga para demandar, en el entendido de
que, si la FGN consideraba que era ilegal la Resolución 0417 del 3 de junio de 2008,
lo procedente era demandarla, mas no revocarla arbitrariamente. Añadió que debido
a la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, se configuró a su favor el
derecho laboral al pago de la bonificación por compensación de conformidad con el
Decreto 610 de 1998, de manera que no puede considerarse que debiera los
montos ya pagados cuando en realidad es beneficiario de los mismos y además los
percibió de buena fe en razón a una decisión judicial.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
13. El 3 de mayo de 2016 fue admitida la demanda,3 y el 23 de septiembre de 2016
su reforma. 4 La Fiscalía General de la Nación5 manifestó que no cabe duda de
que la sentencia de tutela emitida por el Tribunal Administrativo del Meta y
confirmada por el Consejo de Estado mediante la cual se amparó el derecho
fundamental a la igualdad del actor y se dispuso el pago a su favor por concepto de
la diferencia en las sumas pagadas por bonificación por gestión judicial, con su
respectiva indexación, fue revocada por la Corte Constitucional, lo cual implicó a su
vez la cesación de efectos de los referidos actos administrativos dictados por la
entidad como lo dispone expresamente el artículo 7 del Decreto 306 de 1992.
14. Añadió que el sustento jurídico de los actos demandados no se encuentra en el
Decreto 4040 de 2004, sino en la sentencia T-860 de 2009 que se encuentra en
3 Folios 128 a 129, C1.
4 Folio 282, C2.
5 Folios 113 a 123, C2.
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firme y que creó el derecho a favor de la entidad de solicitar el reintegro de las
sumas mencionadas, lo que dio lugar a la expedición de la Resolución 719 del 16
de septiembre de 2010 por parte de la Dirección Seccional Administrativa y
Financiera de Villavicencio. Por lo mismo, aseguró que es a partir de la ejecutoria
de dicha providencia que empezará a contarse el término de prescripción de la
obligación, pues efectivamente en virtud de esa decisión judicial es que debe
recuperar los dineros pagados en favor del demandante, incluso a través de un
proceso de cobro coactivo.
15. Solo propuso la excepción genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
16. El Tribunal Administrativo del Huila mediante sentencia del 1.º de marzo de 2022
negó las pretensiones y declaró no probada la prescripción de la acción ejecutiva.
Además, se abstuvo de condenar en costas.
17. Expresó que de conformidad con las pruebas, efectivamente el derecho
reconocido al actor en la Resolución 0417 del 3 de junio de 2008 se fundó en la
orden de tutela proferida en la sentencia del 28 de marzo de 2008, la cual fue
confirmada por el Consejo de Estado en providencia del 27 de mayo de 2009, pero
que al haberse revocado en sede de revisión a través de sentencia T-860 de 2009
proferida por la Corte Constitucional, implica que desapareció del ordenamiento
jurídico el sustento jurídico que dio origen a los pagos efectuados al reclamante, de
tal manera que su situación jurídica quedó sin cimiento y en consecuencia operó el
fenómeno del decaimiento del acto administrativo.
18. Ante esta situación recordó que el Decreto 306 del 19 de febrero de 1992
establece en su artículo 7.º que «Cuando el juez que conozca de la impugnación o
la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de tutela que haya
ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha providencia y la
actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo
respectivo.»; razón por la cual afirmó que la Resolución 00417 del 3 de junio de
2008 debe quedar sin efecto de manera automática, por lo que al no producir efectos
jurídicos, se concluye que el actor no tiene reconocido el derecho laboral que
reclama como situación consolidada.
19. Indicó que como por esa misma razón el reclamante no tiene derecho
reconocido alguno, la entidad tampoco debía solicitar consentimiento expreso y
escrito del titular para revocar esta decisión, sobre la cual no puede predicarse una
“cosa administrativa juzgada”, máxime si se tiene en cuenta que en realidad esta
situación no ocurrió, sino que simplemente la autoridad demandada solicitó el
6 Folios 407 a 420, C2.
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reintegro de una suma que se pagó en virtud de un acto decaído.
20. Aseguró que, si bien no cabe duda de que con la sentencia del 14 de diciembre
de 2011 recobró su vigencia plena el Decreto 610 de 1998, y por tanto deben
pagarse los derechos allí establecidos, es precisamente en virtud de esta
providencia que surge el derecho para todos los beneficiarios de reclamar el pago
de ese emolumento, es decir, aquel fallo es constitutivo del beneficio y para ello el
accionante debía solicitarlo ante la entidad demandada. Sin embargo, precisó que
este haber laboral no existía al momento de expedirse la Resolución 00417 de 2008,
por lo que no puede mantenerse en el ordenamiento jurídico un acto administrativo
argumentando que se tiene una situación adquirida que surgió 3 años después de
la expedición de la referida decisión.
21. Frente al fenómeno de la prescripción manifestó que la aplicable sería la
prevista en el artículo 2536 del Código Civil, por lo que, para que la FGN pudiese
exigir la obligación laboral que se originó con el fallo de tutela, debía constituir el
título ejecutivo, y ese título solo se generaría con la expedición del acto
administrativo por medio del cual se ordenara ese reintegro, el cual como se indicó,
quedó ejecutoriado el 22 de julio de 2015, de tal manera que entre la sentencia de
la Corte Constitucional del 27 de noviembre de 2009 y la ejecutoria de la referida
decisión, lo que existió fue una obligación natural que solo podría empezarse a
cobrar desde la primera fecha en mención.
RECURSO DE APELACIÓN7
22. La parte demandante interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
el tribunal interpreta el Decreto 306 de 1992 en el único sentido de que todo acto
administrativo derivado de los fallos de tutela (que luego fueron revocados) queda
automáticamente sin efectos jurídicos, sin advertir las otras posibilidades que no
inmediatamente prevé la norma; pues esta contempla que queda sin efecto “la
actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo
respectivo”, lo que significa que si la autoridad no ha realizado actuación alguna,
esta queda impedida para producir actuación posterior; y si ya produjo un acto, este
no puede generar efecto jurídico alguno, salvo que, como ocurre en su caso, sea de
aquellos contemplados en el artículo 97 del CPACA que haya “creado o modificado
una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de
igual categoría”, pues en ese contexto “no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del titular”.
23. Agregó que, aun así, se advierte que la Corte Constitucional en la sentencia T-
860 de 2009 no tomó ninguna decisión concreta en el sentido de revocar la
Resolución 417 de 2008, sencillamente porque este no era el propósito del fallo,
7 Ver índice 84 de SAMAI – Tribunales.
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debido a que “las normas objeto de controversia son actos generales, impersonales
y abstractos”. Manifestó que tampoco lo podría hacer porque dicho acto no era
objeto del debate y, en atención a que este título es un acto jurídico creador de un
derecho subjetivo que no se puede revocar sin el consentimiento expreso del
beneficiario, pues la bonificación por compensación es una garantía a su favor que
es cierta e irrenunciable.
24. Señaló que con la providencia censurada se desconoce su derecho
fundamental al debido proceso al estimar que es nulo su título para reclamar dicho
emolumento, más aún porque este es un beneficio laboral adquirido desde su
creación, con lo que la teoría de la pérdida de fuerza ejecutoria carece de asidero.
25. Además, planteó que esta garantía constitucional le fue desconocida en la
medida en que no se tuvo en cuenta que la carga de demandar el acto que
presuntamente había perdido validez ante la revocatoria de los fallos de tutela era
de la entidad demandada, y no podía ahora trasladarse esa obligación para que
tuviera que reprochar la legalidad de otra decisión posterior que fue arbitraria como
la de establecer el reintegro de los dineros.
26. Considera que se atenta también contra el principio de cosa juzgada, buena fe
y de cobro de lo no debido, pues resultaba inadmisible que la entidad accionada
volviera a revivir el mismo asunto con la expedición de la Resolución 719 del 16 de
septiembre de 2010, pero ya no revocando directamente la Resolución 0417 de
2008, como lo había hecho con la Resolución DSAF-0539 del 10 de junio de 2010,
sino esta vez con la creación del título ejecutivo objeto de este litigio, cuando los
montos en cuestión ya no se adeudaban no solo porque la propia autoridad había
revocado esa decisión mediante la Resolución DSAF-0705 del 28 de julio de 2010,
sino porque se trataba de un derecho amparado en la declaratoria de nulidad del
Decreto 4040 de 2004.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
27. El 3 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación,8 y las partes y el
Ministerio Público se abstuvieron de intervenir.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
28. Deberá resolver la Subsección si la sentencia de primera instancia debe ser
revocada, porque los actos demandados están viciados de nulidad conforme a las
razones expuestas en la demanda y en el recurso.
8 Ver índice 23 de SAMAI.
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Cuestión previa
29. Observa la Sala que el tribunal negó las pretensiones al haber centrado el
estudio en los efectos de la revocatoria de la Resolución 0417 del 3 de junio de
2008, mediante la cual la entidad demandada en cumplimiento de un fallo de tutela
había ordenado el reconocimiento y pago de las diferencias por concepto de
bonificación por compensación a favor del accionante.
30. Tanto es así que la decisión en primera instancia se basó en afirmar que, debido
a la revocatoria de la sentencia de tutela por parte de la Corte Constitucional, el
mencionado acto había perdido su sustento jurídico, lo que implicaba que el
demandante también perdió el derecho reclamado. Por esa razón aseguró que la
FGN no tenía la obligación de solicitar su consentimiento expreso para dejar sin
efectos el reconocimiento inicial, más aún porque consideró que el reintegro de
dineros no fue derivado de una revocatoria, sino de una simple solicitud de
devolución.
31. La Subsección considera que dicho análisis presenta una incongruencia
respecto del verdadero motivo de la demanda, los actos administrativos
demandados y los fundamentos de reproche del actor. Al respecto, basta con
precisar que las manifestaciones administrativas demandadas fueron expresamente
la Resolución 719 del 16 de septiembre de 2010, por medio de la cual la Fiscalía
General de la Nación le ordenó reintegrar y pagar el valor de $82.585.324 por
concepto de la bonificación por compensación que le había sido reconocida vía
sentencia de tutela; así como el Oficio DESAF-1921 del 4 de agosto de 2014 y la
Resolución 2-1240 del 10 de octubre de 2014 con las que se confirmó el acto inicial
al resolver los recursos de reposición y apelación respectivamente.
32. De la lectura de dichos actos es claro que la situación jurídica creada al
reclamante fue la siguiente:
«[…] Ordenar a LUIS ENRIQUE VIVEROS SANCHEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía número 12.099.272, para que en el Termino de los cinco (5) días siguientes
a la notificación de este acto administrativo, reintegre OCHENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
($82.585.324.00), valor total cancelado a su favor por la Seccional Villavicencio, por
concepto de diferencia de la Bonificación por Gestión Judicial, en cumplimiento a lo
ordenado en el fallo de tutela del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta del 28
de marzo de 2008, por el lapso comprendido entre el 1 de marzo de 2005 al 30 de
mayo de 2008. […]»
33. Como se advierte, dado que no se trató de una solicitud de reintegro de dinero
derivada de una revocatoria directa, sino de una verdadera orden viable de
ejecución, este concentró su demanda en señalar una supuesta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso al cuestionar esta decisión y no las
anteriores que en su momento revocaron el acto que le había reconocido el pago
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de la bonificación por compensación, frente a lo cual en su demanda solo presenta
los hechos que le sirven de antecedentes, pero sin plantear argumentos en su
contra.
34. De esta forma se concluye que el problema jurídico ajustado a las pretensiones,
las pruebas y la contestación de la demanda, debía ceñirse a verificar si la decisión
de ordenar al actor a devolver montos que le fueron pagados en su momento en
cumplimiento de fallos de tutela y que este asegura que percibió de buena fe, se
ajusta o no a derecho desde el enfoque de la presunta vulneración del debido
proceso.
35. Lo anterior se sustenta en el hecho de que, si bien el recurso de apelación
plantea múltiples argumentos sobre revocatoria del acto y pérdida de fuerza
ejecutoria que son propios de las decisiones que no fueron demandadas en esta
oportunidad, lo cierto es que también formuló una serie de planteamientos acerca
de la posible vulneración de la mencionada garantía superior, por lo que, como la
presunción de legalidad de los actos administrativos también debe ser valorada en
el contexto constitucional en el que se encuentra, necesariamente se requiere tener
en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-197 de
1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el numeral
4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).9
36. En dicha providencia se consideró que la exigencia de indicar con precisión las
normas violadas y el concepto de su violación (o en este caso, de los argumentos
de apelación sobre la nulidad de la manifestación administrativa), se justifica en la
presunción de legalidad del acto y en la inviabilidad que el juez busque
oficiosamente las posibles causas de nulidad, máxime por las dificultades prácticas
que implicaría. Sin embargo, con la referida sentencia se condicionó la
constitucionalidad del precepto en estudio bajo el entendido de que «cuando el juez
administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional
de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en
la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y
el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad
entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de
la Constitución».
37. En similar sentido se ha pronunciado esta Corporación10 al exponer que:
«[…] conviene anotar que el principio de la jurisdicción rogada tiene
fundamento en la presunción de legalidad de los actos administrativos en los
términos indicados por el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, pero debe
precisarse que aquel no puede entenderse como absoluto en esta jurisdicción
9 Que también se ve reflejada en la misma disposición contenida en el CPACA.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-010-S2 del 21 de abril
de 2018, radicado: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.
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y menos aún en materia laboral, especialidad dentro de la cual se conciben
derechos mínimos e irrenunciables, que obligan al juez a dar aplicación a
normas superiores, tal y como sucede cuando se acude a las excepciones de
convencionalidad, inconstitucionalidad, de ilegalidad, como tampoco si se está
en presencia de eventos como el descrito en la sentencia C-197 de 1999, la
cual prevé la obligación del juez contencioso administrativo de atender la
norma constitucional cuando se encuentre frente a derechos fundamentales
de aplicación inmediata o cuando debe decidir de oficio sobre excepciones
previas o de fondo, solo para señalar algunas excepciones que se pueden
presentar al carácter restrictivo del marco impuesto por los argumentos de las
partes. […]».
38. En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control
de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración
de derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos
administrativos acusados, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o
argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente con la demanda, o incluso
con la apelación como sucede en este asunto. Es decir, se puede flexibilizar el
principio de justicia rogada o de competencia del superior con el fin de dar
protección al ordenamiento superior.11
39. Incluso, esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del
Código General del Proceso, en el sentido de precisar que al juez le corresponde
«[…] adoptar las medidas […] para […] interpretar la demanda de manera que
permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de
contradicción y el principio de congruencia. […]».
40. Ahora, en el caso bajo estudio se encuentra que en la sentencia objeto del
recurso de alzada solo se analizó la legalidad del acto demandado bajo la óptica de
la supuesta revocatoria de la resolución que le había reconocido al accionante el
pago de la bonificación por compensación en cumplimiento de un fallo de tutela que
también fue revocado, para lo cual solo se consideró que en virtud de esta decisión
judicial había desaparecido el derecho original del reclamante, lo que hacía válida
la actuación de la administración. Sin embargo, el tribunal no realizó un análisis
sobre la presunta violación del derecho al debido proceso que fue alegado por el
demandante de manera general desde distintos elementos esenciales de dicha
garantía.
41. En efecto, en el acápite del concepto de violación de la demanda, el interesado
manifestó que los actos administrativos reprochados vulneraron el debido proceso,
pues aquel debe ser aplicado a toda clase de actuaciones administrativas y
judiciales, lo cual reiteró en su recurso de apelación, nuevamente de manera
amplia, pero finalmente relacionada con todos los criterios para su protección.
11 Sobre este planteamiento, ver sentencia del 28 de septiembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado 25000234200020140163301 (6503-2022).
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42. Así entonces, considera la Sala que en virtud de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procedimental es dable acudir al deber interpretativo del juez y
desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación
inmediata en la actuación administrativa que produjo los actos administrativos
demandados, más aún cuando inicialmente se podría advertir una falta de
competencia de la entidad para proferir la decisión censurada.
43. Al respecto, pese a que el recurrente no alegó de manera expresa la causal de
nulidad por falta de titularidad de la autoridad para dictar la orden de reintegro, lo
cierto es que al haber hecho alusión al debido proceso, debe entenderse que uno
de los elementos que lo conforman es el postulado de que se debe ser juzgado
ante el juez o tribunal competente, que en el marco del procedimiento administrativo
se traduce en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el
acto, tenga una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se
atienda el procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido
proceso del administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia
constitucional.
44. En conclusión, lo anterior no implica trasgresión de los principios de
congruencia, de competencia del juez superior en segunda instancia, o vulneración
del derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso
ha versado sobre la posibilidad o no de que el demandante tenga la obligación de
restituir las sumas que devengó por concepto de diferencias en la bonificación por
compensación que le habían sido pagadas en cumplimiento de un fallo de tutela
posteriormente revocado, lo cual se ajusta al contexto de anulación propuesto en
la demanda desde la perspectiva del debido proceso y a la obligación del juez de
efectuar este tipo de estudios cuando advierta posibles transgresiones de garantías
constitucionales como la aludida.
Marco normativo y jurisprudencial
La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos
45. Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones,
que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.
46. La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
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47. Las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la competencia, como
presupuesto de validez de los actos administrativos, son aquellas vigentes en el
momento de ser emitida la respectiva manifestación unilateral de voluntad tendiente
a producir efectos jurídicos12.
48. La falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo, debido a que
no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide. Ahora, es
importante tener en consideración que la asignación de competencias a la
Administración Pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse como
el funcional o jerárquico13, el material14, el territorial15 y en algunos casos el
temporal16.
49. El artículo 137 del CPACA (causales aplicables al artículo 138 de la misma
disposición) consagra la falta de este elemento como un vicio invalidante de los
actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta Corporación, es uno
de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado17.
El principio de autotutela administrativa
50. En virtud de dicho principio, se le concede a la Administración una serie de
potestades que le permiten defender directa y unilateralmente los intereses jurídicos
que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se trata pues de una
figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular debido a que
denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades públicas y los
administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu proprio tomen
las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.
51. Sin embargo, esta facultad no es irrestricta, encuentra límites en el interés
general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada
autoridad. Uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es que
las autoridades o los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas
12 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-014 de 1993 precisó que «[…] la valoración del ejercicio
de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las
reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en
que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de
su ejercicio. [...]».
13 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional
de la Administración Pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas.
14 Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a
la autoridad que lo expidió.
15 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en
el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones.
16 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de
tiempo para que la Administración pueda ejercer su poder decisorio.
17 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como
la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso» (Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 15 de junio de 2004. Rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).
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no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen desplegar debe
estar consagrada en una norma habilitante.
52. Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y
209 Superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra
proscrita la admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y
que sea ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del
Estado.
53. De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores
públicos, además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son
también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que
están positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está
permitido por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
54. Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo
público debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda
ejercerse el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así
como desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123
de la misma normativa dispone que «[l]os servidores públicos están al servicio del
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento […]».
55. Por ello, mecanismos de autotutela de la Administración como los recursos
administrativos, la revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de
cobro coactivo de las entidades públicas tienen una consagración legal expresa que
habilita en cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse18.
Resolución del caso concreto
56. Inicialmente se destaca que como los argumentos de la apelación del
demandante se centran en una supuesta vulneración de su derecho al debido
proceso, resulta válido analizar si con la expedición de los actos demandados se
vulneró alguno de sus elementos esenciales. Especialmente se verificará de entrada
el de la competencia como uno de los presupuestos básicos de la referida garantía,
la cual se traduce en la facultad expresa de una autoridad para proferir decisiones
en el marco de sus funciones. Por tal motivo, debe verificarse si la directora
18 Esta Corporación precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le concedan a la Administración,
la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los casos, los actores públicos, en
ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos a través de los cuales definen
una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa obligación. La autotutela
ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a
hacer efectiva una determinada situación jurídica» (Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 15 de marzo de 2018. Rad. 25000-23-25-000-2011-01239-01).
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seccional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación podía
ordenar el reintegro de sumas de dinero reconocidas previamente.
57. Pues bien, la entidad demandada expidió la Resolución 719 del 16 de
septiembre de 2010,19 mediante la cual ordenó al accionante que en el término de
5 días siguientes a la notificación de la decisión reintegrara la suma de $82.585.324
por concepto del valor que le había sido abonado a título de diferencia de la
bonificación de gestión judicial en cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela
proferido por el Tribunal Administrativo del Meta en sentencia del 28 de marzo de
2008. Lo anterior tuvo como sustento el hecho de que este fallo en mención fue
revocado en sede de revisión por parte de la Corte Constitucional en providencia T-
860 del 27 de mayo de 2009.
58. Contra el anterior acto administrativo el interesado interpuso recursos de
reposición y en subsidio apelación que fueron resueltos mediante el Oficio DSAF
1921 del 4 de agosto de 201420 y la Resolución 2-1240 del 10 de octubre de 2014;21
en el sentido de confirmar la decisión primigenia, bajo el entendido de que no se
configuró el fenómeno de cosa juzgada frente a su situación debido a que la
revocatoria del reconocimiento inicial se dio en virtud de un fallo judicial que dejó sin
efectos esa decisión, lo que permitía imponer la referida carga económica a su
cargo.
59. De esa forma, puede concluirse que la entidad accionada, al expedir los actos
administrativos demandados, actuó en procura de sus intereses jurídicos, lo que
impone la necesidad de establecer si gozaba de una competencia normativa que le
permitiera adoptar tales medidas de autotutela.
60. Sobre el particular se encuentra que, según el artículo 32 de la Ley 938 de
200422 (vigente para la época de expedición de la Resolución 719 del 16 de
septiembre de 2010), la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la
entidad demandada tenía a su cargo lo siguiente:
«[…] Artículo 32. Dirección Seccional Administrativa y Financiera. La Dirección
Seccional Administrativa y Financiera tiene las siguientes funciones:
1. Administrar los recursos físicos, informáticos y financieros requeridos por las
distintas dependencias que se encuentren en su ámbito de competencia.
2. Elaborar el plan de compras correspondiente a su ámbito de competencia y velar por
su adecuada ejecución.
3. Coordinar, desarrollar y controlar las actividades relacionadas con la administración
de personal.
19 Folios 29 a 30, C1.
20 Folios 209 a 211, C2.
21 Folios 213 a 223, C2.
22 Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación.
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4. Consolidar y evaluar la información contable, presupuestal y de tesorería, de su
competencia.
5. Responder por la organización operativa y control de las actividades relacionadas
con la administración de los bienes de propiedad o puestos a disposición de la Fiscalía
General.
6. Organizar y controlar las actividades necesarias para garantizar la conservación,
buen uso y oportuno aseguramiento de los bienes que por cualquier motivo estén a
disposición de la entidad.
7. Ordenar la prestación de los servicios, los reconocimientos y los gastos requeridos,
de acuerdo con la delegación que para tal efecto les otorgue el Fiscal General de la
Nación.
8. Coordinar con la Dirección Seccional de Fiscalías y con la Dirección Seccional del
Cuerpo Técnico, las acciones tendientes al desarrollo efectivo de la función de
investigación.
9. Expedir los actos administrativos relacionados con las novedades, movimientos de
personal, situaciones administrativas, nómina y prestaciones sociales, afiliación a las
empresas prestadoras de salud, administradoras de pensiones y de riesgos
profesionales y con el retiro del servicio de los servidores de la respectiva seccional,
preparados por la Oficina Personal.
10. Dirigir y controlar las actividades y procesos relativos a la contratación
administrativa de la entidad del nivel seccional que sean de su competencia.
11. Las demás funciones que sean asignadas por el Fiscal General, o el Director
Nacional Administrativo y Financiero y que guarden relación con la naturaleza de la
dependencia. […]»
61. Visto lo anterior, es claro que la entidad demandada no tiene competencia para
ordenarle al demandante que reintegre los dineros pagados por concepto de
diferencia de la bonificación de gestión judicial ordenada vía tutela, pues como ya
se mencionó, para ejercer cualquier potestad administrativa debe existir habilitación
expresa y es claro según dicha norma que la Dirección Seccional Administrativa y
Financiera de la FGN no tiene como función la de fijar a manera de título ejecutivo
a favor de la propia entidad ningún tipo de rubros derivados de revocatorias de actos
administrativos.
62. Ahora bien, si eventualmente la entidad demandada hubiese fundamentado su
supuesta competencia en las previsiones del artículo 5.º de la Ley 1066 de 2006, la
Sala precisa que las facultades de cobro coactivo enunciadas en esta disposición
solo aplican para «[…] las entidades públicas que de manera permanente tengan a
su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación
de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar
rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos
autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política
[…]».
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63. Por lo mismo, al verificar que la FGN no es una autoridad responsable de cobrar
obligaciones fiscales o parafiscales, y tampoco presta servicios objeto de
facturación, y además, como en todo caso el reconocimiento irregular de haberes
laborales de sus empleados tampoco constituye esta clase de imposiciones
dinerarias objeto de recaudo, se concluye que no le hubiese sido dable acudir a esta
normativa para sustentar la fijación de montos a reintegrar, ya que tampoco tendría
competencia para el efecto.
64. Adicionalmente, es de destacar que el referido marco regulatorio lo que prevé
son unas directrices sobre la jurisdicción coactiva de las entidades públicas para
tramitar el cobro directo de obligaciones preexistentes ejecutables a su favor. Sin
embargo, dicha norma no contempló la posibilidad jurídica de que aquellas puedan
generar motu proprio sus títulos ejecutivos a través de actos administrativos
derivados de actuaciones discrecionales adelantadas de oficio, en las que se
puedan arrogar la calidad de acreedores frente a créditos en cabeza de los
administrados, sin que haya mediado un procedimiento con citación de este para
conminarlo a un pago, y mucho menos cuando no se trata de cargas públicas
económicas de origen legal cuya gestión este en el ámbito de sus funciones.
65. Con base en lo anterior, ante la ausencia de una norma que establezca dicha
competencia, la autoridad administrativa está imposibilitada para actuar, es decir,
las facultades de autotutela declarativa y ejecutiva de la administración dependen,
de la existencia de normas expresas de autorización y de mandato, en
correspondencia con el principio de legalidad.
66. En estos términos, se concluye que la Fiscalía General de la Nación no tiene
competencia para ordenar, por sí misma, el reintegro de los dineros recibidos por el
demandante en cumplimiento de una orden de tutela, así esta haya sido revocada,
razón por la que los actos administrativos demandados se expidieron sin
competencia y en clara extralimitación de funciones.
67. Ahora, si la entidad pretendía una devolución de sumas que canceló solo por
acatar una orden judicial que después fue revocada, debió acudir a los mecanismos
judiciales de los que es titular para efectuar este tipo de reclamación.
68. En igual sentido se pronunció el Consejo de Estado en un asunto con identidad
fáctica al aquí expuesto, en el que se analizó la improcedencia de la orden de
devolución de unos dineros pagados de más por la entidad, sin que hubieran
agotado los mecanismos administrativos o judiciales previstos por el ordenamiento
jurídico, a saber:
“[…] Sin embargo y a pesar de esto, la administración expidió las
Resoluciones 1227 y 1541 de agosto 21 y noviembre 6 de 2002
respectivamente, que sin ser nominadas como revocatoria directa de las
Resoluciones 942 de 22 de mayo de 1998, que ordena el reintegro; 858 de
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diciembre 14 de 1998; 888 de noviembre 30 de 1998, que da cumplimiento
al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenando
los pagos correspondientes tanto al actor como a la Caja de Previsión del
Distrito; 231 de abril 16 de 1999, que reconoce y paga unos intereses; 233
de abril 16 de 1999, que reconoce una diferencia en el subsidio familiar; 622
de septiembre 21 de 1999, que establece el pago de una cuenta; desconocen
la legalidad, la vigencia y firmeza de las mismas, y ordena que se reintegre
al Distrito Capital, unos dineros pagados de más por la entidad,
argumentando que se presentó un error en la liquidación.
Al decretar el reintegro de estos dineros está emitiendo una decisión que solo
podía ser fruto de la revocatoria directa, pues el resultado inmediato y útil de
las citadas resoluciones es dejar sin efecto tácitamente las decisiones
que efectuaron ese pago, lo cual no podía hacerse en virtud del
principio de legalidad de los actos y de la presunción que existe sobre
los mismos, cosa diferente, es que hubiese existido ilicitud en su
expedición o en su trámite, o que el error haya sido inducido por el
interesado, vale decir, que hubiese actuado con temeridad, pero aún en
este evento, la entidad debía garantizar el debido proceso con un
procedimiento sumario, antes de tomar una decisión de esta naturaleza.
[…] El ordenamiento jurídico resguarda la confianza entre las partes y la
administración no tiene otro remedio más que protegerla, no puede destejer
como Penélope, creando situaciones desleales, que van en contravía del
concepto ético del derecho.
“Si bien es cierto la administración está obligada a recuperar los
emolumentos cancelados sin justa causa, como lo afirma la Alcaldía
Mayor de Bogotá en los mismos actos demandados, debe entenderse que
esto no lo habilita para actuar contra legis, sino mediante el uso de los
mecanismos y herramientas legales con los que cuenta; respetando en
todo momento los procedimientos que el legislador ha desarrollado para tal
fin, lo que no significa nada distinto a respetar el debido proceso”. […]”23
(negrillas fuera de texto).
69. En tal sentido, es claro que la administración debe utilizar los mecanismos
judiciales o administrativos establecidos para recobrar o buscar el reintegro de
sumas de dinero que considera indebida o injustamente pagadas, por lo que no es
dable que adelante una actuación propia tendiente a crear una nueva decisión que
preste mérito ejecutivo, como ocurrió en el presente caso.
70. Al margen de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las sumas de dinero
recibidas por el demandante estuvieron amparadas por una orden de tutela que
implicaban su percepción de buena fe, lo que genera una presunción que no fue
desvirtuada por la parte accionada, por lo que en todo caso no estaría en la
obligación de devolver tales montos de conformidad con el artículo 164, numeral 1,
literal c) del CPACA.
23 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 11 de noviembre de 2009. Exp. 1127-07.
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71. Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra
que la actuación de la demandada transgredió el ordenamiento jurídico y comportó
un abuso del derecho al trasladar al administrado cargas que no tiene por qué
asumir, pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no está
expresamente consagrada u otorgada por la Constitución o la ley, su ejercicio se
constituye en una arbitrariedad.
72. Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia apelada con el fin de declarar la
nulidad de los actos reprochados y acceder al restablecimiento, solo en el sentido
de declarar que el accionante no está obligado a realizar la devolución de ningún
valor por concepto de diferencias en el pago de la bonificación por compensación,
porque a lo largo del proceso este no indicó que hubiese realizado dicho reintegro.
73. No obstante, independientemente de la orden dispuesta en esta providencia, la
entidad demandada conserva el derecho a iniciar, si así lo considera, por las vías
legales, las acciones encaminadas a recuperar las sumas que considere se pagaron
sin fundamento legal, para que sea la autoridad judicial correspondiente quien
defina la legalidad de dichos abonos.
De la condena en costas en ambas instancias
74. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
75. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
76. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
77. Bajo este contexto, se condenará en costas de ambas instancias a la parte
demandada, ya que, ante la revocatoria de la sentencia apelada para acceder a las
pretensiones, se entiende que esta resultó vencida en el proceso.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el primero (1.º) de marzo de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se
negaron las pretensiones. En su lugar,
Segundo. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución
719 del 16 de septiembre de 2010, (ii) Oficio DESAF-1921 del 4 de agosto de 2014,
y (iii) Resolución 2-1240 del 10 de octubre de 2014; por medio de los cuales la
Fiscalía General de la Nación le ordenó al actor reintegrar y pagar el valor de
$82.585.324 por concepto de la bonificación por compensación que le había sido
reconocida vía sentencia de tutela, que posteriormente fue revocada por la Corte
Constitucional.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, se declara que el señor Luis
Enrique Viveros Sánchez no adeuda a la Fiscalía General de la Nación ningún
monto derivado de la orden de reintegro contemplada en los actos administrativos
anulados.
Cuarto. Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandada.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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