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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00316-01

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00316-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.– CONFIRMAR la sentencia de fecha 08 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- Sin condena en costas. TERCERO.- En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 39 Número interno: 5531-2023 Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz Demandada: INPEC

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00316-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., seis (06) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 250002342000-2022-00316-01 (5531-2023)1
Demandante : Carlos Andrés Mora Diaz
Demandado : Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento y pago de emolumentos dejados de
percibir.
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
judicial de la parte demandante, contra la sentencia de fecha 08 de junio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca– Sección Segunda-
Subsección F2, que negó las pretensiones de la demanda, las cuales versan sobre
el reconocimiento y pago de emolumentos dejados de percibir.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3

1.1 Pretensiones

El señor Carlos Andrés Mora Díaz, actuando por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar:

1
Expediente digital puede ser consultado en el aplicativo Samai.
2
Sala conformada por los magistrados: Patricia Salamanca Gallo, Beatriz Helena Escobar Rojas y Luis Alfredo Zamora Acosta.
3
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – gestionar documentos- archivo zip-
NroActua 18-carpeta PRIMERA INSTANCIA-carpeta 01.DEMANDA.

2
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

• Se declare la nulidad del acto administrativo fechado el primero (1°) de marzo
de 2019, identificado con radicado número 85106-SUTAH-GOPRE
2019EE0037309, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de los
salarios, vacaciones y demás emolumentos prestacionales reclamados.

A título de restablecimiento del derecho la parte actora solicitó:

Se condene al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– al
reconocimiento y pago a favor de Carlos Andrés Mora Díaz, identificado con cédula
de ciudadanía número 80.055.723, de los siguientes derechos laborales
correspondientes al periodo comprendido entre el 23 de noviembre de 2015 y el 13
de noviembre de 2018:

• Los salarios adeudados durante el referido periodo.
• El auxilio de cesantías correspondiente al mismo lapso.
• La sanción por no consignación oportuna del auxilio de cesantía para los
años 2015, 2016 y 2017, equivalente a un día de salario por cada día de
retraso, a partir del 15 de febrero de 2016, 2017 y 2018, respectivamente,
hasta el pago total, conforme al numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990.
• Los intereses sobre las cesantías, calculados con base en la última
asignación básica mensual.
• La indemnización por el no pago oportuno de los intereses sobre las
cesantías, equivalente a un valor adicional a los intereses causados,
según el numeral 3 del artículo 1 de la Ley 52 de 1975.
• La prima de servicios correspondiente al periodo mencionado.
• Las vacaciones adeudadas durante el mismo lapso.
• Los intereses legales, conforme al artículo 1617 del Código Civil, por la
mora en el pago de las vacaciones.
• Los subsidios, primas de productividad, prima técnica, prima semestral,
prima de antigüedad y demás emolumentos legales y especiales a los que
tiene derecho como empleado público del INPEC, según su última
asignación básica mensual.
• La indexación correspondiente por el no pago efectivo de las acreencias
laborales mencionadas.

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Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

Se solicitó, además, que se condene al INPEC al reconocimiento y pago de los
ajustes a las sumas adeudadas, conforme al artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; al cumplimiento
de la sentencia en los términos del artículo 192 del mismo código; y al pago de las
costas, gastos y agencias en derecho causados en el proceso.

1.2 Hechos

Señaló el apoderado de la parte actora, que el señor Carlos Andrés Mora Díaz fue
vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– el 9 de octubre
de 2000, en el cargo de dragoneante, código 4114, grado 11; y que, mediante
Resolución No. 000026 del 10 de junio de 2013, la Dirección General del INPEC
ordenó su traslado del Establecimiento Carcelario y Penitenciario La Picota, en
Bogotá D.C., al Establecimiento Tierralta, ubicado en el departamento de Córdoba,
decisión que fue confirmada por la Resolución No. 001885 del 3 de julio de 2013.

Relató que, posteriormente, mediante Resolución No. 00930 del 26 de marzo de
2014, la Dirección General del INPEC declaró vacante el cargo que desempeñaba
el demandante por presunto abandono del mismo, retirándolo del servicio como
funcionario del cuerpo de custodia y vigilancia; y que, frente a esta situación, y en
atención al fuero sindical del cual era titular, el actor presentó demanda de
reinstalación, la cual fue asignada al Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá
D.C., dentro del proceso radicado 2013-524, que culminó con sentencia del 20 de
enero de 2015, en la que se declaró ilegal el traslado y se condenó al INPEC a
restituirlo al lugar de trabajo en el que se encontraba antes del aquel.

Se expuso también que, en otro proceso, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Laboral, mediante providencia del 13 de diciembre de 2016, confirmó la sentencia
dictada por el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en la cual se hizo
referencia a la inexistencia de despido por parte del INPEC. De otro lado, informó
que el INPEC inició un proceso especial de levantamiento de fuero sindical, radicado
2015-282, asignado al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá D.C., quien
profirió decisión el 6 de noviembre de 2018, declarando probada la excepción de
prescripción de la acción, lo que dio lugar a la restitución del demandante en el
cargo que venía desempeñando.

Señaló que, como resultado de lo anterior, mediante Resolución No. 3949 del 7 de
noviembre de 2018, el director general del INPEC ordenó el cumplimiento de la

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Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

sentencia dictada el 20 de enero de 2015, por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de
Bogotá D.C. No obstante, afirmó que entre el 23 de noviembre de 2015 y el 13 de
noviembre de 2018 el INPEC incumplió con la restitución del actor al pabellón de
alta seguridad PAS del Establecimiento de Reclusión Especial de Justicia y Paz en
La Picota, lugar donde originalmente se encontraba laborando.

Indicó que, el 17 de enero de 2017, el demandante solicitó por correo electrónico el
cumplimiento de la sentencia, a lo que el INPEC respondió el 9 de febrero de 2017
exigiendo copias de las sentencias de primera y segunda instancia. Agregó que el
31 de agosto de 2018, el actor radicó un derecho de petición solicitando nuevamente
el cumplimiento de la sentencia, informando además sobre la formulación de una
acción penal por presunto delito de fraude a resolución judicial.

Sostuvo que, el 19 de noviembre de 2018, el demandante presentó derecho de
petición ante el INPEC solicitando el pago de los periodos de vacaciones causados
hasta esa fecha, y que el 28 de enero de 2019 radicó una nueva petición solicitando
el pago de los salarios y demás emolumentos prestacionales correspondientes al
periodo comprendido entre el 23 de noviembre de 2015 y el 13 de noviembre de
2018. Afirmó que la entidad no reconoció ni pagó suma alguna por concepto de
salario insoluto, auxilio de cesantía, sanciones por no consignación oportuna del
auxilio de cesantía correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, intereses sobre
cesantía, indemnización por el no pago oportuno de dichos intereses, prima de
servicios, vacaciones, intereses legales por la mora en el pago de estas últimas, ni
indexación de las acreencias laborales.

Agregó que, tampoco se reconoció ni pagó suma alguna por concepto de subsidios,
primas de productividad, prima técnica, prima semestral, antigüedad y demás
emolumentos legales y especiales a los cuales tenía derecho el actor como
empleado público, conforme a su última asignación básica mensual. Finalmente,
precisó que mediante comunicación del 1° de marzo de 2019, registrada con el
radicado número 85106-SUTAH-GOPRE 2019EE0037309, el INPEC respondió la
petición del 28 de enero del mismo año, negando el pago de los salarios, vacaciones
y demás emolumentos prestacionales reclamados.

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Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

1.3 Normas violadas y concepto de violación

El apoderado de la parte actora estructuró su demanda con fundamento en la
Constitución Política, normas legales y reglamentarias vigentes, así como en
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral.

En primer lugar, invocó el artículo 13 superior, al señalar que todas las personas
son iguales ante la ley y deben recibir la misma protección y trato por parte de las
autoridades, sin discriminación de ningún tipo. Asimismo, destacó el artículo 25, en
cuanto garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, con especial
protección del Estado, configurándolo como una obligación social. Con base en el
artículo 93, enfatizó que los tratados y convenios internacionales ratificados por
Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, son de
obligatorio cumplimiento, prevaleciendo sobre la legislación interna. A su vez,
invocó los artículos 121 y 122 para precisar que ninguna autoridad puede ejercer
funciones distintas de las que expresamente le atribuye la Constitución o la ley, y
que no puede existir empleo público sin funciones detalladas en norma legal ni sin
apropiación presupuestal.

En línea con lo anterior, citó el artículo 123, que define a los servidores públicos
como empleados y trabajadores del Estado al servicio de la comunidad, obligados
a ejercer sus funciones conforme a la Constitución, la ley y los reglamentos.
Igualmente, se apoyó en el artículo 209, que establece que la función administrativa
debe estar orientada al interés general y regida por principios como igualdad,
moralidad, eficacia, economía y celeridad, entre otros.

Desde el plano legal, invocó el Decreto 3135 de 1968, artículo 5°, para delimitar la
distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales. A su vez, citó el
Decreto 1045 de 1978, particularmente su artículo 5°, que enumera las prestaciones
sociales reconocidas a los servidores públicos, incluyendo vacaciones, primas,
cesantías, indemnizaciones, pensiones, auxilios y otros beneficios. En ese mismo
sentido, hizo referencia al artículo 3° ibidem, sobre el reconocimiento y pago
exclusivo de prestaciones sociales previamente establecidas por ley, y al artículo
4°, que consagra el carácter mínimo de los derechos y garantías laborales de los
trabajadores oficiales, cuya afectación o desconocimiento no produce efecto jurídico
alguno. Complementó esta línea normativa con el artículo 8 del mismo decreto, que
establece el derecho a quince días hábiles de vacaciones por cada año de servicio,
y el artículo 23, relativo a la prescripción del derecho a disfrutar vacaciones o a su

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Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

compensación, la cual opera a los cuatro años salvo aplazamiento debidamente
motivado.

En cuanto a la exigibilidad y prescripción de derechos laborales, señaló lo dispuesto
por el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, según el cual las acciones
derivadas de las obligaciones laborales prescriben en tres años contados a partir
del momento en que estas se hacen exigibles. Esta disposición fue reiterada en el
artículo 102 del Decreto Nacional 1848 de 1969, que además reconoce que el
simple reclamo escrito debidamente determinado interrumpe la prescripción,
aunque únicamente por un lapso igual.

En relación con el régimen aplicable a cesantías e intereses, invocó el artículo 98
de la Ley 50 de 1990 sobre el régimen especial del auxilio de cesantía, y el artículo
99 del mismo cuerpo normativo, que impone al empleador la obligación de consignar
el valor de la cesantía a más tardar el 15 de febrero del año siguiente, so pena de
incurrir en la sanción de un día de salario por cada día de mora. A su vez, citó la
Ley 52 de 1975, artículo 1°, numerales 1 y 3, que fijan la obligación de pagar
intereses del 12% anual sobre la cesantía, y en caso de no hacerlo oportunamente,
reconocer una indemnización equivalente al valor de los intereses causados.

Finalmente, reforzó su argumento con jurisprudencia de la Honorable Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, destacando la sentencia del 20 de
mayo de 1992, que ordena la aplicación de la corrección monetaria en el pago de
acreencias laborales, así como la providencia de radicado 34393 del 24 de agosto
de 2010, en la cual se precisó que la obligación de consignar cesantías no hace
exigible la prestación sino hasta la terminación del vínculo laboral. En dicha
providencia, la Corte advierte que sancionar al trabajador con la pérdida del derecho
por falta de reclamo previo vulneraría el debido proceso y el derecho al trabajo,
beneficiando injustificadamente al empleador incumplido.

Sin embargo, pese a la abundante referencia normativa y jurisprudencial, se
advierte que el apoderado de la parte actora no desarrolló de manera concreta el
concepto de violación, limitándose únicamente a enunciar o transcribir disposiciones
legales y precedentes jurisprudenciales, sin establecer un vínculo argumentativo
claro entre estos y los cargos formulados contra el acto administrativo acusado. Esta
omisión impide identificar con precisión los fundamentos jurídicos específicos que
sustenten la nulidad pretendida.

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Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

2. Contestación de la demanda4

La apoderada judicial de la entidad demandada en el escrito de contestación se
opuso a las pretensiones de la misma, exponiendo como fundamento que el
Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá condenó al INPEC a restituir al señor
Carlos Andrés Mora Díaz al establecimiento carcelario en el que laboraba antes del
traslado.

No obstante, precisó que dicho traslado, que generó la mencionada decisión judicial,
no llegó a materializarse debido a que el demandante nunca se presentó en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tierralta, al
cual había sido asignado.

Sostuvo que, conforme al Decreto 407 de 1994 que regula el régimen de personal
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el actor estaba obligado a acatar la
orden de traslado dentro de los seis (6) días siguientes a su expedición, sin perjuicio
de gozar de fuero sindical, y que, en su lugar, debió esperar el pronunciamiento
judicial correspondiente dentro de la acción de reinstalación que promovió. Aclaró
que la sentencia que ordenó su reinstalación en ningún momento suspendió las
actividades asignadas al demandante ni los efectos de la orden administrativa de
traslado, por lo cual se configuró una ausencia injustificada del servicio.

Indicó que, ante dicha inasistencia, mediante Resolución N° 00930 del 26 de marzo
de 2014, el INPEC declaró vacante el cargo por abandono del mismo y ordenó su
retiro del servicio. No obstante, aclaró que tal desvinculación no se materializó.
Precisó que el demandante promovió una acción de reintegro contra la entidad, la
cual fue resuelta desfavorablemente mediante sentencia del 15 de junio de 2016,
proferida por el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá, al considerar que no se
acreditó el despido del trabajador aforado como consecuencia de la declaración de
vacancia del cargo.

Manifestó que, los pagos por concepto de salarios y prestaciones sociales
reclamados para el periodo comprendido entre el 23 de noviembre de 2015 y el 13
de noviembre de 2018 no son procedentes, toda vez que durante dicho lapso el
actor no prestó sus servicios ni en el Establecimiento de Tierralta ni en el Complejo
Penitenciario y Carcelario de Bogotá –La Picota–, lo que configura, a juicio de la

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Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMA – gestión en otros despachos – índice 11.

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Demandada: INPEC

entidad, un caso de ausentismo laboral injustificado. En cuanto a la solicitud de
vacaciones presentada por el demandante, argumentó que esta no cumplió con el
trámite ante el área de Talento Humano, además que no era procedente, ya que
dichas vacaciones se reconocen por año causado y el actor no prestó efectivamente
el servicio.

Adicionalmente, sostuvo que, de acuerdo con los registros de nómina, el INPEC
efectuó pagos al demandante por conceptos como sueldo básico, sobresueldo,
auxilio de transporte, prima de riesgo y subsidio de alimentación durante el periodo
de noviembre de 2015 a enero de 2017, conforme lo evidencian los desprendibles
anexos a la contestación.

Alegó como sustento normativo los artículos 1° y 2° del Decreto 1647 de 1967, 1° y
2° del Decreto 1737 de 2009, y el artículo 35 de la Ley 734 de 2002, así como
jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Circular Externa N° 029 del 20 de
noviembre de 2014 expedida por la Contraloría General de la República, indicando
que el descuento por el día no trabajado opera de plano cuando el funcionario no
justifica su ausencia, ya que la obligación salarial solo se consolida frente a la
efectiva prestación del servicio. En este sentido, subrayó que el no pago de salario
por días no laborados no constituye sanción, sino una consecuencia jurídica
inmediata –ipso jure– del incumplimiento del deber funcional.

Concluyó que, el INPEC actuó conforme a la ley en materia de ausentismo y que
procedió a efectuar los descuentos correspondientes por los días no trabajados,
razón por la cual no procede acceder a las pretensiones del actor relativas al
reconocimiento de salarios y prestaciones por servicios no prestados, pues ello
implicaría un enriquecimiento sin causa en perjuicio del erario público.

En cuanto a las excepciones, propuso las siguientes: como primera, la de
temeridad y mala fe, al señalar que el actor formuló pretensiones pese a haber
recibido pagos de salario básico, sobresueldo, auxilio de transporte, prima de riesgo
y subsidio de alimentación entre noviembre de 2015 y enero de 2017 sin prestar
efectivamente el servicio, así como el pago de la prima de instalación en marzo de
2013 sin cumplir el traslado respectivo, suma que tampoco reintegró. Como
segunda excepción, planteó la de cobro de lo no debido, afirmando que los
registros de nómina evidencian el pago de salarios durante el periodo señalado, sin
derecho a una doble percepción. Como tercera excepción, invocó la inexistencia
de pruebas que desvirtúen la presunción de legalidad del acto administrativo

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Demandada: INPEC

acusado e inexistencia de derecho, señalando que el actor no acreditó vicio
alguno en el acto demandado ni logró justificar el pago de prestaciones por servicios
no prestados, lo que nuevamente derivaría en un enriquecimiento injustificado a su
favor.

3. Sentencia de primera instancia5

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 6 de junio de
2023, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el actor no acreditó
que el INPEC hubiera impedido la prestación personal del servicio al demandante.

Señaló que, si bien existía una orden judicial proferida por el Juzgado 18 Laboral
del Circuito de Bogotá el 20 de enero de 2015, en la que se ordenaba su restitución
al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, tras declarar la
nulidad del traslado dispuesto mediante Resolución 000026 del 10 de enero de 2013
y confirmada en Resolución 001885 del 3 de julio de 2013; no se probó que el actor
hubiera adelantado acciones para procurar su reinstalación efectiva, tales como
iniciar un proceso ejecutivo para hacer cumplir la orden o presentarse
voluntariamente al lugar de trabajo.

Adicionalmente, el A- quo consideró que tampoco se acreditó justa causa que
explicara la inactividad del actor en el periodo reclamado. Al no existir prueba que
el actor hubiese tenido voluntad de cumplir con la prestación del servicio, ni
constancia de una orden administrativa de ejecución de la sentencia laboral que
fijara condiciones para su retorno, el Tribunal entendió que la conducta del
demandante constituía inasistencia injustificada. En este contexto, estimó ajustado
a derecho el oficio No. 85106-SUTAH-GOPRE 2019EE0037309 del 1 de marzo de
2019, por medio del cual el INPEC negó el pago de salarios y prestaciones sociales
con fundamento en dicha inasistencia.

En consecuencia, el Tribunal declaró probadas las excepciones de mérito
propuestas por la entidad demandada, particularmente las de inexistencia de
derecho, temeridad, mala fe y cobro de lo no debido. Consideró que no se desvirtuó
la presunción de legalidad del acto administrativo acusado y negó las pretensiones

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Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMA – gestión en otros despachos – índice 44.

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Demandada: INPEC

de la demanda, incluyendo el reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación de cesantías.

4. Recurso de apelación6

El apoderado de la parte demandante, inconforme con la decisión de primera
instancia, interpuso recurso de apelación solicitando su revocatoria total. En su
sustentación, expuso que el fallo del Tribunal incurrió en errores fácticos y jurídicos,
al desconocer pruebas contundentes que acreditaban que el INPEC impidió el
cumplimiento de la orden de reinstalación dispuesta mediante sentencia judicial del
20 de enero de 2015.

Sostuvo que, desde la emisión de dicha sentencia hasta su cumplimiento el 13 de
noviembre de 2018, transcurrieron más de 35 meses sin que el INPEC expidiera
acto administrativo alguno que definiera fecha, sede o funciones para el reintegro
de su poderdante, a pesar de las múltiples solicitudes, derechos de petición y
comunicaciones radicadas con tal fin.

Señaló que, el demandante sí manifestó disposición para laborar y realizó todas las
gestiones jurídicas a su alcance para lograr su reinstalación, incluyendo solicitudes
dirigidas a la Dirección General del INPEC, remisión de copias del fallo, poderes,
constancias de ejecutoria y hasta una denuncia penal por el delito de fraude a
resolución judicial contra el Director General del INPEC por el incumplimiento
persistente de la orden de reintegro. Aseguró que la inactividad del actor no fue
voluntaria, sino consecuencia directa de la renuencia institucional, y que la exigencia
del Tribunal que se presentara espontáneamente con la sentencia desbordaba los
procedimientos internos y desconocía el principio del debido proceso.

Frente a la negativa de pago contenida en el acto acusado, afirmó que, estaba
viciada por dolo, pues se fundó en una causal de inasistencia que no le era
imputable al actor, y que su verdadero propósito fue evadir el cumplimiento de las
obligaciones laborales derivadas del fallo judicial. Argumentó que no se trataba de
ausencia injustificada sino de incumplimiento del empleador.

En cuanto a la falta de pago de cesantías, manifestó que, demostró con extractos
del Fondo Nacional del Ahorro que durante los años 2015 a 2018 las consignaciones
fueron parciales o inexistentes, y que los montos estaban por debajo de lo que

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Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – índice 48.

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Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

correspondía conforme a las tablas salariales del cargo de Dragoneante código
4114 grado 11, lo que debía dar lugar a la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990.

También, refutó el argumento del Tribunal respecto a la improcedencia de las
pretensiones, manifestando que el INPEC limitó sus actuaciones al pago de costas
procesales al abogado, sin reconocer derechos salariales ni prestaciones, y que
nunca expidió acto de obedecimiento que permitiera materializar la orden de
reinstalación.

Finalmente, solicitó que, se revoque la sentencia apelada, se declaren no probadas
las excepciones propuestas por el INPEC y, en su lugar, se acceda a todas las
pretensiones de la demanda, incluida la nulidad del acto administrativo del 1° de
marzo de 2019, el pago de salarios, cesantías, vacaciones, intereses, la sanción
moratoria y las costas del proceso.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Mediante auto del 29 de abril de 20247, este despacho admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin
embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del
periodo para que las partes alegaran de conclusión.

No hubo pronunciamiento del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 18 el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

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Expediente digital – SAMAI – Índice 05.
8
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021
9
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

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Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

La controversia se contrae a determinar si, como lo sostiene la parte demandante,
el señor Carlos Andrés Mora Díaz tiene derecho a que el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC– le reconozca y pague los salarios, prestaciones
sociales y demás emolumentos causados entre el 23 de noviembre de 2015 y el 13
de noviembre de 2018, en razón del incumplimiento de una sentencia judicial que
ordenó su reinstalación; o si, por el contrario, tales pagos resultan improcedentes,
como lo afirma el INPEC, debido a que el actor no prestó sus servicios a la entidad
durante dicho periodo.

Para resolver dicho problema jurídico se analizará: i) Presunción de legalidad de los
actos administrativos, ii) Se analizará el material probatorio allegado y, iii) Se
resolverá el caso en concreto.

2.2.2 Presunción de legalidad de los actos administrativos

Sobre el particular, esta Corporación en sentencia de fecha 21 de marzo de 202410,
indicó:

«La presunción de legalidad es un atributo de los actos administrativos que tiene
reconocimiento doctrinal, jurisprudencial y, especialmente, legal. En este sentido, el
artículo 88 del CPACA prevé:

«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos
se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta
tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida
cautelar».

De todo acto administrativo se presume su validez, la cual solo puede ser puesta en vilo
en atención a una decisión definitiva de autoridad judicial competente. Ni siquiera el
decreto de una medida cautelar como la suspensión provisional del acto administrativo
implica un vicio de validez, pues la medida tan solo supone la suspensión de sus
efectos.

El fundamento constitucional de la presunción de legalidad reside en los artículos 83 y
209 de la Constitución Política de 1991. El primero dispone que, tanto las actuaciones
de los particulares como las de las autoridades públicas, debe ceñirse al principio de
buena fe, que se presume de ambos sujetos. El segundo se refiere a los principios que
rigen la función administrativa y enfatiza en que aquella «[…] está al servicio de los
intereses generales […]».

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha precisado que la teleología de la
presunción de legalidad es garantizar que la Administración pueda responder de forma
inmediata a la satisfacción de las necesidades urgentes de la comunidad, logrando así
la garantía de los intereses públicos o sociales sobre los intereses particulares» -sic-

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección b, sentencia de fecha 21 de marzo de 2024, rad.
76001233300020200015402. CP. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

13
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

En ese mismo sentido, la doctrina ha sostenido que, la presunción de legalidad del
acto administrativo implica que su validez se presume mientras no se demuestre lo
contrario en sede judicial, siendo carga del demandante probar su ilegalidad
mediante argumentos y pruebas suficientes11.

«Corresponde advertir que el artículo 88 del CPACA establece una presunción a favor de la
legalidad de las decisiones de la administración pública o, como lo explica BENAVIDEs
RUSSI (2010) "a favor de la legalidad del acto administrativo" (p. 537); aunque es preferible
afirmar presunción de legalidad a favor del acto administrativo. En efecto, quien considera
que el acto administrativo es ilegal el paso siguiente es demandarlo con la pretensión de
nulidad ante la administración de justicia en aras de lograr desvirtuar la presunción de
legalidad que ampara dicho acto jurídico. Así pues, hay que demandarlo por vía judicial con
la pretensión de nulidad si el destinatario considera que el acto jurídico es ilegal.

Teniendo en cuenta que la nulidad se solicita ante a la Jurisdicción de lo Contencioso
administrativo implica advertir que corresponde al demandante en sede judicial (valga la
redundancia) demostrar el vicio de nulidad del acto administrativo, en aras de desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara dicho acto jurídico. Se tiene entonces que la presunción
de legalidad del que goza el acto administrativo se desvirtúa en sede judicial con base en
una causal de nulidad. Sobre lo anterior, se cita un apartado de una providencia del Consejo
de Estado desde el Auto del 11 de mayo de 2020 (2156548), con ponencia de la consejera
Sandra Lisset Ibarra Vélez: "El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ha sido dispuesto para dar cauce a la pretension de que sea restablecida la situación jurídica
que tenía el sujeto afectado con el acto, pero también presta cauce a la pretensión de
reparación del daño causado con la expedición de un acto administrativo particular ilegal. La
ratio de la complejidad de este medio radica en que, mientras el acto administrativo esté
amparado por la presunción de legalidad, y sea obligatorio en consecuencia para los
afectados, resultará estéril la pretensión de restablecimiento del derecho o de reparación del
daño que se encuentre fundada en la protesta de su ilegalidad. Como corresponde a la
dinámica derivada de toda presunción, su efecto es el traslado de la carga de la prueba, de
modo que, hasta tanto el interesado demuestre la ilegalidad del acto, y abata en
consecuencia la presunción que lo cobija, carecerá de causa su pretensión de condena" (p.
6).

De esta manera, la actividad procesal de desvirtuar tal presunción (se repite: a cargo del
demandante) significa el desarrollo o aplicación del axioma de la carga de la prueba señalado
en el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, del Código General del Proceso. De acuerdo con
esta disposición procesal, incumbe a las partes (demandante y demandado) probar el hecho
(supuesto fáctico) de las normas jurídicas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen. Así lo señala, además, el Consejo de Estado en cita apartir de la Sentencia del
12 de agosto de 2019 (38603), con ponencia de la consejera María Adriana Marín, cuando
explica que: "[E]s claro que conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen, por lo que, en el presente caso, era a la parte demandante a quien le
correspondía la carga de desvirtuar la presunción de legalidad que reviste el acto
administrativo de liquidación unilateral del contrato, y que implica, además, la presunción de
veracidad de su contenido, por lo que en aras de obtener la prosperidad de sus pretensiones,
ha debido aportar las pruebas de que el corte de cuentas realizado por la entidad no
correspondió a la realidad de la ejecución contractual" (p. 9).

Somos partidarios de la advertencia ofrecida por PENAGOS VARGAS (1992) al señalar que
tal presunción es de carácter relativa dado que admite prueba en contrario, por tanto, el
interesado debe cumplir en sede judicial con la carga probatoria para desvirtuar dicha
presunción. De paso, siguiendo a DRoMi citado por PENAGOS VARGAs (1992), la
presunción de legalidad del acto administrativo no debe ser vista como un medio de prueba,
sino que fija una aplicación o efecto de inversión de la carga probatoria a cargo del
demandante. De modo que la carga de la prueba para demostrar la legalidad del acto
administrativo la tiene quien alegue el vicio; es él quien debe desvirtuar con suficientes
pruebas en sede judicial la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo.

11
Carlos F. Forero Hernández (2023), “EL ACTO ADMINISTRATIVO”. Tercera Edición ISBN 978-958-791-811-3 (p. 192, 193 y
194).

14
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

Se tiene entonces que el principio de presunción de legalidad o de constitucionalidad de los
actos administrativos determina como regla que estos se tengan como válidos en tanto no
sean anulados por la administración de justicia (por la Jurisdicción de lo Contencioso
administrativo). Se trata de una presunción iris tantum en la que la prueba en contrario se
encuentra a cargo de quien alega que el acto es ilegal (o ilegítimo, para algunos). Por eso
tiene razón RIASCOS GÓMEZ (2013), a este respecto, cuando concluye que si alguien
quiere probar lo contrario, deberá demandar probando ante la jurisdicción contencioso
administrativo que no existe tal presunción, pues esta es iris tantum" (p. 235).

Se coincide, igualmente, con la explicación dada por BENAVIDES RUSSI (2010) al advertir
que el acto administrativo que debe demostrar la falta o el errado fundamento de la decisión
administrativa demandada, "la irregularidad debe ser trascendente para afectar la decisión"
(p. 535). Por ejemplo, la falta de competencia administrativa para expedir el acto
administrativo hace que vicie de nulidad dicho acto jurídico; dicha anomalía no puede ser
saneada, ni ser estudiada como una simple irregularidad. En este caso, el acto administrativo
debe ser demandado en sede judicial para su nulidad. Adicionalmente, al lado de la carga
de la prueba es conveniente e indispensable aplicar la adecuada carga argumentativa o de
argumentación, pues es un elemento crucial para la búsqueda de la racionalización, es decir,
de la consistencia y coherencia. Debemos aplicar una adecuada carga argumentativa, de
manera juiciosa, pues son pocos los litigantes que la utilizan a sabiendas de que la
argumentación jurídica es una actividad práctica necesaria para aquellos. Se debe tener en
cuenta, desde luego, que el derecho es visto como una institución orientada hacia la
resolución de conflictos por medio de argumentos.

En relación con lo anterior somos partidarios de la reflexión ofrecida por BERNAL PULIDO
(2009) al concluir que "cada ejercicio de la argumentación jurídica en el discurso judicial
arroja un resultado normativo y este resultado normativo condiciona a su vez el desarrollo
de la argumentación jurídica en el discurso frente a casos futuros" (p. 395). Desde luego, es
de reconocer o aceptar que el derecho no es un área de conocimiento exacto por cuanto
está mediado por las vicisitudes y ambigüedades del lenguaje; además el mundo fáctico (de
los hechos) es bastante complejo, dinámico y sujeto a cambios de suyo más complejos que
el derecho.» -sic-

2.2.3. Material probatorio

1. Copia del Acta de Posesión No. 147 del 9 de octubre de 2000, expedida por
la División de Recursos Humanos del INPEC, en la que consta que el señor
Carlos Andrés Mora Díaz tomó posesión del cargo de Dragoneante 5260-11,
para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 3772 del mismo día12.

2. Copia del acta de notificación personal de fecha 30 de abril de 2014,
mediante la cual el Grupo de Asuntos Laborales de la Subdirección de
Talento Humano del INPEC notificó al demandante la Resolución No. 000930
del 26 de marzo de 2014, por medio de la cual se declaró la vacancia de su
cargo y se dispuso su retiro del servicio13.

3. Copia del oficio No. 485103-SUTAH-GALAB-00462, fechado el 15 de enero
de 2015, mediante el cual el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –

12
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – gestionar documentos-archivo zip
11001333500720210039200 REMITE TAC CUANTIA-archivo pdf de nombre 06.Anexos16122021_164824-folio 1.
13
Folio 2 ibidem.

15
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

INPEC– citó al señor Carlos Andrés Mora Díaz para notificarle personalmente
la Resolución No. 003507 del 25 de septiembre de 2014, expedida por la
Dirección General del INPEC, mediante la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución No. 000930 del 26 de marzo de
2014, que declaró vacante el cargo por abandono del mismo14.

4. Copia de correo electrónico del 21 de enero de 2015, enviado desde
karen.rodriguez@inpec.gov.co a andrezmoradiaz@hotmail.com, mediante el
cual se negó el reconocimiento de prestaciones sociales solicitadas,
aduciendo que la decisión de vacancia no se encontraba ejecutoriada por
ausencia de autorización judicial para levantar el fuero sindical. La respuesta
emitida fue la siguiente15:

“Buenos días, de acuerdo a su solicitud me permito informarle, que no es procedente
realizar pago de prestaciones sociales hasta el momento, ya que según la Resolución
No. 003507 del 25 de Septiembre de 2014, notificada personalmente a usted el día 23
de enero de 2015, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No. 000930 del 26 de marzo de 2014, que declara vacante por abandono
el cargo desempeñado por usted y en su Artículo 2. Establece que se remitirá copia a
la Oficina Asesora Jurídica, para que se adelante el respectivo proceso de
levantamiento de Fuero Sindical del Sr. CARLOS ANDRES MORA DIAZ y poder hacer
efectiva la decisión.

Por lo anterior hasta cuando no se obtenga la autorización del Juez Laboral no se
materializa la decisión de vacancia del cargo por Abandono, por lo tanto, hasta que no
se materialice la decisión conferida en la resolución No. 000930 del 26 marzo de 2014
y la No. 003507 del 25 Septiembre de 2014, no se puede reconocer la Liquidación de
Prestaciones Sociales.” -sic-

5. Copia del acta de audiencia de fecha 20 de enero de 2015, mediante la cual
el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá declaró ilegal el traslado del
demandante, ordenó su restitución al lugar de trabajo, y resolvió otras
pretensiones y excepciones procesales. Lo resuelto fue lo siguiente16:

“PRIMERO. - DECLARAR que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO INPEC, traslado ilegalmente de su sitio de trabajo al señor CARLOS
ANDRES MORA DIAZ. desconociendo la calidad de aforado que ostenta.

SEGUNDO. - CONDENAR a la demandada INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Y CARCELARIO INPEC a RESTITUIR al demandante señor CARLOS ANDRES MORA
DIAZ, al lugar de trabajo en el que se encontraba, es decir, al denominado PENAL,
Pabellón de Alta Seguridad PAS, Establecimiento de Reclusión Especial ERE,
Establecimiento de Reclusión Especial Justicia y Paz de Bogotá Cárcel Nacional La
Picota, de conformidad con la parle motiva.

TERCERO. - ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones formuladas en
su contra por las demandantes, de conformidad a las motivaciones precedentemente
expuestas.

14
Folio 3 ibidem.
15
Folio 4 ibidem
16
Folios 5,6,7 ibidem.

16
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

CUARTO. - DECLARAR no probada la excepción de prescripción, relevándose del
estudia) de los demás medios exceptivos propuestos por la demandada.

QUINTO. - CONDENAR EN COSTAS a la parte vencida parte demandada,
señalándose como agencias en derecho la suma de $1.000.000 a favor del
demandante.

SEXTO. - Contra la presente providencia sólo procede el recurso de apelación, en caso
de que la misma no sea apelada remítase al H. Tribunal en Grado jurisdiccional del
Consulta.” -sic-

6. Copia de la sentencia del 13 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Cuarta de Decisión Laboral, mediante la cual se
confirmó la decisión del 15 de junio de 2016, emitida por el Juzgado Veintitrés
Laboral del Circuito de Bogotá, en la que se absolvió al INPEC de las
pretensiones de la demanda, en fallo, el Tribunal Superior dispuso lo
siguiente17:

“De lo anterior se advierte, que conforme lo indicó el juez de instancia que para el caso
particular no se acreditar el hecho del despido del trabajador aforado con ocasión a la
declaratoria de vacancia por abandono del cargo dispuesta mediante acto
administrativo por la entidad accionada y que contrario a lo afirmado en el hecho quinto
de la demanda el vínculo laboral se encuentra vigente, sin que la entidad hubiese hecho
efectivas las consecuencias de la determinación tomada en la Resolución No. 00930
del 26 de marzo de 2014, confirmada mediante Resolución No. 003607 del 25 de
septiembre de 2014, notificada personalmente al actor el 23 de enero de 2015,
encontrándose en trámite la acción de levantamiento del fuero sindical ante el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, previo al retiro del trabajador aforado.

En punto al pago de los salarios reclamados desde la declaratoria de vacancia

definitiva por abandono del cargo que, si bien se indicaba por la parte demandada que
al cabo del mismo, sólo se le habla efectuado el pago de salud y pensión ante la no
presentación al cumplimiento de sus labores, huelga precisar tal situación no se
encuentra demostrada de forma inequívoca en el plenario, al acreditarse el hecho del
despido encontrarse activo el demandante como vinculado a la planta de personal de
la entidad, máxime cuando como lo fue reconocido por las partes y se observa a folios
37 a 30, mediante sentencia del 15 de enero de 2015 proferida por el Juzgado
Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, se declaró ilegal el traslado del sitio de trabajo
por desconocimiento de su calidad de aforado, condenándose al INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, a restituirlo al lugar de trabajo
en el que se encontraba en Pabellón de Alta Seguridad PSAS del Establecimiento de
Reclusión Especial ERE de Justicia y Paz de Bogotá en la cárcel la Picota.” -sic-

7. Copia del oficio de fecha 17 de enero de 2017, por medio del cual el
demandante realizó la solicitud de reintegro a las funciones de Dragoneante
Código 4114 Grado 11 de la planta global del INPEC, de conformidad con lo
ordenado en la sentencia del trece (13) de diciembre de 2016, proferida por

17
Folios 8 a 19 ibidem.

17
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Cuarta de Decisión Laboral, dentro del
radicado # 23-2015-00229-0118.

8. Copia del correo electrónico del 9 de febrero de 2017 en el que un funcionario
del INPEC respondió al accionante, indicando que no se contaba con las
copias de los fallos judiciales, y que estas debían ser allegadas para proceder
al cumplimiento19:
“De manera atenta y teniendo en cuenta su solicitud de dar cumplimiento a lo dispuesto
por la autoridad judicial, escrito del 17 de enero de 2017, me permito informarle que una
vez revisada la correspondencia allegada a este Grupo no se cuenta con copia de los
fallos se primera y segunda instancia dentro del proceso con radicado No. 23-2015-
CC229-01, por lo que para poder dar cumplimiento a su requerimiento se necesita que
aserie las copias correspondientes.” -sic-

9. Copia del oficio del 10 de abril de 2017, sin constancia de radicación, dirigido
al Brigadier General Jorge Luis Ramírez Arango, en el que el demandante
solicita el cumplimiento de los fallos judiciales y manifiesta que no se puede
condicionar su ejecución a la entrega de copias que el INPEC ya posee como
parte del proceso. En dicha solicitud se expresó lo siguiente20:

“Señor director. El instituto ordenó mi traslado del establecimiento Penitenciario la
Picota al Establecimiento de Tierra Alta, con ello se violaron mis derechos como
trabajador y como directivo sindical, materializando el traslado sin haber realizado
ninguna consideración en torno al fuero que me amparaba, disponiendo de mi
presentación inmediata al establecimiento de Tierra Alta. Olvidando que como
trabajador sindicalizado del INPEC, tengo la protección del fuero sindical, lo que obliga
al INPEC a proteger este derecho de especial protección.

Ante el desconocimiento de mis derechos acudí a la jurisdicción laboral, donde luego
de un largo proceso tribunal superior de Bogotá - sala cuarta de Decisión Laboral,
dentro del radicado # 23-2015-00229-1, en sentencia del 13 de diciembre de 2016,
encontró probada la violación a mis derechos laborales y sindicales y ordenó al INPEC
a restituirme al lugar de trabajo, al picota pabellón de alta seguridad.

Teniendo a mi favor la decisión del tribunal Superior de Bogotá, presente desde el
19/01/2017, Derecho de Petición solicitando de restitución al lugar donde fui trasladado
violatoriamente, pero a pesar de esta petición y de tener a mi favor la decisión del
Tribunal a la fecha no se ha cumplido la decisión de restituirme a la picota, al cumplir
una orden emitida dentro de un fallo judicial, se vulnera directamente los derechos
constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
persona a la cual resultó favorable a la providencia.

En incumplimiento de las providencias judiciales constituye una vulneración a los
derechos constitucionales de quien se ve beneficiado con la decisión, especialmente al
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia que no se limita a
garantizar el accesos a los mecanismos judiciales preestablecidos si no que, contempla
que las decisiones tomadas dentro de estas efectivamente impartidas y cumplidas
(sentencia T-216/13).

Me fue informado por parte del INPEC, que hasta que no presentara copia del fallo de
primera y segunda instancia donde se me reconocieron los derechos conculcados no
se. ordenaría mi restitución a mi lugar de trabajo, lo cual es prohibido (numeral 3 del

18
Folio 21 ibidem
19
Folio 22 y 23 ibidem.
20
Folio 24 y 25 ibidem.

18
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

artículo 9% de la ley 1437/2011). Exigencia resulta incomprensible porque el INPEC
actuó como parte dentro del proceso, tanto en primera instancia como en la segunda.
El INPEC dispuso de un abogado de la dirección general que lo representará, por lo
que el abogado, como el INPEC conoció de las decisiones, al punto de apelar la
decisión de primera (numeral 2 del artículo 52 y 117 del Decreto - ley 2158 de 1948,
modificada por la ley 72 de 2011) por esa razón ustedes tienen copias de los fallos
tanto de primera como de segunda porque fueron parte del proceso.

Se impone el cumplimiento de unos requisitos que no tiene razón, buscando dilatar el
cumplimiento de la sentencia del tribunal Superior de Bogotá, con llevando al
incumplimiento de una providencia de judicial (Articulo 454 del código Penal), así las
cosas solicito no se me sigan imponiendo condiciones dilatorias y se dé cumplimiento
a la providencia de la sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.”
-sic-

10. Copia del oficio de fecha 31 de agosto de 2018, con sello de radicación
ilegible en el que el demandante solicitó su reintegro con fundamento en los
fallos de primera y segunda instancia que ordenaron al INPEC restituirlo a su
cargo21.

11. Copia de denuncia de fecha 25 de mayo de 2018, interpuesta por el
demandante en contra de JORGE LUIS RAMÍREZ ARANGO por el delito de
fraude a resolución judicial, al considerar que el INPEC incumplió -pese a
haber sido parte del proceso y estar notificado del fallo- una sentencia que
ordenaba su restitución a “La Picota” tras un traslado ilegal.22

12. Copia del acta de audiencia de trámite celebrada dentro del proceso con
radicado No. 110013105003-2015-00282-00, en la que se declaró probada
la excepción de prescripción propuesta por el INPEC.23.

13. Copia de la Resolución No. 3949 del 7 de noviembre de 2018 (y su acta de

notificación), por la cual el INPEC dio cumplimiento a la sentencia del 20 de
enero de 2015, ordenando la restitución del actor a su cargo en el Complejo
Penitenciario de Bogotá. En dicho acto administrativo se dispuso lo
siguiente24:
“ARTÍCULO 1°: Cumplir la sentencia de fecha 20 de enero de 2015, emanada del
Juzgado Dieciocho (18) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso especial de
fuero sindical radicado con el número 11001310501820130052400, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO 2°: Restituir al señor CARLOS ANDRES MORA DIAZ, identificado con
cédula No. 80.055.723, titular del cargo de Dragoneante, Código 4114, Grado 11; en el
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, establecimiento al cual
se encontraba adscrito previo a la expedición de la Resolución No. 000026 del 10 de
enero de 2013.

21
Folios 27,28 y 29 ibidem.
22
Folios 30 y 31 ibidem.
23
Folios 32 a 34 ibidem.
24
Folios 35, 36 y 37 ibidem.

19
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

ARTÍCULO 3°: Comunicar la presente resolución al señor CARLOS ANDRES MORA
DIAZ, a su cuenta de correo electrónico andrezmoradiaz@hotmail.com, conforme a lo
preceptuado
en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 4°: Remitir copia del presente acto administrativo al Juzgado Dieciocha (18)
Laboral del Circuito de Bogotá, para que obre como prueba del cumplimiento a la
sentencia emitida en el expediente No. 11001310501820130052400.

Artículo 5: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en sede
administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.” -
sic-

14. Copia de la petición del 19 de noviembre de 2018, con sello ilegible, mediante
la cual el señor Mora Díaz solicitó el reconocimiento de sus vacaciones
acumuladas, invocando el artículo 42 del Decreto 407 de 1994, en dicha
petición se señala25:

“Yo CARLOS ANDRÉS MORA DÍAZ, del mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadanía N° 80.055.723, expedida en Bogotá, dragoneante del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC, código 4114 Grado 11, amparado en el artículo 23
de la Constitución Política y en la ley 1755 de 2015 y de conformidad con lo establecido
en el artículo 42 del decreto 407 de 1994, solicito a usted decretar y reconocer el pago
de los períodos vacacionales causados los últimos tres años, que a la fecha no he
disfrutado.

Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria tendrán derecho a
treinta (30) días calendario por cada año de servicio por expresa disposición legal
contenida en el artículo 42 del decreto 407 de 1994, por lo que solicito reconocerlos a
partir del mes de diciembre de 2018.” -Énfasis de la Sala-

15. Copia del oficio 85106-SUTAH-GOPRE de fecha 07 de diciembre de 2018,
por medio de la cual el INPEC, le da respuesta a la anterior petición -del 7 de
diciembre de 2018- en dicha respuesta se indica lo siguiente26:

“En cuanto a su solicitud, de manera atenta me permito informarle que de acuerdo a la
normatividad y a las directrices y lineamientos impartidos por la Dirección General,
dicha solicitud deberá realizarla ante el establecimiento donde usted labora, para su
inclusión en el plan vacacional 2018 y 2019, y se envíe la novedad a la Dirección
Regional, para su respectivo trámite.” (sic)

16. Copia del oficio 85106-SUTAH-GOPRE de fecha 01 de marzo de 2019, por
medio del cual dio respuesta a la solicitud de pagos de salarios y vacaciones
realizada por el demandante, allí indicó el INPEC27:

“De manera atenta me permito dar respuesta al oficio del asunto dentro del cual solicita
—amparado en el artículo 23 de la Constitución Política y en la Ley 1755 de 2015 y de
conformidad con lo establecido en los artículos 42 del decreto 407 de 1994—, solicita
a usted decretar y reconocer el pago de los salarios dejados de percibir y demás
emolumentos prestacionales a los que tengo derecho de conformidad con el decreto

25
Folio 38 ibidem.
26
Folio 38 ibidem.
27
Folio 42 a 46 ibidem.

20
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Demandada: INPEC

precitado, tomando en cuenta los períodos vacacionales causados los últimos años,
que a la fecha no se me han cancelado.

Para dar respuesta a lo solicitado es necesario analizar las normas, jurisprudencia,
disposiciones de los organismos de control y del Departamento Administrativo de la
Función Pública frente al tema, como sigue a continuación:

Ahora bien, por regla general la remuneración de los servidores públicos debe
corresponder a los servicios efectivamente prestados, así lo ha destacado
categóricamente distintas normas, la Jurisprudencia y los organismos de Control.

Es pertinente citar lo previsto en el Decreto 1647 de 1967

Artículo 1°. Los pagos por sueldos o cualquier otra forma de remuneración a los
empleados públicos y a los trabajadores oficiales del orden nacional, departamental,
intendencial, comisarial, distrital, municipal y de las empresas y establecimientos
oficiales se harán por servicios rendidos, los cuales deben comprobarse debidamente
ante los funcionarios de la Contraloría General de la República y las demás
Contralorías a quienes corresponde la vigilancia fiscal. (Ver artículo 2 Decreto 1706 de
1994)

Artículo 2°. Los funcionarios que deban certificar los servicios rendidos por los
empleados públicos y trabajadores oficiales de que trata el artículo anterior, estarán
obligados a ordenar el descuento de todo día no trabajado sin la correspondiente
justificación legal.” -sic-

17. Copia de la Resolución No. 000026 del 10 de enero de 2013, mediante la
cual se ordenó el traslado del demandante al EPMSC de Tierralta, Córdoba28.

18. Copia de la orden de pago presupuestal del año 2013, por la suma de
$1.567.642 COP, por concepto de prima de instalación a favor del
demandante. Dicho pago fue realizado por el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario – INPEC, a través de su unidad de Gestión General, y se efectuó
mediante abono en cuenta bancaria29.

19. Copia de la Resolución No. 001885 del 03 de julio de 2013, que confirmó el
traslado del demandante por necesidades del servicio al EPMSC de
Tierralta30.

20. Copia del oficio 324-EPMSCTALT-SUB-0465 de fecha 31 de octubre de
2013, con sello de radicación del 07 de noviembre de 2013, emitido por la
directora encargada del establecimiento penitenciario de Tierralta, mediante
el cual le informa al director regional Norte del INPEC sobre el ausentismo
laboral del dragoneante Carlos Andrés Mora Díaz, identificado con cédula
No. 80.055.723. Allí se indica que el funcionario no se ha presentado a
laborar en el establecimiento en varias fechas específicas (del 16 al 24 de

28
Folios 1 a 7 de la contestación de la demanda visible en el índice 11 de Samai-Gestión en otros despachos.
29
Folios 8 y 9 ibidem.
30
Folios 10 a 23 ibidem.

21
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Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

septiembre, del 6 al 10 de octubre, y desde el 16 de octubre hasta la fecha
del oficio), sin que haya presentado justificación alguna ni incapacidad
médica31.

21. Copia del oficio 324-EPMSCTALT-SUB-0465 de fecha 12 de noviembre de
2013, sin sello de radicación, emitido por la directora encargada del
establecimiento penitenciario de Tierralta, mediante el cual le informa al
director regional Norte del INPEC sobre el ausentismo laboral del
dragoneante Carlos Andrés Mora Díaz, identificado con cédula No.
80.055.723. Allí se indica que el funcionario no se ha presentado a laborar
en el establecimiento en varias fechas específicas (del 16 al 24 de
septiembre, del 6 al 10 de octubre, y desde el 16 de octubre hasta la fecha
del oficio), sin que haya presentado justificación alguna ni incapacidad
médica32.

22. Copia del oficio 324-EPMSCTALT-SUB-0504 de fecha 21 de noviembre de
2013, radicado el 22 de noviembre de 2013, emitido por la directora
encargada del establecimiento penitenciario de Tierralta, donde se informa:
“De manera atenta me permito comunicarle que el señor dragoneante MORA
DIAZ CARLOS ANDRES identificado con la C.C. No 80.055.723. no se ha
presentado a laborar en este establecimiento. De acuerdo a los informes
enviados a su despacho el último informe enviado correspondía hasta el día
12/11/2013 pero a la fecha no ha presentado, no ha enviado incapacidad
médica, ni se ha recibido comunicación alguna justificando su ausentismo
laboral33.

23. Copia del oficio 324-EPMSCTALT-DIR-0519 de fecha 29 de noviembre de
2013, sin fecha de radicación, emitido por la directora encargada del
establecimiento penitenciario de Tierralta, en el cual se informa al subdirector
de Talento Humano del INPEC sobre el ausentismo laboral del dragoneante
Carlos Andrés Mora Díaz, identificado con cédula 80.055.723. Se detalla un
seguimiento de permisos sindicales e incapacidades médicas remitidas
electrónicamente entre agosto y octubre de 2013, algunas aún pendientes
de legalizar o sin autorización formal del INPEC. Se resalta que el funcionario

31
Folios 24 y 25 ibidem.
32
Folios 26 ibidem.
33
Folios 27 ibidem.

22
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

no se ha presentado a laborar desde el 16 de agosto de 2013 y no ha
justificado su ausencia entre los días 16 al 24 de septiembre, 6 al 10 de
octubre y desde el 16 de octubre en adelante, ni ha enviado
documentación válida o contactado al establecimiento. Se solicita remitir los
soportes de las incapacidades médicas concedidas por la EPS Compensar.
El memorando se emite para conocimiento y acciones pertinentes.34

24. Copia del oficio 324-EPMSCTALT-DIR-0519 de fecha 29 de noviembre de
2013, sin fecha de radicación, emitido por el subdirector de Talento Humano
del INPEC, Edwin Arturo Ruíz Moreno, por medio del cual solicita al
Coordinador del Grupo de Nómina, ingeniero Raúl Panche Piracoca,
suspender el pago de nómina a los dragoneantes Jesús Antonio Roa Vargas
y Carlos Andrés Mora Díaz, en aplicación del Decreto 1737 de 2009 y la
Circular 006 de 2012, debido a ausentismo laboral injustificado.

Respecto a Carlos Andrés Mora Díaz, se informa que, según oficio del
Establecimiento Penitenciario de Tierralta (N.º 0504 del 21 de noviembre de
2013), no se presenta a laborar desde el 16 de octubre de 2013 y continúa
ausente según confirmación telefónica. La suspensión del pago deberá
mantenerse mientras se adelantan las actuaciones administrativas por
posible abandono del cargo35.

25. Copia del oficio 85103-SUTAH-GALAB-026334 de fecha 5 de diciembre de
2013, con sello de radicación del 17 de diciembre de 2013, con la
correspondiente citación a notificación por medio del cual la Subdirección de
Talento Humano del INPEC comunica a la directora (e) del EPMSC de
Tierralta que se ha iniciado actuación administrativa por presunto
abandono del cargo contra el dragoneante Carlos Andrés Mora Díaz,
identificado con cédula 80.055.723, debido a ausencias injustificadas en
los periodos del 16 al 24 de septiembre, del 6 al 10 de octubre, y desde el
16 de octubre de 2013 en adelante.

En dicho oficio se solicita notificar personalmente al funcionario del inicio del
proceso mediante el oficio 85103-SUTAH-GALAB-026333, otorgándole un

34
Folios 28 y 29 ibidem.
35
Folio 30 ibidem.

23
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

plazo de 10 días hábiles para aportar pruebas que justifiquen su inasistencia.
Asimismo, se pide verificar si existen incapacidades, licencias o permisos en
el establecimiento o en la hoja de vida que puedan justificar las ausencias,
dejando constancia de ello36.

26. Copia de la Resolución No. 003507 del 25 de septiembre de 2014, por medio
de la cual se resolvió un recurso de reposición contra la resolución No.
000930 del 26 de marzo de 2014, por la cual se declara vacante por
abandono el cargo desempeñado por el señor CARLOS ANDRÉS MORA
DÍAZ, en dicho acto administrativo se resolvió no reponer la decidió no
reponer la mencionada resolución37.

27. Copia de la Resolución No. 03150 del 26 de agosto de 2015, por medio de la
cual se hizo efectiva la sanción de SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL
CARGO POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES, impuesta al demandante38.

28. Copia de la Resolución No. 004483 del 23 de noviembre de 2017, por medio
de la cual se hizo efectiva una sanción de suspensión e inhabilidad por el
término de 3 meses en contra del demandante39.

29. Copia del oficio 324-EPMSCTALT -SUB-019 de fecha 17 de febrero de 2017,
por medio del cual, la subdirectora de talento humano del INPEC, indica lo
siguiente40:

“En respuesta a la solicitud telefónica recibida con fecha 01 de febrero de los
corrientes. me permito enviar la Certificación del señor MORA DÍAZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. No. 80.055.723; quien fue trasladado a este
Establecimiento mediante Resolución N° 00185 del 03 de julio del 2013 y oficio
de presentación N° 113-COMEDBOG-TH del 02 de agosto; donde la persona en
mención no dio cumplimiento a la Resolución, razón por la cual no se presentó
a su función laboral de manera formal.

Se adjuntan certificaciones expedidas con anterioridad, de fecha 25 de julio de
2014 y 23 de agosto de 2016 por el Gerente Público del Establecimiento.”

30. Copia de la certificación de fecha 1 de febrero de 2017, por medio de la cual
el Inspector Wilches Bayona Manuel Yecid, de la EPC de Tierralta indicó41:

36
Folios 31 y 32 ibidem.
37
Folios 52 a 55 ibidem.
38
Folios 56 y 57 ibidem.
39
Folios 58 a 63 ibidem.
40
Folio 65 ibidem.
41
Folio 66 ibidem.

24
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

“Que revisada la hoja de vida del señor(a) MORA DÍAZ CARLOS ANDRÉS,
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 80.055.723, fue trasladado a este
Establecimiento mediante Resolución N° 00185 del 3 de julio del 2013 y oficio de
presentación N° 113- COMED-BOG-TH del 2 de agosto de agosto, para el día
16 de agosto de la misma anualidad; sin embargo el señor MORA DÍAZ, no dio
cumplimiento a la Resolución y no hizo su presentación.

Se desconoce las razones y motivos por los cuales no se presentó a laborar en
este establecimiento.

Se expide la presente en la ciudad de Tierralta, al primer (01) día del mes de
Febrero (02) de 2017, a solicitud de la Oficina de Asuntos Laborales de la
Subdirección de Talento Humano, Dirección General”

31. Copia de la certificación sin fecha, suscrita por la directora de EPMS de
Tierraallta Córdoba, certificó que42:

“El señor Dragoneante MORA DIAZ CARLOS ANDRES identificado con cédula
de ciudadanía No. 80.055.723, Código 4114 grado 11, fue trasladado a este
establecimiento mediante Resolución No 00185 del 3 de julio de 2013 y con oficio
de presentación 113-COMED-BOG-TH del 02 de agosto de 2013 para el día 16
de agosto de la misma anualidad, sin embargo el señor MORA DIAZ, no dio
cumplimiento a la Resolución y no hizo su presentación. A la fecha
desconocemos las razones y motivos por los cuales no se ha presentado a
laborar en este establecimiento.”

32. Copia del oficio 324-EРСTALT-SUBTALH-262 de fecha 12 de mayo de 2017,
por medio del cual el gerente público del INPEC, donde indica lo siguiente
frente al ausentismo laboral del dragoneante Carlos Mora Diaz43:

“En atención a su solicitud 8210-SUCUC recibida mediante correo electrónico y
teniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones se ha suministrado información,
nuevamente me permito dar respuesta a la indagación requerida
correspondiente al señor MORA DIAZ CARLOS ANDRÉS, identificado con
C.C.80.055.723 de Bogotá, quien fue trasladado a este Establecimiento
mediante Resolución No. 00185 del 03 de julio del 2013 y oficio de presentación
No. 113-COMEDBOG-TH del 02 de agosto; donde la persona en mención NO
dio cumplimiento a la Resolución, y nunca hizo su presentación.

Se adjuntan certificaciones expedidas con anterioridad, de fecha 25 de julio de
2014, 23 de agosto de 2016 y 01 de febrero del 2017, por el Gerente Público del
Establecimiento y demás soportes frente a este caso.”-sic-

33. Copia del oficio 85103-SUTAH-GALAB con fecha de radicación del 21 de
noviembre de 2013 en el cual se informa sobre la situación laboral del
dragoneante Carlos Andrés Mora Díaz, funcionario del INPEC, señalando

42
Folio 67 ibidem.
43
Folio 68 ibidem.

25
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

que fue trasladado en enero de 2013 al Establecimiento de Tierralta
(Córdoba). No obstante, se indica que desde septiembre de ese mismo año
dejó de presentarse a laborar sin justificación. Por esta razón, se inició un
proceso administrativo por presunto abandono del cargo, el cual culminó con
la declaratoria de vacancia y retiro del servicio mediante Resolución No.
000930 de 201444.

Se agregó que el funcionario recurrió la decisión y alegó su condición de
aforado sindical y, en ese sentido, se promovió entonces una solicitud de
levantamiento de fuero ante la jurisdicción laboral, pero el Juzgado 18
Laboral del Circuito de Bogotá, en fallo del 20 de enero de 2015, ordenó su
restitución al lugar de trabajo. Pese a esto, el INPEC no cumplió
inmediatamente con la sentencia.

Se precisó que el funcionario presentó varias acciones judiciales, incluidas
acciones de tutela y recursos judiciales, sin lograr inicialmente su reintegro.
Y que, finalmente, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá declaró
prescrita la solicitud de levantamiento del fuero sindical en noviembre de
2018, lo que motivó al INPEC a expedir la Resolución No. 003949 de 2018,
ordenando la restitución de Mora Díaz al Complejo Carcelario de Bogotá, en
cumplimiento del fallo de 2015.

34. Copia del certificado de fecha 21 de noviembre de 2018, expedido por la
coordinadora del grupo de nómina del INPEC, se indicaron los pagos que
recibió el señor Carlos Andrés Mora Díaz durante el periodo de tiempo
comprendido entre enero de 2013 y noviembre de 2018, allí se detalla o
siguiente45:

[…] “LA COORDINADORA DEL GRUPO DE NÓMINA

CERTIFICA

Que al señor MORA DÍAZ CARLOS ANDRÉS identificado con cédula de
ciudadanía No. 80055723, vinculado con el INPEC desde el 09 de octubre
de 2000, desempeñando el cargo de Dragoneante, código 4114, grado 11
en carrera administrativa, se le efectuaron los siguientes pagos durante el
periodo enero 2013 a noviembre 2018:

44
Folios 69 a 72 ibidem.
45
Folios 73 a 80 ibidem.

26
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

VALOR
MES/AÑO OBSERVACIONES
PAGADO
Enero $3.547.361 Vacaciones 01/01/2013 - 30/01/2013 pagadas con
la nómina de diciembre 2012
Febrero $1.131.497 Licencia No Remunerada 11 días Resolución 6645
2013 17/12/2012
Marzo $0 Licencia No Remunerada 30 días Resolución 6645
2013 17/12/2012
Abril 2013 $1.071.946 Licencia No Remunerada 12 días Resolución 6645
17/12/2012
Mayo 2013 $1.786.576 -
Junio 2013 $2.762.281 Incluye la prima de servicios $655.781
Julio 2013 $1.845.610 -
Agosto $1.845.610 -
2013
Septiembre $1.845.610 -
2013
Octubre $1.845.610 -
2013
Noviembre $1.845.610 -
2013
Diciembre $1.604.628 Se incluyó un ausentismo laboral por (ilegible)
2013
Enero $153.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.170.442,
2014 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Febrero $115.400 Se incluyó un ausentismo laboral por $1.731.710,
2014 e pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Marzo $118.800 Se incluyo un ausentismo laboral por $1.780.500,
2014 el pago realzado corresponde a la seguridad
social.
Abril 2014 $118.800 Se incluyo un ausentismo laboral por $1.780.500,
el pago realzado corresponde a la seguridad
social.
Mayo 2014 $118.800 Se incluyo un ausentismo laboral por $1.780.500,
el pago realzado corresponde a la seguridad
social.
Junio 2014 $118.800 Se incluyo un ausentismo laboral por $1.780.500,
el pago realzado corresponde a la seguridad
social.
Julio 2014 $118.800 Se incluyo un ausentismo laboral por $1.780.500,
el pago realzado corresponde a la seguridad
social.
Agosto $118.800 Se incluyo un ausentismo laboral por $1.780.500,
2014 el pago realzado corresponde a la seguridad
social.
Septiembre $118.800 Se incluyo un ausentismo laboral por $1.780.500,
2014 el pago realzado corresponde a la seguridad
social.
Octubre $118.800 Se incluyo un ausentismo laboral por $1.780.500,
2014 el pago realzado corresponde a la seguridad
social.
Noviembre $118.800 Se incluyo un ausentismo laboral por $1.780.500,
2014 el pago realzado corresponde a la seguridad
social.
Diciembre $118.800 Se incluyo un ausentismo laboral por $1.780.500,
2014 el pago realzado corresponde a la seguridad
social.
Enero $167.800 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.224.454,
2015 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Febrero $128.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $1.772.700,
2015 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Marzo $128.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $1.772.700,
2015 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Abril 2015 $128.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $1.772.700,
el pago realizado corresponde a la seguridad
social.

27
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Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

Mayo 2015 $128.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $1.772.700,
el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Junio 2015 $128.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $1.772.700,
el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Julio 2015 $137.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $1.890.833,
el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Agosto $137.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $1.890.833,
2015 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Septiembre $0 Sanción 1 mes, Resolución 3150 26/08/2015.
2015
Octubre $2.028.443 -
2015
Noviembre $2.028.443 -
2015
Diciembre $3.816.159 Incluye prima de navidad $1.787.726
2015
Enero $2.032.133 -
2016
Febrero $2.545.965 Incluye bonificación por servicios $513.832
2016
Marzo $2.183.993 -
2016
Abril 2016 $2.527.637 Incluye retroactivo 2016 $343.644
Mayo 2016 $2.183.993 -
Junio 2016 $2.895.700 Incluye prima de servicios $612.890
Julio 2016 $2.183.993 -
Agosto $2.183.993 -
2016
Septiembre $2.183.993 -
2016
Octubre $2.183.993 -
2016
Noviembre $2.183.993 -
2016
Diciembre $4.304.287 Incluye prima de navidad $2.120.294
2016
Enero $2.183.433 -
2017
Febrero $137.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.550.390,
2017 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Marzo $148.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.040.833,
2017 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Abril 2017 $148.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.040.833,
el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Mayo 2017 $148.600 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.040.833,
el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Junio 2017 $209.400 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.040.833,
el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Julio 2017 $158.200 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.173.611,
el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Agosto $158.200 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.173.611,
2017 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Septiembre $158.200 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.173.611,
2017 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Octubre $158.200 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.173.611,
2017 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.

28
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Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

Noviembre $158.200 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.173.611,
2017 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Diciembre $77.720 Sanción disciplinaria 3 meses. Resolución 4483
2017 23/11/2017.
Enero $0 Sanción disciplinaria 3 meses. Resolución 4483
2018 23/11/2017.
Febrero $0 Sanción disciplinaria 3 meses. Resolución 4483
2018 23/11/2017.
Marzo $166.400 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.284.730,
2018 el pago realizado corresponde a la segur dad
social.
Abril 2018 $166.400 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.284.730,
el pago realizado corresponde a la segur dad
social.
Mayo 2018 $216.000 Se incluyó un ausentismo laboral por $2 856.355,
el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Junio 2018 $965.211 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.284.730,
el pago realizado corresponde a la seguridad
social y a una fracción de la prima de servicios
$798.811
Julio 2018 $2.451.130 -
Agosto $166.400 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.284.730,
2018 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Septiembre $166.400 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.284.730,
2018 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Octubre $166.400 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.284.730,
2018 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
Noviembre $166.400 Se incluyó un ausentismo laboral por $2.284.730,
2018 el pago realizado corresponde a la seguridad
social.
VALOR
MES/AÑO OBSERVACIONES
PAGADO
TOTAL, $67.434.298
PAGADO:

35. Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con
Función de Conocimiento, dentro de la acción de tutela interpuesta por el hoy
demandante contra el INPEC, con fecha 18 de junio de 2019, mediante la
cual se declaró improcedente el amparo solicitado por presunta vulneración
de los derechos de petición y debido proceso46.

36. Copia de los desprendibles de nómina emitidos por el INPEC, los cuales
acreditan que el señor Mora Díaz recibió remuneraciones periódicas en su
calidad de dragoneante, correspondientes al periodo comprendido entre
noviembre de 2015 y noviembre de 2018. Se resalta que, a partir del año
2017, varios de estos documentos registran un valor neto pagado igual a
cero, lo que permite inferir posibles periodos de no prestación efectiva del
servicio o la existencia de descuentos compensatorios por ausencias u otras
obligaciones47.

46
Folios 79 y 80 ibidem.
47
Folios 81 a 116 ibidem.

29
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

37. Copia de las planillas o certificado de aportes a seguridad social realizados
por el INPEC en favor del señor Mora Díaz48, según se observa, el periodo
cubierto en el documento va desde el mes de enero de 2015 hasta, al menos,
mayo de 2016, con registros completos para cada uno de esos meses.
Durante dicho lapso, se evidencia que el INPEC efectuó los aportes
correspondientes sobre ingresos base de cotización (IBC) que oscilan entre
$1.607.000 y $3.508.000, cumpliendo así con sus obligaciones como
empleador. Las administradoras registradas incluyen la EPS Compensar, la
AFP Colpensiones y la ARL Positiva.

El documento expedido por el Grupo de Nómina del INPEC responde a una
solicitud judicial dentro del proceso 250002342000-2022-00316-00,
relacionado con el señor Carlos Andrés Mora Díaz. En él se certifican los
emolumentos que corresponden al cargo de dragoneante, código 4114 grado
11, entre 2015 y 2022, y se especifica si estos le fueron efectivamente
pagados al señor Mora Díaz en el periodo comprendido entre el 23 de
noviembre de 2015 y el 13 de noviembre de 2018. La respuesta incluye un
listado detallado de conceptos salariales como prima de riesgo, sobresueldo,
subsidios, auxilios, primas y bonificaciones, señalando que los pagos
realizados durante dicho periodo fueron consignados en su cuenta bancaria.

Sin embargo, se evidencia que en varios meses —especialmente desde
2016— el valor neto pagado fue de cero pesos debido a descuentos
asociados a ausentismo laboral o sanciones disciplinarias. Aunque en
algunos meses se registraron ingresos brutos por concepto de salario y
prestaciones, estos fueron descontados completamente, indicando que no se
prestó servicio efectivo. En consecuencia, aunque se generaron registros de
nómina, no siempre se tradujeron en pagos reales al trabajador por falta de
cumplimiento laboral49.

38. Copia del oficio del INPEC 85104-SUTAH-GOPRE por medio del cual el
INPEC respondió a un requerimiento efectuado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en el cual se indicó que una vez verificada la información
en la base de datos institucional y en el aplicativo Humano Web, se estableció

48
Folios 117 a 126 ibidem
49
Actuación No. 38 de samai. Primera instancia.

30
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

que al señor Carlos Andrés Mora Díaz le fueron reconocidas y consignadas,
en su cuenta individual del Fondo Nacional del Ahorro – Cesantías N°
379102334489, las cesantías y los respectivos intereses correspondientes a
los años 2015 a 2018, según se detalla a continuación50:

2015: Valor anual estimado $2.155.231 – Consignado $1.902.565 el
24/02/2016
2016: Valor anual estimado $2.321.579 – No se registró consignación
(fecha 20/02/2017)
2017: Valor anual estimado $2.477.041 – Consignado $2.240.754 el
14/02/2018
2018: Valor anual estimado $2.604.150 – Consignado $265.313 el
15/02/2019

No obstante, de acuerdo con lo informado en el oficio N.º 2023IE0071664,
suscrito por el Grupo de Nómina del INPEC, las cesantías no fueron pagadas
en su totalidad debido a que el señor Mora Díaz registró ausentismos
laborales y sanciones disciplinarias durante los años señalados.

39. Se aportó al plenario extracto de cesantías correspondiente al señor Carlos
Andrés Mora Díaz, emitido por el Fondo Nacional del Ahorro, da cuenta de
los movimientos registrados en su cuenta individual N.º 379102334489,
administrada por dicha entidad. Allí se observa que para el año 2015 se
realizó una consignación parcial de cesantías por un valor inferior al estimado
con base en la tabla salarial correspondiente, la cual fue abonada el 24 de
febrero de 201651.

Del extracto mencionado se evidencia que, en relación con el año 2016, no
se aportó el extracto de la cuenta individual de cesantías del Fondo Nacional
del Ahorro que permitiera verificar si se efectuó o no la correspondiente
consignación por dicho concepto. En cuanto al año 2017, se observa que sí
se realizó una consignación, aunque por un valor levemente inferior al
estimado, registrada el 14 de febrero de 2018. Finalmente, respecto del año
2018, se advierte una consignación significativamente inferior al valor que
correspondía, efectuada el 15 de febrero de 2019.

50
Ibidem.
51
Ibidem.

31
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

2.2.4. Caso concreto

La parte actora solicita la nulidad del acto administrativo del 1° de marzo de 2019,
radicado No. 85106-SUTAH-GOPRE 2019EE0037309, mediante el cual, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), negó el reconocimiento y pago de
salarios, vacaciones y otros emolumentos prestacionales; así mismo, el
demandante fundamenta su solicitud en el presunto incumplimiento por parte del
INPEC de la sentencia del 20 de enero de 2015, emitida por el Juzgado 18 Laboral
del Circuito de Bogotá, que declaró ilegal su traslado y ordenó su restitución en el
cargo.

Del acervo probatorio que milita en el proceso (relacionado líneas atrás) se
desprende lo siguiente:

1. El actor ingresó al INPEC el 9 de octubre de 2000 en el cargo de
dragoneante, código 4114, grado 11.
2. Fue trasladado mediante Resolución 000026 del 10 de enero de 2013 al
EPMSC de Tierralta, traslado confirmado por la Resolución 001885 del 3 de
julio del mismo año.
3. El actor no se presentó a su nuevo lugar de trabajo, lo que motivó la iniciación
de un proceso administrativo por presunto abandono del cargo, culminando
con la Resolución 000930 del 26 de marzo de 2014, confirmada mediante
Resolución 003507 del 25 de septiembre de 2014.
4. En sentencia del 20 de enero de 2015, el Juzgado 18 Laboral del Circuito de
Bogotá declaró ilegal el traslado y ordenó su restitución a La Picota. Esta
sentencia adquirió firmeza al no ser apelada.
5. El cumplimiento efectivo de la sentencia no se produjo sino hasta noviembre
de 2018, una vez el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá declaró
la prescripción de la acción de levantamiento del fuero sindical.

Ahora bien, el actor alega que el INPEC incurrió en un incumplimiento de la orden
judicial de restitución. Sin embargo, para la Sala, tal argumento, por sí solo, no
resulta suficiente, en la medida en que el cumplimiento de órdenes judiciales de
hacer es susceptible de exigirse a través del correspondiente proceso ejecutivo,
conforme a lo previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en
concordancia con los artículos 306 y 422 del Código General del Proceso. En el
expediente no obra prueba que el demandante hubiese promovido dicha acción

32
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

ejecutiva, ni que se hubiese presentado de manera personal al lugar de trabajo con
la providencia judicial, a efectos de exigir su cumplimiento.

Si bien se advierte que el actor radicó solicitudes de cumplimiento, remitió
comunicaciones y elevó una denuncia penal, tales actuaciones no constituyen, por
sí mismas, una acción judicial eficaz para obtener la restitución forzosa del cargo.
Por el contrario, su conducta evidencia una actitud pasiva durante más de dos años
posteriores a la sentencia de 2015, lo cual debilita la fuerza de su pretensión y pone
en entredicho la diligencia con la que actuó para hacer valer sus derechos.

Ahora bien, en lo que respecta al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones
sociales, la Corte Constitucional, en la sentencia C-478 de 2007, precisó que: “si la
no prestación personal del servicio proviene de culpa o voluntad del trabajador, el
empleador no se encuentra obligado a pagarle el salario, de modo que la decisión
que éste adopte de no hacerlo o de realizar descuentos, frente a la inasistencia o
retardos al trabajo ‘sin excusa suficiente’, conforme lo prevé la norma acusada, es
consecuencia del incumplimiento del contrato por parte del trabajador y de nada
más”.

En el caso sub examine, no se demostró que el demandante hubiera prestado
efectivamente sus servicios durante los periodos objeto de reclamación. Por el
contrario, el acervo probatorio —en particular, los documentos aportados como
pruebas numerales 34 a 38 del acápite de pruebas— evidencia la existencia de
periodos con pagos parciales o ausencia total de remuneración, registros
constantes de ausentismo laboral injustificado y la imposición de sanciones
disciplinarias durante los años 2015 a 2018.

Con el propósito de evidenciar las inconsistencias e incongruencias de los pagos
realizados, se hace la relación de los pagos que el INPEC certificó haber efectuado
al demandante, conforme se desprende de los comprobantes de nómina obrantes
en la prueba documental n.° 38, así:

VALOR
TOTAL,
AÑO MES EGRESOS NETO ANOTACIONES
DEVENGADO
RECIBIDO
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2015 NOVIEMBRE $ 2.028.433 $ 137.600 $ 1.890.833
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2015 DICIEMBRE $ 2.028.433 $ 315.600 $ 1.712.833 de aportes del empelado a
pensión, salud solidaridad y
subsistencia.

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Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 ENERO 2.032.133 138.000 1.894.133
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 FEBRERO 2.545.965 179.000 2.366.965
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 MARZO 2.183.993 148.200 2.035.793
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 ABRIL 2.527.637 171.800 2.355.837
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 MAYO 2.183.993 148.200 2.035.793
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 JUNIO 2.183.993 148.200 2.035.793
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 JULIO 2.183.993 205.000 1.978.993
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 AGOSTO 2.183.993 148.200 2.035.793
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 SEPTIEMBRE 2.183.993 148.200 2.035.793
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 OCTUBRE 2.183.993 148.200 2.035.793
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 NOVIEMBRE 2.183.993 148.200 2.035.793
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2016 DICIEMBRE 2.183.993 357.600 1.826.393 de aportes del empelado a
pensión, salud solidaridad y
subsistencia.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2017 ENERO 2.189.433 148.600 2.040.833
de aportes del empelado a
pensión y salud.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2017 FEBRERO 2.743.190 2.743.190 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2017 MARZO 2.189.433 2.189.433 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2017 ABRIL 2.189.433 2.189.433 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
2017 MAYO 2.189.433 2.189.433 0 egresos corresponden a pagos
de aportes del empelado a

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Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

pensión y salud y también por
ausentismo laboral.

Este desprendible tiene fecha de
mayo, parecería repetido pero,
se interpreta que hubo un error
en su fecha toda vez que es de
mayo de 2017 cuando en
2017 JUNIO 2.189.433 2.189.433 0 realidad corresponde al mes de
junio de 2017. Según se ve, las
deducciones o egresos
corresponden a pagos de aportes
del empelado a pensión y salud y
también por ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2017 JULIO 2.331.611 2.331.611 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2017 AGOSTO 2.331.611 2.331.611 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2017 SEPTIEMBRE 2.331.611 2.331.611 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2017 OCTUBRE 2.331.611 2.331.611 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2017 NOVIEMBRE 2.331.611 2.331.611 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
2017 DICIEMBRE No se aportó desprendible de nomina
Sin detalle de nómina. Sin
2018 ENERO 0 0 0
anotaciones de ausentismos.
Sin detalle de nómina. Sin
2018 FEBRERO 0 0 0
anotaciones de ausentismos.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2018 MARZO 2.451.130 2.451.130 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2018 ABRIL 2.451.130 2.451.130 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2018 MAYO 3.072.355 3.072.355 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2018 JUNIO 2.451.130 2.451.130 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2018 JULIO 2.451.130 230.200 2.220.930
de aportes del empelado a
pensión y salud.

35
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2018 AGOSTO 2.451.130 2.451.130 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2018 SEPTIEMBRE 2.451.130 2.451.130 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2018 OCTUBRE 2.451.130 2.451.130 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.
Según se ve, las deducciones o
egresos corresponden a pagos
2018 NOVIEMBRE 2.451.130 2.451.130 0 de aportes del empelado a
pensión y salud y también por
ausentismo laboral.

Así mismo, se procede a confrontar los valores registrados en los distintos
documentos obrantes en el expediente —a saber, la certificación del 21 de
noviembre de 2018 (prueba No. 38), los desprendibles de nómina (prueba No. 40)
y el oficio No. 85104-SUTAH-GRUNO emitido por el INPEC (prueba No. 42)— con
el propósito de evidenciar las inconsistencias e incongruencias existentes entre
ellos. En efecto, se advierte que al demandante se le efectuaron algunos pagos
correspondientes al periodo comprendido entre 2015 y 2018, mientras que otros no
fueron realizados como consecuencia de ausencias injustificadas y sanciones
disciplinarias, tal como ya se expuso en el análisis probatorio precedente.

COMPARACIÓN DE LOS DIVERSOS PAGOS CERTIFICADOS
VALOR
VALOR
CERTIFICADO
CERTIFICAD
POR EL INPEC VALOR NETO
TOTAL O POR EL
EN RECIBIDO O
DEVENGADO INPEC EN
CERTIFICACI PAGADO
DESPRENDIBL OFICIO OBSERVACIÓ
AÑO MES ÓN DE FECHA DESPRENDIBL
ES DE NÓMINA 85104- N
21 DE ES DE NÓMINA
(PRUEBA No. SUTAH-
NOVIMEBRE (PRUEBA No.
36) GRUNO
DE 2018 36)
(PRUEBA
(PRUEBA No.
38)
34)
NOVIEMBR
2015 $ 2.028.433 $ 2.028.433 $ 1.890.833 $ 1.890.833
E COINCIDE
2015 DICIEMBRE $ 3.816.159 $ 2.028.433 $ 1.712.833 $ 3.500.559 COINCIDE
2016 ENERO $ 2.032.133 $ 2.032.133 $ 1.894.133 $ 1.894.133 COINCIDE
2016 FEBRERO $ 2.545.965 $ 2.545.965 $ 2.366.965 $ 2.366.965 COINCIDE
2016 MARZO $ 2.183.993 $ 2.183.993 $ 2.035.793 $ 2.035.793 COINCIDE
2016 ABRIL $ 2.527.637 $ 2.527.637 $ 2.355.837 $ 2.355.837 COINCIDE
2016 MAYO $ 2.183.993 $ 2.183.993 $ 2.035.793 $ 2.035.793 COINCIDE
2016 JUNIO $ 2.895.700 $ 2.183.993 $ 2.035.793 $ 2.747.500 COINCIDE
2016 JULIO $ 2.183.993 $ 2.183.993 $ 1.978.993 $ 1.978.993 COINCIDE
2016 AGOSTO $ 2.183.993 $ 2.183.993 $ 2.035.793 $ 2.035.793 COINCIDE
SEPTIEMBR
2016 $ 2.183.993 $ 2.183.993 $ 2.035.793 $ 2.035.793
E COINCIDE
2016 OCTUBRE $ 2.183.993 $ 2.183.993 $ 2.035.793 $ 2.035.793 COINCIDE
NOVIEMBR
2016 $ 2.183.993 $ 2.183.993 $ 2.035.793 $ 2.035.793
E COINCIDE

36
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

2016 DICIEMBRE $ 4.304.287 $ 2.183.993 $ 1.826.393 $ 3.946.687 NO COINCIDE
2017 ENERO $ 2.183.433 $ 2.189.433 $ 2.040.833 $ 2.040.833 COINCIDE
2017 FEBRERO $ 137.600 $ 2.743.190 $0 $0 NO COINCIDE
2017 MARZO $ 148.600 $ 2.189.433 $0 $0 NO COINCIDE
2017 ABRIL $ 148.600 $ 2.189.433 $0 $0 NO COINCIDE
2017 MAYO $ 148.600 $ 2.189.433 $0 $0 NO COINCIDE
2017 JUNIO $ 209.400 $ 2.189.433 $0 $0 NO COINCIDE
2017 JULIO $ 158.200 $ 2.331.611 $0 $0 NO COINCIDE
2017 AGOSTO $ 158.200 $ 2.331.611 $0 $0 NO COINCIDE
SEPTIEMBR
2017 $ 158.200 $ 2.331.611 $0 $0
E NO COINCIDE
2017 OCTUBRE $ 158.200 $ 2.331.611 $0 $0 NO COINCIDE
NOVIEMBR
2017 $ 158.200 $ 2.331.611 $0 $0
E NO COINCIDE
No se aportó desprendible de
2017 DICIEMBRE $ 77.720 $ 72.320
nomina NO COINCIDE
SE INDICA
"SIN
2018 ENERO $0 $0 $0 SALARIO
POR
SANCIÓN" COINCIDE
SE INDICA
"SIN
2018 FEBRERO $0 $0 $0 SALARIO
POR
SANCIÓN" COINCIDE
2018 MARZO $ 166.400 $ 2.451.130 $0 $0 NO COINCIDE
2018 ABRIL $ 166.400 $ 2.451.130 $0 $0 NO COINCIDE
2018 MAYO $ 216.000 $ 3.072.355 $0 $0 NO COINCIDE
2018 JUNIO $ 965.211 $ 2.451.130 $0 $ 798.811 NO COINCIDE
2018 JULIO $ 2.451.130 $ 2.451.130 $ 2.220.930 $ 2.220.930 NO COINCIDE
2018 AGOSTO $ 166.400 $ 2.451.130 $0 $0 NO COINCIDE
SEPTIEMBR
2018 $ 166.400 $ 2.451.130 $0 $0
E NO COINCIDE
2018 OCTUBRE $ 166.400 $ 2.451.130 $0 $0 NO COINCIDE
NOVIEMBR
2018 $ 166.400 $ 2.451.130 $0 $0
E NO COINCIDE

En conclusión, el material probatorio allegado al expediente no acredita la efectiva
prestación del servicio por parte del demandante durante los periodos reclamados.
Por el contrario, las pruebas demuestran pagos parciales asociados a registros de
ausentismo y sanciones disciplinarias entre 2015 y 2018. La confrontación de los
documentos aportados revela inconsistencias que no sustentan la existencia de una
obligación pendiente a cargo de la entidad, reiterándose que el no pago de las
acreencias laborales se debe, según lo probado al ausentismo laboral, lo que
desvirtúa las pretensiones de la demanda.

En lo que tiene que ver con la consignación de cesantías, se evidenciaron
discrepancias entre los valores estimados y los efectivamente consignados por la
entidad. En particular, según se desprende de la certificación obrante como prueba
No. 38, durante el año 2016 no se registró consignación alguna, y para el año 2018
únicamente se consignó aproximadamente el 10 % del valor estimado, conforme a
los ingresos que presuntamente habría devengado el demandante. No obstante,

37
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

tales diferencias se justifican por los periodos de inactividad laboral, los descuentos
aplicados y las sanciones disciplinarias previamente acreditadas en el expediente.

Ahora bien, la ausencia del extracto bancario correspondiente al año 2016 impide
establecer con certeza, si se configuró una omisión absoluta en la consignación de
cesantías durante dicho periodo, lo cual impide acceder a lo pretendido. Con todo,
no obra prueba que la entidad haya incurrido en una actuación arbitraria que permita
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo demandado ni que
justifique una condena por este concepto.

Tampoco se acreditó que el actor hubiera disfrutado o solicitado formalmente el
reconocimiento de las vacaciones correspondientes al periodo comprendido entre
noviembre de 2015 y noviembre de 2018, ni que el INPEC hubiese negado
injustificadamente el ejercicio de este derecho.

Debe recordarse que, conforme al artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no se demuestre lo contrario, de
manera que corresponde al demandante desvirtuar dicha presunción mediante
prueba clara y suficiente que evidencie la vulneración del ordenamiento jurídico o el
desconocimiento de sus derechos.

En el caso bajo examen, no se acreditaron hechos ni se aportaron pruebas que
permitan declarar la nulidad del acto administrativo acusado. Por el contrario, la
decisión de negar el reconocimiento de los emolumentos reclamados encuentra
respaldo en la inasistencia injustificada del servidor público, circunstancia que no
fue desvirtuada por el actor, ni mediante prueba directa de la efectiva prestación del
servicio, ni a través de evidencia que acreditara una imposibilidad objetiva y
comprobada de cumplir la orden judicial de reintegro.

No se demostró que el INPEC hubiese obstaculizado la reincorporación del
demandante al servicio, ni que la entidad hubiese incumplido su deber de dar
cumplimiento a la sentencia. A ello se suma la ausencia de una gestión judicial
eficaz por parte del actor para hacer efectiva la orden de reintegro, así como, una
inactividad prolongada incompatible con la diligencia esperada. Tales circunstancias
impiden acceder a la pretensión de nulidad del acto demandado, puesto que no
puede beneficiarse el demandante con sus propias omisiones.

38
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

En consecuencia, se impone confirmar la sentencia de primera instancia que
denegó las pretensiones de la demanda.

2.5 Condena en costas

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o
no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal
de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta
desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas
del proceso.

En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en el
proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se
evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
por consiguiente, no se condenará en costas.

III. DECISIÓN

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.– CONFIRMAR la sentencia de fecha 08 de junio de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Sin condena en costas.

TERCERO.- En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

39
Número interno: 5531-2023
Demandante: Carlos Andrés Mora Diaz
Demandada: INPEC

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Ausente en comisión Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, inteBgridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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